El testimonio de Antonio Cruz Navas sobre la matanza del 29 de julio de 1936 en Baena

La rebelión militar contra la II República comenzó en Córdoba capital a las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División —que comprendía las ocho provincias andaluzas— recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de Correos, Telégrafos y Telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas para sumarse a la rebelión encontraron un amplio eco, pues la sublevación triunfó en 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

Siguiendo el mandato recibido desde Córdoba, en la tarde noche del sábado 18 de julio se organizaron en Baena patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el Ayuntamiento, el edificio de la Telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe de Estado se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los cortijos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. Tras varios días de refriegas, el 28 de julio los golpistas estaban próximos a sucumbir. Sin embargo, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos.

Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena el 28 de julio de 1936 no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron en las calles y en las casas una auténtica carnicería contra la población civil indefensa. De hecho, sus acciones (el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población civil) hoy se catalogarían como crímenes de guerra. Esta represión salvaje, premeditada y ejercida por los mandos militares, seguía la consigna del director de la conspiración, el general Emilio Mola, que ya había advertido dos meses antes del golpe de Estado de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. Un documento del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 105, expediente 2.951) nos da idea del terror que se vivió en Baena aquel 28 de julio a través del testimonio, recogido solo trece días después, de dos jóvenes mujeres que se encontraban en el hospital recuperándose de las heridas del ataque:

Declaración de Rosa Peña Rodríguez, de 17 años: “Fue herida el día 28 de julio último encontrándose en casa de su tía donde llegó un moro tirando tiros, tal vez también alguna bomba, siendo alcanzada en la pierna derecha. Que en la misma casa mataron también a dos o tres hombres e hirieron a otra mujer. Manifiesta que desde la casa en que se encontraba no se hizo disparo alguno por la gente de la misma pues no tenían armas”.

Declaración de Remedios Portero Amo, de 20 años: “Fue herida el día 28 de julio por tres moros que llegaron a su casa tirando tiros, hiriendo a la declarante en ambas piernas, matando a su hermano, a su cuñado y a otras dos mujeres de la calle que se encontraban en la casa. Que no hubo refriega en la calle entre la fuerza pública y los paisanos. Que dichos moros después de ocurrir lo ya manifestado se llevaron todo lo que tenían en la casa incluso el pan y el dinero sin poder precisar la cantidad”.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena.

Además de dedicarse a rapiñar y asesinar, las fuerzas del coronel Eduardo Sáenz Buruaga avanzaron por el pueblo apresando a muchos vecinos, a los que arrastraron por las calles y concentraron en el Paseo, donde los obligaron a ponerse boca abajo en el suelo, formando filas. A ellos se les añadieron otros muchos que se congregaron allí porque se dio la orden general de que todos los varones subieran con un pañuelo blanco. En la plaza se realizó una rápida selección. Unos conseguían, a través de sus ruegos o de un golpe de suerte, ser avalados —o “garantizados”, que es la palabra precisa que recoge siempre la documentación de la época— por algún guardia civil o vecino de derechas, les ponían un sello en el pañuelo blanco que debían usar como brazalete y quedaban libres. Sin embargo, los que no lograban el aval recibían un disparo en la nuca. Asesinaron también a los rehenes que el teniente mantenía en el cuartel, cuyos cuerpos arrojaron desde la azotea. Desconocemos el número exacto de personas que murieron ese día. Muchos de estos fallecidos, como ocurrió con una buena parte de las víctimas de la represión franquista en toda España, quedaron sin inscribir en los libros de defunciones del Registro Civil de Baena, que señala la muerte de 135 personas entre el 19 y el 29 de julio de 1936 en una localidad que entonces tenía algo más de 23.000 habitantes (nuestras investigaciones han documentado la existencia de al menos 365 víctimas mortales de la represión franquista durante toda la guerra, más 75 en posguerra).

La matanza del Paseo tuvo un efecto colateral terrible en el convento de San Francisco, donde se encontraban recluidos derechistas y familiares de los que se habían sublevado con la Guardia Civil. Estos apresamientos se habían realizado días antes por decisión del Comité republicano, formado en su mayoría por anarquistas, en respuesta a la amenaza del teniente Pascual Sánchez Ramírez de asesinar a los rehenes y familiares de republicanos que él mantenía en su poder. El día 27 el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente se negó. El día 28 por la noche, después de la matanza cometida por las tropas del general Sáenz de Buruaga en el Paseo, en venganza se produjo el asesinato en el convento de San Francisco de 73 rehenes (otros 48 consiguieron sobrevivir), un abominable crimen realizado por un número reducido de desalmados en medio del descontrol del momento, mientras las fuerzas de Sáenz de Buruaga intentaban tomar el convento y los republicanos huían en desbandada.

Volviendo a la represión cometida por los militares sublevados, hasta hace muy poco se pensaba que en el Paseo de Baena solo hubo una gran matanza, durante el 28 de julio de 1936, cuando la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga tomó el pueblo. Sin embargo, esa historia cambió en el año 2014 gracias a las memorias redactadas en 1942 por un testigo, Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil y comandante de puesto en la pedanía baenense de Albendín. Por su testimonio tuvimos la primera noticia escrita de que el día 29 de julio de 1936 hubo en el Paseo de Baena una carnicería similar a la del día anterior. El cabo Manuel Hernández se refería a lo ocurrido ese día de esta manera:

Por la mañana siguiente, día 29, se hizo una terrible selección del personal que durante la noche anterior llenó el edificio del Ayuntamiento. Para ello, y como si de una feria de ganados se tratase, se iban colocando en dos grandes filas aquellos desgraciados. Otros convecinos suyos llamaban a uno y decían: “Este allí”. Allí era su posible salvación, porque engrosaba una hilera de los que en el cuartel se les estampaba en un pañuelo sujeto al brazo el sello del Puesto, salvoconducto que de momento los hacía libres, sin perjuicio de ulteriores resultas. De otros decían: “Este ahí”. Este ahí era la escalinata del Paseo, en cuyas gradas esperaban ansiosos de sangre cuatro moros que apenas daban tiempo al elegido para echarse de bruces sobre la arena según la prisa que tenían por dispararle el tiro en la nuca sin necesidad de apuntar…

El testimonio del cabo Manuel Hernández, el único que teníamos hasta ahora de la masacre del 29 de julio, se ha visto corroborado por un cuaderno de memorias redactado por Antonio Cruz Navas y que me ha entregado su nieta Celia Ochavo Cruz, residente en Barcelona. Antonio nació en Baena en 1905 y con cinco años comenzó a trabajar en el campo, sin ir a la escuela. De formación autodidacta, intentó ser cartero, pero al final consiguió una plaza de manguero (persona encargada de manejar las mangas o bocas de riego) en el Ayuntamiento. Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenía 30 años y vivía en una casa en el Arco de la Villa. Su mujer se llamaba Manuela Cobo Pérez y tenían entonces cuatro hijos: José, Vicente, Trinidad y Antonio.

Antonio Cruz Navas durante la realización del servicio militar.

Antonio Cruz Navas escribe sus memorias en abril de 1983, 46 años después de que ocurrieran los hechos a que nos referimos, cuando él tenía 76 años. Ello explica que cometa un error en la fecha de la entrada de la columna de Sáenz de Buruaga en Baena, que sitúa el día 27. Así que cuando se refiere en su cuaderno a lo sucedido al día siguiente, el 28, está claro que en realidad está hablando del 29, pues dice que él no sale a la calle hasta un día después de la entrada de “los moros” en Baena. Su testimonio, que tiene rasgos bastante dramáticos, resulta muy fiable porque no solo es testigo, sino también víctima en los sucesos que narra. De hecho, consigue salvar la vida por un golpe de suerte. No tuvo la misma fortuna su vecino Rafael Arroyo, uno de los asesinados el 29 de julio. No sabíamos de su muerte hasta que él lo cita, lo que demuestra una vez más que muchas de las víctimas de la represión franquista no han dejado rastro documental alguno y que conocer su identidad es una tarea muy complicada.

En esta entrada del blog solo vamos a recoger las palabras de Antonio referidas al periodo comprendido entre el 18 de julio, fecha del golpe militar, y el 6 de agosto de 1936. Este día, una columna republicana del general José Miaja intentó tomar Baena, pero las tropas recibieron la orden de retirada al día siguiente por la mañana y la localidad ya quedó de manera definitiva, durante los tres años de guerra, en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

La caligrafía de Antonio resulta a veces complicada, aunque hemos conseguido entender casi todo lo que escribe. A la hora de publicar su texto hemos realizado algunas modificaciones en sus palabras, como la eliminación de las faltas de ortografía, la colocación de tildes y la sustitución en varias ocasiones de la conjunción copulativa “y”, que él utiliza continuamente para unir unas frases con otras, por comas o puntos. El testimonio de Antonio es el siguiente:

Con fecha 18 de julio de 1936 estalló el Movimiento Nacional y en la tarde del 18, cuando terminé la faena, me fui a mi casa como de costumbre, sin yo saber nada. Por la mañana, cuando intenté salir de casa se me hizo imposible porque nos encontrábamos entre dos fuegos. Pensamos todos los vecinos del barrio pasarnos al Horno de las Monjas, que era un edificio más grande y estábamos más reservados de las balas, y allí estuvimos sin salir para nada hasta el 28 de julio del mismo mes y año. El 27 fue cuando entraron los moros en Baena y hasta el 28 por la mañana no pude salir. Tenía que presentarme al que hacía como comandante de puesto [de la Guardia Civil] y yo, como funcionario del Ayuntamiento, tenía que presentarme y me presenté. Iba conmigo Santiago Albendín Triguero.

Al llegar al Arco de la Carrera nos tropezamos con un grupo de cuatro muy bien armados con rifles. Nos pusieron manos en alto y nos encerraron en el ayuntamiento.  Antes de entrar en el ayuntamiento había una casa que no pude precisar los difuntos que había y después por las ventanas se veían muchos cadáveres, y uno fusilando continuamente muchos más. Dentro del ayuntamiento nos encontramos un número muy grande que tampoco puedo [decir] las personas que nos encontrábamos. Tenían unas listas que los iban nombrando y los sacaban y en el paseo los obligaban a que se tendieran boca abajo y les daban un tiro en la nuca. Cuando se les terminaron las listas, abrieron las puertas del ayuntamiento y nos pusieron en cuatro filas la calle arriba que pasábamos de la posada de la Carrera. Un grupo de paisanos y con ellos dos guardias civiles nos hacían que dijéramos a voces lo que ellos querían. El que callaba y no decía lo que ellos querrían lo sacaban de la fila y lo obligaban a que se tendiera boca abajo delante de nosotros y le daban el tiro en la nuca.

Cuando se cansaron íbamos uno a uno entrando en el cuartel para que nos pusieran un sello de garantía y el que no tenía quien lo garantizara lo apartaban del pelotón para fusilarlo. Cuando por mi turno entré en el cuartel me presenté a un guardia joven de un cuerpo móvil de la Guardia Civil. Me preguntó que a mí quién me garantizaba. Le contesté que si él no sabía quién yo era, que me había visto todos los días y que esto sería suficiente. Me contestó muy serio que yo sería uno de los muchos y me apartó al pelotón de los que fusilaban. Encontrándome en dicho pelotón, los sacaban sin saber adónde y estos no tenían vuelta. Estando en el pelotón pasó por delante de nosotros un cabo de la Guardia Civil que se llamaba el cabo Hernández [José Hernández Conesa]. Se encontraba con nosotros un tal Rafael Arroyo, vecino mío de toda la vida. Dijo que tenía sed y el cabo le contestó que él le traería agua. Al rato volvió y preguntó que quién era el señor que tenía sed, que saliera del pelotón. Salió y con un garrote que tenía en la mano le dio en la frente y de allí se lo llevaron al camión de los difuntos, y yo esperando que conmigo hicieran lo mismo.

