Acerca de arcangelbedmar

Nací en Torrequebradilla (Jaén), soy licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y trabajo de profesor en el instituto Juan de Aréjula de Lucena (Córdoba). He publicado libros sobre la guerra y la represión franquista en las localidades cordobesas de Lucena, Montilla, Fernán Núñez, Rute y Baena, y he realizado investigaciones sobre estas temáticas en los pueblos de Montemayor e Iznájar. Desde 2003 a 2011 he coordinado las Jornadas de Historia sobre “Memoria y olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista”, organizadas por la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Lucena. Soy historiador colaborador del proyecto Todos los Nombres (base de datos de represaliados por el franquismo para su consulta por Internet). También sobre la República, la guerra civil y el primer franquismo ha escrito artículos en revistas y libros, y he impartido conferencias en diversas jornadas y congresos.

Lucentinos en el Ejército republicano durante la guerra civil

Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, medio millón de combatientes republicanos se amontonaban en campos de concentración repartidos por España. Desde allí, y tras una rápida clasificación según su ideología (indiferente, afecto o desafecto al régimen), se les obligaba a regresar con salvoconductos a sus domicilios. Nada más llegar, debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil, donde se les fichaba a través de un breve informe en el que se anotaban antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la contienda. Como en Lucena triunfó el golpe de Estado el mismo 18 de julio de 1936, pocos varones pertenecieron al Ejército republicano y, por tanto, vivieron esta situación, salvo los que habían realizado el servicio militar en la zona leal a la República, los que habían huido de la localidad o habían desertado del Ejército franquista.

Los combatientes del vencido Ejército republicano recibieron distinto trato en la posguerra. Los soldados movilizados por sus reemplazos, si se les consideraba “desafectos”, acabaron juzgados, encarcelados o terminaron internados en batallones de soldados trabajadores donde quedaban sometidos a trabajos forzados. Por otro lado, los soldados que realizaron el servicio militar en el Ejército republicano durante la guerra debían repetirlo de nuevo en los cuarteles franquistas. Sin embargo, los que habían alcanzado el grado de oficial, habían sido dirigentes de sindicatos y partidos republicanos, habían huido de sus localidades para incorporarse al Ejército republicano o se habían alistado voluntariamente en él, y sobre todo los prófugos y desertores, recibieron un trato más duro. Bastantes de ellos fueron procesados en consejos de guerra sumarísimos y se les aplicó el riguroso Código de Justicia Militar. Solo en la provincia de Córdoba se habilitaron 35 juzgados militares en la posguerra dedicados a funciones represivas.

En los consejos de guerra la indefensión del encausado, sometido a prisión y a torturas desde un primer momento, era absoluta. Los autos de procesamiento y las sentencias solían recoger las acusaciones de los testigos de cargo y de los informes de conducta realizados por la Guardia Civil, la Falange, el Ayuntamiento y la Jefatura de Investigación y Vigilancia de la policía, a los que se añadían generalmente declaraciones de propietarios agrarios, falangistas y “personas de orden”, sin que casi nunca aparecieran testimonios exculpatorios de testigos de descargo. Como a los encausados lucentinos no se les podían imputar delitos de sangre, en los sumarios se insistía sobre todo en los antecedentes políticos y sociales, como la participación en huelgas y mítines y la militancia en partidos políticos y sindicatos.  

Para los procesos se estableció en Lucena un juzgado especial permanente en el número 19 de la calle El Agua. En los sumarios de los consejos de guerra realizados en Lucena que hemos consultado para esta entrada del blog, extraídos del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, actuó como juez instructor el abogado lucentino Manuel González Aguilar y como secretario el falangista de primera línea Antonio Roldán Maíllo. El tribunal lo presidía el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo y lo integraban los vocales capitanes Antonio Pérez Gay, Pedro Fernández Ayllón y Clemente Heras de Francisco; el ponente Marcial Zurera Romero (natural de Aguilar de la Frontera); el defensor Antonio Torres Trigueros; y el fiscal José Ramón de la Lastra y Hoces, marqués de Ugena y duque de Hornachuelos, un terrateniente conocido por las duras condenas que exigía en los consejos de guerra.

Este tribunal era el prototipo de los que actuaron en los consejos de guerra franquistas, compuestos en su mayoría por militares sin formación jurídica. El tribunal llegaba a Lucena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y regresaba a Córdoba –como los juicios eran sumarísimos el proceso se desarrollaba con extrema rapidez– cuando terminaba su actuación en el mismo día. A pesar de que las sentencias fueron muy duras, bastantes condenados pudieron abandonar la prisión mucho tiempo antes de lo previsto porque el franquismo inició, con la creación de las Comisiones de Examen de Penas en enero de 1940, un proceso de excarcelaciones, de concesiones de libertad vigilada y de indultos. Ello se debió, entre otros motivos, a la necesidad de mano de obra libre para la reconstrucción del país, a los importantes gastos que suponían el abultado número de presos y a la amenaza de colapso administrativo que pendía sobre el organigrama judicial y penitenciario.

El 19 de julio de 1936 llegaron los primeros huidos de Lucena a Puente Genil, todavía en manos republicanas, escapando de la ola de detenciones que se estaba produciendo desde la noche anterior por la Guardia Civil al proclamarse el bando de guerra. Puente Genil cayó en manos de las tropas del comandante Castejón a los pocos días, el 1 de agosto, lo que les obligó a una nueva desbandada para adentrarse en la provincia de Málaga. Entre los que huían se encontraba José Lara Ayala “Pelao”, que había sido secretario agrario del partido comunista y presidente del gremio local de metalúrgicos de la UGT. De Puente Genil llegó a Antequera y luego a Málaga, donde protegió a algunos residentes lucentinos (un hijo del relojero Manuel Roldán y un nieto de Alejandro Moreno Cañete). Tras caer Málaga en poder de las tropas italianas en febrero de 1937, se dirigió junto a otros lucentinos y a una caravana de más cien mil personas, la mayoría civiles, hacia Almería, mientras la aviación y los buques de guerra franquistas los hostigaban por mar y aire (se calcula que hubo entre 3.000 y 5.000 muertos en aquella evacuación). Por último, marchó a Alicante y trabajó en Elche en una fábrica de material de guerra. No sabemos la graduación que alcanzó en el Ejército republicano, pero el informe policial de la Jefatura de Investigación y Vigilancia que se adjunta en el sumario de su consejo de guerra señala que “parecía que en el tiempo que ha estado con los rojos ha sido teniente en su ejército y ha actuado en Andalucía”. Cumplió su condena de reclusión perpetua en las cárceles de Lucena, Montilla y El Puerto de Santa María, a donde llegó el 24 de julio de 1940. Le conmutaron la pena con posterioridad por seis años de cárcel y al obtener la libertad se estableció en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Penas menores que en el caso de José Lara recayeron en dos lucentinos, también comunistas, que habían huido a Puente Genil. Nos referimos, por un lado, al secretario de Cultura del partido y del Socorro Rojo, el carpintero Luis Quirós Fernández —a su hermano Antonio lo habían fusilado en 1936—, de 28 años, condenado a doce años de prisión, una pena que al final se redujo a un año. Y por otro lado, al escribiente de 33 años Gregorio Cañete Cabezas, apodado Gorito, que había sido secretario de organización de las Juventudes Socialistas Unificadas y dirigente del PCE. Como había alcanzado el grado de teniente en el Ejército republicano y había luchado en los frentes de Andalucía y Levante, sufriría una condena de internamiento en un batallón de trabajadores durante doce meses. 

El maestro Bartolomé Sánchez Moreno.

En la prensa que se editaba tanto en la España republicana como en la franquista, se utilizaba con fines propagandísticos la llegada de personas escapadas de la otra zona y que contaban de manera dramática, propia de un estado de guerra, las dificultades y la represión que habían visto o sufrido. El periódico Julio, editado en Málaga, publicó el 30 de septiembre de 1936 una noticia en la que hablaba de uno de los huidos de Lucena, el maestro rural Bartolomé Sánchez Moreno, que había conseguido llegar a las filas republicanas por la zona de Antequera. Su figura aparecía en medio de dos soldados en una foto (que reproducimos en el lateral). Desconocemos si este maestro se alistó con posterioridad en el Ejército republicano o cuál fue su trayectoria vital, pues no hay ningún sumario con su nombre entre los consejos de guerra que se conservan en el Archivo del Tribunal Militar II de Sevilla, así que por el momento debemos dejar inconclusa su historia escrita.  

En enero de 2014 contactó conmigo Juan Carlos Delgado Sánchez, residente en Mataró (Barcelona), que en un principio buscaba información sobre su abuelo, Juan Delgado Baltanás, apodado Batato, y luego me ayudó a completarla con diversa documentación. De un hermano de Juan, Francisco, ya di algunos datos en mi libro sobre Lucena. Francisco era talador, militante de la UGT y tenía 36 años en 1936. A los pocos días de producirse el golpe de Estado, huyó a Puente Genil y luego a Málaga. Después se trasladó a Jaén, donde se alistó como voluntario en el Ejército republicano hasta que enfermó en marzo de 1937. Al finalizar la guerra y volver a Lucena lo juzgaron, acusándolo de comunista y de haber sido apoderado del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El tribunal no atendió la demanda de absolución del abogado defensor y lo condenó a 12 años de cárcel (el fiscal pidió reclusión perpetua), aunque la pena le fue conmutada por seis años con posterioridad. Tras quedar en libertad, Francisco emigró a La Línea de la Concepción con su mujer, Carmen Córdoba Muñoz, y sus siete hijos.

Juan Delgado Baltanás.

Al hermano de Francisco, Juan Delgado Baltanás, jornalero de 31 años, lo detuvieron en Lucena el 11 de mayo de 1939, a consecuencia de una denuncia presentada en la Comandancia Militar por Faustino Guerrero Ropero, que lo acusaba de haberse pasado a las filas del Ejército republicano. En su declaración ante el juez instructor Juan Delgado expuso las circunstancias que le llevaron a huir. Manifestó que había sido detenido el 5 de septiembre de 1936 por una pareja del Escuadrón de Caballistas Aracelitanos y llevado a la plaza de toros, que había sido convertida en cuartel, donde fue “maltratado” por el guardia civil Antonio Bermúdez Rocher. Después, estuvo preso en el convento de San Francisco hasta el 14 de noviembre. Al salir en libertad se afilió a la Falange y participó ese mismo mes en una unidad de voluntarios destacada en Castro del Río. Al ver que el jefe de centuria, Francisco Mora, y otros falangistas lo miraban con desconfianza, decidió huir el día 30 con su armamento pues tenía miedo de que le hicieran algo debido a sus antecedentes. Tras pasar por Bujalance y Andújar, se alistó voluntario en el Ejército republicano y sirvió en el pueblo de Castell de Ferro, situado en el frente granadino de Motril, y como soldado de cuartel en Motril y Berja (Almería),  hasta que al finalizar la guerra lo internaron en el campo de concentración de Benalúa de Guadix.

Carmen Arroyo Arroyo.

En la vista del juicio, celebrada el 25 de agosto de 1939, se le sentenció a pena de muerte, la pena que había pedido el fiscal (la defensa había solicitado la absolución), acusándolo de traición, de ser comunista y de haber sido interventor por el Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Tuvo la fortuna de que el jefe del Estado le conmutó la condena por 30 años. Sufrió prisión en Lucena, Montilla, El Puerto de Santa María, Córdoba (a donde llegó el 23 de noviembre de 1942), la Prisión Central de Talavera de la Reina, y tras enfermar en un destacamento penal se le trasladó a la Prisión Central de Hellín en 1943. Se benefició de la conmutación de la pena y, al ser liberado, fue desterrado de Lucena, así que se estableció en La Línea de la Concepción, al igual que su hermano Francisco. Cuando Franco cerró la verja de Gibraltar en 1969, la familia mudó su residencia a Mataró, donde Juan Delgado murió en 1978. Su mujer, Carmen Arroyo Arroyo, que en 1936 tenía 24 años, fue una de las muchas mujeres de Lucena a las que raparon la cabeza, purgaron con aceite de ricino y pasearon por las calles para que sirviera de mofa entre sus verdugos. Además, la torturaron cortándole un pezón. El otro no se lo amputaron para que pudiera amamantar a su hijo Lorenzo, lactante en aquellos días. Carmen Arroyo falleció también en Mataró en 1992.

Luis Delgado Baltanás y Juana Sánchez Aranda en 1957.

Cuando Juan Carlos Delgado me escribió desde Mataró, me pidió que intentara averiguar si aún permanecía en Lucena algún descendiente de su tío abuelo Francisco. En ese momento no encontré a ningún familiar, pero más de dos años después, en abril de 2016, conseguí por fin localizar a una nieta, pues de los siete hijos de Francisco solo uno, de igual nombre, retornó a Lucena desde La Línea de la Concepción. Los demás se repartieron por distintas localidades (Víc, Marbella, Elche, Monturque). Al poner en contacto a Juan Carlos con su familia lucentina me aportó un dato curioso: Luis, hermano de Juan y Francisco Delgado Baltanás, es tío abuelo político del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La relación familiar viene porque Luis se casó con Juana, hermana de Pedro Sánchez Aranda, que es el abuelo por línea paterna de Pedro Sánchez.

Que sepamos, el soldado republicano que tuvo más trágico destino al retornar a Lucena fue Rafael Ortega Olmo, apodado el Bizco Ortega, chófer anarquista de 28 años. El 18 de julio de 1936 estaba trabajando en el cortijo de Los Piedros. El guarda de la finca le pidió que llevara una carta para su esposa a Alameda (Málaga) y ya no volvió.  Estuvo en Málaga dos meses, en Jaén y luego en Bujalance. Aquí se alistó como voluntario en las milicias cordobesas que se pusieron bajo las órdenes del comandante Joaquín Pérez Salas y permaneció en el frente de Pozoblanco, como chófer, hasta que el fin de la guerra le sorprendió en Linares (Jaén), donde entregó el coche que conducía en el cuartel de la Falange. Al volver a Lucena, el falangista Bernardo Ortiz Jiménez lo denunció, alegando que cuando estuvo prisionero de los republicanos en Castro del Río en octubre de 1936, Rafael Ortega les dijo a sus guardianes que había que matarlo junto a su compañero Antonio Serrano Villa, miembro del Escuadrón de Caballistas Aracelitanos, un cuerpo de voluntarios lucentinos creado al comienzo de la guerra. A pesar de que las dos posibles víctimas salvaron la vida, pues reconocieron en el sumario que el comandante republicano Pérez Salas afirmaba que había que respetar a los prisioneros de guerra, y de que Rafael Ortega negó que los hubiera amenazado de muerte, el 25 de agosto de 1939 el tribunal lo condenó a 12 años de cárcel, la pena que pidió el defensor (el fiscal había solicitado reclusión perpetua). Mientras estaba en la cárcel de Lucena, Rafel Ortega enfermó. El 6 de marzo de 1940 falleció en el hospital de San Juan de Dios, por bronconeumonía, dejando 3 hijos huérfanos.

A la izquierda Rafael Machuca Pérez (fusilado en 1936) y en el centro su hermano José, teniente del Ejército republicano.

Los hermanos Rafael y José Machuca Pérez trabajaban de factores y telegrafistas ferroviarios en la estación de Lucena y militaban en Izquierda Republicana. A Rafael, de 28 años, lo fusilaron el 18 de agosto de 1936. José, de 27 años, estuvo detenido entre el 18 de septiembre y el 14 de noviembre. A la semana de su liberación, recibió el aviso a través de un amigo (Antonio Escudero Rueda, de ideología derechista) de que iban a volver a apresarlo, así que el 25 de noviembre escapó en una noche de tormenta y consiguió llegar a Jaén, en zona republicana. Sin embargo, la Guardia Civil mintió a la familia, ya que le informó de que durante la huida le habían “metido seis o siete tiros por Zuheros” y lo habían matado. José Machuca se enroló en el Ejército republicano, prestó servicio en transmisiones y alcanzó el grado de teniente, por lo que sería sometido a consejo de guerra en Valencia –donde se encontraba internado en la prisión de Porta Coeli– y condenado a treinta años de cárcel, según consta en la copia del sumario que me facilitó en 2018 su nieto Rafael Machuca (residente en Cádiz). Con posterioridad, le conmutaron la pena por 12 años y lo liberaron el 5 de febrero de 1943. Mientras estuvo preso, su esposa, sin medios económicos, tuvo que trasladarse a trabajar a Córdoba e internar a sus hijos en el colegio religioso de La Purísima, en Lucena.

El 6 de diciembre de 1946, en una de las sucesivas “redadas anticomunistas” desatadas en la provincia por el capitán de la Guardia Civil Joaquín Fernández Muñoz, volvieron a detener a José Machuca (junto a José Almagro Servián, Francisco Salamanca Urbano, José Manjón-Cabeza López, Bernardo Servián Tarifa y Antonio Pineda) acusándolo de “actividades subversivas” y lo internaron en la Prisión Provincial de Córdoba. Esta vez el juez lo condenó a seis años. El 11 de noviembre de 1949 lo trasladaron a la prisión de Talavera de la Reina (Toledo), de donde salió en libertad vigilada el 3 de marzo de 1951, sin libertad de movimientos y con la obligación de entregar un informe mensual escrito sobre su conducta y de presentarse cada 15 días en el cuartel. Allí, un guardia civil siempre que lo veía comentaba que “a este Machuca había que haberle pegado dos tiros”. La familia emigró a Madrid, donde José murió en 1958 sin haber conseguido reintegrarse a su antigua profesión ferroviaria, pues sus continuas solicitudes de admisión fueron denegadas basándose en sus anteriores “actividades contrarias al régimen”, según consta en la documentación personal que me facilitó su hijo José Machuca Pastor, residente en Noja (Cantabria), en el año 2006.  

Mientras en los casos anteriores hemos hablado de vecinos que huyeron de Lucena a partir del 18 de julio de 1936, ahora abordaremos la historia de Felipe Calzado Durán, que en aquel momento residía en Vélez Málaga por motivos de trabajo. Tenía 28 años, era quincallero y se dedicaba a vender sus productos de manera itinerante. Se alistó como voluntario en el Ejército republicano, donde alcanzó la graduación de cabo. Prestó servicios en Málaga capital, Alhama de Granada —de donde procedía su esposa, Rosario Cobos Martín, con la que tuvo una hija—, Pozoblanco, Teruel, Alicante y Valencia. Estuvo hospitalizado en dos ocasiones durante una larga temporada por heridas de guerra sufridas en los frentes de Pozoblanco y Teruel. Al finalizar la contienda, regresó a Lucena el 13 de abril de 1939, con un salvoconducto, desde el campo de concentración de Manuel (Valencia). El 16 de mayo lo detuvo la Guardia Civil. Se le acusaba de haber vigilado a los prisioneros que habían hecho los republicanos en Puente Genil en julio de 1936. Entre ellos se encontraban varias guardas rurales de la Comunidad de Labradores de Lucena que había ido el 21 de julio de 1936 a ayudar a los militares sublevados en los cuarteles pontanenses. En el sumario de su consejo de guerra se recogen las declaraciones de dos guardas, Manuel López Cobacho y Domingo Peláez Moreno, que manifestaron que lo habían visto allí y que había apuntado en la cabeza con una pistola a Domingo en el traslado que sufrieron los presos desde la estación de ferrocarril a la cárcel. Felipe Calzado se defendió ante el juez alegando que los republicanos de Puente Genil le habían impedido volver a Lucena y le habían obligado a realizar esa labor de vigilancia.

