Desde el final de la Guerra Civil en 1939, la identificación y enterramiento digno de las víctimas mortales ocasionadas por la violencia republicana, a las que se identificó como mártires y “Caídos por Dios y por España”, se convirtió en una prioridad para la dictadura franquista. Con dinero público se estableció una política de Estado para que fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron al menos dos Órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de la Gobernación (esta última, sobre “Inhumaciones y exhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos«). A la vez, durante cuarenta años, los cuerpos de los republicanos fusilados durante la guerra y la primera posguerra permanecieron enterrados y ocultos en fosas comunes de cementerios, cunetas y descampados, sin que sus familias tuvieran la oportunidad y el derecho de recuperar sus restos.

Tras la muerte de Franco en 1975, los familiares de las víctimas republicanas se armaron de valor en algunas localidades, y en medio de una democracia incipiente acechada por múltiples peligros, decidieron recuperar los restos de sus seres queridos. Para conseguirlo, solicitaron permisos a los alcaldes y se encargaron ellos mismos, con sus propias manos, de la extracción de los cadáveres. Estas exhumaciones tempranas, como es obvio, se realizaban de manera rudimentaria y no seguían los métodos de excavación e identificación científicos, que no se comenzaron a aplicar por primera vez hasta el año 2000 en una fosa común en Priaranza del Bierzo (León). Desde ese año se han rescatado unos 18.000 cuerpos, pero la inmensa mayoría de ellos están sin identificar.

En plena transición democrática, la localidad cordobesa de Iznájar fue una de las pioneras en la exhumación, en los años 1979 y 1980, de los restos de los asesinados por los golpistas durante la guerra. En la madrugada de 19 de julio de 1936 había triunfado en el pueblo la sublevación militar, capitaneada por el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, comandante de puesto de la Guardia Civil, y con rapidez comenzaron las detenciones y los fusilamientos. Al igual que ocurrió en otros muchos lugares, en Iznájar un porcentaje altísimo de asesinados nunca se llegó a inscribir en los libros de defunciones de los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad, de manera que a la desaparición física de estas personas se añadía su desaparición documental e histórica. Aun así, y según se puede consultar en una entrada anterior de este blog, ahora mismo poseemos una relación parcial e incompleta de 86 víctimas mortales de la represión franquista durante la guerra en el municipio, de las que 37 (43%) no están inscritas en el Registro Civil. Iznájar albergaba a 12.345 habitantes en 1940.

Las exhumaciones de Iznájar se realizaron gracias al empuje de las familias y por el apoyo decidido del primer alcalde de la democracia elegido en 1979, el andalucista Manuel Llamas Sanjuán, que se encargó de tramitar las autorizaciones ante instancias superiores. Es de resaltar que todo aquel proceso se desarrolló con normalidad, aunque esta cuestión desde hace algunos años suele causar enconadas controversias políticas. Sirva de ejemplo el debate ocurrido en el pleno municipal de Iznájar del 13 de enero de 2012, sobre la propuesta de reprobación de un concejal por unas presuntas declaraciones, que se consideraron poco respetuosas, sobre la búsqueda de “huesos” de los desaparecidos.

Uno de los argumentos que utilizan los que se oponen a que las familias de los represaliados republicanos puedan recuperar sus restos, es que hay que “dejar descansar a los muertos en paz”, sin entender que un fallecido descansa en paz cuando reposa de manera decorosa donde deciden sus familiares, no en la fosa donde lo arrojaron sus verdugos tras asesinarlo. “Enterrar a los muertos”, que es una obra de misericordia de la tradición católica muy arraigada en nuestra cultura, supone sepultar de manera digna a los difuntos para que sus allegados puedan recordarlos y honrarlos. En el caso de los represaliados durante la guerra y la posguerra, la localización de sus restos supone para muchas familias el cierre de una herida y la finalización de un duelo incompleto transmitido de generación en generación a través de una memoria heredada.