En aquel momento pasó por delante de nosotros un tal Rafael Tejero, que era el sacristán de la parroquia mayor. Me preguntó que qué hacía yo en aquel pelotón y le contesté que no sabía. Él me contestó que yo tranquilo, que a mí no me pasaba nada. Al cabo de mucho rato se presentó un brigada de la Guardia Civil que últimamente había estado en Baena de puesto y en aquella fecha se encontraba de destino en Espejo, pero le cogió con permiso en Baena y este señor fue mi salvación. Me cogió del brazo y me presentó al guardia para que me pusieran el sello de garantía, pero el guardia no quería ponerme el sello, pero el brigada como era superior le dijo que me lo pusiera el sello. Cuando me lo puso salí del cuartel más que deprisa, en segundos, y en aquel momento me hacía cuentas de que había nacido. Al salir ya pasando el Arco de la Carrera me tropecé con mi señora, la cual que me dijo que venía en busca mía porque hasta le habían dicho que a mí me habían fusilado, y le contesté “no hija, que estoy aquí”. Nos fuimos juntos para la casa y aquel día no quise salir a ningún sitio.

A otro día, 29 de julio, voy a presentarme al comandante de puesto [teniente Pascual Sánchez Ramírez] como empleado del Ayuntamiento y cuando yo me presenté ya se habían presentado compañeros del servicio de limpieza. Salió el sargento de la Guardia Civil [Fidel Sánchez Valiente de la Rica] y nos dijo si estábamos todos los de la limpieza y le contestamos que aún faltábamos algunos. Nos contestó que con nosotros era bastante, que cogiéramos las escobas y mangueras, y lo primero hacer la limpieza del cuartel, y cuando termináramos nos cogerían uno por uno y nos fusilarían, que era lo que nos merecíamos. Como las aguas se encontraban cortadas, y para evitar el polvo teníamos que salir a la calle a por agua para regar un poco el suelo, algunos compañeros salieron a por agua y (…) a lo que el sargento había dicho. Los que quedamos allí terminamos la limpieza y a última hora nos dijo el sargento que nos marcháramos y a otro día por la mañana que nos presentáramos y él nos diría qué teníamos que hacer.

Ya aquella noche no dormí pensando si me presentaba o no, pero al fin me decidí y me presenté, y otros tres más. Ya nos dijo el sargento todo cuanto teníamos que hacer, pero todo con una seriedad y puntualidad, y cuando no lo hiciéramos el fin de nosotros sería quitarnos la vida. Lo primero que nos ordenó [fue] que teníamos que regar y barrer todos los días toda la redonda del paseo, puerta del cuartel, ayuntamiento, telefónica y casino de los señores. De esta forma estuvimos haciendo el servicio que nos ordenó por espacio de dos semanas y después nos ordenó otra clase de servicio por todas las calles del pueblo, bastante comprometido, por las muchas casas que (…) y el peligro diariamente que teníamos. Un día de dicho mes, no recuerdo la fecha, en el mes de agosto vinieron de Castro del Río los milicianos con intención de tomar el pueblo. Nos cogió regando en la calle Nueva y tuvimos que abandonar el servicio y nos fuimos cada uno a su casa. Cuando tocaron la retirada sin estar el pueblo tomado nos marchamos unos por un lado y otros por otro, y no quedó nadie en el pueblo. Yo y mi familia nos fuimos al campo y volvimos al pueblo otra vez a los dos días para presentarme otra vez a mi puesto…

Páginas del cuaderno de memorias de Antonio Cruz Navas, escritas en abril de 1983.

Hasta aquí publicamos las palabras textuales de Antonio Cruz Navas. A continuación, en su cuaderno cuenta que al día siguiente de regresar a Baena le encomendaron “recoger los difuntos que se encontraban fuera del pueblo del día que atacaron los milicianos de Castro del Río”, que llevaban en descomposición cuatro días al pleno sol en el mes de agosto. Aquella misma tarde, tras “percibir los malos olores” comenzó a “devolver y a ensuciar”, y a las 12 de la noche perdió el conocimiento. Su mujer fue al cuartel de la Guardia Civil en busca de un médico y le dijeron que aguantara hasta el día siguiente. Por la mañana lo trasladaron en un sillón, entre cuatro vecinos, hasta la Casa de Socorro, donde le administraron un litro de suero para combatir la deshidratación y le aconsejaron que lo llevaran al hospital. Allí, las monjas le preguntaron a la mujer qué enfermedad traía su marido. Al responderle que cólera, le dijeron que era “una cosa mala para poderlo atender”. Así que regresaron de nuevo a su casa. Permaneció en cama quince días inconsciente, “sin hablar ni nada”, y tardó otros quince días más en recuperarse. Mientras se encontraba enfermo, aparecieron dos guardias civiles con la intención de detenerlo por no haberse presentado al trabajo, pero viendo el estado en el que se encontraba, lo dejaron en la cama. Restablecido, de nuevo se incorporó al trabajo, aunque “cada día sufriendo más por las nuevas exigencias que diariamente nos mandaban y las malas palabras que continuamente nos decían”.

Antonio Cruz Navas en una fotografía de la época en que escribió sus memorias.

Antonio Cruz siguió trabajando de empleado municipal hasta el día tres de noviembre de 1936, fecha en la que le comunicaron su cese desde el Ayuntamiento, ya que se vio afectado por el proceso de depuración que se aplicó en toda la España franquista a los funcionarios públicos cuya ideología, según las nuevas autoridades, no coincidía con la del Glorioso Movimiento Nacional. A partir de aquel momento siempre evitó volver a pisar el Paseo de Baena, con la intención de no recordar lo que había ocurrido allí. Para poder sobrevivir, se dedicó a la recolección de la aceituna y en los años siguientes trabajó en diversas labores agrícolas. Su familia aumentó con cuatro hijos más: Rosario, Manuel, María del Carmen y Guadalupe. También sufrió la pérdida de un hermano, José, exterminado en Austria en el campo nazi de Mauthausen en octubre de 1941. En 1961, con 56 años, emigró a Santa Coloma de Gramanet, una enorme ciudad del cinturón industrial de Barcelona con una población mayoritariamente inmigrante, donde se empleó como albañil. En Cataluña acabaron viviendo también siete de sus ocho hijos (todos menos Vicente, que permaneció en Baena). Antonio Cruz Navas murió en Santa Coloma de Gramanet, el lugar donde escribió las memorias que hoy publicamos, el 31 de diciembre de 2001, con 96 años y una lucidez mental extraordinaria.

Información adicional:

 

La fotografía de las mujeres peladas en Montilla durante la guerra civil

portadaEn la España franquista, durante la guerra civil y la posguerra una de las formas de represión que se usó específicamente contra las mujeres consistió en el rapado de sus cabezas. Que sepamos, se conservan en España solo tres fotografías que reflejen esta humillación. Una se realizó en Marín (Pontevedra), otra en Oropesa (Toledo) y la última, que es la que aparece más arriba, en el patio del ayuntamiento de Montilla (Córdoba). En Internet y en las redes sociales se pueden encontrar bastantes fotos de mujeres peladas a las que se identifica como españolas, pero no lo son. Pertenecen a algunas de las 20.000 mujeres francesas a las que, tras la liberación de Francia en 1944, se les aplicó este castigo por el presunto delito de haber mantenido relaciones con soldados del Ejército invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Parece que la fotografía de las mujeres rapadas de Montilla salió publicada por primera vez en formato libro en 1985, en la obra de Francisco Moreno Gómez La guerra civil en Córdoba (1936-1939). A pesar de que es una foto impactante, pasó relativamente desapercibida en aquel momento. Con posterioridad, en el año 2001, yo la usé para la portada de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). La fotografía original me la facilitó la Biblioteca Manuel Ruiz Luque, la mayor biblioteca privada de Andalucía, que tiene su sede en Montilla. A partir de ahí la foto se expandió por Internet y por los medios de comunicación nacionales. También varios historiadores, como Paul Preston, y las universidades de Zaragoza y Valencia me la solicitaron y me pidieron información sobre ella para incluirla en sus publicaciones.

Montilla fue durante la II República un feudo socialista donde la izquierda siempre dobló en votos a la derecha, lo que no resultó un obstáculo para que cayera en poder de los militares sublevados el mismo día del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936. Esa noche la Guardia Civil acribilló a centenares de personas que se habían agrupado en las inmediaciones del ayuntamiento y se hizo con el control de la localidad sin resistencia. Además de sufrir la cárcel y la muerte, pues tres mujeres murieron tiroteadas en la madrugada del 19 de julio de 1936 y un mínimo de cuatro cayeron fusiladas durante la guerra (más al menos otros 111 varones), las mujeres republicanas de Montilla padecieron otras humillaciones.

La fotografía de las mujeres peladas de Montilla representa una estampa trágica y dolorosa de principios del mes de agosto de 1936. En ella aparecen un hombre y veinte mujeres, la mayoría jóvenes de poco más de 13 años de edad. Pertenecían al grupo de canto que ensayaba en la socialista Casa del Pueblo, o eran militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas o familiares de varones izquierdistas, pero no habían cometido ningún delito. Tras ser arrestadas, se les rapó la cabeza y se las forzó a ingerir aceite de ricino con sopas de pan, para que con el laxante “arrojaran el comunismo del cuerpo”. Acompañadas por el director de la banda de música, Joaquín Gutiérrez Luque (el Bartolo), también pelado, las obligaron a pasear por las calles saludando con el brazo en alto, al estilo fascista, y cantando el himno falangista, el Cara al Sol, entre la mofa de sus verdugos. En la fotografía, entre los rostros tristes y abatidos de estas mujeres, sobresalen algunas sonrisas tímidas y forzadas, y la resignación con la que levantan el brazo, avergonzadas, reflejando el calvario que estaban viviendo. A algunas de estas mujeres se les dejaba un pequeño mechón de pelo en la cabeza en el que luego se les colocaba un lacito con los colores de la bandera monárquica.

Desconocemos quiénes fueron los autores o responsables directos de este suplicio, si militares, guardias civiles, carlistas o falangistas; y tampoco sabemos quién echó la foto y con qué finalidad. En ese momento la máxima autoridad militar de Montilla recaía en el capitán de la Guardia Civil Luis Canis Matute, quien había liderado el golpe de Estado en el pueblo días antes, y el alcalde impuesto por los golpistas era el capitán de Artillería retirado Rafael Jiménez-Castellanos Casaleiz.

Cuando en el año 2000 inicié mis investigaciones sobre la guerra civil y la represión en Montilla, uno de mis objetivos se dirigió a poner nombre a estas mujeres y recuperar su historia. Algunas de ellas vivían entonces, no obstante resultó imposible entrevistarlas. Aun así, identifiqué a unas cuantas gracias a diversos testimonios orales. Entre estas mujeres peladas se encontraban Manuela Herrador Espejo; la viuda del guardia municipal Antonio Cardador Aguilar, acribillado en la madrugada del 19 de julio por la Guardia Civil; la esposa de Manuel Alcaide Aguilar “Botón”, a la que al parecer detuvieron y raparon por la denuncia de un propietario falangista con el que se había negado a mantener relaciones sexuales; y dos hijas de José Márquez Cambronero, alcalde socialista en 1920, el primero que hubo en un pueblo de Córdoba en el siglo XX. Las hijas de José Márquez son Rosa, sentada la penúltima a la derecha, y Dolores, sentada la primera por la izquierda. Hemos podido dar nombre a otras dos jóvenes gracias al testimonio de Daniel Priego, de orígenes montillanos y residente en Pamplona. Una es su abuela, Natividad Salido Cerezo, de 14 años, situada de pie la primera por la izquierda; y la segunda es Candelaria Priego, de 13 años, colocada en la parte central de la primera fila, sentada, con vestido negro. A Dolores Zafra Espejo, que está a la izquierda del músico, la hemos identificado gracias a su sobrino Jerónimo. Y por último, Dolores Delgado Trapero es la segunda por la izquierda de la fila segunda.

