Francisco Rojas López, alcalde republicano de Cabra hasta el 18 de julio de 1936.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 triunfó en Cabra con rapidez, al igual que en todas las localidades de la Subbética cordobesa. El 19 por la tarde, el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, siguiendo las órdenes recibidas desde Córdoba —donde también se habían hecho con el control los militares insurrectos— emitió el bando de guerra y destituyó el Ayuntamiento republicano, que estaba presidido por Francisco Rojas López, de Izquierda Republicana. La sublevación contó desde el primer momento en Cabra con el apoyo de los falangistas, del requeté carlista y de algunos militares, como el comandante de Caballería retirado Ramón Escofet Espinosa y el teniente de complemento Luis Pallarés Moreno. La nueva corporación municipal se constituyó el 5 de septiembre, presidida por Ángel Cruz Rueda, director del instituto Aguilar y Eslava, y en ella ejercían como gestores el médico Carlos Escofet Espinosa, los hermanos José y Ramiro Benítez Cubero, Luis Albendea Rivas, Manuel Escudero Carrasco y Manuel Muñiz López-Cordón.

El capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, comandante militar de Cabra tras el golpe de Estado.

En Cabra no hubo resistencia al golpe de Estado, lo que no impidió que se desatara una gran oleada represiva. Para entenderla, hay que tener en cuenta que dos meses antes de la rebelión, el director de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, en las “instrucciones reservadas” emitidas a los otros militares conjurados ya había advertido textualmente de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En consecuencia, las llamadas a la violencia serían generalizadas desde el mismo 18 de julio. El general Franco, en su bando de guerra de aquel día, exigía “inexcusablemente que los castigos” fueran “ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días después, el 27, en una entrevista, cuando el periodista Jay Allen le advirtió de que para conseguir sus objetivos tendría que «matar a media España», él respondió que los lograría al «precio» que fuera. La llamada a la violencia fue tan descarada que el día 23 de julio, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur, incitaba al uso de la violación como arma de guerra de la siguiente manera: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

En los lugares de España que quedaron en poder de los sublevados se siguieron fielmente estos mandatos represivos de las autoridades militares, y Andalucía fue la comunidad donde con mayor virulencia se aplicaron. Aquí, la represión franquista segó la vida de 50.422 personas frente a las 8.397 víctimas mortales causadas por la represión republicana, de acuerdo con las cifras publicadas por el historiador Francisco Espinosa Maestre en el libro Violencia roja y azul. España 1936-1950 (página 78) en el año 2010 y actualizadas por el propio autor en octubre de 2019. Mientras, en la provincia de Córdoba la represión franquista ocasionó 11.582 muertos y la republicana 2.346, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez. Este último autor es el referente fundamental para el estudio de la guerra y la represión en nuestra provincia desde que iniciara sus publicaciones sobre el tema, en el año 1982, con varias monografías. Este asunto lo aborda, por ejemplo, en uno de sus últimos libros, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, publicado en 2008, del que hemos extraído en buena medida la información sobre Cabra (páginas 268-273).

Zona del cementerio de Cabra, hace unos años, donde se cree que se sitúa la fosa común de los fusilados durante la guerra civil.

Según las estimaciones de Francisco Moreno, la represión franquista segó en Cabra la vida de unas setenta personas, aunque algunos testimonio orales hablan de hasta cien muertos. Este historiador consultó los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente natural para conocer el número de fallecidos durante un periodo histórico, y contabilizó a 28 víctimas entre los años 1936 y 1950 “a consecuencia de la fenecida guerra contra el marxismo”. En el Registro Civil de Córdoba capital hay registradas siete personas más, incluidas dos mujeres. Todas estas víctimas se inscribieron fuera del plazo legal para hacerlo, años después de que se produjeran las muertes. Por otro lado, en los expedientes de prisión de la cárcel de Córdoba que se conservan en el Archivo Histórico Provincial se anotan otros seis fallecidos, no contabilizados por Francisco Moreno, todos caídos en una saca realizada por la Guardia Civil el 7 de noviembre de 1936. También conocemos, por medio de testimonios orales, a otras 13 personas por datos incompletos o apodos, por lo que la cifra documentada y mínima por el momento es de 54 fusilados en 1936.