Para tratar de reconstruir cómo se realizaron las exhumaciones en Iznájar hemos acudido, entre otras fuentes de información, a dos testigos presenciales. Por un lado, a Paqui Rosúa Granados, con quien hablamos el 15 de mayo de 2025. Es sobrina de Antonio Granados Ginés, uno de los exhumados en 1979. Por otro lado, el 17 de junio del mismo año recogimos las palabras de Diego Ortiz Pacheco, sobrino político de Francisco González Caballero, desenterrado en 1980.

La exhumación de 1979

Cripta con los restos de los siete fusilados trasladados al cementerio de Iznájar desde Encinas Reales en 1979.

A principios de septiembre de 1936 detuvieron a Antonio Granados Ginés, que tenía entonces 33 años. Vivía con su mujer, que estaba embarazaba, y los dos hijos de ambos. Se ganaba la vida trabajando de albañil, era socialista y militaba en el sindicato UGT. Cuando la procesión de la Virgen de la Piedad, patrona del pueblo, pasó el día 8 por una calle cercana a la cárcel municipal, se comentó que los carceleros lo sacaron junto a un grupo de prisioneros para que vieran a la Virgen y les advirtieron que sería la última vez que lo harían. Su trágica amenaza se cumplió con rapidez. El día 13 se los llevaron en un camión y los fusilaron. En aquella saca iban también Fernando Osuna Caballero, de 33 años y con un hijo, Antonio Llamas Hidalgo, de 21 años, y el empleado municipal Adolfo Torrubia Cruz y tres hombres más. Entre los asesinos se encontraban un taxista, un personaje que ostentó altos cargos municipales durante el franquismo, un labrador que vivía en las afueras y se cree que también un cuñado de este, ya que al día siguiente de la masacre llevaba salpicaduras de sangre en sus zapatillas de campesino. Se dijo que uno de los cuatro le cortó la mano al escribiente del Ayuntamiento Adolfo Torrubia, antes de asesinarlo, porque había redactado papeles a favor de la Ley de Reforma Agraria. También se rumoreó que los verdugos, cuando volvieron de cumplir su cometido y para celebrar la matanza, se dirigieron al bar del padre de uno de ellos y pidieron siete vasos de vino, el mismo número de personas que habían acribillado.

Juan Osuna Caballero siempre recordó con dolor que a su hermano Fernando lo habían asesinado. Él mismo también sufrió la represión, ya que permaneció tres años encarcelado en la posguerra junto a su paisano Diego Campillos González. Así que cuando hacía poco más de tres años que había muerto el jefe del Estado Francisco Franco, y amparándose en el precario clima de libertades que trajo la nacida democracia, decidió buscar los restos de su hermano y de los que habían sido fusilados con él. Para descubrir el lugar de la ejecución, abordó a un conocido falangista, Pedro Doncel Quintana, apodado Periquillo el de la Carolina, que le manifestó que él no había intervenido en esas muertes. Le aconsejó que le preguntara al conductor del camión en el que los trasladaron, que fue quien le indicó el sitio con exactitud. Este hombre en más de una ocasión transportó a los que iban a ser fusilados en las tapias del cementerio de la vecina localidad de Encinas Reales. Normalmente él sabía quiénes eran las víctimas, aunque procedieran de las aldeas, ya que era conductor. Sin embargo, al tener que llevar a este grupo, que conocidos suyos, sintió un repentino cargo de conciencia y cuando se acercaban al cementerio optó por no continuar la marcha. Los verdugos decidieron entonces bajar allí mismo a los presos y los fusilaron en una cuneta al lado de la carretera.

Juan Osuna, cuando supo el lugar exacto de enterramiento de su hermano Fernando, y en representación además de las familias de los tres fusilados con él que nombramos con anterioridad, intentó conseguir los permisos legales para la exhumación. Se dirigió al alcalde Manuel Llamas Sanjuán, que contactó a su vez con el alcalde de Encinas Reales. Este solicitó autorización al director provincial de Salud, que el 6 de agosto de 1979 se la concedió.