El rapado de las cabezas de las mujeres republicanas, o por ser familiares de varones republicanos sin que ellas mismas lo fueran, tenía una clara función represora y ejemplificadora, al eliminar uno de los símbolos más visibles de la feminidad: el pelo. Hasta que este crecía, la mujer debía ocultarse en su casa o tratar de taparse con un pañuelo, que a veces era arrancado por los falangistas por las calles para así aumentar su vergüenza. Está claro que este castigo tenía como objetivo no solo infligir un dolor momentáneo y físico, sino estigmatizar y humillar a la víctima. Además, se convertía en una clara muestra de lo que les podía esperar a las “rojas” o a todas aquellas mujeres que se atrevieran a poner en cuestión, aunque solo fuera verbalmente, los principios en los que se asentaba el nuevo Estado dictatorial.

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Cuatro mujeres de Oropesa (Toledo) rapadas durante la guerra civil.

El rapado de las cabezas de las mujeres ha dejado pocos rastros documentales, aunque se aplicara de manera generalizada en casi todas las localidades de España. Por ejemplo, en los cinco pueblos del sur de Córdoba en los que he escrito libros sobre la represión hubo varios casos en todos ellos. Aun así, existen algunos casos salvajes y estremecedores, como este rescatado por el historiador José María García Márquez en un consejo de guerra del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Narra cómo a una mujer de Cazalla de la Sierra (Sevilla), apodada la Trufa, le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto de un cortijo, donde la intimidaron tendiéndola en el suelo, “obligándola a remangarse” y exhibir ”sus partes genitales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció al falangista Joaquín Barragán Díaz para que pelara con ellas el vello de las partes genitales de la detenida, a lo que este se negó; entonces el sargento, malhumorado, ordenó lo antes dicho al guardia Civil Cristóbal del Río, del puesto del Real de la Jara. Este obedeció y, efectuándolo con repugnancia, no pudo terminar, y entregó la tijera al jefe de la Falange de Brenes, que terminó la operación. Y entre este y el sargento terminaron pelándole la cabeza”

La represión que sufrieron las mujeres en la España franquista durante le guerra y la posguerra fue, en gran medida, sexuada. Es decir, recibieron castigos por su condición de mujeres, sin que estos  mismos castigos se aplicaran a los hombres, al menos de manera habitual. Hablamos de vejaciones como el rapado de cabeza, forzarlas a ingerir aceite de ricino y desfilar por las calles, llevarlas a limpiar el cuartel de la Guardia Civil o la sede de la Falange, utilizar detenciones y torturas para que delataran a sus familiares varones que se habían escondido o habían huido, comentarios soeces, amenazas de agresión sexual, abusos y violaciones, soportar el asedio de quienes les solicitaban favores sexuales a cambio de gestiones para favorecer a familiares encarcelados e incluso la prohibición de llevar luto por sus seres queridos fusilados. Sobre muchas de estas mujeres, además, recayó el sustento familiar durante la guerra o la posguerra, pues sus maridos se encontraban presos o habían sido fusilados.

Las autoridades militares franquistas fomentaban esta represión sexuada que en su aplicación más extrema incitaba a usar la violación y el abuso sexual como arma de guerra. Así lo manifestaba de manera grosera y sin tapujos Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur (la máxima autoridad militar de Andalucía), solo cinco días después de empezada la guerra civil, el 23 de julio de 1936, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

El 13 de octubre de 2010, la Junta de Andalucía decretó la posibilidad de que estas mujeres vejadas por el franquismo pudieran recibir una indemnización de 1.800 euros. La medida iba dirigida a las que “sufrieron represión en la guerra civil e inmediata posguerra mediante hechos que vulneraron su intimidad, honor y la propia imagen consistentes en el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la posterior sumisión a vergüenza pública”. El tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, cuando ya habían fallecido la inmensa mayoría de ellas, pero también la vergüenza y el silencio posterior que acompañó a estas mujeres durante toda su vida motivó que solo unas pocas decenas (parece que su número no alcanzó las doscientas) se acogieran a esta medida.

Información adicional: 

elsa-omil-torres-copiaLa mujer pelada en Marín (Pontevedra) es Elsa Omil Torres, hija de un emigrante gallego en Boston, que pasaba unas vacaciones en casa de unos familiares republicanos cuando se produjo el golpe de Estado. Tras el rapado del pelo, solicitó en el Consulado el pasaporte para volver a Estados Unidos, pues tenía esa nacionalidad, y le sacaron la foto, que se usó en la prensa estadounidense para denunciar la represión que había sufrido. El testimonio en gallego de una familiar de esta mujer se recoge en la página Nomes y Voces. Agradezco a Víctor Alfonso Castro Martínez el que me haya facilitado esta información, que se ha producido tras la publicación de esta entrada de mi blog.

El trienio bolchevique en Lucena (1918-1920)

Entre 1918 y 1920 se vivió una gran conflictividad social en el sur de España. Estuvo motivada por la subida de los precios de los productos de primera necesidad, la existencia de una enorme masa de jornaleros sin tierra que constituían la mayoría de la población y vivían en condiciones miserables, una estructura de la propiedad latifundista y el fuerte aumento del asociacionismo y del activismo obrero. Para referirse a estos tres años, el notario de Bujalance Juan Díaz del Moral, en su libro Historia de las agitaciones campesinas andaluzas acuñó el término de trienio bolchevista. Aludía con ello al influjo que la revolución de los bolcheviques rusos, en octubre de 1917, había tenido en la mentalidad de los campesinos de la época, esperanzados en que un proceso revolucionario similar de conquista del Estado por la clase obrera podría ser posible también en España. Según Díaz del Moral, que terminó de escribir su libro en 1923, 55.000 campesinos militaron en organizaciones obreras en 61 pueblos de la provincia cordobesa entre 1918 y 1919. En cuanto a la conflictividad social, el historiador Francisco Moreno Gómez señala que hubo en la provincia 93 huelgas en 1918 y 102 en 1919, lo que convierte a este periodo del reinado de Alfonso XIII en el más convulso del siglo XX en Córdoba, superando a los años de la II República (1931-1936).

En una anterior entrada de mi blog abordé el asunto de los inicios del movimiento obrero y del socialismo lucentino, que vivió continuos altibajos desde su nacimiento. Para Díaz del Moral, la debilidad del movimiento obrero en Lucena se explica porque la inmensa mayoría de los asalariados lucentinos contaban solo con un jornal como único ingreso, con lo que su situación económica y social —y su capacidad de resistencia ante una huelga, por ejemplo— era inferior a la que gozaban otros pueblos del centro de la campiña, donde abundaban colonos, arrendatarios y pequeños propietarios que mantenían un mayor nivel de vida y que, según él, fueron unos de los grandes impulsores de las movilizaciones que se vivieron en el trienio bolchevique.

Los orígenes del asociacionismo de los trabajadores lucentinos se remontan a la Liga Obrera, creada en marzo de 1904, y a la Agrupación Socialista de Lucena, fundada el 30 de junio de 1908, aunque la actividad de esta última duró solo un año. Tuvo un breve repunte en enero de 1913, con la creación del Centro de Obreros Socialistas, que decayó al año siguiente, y habrá que esperar a junio de 1918 para asistir a la nueva constitución de la Agrupación Socialista de Lucena, que alcanzó los 85 militantes durante aquel año.

La gran organización obrera del trienio bolchevique en Lucena fue la Unión Agrícola, que llegó a la cifra de 1976 afiliados en marzo de 1919, el 9% de los 21.029 habitantes de la localidad. En Jauja, los campesinos se agruparon en la Sociedad de Obreros Agricultores La Redención, fundada el 23 de octubre de 1918, que tenía su sede en el número 43 de la calle Iglesia. A comienzos del año siguiente contaba con unos doscientos socios (el 19% de los 1.038 residentes en la aldea) y en ella ejercía de secretario Antonio Cabello Carrasco y de presidente José Sánchez García “Rallao”, quien llegaría a ser en concejal en 1931, al proclamarse la II República. Ambas organizaciones, la Unión Agrícola y La Redención, pertenecieron a la Federación Provincial de Sociedades Obreras Agrarias, auspiciada por el socialismo cordobés en abril de 1919. En consecuencia, tanto la organización lucentina como la jaujeña estuvieron vinculadas ideológicamente al PSOE y a la UGT, sin que aquí arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia.

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El abogado lucentino Antonio Buendía Aragón representó a Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en Madrid en octubre de 1918 y jugó un papel muy destacado en las sociedades obreras del trienio bolchevique.

Durante el trienio bolchevique, el primer acto conocido de los socialistas lucentinos en 1918 fue la celebración en agosto de una Semana Roja, realizada al igual que en otras localidades españolas para conmemorar el primer aniversario de la huelga general de trabajadores del año anterior. Si seguimos a El Socialista, el periódico oficial del PSOE y del sindicato UGT, el día 14 de agosto el joven abogado Antonio Buendía Aragón intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo, el 15 le tocó el turno a Isidro Cárdenas hablando de “La lucha obrera” y el 16 hubo un mitin de las Juventudes Socialistas. En septiembre, las Juventudes celebraron actos de propaganda bajo la coordinación del periodista pontanés Gabriel Morón. En octubre, Antonio Buendía Aragón representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en Madrid bajo la presidencia de Pablo Iglesias. A finales de noviembre, Largo Caballero, secretario general de la UGT, protagonizó un mitin al que asistieron unas dos mil personas, según el Diario Liberal (9 de diciembre de 1918), y posiblemente ya aprovechó su visita para preparar su próxima candidatura al Congreso de los Diputados por el distrito de Lucena. La Agrupación socialista de Lucena fue capaz también de sacar un periódico en 1918, El Pueblo Libre, que solo llegó a editar su primer número el 5 de diciembre. En este año o el siguiente se adquirió además la Casa del Pueblo, que estaba situada en el mismo sitio que ahora: la esquina de la calle San Pedro con la calle Curados.

El inicio del movimiento obrero durante el trienio bolchevique lo marcó en la provincia de Córdoba el Congreso de Castro del Río, celebrado entre el 25 y el 27 de octubre de 1918, al que asistieron numerosas organizaciones de trabajadores de la provincia y limítrofes, la mayoría anarquistas. A los dos meses del Congreso de Castro, los socialistas lucentinos organizaron un Congreso comarcal de obreros agrícolas el 9  y el 10 de diciembre en el que participaron sociedades de veinte localidades que representaban a 10.500 trabajadores del campo. En las sesiones jugaron un papel fundamental el abogado lucentino Antonio Buendía Aragón y el dirigente socialista montillano Francisco Zafra Contreras. El motivo principal del Congreso, de acuerdo con el historiador Manuel Á. García Parody, fue abordar la cuestión, ya tratada en el Congreso de Castro, de si se debía dar prioridad o no a los jornaleros de la localidad frente a los forasteros a la hora de contratarlos. Al final, se decidió que los patronos podrían contratar a jornaleros de fuera siempre que estuvieran asociados y les pagaran un real de más. También se acordó en el Congreso, según recogió El Socialista, “enviar al ministro de la Gobernación un telegrama formulando la más enérgica protesta contra los atropellos de que se está haciendo víctimas a los trabajadores de Baena y Puente Genil por las autoridades puestas al servicio del caciquismo, que están encarcelando Directivas y clausurando Centros obreros, con menosprecio de los derechos de ciudadanía que las leyes conceden a los habitantes de un pueblo civilizado y democrático”.

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Rafael Lozano Córdoba, uno de los firmantes, por la parte obrera, del pacto con la patronal agraria en diciembre de 1918.

