La dictadura de Franco violó de forma sistemática los derechos humanos desde 1936 a 1975. Para llevar a cabo los procesos judiciales contra los disidentes y evitar la oposición interna, se crearon varios tribunales especiales en los que no existían garantías jurídicas para los encausados. Además, cuando se derogaba una ley represora una nueva normativa de igual carácter sustituía a la anterior. Así, en la posguerra, la Ley de Seguridad del Estado de 1941 fue sustituida por la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo de 1947. El tribunal especial establecido por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 tuvo mayor continuidad, hasta que parte de sus atribuciones fueron asumidas por el Tribunal de Orden Público, el último gran órgano represivo de la justicia franquista, disuelto finalmente en 1977 tras la muerte del dictador.

Con esta maquinaria jurídica represiva tan bien organizada, poco resquicio quedaba para que los partidos y sindicatos proscritos por la dictadura —todos menos las organizaciones falangistas— pudieran reconstruir sus infraestructuras. El primer intento serio de oposición interior a la dictadura partió del Partido Comunista de España del exilio en 1941. Dos años después, en 1943, se formó un comité provincial en Córdoba. La historia de este movimiento comunista clandestino es una continua sucesión de redadas, detenciones, torturas y fusilamientos a los que invariablemente seguían nuevos intentos de reorganización. En Montilla, el partido comunista sufrió dos grandes caídas en los años 1946 y 1961, aunque hubo otras menores.

Francisco Carmona Priego, uno de los caídos en la redada de 1946.

La primera gran caída se produjo el 7 de diciembre de 1946. La información aportada a la Policía por José Mª Carretero, un antiguo teniente del Ejército republicano, facilitó que la Brigada Político Social emprendiera una redada anticomunista en varios pueblos cordobeses. Gracias al testimonio de Francisco Carmona Priego “Ojitos Claros”, recogido en julio de 2001, sabemos que en Montilla detuvieron y trasladaron a la comisaría de Córdoba, entre otros, a él, a Manuel Vaquerizo García, Miguel Feria Blanca, José Cerezo Rey “Pelajopos” y Rafael López Hidalgo “Chupita”. En esta operación policial también cayeron vecinos de La Rambla (Miguel Bonilla Osuna y Encarnación Juárez Ortiz “La Pasionaria”), Montalbán (Demófilo Morales Castillejo), Montemayor (Antonio Vega Córdoba y Rafael Márquez Gallardo), Espejo, Fernán Núñez y otras localidades. Las torturas que recibieron fueron tan crueles que Encarnación Juárez intentó suicidarse cortándose las venas con el cristal de sus propias gafas.

Tras permanecer tres años en prisión preventiva, el 19 de enero de 1949 fueron llevados ante el juez Fructuoso Fernández, titular del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. A Francisco Carmona Priego le impusieron ocho años de cárcel, estuvo preso en Talavera de la Reina (donde se hallaba internado también José Cerezo Rey), pero se benefició de un indulto y salió en libertad en junio de 1950. Mientras, Manuel Vaquerizo García, Miguel Feria Blanca y Rafael López Hidalgo —que habían caído con anterioridad en otra redada anticomunista en 1942 y habían sufrido prisión en Córdoba y El Puerto de Santa María durante un año— acabaron presos en Burgos, con una condena de 30 años de cárcel que luego se reduciría a 12.

Con posterioridad, dos de los caídos en esta redada llegaron a ser concejales de las primeras corporaciones municipales democráticas tras las elecciones de 1979: Francisco Carmona Priego, por el PCE en Montilla; y Miguel Feria Blanca (al que también apresaron luego en la redada de 1961), en la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí por el PSUC (el Partido Socialista Unificado de Cataluña, la rama catalana del partido comunista). Otro de los detenidos, Rafael López Hidalgo, en 1958, cuando salió en libertad provisional de la cárcel de Burgos con 45 años, también emigró a Sant Joan Despí, donde ingresó en el PSUC y desarrolló una intensa labor en la reconstrucción del partido y en las luchas obreras de la comarca del Bajo Llobregat. Falleció en 1976, con 63 años, a consecuencia de una enfermedad hepática contraída durante su estancia en la cárcel de Burgos.

Rafael López Hidalgo, segundo por la izquierda, cayó en una redada en 1942 y sufrió prisión en Córdoba y El Puerto de Santa María durante un año. Lo detuvieron de nuevo en 1946 y lo condenaron a 30 años de cárcel. En la fotografía aparece en el penal de Burgos en 1952.

Tras la redada de 1946, el partido comunista no volvió a tener vida en Montilla hasta 1955, un año antes de que el partido lanzara su política de reconciliación nacional al cumplirse los veinte años del inicio de la guerra civil. Los escasos militantes montillanos se organizaron en pequeñas células, recibían La Voz del Campo y Mundo Obrero (el periódico oficial del partido), escuchaban Radio España Independiente (la Pirenaica) y se reunían en algunas casas o en el campo. La primera actividad importante que realizaron fue el 1 de Mayo de 1958, el Día del Trabajo, con el reparto de propaganda, una actividad ilegal y muy arriesgada en aquel entonces, como ya veremos.

