Una lista negra es una relación de personas que por algún motivo están excluidas, discriminadas o vetadas. Desde que apareció el movimiento obrero en el siglo XIX, determinados patronos se pasaban entre ellos o a través de sus asociaciones listas negras de trabajadores a los que, debido a su ideología política o su militancia sindical, se recomendaba no contratar con la intención de doblegarlos por el hambre. En la Guerra Civil española se relacionaba casi siempre una lista negra, tanto en zona republicana como en zona franquista, con personas que debían ser investigadas, encarceladas o fusiladas. Es muy difícil descubrir una lista negra original, porque era un documento privado o administrativo que pasaba de mano en mano con una finalidad poco ética e ilegal, y que por tanto se quería mantener oculto ante los ojos de los ciudadanos.

Este capítulo analiza una presunta lista negra encontrada en Lucena. Es un folio doblado formando cuatro carillas en las que aparecen 49 personas identificadas por nombres, apodos u otras referencias. Están clasificadas por tres ideologías: 27 socialistas, cinco sindicalistas (anarquistas) y 17 comunistas. La lista se encontraba en una carpeta de papeles personales del abogado Rafael Ramírez Pazo que me entregó su hija Araceli a principios de 2016. La carpeta contiene recortes de prensa, octavillas políticas, correspondencia, informes, escritos y documentación variada fechada en la época de la II República (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939) y los comienzos de la dictadura de Franco.

Rafael Ramírez Pazo, en el centro, presidente del Partido Republicano Radical, acompañado de la junta directiva en 1933.

El poseedor de la lista, el abogado Rafael Ramírez Pazo, había nacido en Priego de Córdoba y se asentó en la casa número 6 de la calle San Pedro de Lucena al casarse con una lucentina perteneciente a una familia de ricos propietarios agrícolas. Desde que se proclamó la República en 1931, Rafael Ramírez participó en actos de propaganda del Partido Republicano Radical, una organización republicana de la que llegó a ser presidente local el 12 de octubre de 1933. Un año después, el 22 de octubre de 1934, se convirtió en primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena, cargo que mantuvo hasta enero de 1936. En esta misma fecha, el sector más centrista del Partido Republicano Radical se escindió, descontento con su ideario político cada vez más derechista, y creó una agrupación republicana autónoma, en la que Rafael Ramírez ejerció de secretario local.

Al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, Rafael Ramírez Pazo, que entonces tenía 30 años, se encuadró en la Compañía de Voluntarios de Lucena, una organización de civiles con estructura militar que tenía la función de colaborar esporádicamente, en los primeros cuatro meses de la guerra, en el sometimiento de las localidades vecinas que permanecían fieles a la República. Durante la contienda quedó militarizado como alférez jurídico militar, y el 30 de marzo de 1939 se incorporó a la Auditoría de Guerra en Linares (Jaén), donde ejerció de juez instructor, secretario, fiscal y defensor en consejos de guerra. Tras esta labor, a principios de la década de los cuarenta del siglo pasado abandonó Lucena y se asentó definitivamente en Sevilla capital.

La lista a la que nos referimos no lleva firma ni fecha, ni nada que delate su procedencia o intención. Rafael Ramírez la guardaba entre sus papeles, pero él no la redactó, pues no es su letra. Por su caligrafía y las faltas de ortografía que contiene, hubo de ser escrita por alguien de poca formación académica, y que desde luego conocía muy bien el mundo sindical de Lucena, una localidad que en 1936 rondaba los 30.000 habitantes. Ignoramos por qué esta lista estaba entre los papeles de Rafael Ramírez y quién se la dio, o si la tenía escondida. Si la archivó, es porque no la entregó a nadie para que la utilizara, a no ser que hubiera más copias, o quizás la guardó después de que hubiera sido usada por alguien. En cuanto a la finalidad de la lista, hemos de hacer suposiciones. Casi con absoluta seguridad podemos afirmar que se redactó durante los primeros días de la Guerra Civil, o en días anteriores, y que poseía una intencionalidad represiva. Si la lista se hubiera elaborado durante la II República, y hubiera tenido como objetivo que los patronos y empresarios lucentinos la manejaran para no contratar a los que aparecen en ella, no encontraríamos referencias a las madres de algunos de los nombrados ni a trabajadores por cuenta propia que no dependían de que les dieran un empleo para poder subsistir.