En cuanto a los inicios de la conflictividad social durante el trienio bolchevique, Juan Díaz del Moral señala que hubo ya agitación obrera en Lucena en julio de 1918, y que a finales de octubre hubo huelgas en Lucena y otros cuatro pueblos. El día 3 de noviembre se inició un paro de trabajadores de todos los oficios en Lucena, sin previo aviso y sin que se presentaran demandas. El día 7 la huelga general paralizaba la vida de 34 pueblos de la campiña y en diciembre hubo huelga en otras 15 localidades. En medio de este clima de conflictividad, a finales de diciembre la Unión Agrícola de Lucena firmó unas bases de trabajo (especie de convenio colectivo) consideradas modélicas por el Instituto de Reformas Sociales. Entre otros acuerdos, en ellas se estableció que los trabajadores lucentinos tendrían preferencia sobre los forasteros en la contratación para las labores de la recogida de aceituna, que podrían venir desde los cortijos a Lucena cada quince días “para vestirse de limpio” y se estipularon salarios mínimos que iban desde las 3,50 pesetas que ganaba un vareador a las 1,75 que recibían las mujeres y los mayores de 14 años —en 1915 el kilo de pan valía en Lucena 95 céntimos, casi una peseta—. Este pacto de finales de diciembre se firmó por el alcalde, Antonio del Pino Hidalgo; en representación de los patronos lo suscribieron Pedro Jiménez Alba, Juan Fernández Villalta, Antonio M. Cabeza, José M. Mora, Rafael Díaz, Cristóbal Burgos y Aurelio Flores; y en representación de los obreros José López Antequera, Antonio Buendía Aragón, Juan Lozano Molero, Rafael Lozano Córdoba, Antonio Lozano Durán, Francisco Tienda Antequera y Antonio García Arjona.

El 11 y el 12 de febrero visitaron Lucena dos funcionarios del Instituto de Reformas Sociales, un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. Su llegada estuvo motivada por la alta conflictividad que afectaba a la provincia en el invierno de 1919 y tenía como misión elaborar un informe sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba. En la comisión obrera que se entrevistó con los dos delegados del Instituto figuraban un abogado y un farmacéutico (creemos que el socialista Antonio Buendía Aragón y el republicano Anselmo Jiménez Alba). En su intervención, la comisión acusó a los propietarios de intentar no cumplir lo pactado en el acuerdo patronal-obrero de finales de diciembre, por lo que tuvieron que ir a la huelga, y denunciaron que “domina en el pueblo una gran inmoralidad: los señoritos hacen lo que les viene en gana; se juega en los principales centros de reunión, y por leves motivos aprisionan a los obreros”.

Para la comisión obrera que se entrevistó con los funcionarios del Instituto, la causa del malestar de los trabajadores lucentinos residía en la “pésima administración municipal”, en los altos impuestos de consumos (cuyo cobro estaba cedido “a unos empresarios que esquilman al pueblo”), al abandono de algunas fincas como la del duque de Híjar que tenía 2.700 aranzadas de olivar sin cultivar, y a la especulación en los arriendos y en los precios de la tierra. La comisión consideraba que los remedios para estos problemas eran que se les cediera a los obreros —que desde al año anterior ya administraban una cooperativa agrícola— las tierras sin cultivar, que se suprimiera el impuesto de consumos que gravaba los productos alimenticios de primera necesidad y que se acabara con el caciquismo.

Por otro lado, la comisión patronal, aunque reconoció que el obrero lucentino era “de buena índole”, planteó a los delegados del Instituto de Reformas Sociales una visión de la realidad totalmente distinta. Manifestaron que las rentas que cobraban por los arriendos no eran tan altas como los obreros decían, que “los obreros gastan más en cosas superfluas y perjudiciales que los ricos (los zapateros y sastres venden más para aquellos que para estos”), negaron que hubiera caciquismo y afirmaron que los “obreros trabajan tan poco que apenas dura cuatro horas su jornada”.

En teoría, el acuerdo de patronos y obreros firmado en Lucena a finales de diciembre tendría vigencia entre el 28 de diciembre de 1918 y el 13 de mayo de 1919. Sin embargo, a principios del año 1919,  una ola de frío con nevadas que impedían salir a los campos a trabajar y ganar el jornal, la carestía de los productos de primera necesidad, el desempleo y el incumplimiento de los patronos de las bases de trabajo firmadas con anterioridad motivaron huelgas en enero y febrero en muchos pueblos de la provincia, incluida Lucena. La crisis de subsistencias y el encarecimiento de productos de primera necesidad llegaron al límite de dejar sin trigo (y sin harina para hacer el pan) a Lucena a mediados del mes de mayo de 1919. El desabastecimiento de las panaderías lucentinas tuvo su origen en el egoísmo de los acaparadores del cereal, que querían especular con el producto, y solo se solucionó con el envío de trigo desde Badajoz. Ante la alta conflictividad social en la provincia, el gobernador militar decretó el estado de guerra el 29 de mayo, lo que supuso la detención de dirigentes obreros y republicanos y la clausura de numerosas Casas del Pueblo socialistas, entre ellas la de Lucena, cerrada el 16 de agosto de 1919. A pesar de estas medidas represivas, un informe del Instituto de Reformas Sociales señala que la agitación social continuó, pues hubo huelgas en 19 pueblos cordobeses en el segundo trimestre del año 1919.

El auge del asociacionismo obrero se manifestó también en el aumento de la participación política en los procesos electorales de los partidos antidinásticos, fundamentalmente republicanos y socialistas, durante el trienio bolquevique. En las elecciones generales de febrero de 1918 una coalición de republicanos, regionalistas y socialistas presentó candidatos en todos los distritos de la provincia. Por Lucena concurrió el abogado republicano Miguel Víbora Blancas, que fracasó ante la candidatura del liberal Carlos Martín Rosales (duque de Almodóvar del Valle), diputado  electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923, que había convertido a Lucena en su particular feudo electoral y caciquil. Debido a la inestabilidad política del momento y a los frecuentes cambios en el gobierno de la nación, hubo nuevas elecciones al año siguiente, el 1 de junio de 1919. Para ellas, una coalición de republicanos y socialistas presentó candidatos por todos los distritos de la provincia cordobesa. Por Lucena concurrió el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, que visitó en mayo la localidad, donde numeroso público lo recibió en la estación de ferrocarril.

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Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, presentó su candidatura de diputado por el distrito de Lucena en junio de 1919 y diciembre de 1920.

La campaña electoral se vio empañada porque el 29 de mayo de 1919 el gobernador militar, Francisco González de Uzqueta y Benítez, proclamó el estado de guerra en toda la provincia, por lo que quedaron limitadas las reuniones y las manifestaciones, y los sospechosos de alteración del orden fueron detenidos y desterrados, así que las elecciones se celebraron con la provincia con los centros obreros clausurados y con algunos candidatos en la cárcel. De los ocho diputados que se elegían en la provincia, los conservadores obtuvieron cinco, tres los liberales y uno los socialistas por el distrito de Montilla. En el distrito de Lucena, Largo Caballero, que consiguió 4.246 votos, quedó a poco más de 400 del incombustible candidato liberal, Martín Rosales Martel, que alcanzó los 4.680. Si nos atenemos a las localidades del distrito electoral lucentino, en Puente Genil, Encinas Reales y Monturque triunfó Largo Caballero; y Martín Rosales en Benamejí, Palenciana y Lucena. A pesar de la derrota, los socialistas casi triplicaron los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de febrero del año anterior.

El sistema político español del momento era el de la Restauración, ideado durante el reinado de Alfonso XII y que aún se mantenía en pleno reinado de Alfonso XIII. Se basaba en el turno en el poder de dos partidos, el liberal y el conservador, y en el falseamiento y la manipulación de las elecciones para asegurar esa alternancia, así que los abusos eran moneda corriente en los distritos electorales de la provincia. Largo Caballero manifestó que en Lucena hubo en coacciones sobre los electores, falseamiento de actas, atropellos de funcionarios, ofrecimientos de determinados porcentajes de votos en algunas secciones antes de celebrarse el acto electoral, etc. Los socialistas denunciaron la manipulación que sufrieron en los distritos de Córdoba capital, Lucena y Montilla, e incluso llegaron a informar al Tribunal Supremo. El periódico El Socialista, en su edición del 24 de junio de 1919, recogió los argumentos que utilizó Largo Caballero ante esta máxima instancia judicial. Los reproducimos a continuación, ya que constituyen un perfecto ejemplo del funcionamiento de la maquinaria caciquil y del fraude electoral en Lucena:

De seis Ayuntamientos que forman el distrito en cinco hay una fortísima organización socialista, y el sexto la organización que hay es sindicalista y acordó salir al campo y no votar el día de la elección.

Ha habido allí las coacciones normales, los ordinarios atropellos de orden procesal, tales como detenciones de notario y apoderados, la intervención del juez, que amenazaba a los que no votaran al duque de Almodóvar.

El jueves anterior a la elección se llevó a la cárcel a interventores y apoderados y a las Directivas de las Sociedades Obreras, a las que se paseó en cuerdas de presos por las calles de la población para atemorizar a los electores.

Esto ha pretendido explicarse inventando la posibilidad de un movimiento huelguístico. Pero esto es pueril, pues los contratos de trabajo estaban firmados ya. Y además, ¿por qué si esto era así se detuvo a electores republicanos que no eran obreros?

Pero a pesar de estos atropellos, la elección la tenía perdida el duque, y entonces llegaron a la coacción máxima, a tomar las calles de Lucena militarmente, con ametralladoras en las esquinas, para impedir que los campesinos pudieran entrar a la población a votar.

Los propios jefes de las fuerzas militares confesaban por la noche que estaban avergonzados del papel que se les había obligado a hacer.

Al año siguiente, en las elecciones a Cortes del 19 de diciembre de 1920, Largo Caballero presentó otra vez su candidatura para competir con el duque de Almodóvar del Valle por la circunscripción de Lucena, pero solo obtuvo 2.937 votos frente a los 5.909 del aristócrata. En solo un año los socialistas perdieron en la circunscripción 1.308 electores, si nos atenemos a las cifras aportadas por el historiador Antonio Barragán Moriana. Aunque en este descenso —vivido no solo en Lucena sino en las demás circunscripciones de la provincia— influyó el aumento de la abstención, es bastante probable que también incidieran los sucesos ocurridos con motivo de la gran huelga general que vivió Lucena a principios de noviembre de 1920, a la que haremos referencia más adelante.

En cuanto a las elecciones municipales, en febrero de 1920, tras una renovación parcial del Ayuntamiento, la coalición de socialistas y republicanos consiguió sentar a la vez cuatro concejales republicanos en el Consistorio: el perito mercantil Javier Tubío Aranda, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba —premio extraordinario de fin de carrera de su especialidad—, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas. A partir de este momento, la representación de republicanos y socialistas decayó. Tras las elecciones municipales de febrero de 1922, la cifra de ediles republicanos bajó a dos (solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez). Los socialistas, que ya no iban en alianza con los republicanos, presentaron a cuatro candidatos (Francisco de Paula Muñoz Cañete, Rafael Lozano Córdoba, Francisco Cobos Varo y José López Antequera), pero no obtuvieron ninguna concejalía.

Tras la fuerte agitación de 1919, con al menos 102 huelgas en la provincia de Córdoba, el año 1920, último del trienio bolchevique, resultó más tranquilo. Se debió al agotamiento de las sociedades obreras después de años de lucha, a la represión de las autoridades contra las sociedades obreras y a las campañas de los sindicatos católicos agrarios apoyados por la patronal (en Lucena funcionaba el Círculo Católico de San Agustín, decano de los de su clase en la provincia). Aun así, en el mes de junio de 1920 se iniciaban paros en Lucena y Cabra, y el día 8 la sociedad de agricultores La Redención de Jauja envió un telegrama al Ministerio de Gracia y Justicia en el que protestaba contra la condena impuesta por sus actividades políticas y sindicales a Gabriel Morón, dirigente socialista de Puente Genil, por la Audiencia Provincial de Córdoba.