Precisamente, el detonante de la redada del 18 de abril de 1961 fue la distribución en Montilla y la vecina localidad de La Rambla de unas octavillas en las que se pedía la libertad para los presos políticos y la solidaridad con sus familiares. La Guardia Civil detuvo a dos militantes que trabajaban de caseros en una casilla del Portichuelo (a unos tres kilómetros de La Rambla), y uno de ellos, tras los golpes recibidos y una estratagema de los guardias civiles, delató al resto de afiliados. Cayeron 29 varones y dos mujeres de los 35 o 40 militantes con los que contaba el partido en aquel entonces. Algunos afiliados, como José Ferri Checa y Antonio Carrasco Rey, consiguieron librarse porque estaban trabajando en la campaña de la remolacha en Francia, y allí se establecieron definitivamente como refugiados políticos para evitar la represión. La Guardia Civil llevó a los detenidos al cuartel de Montilla, donde casi todos fueron apaleados. Sobre las torturas que recibieron, un artículo sin firma publicado por uno de los detenidos en la revista montillana La Corredera en junio de 2000 cuenta lo siguiente:

Aún recuerdo, y solo voy a dar nombres de pila, como a Manolo le quitaron los calcetines y lo estuvieron torturando en el cuartel a base de palos en la planta de los pies, hasta que caía agotado una y otra vez. A Antonio lo abofetearon una vez y otra vez porque su hermano era comunista, estaba en Francia y no lo habían podido detener. A Joaquín, a Luis, a Miguel, a Francisco, a muchos más. Recuerdo a un capitán de infausta memoria y a un guardia llamado Bueno que no era bueno precisamente, como también recuerdo a otro guardia llamado Gómez que era una buenísima persona e hizo todo lo posible por liberarnos de aquella tortura, lo veíamos sufrir al hombre. También recuerdo como un comandante llegó mientras recibía vergajazos en mis partes gritando: “No habéis descubierto el Mediterráneo. Esto es por todos lados”.

Mariano Águila Nieto, otro de los apresados en la redada, me aportó también el 6 de abril de 2002 su testimonio sobre las torturas sufridas en el cuartel de la mano del capitán de la Guardia Civil:

El capitán Pedro Ortiz Molina, jefe de línea de la Guardia Civil, me entró en un cuarto. En lo alto de una mesa tenía un vergajo que medía dos metros y otro más corto con siete u ocho nudos. Y me dijo: ¿Cuál quieres, el Cordobés o Paco Camino? Yo le dije que no sabía lo que me estaba diciendo y él me dijo: “Vamos a probar los dos para que no tengas queja de ninguno de los dos”. Me puso en calzoncillos y me sentó en el suelo. Él se subió en mis espinillas con las botas puestas y empezó a apalearme. Yo le dije: “Usted que va a misa a darse golpes en el pecho y a ponerse bien con Dios, y martiriza a una persona porque tiene unos ideales”. Me pegó una patada que me metió debajo de la mesa. Después me llevaron a otra habitación donde estaba Miguel Feria, el responsable político, que me aconsejó que no me resistiera porque estábamos descubiertos. Me pusieron las esposas y ya me llevaron a la cárcel. A los que iban entrando en el cuartel les hacían igual que a mi.

Según el testimonio del ya citado Mariano Águila, a los detenidos los trasladaron después en un autobús a la Prisión Provincial de Córdoba. La mayoría solo sufrió un mes de cárcel, como Dolores Trapero (mujer de Antonio Sánchez Sánchez “Patapalo”), Miguel Velasco y Luis Rodríguez Morales. Los que quedaron, después de tres meses de incomunicación, pudieron pasear por el patio de la cárcel y recibir visitas los miércoles y viernes. Como la comida era de pésima calidad, sus familias les llevaban paquetes con alimentos. En cuanto a la visita de sus hijos, solo podían verlos en cinco ocasiones al año, coincidiendo con festividades (el Día de la Merced, Navidad, Pascua, Reyes, etc.)

Mariano Águila Nieto con su hijo en la cárcel de Córdoba el 25 de diciembre de 1961.

El conocido siquiatra Carlos Castilla del Pino vivió los avatares del juicio a los caídos en la redada de 1961 en Montilla. De hecho, aportó su testimonio sobre él y la copia del fallo del tribunal en su libro Casa del Olivo. Autobiografía (1949-2003), editado en 2004 (páginas 189-195 y 479). Carlos Castilla se preocupó por este asunto tras atender a una paciente, esposa de uno de los detenidos, que al faltarle el sustento económico de su esposo se veía obligada a vivir con sus cuatro hijos a expensas de su hermana. El médico le prometió que se interesaría por el caso. Con ese fin, a los pocos días se dirigió al Juzgado Militar, que estaba entonces en la avenida República Argentina, y lo recibió un teniente que en principio arremetió contra él porque pensaba que había ido a interceder por los detenidos. El militar le informó de que estaban acusados de repartir octavillas en las que pedían la amnistía. A cinco de los acusados el fiscal les pedía de quince a veinte años de cárcel, y al marido de la enferma, que era reincidente, veintitrés.