Con el permiso legal en la mano, los familiares de los asesinados, provistos de picos, palas y espuertas, se encaminaron en dos coches al sitio que les había indicado el conductor del camión, situado al lado de una cuneta en la carretera de Encinas Reales. Mientras se encontraban allí, tuvieron la suerte de que se aproximó un hombre de esa localidad. Les contó que él tenía 15 años cuando se produjeron los asesinatos. Como trabajaba de cabrero con su padre y se encontraban en el campo, al poco rato del fusilamiento vieron los cadáveres, se apenaron de las víctimas y decidieron enterrarlas, de manera que les señaló el lugar exacto donde lo hicieron. Facilitó la tarea de localización que el punto donde se hallaban los cuerpos se había mantenido sin arar durante todo este tiempo y fue señalado con unas piedras encima. En aquel momento pasó casualmente por allí una excavadora. El hombre de Encinas Reales conocía al conductor, y le dijo que hiciera el favor de meter la pala en la tierra. Con la primera excavada ya aparecieron huesos, así que de inmediato le indicaron que parara para poder proseguir la labor con sus propias manos. Según manifiesta nuestra informante, lo que vieron allí “fue horroroso”. En su narración textual del momento afirma lo siguiente: “Eso no se lo deseo yo a mi peor enemigo. El olor era insoportable y me revolvió el cuerpo. Estuve más que un mes que solo podía alimentarme de zumos”.

En la fosa aparecieron siete cadáveres y muchísimas balas muy bien conservadas. De tres de los cuerpos no se supo nunca su identidad, aunque decían que dos de los exhumados podrían ser de Ventorros de Balerma, una aldea iznajeña. La identificación, en un momento en que no existían las pruebas de ADN, se produjo porque se encontró una petaca que los hermanos de Antonio Granados Ginés identificaron como suya (esta petaca se la llevaron los hijos de Antonio como doloroso recuerdo a Igualada, el pueblo de Barcelona a donde habían emigrado hacía muchísimos años). También supieron que habían acertado en la búsqueda de los restos porque uno de los asesinados, Antonio Torrubia Cruz, era muy alto, y uno de los cuerpos encontrados destacaba sobremanera en largura sobre los demás.

Fotografías en la lápida del cementerio de Iznájar de Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Como ya hemos señalado, el proceso de extracción de los restos fue manual y los depositaron en cuatro ataúdes que se llevaron al cementerio de Encinas Reales. Al día siguiente, 23 de agosto de 1979, se realizó el traslado a Iznájar por medio de una empresa funeraria. Pararon a la entrada del pueblo y la comitiva, integrada por cientos de vecinos en silencio, inició a las siete y media de la tarde el recorrido por la calle Córdoba en medio del respeto de las personas que se encontraban a su paso. No hubo ninguna vigilancia especial de las fuerzas de orden público ni presencia destacada de la Guardia Civil. Como Juan Osuna tenía amistad con el cura, los féretros entraron en la Iglesia y se les ofreció una misa antes de darles “cristiana sepultura”, según consta en la esquela mortuoria que se difundió para avisar del sepelio. Luego se les enterró en el cementerio en el mismo nicho, con los cuatro nombres de los vecinos identificados, sus fotos y la inscripción de “asesinados por su condición de demócratas”. De las cuatro víctimas, solo Fernando Osuna Caballero está inscrito oficialmente en el Registro Civil de Iznájar, pero muchísimos años después de que lo mataran. La anotación se realizó el 26 de mayo de 1953 y bajo el concepto de “desaparecido”, no como el de fallecido. De los otros seis no existe ninguna constancia documental de su asesinato.