El conflicto más importante que sufrió Lucena durante el trienio bolchevique aconteció casi a su final, cuando ya el impulso del movimiento obrero iba decayendo a pasos agigantados en toda la provincia. El 4 de noviembre de 1920 se inició una huelga de agricultores lucentinos para pedir el aumento del jornal diario a entre 4,50 y 5 pesetas. La prensa provincial cordobesa, como La Voz (el día 5) y Diario de Córdoba (el día 7), se hizo eco del paro obrero de manera breve, sin embargo El Socialista le dedicó dos artículos (los días 10 y 13), de los que el segundo —que reproducimos íntegro al final de esta entrada del blog— es una detallada crónica de lo acontecido aderezada con un análisis de la situación política en la localidad. Según este periódico, la causa de la huelga había sido la actitud del alcalde del partido liberal, Antonio del Pino Hidalgo —a quien nunca citan por el nombre—, que se había negado a la petición de los trabajadores de convocar a los patronos para negociar las condiciones de trabajo y también se había opuesto a que se repartiera una hoja pública en la que se explicaban las demandas obreras. La intención del alcalde era echar un pulso a la socialista Unión Agrícola con la finalidad de derrotarla y de restar apoyos a la candidatura de Largo Caballero para las elecciones del próximo 19 de diciembre. Con ello, se allanaba el camino a la reelección como diputado del duque de Almodóvar del Valle, correligionario político del alcalde y eterno candidato de los liberales por el distrito de Lucena desde principios del siglo XX.

El día 5 la Guardia Civil detuvo a 125 hombres. La mayoría, atados codo con codo, quedaron expuestos a la entrada de Lucena, hasta que al día siguiente el gobernador civil decretó su libertad. Paralelamente, los dirigentes obreros trataban de calmar los ánimos de los más exaltados, pues el día de la detención estaba reunida la comisión obrera con los patronos en el ayuntamiento, mientras miles de personas se hallaban en los alrededores esperando los resultados de la cita. La huelga ya se había extendido por la localidad y habían cerrado los comercios y las tabernas. También, según el Diario de Córdoba, “grupos de mujeres habían obligado a varias sirvientas a salir de las casas en las que se hallaban colocadas” para que se sumaran al paro.

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Con este titular encabezó el periódico El Socialista la noticia que publicó, el 13 de noviembre de 1920, sobre la huelga de Lucena.

El día 6 el alcalde emitió un bando prohibiendo la concentración de grupos de personas en las calles y las reuniones en el Centro obrero. Una comisión de obreros se dirigió entonces a la casa del alcalde, custodiada por seis parejas de guardias civiles, que estaba situada en la esquina de la plaza del Coso con la calle Juan Valera (actual edificio de Videoluc). Le solicitaron que se les dejara reunirse para poder debatir qué contestar a la propuesta de los patronos, con los que habían acordado citarse al día siguiente, a lo que se negó. Cuando los miembros de la comisión se dirigieron a la Casa del Pueblo a comunicar la decisión del alcalde, se presentó la Guardia Civil y la Municipal que los expulsó de malos modos. El día 7 de noviembre, 150 guardias civiles llegaron de refuerzo a Lucena para garantizar el orden público. A las diez de la mañana, tal y como habían acordado con anterioridad, patronos y obreros se reunieron en el Ayuntamiento y llegaron a un acuerdo para las bases de trabajo al aceptar los patronos las demandas de los trabajadores. La huelga había llegado a su fin. El triunfo sindical no tuvo su correspondencia política, pues como hemos señalado con anterioridad, Largo Caballero no consiguió ser elegido diputado por la circunscripción de Lucena al mes siguiente.

Finalizado el trienio bolchevique, desde 1921 hubo un descenso cada vez mayor de la agitación social debido a que se siguió aplicando una fuerte represión contra el movimiento obrero y a la desaparición de la gran mayoría de las sociedades anarquistas, que habían sido las más combativas durante los años precedentes. El golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923 y su posterior dictadura, la persecución de anarquistas y comunistas y la actitud de colaboración del socialismo español con el régimen dictatorial influyeron también en una pacificación temporal. De hecho, dirigentes obreros lucentinos que habían tenido una especial relevancia durante el trienio bolchevique, como Rafael Lozano Córdoba y el abogado Antonio Buendía Aragón, participaron en el banquete de homenaje a Primo de Rivera, al que asistieron tres mil personas (63 de ellas lucentinas), que tuvo lugar en Córdoba el 24 de mayo de 1925, e incluso Rafael Lozano, presidente del Centro Obrero desde al menos 1923, realizó un brindis en honor del dictador (según informó el periódico Lucena en su edición del 30 de mayo de 1925). La Agrupación socialista de Lucena ya había dejado de tener actividad desde antes de la dictadura de Primo de Rivera hasta que fue refundada en octubre de 1929, bajo la presidencia de Luis Fuentes Flores, por los agricultores de la sociedad obrera que aún pervivía en la Casa del Pueblo. Sin embargo, habrá que esperar a los meses anteriores a la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, para que el movimiento obrero lucentino adquiera nuevos bríos.

Información complementaria:

El origen del socialismo en Lucena. Cartas de Pablo Iglesias a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo (1910-1913)

A comienzos del siglo XX se vivió en la provincia de Córdoba un auge del asociacionismo obrero que se manifestó también en Lucena, una localidad que en el año 1900 albergaba a 21.179 habitantes (la mitad que ahora). En aquel momento, la actividad económica más importante y la gran fuente de riqueza era la agricultura. En el campo cordobés hubo dos factores que ejercieron una influencia decisiva en el nacimiento de la actividad sindical. Por un lado, la estructura de la propiedad de la tierra, concentrada en manos de un número reducido de personas, a las que las clases populares llamaban señoritos o patronos. Por otro lado, la miseria de los jornaleros, que constituían la inmensa mayoría de la población activa y sobrevivían con sueldo escaso, paro estacional, jornadas laborales de sol a sol y condiciones de trabajo abusivas. En aquellos años no existía un salario mínimo o contratos de trabajo estables, ni seguros sociales o de desempleo que pudieran remediar la angustiosa situación de los trabajadores agrícolas.

El movimiento obrero socialista en la provincia de Córdoba está muy bien estudiado por Manuel Á. García Parody, así que podemos rastrear sus inicios en Lucena gracias a su libro Los orígenes del socialismo en Córdoba (1893-1931), al periódico El Socialista y a algunos ejemplares de la prensa local y provincial. En Lucena la actividad sindical tuvo raíces socialistas, sin que arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia como Castro del Río, Espejo, Baena, etc. No obstante, tanto el socialismo como el anarquismo eran ideologías minoritarias a principios del siglo XX, con escasa capacidad de influencia política o sindical. En aquel tiempo, el sistema político español, de corte caciquil, se basaba en la manipulación electoral y en la alternancia pactada en el gobierno de dos partidos, el liberal y el conservador. Lucena constituía un feudo liberal dominado por  Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado  electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923.

Lucena entró en el siglo XX con el recuerdo de los graves episodios de crisis de subsistencias sufridos en los últimos años del siglo anterior. En el invierno de 1895 el temporal de lluvias había causado destrozos en caminos y fincas, hundió viviendas e impidió salir a trabajar a los campos —el día que no se trabajaba no se cobraba—, por lo que la miseria invadió a las clases populares de la población. En enero de 1897 un nuevo temporal de lluvias y la falta de trabajo motivaron que el Ayuntamiento, con la ayuda de donativos de particulares, abriera un comedor de caridad donde un guiso de garbanzos y habichuelas con doscientos gramos de pan se servía por solo 10 céntimos. La situación se complicó en la primavera a causa de la sequía. El día 20 de abril unas 1.500 personas, incluidas mujeres y niños harapientos, se manifestaron ante el Ayuntamiento para pedir “trabajo o auxilios para mejorar situación tan angustiosa”, según recoge el libro de actas municipales. Al día siguiente, el alcalde, José de Mora Madroñero, relató en una sesión municipal lo ocurrido durante la tarde anterior y se refirió a “los desmanes cometidos por las turbas en este edificio, cuya planta baja invadieron a las nueve de la noche disparando armas de fuego, lanzando pedradas, destruyendo y quemando listas electorales y documentos varios, así como quinqués, sillas y otros efectos”. A la mañana siguiente intervino la Guardia Civil para restablecer el orden. Además, para calmar los ánimos, el Ayuntamiento dispuso con rapidez el reparto de los obreros parados entre los “propietarios pudientes”, para que los emplearan en las faenas agrícolas a cambio de un sueldo diario de una peseta, al que el Ayuntamiento contribuiría pagando un real más.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que nada más comenzar el siglo XX, en el año 1901, se produjera el primer intento de crear una asociación obrera en Lucena, auque no llegaría a cuajar. Según publicó el semanario El Adalid Lucentino, el 15 de abril se repartió una hoja, con el título de “La Liga de Obreros de Lucena”, que abogaba por la unión de los trabajadores para lograr un aumento de su salario, invitaba a los obreros manuales a afiliarse y llamaba a una junta general para el primer domingo de mayo. El periódico, católico y afín al partido conservador, aunque defendía el derecho de asociación, veía con recelo el nacimiento de esta nueva organización, a la que señalaba como “posiblemente socialista”, y esperaba que no acabaran “seducidos nuestros braceros, gente de suyo incauta y sencilla, con la apariencia de soñadas reivindicaciones, que no están fundadas en la justicia y el derecho”.

Si la Liga Obrera no fructificó, no ocurrió lo mismo con otras organizaciones de trabajadores. En junio y julio de 1902 se crearon las sociedades de Albañiles, Zapateros y Veloneros. Esta última protagonizó una huelga en julio y agosto por el despido de 11 obreros de los 50 que trabajaban en los Talleres Rueda y Muñoz. Los veloneros pedían un contrato de trabajo por dos años, no ser empleados en tareas distintas a su oficio, igualdad de salario en todos los talleres y el aumento del sueldo en un 25%.

Según Juan Díaz del Moral, en su célebre obra Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, publicada en 1928, la primera gran organización sindical de los trabajadores del campo lucentino, la Liga Obrera de Lucena, se fundó en marzo de 1904. El Adalid Lucentino ya contaba el 24 de abril que se había celebrado “en el Gran Teatro un mitin de ideas socialistas, en el que los oradores improvisaron con sobradas energías, ocupándose del tema de siempre, de los burgueses y, como postre, de la religión”. El periódico, escandalizado, afirmaba que “mientras en esas reuniones se despotrique de lo lindo y no haya quien lo impida y a la prensa no se le imponga fuerte mordaza es imposible evitar la degeneración de la patria”.

El Adalid Lucentino publicó el 31 de julio de 1904 otra información relativa a la Liga Obrera. Exponía que desde hacía unos días circulaba entre la población una hoja dirigida por su junta directiva a los trabajadores del campo. En esta noticia, el semanario mostró un talante más conciliador. Señalaba que la “solución práctica del problema agrario se encuentra dentro de las sabias enseñanzas de la Iglesia Católica”. No obstante, sin estar de acuerdo con “la dureza y términos en que está redactado el escrito” de la Liga, el periódico reconocía “con los obreros del campo, la necesidad de que sean corregidos los abusos y desmanes que en la hoja se anotan y que así mismo la verdadera justicia reclama el aumento de jornales, siempre que haya la debida proporción con las horas de trabajo, que hasta el momento ha dejado mucho que desear”. Durante el año 1904 la Liga Obrera se expandió con rapidez ya que en noviembre alcanzó los 420 afiliados.

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Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE (1879) y de la UGT (1888).