El juez instructor continuó la investigación de la actuación de Felipe Calzado y de su mujer, Rosario Cobos Martín, con la que tenía una hija y estaba casado por lo civil, por lo que en el sumario se insiste de manera continua en que vivía “amancebado”. Se solicitaron informes, que les serían favorables, a Alhama de Granada, donde Felipe Calzado había custodiado como soldado un molino de la familia Pérez Larios, y a Játiva, donde había residido algunos meses mientras estaba herido. En cuanto a los informes de las autoridades lucentinas, especificaban que “no se había significado política y socialmente” y que no había ejercido actividades de tendencia izquierdista. La vista del juicio se celebró en Lucena el 25 de agosto de 1939. Tanto el fiscal como el defensor pidieron 12 años de cárcel para él por auxilio a la rebelión. No obstante, el tribunal militar lo condenó a cadena perpetua, que en octubre de 1942 se le conmutó por 30 años de cárcel. Estuvo preso en Lucena, Montilla, El Puerto de Santa María (a donde llegó el 25 de septiembre de 1940) y Málaga. En febrero de 1943 estaba cumpliendo condena en la colonia penitenciara de El Dueso y su familia nunca volvió a tener noticias de él, a pesar de los intentos por saber su paradero. Con fecha de 4 de junio de 2020 realicé una petición a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de la que aún no he recibido respuesta, con la intención de poder descubrir si en su expediente penitenciario consta qué pudo ocurrirle tras su estancia en El Dueso (por ejemplo, si pudo fallecer, ser trasladado de prisión, evadirse o ser liberado).    

Desertar del ejército franquista, al igual que ser prófugo (no presentarse a filas), era arriesgado porque podría estar castigado con la pena de muerte, lo que no resultó un obstáculo para que algunos lucentinos utilizaran esta vía para escapar a zona republicana, como veremos a continuación. El 29 de abril de 1939 Bernardo Ortiz Jiménez, falangista y voluntario del Ejército franquista, presentó una denuncia en el juzgado de Lucena. Exponía que mientras fue prisionero del Ejército republicano coincidió con Juan José Moreno Gómez, quien le dijo que había visto en el cuartel madrileño del Conde Duque a José Cárdenas Ortega (apodado Linino) y a Pedro Durán Ibáñez. Allí, ambos le habían comentado que se habían pasado a las filas republicanas y José Cárdenas incluso afirmó que había tenido que “matar a dos moros” para hacerlo. El juzgado llamó a declarar a Juan José Moreno, que especificó que la conversación con Pedro y José no la había tenido él, sino Juan Molinero Hortelano, también prisionero de los republicanos, quien a su vez confirmó que ambos le habían manifestado que habían desertado del Ejército franquista.  

La denuncia de Bernardo Ortiz supuso la detención en sus domicilios, el 1 y 2 de mayo de 1939, de José Cárdenas y Pedro Durán, ambos jornaleros, con 28 años y con tres y dos hijos a su cargo, respectivamente. Ellos negaron haber visto o conversado con los acusadores, ya que solo hablaron con uno al que apodaban el hijo del Tonto y nunca refirieron que se habían pasado de bando. Su versión es que cayeron prisioneros del Ejército republicano el 16 de julio de 1937 en el frente de Brunete, que los tuvieron internados durante dos meses al Cuartel del Conde Duque y que trabajaron en la carretera o el ferrocarril que unía Madrid y Valencia hasta el fin de la guerra.     

En el centro, Pedro Durán Ibáñez (foto de los años sesenta del siglo XX).

Los informes que sobre ellos presentan la Guardia Civil, la alcaldía, la Falange (preceptivos en un consejo de guerra) y el jefe policial del Cuerpo de Investigación y Vigilancia señalan que eran de “dudosa conducta político social”, que simpatizaban con las izquierdas (de José Cárdenas se aludía a su militancia en la Sociedad de Oficios Varios Instrucción y Claridad, afecta a la anarquista CNT) aunque no se significaron y que “parecía” que se habían pasado a zona roja. El juzgado de instrucción trató de aclarar este último punto y pidió información a la compañía del Ejército franquista donde ambos habían servido durante la contienda, perteneciente al cuerpo de Zapadores de Melilla, que en aquel momento se hallaba destinada en Villar del Horno (Cuenca). Dos soldados de la unidad (Antonio Esquinza Mateo y Anastasio Romero Martín) afirmaron que los dos acusados se habían pasado al enemigo acompañados de seis más, dirigidos por el sargento Julián Rubio Rodríguez, con el armamento y la dotación completa, así que la cuestión quedó resuelta. De hecho, tras la celebración del juicio, una documentación incautada al Estado Mayor del Ejército Republicano, demostraba sin ninguna duda que fue así.

La vista del juicio se celebró el 25 de agosto de 1939. El defensor pidió la absolución y el fiscal, José Ramón de la Lastra y Hoces, la pena de muerte por un delito de traición, que fue la condena que le impuso el tribunal. La Auditoria de Guerra de Sevilla confirmó la sentencia, pero en última instancia el jefe del Estado la conmutó por 30 años de prisión. Con posterioridad, se les conmutó de nuevo por 12 años y pudieron salir de la cárcel en libertad vigilada en octubre de 1944. Durante esos cinco años estuvieron encarcelados en Lucena, la Prisión Provincial de Córdoba y en Oviedo.     

El nombre de otro preso lucentino encarcelado durante la posguerra por deserción, Francisco Fernández Cordón, lo he conocido gracias a Antonio Deza Romero, de Córdoba, que me facilitó en octubre de 2014 el consejo de guerra de su padre, el panadero Manuel Deza García, un guerrillero que murió en el cortijo Los Canónigos de Fuente Obejuna, el 15 de enero de 1946, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Manuel Deza había sido cabo en la misma unidad militar del Ejército franquista (4ª compañía del 9º batallón del regimiento de Infantería Granada nº 10) que el soldado lucentino Francisco Fernández Cordón, cuando el 13 de diciembre de 1937 decidieron pasarse juntos a zona republicana mientras luchaban en el frente de Peñarroya en las filas franquistas, en las que estaban enrolados de manera obligatoria desde que movilizaron a sus respectivas quintas. Ambos, al finalizar la guerra y por mandato del juez instructor Domingo Onorato Peña, fueron juzgados en la misma causa judicial. Francisco Fernández Cordón, jornalero de profesión, tenía 28 años en 1939, estaba casado con Mercedes Cruz, y según los informes del Ayuntamiento de Lucena había estado afiliado al PSOE. Tras la deserción del Ejército franquista, Francisco Fernández estuvo en Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Barcelona, donde se enroló en la 22 Brigada Mixta. Resultó herido en la cabeza en la batalla de Teruel en enero de 1938, y ya permaneció el resto de la guerra prestando servicios auxiliares en Barcelona.

Francisco Fernández Cordón, en los años sesenta del siglo XX.

Tras la caída de Barcelona en manos franquistas, Francisco Fernández pasó el 8 de febrero de 1939 la frontera francesa y dos días después regresó a España por Irún. Decidió entonces presentarse en Sevilla en la unidad militar donde había estado enrolado en el Ejército franquista, pero al hacerlo fue detenido e ingresado en la prisión de Ranilla. El 19 de julio lo trasladaron a la cárcel cordobesa de Pueblonuevo para que quedara a disposición del juzgado militar nº 3 de Peñarroya. De aquí pasó a la Prisión Provincial de Córdoba, hasta que el 24 de febrero de 1942, alegando una larga enfermedad y el desamparo de su mujer y su hija, consiguió la libertad vigilada con la obligación de presentarse ante la Guardia Civil los días 1 y 15 de cada mes.  El 17 de marzo de 1943 fue sometido a consejo de guerra en Córdoba y condenado a treinta años de reclusión por haber desertado del Ejército franquista, aunque el fiscal había pedido la pena de muerte conmutada por 12 años de prisión. Presidía el tribunal el coronel Joaquín Camarero Arrieta y los vocales capitanes Sebastián Calderón Matute, Francisco Valls Poquet y Ángel Martínez Suárez. En julio se benefició de los indultos que el Gobierno había comenzado a aplicar a los miles de presos y le conmutaron al final la pena por 12 años. En septiembre salió de la cárcel con prisión atenuada, pero con la obligación de presentarse al comandante de puesto de la Guardia Civil cada 15 días y siempre en días festivos.

Los datos personales que aparecen en el consejo de guerra de Francisco Fernández Córdón me permitieron localizar en Lucena a su hija primogénita, Mercedes, y obtener una foto de él. Gracias a esta información familiar sabemos que Francisco Fernández era socialista. Sin embargo, un informe del Ayuntamiento lo calificaba a la vez de socialista y militante de la anarquista Sociedad de Oficios Varios, lo que era muy común en los informes oficiales que aparecen en los consejos de guerra, incapaces de dictaminar en muchas ocasiones la verdadera filiación política de los acusados, así que resulta frecuente encontrar a personas acusadas de ser socialistas, comunistas y anarquistas a la vez. La hija de Francisco Fernández nos ha informado también de que fue maltratado tras su detención en Sevilla, que enfermó de tifus mientras estuvo preso en la cárcel de Córdoba y que contó con el favor en su proceso judicial del vicesecretario de la Audiencia Provincial de Córdoba, el lucentino Pedro Víbora Manjón-Cabeza, con el que su esposa había trabajado de empleada doméstica. Francisco Fernández murió en 1984 en Barcelona, aunque fue enterrado en el cementerio de Lucena.

Juan Pedro Muñoz Repullo, desaparecido.

Hemos reservado el apartado final para los lucentinos que murieron o desaparecieron luchando en el Ejército republicano. Concretar su identidad es muy complicado porque a diferencia de lo ocurrido con los militares del Ejército franquista, sus nombres nunca se inscribieron en los libros de defunciones del Registro Civil de Lucena ni dejaron rastro en otra documentación. Entre los desaparecidos encontramos a dos hombres que huyeron de Lucena a Puente Genil en julio de 1936: el guardia municipal socialista Blas Baltanás Peláez, de 36 años; y el comunista Juan Pedro Muñoz Repullo —posiblemente su apodo fuera el Chuchu—, de 37 años, que al parecer murió en un hospital de Lucena del Cid (Castellón). También tenemos en este grupo al presidente de la Sociedad de Agricultores en 1933, Felipe Cortés Cabello, militante de la UGT, que huyó a zona republicana y desapareció en el frente de guerra. Como represalia por su huida, se encarceló a su padre, Gregorio Cortés Sánchez, entre el 29 de julio y el 14 de noviembre de 1936. Tras ser detenido de nuevo en septiembre de 1937, acabaría condenado a 12 años de cárcel y moriría en la prisión de Sevilla en 1940. Una última víctima es Miguel Pino Salcedo, del que solo conocemos el nombre y que murió en la guerra gracias al testimonio de Lorena Raya Vicente (era el primer marido de su abuela), recibido desde Castellón en marzo de 2016. 

Blas Baltanás Peláez, desaparecido.

Aparte de los nombres obtenidos a través de mis investigaciones y de los testimonios familiares, un libro de José María García Márquez publicado en 2009, Trabajadores andaluces muertos y desaparecidos en el Ejército republicano (1936-1939), en sus páginas 200 y 246 recoge los nombres de siete lucentinos que murieron o desaparecieron mientras servían en el Ejército republicano. Desconocemos si son huidos de Lucena o personas a las que les sorprendió la guerra realizando el servicio militar en zona republicana o residiendo en ella. Entre las víctimas se encuentra Juan Antonio Cortés Jiménez, con unas trágicas circunstancias familiares, pues a su hermano Ramón, de 18 años, lo habían fusilado en 1936, y a su padre, Antonio Cortés Gallardo, alcalde pedáneo de la aldea de Las Navas del Selpillar en 1931, lo condenaron a 12 años de cárcel en la posguerra. Los siete hombres (fallecidos o desaparecidos) apuntados en el libro citado son las siguientes:  

  • Álvarez de Sotomayor Ruiz, Joaquín, 49 años, comandante de la 43 Brigada Mixta, muerto en Mora de Rubielos (Teruel), 16 de julio de 1938.
  • Calabrés Carrillo, José, 21 años, obrero agrícola, militante del PSOE, soldado del Batallón de ametralladoras del 20 Cuerpo del Ejército, desaparecido en Castuera (Badajoz), 16 de junio de 1938.
  • Cantero Montero, Juan, 31 años, vendedor de libros, sargento del XV Cuerpo del Ejército de Transmisiones, desaparecido en Flix (Tarragona), 27 de julio de 1938. Su esposa se llamaba Purificación Ramírez Domínguez. 
  • Cortés Jiménez, Juan Antonio, 25 años, campesino, militante del PCE y UGT, sargento de la 89 Brigada Mixta, muerto en Villa del Río (Córdoba), 19 de septiembre de 1938.
  • García Arroyo, Antonio, 22 años, peluquero, militante de UGT, soldado del Batallón Octubre y de la 30 Brigada Mixta, muerto en el frente de Peregrinos (Ávila), 25 de octubre de 1936.
  • Ranchal López, Francisco, pintor, militante de la CNT, capitán del 8º Batallón de Milicias Confederales, muerto en El Pardo (Madrid), marzo de 1937.
  • Rodríguez Cabrera, Vicente, 28 años, campesino, soldado de la 188 Brigada Mixta, desaparecido en Castuera (Badajoz), 23 de julio de 1938.

Dirigentes y militantes del Partido Republicano Radical en Lucena (1931-1936)

La sección lucentina del Partido Republicano Radical se constituyó en 1910. Fue apadrinada por el abogado Emiliano Iglesias, quien dos años antes había sido uno de los fundadores del partido en España junto a su dirigente más conocido, el periodista Alejandro Lerroux, natural de La Rambla. El partido nació con un programa político extremista, anticlerical, obrerista, populista y antimilitarista, opuesto al nacionalismo catalán y a la intervención española en la guerra de Marruecos. Dos años después de su fundación, se integró en una Conjunción Republicano-Socialista que obtuvo ocho diputados en las Cortes, aunque su representación parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) resultó siempre exigua. Algo similar ocurrió en Lucena, donde los republicanos nunca obtuvieron diputados por el distrito electoral de la localidad. En cuanto a su presencia en el Ayuntamiento, consiguieron en noviembre de 1914 su primer concejal, el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que hasta 1922 revalidó su puesto en tres sucesivas convocatorias. Durante este periodo, en distintos momentos, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas lo acompañaron como ediles republicanos radicales.

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Sello del Centro Obrero Republicano de Lucena en 1932.

Tras la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), el gobierno del almirante Aznar intentó volver a la normalidad constitucional con la convocatoria de unas elecciones municipales, pero una alianza republicano-socialista consiguió la victoria en las capitales de provincia y en los núcleos urbanos. El rey Alfonso XIII, a quien se acusaba de haber faltado a sus deberes constitucionales por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera, se vio obligado a renunciar al trono. El nuevo gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora (de la Derecha Liberal Republicana) e integrado por republicanos de diversas tendencias y por socialistas, incluirá a dos ministros radicales, entre ellos al líder nacional Alejando Lerroux como ministro de Estado. Al igual que en otros lugares, la conjunción de republicanos y socialistas logró la victoria en Lucena en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, con el 64,82% de los votos. De los 18 concejales republicanos elegidos (frente a ocho monárquicos), siete pertenecían al partido radical: Domingo Cuenca Navajas, Juan Ruiz de Castroviejo López, Francisco Jiménez Gil, Anselmo Jiménez Alba, José López Jiménez, Amador Bergillos del Río y el presidente del partido, Javier Tubío, que asumiría la alcaldía el 17 de abril. El 6 de julio dimitió, y un socialista, Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, lo sustituyó en el cargo.

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Hoja de propaganda de los radicales lucentinos, fechada con probabilidad a finales de 1933-1934.

Poco tiempo después de la proclamación de la República, el Partido Republicano Radical inició un giro hacia posiciones políticas más conservadoras. Se evidenció de manera drástica cuando en diciembre de 1931 el presidente del gobierno, Manuel Azaña, que había llegado al cargo dos meses antes, realizó una renovación ministerial. Hasta ahora los radicales siempre habían participado en el gobierno, pero en ese momento dejaron de colaborar por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque pretendían convertirse en una alternativa real de poder desde la oposición, acentuando su carácter conservador y populista. Y en segundo término, porque estaban en desacuerdo con la política social y económica de los ministros socialistas. La Asamblea Nacional del Partido Republicano Radical, celebrada en octubre de 1932, significó un paso más en el proceso de derechización de este grupo político, al reclamar el fin de la participación de los socialistas en el Gobierno y el cese de la intervención del Estado en las relaciones laborales. El cambio ideológico motivó que antiguos monárquicos, aventureros políticos y personas ligadas a la oligarquía agraria encontraran rápido acomodo dentro del partido, lo que a su vez influyó en que el programa radical se fuera adaptando de manera progresiva a los intereses de esta nueva militancia.

En Lucena, el proceso de conversión hacia posturas más conservadoras no se realizó sin resistencias internas. A finales de verano de 1932 se produjo un enfrentamiento entre la directiva radical lucentina y Eloy Vaquero Cantillo, diputado y presidente del Comité Provincial, que deseaba imponer a una persona de su confianza como máximo dirigente del partido en la localidad. Las injerencias de Eloy Vaquero y el progresivo abandono de las esencias republicanas por parte del partido radical determinó la dimisión y la salida del presidente local, Javier Tubío, que en octubre de 1932 se incorporó al Consejo Nacional de Acción Republicana, la organización política del presidente del gobierno Manuel Azaña.

En aquel momento de zozobra interna, las tres organizaciones políticas y sindicales lucentinas (Partido, Juventud y Centro Obrero) ligadas al radicalismo tenían su sede en el número 6 de la calle Pedro Angulo y, según el periódico Germinal (12 de enero de 1933), sus comités directivos eran los siguientes:

Comité político del Partido: Domingo Cuenca Navajas (presidente) José López Jiménez (vicepresidente), Anselmo Jiménez Alba (secretario), José Arjona Huertas (tesorero). Vocales: Francisco Jiménez Gil, Antonio Ramírez Varo, José Flores Jiménez, Miguel Segovia Covaleda y Antonio Molina Aragón.

Junta directiva del Centro de Obreros Republicanos: José López Jiménez (presidente) Francisco Alba Sánchez (vicepresidente), Rafael Cazorla Ávila (secretario), Antonio Ramírez Varo (tesorero), Francisco Verdejo Ordóñez (contador). Vocales: Antonio José Jiménez, Juan Rivas Lozano, Andrés Hinojosa Cañete, Francisco Bergillos Gálvez, Antonio José Flores Ramírez y Antonio Molina Aragón.

Comité de la Juventud Radical: Manuel Moreno Galzusta (presidente) Domingo Cuenca González (vicepresidente), Luis Rivas Valenzuela (secretario), José López García (tesorero). Vocales: Francisco Cuenca González, Rafael Jiménez Tenllado, Eduardo López González, Cándido Artacho Delgado y Pedro Linares García.

El enfrentamiento entre los dirigentes radicales lucentinos, de perfil más progresista, y el Comité Provincial, de talante más conservador, alcanzó su punto culminante el 13 de diciembre de 1932, cuando el abogado Rafael Ramírez Pazo, de 26 años, con autorización del Comité de Córdoba, creó una organización de la Juventud Republicana Radical en Lucena, a pesar de que ya existía una funcionando en ese momento. Al día siguiente, el comité local lucentino dio de baja en el partido a Rafael Ramírez por haber faltado a la disciplina interna. Sin embargo, el día 18 el Comité Provincial reaccionó con rapidez y dejó sin efecto la expulsión, autorizándole “a afiliar provisionalmente a cuantos lo deseen, tanto para el partido como para la Juventud”, lo que le permitiría captar a muchos seguidores y crear un censo de militantes a su medida que lo auparían en pocos meses como líder de los radicales en la localidad.

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Comité directivo del partido radical en Lucena en 1934. En el centro, el presidente Rafael Ramírez Pazo. A su izquierda, el tesorero Julián Sarabia.