La exhumación de una fosa común casi siempre lleva aparejada la reconstrucción de la biografía de las víctimas encontradas, el recuerdo del sufrimiento que padecieron sus familiares y la descripción de los odios y miserias humanas que surgieron alrededor de estos asesinatos. En este proceso de memoria, debemos señalar que cuando detuvieron a Antonio Granados Ginés, sus hermanos se dirigieron a pedir ayuda a unos primos hermanos por parte de madre, destacados falangistas, pero se la negaron, así que rompieron la relación familiar con ellos para siempre. Los padres de Antonio Granados, que vivían en la plaza Nueva, tras su fusilamiento debieron abandonar su domicilio. Habitar allí resultaba peligroso porque todos los días los balillas de la Falange se dedicaban a apedrear las macetas de flores que tenían en el poyo cercano a la casa. El dolor y el miedo se acentuaron porque un día se presentó allí un conocido falangista. Les advirtió de que no se oyeran voces ni llantos por la muerte de su hijo sino querían ir “por el mismo camino que él”. Carmen, la madre de Antonio Granados, siempre vivió con la pena profunda de no saber dónde habían enterrado a su hijo, y se preguntaba continuamente, entre lloros, dónde estarían sus “huesitos”, porque su deseo era tenerlos algún día “recogiditos”. También una hermana de Antonio, Dolores, cuando ya estaba anciana y en silla de ruedas, se negó a que el párroco la confesara. Argumentó que en su casa había pasado una desgracia muy grande y por ese motivo ella “ni olvidada ni perdonaba”.

Respecto a los ejecutores de aquellos asesinatos, se cuenta que uno de ellos, cuando ya estaba anciano, decía que se le aparecía por las noches la imagen de Antonio Granados Ginés. También se sabe que otro de los que había participado en los fusilamientos, el día del entierro en Iznájar de las víctimas, se marchó del pueblo a una vivienda que tenía en la costa de Málaga y no regresó hasta dos o tres días después.

La exhumación de 1980

Lápida del nicho en el cementerio de Iznájar con los restos de ocho fusilados en 1936 que fueron trasladados desde Ventorros de Balerma en 1980.

Francisco González Caballero era hermano del alcalde republicano de Iznájar. En julio de 1936 tenía 27 años y vivía en el número 24 de la calle Antigua junto a su mujer María Ortiz Padilla y sus hijos María Francisca y Diego. El 27 de septiembre lo fusilaron con otros siete hombres en Ventorros de Balerma, una aldea que se reparte entre los municipios de Iznájar y Loja. Los mataron al lado de la Cantera, en la fuente de Alcántara, en el término de Loja. Tras la dictadura de Franco, su hijo Diego decidió enterrarlo dignamente. Gracias a su tío Juan Diego, hermano de su madre, que había trabajado de cabrero en Ventorros, sabía perfectamente el sitio donde lo habían asesinado. En 1980 solicitó el permiso para la exhumación al alcalde Manuel Llamas Sanjuán, que se encargó de tramitarlo legalmente. Cuando consiguió la autorización, junto a su tío Juan Diego y otros vecinos de Iznájar, se dirigió al lugar donde se encontraba la fosa. Comenzaron a cavar, aunque en principio sin resultados. En un huertecillo colindante había un hombre mayor, llamado Antonio, que al verlos se les acercó y les preguntó qué hacían. Se lo contaron y les comentó que estaban en el punto exacto, pero que el lugar se había colmado de tierra con el paso de los tractores de labranza, por lo que había alcanzado una altura de casi dos metros sobre el nivel que tenía en 1936. También les dijo que él presenció los asesinatos porque estaba en ese momento en una choza situada cerca del huerto. Tenía entonces 14 años y junto a su tío vio un camión que traía ocho presos. Unos hombres armados, entre los que se encontraba un conocido represor que luego fue guardia municipal en la posguerra, los bajaron. En frente de ellos los ataron con cuerdas de un chaparro a otro. Los verdugos, cuya identidad les reveló, se colocaron en la carretera. Desde allí comenzaron a disparar mientras se entretenían tomando unas copas de aguardiente.