En el año 1905 la Liga mantuvo una gran actividad reivindicativa, motivada por la enorme subida de los precios de los alimentos y porque las lluvias a comienzos de año y una pertinaz sequía después impidieron salir a trabajar durante meses a los jornaleros. Juan Chicano se convirtió en el primer presidente de la Liga y en corresponsal en El Socialista, el órgano de prensa del PSOE y de la UGT. En su edición del 6 de enero de 1905, el periódico indicaba que la Liga Obrera de Lucena celebraba reuniones los domingos por la tarde, que abría todas las noches y los días en que no había faena. La Liga pretendió crear una comisión de patronos y obreros para tratar las tarifas de jornales que se pagarían aquel año, pero los patronos se negaron y comenzaron a contratar a jornaleros forasteros —a los que pagaban sueldos más baratos— para no atenerse a las tarifas que había establecido la propia Liga, que iban de 1,50 a 2,50 pesetas por día, dependiendo del mes y del tipo de trabajo. Estos salarios eran muy bajos en relación al coste de la vida. Según un informe remitido ese año de 1905 por el Instituto de Reformas Sociales al Ayuntamiento de Lucena, la alimentación diaria de un obrero se situaba entre 0,48 y 0,65 céntimos de peseta y el gasto anual de una familia obrera alcanzaba de 751 a 800 pesetas, así que la propuesta salarial de la Liga Obrera no se podía considerar abusiva ni disparatada.

En el mes de marzo de 1905 la Liga celebró un mitin, presidido por Juan Chicano, para conmemorar el aniversario de su fundación. En él, si seguimos a El Socialista, “pusieron de relieve la explotación de que son víctimas los obreros y la urgencia de que éstos se unan para combatirla; censuraron el clericalismo, que ayuda en su labor a la clase explotadora; criticaron a las autoridades por la escasa atención que prestan a lo que conviene a los trabajadores, mientras andan vivas cuando tienen que favorecer los intereses patronales; encarecieron a todos a la unión y recomendaron la constancia para alcanzar que no se prive del trabajo a los de la localidad, dándoselo a los de fuera de ella”. El día 26 de marzo hubo otro mitin contra el hambre, en demanda de trabajo y el abaratamiento de los precios.

En abril de 1905 la Liga organizó un ciclo de conferencias sobre diversas materias, como el significado de la manifestación del Primero de Mayo —Día Internacional de los Trabajadores— que en Lucena resultó muy concurrida. Participaron 3.000 personas, según El Socialista, encabezadas por una bandera roja. Reivindicaron la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de un salario mínimo, una caja de retiro (pensión de jubilación) para los obreros ancianos y la supresión del destajo, un sistema de contratación en el que el sueldo dependía del rendimiento del trabajador y no de la jornada laboral que realizara. En la navidad de 1905 la Liga celebró un mitin en el Llano de las Tinajerías, al que asistieron solo ochenta personas, según publicó La Voz, el órgano de prensa del partido liberal lucentino, aunque sus informaciones hay que tomarlas con cautela debido a la animadversión que demostraba el periódico hacia esta organización obrera.

En 1906 no tenemos noticias de la Liga Obrera, pues su presidente y corresponsal en El Socialista, Juan Chicano, sería expulsado de la organización, aunque lo readmitieron con posterioridad. En 1907 la Liga celebró el Primero de Mayo, unos días después de la fecha, con un acto en el que se ensalzó el socialismo y se recomendó el alejamiento del vino y las tabernas. En octubre la Liga organizó una reunión de propaganda socialista para explicar las ventajas del asociacionismo y una asamblea para condenar la intervención de España en la guerra de Marruecos. En diciembre tuvo lugar una velada societaria y un mitin en el que intervino Juan Díaz, el nuevo presidente de la Liga. Este, en febrero de 1908 publicó un manifiesto en El Socialista en el que condenaba la campaña “rastrera” de los patronos, el clero y el periódico La Voz en contra de la Liga, que en vez de dañarla había servido según él para robustecerla, pues ya contaba con 1.000 socios. Su fuerza numérica le permitió poder negociar con los patronos la reglamentación del trabajo, el salario y otras conquistas laborales. En el manifiesto, Juan Díaz señalaba que la unión de los trabajadores era lo que había permitido conseguir algunas mejoras, pero que se debía pasar a la acción política: “No estemos ni un día más fuera del PS y de la UGT. Querer es poder. Demostremos a la burguesía de este pueblo que si ella tiene lo de la de todas partes, el dinero, nosotros tenemos la fuerza de los brazos, y que con ellos es preciso contar hoy. Vamos a unirnos todos los que trabajan por la emancipación para hacer lo propio nosotros, demostrando a los caciques que no nos intimidan…”. Sus palabras terminaban con las proclamas de “¡Viva la Unión!” y “¡Viva el Socialismo!”.

Las palabras de Juan Díaz llamando a la participación política resultaron premonitorias, pues solo cuatro meses después, el 30 de junio de 1908, se fundó la Agrupación Socialista de Lucena, presidida por Benito Durán y ligada al PSOE. Fue la primera de la provincia tras la de Córdoba capital, que se había creado en 1893. Por su parte, la Liga Obrera cambiará su nombre por el de Sociedad de Obreros Agrícolas, y seguirá presidida por Juan Díaz. Ambas entidades mantuvieron una fuerte vinculación, como lo demuestra su participación conjunta en un mitin el 1 de noviembre en el que intervinieron José López Antequera, Bujalance Mora, Juan Leiva e Isidro Cárdenas.

A partir de 1909 tenemos noticias escasísimas del sindicalismo obrero lucentino, a pesar de que existe una etapa de expansión en varios pueblos cercanos, como Montilla, al igual que en la campiña cordobesa y en la sierra. Sin embargo, en las elecciones municipales del 2 de mayo de 1909 resultó elegido concejal Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que jugaría un papel importante en la reorganización del socialismo local. Desconocemos la lista política de la que formaba parte. Según el periódico El Defensor de Córdoba, en estas elecciones salieron elegidos en Lucena nueve concejales conservadores, seis liberales y un independiente, pero no da el nombre de ninguno de ellos. Intuimos que él era el independiente. Se presentó por el distrito quinto, que incluía las zonas de las calles Cervantes, Flores de Negrón, Mesón, Arévalo y Viana. Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo se mantuvo en el cargo de concejal poco más de dos años, hasta las elecciones del 12 de noviembre de 1911, que renovaron parcialmente la Corporación y en las que resultaron elegidos trece concejales liberales y uno conservador.

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En su edición del 30 de junio de 2011, El Socialista recoge el donativo de 3 pesetas de F. A. López desde Lucena.

Francisco de Asís López pertenecía a una familia de profesionales de posición acomodada. Su padre, Miguel López y López, al parecer había sido alcalde de Lucena. Francisco se casó con Antonia, hija del rico propietario José de Mora Madroñero, al que ya hemos citado como alcalde en la década de los noventa del siglo XIX. José de Mora era el cuarto mayor contribuyente de Lucena por bienes rústicos, urbanos e industriales, y curiosamente compartiría algún tiempo el cargo de concejal con su yerno en la misma legislatura. Francisco de Asís López tuvo siete hijos y vivía en el número 10 de la calle Pedro Angulo. Su buena situación económica le permitió remitir dinero con asiduidad para las colectas organizadas por El Socialista en aquellos años por distintos motivos (convertir este periódico semanal en diario, para el mantenimiento del diputado del PSOE, etc.).

Durante su permanencia en el Consistorio lucentino, Francisco de Asís López se manifestó como un concejal muy activo y comprometido. Intervino en reiteradas ocasiones en los plenos y planteó varias mociones, tenidas en cuenta pocas veces por el alcalde y los miembros de la Corporación. Por ejemplo, en la sesión del 21 de junio de 1911, “el Ayuntamiento, sin debate alguno, en votación nominal y con el único voto en contra del señor López, acordó no tomar en consideración” las 17 peticiones que había presentado. Esa situación de rechazo a sus propuestas se intensificó en el año 1911. Aun así, intentó fiscalizar la labor del Ayuntamiento, con escaso éxito, y se interesó en repetidas ocasiones por el contrato de alumbrado público y, sobre todo, por el del arriendo del cobro de consumos y arbitrios locales, que estaba en manos de Félix Aznar y León, antiguo concejal del partido conservador, contra el que inició una enorme batalla jurídica. El impuesto de consumos gravaba los productos de primera necesidad, como la carne y el aceite, y afectaba especialmente a las clases populares. Su cobro se solía arrendar a particulares, que adelantaban el dinero a los ayuntamientos y luego se encargaban del cobro a los ciudadanos, lo que era motivo de frecuentes abusos y fraudes, de ahí la insistencia de Francisco de Asís López en controlar este arriendo.

Las intervenciones de Francisco de Asís López en el pleno municipal muestran en general un talante social y progresista, como podemos ver a continuación a través de algunas de sus propuestas:

  • Una de las primeras peticiones que cursa, junto al concejal Antonio Víbora Blancas, es que las sesiones de pleno del Ayuntamiento se fijen por las noches con el fin de darles “mayor publicidad, facilitando la concurrencia del vecindario, especialmente de la clase obrera que por sus ocupaciones no puede ordinariamente presenciarlas siendo de día”. Los plenos solían hacerse siempre los lunes por la mañana, cuando los vecinos estaban en sus trabajos, lo que les impedía asistir y ser testigos de las decisiones del pleno y del gobierno municipal. (1 de enero de 1910).
  • Petición para que se convoque una reunión del Ayuntamiento “con los médicos titulares y los farmacéuticos que vienen suministrando medicinas para la asistencia domiciliara de los enfermos pobres a fin de estudiar en ella la forma en que se lleva este importantísimo servicio, los medios para mejorarlo y si es o no suficiente la cantidad consignada en el presupuesto para mejorarla”. (30 de marzo de 1910).
  • Celebrar el centenario del 15 de septiembre de 1810, con la intención de conmemorar la “lucha heroica” y la “capitulación honrosa” del vecindario de Lucena con las tropas francesas durante la guerra de la Independencia. La petición es aceptada por unanimidad y se constituirá una comisión de concejales para organizarla, de la que él formará parte. (10 de mayo de 1910).
  • Moción para que el Ayuntamiento “corrija las extralimitaciones y abusos que la compañía suministradora de fluido eléctrico viene cometiendo con sus abonados”, un asunto en el que insistirá en distintas ocasiones. (8 de junio de 1910).
  • “Que se gire por el ayuntamiento una visita de inspección al local hoy de su pertenencia en que se hallan instaladas el depósito municipal y la prisión preventiva del partido, cuyas malas condiciones de salubridad e higiene denuncio solemnemente”. (8 de junio de 1919).
  • Separación del cargo de administrador y de capellán de la Obra Pía de Nuestra Señora de Araceli, que hasta el momento recaían en un sacerdote, de manera que al ser el Ayuntamiento patrono de la Fundación pudiera nombrar al administrador entre los recaudadores de impuestos municipales, mientras la elección del capellán se reservaría al obispo. (4 de julio de 1910).
  • Destinar “500 pesetas para socorrer a los mineros de Bilbao que han paralizado sus trabajos declarándose en huelga” del presupuesto que había consignado en el Ayuntamiento para ferias. (10 de agosto de 1910).
  • Proposición para que la jornada diaria de los trabajadores municipales no exceda de las ocho horas, su sueldo mínimo sea de 1.75 pesetas por día de trabajo, que desde octubre a mayo las oficinas municipales se abran desde las 11 a las 17 horas y desde las 20 a las 22; y en los demás meses desde las 8 a las 13 y desde las 18 a las 21. (2 de noviembre de 1910).
  • Proposición para que todos los empleados y funcionarios municipales, salvo los manuales, “sean de buena e intachable conducta”, tengan “instrucción, o sea, saber leer y escribir” y no estén procesados ni hayan sufrido condena de arresto mayor. (30 de noviembre de 1910).

 

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Carta, con fecha del 18 de julio de 1910, escrita por Pablo Iglesias, ya diputado en las Cortes, a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo.