La enemistad de algunos republicanos lucentinos con Rafael Ramírez Pazo era manifiesta y antigua. De hecho, el 14 de abril de 1932 había sido expulsado como socio del Centro de Obreros Republicanos por haber manifestado en repetidas ocasiones que “prefería una monarquía liberal a la República”. Sin embargo, apoyado por la dirección provincial, Rafael Ramírez ganaría el pulso a la “vieja guardia” radical lucentina que se había forjado en la lucha contra la monarquía alfonsina a principios del siglo XX. El día 12 de octubre de 1933, en una asamblea celebrada en la sede de la calle San Pedro, resultó elegido presidente del Centro Republicano Radical, concentrando todo el poder en sus manos, pues dejaron de funcionar de manera autónoma las secciones de la juventud y de los obreros, que pasaron a estar bajo la obediencia del Centro. La junta directiva la completaban José María Ranchal Gómez (vicepresidente), Paulino Requerey Sánchez (secretario), Julián Sarabia Urbano (tesorero), Pedro Reyes Osuna (bibliotecario), Antonio Hidalgo Bergillos (contador), y los vocales Salvador Vigo Ruiz, Manuel Maíllo Ruiz, Francisco Cobos Varo y Manuel González Moreno (periódico Ideal, 23 de octubre de 1933). Aunque no tenía cargo en la directiva, el abogado Miguel Víbora Blancas se convirtió en el referente principal de los radicales lucentinos a partir de ese momento. Solía presidir las mesas de las conferencias que se realizaban en la sede o fuera de ella, participaba en mítines y en actos, representaba a las delegaciones de los radicales lucentinos en otras localidades y servía de anfitrión en su domicilio a los jefes y candidatos provinciales del partido cuando visitaban Lucena.

La renovación en octubre de la directiva de los radicales lucentinos estaba relacionada con la preparación de las próximas elecciones a Cortes, convocadas para el 19 de noviembre de 1933. En la provincia de Córdoba, los radicales, en unión del Partido Republicano Progresista del presidente de la República, Alcalá-Zamora, se presentaron con la Coalición Republicana Cordobesa, con un programa centrista “en defensa del orden, de la libertad y de la agricultura”. En Lucena esta candidatura quedó tercera, con el 17,94% de los votos, pues el triunfo fue para la derechista Acción Popular (36,36%), con los comunistas (24,84%) como segunda fuerza. En la provincia de Córdoba ganó también la derecha, seguida de socialistas, republicanos y comunistas.

Como ningún candidato había logrado en la provincia el 40% de los votos en esta primera convocatoria, la ley electoral obligaba a una segunda vuelta, que se celebraría el 3 de diciembre. La derecha concurrió con una gran coalición unitaria que se denominó Candidatura Antimarxista (Acción Popular, radicales, agrarios y progresistas), que en Lucena obtuvo una abultada victoria con 5.347 votos (58,61%), seguida del PSOE con 2.376 (25,85%) y los comunistas (13,88%). En España ocurrió algo similar. Los grandes triunfadores fueron la derechista CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, donde se integraba Acción Popular) y los radicales, mientras el PSOE quedó tercero. En consecuencia, los radicales y la CEDA, de manera independiente, en coalición entre ellos o con otros partidos, controlarían el gobierno de la nación hasta diciembre de 1935, lo que permitiría al líder radical Alejandro Lerroux presidir varios gabinetes ministeriales de los diez que hubo en ese corto periodo de tiempo.

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Portada del diario La Voz con dos fotografías de los asistentes a una conferencia en el Centro Republicano de Lucena  (24 de febrero de 1934).

En la provincia de Córdoba, una práctica común durante el bienio radical-cedista fue la sustitución de los ayuntamientos controlados por la izquierda utilizando como pretexto “cuestiones administrativas” o cualquier incidente social o religioso. Sin embargo, esta medida se debía también a que estos ayuntamientos actuaban en muchos lugares como protectores del proletariado rural en asuntos como la defensa de los salarios y de las condiciones legales de trabajo y, por tanto, de freno ante los posibles abusos patronales. En Lucena, los miembros de la corporación municipal habían sido votados por los ciudadanos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y el alcalde era el abogado Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, un antiguo socialista que ya no militaba en el PSOE. Ello no resultó un obstáculo para que el Ayuntamiento fuera destituido de manera fulminante por el gobernador civil, el radical José Gardoqui, el 15 de octubre de 1934. Rápidamente comenzaron las conversaciones de los comités locales del Partido Republicano Radical y de la derechista Acción Popular para constituir la nueva Comisión Gestora municipal. El 22 de octubre, el gobernador nombró a los nuevos concejales: nueve del Partido Republicano Radical, ocho de Acción Popular (CEDA) y uno del derechista partido agrario. Al día siguiente y tras las respectivas votaciones, según el libro de actas municipales el Ayuntamiento se constituyó de la siguiente manera:

Alcalde, Bernardo Fernández Moreno (radical, aunque había sido un antiguo militante del Partido Republicano Radical Socialista); primer teniente, Rafael Ramírez Pazo (radical); segundo teniente, Joaquín Galindo Cuadra (CEDA); tercer teniente, Andrés Trujillo Cuenca (CEDA); cuarto teniente, José Moreno Lara (CEDA); quinto teniente, Pedro González Nadal (radical); primer síndico, Antonio Sánchez Córdoba (CEDA); segundo síndico, Eduardo Rueda Lara (radical); concejales, Julián Sarabia Urbano (radical), Tomás Fernández Alba (radical), Antonio Bujalance Jiménez (radical), Pedro Reyes Osuna (radical), Juan Ávila Fernández (radical), Juan Cañete Viso (agrario), Pedro Osuna Bergillos (CEDA), José Fernández de Villalta y Díaz (CEDA), Andrés Hidalgo Moreno (CEDA) y Pedro Rueda Lara (CEDA).

Este Ayuntamiento permaneció activo hasta el 7 de enero de 1936, cuando ante las profundas divergencias entre la CEDA y los radicales, y la consiguiente dificultad para formar un gobierno que tuviera suficiente apoyo parlamentario, el presidente de la República decidió disolver las Cortes y convocar elecciones legislativas para el 16 de febrero. El mismo día en que Alcalá-Zamora firmó el decreto de disolución, el gobernador civil de Córdoba, Antonio Cardero, utilizando una particular maniobra política que se repetiría en otros ayuntamientos españoles, destituyó a la Comisión Gestora municipal de Lucena y nombró para reemplazarla a miembros del Partido Republicano Progresista. Su objetivo era favorecer en la inminente convocatoria electoral los intereses de esta opción política centrista, a la que pertenecía el presidente de la República, Alcalá-Zamora.

El Partido Republicano Radical llegó a las elecciones de febrero de 1936 salpicado por dos enormes escándalos de corrupción (casos estraperlo y Nombela), que empezaron a salir a la luz cuatro meses antes e implicaban de lleno a Alejandro Lerroux (entonces presidente del gobierno), un político casi siempre rodeado de negocios turbios, sobornos y corruptelas. Es muy posible que estos escándalos, que fueron un golpe de muerte para el partido, influyeran de manera decisiva en la nueva división que sufrieron los radicales lucentinos a principios de 1936. El sector más derechista y afín a Lerroux se organizó bajo la presidencia del abogado y dirigente patronal José Burgos Rubio, que estaba acompañado en el Comité local por Antonio Hidalgo Bergillos (vicepresidente), Francisco Maíllo Rivert (tesorero), Francisco de Paula Cuenca Burgos (secretario) y los vocales José Álvarez Lozano, Rafael Fernández, Agustín Pino García, Antonio Gómez Ramírez, Juan Rodríguez y Antonio Carmona  (periódico La Voz, 21 de enero de 1936).

En paralelo, el sector más centrista del partido en Lucena, seguidor del diputado radical cordobés Joaquín de Pablo Blanco, se escindió, creando una agrupación republicana autónoma liderada por el abogado Miguel Víbora Blancas, y en la que ejercía de secretario Rafael Ramírez Pazo, quien había presidido el partido radical en Lucena hasta este momento. Esta crisis interna, aparte de por razones ideológicas, quizás también tuviera que ver con que la dirección nacional del Partido Republicano Radical no había apoyado el gobierno del liberal centrista Manuel Portela Valladares —desautorizó a los dos ministros radicales integrados en él—, que se constituyó el 15 de diciembre de 1935 y que nombró a Miguel Víbora gobernador civil de Badajoz. En ese mismo gobierno participó como ministro de Agricultura e Industria Joaquín de Pablo, el referente político de los escindidos radicales lucentinos, quien ya había abandonado el partido en octubre de 1935.

Al contrario de lo que habían hecho en 1933, las derechas no organizaron un frente común para las elecciones de febrero de 1936, debido a las desconfianzas entre ellas y a que algunas de sus tendencias aspiraban claramente a destruir la República para establecer un régimen dictatorial. En Córdoba, por ejemplo, presentaron cuatro candidaturas: Candidatura Antirrevolucionaria (CEDA, Partido Republicano Progresista y monárquicos de Renovación Española), Candidatura de Alianza Republicana (Partido Republicano Conservador y Partido Republicano Radical), Falange Española y la católica Acción Obrerista.

Las izquierdas se organizaron en 1936 en el Frente Popular, una coalición en la que convivían el PSOE, la UGT, las Juventudes Socialistas, Unión Republicana, Izquierda Republicana, el PCE, el Partido Sindicalista y el POUM. En Lucena (y en otros lugares de España), dos de los partidos que integraban el Frente Popular estaban liderados o tenían entre sus miembros más destacados a antiguos dirigentes radicales. Nos referimos, por un lado, a Unión Republicana, presidida por Domingo Cuenca Navajas (presidente del partido en Lucena entre 1932 y 1933), seguidor del grupo de disidentes que, encabezados por Diego Martínez Barrio, en mayo de 1934 había abandonado la obediencia radical en protesta por su progresiva derechización. El otro partido en el que encontramos a antiguos dirigentes radicales es Izquierda Republicana, fundada en abril de 1934 a partir de Acción Republicana. Entre ellos podemos citar a Javier Tubío Aranda (presidente de los radicales en 1931-1932), José López Jiménez, Francisco Alba Sánchez y Rafael Cazorla Ávila.

En Lucena, el Frente Popular ganó las elecciones del 16 de febrero de 1936 con 5.905 votos (53%) seguido de la coalición de derechas con 4.217 (38,32%), de la candidatura de Joaquín de Pablo Blanco con 838 (7,63%) y de la Alianza Republicana en la que se integraban los radicales, que solo obtuvo 43 votos (0,39%), a pesar de que en sus listas aparecía como candidato el abogado y olivarero lucentino José Burgos Rubio, presidente del partido radical en la localidad. La victoria en la provincia y en España también recayó en el Frente Popular. Como en Lucena, en el conjunto nacional la debacle de los radicales resultó tremenda: solo obtuvieron cinco diputados y el 1,1% de los votos, e incluso Lerroux no pudo renovar su acta de diputado. Abrumado por el veredicto de las urnas, el jefe histórico de los radicales cordobeses, Eloy Vaquero Cantillo (exalcalde de Córdoba en 1931, dos veces ministro en 1935 y diputado entre 1931 y 1936), al conocer los resultados, la misma noche del 16 de febrero se exilió a Gibraltar y no volvió más a España.

Aunque el Partido Republicano Radical ya estaba casi desaparecido del mapa político, la sublevación militar del 18 de julio de 1936 solo sirvió para certificar su extinción. Su líder histórico, Alejandro Lerroux, con 72 años, estaba al tanto de la inminente rebelión, pues sus contactos con los militares conspiradores le habían puesto sobre aviso, así que el 17 de julio salió de su casa de San Rafael (Segovia) con destino a Portugal. Durante la contienda escribió cartas aduladoras a Franco con la esperanza de poder regresar y después de la guerra publicó unas memorias en las que justificaba el golpe militar. Volvió a España en 1947 y murió dos años más tarde. Mientras, durante la guerra y la posguerra, en Lucena y en España, muchos radicales trataron de pasar desapercibidos y de borrar su pasado, que podría resultar peligroso en aquellas circunstancias. Otros, ya fuera por convencimiento, por miedo o como un mero mecanismo de supervivencia, se convirtieron en colaboradores de las nuevas autoridades, alcanzaron cargos políticos, judiciales y administrativos relevantes, e incluso no tuvieron escrúpulos en colaborar de alguna manera en la represión. La peor parte se la llevaron los que habían emigrado con anterioridad desde las filas radicales a las de Unión Republicana e Izquierda Republicana, dos de las fuerzas integradas en el Frente Popular. Varios de ellos, como el alcalde de Lucena en 1936, Anselmo Jimémez Alba, y los concejales Javier Tubío Aranda, Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez, acabaron fusilados.

Es muy difícil encontrar listados de militantes de los partidos y sindicatos que quedaron proscritos durante el franquismo, pues sus archivos fueron incautados por las autoridades militares, se ocultaron, se destruyeron o desaparecieron. Por ello, es una suerte que podamos contar con una relación de afiliados del Partido Republicano Radical de Lucena. Se conservaba entre los papeles personales del presidente del partido entre octubre de 1933 y enero de 1935, el abogado Rafael Ramírez Pazo, de los que poseo una copia que me cedió de manera generosa su hija Araceli a principios de 2016. Los folios originales no llevan fecha, pero entendemos que se sitúan cronológicamente en el periodo de la presidencia de Rafael Ramírez. En la lista aparecen 116 varones, identificados por el nombre, la edad, el domicilio y la profesión. En cuanto a su actividad laboral, predominaban los obreros (42 afiliados), propietarios (15) e industriales (9). La lista completa, por orden alfabético, se puede consultar en este enlace.

13. Comida republicana

Comensales en una reunión republicana, posiblemente en 1932, antes de que comenzaran las divisiones dentro del partido radical en Lucena. Sentados, de izquierda a derecha: Rafael Ramírez Pazo, presidente del Partido Republicano Radical (PRR) entre 1933-1936; Anselmo Jiménez Alba, secretario del PRR en 1932, alcalde de Lucena por Unión Republicana en 1936; Domingo Cuenca Navajas, presidente del PRR en 1932-1933 y de Unión Republicana en 1934, concejal y diputado provincial en 1936; Javier Tubío Aranda, presidente del PRR en 1931  y alcalde, presidente de Izquierda Republicana en 1934, concejal en 1936; José López Jiménez, presidente del Centro de Obreros Republicanos en 1932 y concejal en 1936; un desconocido; y José Arjona Huertas, vocal de la Unión Republicana. De pie: Francisco Verdejo Ordóñez, vocal de Unión Republicana en 1936 (primero por la izquierda); Domingo Cuenca González, concejal en 1936 de Unión Republicana (cuarto por la izquierda); José Cámara Ruiz, Izquierda Republicana (quinto por la izquierda); Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”, vicepresidente de Unión Republicana en 1936 (séptimo por la izquierda); Rafael Cazorla Ávila “El Tornerazo”, secretario del Centro Obrero Republicano en 1932 y militante de Izquierda Republicana en 1936 (cuarto por la derecha); Flores “El Moreno” (primero por la derecha).

Diario de operaciones del teniente Carlos Galindo Casellas. Los primeros meses de la guerra civil en Rute, Iznájar y localidades vecinas

Carlos Galindo Casellas nació el 17 de marzo de 1902 en Ronda (Málaga). Se casó en 1928 con Rosa Osuna Ardizone y no tuvo hijos. Según su hoja matriz de servicios que se conserva en el Archivo General Militar de Segovia (sección CG, legajo G-17), con 18 años marchó voluntario al servicio militar, que realizó en Melilla, y participó en varios combates y operaciones militares en Marruecos, donde obtuvo dos medallas de guerra. Alcanzó el grado de teniente de Caballería y pasó a la reserva en junio de 1932. Como era además abogado, el 26 de febrero de 1936 comenzó a trabajar de secretario del Ayuntamiento del pueblo cordobés de Rute, tras haber ocupado plaza en otros municipios españoles como Priego (Cuenca), San José (Ibiza), Falset (Tarragona) e Iznatoraf (Jaén)). Cuando se produjo la sublevación militar del 18 de julio apoyó el golpe de Estado y comenzó a redactar un “Diario de Operaciones y notas” hasta pocos días antes de su fallecimiento en el frente de Monterrubio de la Serena (Badajoz), el 23 de julio de 1938. Tenía al morir 36 años.

Esquela mortuoria de Carlos Galindo publicada en el periódico ABC el 23 de julio de 1939, primer aniversario de su muerte.

El diario de Carlos Galindo, que abarca 111 páginas, de las que las primeras 85 aparecen mecanografiadas y el resto manuscritas, ha sido localizado en el Museo del Ejército de Toledo (Inf. 26.322) por el historiador toledano Roberto Félix García, quien generosamente me ha cedido el contenido para su publicación. Sus páginas son una radiografía de las operaciones de guerra que tuvieron lugar en Rute, Iznájar —fue nombrado comandante militar del pueblo en agosto— y otras localidades aledañas de las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. Es un documento extraordinario y muy valioso porque nos permite conocer qué estrategias y fuerzas se organizaron diariamente para la defensa de Rute e Iznájar y para la conquista de las localidades y tierras vecinas. Aun así, hemos de tener en cuenta a la hora de leerlo que estos diarios militares son, en determinadas ocasiones, textos en los que se ensalzan y magnifican las hazañas propias (como cuando  habla del intento republicano de tomar Iznájar el 10 de agosto de 1936), se ocultan hechos, se inventan otros y se recurre a la falsedad o las medias verdades si es necesario.

El diario comienza el 17 de julio de 1936 en Rute, cuando ante las noticias de que se había producido una sublevación militar en las zonas españolas del norte de África, Carlos Galindo contacta con el jefe de la Falange (posiblemente Manuel Villén Roldán) para organizar el apoyo al golpe de Estado en el pueblo. El día 18, sábado, la rebelión se extiende a la Península y a las tres de la mañana del 19 el alférez Basilio Osado Labrador, comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil, proclama el bando de guerra y detiene a los concejales y a los líderes de los sindicatos y los partidos del Frente Popular, la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes del 16 de febrero y que controlaba el Ayuntamiento. Rápidamente crean una guardia cívica en Rute y en la aldea de Las Lagunillas, y una escuadra de la Falange —la Falange también se organiza en las aldeas que unen Rute con Lucena—, que comienza a operar en aquellos días en los caminos y aldeas hacia Iznájar y la cercana localidad malagueña de Cuevas de San Marcos. Para responder al golpe de Estado, muchos vecinos de Rute siguen la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España. Otros muchos, para escapar de la represión, comienzan a huir a la sierra de Rute. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados.

Como en Rute y las localidades vecinas triunfó el golpe gracias al apoyo de la Guardia Civil y la situación estaba controlada, el día 2 de agosto el comandante militar de Rute y jefe de línea de la Guardia Civil, el alférez Basilio Osado, ordena a Carlos Galindo que se encargue de la defensa de Iznájar, situada a unos 20 kilómetros. Allí, el comandante de puesto de la Guardia Civil, el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, les pedía ayuda, pues se temía un ataque republicano desde sus aldeas o desde las localidades vecinas de Loja (Granada) o Cuevas de San Marcos (Málaga). Nada más llegar a Iznájar, Carlos Galindo organiza con rapidez guardias cívicas y de Falange, destituye la Corporación municipal, nombra una nueva Gestora para administrar el Ayuntamiento y encarcela a los dirigentes frentepopulistas.

La represión fue muy dura en Iznájar durante esos meses de verano y principios del otoño. Tenemos documentado el fusilamiento de al menos 75 personas, la mayoría identificadas por informaciones aportadas por sus familias, de las que solo 28 han dejado rastro documental de su muerte en los libros oficiales de defunciones del Registro Civil, donde es obligatorio inscribir a los que fallecen. No obstante, por las incursiones en las aldeas iznajeñas que continuamente refiere el diario de Carlos Galindo, y la forma en que se llevaron a cabo, es de suponer que la aplicación del “bando de guerra”, es decir, los fusilamientos, tuvieron que ser mucho más numerosos. Sin embargo, y por desgracia, no hemos realizado una investigación profunda sobre esta cuestión en el municipio a través de testimonios orales, que es la fuente fundamental de recopilación de los nombres de las víctimas cuando los documentos escritos escasean o no son lo suficientemente esclarecedores. Que solo una de cada tres víctimas mortales esté inscrita en los libros de defunciones del Registro Civil en Iznájar deja claro el nivel de ocultación (algo normal en cualquier dictadura) que tuvo la represión franquista, y demuestra la importancia que tiene la investigación histórica para conocer el verdadero alcance y la magnitud de esta violencia.