Andrés Domínguez Alameda, de 30 años, fusilado en Córdoba el 26 de noviembre de 1936.

Los libros de defunciones de los registros civiles presentan múltiples lagunas y no reflejan la realidad represiva de aquellos años, pues muchos de los asesinados se inscribieron falseando la causa de la defunción o se quedaron sin anotar, debido a que las familias no realizaron el trámite por miedo, por las trabas burocráticas o porque emigraron de la localidad. Es decir, que en muchas localidades el Registro Civil no recoge ni la mitad de los nombres de los fusilados (en Cabra no están registrados 18 de los al menos 54 asesinados, un 33%). Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos para siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Miguel Moreno Antequera, de 52 años, fusilado el 24 de agosto de 1936 en el término de Monturque. Sobrevivió y fue rematado.

Si sus familiares no asentaban a los fusilados en el Registro Civil, conocer su identidad es hoy en día muy complicado, porque han desaparecido los testigos y porque los asesinados no dejaron rastro documental alguno, ya que no tuvieron juicio previo ni tampoco se anotaron en los libros de cementerios, pues eran enterrados de manera ilegal. Por ello resulta tan valioso que en 1983 el historiador Francisco Moreno Gómez recibiera el testimonio de dos vecinos de Cabra, Jaime Pérez-Aranda Rojas y José Moreno Peña, que le aportaron nombres e información sobre lo ocurrido. Este último, además, le entregó una lista, a la que hemos hecho referencia anteriormente, de 12 nombres o apodos de personas que no estaban inscritas en el Registro Civil. En Cabra los presos eran sacados desde la cárcel de la calle Cervantes para ser fusilados en el cementerio y en las carreteras, sobre todo en la de Monturque, en la que iba de esta localidad a Lucena y en Córdoba capital, una ciudad donde cayeron abatidos alrededor de un tercio de ellos. En el testimonio que aportaron al historiador Francisco Moreno los dos vecinos antes citados, le hablaron de un gran fusilamiento en esta carretera de Monturque el día 25 de agosto de 1936 en el que perecieron 17 hombres. Dos de ellos quedaron vivos y se refugiaron en un cortijo donde los curaron, pero los descubrieron y los llevaron a rematar de nuevo. Uno se llamaba Miguel Moreno Antequera, de 52 años de edad. Otro, Antonio Morillo, que era cabrero, sobrevivió y pasó a zona republicana.

El tema de la represión franquista en Cabra, que estaba recluido fundamentalmente en los libros de historia y en la memoria de los familiares de las víctimas, recobró vida con la Orden de 24 de marzo de 2017 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la indagación-localización, exhumación e identificación genética de los restos humanos de posibles fosas comunes en Monturque. Esta Orden respondía a la petición de un par de familias egabrenses a la Dirección General de Memoria Democrática. La intervención, que se inició en el mes de junio de 2017, no tuvo éxito en la zona de la finca de la Estacada de los Muertos (adonde llevaron a fusilar también a gente de la zona de Priego de Córdoba), pero sí en una antigua cantera limítrofe entre los términos municipales de Monturque y Lucena. Con el permiso de los dueños de la finca, hoy convertida en olivar, el equipo de  excavación estuvo dirigido por el arqueólogo Andrés Fernández Martín. También contó con el apoyo material y humano de Ayuntamiento de Monturque y de su alcaldesa, Tere Romero, y de las orientaciones del Francisco Luque Jiménez, cronista local y autor del libro Monturque durante la guerra civil (1936-1939), publicado en 2009. De la fosa de Monturque se extrajeron siete cuerpos a los que en este momento se les está realizando un estudio antropológico que permita su identificación.

Restos de siete personas encontrados en la fosa común de la carretera de Monturque a Lucena. Foto: Arcángel Bedmar.