El motivo más contundente que nos lleva a pensar que la lista se redactó durante los días inmediatamente anteriores o posteriores al 18 de julio de 1936 y que tenía una finalidad represiva (es decir, investigar, detener o matar a los señalados) es que algunos de los apuntados en ella o sus familiares acabaron fusilados. En Lucena triunfó el golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio y durante los tres años de guerra permaneció ya en zona franquista. Por tanto, la lista posiblemente se elaboró con la intención de actuar contra los militantes más destacados o conocidos de los sindicatos obreros lucentinos en cuanto se produjera la sublevación militar, pues la represión comenzó con suma rapidez. Entre el 18 y el 19 de julio no menos de 200 personas fueron encarceladas y hubo que habilitar hasta seis cárceles para albergar al creciente número de presos (cuartel de la Guardia Civil, depósito municipal de la plaza del Coso, “La Higuerilla” en la calle Quintana, el convento de San Agustín y el de los Padres Franciscanos, y la plaza de toros). No olvidemos que el director de la conspiración militar en España, el general Emilio Mola Vidal, ya había advertido a los militares conjurados el 25 de mayo, dos meses antes del golpe de Estado, que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que “serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

Desconocemos quiénes eran la mayoría de las 49 personas de la lista, e investigar sobre ellas resulta muy difícil. En principio, porque en Lucena se quemó en los años setenta del siglo pasado, en bidones prendidos con gasolina, toda la documentación (menos los libros de actas de los plenos) que se conservaba en el Ayuntamiento relativa a la II República, la Guerra Civil y la primera posguerra, así que por desgracia no podemos rastrear una posible información sobre los miembros de la lista a través de la correspondencia municipal, los oficios de huelga, los informes de mítines, las listas de presos del depósito municipal u otras fuentes documentales de ámbito local.

Otro obstáculo para indagar sobre la lista es que no sabemos la identidad de todas las personas asesinadas en Lucena durante la Guerra Civil. Muchas no dejaron ningún rastro documental, por lo que ignoramos si en el listado aparecen fusilados que no tenemos registrados hasta el momento. Cualquier dictadura, de izquierdas o de derechas, intenta siempre borrar las huellas de sus desmanes, y en esto el franquismo fue un ejemplo. La fuente histórica fundamental para el recuento de los fallecidos en un periodo histórico reciente son los libros de defunciones del Registro Civil, sin embargo muchos de los fusilados por los franquistas no se inscribieron nunca en él debido a las trabas burocráticas, el miedo o el desconocimiento de las familias, o porque estas emigraron de la localidad.

Casi la mitad de los fusilados en el municipio de Lucena durante la guerra no se anotaron nunca en el Registro Civil. Su identidad solo se ha podido rescatar gracias a las investigaciones de los historiadores —en este caso de Francisco Moreno Gómez, que se remontan a publicaciones de 1982, y las mías desde 1997— y sobre todo gracias al testimonio de las familias de los represaliados o de quienes los conocieron. La labor de identificación será cada vez más difícil debido a que los descendientes de las víctimas van muriendo y las nuevas generaciones suelen perder la memoria de lo que les ocurrió a sus antepasados, llegando a ignorar incluso cómo se llamaban. En consecuencia, todos estos obstáculos, que también se encuentran en el resto de España, impiden establecer las cifras exactas de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena.