Iznájar, la aldea próxima de la Celada y algunas cortijadas están, desde el 18 de julio de 1936, en manos de los que respaldan la sublevación militar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la mayoría de las otras 21 aldeas que conformaban el municipio —muchas están hoy ocultas bajo las aguas del pantano—. En estos núcleos, al no existir un cuartel de la Guardia Civil que apoyara el golpe de Estado, los vecinos se mantuvieron fieles a la República a pesar de no contar con apoyo militar para organizar su defensa. Las fuerzas de Carlos Galindo tienen como principal objetivo el control de esas aldeas para alejar el peligro republicano de Iznájar y, lo más importante, para asegurar las comunicaciones directas entre las ciudades de Córdoba y Granada, pues ambas capitales de provincia estaban dominadas por los militares rebeldes.

El hecho más grave al que se tuvo que enfrentar Carlos Galindo fue el ataque fracasado de fuerzas republicanas a Iznájar por las lomas de la Cuesta Colorá el 10 de agosto de 1936. Prueba de la importancia que le da a este hecho es que al final de su diario recoge transcritas las noticias grandilocuentes que publicaron los periódicos Ideal de Granada (1 de octubre) y La Voz de Córdoba (26 de agosto) sobre el asalto. Sin embargo, el hecho no ocurrió como él lo cuenta ni el intento de conquista fue tal. Según recoge el iznajeño Diego Ortiz Pacheco en su libro El pueblo habló. Pinceladas históricas (páginas 54 y 55), editado en 2014, como las fuerzas de Carlos Galindo habían cortado el Puente de Hierro, los republicanos no pudieron pasar con camiones, así que algunos soldados a pie se apostaron en la Cuesta Colorá y en cerro Hachuelo, desde donde tiraron algunos tiros al aire y se retiraron.

El testimonio de Manuel Llamas Sanjuán, antiguo alcalde andalucista de Iznájar, que recogí en 2004, hablaba también de que estas fuerzas republicanas solo hicieron un par de disparos y que uno dio en la entrada del cementerio, así que coincide en lo fundamental con el libro de Diego Ortiz. Ambos señalan que la causa de que los republicanos no entraran en Iznájar y se retiraran sin intentarlo se debió a que las  tropas las mandaba un capitán iznajeño, Francisco Alcántara Cañas, apodado Larita, quien temía las represalias que pudiera sufrir su familia y el daño que se le podía causar al pueblo. De hecho, dos días después de que los republicanos se retiraran sin plantear batalla, pelaron en Iznájar a los padres del capitán Francisco Alcántara, los purgaron con aceite de ricino y los pasearon por las calles para que sirvieran de mofa.

El 21 de agosto Carlos Galindo es nombrado de manera efectiva comandante militar de Iznájar, convirtiéndose en la máxima autoridad de la localidad. Para el día 23 ya tenía organizadas unas abultadas fuerzas en el pueblo, según un cuadro que conserva al final en su diario. Contaba entonces con 16 guardias civiles y 444 falangistas armados de manera variopinta (fusiles, mosquetones, carabinas, rifles y sobre todo escopetas), a los que hay que añadir 206 voluntarios posiblemente encuadrados en la Guardia Cívica (el municipio tenía unos 12.000 habitantes). En cuanto a municiones, destacaban 16 cajas para fusil, 6.500 cartuchos de escopeta y 1.567 para armas largas. Disponía también de 345 pistolas y revólveres y 1.800 cartuchos. Y para el transporte usaban 14 camiones, siete coches, una moto, 43 mulos y nueve caballos.

Con esta gruesa maquinaria bélica, el día 29 de agosto sus fuerzas comenzaron a ocupar la aldea de El Remolino, donde con anterioridad habían incendiado muchas casas para castigar a la población civil. Durante su incursión realizaron algunos fusilamientos y hubo abusos y violaciones de mujeres. Este episodio histórico ya pude analizarlo en 2005 gracias al testimonio de Antonio Montilla Cordón, uno de los habitantes de la aldea, que fue publicado por la revista Cuadernos para el Diálogo en 2007. Hemos de tener en cuenta que los asesinatos en El Remolino no se producen como respuesta a una violencia física previa de los republicanos, pues en las zonas y aldeas de Iznájar controladas por ellos no se ejecutó ningún fusilamiento durante aquellos meses. Un caso ejemplar en este sentido es el del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos, muy citado en el diario de Carlos Galindo, donde en los dos meses de dominio republicano no se mató a nadie y tras su ocupación por fuerzas de Iznájar y de Lucena se fusiló al menos a 55 personas según la lista publicada por el estudioso local José Terrón Arjona en su libro Memoria sin sombra, editado en 2011.

En el diario de Carlos Galindo hay continuas referencias a los saqueos realizados por los republicanos en los cortijos, aunque no sabemos sí eso ocurrió en verdad en las aldeas de Iznájar. El pillaje es harto frecuente en un clima de enfrentamiento bélico y de calamidad pública, cuando se desbaratan los mecanismos de orden público y no existen autoridades que mantengan la ley. En bastantes ocasiones, esas requisas se produjeron porque hubo que asegurar el abastecimiento de alimentos para la población en un estado de guerra. Muchas personas no podían salir a trabajar a los campos por la inseguridad que se respiraba y el peligro que suponía, y había que alimentarlas. Otros vecinos se ofrecieron al servicio de la causa republicana, y no trabajaban ya en labores agrícolas por lo que no podían llevar un salario a sus casas. Con una buena parte de la población, jornalera y campesina, que vivía en unos niveles de auténtica supervivencia desde antes de que comenzara la contienda, la requisa de alimentos era el método más rápido y fácil de obtener alimentos. De hecho, las fuerzas de Carlos Galindo aplicaron el mismo método de requisa en las tierras conquistadas por ellos (hay referencias en su diario a requisas de caballos el 13 de octubre y de automóviles el 18 de noviembre), aunque él no lo detalle. Además, los bienes de los que huían fueron saqueados de sus casas (camas, ajuares, máquinas de coser, etc.) y se abrieron también oficialmente multitud de expedientes de incautación de bienes aquel mismo verano contra vecinos de ideología republicana.

Un caso documentado de rapiña de las fuerzas de Carlos Galindo ocurrió en El Higueral. Él dice en su diario que lo que ellos requisaron allí había sido a su vez robado con anterioridad por los republicanos en los cortijos, pero no es cierto, pues eran bienes legítimos de las familias de la aldea. El iznajeño Diego Ortiz Pacheco lo cuenta en parte en su libro ya citado (página 57) tomando como fuente el testimonio de varios vecinos de El Higueral, que ya había sido tomado con anterioridad por la Guardia Civil de Priego. Refiriéndose al primer día de la entrada de los “fascistas” desde Iznájar, relata: “…matar no mataron, pero estuvieron todo el día paseándose por la calle con los caballos. Se llevaron las bebidas del bar y todo el comestible de la tienda. Iban borrachos como cabras, echándole los caballos a los niños. A una mujer le levantaron el vestido. Uno de ellos se llamaba Rodrigo [posiblemente el guardia Rodrigo Salas Bote, responsable de varios fusilamientos en la aldea de El Remolino], otro, después fue municipal…”.

La toma de la localidad malagueña de Villanueva de Tapia el día 30 de agosto por el general Varela, afín a los sublevados, aleja el peligro republicano de las cercanías de Iznájar y facilita que en el mes de septiembre las fuerzas de voluntarios y falangistas de Carlos Galindo realicen un auténtico paseo militar victorioso por la zona: el 1 ocupan las aldeas y cortijadas de Arroyo Cerezo, Cruz de Algaida, Gata, Gorgos y Adelantado; el día 3 Los Pechos, Fuente del Conde y Alcudilla; el 6 El Higueral; el 9 los Ventorros de Balerma; el 15 la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos (junto a una columna de caballería de Lucena) y el 22 de septiembre la aldea de Fuentes de Cesna, perteneciente al municipio granadino de Algarinejo. A finales del mes de septiembre sus fuerzas junto a las de otras localidades cordobesas intentan la toma de la localidad jienense de Alcalá la Real y el día 1 de octubre llegan a sus aldeas de Hortichuela y Las Pilas. Como consecuencia de los éxitos obtenidos, el día 7 de octubre el jefe provincial de las milicias de Falange Española de las JONS nombró a Carlos Galindo inspector delegado de esas milicias en el sector sur de la provincia, con acción sobre las localidades de Cabra, Doña Mencía, Nueva Carteya, Zuheros, Lucena, Encinas Reales, Rute y Benamejí.

Hoja manuscrita por Carlos Galindo en la que solicita su ascenso a capitán.

A principios de octubre de 1936 Carlos Galindo comienza a incluir en su diario referencias a las malas relaciones con el comandante de puesto de la Guardia Civil de Iznájar, el sargento Jerónimo Rivero, y con el alférez Basilio Osado, que cumple igual función en Rute —a este último lo define como “un perfecto idiota y un burro” en una entrada de su diario de 27 de mayo de 1937—. Las causas de estas desavenencias no están claras, aunque él culpa a los “elementos caciquiles” de Iznájar, que influyen en el sargento, y a la maldad de ambos mandos, a los que califica de “canallas”, cobardes y “envidiosos”. Una denuncia del primero origina el 20 de octubre el cese de Carlos Galindo como comandante militar de Iznájar por el gobernador militar de Córdoba y, en consecuencia, su reingreso como secretario del Ayuntamiento de Rute. Se lamenta de que nadie va a despedirlo cuando se marcha de Iznájar, salvo dos personas, y desconocemos cuál es la razón, pues el día 14 de agosto se había iniciado una recogida de firmas para agradecerle su labor en el pueblo a la que se sumaron unas doscientas personas (no se añadieron más porque él ordenó parar la iniciativa).

Los motivos por los que en solo dos meses la figura de Carlos Galindo pasa, ante la opinión pública iznajeña, de la aclamación a la ignorancia son un misterio por ahora. Según algunos testimonios, tendría que ver con el alcance de la represión por él ejercida o permitida, que llegó a escandalizar hasta a los propios derechistas del pueblo. Prueba de ello es que el día 2 de septiembre el jefe de la Falange en la localidad, Salvador Luque García, denunció en la Comandancia Militar de Lucena el fusilamiento de su tío Antonio Conde Luque y tres vecinos más por el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (Periquillo el de la Carolina) en la aldea de El Remolino, mientras estaban borrachos. Además, ese día, intentaron mutilar los cadáveres, abusaron de una mujer y realizaron otros desmanes (este episodio se narra en un artículo de mi autoría publicado por la revista Cuadernos para el Diálogo en el año 2007).

Sepulcro de Carlos Galindo en el cementerio de Rute.

A partir de su cese como comandante militar de Iznájar, Carlos Galindo comienza a maniobrar para denunciar ante varios mandos militares superiores la situación de acoso que él estima que sufre. Consigue reunirse con el gobernador militar de Córdoba, Ciriaco Cascajo, y envía un telegrama al general Gonzalo Queipo de Llano, la máxima autoridad militar de Andalucía en la zona franquista. Su intención es integrarse como oficial del Ejército en el cuerpo de Regulares —formado por tropas marroquíes indígenas—, lo que consigue a principios de diciembre de 1936 al ser destinado al 5º Tabor (escuadrón) de Infantería de Regulares de Melilla. Sus primeros combates serán en al frente de Madrid y en septiembre de 1937 pasará a Teruel. En enero de 1938 le comunican su ascenso a capitán en el 2º Tabor de Regulares de Melilla y su diario ya no se conserva a máquina, sino manuscrito. El 14 de junio de 1938 es el último día que escribe y el 23 de julio, con 36 años, encontró la muerte en Monterrubio de la Serena (Badajoz), en el frente de Extremadura. El Registro Civil de Rute señala como fecha de la muerte el día 22, con 26 años, pero está equivocado en la fecha y la edad. El día 28 el Ayuntamiento de Rute inició una suscripción popular, a la que aportó 300 pesetas, para costear un panteón en el cementerio parroquial, muy mal conservado en la actualidad, en el que aparece inscrito como “caído por Dios y por España”.

Carlos Galindo era una persona con bastante preparación intelectual, según se puede observar en su diario, algo lógico teniendo en cuenta que poseía la carrera de abogado. Desconocemos si en ello influyeron también sus orígenes familiares. Sabemos que un hermano, Antonio (fallecido en 1992), al que nombra varias veces, llegó a ser general de brigada de Infantería y gobernador militar de Ceuta, Gran Canaria y Cáceres durante el franquismo, además de pintor y escritor. La esposa de Antonio, la canaria María de las Mercedes Ortoll Vintró, fue una popular escritora de novelas rosas entre 1930 y 1963. En 1966, a ambos los nombraron miembros de la Academia Cultural y Social de París. Por otro lado, la viuda de Carlos Galindo, Rosa Osuna Ardizone, poseía en los años sesenta del siglo pasado una administración de loterías en el Paseo de las Delicias de Madrid. Ignoramos si fue una concesión por ser viuda de militar caído en el frente.

A continuación publicamos la primera parte del diario de Carlos Galindo, la referida a Rute e Iznájar, que abarca desde el 17 de julio al 7 de diciembre de 1936. Son 23 folios pasados a ordenador. Se ha respetado el texto original, incluidos los escasos signos de puntuación, y solo se han corregido contadas faltas de ortografía, se han eliminado algunas mayúsculas que antes eran de uso común y se han revisado los nombres de las aldeas (a El Remolino lo llama Remolinos, a Solerche, Solerches, etc.). El diario se puede leer en este enlace.

Información complementaria:

Las redadas de 1946 y 1961 en Montilla

La dictadura de Franco violó de forma sistemática los derechos humanos desde 1936 a 1975. Para llevar a cabo los procesos judiciales contra los disidentes y evitar la oposición interna, se crearon varios tribunales especiales en los que no existían garantías jurídicas para los encausados. Además, cuando se derogaba una ley represora una nueva normativa de igual carácter sustituía a la anterior. Así, en la posguerra, la Ley de Seguridad del Estado de 1941 fue sustituida por la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo de 1947. El tribunal especial establecido por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 tuvo mayor continuidad, hasta que parte de sus atribuciones fueron asumidas por el Tribunal de Orden Público, el último gran órgano represivo de la justicia franquista, disuelto finalmente en 1977 tras la muerte del dictador.

Con esta maquinaria jurídica represiva tan bien organizada, poco resquicio quedaba para que los partidos y sindicatos proscritos por la dictadura —todos menos las organizaciones falangistas— pudieran reconstruir sus infraestructuras. El primer intento serio de oposición interior a la dictadura partió del Partido Comunista de España del exilio en 1941. Dos años después, en 1943, se formó un comité provincial en Córdoba. La historia de este movimiento comunista clandestino es una continua sucesión de redadas, detenciones, torturas y fusilamientos a los que invariablemente seguían nuevos intentos de reorganización. En Montilla, el partido comunista sufrió dos grandes caídas en los años 1946 y 1961, aunque hubo otras menores.

Francisco Carmona Priego, uno de los caídos en la redada de 1946.

La primera gran caída se produjo el 7 de diciembre de 1946. La información aportada a la Policía por José Mª Carretero, un antiguo teniente del Ejército republicano, facilitó que la Brigada Político Social emprendiera una redada anticomunista en varios pueblos cordobeses. Gracias al testimonio de Francisco Carmona Priego “Ojitos Claros”, recogido en julio de 2001, sabemos que en Montilla detuvieron y trasladaron a la comisaría de Córdoba, entre otros, a él, a Manuel Vaquerizo García, Miguel Feria Blanca, José Cerezo Rey “Pelajopos” y Rafael López Hidalgo “Chupita”. En esta operación policial también cayeron vecinos de La Rambla (Miguel Bonilla Osuna y Encarnación Juárez Ortiz “La Pasionaria”), Montalbán (Demófilo Morales Castillejo), Montemayor (Antonio Vega Córdoba y Rafael Márquez Gallardo), Espejo, Fernán Núñez y otras localidades. Las torturas que recibieron fueron tan crueles que Encarnación Juárez intentó suicidarse cortándose las venas con el cristal de sus propias gafas.

Tras permanecer tres años en prisión preventiva, el 19 de enero de 1949 fueron llevados ante el juez Fructuoso Fernández, titular del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. A Francisco Carmona Priego le impusieron ocho años de cárcel, estuvo preso en Talavera de la Reina (donde se hallaba internado también José Cerezo Rey), pero se benefició de un indulto y salió en libertad en junio de 1950. Mientras, Manuel Vaquerizo García, Miguel Feria Blanca y Rafael López Hidalgo —que habían caído con anterioridad en otra redada anticomunista en 1942 y habían sufrido prisión en Córdoba y El Puerto de Santa María durante un año— acabaron presos en Burgos, con una condena de 30 años de cárcel que luego se reduciría a 12.

Con posterioridad, dos de los caídos en esta redada llegaron a ser concejales de las primeras corporaciones municipales democráticas tras las elecciones de 1979: Francisco Carmona Priego, por el PCE en Montilla; y Miguel Feria Blanca (al que también apresaron luego en la redada de 1961), en la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí por el PSUC (el Partido Socialista Unificado de Cataluña, la rama catalana del partido comunista). Otro de los detenidos, Rafael López Hidalgo, en 1958, cuando salió en libertad provisional de la cárcel de Burgos con 45 años, también emigró a Sant Joan Despí, donde ingresó en el PSUC y desarrolló una intensa labor en la reconstrucción del partido y en las luchas obreras de la comarca del Bajo Llobregat. Falleció en 1976, con 63 años, a consecuencia de una enfermedad hepática contraída durante su estancia en la cárcel de Burgos.

Rafael López Hidalgo, segundo por la izquierda, cayó en una redada en 1942 y sufrió prisión en Córdoba y El Puerto de Santa María durante un año. Lo detuvieron de nuevo en 1946 y lo condenaron a 30 años de cárcel. En la fotografía aparece en el penal de Burgos en 1952.

Tras la redada de 1946, el partido comunista no volvió a tener vida en Montilla hasta 1955, un año antes de que el partido lanzara su política de reconciliación nacional al cumplirse los veinte años del inicio de la guerra civil. Los escasos militantes montillanos se organizaron en pequeñas células, recibían La Voz del Campo y Mundo Obrero (el periódico oficial del partido), escuchaban Radio España Independiente (la Pirenaica) y se reunían en algunas casas o en el campo. La primera actividad importante que realizaron fue el 1 de Mayo de 1958, el Día del Trabajo, con el reparto de propaganda, una actividad ilegal y muy arriesgada en aquel entonces, como ya veremos.

Precisamente, el detonante de la redada del 18 de abril de 1961 fue la distribución en Montilla y la vecina localidad de La Rambla de unas octavillas en las que se pedía la libertad para los presos políticos y la solidaridad con sus familiares. La Guardia Civil detuvo a dos militantes que trabajaban de caseros en una casilla del Portichuelo (a unos tres kilómetros de La Rambla), y uno de ellos, tras los golpes recibidos y una estratagema de los guardias civiles, delató al resto de afiliados. Cayeron 29 varones y dos mujeres de los 35 o 40 militantes con los que contaba el partido en aquel entonces. Algunos afiliados, como José Ferri Checa y Antonio Carrasco Rey, consiguieron librarse porque estaban trabajando en la campaña de la remolacha en Francia, y allí se establecieron definitivamente como refugiados políticos para evitar la represión. La Guardia Civil llevó a los detenidos al cuartel de Montilla, donde casi todos fueron apaleados. Sobre las torturas que recibieron, un artículo sin firma publicado por uno de los detenidos en la revista montillana La Corredera en junio de 2000 cuenta lo siguiente:

Aún recuerdo, y solo voy a dar nombres de pila, como a Manolo le quitaron los calcetines y lo estuvieron torturando en el cuartel a base de palos en la planta de los pies, hasta que caía agotado una y otra vez. A Antonio lo abofetearon una vez y otra vez porque su hermano era comunista, estaba en Francia y no lo habían podido detener. A Joaquín, a Luis, a Miguel, a Francisco, a muchos más. Recuerdo a un capitán de infausta memoria y a un guardia llamado Bueno que no era bueno precisamente, como también recuerdo a otro guardia llamado Gómez que era una buenísima persona e hizo todo lo posible por liberarnos de aquella tortura, lo veíamos sufrir al hombre. También recuerdo como un comandante llegó mientras recibía vergajazos en mis partes gritando: “No habéis descubierto el Mediterráneo. Esto es por todos lados”.