Aparte de los al menos 54 egabrenses fusilados en 1936, la represión franquista segó la vida de un mínimo de nueve vecinos más en posguerra. Dos cayeron fusilados en Castro del Río y Córdoba (1.102 personas perecieron fusiladas en la provincia de Córdoba tras la guerra civil). Otros seis egabrenses murieron en las dos prisiones de Córdoba capital: la provincial y la habilitada en la carretera de Los Pedroches. La mortalidad entre los internos fue extrema en estas dos cárceles cordobesas. Según las investigaciones de Francisco Moreno Gómez, solo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (756 murieron hasta 1950) de las 3.500 o 4000 que había internadas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho, en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. Para entender estas cifras, hemos de tener en cuenta que, según cifras oficiales, en las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde eran sometidos a trabajos forzados.

El casi medio millón de refugiados que salió de España hacia el exilio en 1939 no tuvo mejor destino que muchos de los que se quedaron aquí. Al menos 14.617 refugiados murieron en los campos de concentración franceses de hambre, frío y enfermedades en los seis meses posteriores a la guerra civil. Otros 9.328 españoles acabaron internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334. La mayoría de los españoles apresados por los nazis en Francia acabaron en Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria. Se calcula que entre 1938 y 1945 murieron allí un mínimo de 127.767 personas de diversas nacionalidades, según un estudio oficial austriaco, aunque algunos investigadores sitúan las cifras en varias decenas de miles más.

De los fallecidos en los campos nazis, 238 procedían de la provincia de Córdoba (más ocho desaparecidos). Uno era vecino de Cabra y se llamaba Luis Romero Rubio, por lo que nos detendremos algo en su odisea. Al igual que otros 80.000 españoles se había alistado en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas unidades militarizadas de unos 250 hombres mandadas por oficiales franceses en las que se debían encuadrar de manera obligatoria todos los varones de entre 20 y 48 años que se encontraban en los campos de concentración franceses.

Luis Romero Rubio, junto a otros 12.000 españoles, fue destinado a la zona de la línea defensiva Maginot y tras la invasión alemana cayó capturado por los nazis entre el 20 y el 26 de junio de 1940 en Sant-Dié, una localidad del Departamento de Vosgos, situado en el noreste de Francia. Hasta el 11 de diciembre permaneció en el campo francés de prisioneros de guerra V-D de Estrasburgo, de donde partió el 11 de diciembre en tren, sin saber su destino, junto a un contingente en el que marchaban 847 españoles. Los deportados viajaron en vagones dedicados al transporte de ganado, sin comida ni bebida, sin poder dormir y haciendo sus necesidades dentro del propio vagón. El convoy llegó tres días y dos noches después, cerca de las dos de la madrugada del 13 de diciembre, a la estación de Mauthausen. Desde allí, con una temperatura que rondaba los 20-25 grados bajo cero, bajo la vigilancia de las SS (la policía del partido nazi) y sus perros, comenzaron a andar entre la nieve hacia el campo de exterminio, situado a unos seis kilómetros. Varios españoles, debilitados por el viaje, murieron en el trayecto. Ya en el recinto, los obligaron a desnudarse, los ducharon con agua helada, los raparon, los desinfectaron y les entregaron el uniforme a rayas en el que aparecía un triángulo azul de apátrida y una “s” de color blanco de spanien (español).

De los 847 españoles que viajaron en este convoy, el 59% no logró sobrevivir al infierno nazi antes de la liberación del campo en mayo de 1945. Entre los fallecidos se encontraba Luis Romero, que murió en el subcampo de Steyr el 23 de octubre de 1942, con 45 años. A pesar de los requerimientos que realizó en varias ocasiones la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no se preocuparon de que a estos españoles presos en los stalag y en los campos nazis se les pudiera repatriar o se les diera el estatus de prisioneros de guerra (condición que poseían según la Convención de Ginebra), lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Listado de 63 víctimas mortales de la represión en Cabra en guerra y posguerra 
• Listado de 70 egabrenses sometidos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas
• Presos de Cabra en la cárcel de Montilla en 1940
• Ángel Cruz Rueda y la depuración de maestros en Cabra durante la guerra civil