Mientras permaneció de concejal y en fechas posteriores Francisco de Asís López mantuvo una intensa correspondencia con Pablo Iglesias, el fundador del PSOE en 1879 y de la UGT en 1888. Pablo Iglesias, con 59 años, se había convertido en 1910 en el primer diputado del PSOE de la historia tras ser elegido por Madrid en las elecciones de mayo, a las que se presentó dentro de una candidatura de Conjunción republicano-socialista. Conservamos copia de 24 misivas, todas manuscritas menos una redactada a máquina, enviadas por Pablo Iglesias a Francisco de Asís López. Las originales fueron donadas en mano por su hijo Miguel a Felipe González en la sede del partido de la calle Ferraz de Madrid antes de que este llegara a la presidencia del Gobierno en 1982, por tanto se conservan en la Fundación Pablo Iglesias de Madrid, donde se almacena el archivo histórico más importante del socialismo español. La primera carta tiene fecha de 18 de julio de 1910, un par de meses después de que Pablo Iglesias resultara elegido diputado, y la última de 8 de febrero de 1913. Este periodo casi coincide en el tiempo con la presidencia en el Gobierno de España del liberal José Canalejas (9 de febrero de 1910 a 12 de noviembre de 1912). La línea vehicular de las cartas es el interés de Pablo Iglesias en que en Lucena se cree una agrupación socialista. Hemos de tener en cuenta que la otra gran ideología opositora al sistema político de la Restauración, el republicanismo, ya contaba en Lucena con una agrupación local del Partido Republicano Radical, que había sido inaugurada por el diputado Emiliano Iglesias en 1910. Parece también que uno de los dirigentes del comité ejecutivo de la Conjunción republicano-socialista, el republicano Rodrigo Soriano, visitó Lucena en alguna ocasión. A ambos los nombra Pablo Iglesias en sus cartas.

La insistencia de Pablo Iglesias y el trabajo de Francisco de Asís López dieron sus frutos. Después de cuatro años de inactividad, en 1913 resurgió la actividad sindical lucentina. En enero se creó el Centro de Obreros Socialistas, que pronto ingresaría en el PSOE, y una Sociedad de Albañiles, que se integraría en la UGT. En el Centro de Obreros Socialistas, José López Antequera ejerció de presidente, Juan Antonio Funes de secretario y R. Ranchal de tesorero —con este último, según manifiesta en sus cartas a Francisco de Asís López, Pablo Iglesias también mantuvo correspondencia—. El 25 de abril Pablo Iglesias visitó Lucena para pronunciar un mitin, al que asistió numeroso publico, dentro de la gira que realizó por varios pueblos cordobeses aquella primavera (Puente Genil, Montilla, Rute, Belmez, Córdoba capital), lo que insufló nuevos ánimos al socialismo local.

Una semana después se celebró el Primero de Mayo de 1913, con un  mitin en el que intervinieron Beato Franco, Antonio Montilla y el abogado Antonio Buendía Aragón. En mayo y junio se constituyeron varias sociedades obreras: la de Tinajeros, Pintores, Blanqueadores y similares, Metalúrgicos y Carpinteros. Esta última inició una huelga en mayo para pedir la jornada laboral de 9 horas y el aumento de sueldo si se trabajaba los domingos, que se consideraban no laborables por ley desde 1904. En 1914 se creó una sección de las Juventudes Socialistas y, como actividad destacada a comienzos de año, hubo una campaña de recogida de firmas, que alcanzó 966 adhesiones, en contra de la guerra en el protectorado de Marruecos. El gobierno había instaurado recientemente el servicio militar obligatorio y los sindicatos, el PSOE y los partidos republicanos se posicionaron en contra de esta intervención en el territorio marroquí, pues entendían que solo servía para defender los intereses de empresarios y militares.

En marzo de 1915 la Sociedad de Albañiles, afecta a la UGT, inició una campaña contra el precio de los alquileres, los artículos de primera necesidad y del pan, que se vendía en Lucena a 0,95 pesetas el kilo, cuando el sueldo diario de un jornalero de enero a junio de ese año era de dos pesetas, solo el doble de lo que valía un kilo de pan. En el manifiesto que lanzó esta organización obrera a la opinión pública para denunciar la situación señalaba lo siguiente: “Y nosotros, que somos la inmensa mayoría, el origen del derecho, ¿debemos tolerar cobardemente que esta injusta sociedad nos pague nuestra vida, pletórica de sufrimientos, con una muerte cruel, inhumana, aniquilándonos por hambre? Querer es poder. Y unámonos todos y acabemos de una vez con esta cuadrilla de acaparadores sin conciencia que comercian con el hambre de nuestros hijos”. El 1 de abril se celebró en el casino de Sociedades Obreras una asamblea, donde se acordó “enviar una protesta enérgica contra las autoridades locales por la pasividad irritante que vienen observando en estas circunstancias”.

El día 9 de septiembre de 1915 el Centro de Obreros Socialistas celebró un mitin de propaganda. El dirigente Antonio Montilla alertó de que “el indiferentismo y la apatía [de los trabajadores] es culpa de que los burgueses empleen sobre ellos una explotación tan inicua y vergonzosa”. En el mismo acto, el trabajador agrícola y presidente de la Sociedad, José López Antequera, manifestó lo beneficioso que sería para todos los trabajadores el que se afiliaran al Centro. Sin embargo, la actividad del Centro de Obreros Socialistas resultó cada vez menor. Habrá que esperar a los años del llamado “Trienio Bolchevique” en Andalucía (1918-1920) para que el socialismo lucentino irrumpa con nuevas fuerzas, de lo que es muestra evidente que en marzo de 1919 la Agrupación Socialista de Lucena alcanzara los 1.976 militantes y la de Jauja sumara 200. Pero este nuevo periodo ya será materia de una nueva entrada del blog.

Para finalizar, he de agradecer a Antonia López Moscoso, nieta de Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que me haya facilitado algunos datos biográficos de su abuelo para completar esta historia. Las veinticuatro cartas que le remitió Pablo Iglesias se pueden leer en este enlace. 

Javier Tubío Aranda, primer alcalde de Lucena durante la II República

Javier Tubío Aranda nació en Lucena el 3 de diciembre de 1878 en una familia de posición acomodada. Sus padres se llamaban Araceli y José, y entre sus hermanos encontramos a un médico (José), un juez (Jorge) y un profesor (Manuel). Cuando se casó con Antonia Beato Ramírez, estableció su domicilio en el número 20 de la plaza Conde de Prado Castellano, hoy plaza del Coso. Trabajó de perito mercantil, contable e inspector de seguros. Desconocemos cuándo se comprometió políticamente con el republicanismo, pero es posible que desde la fundación en 1910 de la agrupación local del Partido Republicano Radical, una organización política creada en España dos años antes por Alejandro Lerroux con un discurso populista y anticlerical que poco a poco se moderaría.

El republicanismo fue la principal minoría de oposición en el Parlamento español desde el comienzo del reinado de Alfonso XIII, en 1902, hasta la imposición de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en 1923. Los republicanos se presentaron a menudo a las elecciones coaligados con el PSOE, tuvieron una fuerza importante en las zonas urbanas y aglutinaron en su seno a un amplio sector de la burguesía progresista y de las clases populares. Como el sistema político de la Restauración se basaba en el fraude electoral y el turno pactado entre los dos grandes partidos dinásticos, liberales y conservadores, la implantación del republicanismo resultó más dificultosa en el ámbito rural, donde la libertad de voto era menor y la influencia caciquil más acusada. Precisamente por ello, en Lucena uno de los objetivos del republicanismo fue la lucha política contra Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado liberal electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923, dos veces ministro y cabeza visible en la localidad del sistema político que los antimonárquicos querían enterrar.

Cuando hizo falta, como ocurrió de manera más descarada en las elecciones a Cortes de 1905 y 1919, para mantener su escaño de diputado y derrotar a la oposición, Martín Rosales y sus partidarios lucentinos no dudaron en usar las trampas caciquiles: manipulación electoral, coacciones, compra de votos, falseamientos de actas, atropellos de los funcionarios, uso de la fuerza pública, encarcelamientos de candidatos y apoderados, etc. El fraude electoral resultaba a veces tan escandaloso que, en noviembre de 1911, Javier Tubío y el también republicano José López Jiménez llegaron a solicitar en una instancia al alcalde que se anularan las elecciones municipales por las irregularidades que habían detectado.

El republicanismo constituyó una ideología muy minoritaria en Lucena a principios del siglo XX, sin representación en el Ayuntamiento y sin candidatos que se atrevieran a presentarse para diputados a Cortes por el distrito electoral. Sin embargo, los antimonárquicos expandieron su influencia de manera paulatina y en las elecciones municipales del 14 de noviembre de 1914 Javier Tubío obtuvo una concejalía. A partir de entonces, se convirtió en el edil con más mociones planteadas y con mayor número de intervenciones en el pleno municipal. Que sepamos, esta es la primera vez que un republicano obtiene el acta de concejal en Lucena en el siglo XX.

Tras la siguiente convocatoria electoral municipal, en noviembre de 1917, Javier Tubío ya disfrutó de un nuevo compañero republicano en el Ayuntamiento, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba. En febrero de 1920, en plena efervescencia obrera y sindical del llamado “trienio bolchevique” en Andalucía, los republicanos lucentinos rentabilizaron su influencia sobre la clase trabajadora y aumentaron sus concejales a cuatro, con la presencia del propietario José López Jiménez y del abogado Miguel Víbora Blancas. Los cuatro, junto a Manuel Tubío (hermano de Javier), el industrial Domingo Cuenca Aranda, Zenón Cuenca, Eduardo Álvarez, Miguel Cruz y Antonio Pedro Lara constituyeron la delegación lucentina que asistió en Madrid, del 14 al 21 de noviembre de 1920, al Congreso Nacional de la Democracia Republicana, en el que resultó elegido Alejandro Lerroux como presidente de la Junta Nacional Republicana que debía reorganizar el partido. Del auge del republicanismo lucentino en ese año da fe el que Javier Tubío presentara su candidatura para diputado a Cortes por el distrito de Lucena, aunque la retiró antes de las elecciones, que se celebrarían el 19 de diciembre.

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Javier Tubío Aranda (de pie, tercero por la izquierda). A su lado, otras tres figuras prominentes del republicanismo histórico en Lucena: Domingo Cuenca Navajas (de pie, segundo por la izquierda), Anselmo Jiménez Alba (de pie, cuarto por la izquierda) y José López Jiménez (sentado, segundo por la izquierda),

Tras las elecciones de febrero de 1922, a consecuencia del abatimiento y la represión que sufrió el movimiento obrero andaluz tras el “trienio bolchevique”, la cifra de ediles republicanos bajó a dos, y solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez Alba. Este Ayuntamiento, al igual que todos los de España, cesó debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923 del general Miguel Primo de Rivera. Hasta este momento, y desde finales de 1914, los republicanos lucentinos habían conseguido representantes en la Corporación en las cuatro elecciones municipales bianuales celebradas, y Javier Tubío había sido el único concejal que había repetido en todas las ocasiones.

El 17 de agosto de 1930 dirigentes republicanos y socialistas firmaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de establecer una república democrática y de derrocar al rey Alfonso XIII, a quien acusaban de haber apoyado el golpe de Estado de Primo de Rivera y de haber permitido la instauración de una dictadura, que en esos momentos se encontraba en manos del general Dámaso Berenguer. Su sucesor, el almirante Aznar, con la intención de volver a la normalidad constitucional, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían —como la mayoría de los ciudadanos— que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE y el Partido Republicano Radical, se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Bloque del Partido Social Democrático, y a un candidato comunista, el propietario y abogado Antonio Buendía Aragón. Las elecciones del 12 de abril de 1931, en las que aún solo podían votar los varones, depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos. En total, dieciocho concejales republicanos frente a siete monárquicos. En el resto de España conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios.

Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor —roja, amarilla y morada—, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 de abril los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora —sobre quien también recaía la jefatura del Estado—, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos. Se iniciaba así, de forma esperanzadora y pacífica, y en medio del entusiasmo popular, el primer régimen democrático de la historia de España y uno de los procesos de cambio político más trascendentales del siglo XX.