Mariano Águila Nieto, otro de los apresados en la redada, me aportó también el 6 de abril de 2002 su testimonio sobre las torturas sufridas en el cuartel de la mano del capitán de la Guardia Civil:

El capitán Pedro Ortiz Molina, jefe de línea de la Guardia Civil, me entró en un cuarto. En lo alto de una mesa tenía un vergajo que medía dos metros y otro más corto con siete u ocho nudos. Y me dijo: ¿Cuál quieres, el Cordobés o Paco Camino? Yo le dije que no sabía lo que me estaba diciendo y él me dijo: “Vamos a probar los dos para que no tengas queja de ninguno de los dos”. Me puso en calzoncillos y me sentó en el suelo. Él se subió en mis espinillas con las botas puestas y empezó a apalearme. Yo le dije: “Usted que va a misa a darse golpes en el pecho y a ponerse bien con Dios, y martiriza a una persona porque tiene unos ideales”. Me pegó una patada que me metió debajo de la mesa. Después me llevaron a otra habitación donde estaba Miguel Feria, el responsable político, que me aconsejó que no me resistiera porque estábamos descubiertos. Me pusieron las esposas y ya me llevaron a la cárcel. A los que iban entrando en el cuartel les hacían igual que a mi.

Según el testimonio del ya citado Mariano Águila, a los detenidos los trasladaron después en un autobús a la Prisión Provincial de Córdoba. La mayoría solo sufrió un mes de cárcel, como Dolores Trapero (mujer de Antonio Sánchez Sánchez “Patapalo”), Miguel Velasco y Luis Rodríguez Morales. Los que quedaron, después de tres meses de incomunicación, pudieron pasear por el patio de la cárcel y recibir visitas los miércoles y viernes. Como la comida era de pésima calidad, sus familias les llevaban paquetes con alimentos. En cuanto a la visita de sus hijos, solo podían verlos en cinco ocasiones al año, coincidiendo con festividades (el Día de la Merced, Navidad, Pascua, Reyes, etc.)

Mariano Águila Nieto con su hijo en la cárcel de Córdoba el 25 de diciembre de 1961.

El conocido siquiatra Carlos Castilla del Pino vivió los avatares del juicio a los caídos en la redada de 1961 en Montilla. De hecho, aportó su testimonio sobre él y la copia del fallo del tribunal en su libro Casa del Olivo. Autobiografía (1949-2003), editado en 2004 (páginas 189-195 y 479). Carlos Castilla se preocupó por este asunto tras atender a una paciente, esposa de uno de los detenidos, que al faltarle el sustento económico de su esposo se veía obligada a vivir con sus cuatro hijos a expensas de su hermana. El médico le prometió que se interesaría por el caso. Con ese fin, a los pocos días se dirigió al Juzgado Militar, que estaba entonces en la avenida República Argentina, y lo recibió un teniente que en principio arremetió contra él porque pensaba que había ido a interceder por los detenidos. El militar le informó de que estaban acusados de repartir octavillas en las que pedían la amnistía. A cinco de los acusados el fiscal les pedía de quince a veinte años de cárcel, y al marido de la enferma, que era reincidente, veintitrés.

En 1962 la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, había denunciado la existencia de presos políticos en España y su enjuiciamiento por tribunales militares, algo que a pesar de ser cierto el Gobierno de Franco negó. Así que, para lavar su imagen ante este organismo internacional, a las autoridades no les quedó más remedio que pasar el caso a la jurisdicción civil, que era mucho más benévola que la militar, lo que al final favoreció enormemente a los procesados.

El juicio se celebró en la Audiencia de Córdoba el 7 de marzo de 1963, y Carlos Castilla asistió pues la vista era pública. Observó cómo en el patio estaban los seis detenidos, serios, humildes, esposados, atados los unos a los otros y vigilados por policías al mando de un sargento. Más lejos se encontraban sus familias. El abogado defensor, Francisco Poyatos López, les hablaba de manera discreta a los acusados en un rincón con estas palabras: “Yo sé que ustedes son comunistas; si alguna vez el comunismo triunfa en España, no me extrañaría que me fusilaran. Pero aun así quiero defenderlos, porque creo en la justicia y soy hombre de derecho; creo en las leyes y que las leyes pueden y deben ser justas”.

Miguel Gómez Márquez en la cárcel de Córdoba en 1961.

El tribunal estuvo presidido por el presidente de la Audiencia de Córdoba, Antonio Navas Moreno, y lo componían también Diego Egea y Pedro Escribano. De fiscal actuó José Paniagua Gil, que tuvo una actuación favorable para los acusados, al igual que el tribunal. Los procesados Miguel Gómez Márquez, de 36 años; Juan Antonio Soriano Aguilera, de 34; Francisco Lucena Gómez, de 30; Mariano Águila Nieto “Yacaré”, de 30; y Antonio Rodríguez Morales, de 23, fueron condenados a un año y seis meses de prisión y multa de diez mil pesetas por un “delito de propaganda ilegal”. Fueron absueltos por retirada de la acusación Manuel Rodríguez Morales, Miguel Feria Blanca, de 46 años; Antonio Sánchez Sánchez “Patapalo”, de 35; José Puebla Sánchez y Rafael López Raigón. Todos los procesados salieron en libertad, pues ya habían cumplido en prisión preventiva el tiempo de condena. Al salir absuelto, Antonio Rodríguez Morales, que había sido detenido cuando llevaba dos meses prestando el servicio militar, tuvo que volver al cuartel para completar el tiempo que le restaba.

A la izquierda, Antonio Sánchez Sánchez con su hijo y sobrino en la cárcel de Córdoba el 6 de enero de 1962. A la derecha, Mariano Águila Nieto con su hijo Francisco.

Al igual que ocurrió con los caídos en la redada de 1946, varios de los detenidos en 1961 ejercieron luego actividad política y sindical clandestina durante los últimos años del franquismo y, ya legal, con la llegada de la democracia. Algunos tuvieron que emigrar pues los empresarios no les daban trabajo por haber estado presos y, además, estaban continuamente controlados por la Guardia Civil. Por ejemplo Antonio Sánchez Sánchez se trasladó a Cataluña nada más salir en libertad, se afilió al PSUC y en 1964 entró a trabajar en la empresa ELSA de Cornellá, donde fue elegido jurado de empresa en las elecciones sindicales de 1966, 1971 y 1975, y participó en la formación de las Comisiones Obreras de fábrica. Murió en 1995. Miguel Gómez Márquez —que también me aportó su testimonio en mayo de 2002 sobre esta redada de 1961— emigró a Sant Joan Despí  en 1964  y se afilió al PSUC. Su familia había sido una de las más castigadas durante la guerra civil en Montilla, pues su hermano Antonio murió en el frente, su hermano Francisco en la cárcel y su hermano José falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Mariano Águila Nieto emigró a Alemania en 1966 para trabajar un año, regresó a Montilla y en 1973 se estableció en Sant Joan Despí, un pueblo donde se asentaron —sobre todo en el barrio de Las Planas— muchos montillanos emigrados a Cataluña. En esa localidad ingresó en el PSUC y allí fue uno de los fundadores de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas.

Foto realizada el día de Reyes de 1963 en la cárcel de Córdoba, en la que aparecen algunos de los caídos en la redada de 1961 y sus hijos. De izquierda a derecha, de pie, Juan Antonio Soriano Aguilera, Rafael López Raigón, Francisco Lucena Gómez, Miguel Gómez Márquez, Antonio Sánchez Sánchez (un poco agachado), José Morales Cortés y Antonio Rodríguez Morales; agachados, José Puebla Sánchez, Mariano Águila Nieto y Manuel Rodríguez Morales.

Caídos de Montilla, sin identificar, en la redada de 1961 mientras estaban apresados en Córdoba.

Homenaje a Rafael López Hidalgo, uno de los caídos en la redada de 1946, el día de su entierro en el cementerio de Sant Joan Depí (Barcelona). Mil quinientas personas lo despiden con el puño levantado el 29 de octubre de 1976, desafiando las leyes, cuando aún no se había aprobado la Ley de Reforma Política y los partidos políticos no estaban legalizados.

Fotografías de desfiles en Baena durante la guerra civil

A mediados de mayo de 2018 me entregaron varias fotografías antiguas de Baena que reproduzco al final de este artículo. No son inéditas pero sí bastante desconocidas, al menos una parte de ellas. No están fechadas, aunque por las imágenes que aparecen se podrían situar en los años de la guerra civil debido a la indumentaria de los protagonistas y al uso de detentes, una especie de emblema que utilizaban los combatientes con imágenes religiosas (fundamentalmente el Sagrado Corazón de Jesús) prendidas en el pecho. Casi todas las fotos son de desfiles en los que participan civiles y fuerzas militares. Entre los civiles destacan los falangistas: varones uniformados con el mono azul, mujeres de la Sección Femenina y flechas, que era el nombre que recibían los niños y jóvenes que pertenecían al partido. También aparecen mujeres de paisano en los desfiles, en alguna ocasión con mantilla y en otra con un crucifijo alzado, una imagen muy típica del nacionalcatolicismo imperante en la España franquista donde se mezclaba lo político, lo religioso y lo militar. En una de las fotos, un sacerdote saluda con el brazo alzado, al estilo fascista, junto a varios soldados y falangistas. Las imágenes se hicieron con motivo de un acontecimiento importante, pues en algunos balcones aparecen colgaduras con banderas y mucho público observa los desfiles por las calles. Varias de las fotografías se realizaron en el Paseo (actual plaza de la Constitución) y en el tramo alto de la Calzada.

Creemos que las fotografías corresponden casi con total seguridad al día 14 de septiembre de 1936  (festividad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de Baena), cuando se celebró un gran homenaje al coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga —cuyas tropas habían tomado el pueblo el 28 de julio—, ya que lo hemos identificado en una imagen. También las fotos pudieran ser en parte del 15 de septiembre de 1938, cuando en medio de un pueblo engalanado con profusión de banderas nacionales y falangistas, la Falange celebró su Día con la asistencia de autoridades civiles, militares y mandos del partido. Para la ocasión, se realizó una gran concentración nacional sindicalista en la plaza de armas del castillo, una ceremonia de bendición de la Cruz de los Caídos (el monumento en recuerdo de los fallecidos del bando franquista), una entrega de bandera a las fuerzas de la Guardia Civil y un grandioso desfile de 4.000 afiliados uniformados de Baena y de los pueblos limítrofes. Otra posibilidad es que haya fotos de dos semanas después, del 1 de octubre, cuando se celebró la Fiesta del Caudillo en el segundo aniversario de su proclamación en Burgos como jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. Los actos consistieron en una concentración a las 11,30 de la mañana en la plaza de armas del castillo de unidades del Ejército, milicias, juventudes y afiliados a la Falange para leer el saludo de Franco y en una manifestación de homenaje a las 6 de la tarde. Todos estos actos se desarrollaron en época de calor o con temperaturas agradable que permitían el uso de la ropa veraniega que predomina en las fotografías.

La mayoría de los varones baenenses que participan en el desfile van uniformados como falangistas o milicianos, así que haremos un breve repaso de los la evolución del partido y de las milicias que funcionaron en la localidad. Las milicias estaban integradas por vecinos armados que sin ser militares desarrollaron labores de vigilancia, defensa, paramilitares y en algunas ocasiones represivas (como registros, cacheos, detenciones), sobre todo los enrolados en la primera línea, que era la de vanguardia. Desde agosto de 1936 encontramos en Baena cuatro organizaciones de milicias, siempre bajo el mando militar, que a mediados de octubre estaban formadas de la siguiente manera: el Batallón o Compañía de Voluntarios tenía 157 afiliados de primera línea; el Escuadrón de Voluntarios (caballistas) contaba con 35 voluntarios; la Guardia Cívica agrupaba a 34 afiliados de primera línea, 188 de segunda y 63 de tercera (285 en total); y la Falange Española sumaba 154 afiliados de primera línea y 88 de segunda (242 en total). Por orden de la superioridad, estas cuatro organizaciones se integraron en la Falange Española el día 21 de octubre, con lo que se creó una gran milicia con cuatro alféreces y dos clases, 368 afiliados de primera línea y 345 de segunda (713 en total), armada con 112 fusiles, 132 mosquetones, 37 carabinas y 24.547 cartuchos. Desde el 12 de septiembre, Rafael de las Morenas Alcalá, que había sido nombrado comandante militar de Baena dos días antes al cesar como alcalde, actuó de jefe de milicias de la zona de Baena, un cargo que abarcaba a todos los pueblos del partido judicial.

En la España franquista, solo carlistas y falangistas mantuvieron plena actividad política, pues las demás organizaciones de derechas permanecieron aletargadas y los partidos del Frente Popular (socialistas, comunistas, republicanos) y otras organizaciones de izquierdas, sindicatos y partidos nacionalistas periféricos quedaron proscritos y sus bienes incautados. En Baena, a pesar de su insignificancia antes de las elecciones del 16 de febrero de 1936 (sus candidatos solo obtuvieron ocho votos), la Falange tuvo una progresión espectacular, pues de los 44 afiliados que tenía con anterioridad al 18 de julio pasó a 133 el 30 de agosto y a 233 el 30 de septiembre. Su número se multiplicó el 21 de octubre, alcanzando los 609, debido a la integración de todas las milicias en la Falange; y a finales de año llegó a 752 militantes (ya en la posguerra, el 7 de marzo de 1941 tenía 1.119).

El día 17 de abril de 1937, por el Decreto de Unificación se produjo la incorporación forzada de falangistas y carlistas en Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, el partido único durante toda la dictadura de Franco, ya que todos los demás quedaron disueltos. En Baena, un mes antes, el 20 de mayo de 1937, y ante notario, se levantó acta de la constitución de la comisión integradora, que estuvo compuesta por los falangistas Manuel Torres Romero (jefe de la Falange local), José Alcalá Santaella (secretario) y José Baena Rojano (administrador). No participó en esta comisión ningún carlista, pues sólo existían en el pueblo 14 adheridos a la Comunión Tradicionalista y 10 requetés (milicianos) que no habían prestado ningún servicio en vanguardia ni en retaguardia y que ni siquiera poseían sede.

En el momento de la unificación en abril de 1937, la Falange tenía en Baena 398 afiliados en primera línea (en el frente) y 566 en segunda línea (en la retaguardia), 374 flechas (militantes de la Sección Juvenil), 128 afiliadas a la Sección Femenina y 374 militantes de la CONS (Central Obrera Nacional Sindicalista, el sindicato único). Las sedes de la Falange se repartían por varios domicilios. En las casas nº 17 y 19 de la calle del Moral, cedidas temporalmente a la organización por José Casado Martínez, se encontraban la jefatura y la secretaría, el cuartel de flechas, la sala de conferencias, el gimnasio, las oficinas y la delegación de la CONS. En la misma calle, en la planta baja de la casa nº 1, se situaban los comedores del Auxilio de Invierno, el órgano de beneficencia falangista convertido un mes después en Delegación Nacional de Auxilio Social. En la casa nº 3 de la calle José Antonio Primo de Rivera, cedida por Guadalupe Rabadán Valenzuela, se localizaban la jefatura de milicias y el cuartel de la Falange; y en los nº 10 y 19, en un inmueble prestado por la Comandancia Militar, la jefatura de la Sección Femenina.

Mientras las delegaciones anteriores, en manos de varones, contenían un mobiliario variado –en el que se incluían una biblioteca con 200 libros o máquinas de escribir–, los enseres de la casa donde tenía su sede la Sección Femenina de la Falange se reducían únicamente a una mesa grande, cinco sillas, un sillón y tres máquinas de coser, un mobiliario ilustrador del papel social y político secundario y subordinado que el partido adjudicaba a la mujer. Frente a la igualdad legal con el varón que había impuesto la República, el franquismo implantará un prototipo de mujer como esposa, madre, ama de casa y católica, dedicada durante la guerra a labores caritativas y asistenciales “propias de su sexo”, como las colectas de dinero y víveres, la recogida de ropa para los soldados, la de madrinas de guerra —se encargaban de cartearse con los soldados para elevar su moral— o la atención a los comedores de Auxilio Social.

El coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga (situado a la derecha del personaje central que viste camisa blanca) rodeado por militares, falangistas y mujeres el 14 de septiembre de 1936.

Un militar junto a un soldado moro de las tropas de Regulares (indígenas marroquíes) que colaboraron con el Ejército franquista.

Falangistas desfilando mientras entran desde la Calzada al Paseo.

Militares y falangistas desfilando.

Mujeres de la Sección Femenina de la Falange en posición de descanso.

Desfile de niños de la sección juvenil falangista de Flechas. 

Desfile de niños de la sección juvenil falangista de Flechas.

La banda de música y vecinos con los brazos en alto reciben a las tropas que van desfilando por el Paseo.

 

Banderas, maceros del Ayuntamiento y militares.

Militares, falangistas, milicianos y vecinos. Algunos, entre ellos un sacerdote, saludan con el brazo en alto.

Desfile de mujeres. Una lleva un crucifijo.

Desfile de mujeres. Una lleva un crucifijo.

 

OTRAS FOTOGRAFÍAS DE FECHAS POSTERIORES

Vista del Paseo desde un plano superior.

Concentración falangista.

A la derecha, Roque, un discapacitado muy conocido en Baena.

 

Listado de víctimas mortales de la represión en Baena durante la guerra civil

En 2013 edité la segunda edición de mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), una obra que vio la luz por primera vez en 2008. Desde entonces, al calor de mis nuevas investigaciones, he publicado en este blog varios artículos referidos a Baena que ampliaban o modificaban las informaciones que aporté en el libro. Un apartado que ha sido corregido en sucesivas ocasiones es el listado de víctimas de la represión franquista en la posguerra. Sin embargo, aún estaba pendiente la actualización de los nombres de las víctimas causadas por el franquismo durante la guerra, en la que destacan sobre todo dos grandes matanzas ocurridas el 28 y el 29 de julio de 1936 tras la entrada de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga en el pueblo. La puesta al día de esta información era necesaria, además, porque podría ser muy valiosa para los investigadores tras la aprobación en marzo de 2018, por el Comité Técnico de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, de las labores de “indagación, localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, si procediera” de los represaliados que posiblemente se encuentren inhumados en fosas comunes del cementerio de Baena.

El listado de víctimas de la represión franquista que publico a continuación, a pesar de la revisión y actualización de los datos, es una estimación mínima sujeta a futuras investigaciones. Ello se debe a que muchos de los asesinados entonces, en Baena y en España, son desaparecidos, ya que no se inscribieron nunca en los libros de defunciones de los registros civiles ni dejaron rastro documental alguno, por lo que nunca sabremos quiénes y cuántos eran y su identidad quedará borrada para siempre. Cualquier dictadura, de izquierdas o de derechas, siempre ha intentado ocultar los desmanes que han ejercido los suyos, y en esto el franquismo no fue una excepción, por lo que el descubrimiento de nuevas fuentes de información escrita u oral es vital para seguir tejiendo la historia de lo ocurrido y para que los historiadores podamos arrojar luz sobre los hechos.

Baena fue uno de los pueblos de Córdoba en el que la represión franquista resultó más elevada: al menos 369 vecinos perdieron la vida durante la guerra y otros 78 cayeron en la posguerra, lo que suma una cifra total de 447 muertos. En lo que se refiere a la represión republicana, no ha habido modificaciones respecto a lo que publiqué en mi libro de Baena: 99 víctimas, de las que 73 murieron asesinadas en el convento de San Francisco el 28 de julio de 1936. El hecho de que no haya habido cambios se debe a que durante la dictadura de Franco estas fueron las únicas víctimas que tuvieron derecho a la historia y a la memoria, así que todas se inscribieron en los registros civiles y en los informes oficiales y se las pudo enterrar dignamente, por lo que su identidad quedó por fortuna sobradamente documentada.