El hombre les contó que, tras presenciar los asesinatos, sufrieron una impresión tan enorme que su tío se metió en la cama y falleció a los 14 días. Y él, hasta la noche en que se casó con 28 años, debió dormir con su madre, ya que quedó tan traumatizado que al acostarse sentía pánico porque le venía a la mente la imagen de la masacre. Les especificó además que entre los cadáveres debía aparecer el de un hombre muy alto y con el brazo quebrado, de apellido Perea o Espinar, que se había encarado con los asesinos. Les había gritado que si tenían huevos que lo soltaran y pelearan mano a mano. Como respuesta, uno de los matarifes le dio un golpe con el mosquetón y le fracturó el brazo.

Delantera de la comitiva del entierro en Iznájar de los fusilados exhumados en 1980.

Cuando por fin dieron con los cadáveres, estaban enterrados en posturas grotescas, tirados de cualquier manera, y todos los cráneos presentaban un tiro de gracia. Entre los huesos aparecieron muchas balas de mosquetón y máuser, y varias monedas. Para la identificación de los cuerpos contaron con la ayuda del Perlo, el enterrador de Iznájar, que al ver los huesos iba especificando si el hombre era alto o bajo, u otros datos de su físico que ayudaban a saber quién podría ser. A uno lo identificaron por un diente de oro. A Francisco González Caballero porque al ser zapatero llevaba unos zapatos de calidad, y se conservaban como si lo hubieran enterrado hacía poco tiempo. Al hombre de apellido Perea o Espinar por la largura de sus huesos.

Tras la extracción de los cuerpos se llevaron en sacos individualizados a la iglesia de Ventorros de Balerma, donde permanecieron tres o cuatro días. Y desde allí, el 15 de agosto de 1980, los trasladaron en ataúdes a la plaza de la Venta de Iznájar para salir hacia la calle Córdoba. El entierro fue multitudinario, de lo que dan fe las dos fotografías que publicamos en esta entrada del blog. Ninguno de los nombrados como verdugos por Antonio, el adolescente de 14 años que había presenciado los asesinatos en Ventorros, pisó ese día a la calle.

Comitiva del entierro en Iznájar de los fusilados exhumados en 1980.

Con la intención de localizar a los familiares de las ocho víctimas se realizó un enorme esfuerzo. El alcalde Manuel Llamas Sanjuán alertó a los alcaldes pedáneos de las aldeas para que ayudaran en la búsqueda. Y Diego González Ortiz, el promotor de la exhumación, logró contactar con los hijos o familiares de todas las víctimas. Cuatro se desentendieron del asunto por miedo, ya que la dictadura hacía poco más de cuatro años que había acabado y su sombra permanecía. En la lápida del nicho del cementerio de Iznájar en el que están enterrados los ocho fusilados, con la inscripción de “asesinados por su condición de demócratas”, se anotan cuatro nombres. De los cuatro, Juan Aguilera Puerto no está inscrito en el Registro Civil. Los que sí aparecen, asentados muchos años después de su asesinato y bajo el concepto de desaparecidos y no de fallecidos, como en realidad lo estaban, son las tres víctimas siguientes:

• Francisco González Caballero, hijo de Francisco y María, 27 años, campesino, casado con María Ortiz Padilla, hijos: Mª Francisca y Diego, “su desaparición se dice ocurrió el día 27 de septiembre de 1936 de su domicilio de Iznájar calle Antigua nº 24”, inscrito en el Registro el 4 de mayo de 1955.
• Vicente González Ortiz, de la aldea de El Adelantado, hijo de Bernardo y María, 21 años, desapareció de su domicilio el 20 de septiembre de 1936, inscrito en el Registro el 21 de febrero de 1948.
• Juan Rubio Hoyo, hijo de Andrés y María, 30 años, casado con Carmen Cano Aguilera, hijos: Andrés y Mª Josefa, desaparecido 15 de agosto de 1936, inscrito en el Registro el 26 de mayo de 1953.

Información adicional:

• Listado de víctimas de la represión franquista en Iznájar. 
• Diario de operaciones del teniente Carlos Galindo Casellas. Los primeros meses de la Guerra Civil en Rute, Iznájar y localidades vecinas.