En la lista, que se puede leer en este enlace por orden alfabético, aparecen 49 lucentinos, bastantes con el apodo al lado, lo que indica que pertenecían a familias trabajadoras y humildes, pues las personas pudientes o acomodadas no solían tener apodo y siempre se las citaba con el “don” por delante. Los nombres están ordenados por tres ideologías, como ya dijimos, y el grupo mayor lo constituyen 27 socialistas. Uno de ellos es el jornalero Francisco Antonio Cabeza Martínez “El Chivo”, de 39 años, cuyo segundo apellido lo anotan en el papel de manera errónea como Martín. De él sabemos con certeza que cayó fusilado junto a otras 24 personas en el cementerio de Lucena en la noche del 18 al 19 de agosto de 1936, un mes exacto después del golpe de Estado, según consta en el Registro Civil y nos confirmó su hija en 1997. Se cita además en la lista a Pedro Jiménez Maíllo y su madre, apodados “Los Pinonos”. No sabemos si este Pedro pudiera ser hermano de Antonio, con iguales apellidos, un jornalero de 23 años afiliado a la socialista Sociedad de Agricultores, fusilado junto a su hermano Carlos, de 26 años. Ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil como fallecido y hemos sabido de su identidad por testimonios orales. El padre de ambos, Antonio Jiménez Galán, que estuvo preso en 1936, murió al día siguiente de ser liberado a consecuencia de las palizas que sufrió en el cuartel de la Guardia Civil.

Otro de los socialistas es el jornalero José Román del Espino, que aparece junto a su hermano Tomás. José, de apodo “Pelones” o quizás “Melones”, había sido detenido durante unos días tras la huelga de campesinos y albañiles de abril de 1933 en Lucena, pero es una incógnita la suerte que corrió en 1936, cuando tenía 23 años de edad. Muchas menos referencias existen del resto de los socialistas del listado, como por ejemplo de Antonio Reyes León y Antonio Reyes Villa, apodados “Los Yeseros”, que con probabilidad sean padre e hijo. Con este apodo se conocía también a la familia del primer alcalde republicano de la aldea lucentina de Las Navas del Selpillar, Antonio Cortés Gallardo, quien al producirse el golpe de Estado se había visto obligado a huir para salvar su vida. En la posguerra sufrió una condena de 12 años de cárcel que luego le conmutarían por tres. Antes, en 1936, habían fusilado en Lucena a su hijo Ramón, de 18 años (no está inscrito en el Registro Civil), y otro hijo, Juan Antonio, había muerto luchando en Villa del Río como sargento del Ejército republicano. Ignoramos si estas dos familias de “Los Yeseros” tenían algo en común.

Rafael Calvillo Rodríguez, uno de los jefes de la Policía Municipal.

Entre los socialistas también se señala en la lista a “los dos jefes de día de los municipales”, sin especificar sus nombres. En 1936 ejercían de jefes de la Policía Municipal Rafael Calvillo Rodríguez y Francisco Nieto Córdoba. Ambos fueron depurados y expulsados del cuerpo de empleados municipales nada más comenzar la guerra. Un bisnieto de Rafael Calvillo Rodríguez nos ha asegurado que era socialista y que al comenzar la guerra fueron a buscarlo a su domicilio para detenerlo (vivía en una casa de vecinos de la actual calle Párroco Joaquín Jiménez Muriel), pero pudo escapar por una ventana. Se escondió en la sierra hasta que su hermana Carmen, empleada en una bodega, intercedió por él ante un señorito, lo que le permitió regresar a Lucena sin que lo molestaran. A partir de aquel momento se ganó la vida trabajando de zapatero.

A la izquierda, Francisco Nieto Córdoba. El de al lado podría ser el guardia Joaquín Corpas Aranda.

Gracias al testimonio enviado por su nieto Lluís del Espino desde Barcelona, hemos conocido que Francisco Nieto Córdoba, el otro jefe de municipales que aparece en la lista, acabó detenido. Era socialista al igual que sus hermanos Joaquín (guardia también) y Manuel. Tenían relación familiar con el concejal socialista Antonio Palomino Luque, al que fusilaron, ya que era primo de su abuelo. Francisco fue detenido a los pocos días del golpe de Estado en el ayuntamiento, aunque no permaneció en la cárcel más de uno o dos días, pues su mujer, Juana Lara García, acudió al doctor Juan Ruiz de Castroviejo, con el que tenía cierta amistad ya que era costurera y le hacía los vestidos a su esposa. Ambos fueron al ayuntamiento y consiguieron que lo soltaran, utilizando como principal argumento que Francisco era hermano de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras liberarlo, la familia marchó al cortijo La Campana de Moriles para trabajar. En el año 1944 regresaron a Lucena, donde permanecieron hasta que en 1963 emigraron a Barcelona.