A continuación publico dos enlaces con los listados de los nombres de las víctimas mortales de la represión franquista y la represión republicana en Baena durante la guerra civil. Antes de su consulta, aconsejo la lectura de un texto introductorio colocado al principio, que es imprescindible para conocer los hechos y el contexto histórico en  que se produjeron.

La represión en Baena durante la guerra civil y la posguerra

Listado de víctimas de la represión franquista en Baena durante la guerra civil 

Listado de víctimas de la represión republicana en Baena durante la guerra civil

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los presos de Baena en la posguerra

Baena, tercer municipio cordobés en asesinados en los campos de exterminio nazis

Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil en Albendín en 1936

El testimonio de Antonio Cruz Navas sobre la matanza del 29 de julio de 1936 en Baena

El baenense Rafael Monroy Roldán, salvado de una condena a muerte en la posguerra

Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

 

La lista negra del 23-F en Córdoba

La Transición y la II República española presentan muchas similitudes históricas. Recordemos que tanto los cinco años de gobiernos republicanos hasta la guerra civil (1931-1936) como los cinco años del gobierno de Adolfo Suárez (1976-1981) fueron etapas de transición de la dictadura a la democracia –en un caso desde las dictaduras de Primo de Rivera, Bereguer y Aznar, y en el otro desde la del general Franco–, y durante estos periodos de cambio es muy frecuente que aparezcan tensiones e inestabilidad política y social. Por ejemplo, durante la Transición, que es considerada un modelo de convivencia entre españoles, entre finales de 1975 y finales de 1983 hubo más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas víctimas, 591 perdieron la vida, según el investigador Mariano Sánchez Soler. Por tanto, huelgas, manifestaciones, violencia política y social, atentados, contexto de crisis económica internacional (crack del 29 y crisis del petróleo de 1973), golpismo militar, extremismo político e involucionismo acompañaron a ambos periodos de nuestra historia reciente. La similitud histórica se aprecia también en la manera en que acabó la II República, con un golpe de Estado militar iniciado el 18 de julio de 1936, y en que la Transición posiblemente hubiera finalizado igual, con una etapa represiva y una dictadura, si hubiera triunfado el golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero Molina el 23 de febrero de 1981.

Durante la Transición (al igual que en la II República Española) los grupos militares golpistas fueron una de las mayores amenazas para la incipiente democracia. Culpaban a la democracia, entre otros males, de la legalización del partido comunista en abril de 1977, de la puesta en marcha del proceso autonómico, del terrorismo (ETA, por ejemplo, causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980) y de la inestabilidad política y social. Estos sectores militares contaban con el apoyo de la prensa ultraderechista, como el diario El Alcázar; de pistoleros encuadrados en grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A y el Batallón Vasco Español; y de agrupaciones políticas como Fuerza Nueva, liderada por el notario Blas Piñar.

Aun así, la fuerza electoral en aquel momento de la ultraderecha era ínfima y sus partidos políticos (incluida la Falange, que se presentó dividida) no llegaron a sumar el 1% de los votos en las primeras elecciones legislativas celebradas en democracia el 15 de junio de 1977. Es verdad que dentro de Alianza Popular, el principal partido de la derecha, fundado por siete ministros exfranquistas, también encontramos a sectores nostálgicos de la dictadura, pero su respaldo electoral también resultaba escaso, pues en las elecciones legislativas de junio de 1977 este partido alcanzó el 8,21% de los votos en España y el 9,32% en Córdoba. La primera intentona golpista seria durante la Transición se materializó en la Operación Galaxia en noviembre de 1978, que acabó con la detención de sus ideólogos antes de que pudieran llevar a cabo su plan. En mayo de 1980, los dos principales conspiradores, el teniente coronel Tejero y el capitán de la Policía Armada Ricardo Saénz de Ynestrillas, serían condenados en consejo de guerra a siete meses y seis meses de cárcel respectivamente, lo que les permitió continuar la carrera militar.

Tejero volvió a la carga al poco tiempo, el 23 de febrero de 1981. Cuando tras la dimisión de Adolfo Suárez se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de Gobierno, irrumpió en el Congreso al mando de unos 200 guardias civiles armados y secuestró a los diputados. Paralelamente, el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, sacaba los tanques a la calle en Valencia y decretaba el estado de excepción. Esa misma noche, después de horas de tensa espera y con medio país pegado a los transistores, el rey apareció en televisión apoyando el régimen constitucional, por lo que muchos militares dubitativos permanecieron al lado de la legalidad, y la intentona fracasó. El 27 de febrero se organizaron multitudinarias manifestaciones en las ciudades españolas en defensa de la democracia. Que sepamos, entre los militares implicados en la sublevación se encontraba al menos un cordobés, el capitán de la Guardia Civil Juan Pérez de la Lastra Tormo, nacido en Lucena en 1940. Fue condenado a tres años de cárcel y al salir del presidio llegó a alcanzar el grado de coronel en 1996. Curiosamente, su abuelo, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, también estuvo implicado en otro golpe de Estado, ya que fue quien impuso el bando de guerra en Lucena en la madrugada del 19 de julio de 1936 como comandante militar de la plaza.

Lista, con las personas a eliminar en Córdoba, reproducida de la revista Actual.

En caso de que el golpe militar del 23 de febrero de 1981 hubiera triunfado, la ultraderecha había confeccionado unas listas negras, provincia a provincia, con la intención de asesinar de manera inmediata a unas 3.000 personas comprometidas con la democracia y con la izquierda, según la información que publicó el semanario Actual el 20 y el 27 de agosto de 1982 con el título en portada de “Los que iban a morir el 24-F”. La lista había sido elaborada en diciembre de 1980, dos meses antes del golpe de Tejero, por las Milicias Populares Patrióticas, constituidas por elementos violentos escindidos de grupúsculos ultras como Fuerza Joven, Fuerza Nueva, Falange Primera Línea y Juventudes Nacional Revolucionarias. La revista Actual no llegó a publicar las listas de todos los nombres relativos a las ciudades de Madrid y Barcelona debido a su elevado número, aunque sí las del resto de España, incluida Córdoba.

En este aspecto de la elaboración de un plan previo y programado de eliminación de opositores políticos, los golpistas del 23 de febrero de 1981 siguieron una estrategia similar a los del 18 de julio de 1936. Estos últimos también habían tenido muy claro que la violencia sería el arma principal para asegurarse el éxito. De hecho, el 25 de mayo de 1936, dos meses antes del golpe del 18 de julio, las instrucciones secretas del “director” de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, a los otros militares implicados eran muy claras y no dejaban lugar a dudas: la acción habría de ser en “extremo violenta” y tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, un par de semanas antes del golpe de Estado, el 30 de junio, aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”.

Cartel del Partido Comunista de España con sus candidatos por Córdoba en las elecciones legislativas de 1977. Seis de ellos aparecen en las listas negras.

Las listas de los que iban a ser asesinados tras el 23 de febrero de 1981 incluían mayoritariamente a candidatos en las elecciones de 1977 y 1979, a miembros de las ejecutivas de los partidos izquierdistas y nacionalistas y a dirigentes de los sindicatos CCOO, UGT, USO y el nacionalista vasco ELA-STV. Junto a ellos aparecían larguísimas listas de literatos e intelectuales (Francisco Ayala, Antonio Buero Vallejo, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Amando de Miguel, Antonio Gala, Juan Marsé, etc.), músicos (Luis Eduardo Aute, Paco Ibáñez, Paco de Lucía, Raimon, Miguel Ríos, etc.), actores y directores de cine (Ana Belén, Aurora Bautista, Fernando Fernán Gómez, Juan Diego, Alberto Closas, Tony Leblanc, Juan Antonio Bardem, Pilar Miró, Antonio Mercero, Concha Velasco, Paco Rabal, José Sacristán, etc.), periodistas (Consuelo Álvarez de Toledo, Forges, Antonio Álvarez Solís, José Luis Balbín, Juan Luis Cebrián, Mercedes Milá, Raúl del Pozo, Fermín Bocos, Eduardo Sotillos, etc), compositores, escultores, humoristas y otros muchos. Bastantes de estos nombres es posible que se tomaran de los archivos de la antigua Brigada Político Social (la policía secreta encargada de perseguir a los opositores en el franquismo), pues existían estrechos contactos en aquel momento entre la extrema derecha y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En cuanto a políticos no izquierdistas, solo se incluía en la lista a Adolfo Suárez y al ministro de Interior Juan José Rosón (ambos de la UCD), y había también altos mandos militares comprometidos con el proceso democrático como los tenientes generales Gutiérrez Mellado y Quintana Lacacci, y el general Gabeiras Montero (estos dos últimos colaboraron en el fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero).

La lista negra de los que iban a morir de manera inmediata en España, como ya hemos señalado, rondaba las 3.000 personas. En Córdoba, incluía a 49 víctimas. De ellas, 44 tenían relación con la provincia porque aparecían como candidatos por la circunscripción provincial en las listas al Congreso de los Diputados y para el Senado en las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977. De otras cuatro desconocemos su vinculación con Córdoba y creemos que su actividad política se desarrolló en Sevilla, ya que fueron candidatos en las elecciones legislativas o municipales de esa ciudad o provincia en 1979. Por último, hay una persona de las que aparece en la lista, Sara Romero, de la que no hemos podido localizar ni su segundo apellido ni ningún dato de su actividad política o sindical.

Manuel Gracia, Antonio Zurita, Cristóbal Mesa y José Miguel Salinas celebran el triunfo del PSOE el 28 de octubre de 1982. Los tres últimos aparecen en la lista negra de Córdoba (foto Ricardo, Diario Córdoba).

Entre la relación de los cordobeses a eliminar, todos miembros de las listas al Congreso y al Senado que se presentaron a las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, se incluían a cinco de los siete candidatos del PSOE (todos menos el número uno al Congreso, Guillermo Galeote, que era de fuera, y Manuel Gracia) y a dos de sus tres senadores; toda la candidatura del PCE al Congreso y al Senado (salvo el número uno, Ignacio Gallego, que era de fuera, y Julio Anguita, alcalde de Córdoba); toda la candidatura de Unidad Socialista (la alianza del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván y el Partido Socialista Andaluz), encabezada por el periodista Pablo Sebastián para el Congreso; toda la candidatura del Frente por la Unidad de los Trabajadores (conformada por partidos ilegales en aquel momento como la Organización de Izquierda Comunista, de la que procedían los candidatos cordobeses); toda la candidatura del Frente Democrático de Izquierdas (en el que se integraba el aún ilegal Partido del Trabajo de España, de tendencia maoísta) y cuatro de los candidatos de la Alianza Socialista Democrática, una lista en la que aparecían miembros del PSOE (Histórico) que no reconocían la autoridad de Felipe González.

Es llamativa la ausencia en la lista negra de los cabezas de candidatura al Congreso por el PSOE y por el PCE cordobeses en 1977, pero quizás se deba a que pudieran estar anotados en la lista de Madrid, ya que residían allí. También es curioso que no se cite a Julio Anguita, número cinco de la candidatura del PCE en 1977 y alcalde de Córdoba tras las elecciones municipales de 1979; ni al catedrático Manuel Gracia Navarro, candidato al Senado por el PSOE. Posiblemente se deba a un despiste a la hora de anotar sus nombres, lo mismo que puede ser otro error el que se incluyan en la lista a cuatro sevillanos sin actividad política conocida en Córdoba. Tampoco encontramos en la relación a los que se presentan por primera vez en las candidaturas de la izquierda para las elecciones legislativas y municipales de 1979; ni a personas relevantes por su relevancia sindical, política y social durante aquellos años, a pesar de que activistas de similar perfil sí se incluyeron en las listas negras relativas a otras provincias. Esto quizás se explique porque las listas se elaboraron en Madrid por individuos ajenos a la realidad cordobesa, y que con probabilidad utilizaron, como única fuente de información para completarlas, los nombres de los miembros de las candidaturas de los partidos y coaliciones de izquierda que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado en 1977. Como esta era la primera hornada de represaliados, no verían problema en ir ampliando su número de manera más detenida en caso de que hubiera existido la posibilidad de hacerlo.

Aparte de las listas publicadas por la revista Actual, ignoramos si en la provincia de Córdoba existían otras listas negras en manos de elementos locales. En algunos pueblos se habla de que fue así, y de que también miembros de la ultraderecha se dirigieron aquellas tarde y noche a los cuarteles de la Guardia Civil (como ocurrió el 18 de julio de 1936) para ofrecer su apoyo en caso de que estas fuerzas respaldaran el golpe militar. Mientras tanto, muchos responsables de partidos y sindicatos de izquierda se dedicaron a destruir o esconder los listados de sus afiliados y otra documentación comprometedora para evitar que, si los golpistas triunfaban, esta información pudiera caer en sus manos y servir de base de datos para una futura represión, algo que ya había sucedido en 1936.

Las coaliciones y partidos a los que pertenecían los señalados en la lista negra cordobesa tuvieron una especial relevancia electoral durante la Transición. El PSOE, que siempre venció en las elecciones legislativas en la provincia, obtuvo el 33,82% de los votos en 1977, 30,12% en 1979 y 57,94% en 1982; el PCE, 16,49% en 1977, 19,11% en 1979 y 8,94% en 1982; Unidad Socialista (PSP y PSA), 3,66% en 1977, 9,97% en 1979 y 2,21% en 1982. Lo otros partidos de izquierda que aparecen en la lista negra constituían opciones minoritarias. Por ejemplo, el Frente Democrático de Izquierdas obtuvo solo el 1,15% de los votos en 1977.

La lista que publicamos a continuación incluye los 49 nombres relativos a la provincia de Córdoba que difundió la revista Actual el 20 de agosto de 1982, pero con algunas variaciones, ya que se han corregido errores en nombres y apellidos y se han añadido segundos apellidos o segundos nombres en bastantes casos. Los datos relativos a la actividad y militancia política y sindical son de elaboración propia, ya que la revista no incluyó esa información. Esta es la relación completa de los anotados por orden alfabético:

  1. Amaro Granados, Antonio, obrero de la construcción, miembro de CCOO, candidato nº 1 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977 y nº 1 por el MCA-OICE en 1979.
  2. Aparicio Lobo, Filomeno, abogado laboralista, miembro del Comité Central del PCE en 1976, candidato nº 4 al Congreso por el PCE en 1977 y al Senado en 1979.
  3. Aumente Baena, José, médico siquiatra y escritor, uno de los fundadores del Circulo Cultural Juan XXIII, PSA, candidato por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Senado en 1977 y nº 1 al Congreso por el PSA en 1979.
  4. Blanco Villarreal, Vicente, candidato nº 1 al Congreso por la Alianza Socialista Democrática en 1977.
  5. Caballero Castillo, Ernesto, obrero de la construcción, secretario provincial del PCE, candidato nº 2 al Congreso en 1977 y nº 3 en 1979.
  6. Cabanillas Delgado, Manuel, candidato nº 9 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  7. Camacho Lloriz, Matías, vendedor de prensa, senador por el PSOE en 1977.
  8. Campo Casasús, Carmen del, catedrática de enseñanza media, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT, candidata nº 4 al Congreso por el PSOE en 1977.
  9. Castrillo Castrillo, Elena, profesora de EGB, candidata nº 6 al Congreso por el PCE en 1977.
  10. Castro Sánchez, Pedro, empleado de banca, miembro de CCOO, PSA, candidato nº 6 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  11. Colmenar Rivero, Antolín, candidato nº 5 al Congreso por Sevilla por el PSOE (Sector Histórico) en 1979.
  12. Delgado García, Antonio, funcionario municipal, miembro de la dirección provincial de CCOO en 1977, PSA, candidato nº 4 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977 y nº 2 por el PSA en 1979.
  13. Díaz Tirado, Isidoro, maestro, candidato nº 5 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 5 por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  14. Díaz Jaro Romero, Luis, candidato nº 4 al Congreso por Alianza Socialista Democrática en 1977.
  15. Fernández Cruz, Emilio, obrero del metal, secretario provincial de la UGT en 1977, diputado por el PSOE en 1977, senador en 1979.
  16. Jiménez Delgado, Ildefonso, obrero de la construcción, miembro del Comité Central del PCE en 1976, dirigente de la federación de la construcción de CCOO en 1977, candidato nº 3 al Congreso por el PCE en 1977, candidato al Senado en 1979.
  17. López Gavilán, José, guía turístico, miembro del Comité Central del PCE en 1976, candidato al Senado por el PCE en 1977.
  18. López Rueda, Francisco, candidato nº 3 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  19. Luna Toledano, Antonio, obrero del campo, miembro del Comité Central del PCE en 1976, dirigente de la federación agraria de CCOO en 1977, candidato nº 7 al Congreso por el PCE en 1977.
  20. Márquez Moreno, Antonio, dirigente de la UGT provincial en 1977, miembro del Comité Provincial del PSP en 1977, candidato nº 3 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  21. Martínez Bjorkman, Joaquín, abogado laboralista, senador por el PSOE en 1977 y 1979.
  22. Mesa Rodríguez, Cristóbal, trabajador del campo, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT en 1977, candidato  nº 6 al Congreso por el PSOE en 1977 y nº 5 en 1979.
  23. Morilla Gil de los Ríos, Enrique, candidato nº 6 al Congreso por el PSOE (Sector Histórico) de Sevilla en 1979 y candidato a concejal en el mismo año.
  24. Muñoz Fernández, Guzmán Antonio, perito industrial, miembro del Comité Provincial del PSP en 1977, candidato nº 5 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  25. Nieto Alcántara, Alfonso, obrero de la construcción, miembro de CCOO, candidato nº 4 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977 y nº 3 por el MCA-OICE en 1979.
  26. Nieto Molina, Francisco, administrativo, candidato nº 2 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  27. Ojeda Moreno, José, candidato nº 8 al Congreso por el PSOE (Sector Histórico) de Sevilla en 1979 y candidato a concejal por Sevilla en el mismo año.
  28. Ortiz Atenciano, Francisco Alfredo, obrero del campo, miembro del sindicato CSUT (vinculado al PTE) en 1977, candidato nº 2 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977, miembro del SOC, candidato nº 2 al Congreso por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  29. Palomo Gil, José Luis, técnico de Correos, secretario de organización del PSP en 1977, candidato nº 7 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  30. Pérez Fernández, Felipe, empleado de Correos, candidato nº 4 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 4 por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  31. Pérez Ferrando, María Vicenta, profesora de EGB, candidata nº 3 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  32. Pérez Pérez, Manuel, profesor de instituto, candidato al Senado por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 1 al Congreso por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  33. Pérez Torres, Francisco Antonio, candidato nº 8 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  34. Prats Balaguer, Rosa María, trabajadora sanitaria, candidata nº 5 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  35. Pujol de la Llave, Emilio, médico, candidato nº 1 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y candidato a concejal del Ayuntamiento de Sevilla por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  36. Redondo Furriel, Mª Dolores, secretaria de información del PSP en 1977, candidata nº 8 al Congreso por Unidad Socialista (PSP y PSA) en 1977.
  37. Roldán Murillo, José Luis, abogado, candidato nº 7 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  38. Romero, Sara.
  39. Salinas Moya, José Miguel, abogado, candidato nº 5 al Congreso por el PSOE en 1977, diputado en 1979.
  40. Sánchez Mármol, Fernando, candidato a concejal del Ayuntamiento de Sevilla por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  41. Sebastián Bueno, Pablo César, periodista, PSA, candidato nº 1 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  42. Suárez García, Francisco, candidato nº 6 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  43. Torres García, Antonio, trabajador social, candidato nº 7 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  44. Ubera Jiménez, Dolores, profesora, candidata nº 3 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  45. Vallejo Rodríguez, Rafael, médico, secretario provincial del PSOE en 1976, diputado en 1977, senador en 1979.
  46. Ventura Limosner, Manuel, inspector de enseñanza, PSA, candidato nº 2 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  47. Vera Peláez, Paz, auxiliar administrativo, candidata nº 6 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  48. Zurita de Julián, Antonio, secretario provincial del PSP en 1977, candidato por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Senado en 1977.
  49. Zurita Morales, José, obrero, candidato nº 6 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.