En 1962 la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, había denunciado la existencia de presos políticos en España y su enjuiciamiento por tribunales militares, algo que a pesar de ser cierto el Gobierno de Franco negó. Así que, para lavar su imagen ante este organismo internacional, a las autoridades no les quedó más remedio que pasar el caso a la jurisdicción civil, que era mucho más benévola que la militar, lo que al final favoreció enormemente a los procesados.

El juicio se celebró en la Audiencia de Córdoba el 7 de marzo de 1963, y Carlos Castilla asistió pues la vista era pública. Observó cómo en el patio estaban los seis detenidos, serios, humildes, esposados, atados los unos a los otros y vigilados por policías al mando de un sargento. Más lejos se encontraban sus familias. El abogado defensor, Francisco Poyatos López, les hablaba de manera discreta a los acusados en un rincón con estas palabras: “Yo sé que ustedes son comunistas; si alguna vez el comunismo triunfa en España, no me extrañaría que me fusilaran. Pero aun así quiero defenderlos, porque creo en la justicia y soy hombre de derecho; creo en las leyes y que las leyes pueden y deben ser justas”.

Miguel Gómez Márquez en la cárcel de Córdoba en 1961.

El tribunal estuvo presidido por el presidente de la Audiencia de Córdoba, Antonio Navas Moreno, y lo componían también Diego Egea y Pedro Escribano. De fiscal actuó José Paniagua Gil, que tuvo una actuación favorable para los acusados, al igual que el tribunal. Los procesados Miguel Gómez Márquez, de 36 años; Juan Antonio Soriano Aguilera, de 34; Francisco Lucena Gómez, de 30; Mariano Águila Nieto “Yacaré”, de 30; y Antonio Rodríguez Morales, de 23, fueron condenados a un año y seis meses de prisión y multa de diez mil pesetas por un “delito de propaganda ilegal”. Fueron absueltos por retirada de la acusación Manuel Rodríguez Morales, Miguel Feria Blanca, de 46 años; Antonio Sánchez Sánchez “Patapalo”, de 35; José Puebla Sánchez y Rafael López Raigón. Todos los procesados salieron en libertad, pues ya habían cumplido en prisión preventiva el tiempo de condena. Al salir absuelto, Antonio Rodríguez Morales, que había sido detenido cuando llevaba dos meses prestando el servicio militar, tuvo que volver al cuartel para completar el tiempo que le restaba.

A la izquierda, Antonio Sánchez Sánchez con su hijo y sobrino en la cárcel de Córdoba el 6 de enero de 1962. A la derecha, Mariano Águila Nieto con su hijo Francisco.

Al igual que ocurrió con los caídos en la redada de 1946, varios de los detenidos en 1961 ejercieron luego actividad política y sindical clandestina durante los últimos años del franquismo y, ya legal, con la llegada de la democracia. Algunos tuvieron que emigrar pues los empresarios no les daban trabajo por haber estado presos y, además, estaban continuamente controlados por la Guardia Civil. Por ejemplo Antonio Sánchez Sánchez se trasladó a Cataluña nada más salir en libertad, se afilió al PSUC y en 1964 entró a trabajar en la empresa ELSA de Cornellá, donde fue elegido jurado de empresa en las elecciones sindicales de 1966, 1971 y 1975, y participó en la formación de las Comisiones Obreras de fábrica. Murió en 1995. Miguel Gómez Márquez —que también me aportó su testimonio en mayo de 2002 sobre esta redada de 1961— emigró a Sant Joan Despí  en 1964  y se afilió al PSUC. Su familia había sido una de las más castigadas durante la guerra civil en Montilla, pues su hermano Antonio murió en el frente, su hermano Francisco en la cárcel y su hermano José falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Mariano Águila Nieto emigró a Alemania en 1966 para trabajar un año, regresó a Montilla y en 1973 se estableció en Sant Joan Despí, un pueblo donde se asentaron —sobre todo en el barrio de Las Planas— muchos montillanos emigrados a Cataluña. En esa localidad ingresó en el PSUC y allí fue uno de los fundadores de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas.

Foto realizada el día de Reyes de 1963 en la cárcel de Córdoba, en la que aparecen algunos de los caídos en la redada de 1961 y sus hijos. De izquierda a derecha, de pie, Juan Antonio Soriano Aguilera, Rafael López Raigón, Francisco Lucena Gómez, Miguel Gómez Márquez, Antonio Sánchez Sánchez (un poco agachado), José Morales Cortés y Antonio Rodríguez Morales; agachados, José Puebla Sánchez, Mariano Águila Nieto y Manuel Rodríguez Morales.

Caídos de Montilla, sin identificar, en la redada de 1961 mientras estaban apresados en Córdoba.

Homenaje a Rafael López Hidalgo, uno de los caídos en la redada de 1946, el día de su entierro en el cementerio de Sant Joan Depí (Barcelona). Mil quinientas personas lo despiden con el puño levantado el 29 de octubre de 1976, desafiando las leyes, cuando aún no se había aprobado la Ley de Reforma Política y los partidos políticos no estaban legalizados.