Manuel Jiménez Ruiz, Jeringuito, fusilado el 18 de agosto de 1936.

Tras el socialista, el siguiente grupo que aparece en la lista es el de cinco sindicalistas, el nombre también se daba en aquella época a los anarquistas. Dos acabaron fusilados con seguridad: el tabernero Manuel Jiménez Martínez, conocido con el apodo de «Jeringuito», de treinta y tantos años (no inscrito en el Registro Civil), y el panadero Diego del Pino García, de 36 años. Ambos murieron en la saca de la noche del 18 al 19 de agosto, en la que cayeron en la fosa común del cementerio unas 25 personas. Hay otro anarquista en la lista, Francisco Mora Ramírez «Trócola», que pudiera ser un fusilado. Hasta este momento creíamos que el asesinado era de segundo apellido Luna y que trabajaba como empleado en la caseta de arbitrios. Sin embargo ahora nos queda la duda de si el fusilado fue uno u otro, ya que ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil y no poseemos ningún dato más sobre ellos.

Juan Aranda Vida, fusilado el 11 de noviembre de 1936. Su hermano Antonio está incluido en la lista.

Uno de los anarquistas que aparece es Antonio Aranda Vida. Gracias al testimonio de su sobrina Juani Porras, residente en Barcelona, sabemos que se encontraba en el Ejército cuando comenzó la guerra. Esto le permitió evitar la represión a pesar de su ideología izquierdista, pero fueron a buscarlo varias veces a su domicilio para detenerlo y llamaron a declarar sobre su paradero a su hermana Ángeles. No pudo escapar de la muerte su hermano Juan, zapatero de 29 años. Según creíamos hasta ahora, a Juan lo habían sacado a las cinco de la mañana del 5 de agosto de 1936 del convento de San Agustín, que había sido convertido en prisión por las autoridades militares, con cinco jóvenes comunistas más que no sobrepasaban los treinta años y que iban atados de dos en dos con alambres. Después los subieron en un camión y los mataron en el paraje de la Alameda de Cuevas, situado en la carretera de Monturque. De los seis, solo uno aparece inscrito en el Registro Civil como difunto, Antonio Maíllo Torres, gracias a que su hermana Dolores inició en 1984 un expediente judicial —del que me entregó copia en 1997— para la inscripción fuera de plazo de su fallecimiento. En él se incluían los testimonios de varios testigos que aún vivían (un carcelero, un compañero de celda y de una persona que vio los cadáveres) y que aportaron las circunstancias de la muerte y la identidad de las cinco víctimas restantes. Esta versión de la muerte de Juan Aranda era la que teníamos hasta ahora. Sin embargo, los expedientes de la Prisión Provincial de Córdoba que pasaron hace poco al Archivo Histórico Provincial la desmienten, pues aparece como ingresado junto a otros lucentinos en la cárcel de Córdoba el 11 de noviembre de 1936 y sacado con esa misma fecha, lo que indica que fue trasladado desde la prisión de Lucena hasta allí para fusilarlo en ese día, y no en el que indicamos al principio.

Araceli Rubio Martínez sufrió un simulacro de fusilamiento. Su hermano Antonio aparece en la lista.

La lista termina con 17 vecinos calificados de comunistas. Entre ellos está Antonio Infante Varo, portero del instituto Barahona de Soto, detenido el día 2 de agosto de 1936 y del que ignoramos su destino final. Otro es Antonio Maíllo García “El Carloto”, que había sido detenido en abril de 1933 por formar parte de un piquete en una huelga de campesinos y albañiles. Por las mismas razones, en esta misma huelga detuvieron a Enrique, hermano de Nicolás Lavela Hurtado, otro de los consignados en la lista del que carecemos de más referencias. De la relación de 17 vecinos comunistas es seguro que murió el peluquero Antonio Rubio Martínez, conocido como “Rubio Montoya”. Fue un dirigente del partido comunista, fundado en Lucena el 21 de marzo de 1936, y participó en mítines y actos electorales. Lo fusilaron el 5 de agosto en la Alameda de Cuevas, en una saca colectiva de cinco jóvenes comunistas a la que nos hemos referido con anterioridad. A los pocos días mataron en el cementerio a su hermano Domingo, de 16 años, en la saca colectiva de 25 personas del 19 de agosto de 1936. Ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil y solo pudimos recuperar sus nombres gracias a testimonios orales. Su madre y su hermana Araceli también padecieron la represión. Las encerraron en la plaza de toros, sede del cuartel del Escuadrón de Caballistas Aracelitanos, donde sufrieron un simulacro de fusilamiento.