 

El instituto Barahona de Soto de Lucena (1933-1939)

En 1931 el único instituto de enseñanza media que existía en el sur de Córdoba era el Aguilar y Eslava de Cabra. Los lucentinos que querían estudiar el bachillerato en su provincia solo tenían la opción de matricularse en este instituto, situado a ocho kilómetros, o en el Provincial de Córdoba capital, distante más de 70 kilómetros. Para evitar los gastos de transporte o de residencia en esas localidades, la inmensa mayoría de los estudiantes lucentinos se matriculaban como alumnos libres y solo se desplazaban allí para los exámenes finales. Mientras, durante todo el curso se preparaban el temario oficial de las asignaturas en las aulas del Colegio María Santísima de Araceli, una institución privada (y por tanto, de pago) regentada por los hermanos maristas en Lucena desde 1906 con alumnado interno y externo. La enseñanza era entonces un privilegio reservado a los sectores más adinerados, ya que las clases populares y trabajadoras carecían de medios económicos para costear la educación de sus hijos y la mayoría de los niños abandonaban la escuela a muy corta edad para trabajar y ayudar al sostenimiento familiar. Ello explica que en 1930 el analfabetismo afectara en España al 36,61% de los varones y al 48,14% de las mujeres, y que en 1931 solo el 3% de los matriculados en primaria accediera a la enseñanza secundaria, que solía comenzar a los diez años de edad.

La Segunda República Española, nacida el 14 de abril de 1931, intentó cambiar este panorama. El nuevo régimen político emprendió una reforma de la enseñanza que se manifestó en el incremento del presupuesto en educación, la creación de miles de aulas, el aumento de plazas para maestros y la implantación de un modelo de escuela laica, obligatoria, gratuita y mixta, en la que por primera vez convivían juntos niños y niñas. En su afán por universalizar el derecho a la educación y de acercar la cultura a los ciudadanos, el recién nombrado ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el republicano radical socialista Marcelino Domingo, manifestó su intención de inaugurar nuevos institutos de enseñanza media en las ciudades con gran número de escolares. Como uno de los anhelos de la sociedad lucentina era contar con un instituto, el abogado y alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte abordó este asunto con suma rapidez. El 28 de agosto, solo cuatro meses y medio después de que se proclamara la República, convocó a las “fuerzas vivas” y a diversas entidades en el Ayuntamiento con la intención de aunar esfuerzos para solicitar su apertura al Ministerio. La reunión resultó un éxito. Representantes de más de treinta organismos políticos, sindicales, lúdicos, culturales, religiosos y profesionales acudieron a la cita, según recoge el libro de actas de la comisión permanente del Ayuntamiento que se puede leer en este enlace.

Los asistentes a la reunión con el alcalde aprobaron por unanimidad solicitar al Ministerio la apertura de un instituto, al contar Lucena con alumnado y capacidad suficiente para ello. Se basaban en que albergaba una población escolar que rebasaba los seis mil niños en educación primaria, se situaba en el nudo de comunicación de otros pueblos importantes, contaba con más de 160 alumnos matriculados en enseñanza secundaria (130 en el colegio de los hermanos maristas y el resto en las hermanas carmelitas) y consideraban que el nuevo centro facilitaría el acceso a la educación a las familias humildes y al “elemento femenino”, ya que las “costumbres sociales todavía imperantes en esta ciudad” imposibilitaban el desplazamiento de las mujeres a otras localidades para estudiar. Para conseguir sus fines, los reunidos acordaron recabar el apoyo de los diputados cordobeses en las Cortes, nombrar una comisión que se desplazara a Madrid para reunirse con el ministro, ceder el palacio ducal de Medinaceli (situado al lado del castillo) para construir el edificio donde se asentaría el instituto y activar las gestiones para que este comenzara a funcionar en octubre en unas instalaciones provisionales.

Aunque las autoridades y la sociedad lucentina empezaron a movilizarse en el verano de 1931, hasta exactamente dos años después no aparecieron los decretos (23 de junio y 26 de agosto de 1933) que reglamentaban los nuevos centros de enseñanza media (institutos elementales, nacionales y colegios subvencionados) y fijaban las normas de colaboración entre el Ministerio y los ayuntamientos para su creación y sustento. El Consistorio de Lucena se afanó en cumplir los requisitos de la normativa oficial para alcanzar su objetivo. A principios de julio de 1933 aprobó ceder un local de la calle Mesoncillo (actual conservatorio de Música), en el que existían diez aulas de primaria, para sede del instituto. Además, a finales de mes, el alcalde Vicente Manjón-Cabeza se desplazó a Madrid para realizar gestiones al respecto ante el ministro de Instrucción Pública y convocó con posterioridad una reunión con los padres de familia. En ella se acordó informar al director general de 2ª Enseñanza de que el Ayuntamiento ofrecería un edificio, material y mobiliario gratuitos para instalar el instituto, locales para un internado, y daría “cuantas facilidades estime el Ministerio para conseguir que se cree en esta ciudad ese centro de enseñanza”. El alcalde mandó copia del escrito al diputado socialista cordobés Francisco Azorín Izquierdo, por si estimaba oportuno que una comisión compuesta por los padres de familia y una representación del municipio se trasladara a Madrid para entrevistarse con el ministro, el republicano radical socialista Francisco Barnés Salinas, quien a su vez visitaría Lucena el día 28 de agosto para conocer las instalaciones donde se asentaría el nuevo centro educativo.

Portada del Reglamento que regía la Asociación Pro Instituto de Lucena.

En el Decreto de 26 de agosto de 1933 del Ministerio de Instrucción Pública se barajaba ya la posibilidad de que se creara un colegio subvencionado en Lucena, no obstante un Decreto posterior de 14 de septiembre le otorgó un instituto elemental. Era una categoría superior que le permitiría impartir el ciclo completo de bachillerato, seis cursos, frente a los solo cuatro primeros cursos que se autorizaban en los colegios subvencionados. Para conseguir que la concesión del instituto fuera efectiva, el municipio debería aportar al Estado 25.000 pesetas. Como el Ayuntamiento carecía de fondos, el alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza citó a una asamblea a los padres de familia. Allí se decidió formar cuatro comisiones de padres y maestros encargadas de recaudar fondos para la causa. Sus integrantes pertenecían en buen número a clases acomodadas y a miembros de la derecha política y del Partido Republicano Radical, y su trabajo resultó tan fructífero que a finales de mes ya se había realizado en la Delegación de Hacienda el ingreso preceptivo de 6.250 pesetas, el importe del primer trimestre del curso, que podía pagarse a plazos. Se creó también una comisión (integrada por representantes del PSOE, el Partido Republicano Radical y la derechista CEDA, entre otros) para estudiar la constitución de un patronato pro instituto y redactar sus estatutos (el reglamento original se puede leer en este enlace), y en el Ayuntamiento comenzó la inscripción de matrículas que se prolongaría hasta el 10 de octubre de 1933.

Al igual que Lucena, otras muchas localidades españolas lograron por aquellas fechas contar con nuevos centros de enseñanza media. Lucena, Priego, La Rambla y Peñarroya serían los cuatro municipios afortunados en la provincia de Córdoba. Esta política de creación de nuevos institutos desarrollada por la II República en sus pocos años de existencia resultó un éxito. Permitió que solo entre 1933 y 1934 se crearan 97, de los cuales 20 eran institutos nacionales, 37 institutos elementales y 40 colegios subvencionados. El aumento de centros conllevó a su vez que la cifra de alumnos se elevara. Se pasó de 76.074 alumnos en 1930 a casi 125.000 en 1935, y creció también en porcentaje el número de alumnas matriculadas en enseñanza media (de un 27% en el curso 1932-1933 a un 35% en 1935-1936).

La inauguración oficial del curso en el instituto de Lucena, presidida por el gobernador civil, constituyó un gran acontecimiento social. Se realizó en la sede de la asociación Amigos del Arte (posiblemente en la calle Alcaide) el 16 de noviembre de 1933. Asistieron el director y el profesorado, el alcalde, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, el decano del colegio de abogados, notarios, el registrador de la propiedad y el director del vecino instituto de Cabra. La celebración terminó con un aperitivo y un baile.

Según relata Juan Palma Robles en su libro Lucena Marista (páginas 108-115), durante el primer año de existencia el instituto alcanzó cerca de las 200 matrículas, de las que un 10% correspondían a mujeres. La mayoría de este alumnado procedía de Cultural Lucentina, la denominación que tomó el colegio-internado de los hermanos maristas para acatar las Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de junio de 1933. Esta Ley impedía a las órdenes religiosas ser titulares de centros educativos a partir del 1 de octubre, así que estos centros se secularizaron. Es decir, se inscribieron a nombre de personas particulares o padres de familia aunque el profesorado y el ideario católico siguió siendo el mismo. Cultural Lucentina matriculó a sus alumnos de secundaria en el nuevo instituto como oficiales, y cada día, vigilados por tres o cuatro hermanos maristas, acudían a sus clases. Las relaciones de profesorado y alumnado de ambos centros lucentinos, el religioso y el estatal, resultaron armoniosas.

Juan Luna Pérez (tercero por la derecha), secretario de la Asociación Pro Instituto de Lucena en 1934.

En 2 de agosto de 1934 una comisión de lucentinos se trasladó a Madrid para conseguir del ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, que el instituto pasase de elemental a nacional, lo que le permitiría elevar su categoría, contar con nuevos profesores ayudantes y matricular a alumnos libres. La delegación, del más alto y variopinto nivel político, la componían el alcalde Vicente Manjón-Cabeza, Pedro Montilla Domingo y el dirigente de la derecha política Juan Luna Pérez (presidente y secretario respectivos de la Asociación Pro Instituto, legalizada el 9 de abril de 1934), el maestro nacional Pedro Álvarez Lozano, Juan Cuenca Burgos (lucentino y secretario particular en Madrid del ministro de la Gobernación), los diputados cordobeses Eloy Vaquero Cantillo y Francisco de Paula Salinas Diéguez (ambos masones y miembros del Partido Republicano Radical), y Miguel Cabrera Castro, diputado cordobés de la derechista CEDA.

Alumnado en el patio del instituto Barahona de Soto de Lucena.

El ministro les habló de la necesidad de ampliar el número de clases, dependencias y de laboratorios, algo que se ejecutó durante el mandato del nuevo alcalde de Lucena desde finales de octubre de 1934, Bernardo Fernández Moreno, del Partido Republicano Radical, que nombró una comisión de tres concejales para que ayudara a la Asociación Pro Instituto a conseguir el cambio de categoría del centro. También el Pleno municipal acordó en abril de 1935 adherirse a la propuesta del claustro de profesores y de la Asociación Pro Instituto para que se denominara Barahona de Soto, en honor del afamado escritor lucentino del siglo XVI, lo que fue aprobado por el Ministerio al mes siguiente.

El alumnado recibe clases de Educación Física en el instituto Barahona de Soto de Lucena.

Tras una inspección favorable, el instituto Barahona de Soto se convirtió en nacional por una Orden ministerial de 30 de diciembre de 1935. Jugó un papel importante en favorecer esta concesión Joaquín de Pablo-Blanco Torres, diputado del Partido Republicano Radical por Córdoba y ministro de la Gobernación entre septiembre y diciembre de 1935. Para celebrar la noticia la banda municipal de música recorrió las calles de Lucena el 7 de enero de 1936, al día siguiente de la publicación oficial de la Orden. Ejercía entonces como director del centro José Arjona López, profesor de Geografía e Historia, y de secretario el lucentino Bibiano Palma Garzón, profesor de Matemáticas.

Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la consiguiente guerra civil existían en la provincia de Córdoba los institutos de Córdoba, Cabra, Peñarroya, La Rambla, Priego y Lucena, unas localidades que quedaron desde el primer día (salvo Peñarroya, que cayó en octubre) en manos de los militares sublevados. En la España controlada por ellos se inició en el ámbito educativo la supresión del laicismo, la eliminación de la coeducación de alumnos y alumnas, la censura de los libros de texto, el cierre de numerosos centros de enseñanza creados por la República y la depuración del profesorado (en la provincia de Córdoba se sancionó el 31% del profesorado de enseñanza media y al menos al 19% de los maestros). El gran artífice inicial de esta política represiva fue el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán, presidente desde octubre de 1936 de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, el organismo que ejercía las funciones de gobierno en la zona franquista. La depuración del profesorado de enseñanza media de Lucena, que afectó a cuatro docentes (el 28,5 % de la plantilla), ya lo tratamos en una antigua entrada del blog, así que ahora nos centraremos en el cierre del instituto.

Debido a que Lucena estaba muy alejada de las líneas del frente de guerra, el instituto de Lucena siguió funcionando con relativa normalidad durante el curso 1936-1937, aunque las clases se desdoblaron: por la mañana se dedicaron solo a los alumnos y las de las tardes a las alumnas (para cumplir con la nueva normativa oficial que prohibía la asistencia conjunta a las clases de los dos sexos). Todo cambió a punto de comenzar el siguiente curso escolar, pues el de Lucena fue uno de los 34 centros de enseñanza media cerrados por una Orden ministerial de 14 de septiembre de 1937. La Orden afectó también a los de Priego y La Rambla, y a otros muchos institutos con posterioridad. Se justificó, entre otros motivos, en que eran prioritarias las necesidades económicas de la guerra y en que a causa de ella se había reducido el número de alumnos. Sin embargo, la clausura no era definitiva, sino “provisional y transitoria” y la Orden remitía a “lo que haya que resolverse respecto a este particular el día que se aborde la reorganización de la enseñanza”.

La decisión de las autoridades educativas franquistas cae como un jarro de agua fría en Lucena. Solo tres días después de la Orden de cierre, el 17 de septiembre de 1937, una comisión de padres de alumnos formada por José Antrás Duclós, Juan Luna Pérez, José García Pérez y Joaquín Ruiz de Castroviejo Aguilar se dirige al Ayuntamiento. Ante el alcalde, Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil, culpan a la Corporación de la clausura del centro “al no haber tomado medidas preventivas” para evitarla. Para revertir la Orden, proponen que una comisión integrada por un miembro del Ayuntamiento y otras “fuerzas vivas” realice un viaje a Burgos, donde tenía la sede el Gobierno franquista (Madrid aún se encontraba en manos de la República), para gestionar anta la Comisión de Cultura y Enseñanza la anulación del acuerdo, y que ese viaje lo pague el Ayuntamiento.

El Pleno municipal rechazó la solicitud de la comisión de padres alegando falta de presupuesto y que la gestión sería ineficaz. Se basaba en que aunque la supresión “es perjudicial para esta población”, se había tomado por la superioridad atendiendo “al interés general, que está sobre el interés particular, considerando además esta comisión gestora que los actuales tiempos no son como los que afortunadamente pasaron, que los actuales son de verdadera enjundia y recta administración que no cambia las decisiones que adopta con la mera visita de un personaje o personajes que en Comisión le pretendan modificar o anular los acuerdos que adopta”. Esta última afirmación de los gestores municipales veremos más adelante que tenía poco que ver con la realidad, pues serán precisamente las gestiones de “pasillo” y de “tapadillo”, de personas e instituciones relevantes, las que van a condicionar la corta existencia que aún le quedaba al instituto.

El periódico católico local Ideales, muy influyente en aquel tiempo, también se hizo eco de la supresión del instituto Barahona de Soto de Lucena y abogaba de manera contundente por su reapertura en la primera página de su edición del 20 de septiembre de 1937. Entre los múltiples argumentos que esgrimía, resaltaba que en “nuestro instituto ha dominado desde el primer día de su creación el espíritu católico y español”, que “la mayor y más selecta parte de sus catedráticos han sido de firmes convicciones cristianas y patriotas”, las buenas relaciones que había mantenido con el colegio religioso de los hermanos maristas, el “sentir derechista” de la mayoría del claustro y “la incorporación total y absoluta de Lucena al Glorioso Movimiento el mismo día 18 de julio” de 1936.

José Antrás Duclós, presidente de la Asociación Pro Instituto en 1937.

Como último recurso para lograr la reapertura del Barahona de Soto, el presidente de la Asociación Pro Instituto, José Antrás Duclós, se dirigió por carta a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado. El escrito de respuesta, publicado por el periódico local Ideales, llegó el 18 de octubre de 1937 de la mano del abogado Jorge Villén Écija. Este era oriundo de la vecina localidad de Rute y ejercía de secretario particular de José Mª Pemán, el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza. Al igual que hacía la Orden del 14 de septiembre, Jorge Villén justificó el cierre del centro por la economía de guerra. Sin embargo, recalcó que no era definitivo, por lo que “en un futuro, cuando se haga la reorganización total de la enseñanza y se creen Institutos verdad [sic] con su profesorado idóneo y sus materiales a propósito (bien distintos de esas parodias que se hacían), será la ocasión de trabajar para que Lucena –la de los dulces velones– tenga todo lo que se merece por su patriotismo y lealtad”.

La misiva del secretario particular de José Mª Pemán falseaba la realidad en la que había funcionado el instituto, pues de acuerdo con las investigaciones de Juan Palma Robles publicadas en 2006 en su libro Lucena Marista, el primer claustro de profesores, cuyo nombramiento apareció en la Gaceta de Madrid (1 de noviembre y 1 de diciembre de 1933), había reunido a un grupo de profesionales cualificados, la mayoría con una o dos licenciaturas universitarias. También la carta mentía en cuanto a los “materiales” con los que contaba el centro, pues disponía de capacidad para 600 alumnos, despachos, salón de actos para conferencias y proyecciones, salas de estudio, aulas específicas (Dibujo, Filosofía, Geografía, Matemáticas, Francés, Literatura y Latín), laboratorio de Física y Química, museo de Historia Natural y una biblioteca de dos mil volúmenes en la que destacaba la colección de clásicos latinos (en un momento en el que Lucena no disfrutaba de biblioteca pública).

José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado en 1937.

El 19 de octubre de 1937, al día siguiente de recibirse en Lucena la carta del secretario de José Mª Pemán confirmando el cierre del instituto, distintas personas, asociaciones y colectivos se reunieron y decidieron presentar una instancia en el Ayuntamiento. En ella solicitaban que en el presupuesto del próximo año se consignara “la cantidad de cuarenta mil pesetas u otra que a ella se aproxime como subvención al Instituto Barahona de Soto de esta ciudad”, ya que “la suspensión de seguro cesará el curso venidero —tenemos poderosas razones para esperarlo así— y es precisamente entonces, al reanudar su labor, cuando el Instituto más necesitará la cooperación y auxilio del Excelentísimo Ayuntamiento”. La petición iba encabezada por la firma del jefe local de la Falange, Miguel Álvarez de Sotomayor y Nieto-Tamarit, y más de sesenta personas y entidades, entre ellas varios sacerdotes y comunidades religiosas lucentinas, incluidos los hermanos maristas, según se puede leer en este enlace. El Ayuntamiento desestimó la petición el 19 de noviembre, basándose en que tendría que crear nuevos impuestos municipales para conseguir las 40.000 pesetas, pero añadía que en caso de reapertura del centro habilitaría una cantidad de dinero para su mantenimiento.

Al ser clausurado, solo quedó al frente del instituto el director, encargado de realizar el inventario de los materiales, el oficial de secretaría Juan Algar Danel y el portero Pedro Grádit Aranda. Durante aquellos meses, las instalaciones sirvieron para alojar a fuerzas militares de Artillería movilizadas para la guerra civil, lo que obligó al Ayuntamiento a aprobar gastos para reparaciones en pavimentos, retretes y puertas en marzo de 1938.

Tras un año cerrado, y ante la próxima llegada del nuevo curso escolar, Joaquín Ruiz de Castroviejo Aguilar, vocal de la Comisión Gestora del Ayuntamiento y miembro de la Asociación Pro Instituto, presentó el 25 de agosto de 1938 una moción. En ella lamentaba que la clausura del Barahona de Soto había originado que “suspendiesen sus estudios muchos jóvenes de las clases más modestas de esta población juntamente con otros perjuicios”. En consecuencia, pedía que se habilitara una cantidad suficiente de dinero para su futuro funcionamiento, lo que fue aprobado por el resto de los gestores municipales. Pocos días después, el 13 de septiembre, el jefe nacional del Servicio de Enseñanza Superior y Media, “ante la imposibilidad de acordar por el momento la situación definitiva del instituto de Lucena” propuso a la alcaldía que el Ayuntamiento, en colaboración con los padres de familia y otras entidades, organizara un colegio privado de manera provisional en las propias instalaciones del centro educativo.

Cuando se recibió este oficio en el que se proponía que el instituto de Lucena se reabriera como un colegio privado, hacía solo un par de semanas que por nombramiento de las autoridades militares había asumido la alcaldía Luciano Borrego Cabezas. Era un “camisa vieja” (militante falangista desde antes de la guerra civil) que había sido jefe provincial de la Falange en Málaga y estaba bien relacionado con las altas esferas del partido y del Gobierno. Contactó con un falangista significado, que a su vez lo hizo con Narciso Perales Herrero, delegado especial para toda España del secretario general de la Falange, Raimundo Fernández Cuesta, y ambos le abrieron el camino para posteriores gestiones en el Ministerio de Educación Nacional, que tenía la sede en Vitoria por causa de la guerra. Allí se desplazó, acompañado por Manuel González Aguilar, juez de primera instancia accidental y profesor ayudante interino de Derecho en el instituto en el curso anterior. El viaje lo hicieron en un coche que se les averió a la altura de Mérida, por lo que hubieron de continuar el recorrido en taxi, bordeando la zona central de España que se encontraba aún en manos de la República.

Ya en Vitoria, el alcalde y el juez lucentinos contaron con la ayuda de una serie de altos cargos del Ministerio de Educación Nacional, como José Pemartín Sanjuán (jefe nacional del Servicio de Enseñanza Superior y Media), el catedrático Carlos Sánchez del Río Peguero y otros. Con su apoyo, consiguieron que el instituto de Lucena se reabriera a pesar de que había otras treinta solicitudes similares de otras ciudades que se denegaron. El viaje costó 3.579,50 pesetas, una cifra abultada para la época. La exitosa gestión fue recibida con una enorme satisfacción por los gestores municipales, según consta en el libro de actas de pleno municipal del 6 de octubre de 1938. Tres semanas después, el 27 de octubre, la jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media nombraría a los nuevos docentes del instituto, nueve profesores y dos profesoras, cuyos sueldos serían pagados por el Ayuntamiento, sin ningún coste para el Ministerio de Educación.

La reapertura del instituto contó con dos obstáculos inesperados. Por un lado, la falta de apoyo del colegio de los hermanos maristas. Este centro religioso había funcionado como siempre, durante el año de cierre del instituto, con alumnado externo e interno que luego se examinó por libre en el instituto de Córdoba. El Ayuntamiento de Lucena, que era quien financiaba en su totalidad el Barahona de Soto, estaba convencido de que todo este alumnado del colegio marista volvería a matricularse en él como había ocurrido en los últimos años. Para conseguirlo, el alcalde Luciano Borrego, acompañado por su asesor en este asunto, el abogado Vicente Manjón-Cabeza —antiguo alcalde socialista, ahora reconvertido en falangista—, llegó incluso a visitar al director del colegio marista, el hermano Gerásimo (José Rodríguez Gómez), pero este se negó a matricular a su alumnado como oficial en el instituto. La respuesta no gustó a los munícipes, y Vicente Manjón-Cabeza amenazó con obligar a los estudiantes del colegio marista a hacerlo, pues la mayoría eran militantes del SEU —el sindicato estudiantil falangista— y por tanto en teoría debían obediencia a lo que dictaran sus mandos políticos. Eso no amedrentó al director, que siguió firme en su postura. La nueva normativa oficial ya amparaba a los centros de enseñanza religiosos privados, el director era consciente de ello y el colegio marista consiguió el reconocimiento oficial en enero de 1939, con prerrogativas iguales a las de cualquier instituto del Estado, lo que le permitió examinar al alumnado en sus propias instalaciones sin tenerlo que hacer, como hasta ahora, en otros centros educativos. Si el Barahona de Soto no se reabría, el colegio marista podría tener el monopolio de la enseñanza secundaria en Lucena —como en realidad lo mantuvo hasta que cerró sus puertas en 1964— sin la competencia de un centro público en el mismo municipio.

Junto a la falta de colaboración del colegio de los hermanos maristas, la reapertura del instituto Barahona de Soto de Lucena cuenta también con la oposición de la dirección y el claustro de profesores del instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Con suma rapidez, el 8 de octubre de 1938, deciden enviar una extensa carta, de casi cuatro páginas escritas a máquina, al ministro de Educación Nacional, Pedro Sainz Rodríguez, en la que incluyen distintas “observaciones” a la decisión ministerial de abrir el instituto lucentino. Su intención, según relataban, era “velar por los intereses de la enseñanza y que el nombre respetabilísimo e ilustre de vuescencia [se refieren al ministro] no se viera envuelto en enredos de política menuda de la del viejo estilo”.

Ángel Cruz Rueda, director del instituto Aguilar y Eslava de Cabra (1930-1942).

La carta, de la que se conserva copia en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (legajo 3.160-2), iba firmada por el director Ángel Cruz Rueda, quien tuvo una labor muy destacada en aquellas fechas. Durante la guerra civil ejerció tres funciones paralelas: alcalde (1936-1940), director del instituto (1930-1942) y presidente en la provincia de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional (1937-1939), el organismo encargado de depurar a los maestros cordobeses y de proponer las sanciones que les correspondían por su pasada actividad política, sindical, social, etc. Aparte, fue miembro de la comisión que estudió el proyecto de ley de reforma de la segunda enseñanza que había visto la luz en España una par de semanas antes, el 20 de septiembre. Era por tanto una persona con un peso muy importante en el ámbito político y educativo, e iba a hacer valer su poderosa influencia ante las autoridades.

Hasta la II República el instituto de Cabra era el único que existía en un pueblo de la provincia (desde el año 1847) y la apertura de otros centros de enseñanza media en el sur de Córdoba rompía su monopolio y suponía una enorme competencia a la hora de atraer al alumnado en una época en que su número era muy escaso. En la carta que Ángel Cruz Rueda envió al ministro se exponía, a través de múltiples ejemplos, que las relaciones con el Barahona de Soto siempre habían sido de cordialidad, e incluso elogiaba que “su profesorado, casi todo autóctono, (…) supo torcer  la mala voluntad con que fue creado por la República y amparó” a los hermanos maristas. Aun así, denunciaba que el instituto lucentino fue creado “por la funesta República” con la única intención de “despoblar” el colegio de los maristas, indicaba que su reapertura era un “privilegio concedido” a la ciudad de Lucena y se quejaba de que el Gobierno facilitara que el Barahona de Soto “determine el decaimiento de otro centro del nuevo Estado”, en referencia al instituto egabrense. La carta concluía pidiendo que, ya que la nueva ley educativa establecía la creación de demarcaciones territoriales de donde podía proceder el alumnado que se matriculara en un instituto, la de Lucena se redujera únicamente a su término municipal para que no perjudicara ni le restara estudiantes al instituto de Cabra, que así podría abarcar al resto de municipios del sur de Córdoba.

Tantas oposiciones e inconvenientes influyeron de manera determinante en el futuro inmediato del instituto Barahona de Soto, y una Orden de 5 de agosto de 1939 decretaba de nuevo su cierre “provisionalmente”. La reapertura había durado solo un curso escolar. El asunto se trató el 21 de agosto en un pleno municipal. En él, los gestores lamentaban “el mal que se produce al pueblo de Lucena con dicha disposición”, ya que el centro había tenido más de 250 alumnos matriculados, “los cuales son en su mayoría de clases modestas, y al quedar ahora clausurado, no podrán sin duda continuar sus estudios con igual facilidades que hasta aquí, por razón de índole económica de sus familiares, que les será imposible sostener la continuación de sus estudios en otras poblaciones fuera de su residencia habitual”. Además, se alegaba que el Ayuntamiento había realizado en los últimos años un “inmenso sacrificio en pro de la enseñanza”, costeando los gastos del profesorado, el personal administrativo y subalterno y comprando el edificio donde se alojaba el centro. Por todo ello, consideraban que “el mal producido habría de remediarse en parte” si la jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media asignaba a Lucena un instituto femenino, ya que había habido casi un centenar de muchachas matriculadas el curso anterior en el instituto de la localidad, y además en toda la provincia de Córdoba no se había autorizado ninguno.

La solicitud del Ayuntamiento se justificaba además en que Lucena era la localidad más grande de la provincia, con más de 30.000 habitantes, estaba rodeada de otros pueblos importantes y ya contaba con dos colegios internados para chicas regidos por religiosas (las Carmelitas de la Caridad y las Hijas del Patrocinio de María). Con la finalidad de defender la solicitud ante el Ministerio de Educación, el Pleno municipal libró una partida de 4.000 pesetas que servirían para trasladar a Madrid una comisión integrada por el alcalde Luciano Borrego, un representante de la Asociación Pro Instituto y al abogado Vicente Manjón-Cabeza. Para reforzar su petición, el Pleno aprobó también el 2 de septiembre de 1939 que el Ayuntamiento asumiría todos los gastos que originase el funcionamiento del instituto, de esta manera la Administración educativa evitaría cualquier gasto si se reabriese en un futuro .

Pedro Sainz Rodríguez, ministro de Educación Nacional (1938-1939).

Todas las gestiones cayeron en saco roto, pues no era solo una cuestión de dinero ni de austeridad económica lo que impedía la reapertura del Barahona de Soto, ni tampoco la falta de colaboración de los hermanos maristas o la oposición del instituto de Cabra, sino también la nueva política educativa que impuso la dictadura de Franco en toda España. El 1 de febrero de 1938 había sido nombrado ministro de Educación Nacional Pedro Sainz Rodríguez, monárquico y católico integrista. Obra suya fue la ya citada Ley de Bases para la Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938, que entre otras medidas depuró el sistema educativo republicano y cerró sus institutos, como ocurrió con el de Lucena, ya que consideraba que estos centros habían tenido como principal objetivo sustituir “la enseñanza dada por las órdenes religiosas”, a las que ahora se daba un trato privilegiado. La aplicación de esta Ley es lo que explica que en 1959 hubiera en España tan solo 119 institutos, 32 menos que en 1936.

La nueva Ley franquista de enseñanza media apostó por un modelo de enseñanza ideologizada, patriótica y nacionalcatólica, que significó el retraimiento de la escuela pública en beneficio de la escuela privada (mayoritariamente en manos de la Iglesia), en la que había que pagar para poder estudiar. Los datos oficiales así lo atestiguan de manera clara en el conjunto de la nación española. Si en el curso 1933-1934 el alumnado de bachillerato que asistía a centros privados era el 8,3 % del total, en 1940 había crecido hasta el 61,5 %. La cifra a favor de la enseñanza privada y religiosa continuaría elevándose sin cesar en la década siguiente. Entre 1940 y 1949 los institutos públicos descendieron de 53.702 a 36.206 alumnos, mientras los privados aumentaron de 104.005 a 132.697 estudiantes matriculados. En lo que se refiere a Lucena, tras el cierre del instituto Barahona de Soto en 1939, hubo que esperar hasta el curso 1973-1974 para que se pudieran impartir de nuevo en un centro público, el instituto Marqués de Comares, los estudios de bachillerato.

Nota: Las dos fotografías de alumnos que ilustran esta entrada del blog (por desgracia publicadas en su momento con mala calidad) se han extraído de Juan Palma Robles, “El Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Barahona de Soto”, en Crónica de Córdoba y sus pueblos XVI, Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, Córdoba, 2009.

Caridad y obras públicas en Lucena en 1927

Antonio Víbora Blancas, jefe de la Unión Patriótica en Lucena en 1927.

El 11 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado contra el gobierno constitucional e instauró una dictadura, inspirada en el fascismo italiano, que pervivió hasta más allá de su dimisión el 30 de enero de 1930. Durante su mandato se creó un partido único de derechas, la Unión Patriótica, sin un programa definido y con la única función de servir de soporte social al gobierno. La dictadura se aprovechó de la buena coyuntura económica internacional de los años veinte y además, para financiar las arcas del Estado, recurrió a la emisión masiva de deuda pública, los presupuestos extraordinarios y los empréstitos, lo que le permitió disponer de fondos para desarrollar un programa de fomento de la economía y de las infraestructuras públicas que también alcanzó a Lucena.

Rafael Linares Montilla, alcalde de Lucena en 1927.

Durante el mandato de Rafael Linares Montilla como alcalde de Lucena, el 30 de noviembre de 1927 la revista Actualidades, editada en Córdoba, publicó un largo reportaje sobre la ciudad. Lo encabezaba con el título de “De la España que nace. Las rutas de las actualidades. Lucena”. En sus páginas, defensoras de la dictadura de Primo de Rivera, aparecían de manera propagandística y con profusión de datos y fotos las labores que realizaban en aquel momento la asociación Caridad y Patriotismo y el Ayuntamiento de Lucena. La asociación Caridad y Patriotismo dependía de la Unión Patriótica, que en ese momento estaba presidida por el abogado y propietario Antonio Víbora Blancas, futuro alcalde desde el 22 de diciembre. La asociación se dedicaba a labores benéficas y asistenciales como la protección a la infancia, comedores populares, asistencia sanitaria, actividades de enseñanza, etc. Su referente espiritual era el lucentino fray Alonso de Jesús Ortega, general vitalicio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, fundador y restaurador de 61 hospitales en Europa y América durante el siglo XVIII.

El comedor popular de Lucena.

En 1927 las dos actividades más importantes de Caridad y Patriotismo en Lucena eran, por un lado, la cocina y los comedores populares y, por otro, la gota de leche. Estos organismos se situaban en el palacio ducal de Medinaceli —una propiedad adquirida por el Ayuntamiento dos años antes a los duques de Híjar—, que se proyectaba derribar en parte para convertirla en aulas escolares y en una plaza de abastos. En el comedor se repartían a diario setecientas raciones de comida a precios rebajados. La ración de caldo costaba cinco céntimos, la de cocido sin carne 55 (30 con ella y tocino), el kilo de pan valía 55 céntimos y se vendían al costo el aceite, el jabón y otros productos en una época en la que el sueldo diario de un jornalero rondaba las tres pesetas (166,386 pesetas equivalen a un euro). El comedor, aparte de ofrecer raciones de comida a precios asequibles, evitaba las muertes por hambre que habían sido tan frecuentes en años anteriores entre la población lucentina. De la cocina y los comedores populares dependía la gota de leche, donde se expendían latas de leche condensada a 1,40 pesetas que podían ser adquiridas por los más necesitados para la alimentación infantil con una rebaja de 35 céntimos. Al frente del despacho de la gota de leche se hallaban a diario los concejales Juan Molina Arévalo, José Serrano Rivera y Francisco Algar Plaza.

La revista Actualidades exaltaba “la intervención de la mujer en toda esta obra” de la asociación Caridad y Patriotismo, señalando que “las lucentinas, todo amor y caridad, contribuyen con su trabajo y personal asistencia a realizar estas obras de misericordia. Acuden, y sirven en el Comedor de Caridad y en todo momento se las encuentra dispuestas para contribuir a estas manifestaciones caritativas y nobles”. El Apostolado de Damas, una organización de mujeres católicas de clase acomodada, se encargaba de prestar su ayuda tanto en la cocina como en el comedor popular.

Sala de operaciones de la Casa de Socorro.

En el campo de la atención médica y sanitaria, uno de los servicios municipales que existían en Lucena y aún no en Córdoba era la farmacia municipal. Funcionaba desde el 24 de abril de 1926, regentada por el farmacéutico Jesús Sánchez Diezma y el auxiliar Fernando Flores Alba, que ocupaban su puesto por concurso. La farmacia ofrecía medicinas a los más necesitados de manera gratuita o a precios rebajados, y además albergaba un laboratorio para análisis clínicos. También, unos meses antes de la farmacia, el 25 de julio de 1925, se había creado la Casa de Socorro. Contaba con sala de espera, de cura y operaciones, autoclave (esterilizador), aparatos, horno de cremación, despachos para los médicos y dos habitaciones en el piso alto para ingresar a los enfermos que no podían ser trasladados. La Casa de Socorro estaba atendida por el médico director Aurelio Amaro Pérez, los médicos titulares Juan Ruiz de Castroviejo, Joaquín Montilla y José Vázquez, y los practicantes Francisco Hurtado Calvillo y José Morillo Ruiz.

Depósito en construcción para recibir el caudal de agua de Cañada de Cartas.

Las labores de construcción de saneamientos proliferaron en el año 1927 en Lucena. En el mes de septiembre se terminaron las obras de alcantarillado general, que alcanzó una longitud total de 17.000 metros. Para su construcción se emplearon a miles de obreros, lo que palió en parte la situación de paro crónico que sufría buena parte de los trabajadores lucentinos. A la vez que el alcantarillado, se acometió la construcción de tuberías conductoras de agua desde Cañada de Cartas, un yacimiento recientemente descubierto en las estribaciones de la Sierra de Aras. Por ello, las obras de pavimentación de calles estaban detenidas en aquel momento, a la espera de la instalación subterránea de 17.000 metros de tuberías de agua potable. Aun así, se estaban adoquinando uno de los sectores de la Ronda, el sector de la carretera de Córdoba a la salida del pueblo, y se andaba construyendo una nueva carretera desde Las Fontanillas a la estación ferroviaria con intención de asfaltarla. En el ayuntamiento se edificaron dos dependencias de nueva planta y un patio con ornamentaciones de mosaicos, y había un proyecto para levantar al año siguiente nuevas dependencias con destino a oficinas. Por último, se repobló de arboleda el antiguo Paseo Viejo.

Explanada exterior del cementerio en obras para convertirla en jardín.

Una de las obras más importantes de remodelación de espacios públicos lucentinos se acometió durante el verano de 1927, por cientos de obreros, en el cementerio de Nuestra Señora de Araceli, al que se dotó de luz eléctrica. Se pretendía además convertir su explanada exterior en un jardín, cercada por árboles y asientos, y diseñar calles de entrada y salida para carruajes. Además, se construyeron de nueva planta casas para el capellán y el guarda, y una nueva capilla. Dentro del camposanto, la iniciativa más relevante consistió en el saneamiento del subsuelo y en un dragado de tres metros y medio de profundidad. La fosa común, donde se realizaban los enterramiento sin caja por los más humildes, desapareció y se sustituyó por cientos de bovedillas individuales de cemento para “que los pobres de solemnidad descansen en sueño eterno sin diferencias con los pudientes”, según relataba la revista Actualidades.

En el ámbito educativo y cultural, en 1927 se crearon, equipadas “con material pedagógico novísimo”, dos nuevas escuelas en locales cedidos por el propietario agrícola Antonio Córdoba Cabeza en la aldea de Las Navas del Selpillar. Asimismo, la asociación Caridad y Patriotismo tenía organizado por los numerosos cortijos de la zona un servicio de enseñanza itinerante a cargo de maestros subvencionados por el Ayuntamiento y existía una biblioteca popular ambulante para uso de todo el vecindario. En cuanto a instituciones artísticas, el Coro Lucentino, dirigido por el profesor de piano Rafael Mata Varo, era la más importante, pues contaba con más de cien afiliados mayores y menores de edad.

Reparto de raciones de comida a los pobres en la Cocina popular, presenciado por las voluntarias del Apostolado de Damas y los concejales.

Una de las calles de Lucena (posiblemente Mediabarba) antes de su arreglo.

Una de las calles de Lucena arregladas (posiblemente Arévalo). Se observa el acerado, el pavimento y la hilera de árboles a ambos lados.

 

Interior de uno de los dos grandes depósitos, construido al Este de Lucena, para recibir las aguas de los caudales de doña Elvira Casas Cabello y Cañadas de Cartas.

Depósito depurador, fosa séptica y campo bacterial construido al Norte de Lucena.

Obras de construcción de grupos cuadrados de bovedillas en el cementerio.

Descubrimiento de un pozo cegado con cadáveres en el lugar de construcción de bovedillas para los pobres en el cementerio.

Vista exterior de la capilla del cementerio.