Es evidente que recomponer la historia de los lucentinos que aparecen en la lista ha sido una tarea complicada. De hecho, solo hemos logrado dar norte de una mínima parte de las 49 personas que se nombran. Como ya hemos señalado, la destrucción de la documentación del Archivo Histórico Municipal de Lucena y las carencias que presenta el Registro Civil en cuanto a la inscripción de las víctimas mortales de la represión franquista son unos impedimentos difíciles de superar.

No obstante, en el caso hipotético de que esta lista negra hubiera sido redactada por los republicanos para ejercer la represión sobre los franquistas, la labor de investigación hubiera sido mucho más fácil. En primer lugar, porque los asesinados por los republicanos se anotaron en los registros civiles como muertos “gloriosamente por Dios y por España”, según una Orden de 24 de abril de 1940, y sus nombres se inscribieron en las lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de las iglesias (de acuerdo con un Decreto de la Jefatura del Estado de 16 de noviembre de 1938) y en los informes oficiales que se conservan en los archivos históricos de los ayuntamientos. En segundo lugar, porque por el Decreto de 26 de abril de 1940 el Ministerio de Justicia dispuso la creación de la llamada Causa General, un extenso proceso de investigación que duró más de veinte años, con la intención de recoger por escrito (más de mil quinientos legajos que se conservan en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional) la represión causada por los republicanos en todas las localidades. Y en tercer lugar, porque la justicia de los vencedores investigó la represión que sufrieron los suyos y además aplicó toda su maquinaria represiva contra los vencidos, que fueron juzgados y condenados. Solo los archivos de los juzgados militares de Andalucía almacenan más de 200.000 sumarios de expedientes de encartados abiertos en guerra y posguerra, en los que se pretendía averiguar, aunque sin apenas garantías jurídicas para los acusados, todos los datos posibles de la represión republicana.

Esta reflexión final sobre las facilidades documentales para investigar sobre la represión republicana y las dificultades que encontramos al abordar la represión franquista es necesaria para aquellos que se sorprenden de que hoy en día se investigue más una que otra —yo siempre he investigado las dos— y desconocen el porqué. En el sur de Córdoba, que es mi ámbito de trabajo, la represión republicana fue muy inferior a la ejercida por los franquistas y duró solo unos días, se conserva archivada en la documentación histórica (así que se puede consultar en cualquier momento) y además se conoce bastante bien. De hecho, fue la única conocida oficialmente durante la dictadura de Franco, por las causas citadas antes y porque fue una política de Estado durante 40 años. Con estos antecedentes, es lógico que muchas investigaciones se centren en lo desconocido, en los olvidados y en los desaparecidos, y más cuando la única y exclusiva fuente de información que podemos conseguir sobre ellos es el testimonio oral de los que los llegaron a conocer.

Para los historiadores, este proceso de búsqueda y localización de testigos de los hechos o sus descendientes es una desesperada carrera contra reloj. Téngase en cuenta que de los familiares directos de fusilados (viudas, hijos y hermanos) que yo entrevisté en el año 1997 para mi primer libro sobre Lucena, hoy no queda casi ninguno con vida. Y si he podido redactar estas páginas es gracias, en buena medida, a lo que ellos me contaron o me han transmitido otros familiares desde entonces, ya que la historia de sus seres queridos había permanecido oculta. Por tanto, no ha sido posible escribirla hasta muchos años después, y todavía, con inmensas lagunas, la seguimos reescribiendo.

LISTA ORIGINAL ESCANEADA