El día 15 de abril por la tarde el gobernador civil de Córdoba nombrado por el Gobierno republicano —el abogado y catedrático Antonio Jaén Morente— anunciaba por telegrama el envío de un delegado para constituir el nuevo Ayuntamiento de Lucena salido de las urnas, y advertía de la conveniencia de mantener el orden “en bien de la República”. A las siete de la tarde se personaba como delegado del gobernador el abogado Francisco de la Cruz Ceballos que, a la una de la madrugada del día 16, en el salón de sesiones, en presencia de los concejales republicanos y siguiendo instrucciones superiores nombró alcalde provisional a Javier Tubío. Después del delegado del gobernador, habló el propio Tubío para agradecer el nombramiento y resaltar que pondría toda su voluntad en el desempeño de su cargo, con la esperanza de “verse asistido por todo el pueblo general por ser el único soberano”.

El 17 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento con los concejales proclamados el día anterior por la Junta Municipal del Censo Electoral. Javier Tubío resultó elegido alcalde por el pleno con veintidós papeletas a favor y una en blanco. Tras la elección de los tenientes de alcalde, Javier Tubío pidió un minuto de silencio en memoria de los “mártires de la libertad”, capitanes Fermín Galán y García Hernández, fusilados por su participación en la fracasada sublevación republicana de Jaca de diciembre de 1930. Terminó la sesión con un “¡Viva la República!”, contestado por todos los presentes. La corta experiencia de Javier Tubío como alcalde, pues dimitiría tres meses después, vendría condicionada sobremanera por la crisis obrera, en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Así que su gestión se basó fundamentalmente en conseguir de la Administración obras públicas y subsidios para los parados y en intentar aplicar, sin éxito, el decreto de Laboreo Forzoso, que obligaba a los patronos a dar trabajo a los desempleados de acuerdo con la extensión de sus fincas. También, en un acto de generosidad institucional, Javier Tubío renunció a las doce mil pesetas anuales que tenía asignadas para gastos de representación de la alcaldía en beneficio de los obreros parados.

Es posible que en la elección de Javier Tubío Aranda como alcalde influyera su filiación masónica, que compartía con el gobernador civil Antonio Jaén Morente. Los orígenes de la masonería en Lucena se remontaban al siglo XIX, ya que había funcionado la logia Isis antes de 1873, y entre 1880 y 1887 se constituyó Isis Lucentino. Sin embargo, fue durante la República cuando la masonería adquirió relevancia política, no tanto por su número de miembros sino por la actividad y el compromiso de los mismos. Este fenómeno ocurrió de manera similar en la política nacional y en la cordobesa, como lo prueba que seis de los doce diputados elegidos por Córdoba en las elecciones legislativas que se celebraron el 28 de junio de 1931 eran masones.

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Ficha de ingreso de Javier Tubío en la logia cordobesa Turdetania en 1919.

El 26 de marzo de 1919, Javier Tubío, con 40 años, se inició en el rito masónico como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. Tomó el nombre simbólico de Voltaire, en honor al filósofo de la Ilustración francesa. En octubre de 1926 alcanzó el grado tres y cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo masónico Isis Lucentino ejerció como venerable maestro de taller, del que eran únicos hermanos cuatro futuros concejales en abril de 1931: Anselmo Jiménez Alba, Domingo Cuenca Navajas, José López Jiménez y Antonio Buendía Aragón (los tres primeros republicanos y el último comunista), lo que demuestra un compromiso político de los masones lucentinos sin comparación con ningún pueblo de la provincia. El 23 de junio de 1934, la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, incluyó a Javier Tubío en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Los masones profesaban una ideología política variada, tanto en Lucena como en el resto de España. No obstante, su pensamiento político, que sería puesto en práctica en gran medida por el Gobierno republicano, se reflejó en mayo de 1931 en la declaración de principios elaborada por la Gran Logia Española: libertad de pensamiento, expresión y religión; igualdad ante la ley, sufragio universal, separación de la Iglesia y el Estado, matrimonio civil y divorcio, expulsión de las órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de asociaciones, abolición de la pena de muerte, ejército voluntario, enseñanza laica y gratuita, usufructo de la tierra por aquellos que la trabajan e implantación de un Estado federal.

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Javier Tubío, en el centro (sentado, cuarto por la izquierda), junto a otros comensales republicanos.

El 28 de junio de 1931, un par de meses después de la proclamación de la República, se convocaron elecciones legislativas. En Lucena, los socialistas obtuvieron mayoría absoluta con el 52,10% de los votos, seguidos de los republicanos, que lograron el 32,70%. En toda España el resultado fue muy similar, con victoria del PSOE, presencia muy importante de republicanos de diverso signo y escasa representación derechista. Tras la espectacular victoria socialista en Lucena, Javier Tubío presentó su dimisión irrevocable de la alcaldía el 6 de julio alegando razones de enfermedad. Le sustituyó el primer teniente de alcalde, el abogado socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Posiblemente, en esta decisión pesara el pobre resultado obtenido por la candidatura republicana lucentina en comparación con la del PSOE, lo que quizás fuera entendido por Javier Tubío y los republicanos como una falta de respaldo popular a su gestión. Tras la dimisión de Javier Tubío se produjo un distanciamiento entre los republicanos radicales y los socialistas lucentinos (algo que también ocurriría en toda la provincia) y los concejales republicanos dejaron incluso de asistir a las sesiones municipales hasta enero de 1932, aunque ya con anterioridad ambos partidos habían manifestado su desacuerdo en temas de política municipal y de solución de la crisis obrera.

Javier Tubío continuó con su actividad política fuera de la alcaldía, pues pertenecía además a la junta directiva del Partido Republicano Radical. El día 27 de agosto de 1931, por ejemplo, intervino en un acto público en el Centro Republicano, en el que ante el clima de conflictividad social resaltó la “conveniencia de admitir por parte de los poderosos el avance social bien ordenado pues si insisten en conservar su predominio intacto a toda costa, ello sería causa del desenfreno de los humildes hasta ahora, que no están dispuestos de ninguna manera a seguir en la misma situación”. También, en la noche del 2 de noviembre participó en un ciclo de conferencias en el Centro Republicano en las que disertaron otros dirigentes locales del partido (Lucas Ruiz de Castroviejo Burgos y Rafael Ramírez Pazo).

A lo largo del año 1931, el partido de Javier Tubío, el Partido Republicano Radical, iba girando hacia el conservadurismo. Se evidenció cuando en diciembre, Manuel Azaña, que había llegado a la presidencia dos meses antes, realizó una renovación ministerial. Desde la proclamación de la República los radicales de Lerroux habían participado en el gobierno, pero a partir de ese momento dejaron de colaborar. La asamblea nacional del Partido Republicano Radical, celebrada en octubre de 1932, significó un paso más en el proceso de derechización de este grupo político, al reclamar el fin de la participación de los socialistas en el Gobierno y el cese de la intervención del Estado en las relaciones laborales. El cambio ideológico provocó que antiguos monárquicos, aventureros políticos y personas ligadas a la oligarquía agraria encontraran rápido acomodo dentro del partido.

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Hoja pública difundida por Javier Tubío en la que informa de su nueva militancia en Acción Republicana.

En Lucena, el progresivo abandono de las esencias republicanas por parte del Partido Republicano Radical y las injerencias del jefe provincial, Eloy Vaquero, determinaron la salida de algunos de sus representantes históricos. Así, aunque el 16 de septiembre de 1932 Javier Tubío había sido nombrado diputado provincial en representación de los radicales, ya en la IV Asamblea Nacional de Acción Republicana —el partido del presidente de gobierno Manuel Azaña— celebrada en los días 14 a 16 de octubre, resultó elegido miembro de su Consejo Nacional. En representación de los consejos locales de Acción Republicana de la campiña cordobesa, Javier Tubío participó en un mitin en el Gran Teatro de Córdoba el 23 de julio de 1933, en el que recibió grandes aplausos. Manifestó que su partido tenía la intención de “luchar contra la reacción que pretende obstruir el camino por donde marcha triunfante la revolución española” y que “el reto lanzado por las derechas a las izquierdas revolucionarias españolas debe aceptarse, pero si es preciso hay que luchar en la calle”.

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones legislativas de la II República. Frente a una derecha unida, los republicanos acudieron a las urnas divididos, enfrentados casi en todas partes. Los republicanos de izquierda crearon en Córdoba una coalición con el nombre de “Republicanos de Izquierda y Alianza de Labradores (arrendatarios, aparceros y medianeros)”, en la que participaban Acción Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista y la Alianza de Labradores. La lista de derechas consiguió la victoria en Lucena (36,36% de los votos), seguida de los comunistas (24,84%). A pesar de que Javier Tubío iba de candidato, su coalición de republicanos de izquierdas solo obtuvo el 5,83 % de los votos. Sin embargo, como las listas eran abiertas y cada elector podía señalar hasta diez nombres, él dobló en votos a los otros candidatos de su coalición. De los 9.593 lucentinos que acudieron a las urnas, incluidas por primera vez las mujeres, 1.263 depositaron su confianza en él.

Los grandes triunfadores de las elecciones en España fueron la CEDA (la coalición de la derecha católica dirigida por José María Gil Robles) y el Partido Republicano Radical. Solos, en coalición entre ellos o con otros partidos de derechas controlaron el gobierno hasta enero de 1936. Durante su mandato, se produjo una corrección o paralización de la política reformista del primer bienio republicano que en la provincia de Córdoba se manifestó en la sustitución de varios ayuntamientos. Así, el 15 de octubre de 1934 el gobernador civil “suspendió” a toda la Corporación municipal de Lucena y nombró delegado del Gobierno en el Ayuntamiento al secretario Marceliano Izquierdo, que convocó una sesión extraordinaria municipal al día siguiente. Leído el oficio de destitución por el secretario, el alcalde socialista saliente, Vicente Manjón-Cabeza, mostró en nombre de todos los concejales su extrañeza por la medida, pues no conocía ley alguna que autorizara a los gobernadores civiles para tal destitución, y alegó que el Ayuntamiento lucentino siempre había estado a las órdenes de las autoridades constituidas. A esta protesta se adhirió Javier Tubío por Izquierda Republicana, el nuevo nombre que había tomado su partido, Acción Republicana, tras su fusión en abril de 1934 con el partido radical-socialista y el partido republicano gallego de Casares Quiroga. El 22 de octubre el gobernador nombró a los nuevos concejales interinos lucentinos (todos, menos uno, de la CEDA y del Partido Republicano Radical), que designaron alcalde al radical Bernardo Fernández Moreno.

  Durante 1935, las secuelas de la política conservadora convencieron a la izquierda de la necesidad de unir sus fuerzas. Cuando se convocan nuevas elecciones legislativas para el 16 de febrero, la izquierda se presentó unida en una coalición electoral denominada Frente Popular —en la que participaba la Izquierda Republicana de Javier Tubío, la Unión Republicana, el PSOE, el partido comunista, etc.— que obtuvo la victoria con un programa electoral relativamente moderado, continuista respecto a la política reformista del primer bienio. En Lucena el Frente Popular también ganó y obtuvo el 53,66% de los votos frente al 38,32% de las derechas.

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La bandera republicana, en la parte superior, preside una comida de concejales del Frente Popular en 1936. De izquierda a derecha: Francisco Verdejo Ordóñez, Manuel Molero Bergillos, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba (alcalde), Javier Tubío Aranda, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”.

Una de las primeras medidas que tomó el Frente Popular después de su triunfo fue la reposición de los ayuntamientos surgidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados por las arbitrariedades de los anteriores gobernadores civiles. En Lucena, el nuevo gobernador civil del Frente Popular nombró una comisión gestora el día 22 de abril, integrada por casi todos los concejales electos en febrero de 1931 por la lista republicana. Como los concejales socialistas desistieron de volver a la política municipal en protesta porque la nueva gestora no reponía a todos los concejales elegidos en 1931 ni respondía a la correlación de fuerzas del Frente Popular, el nuevo Ayuntamiento se constituyó con algunos de los antiguos concejales de elección popular y los nuevos concejales interinos nombrados por el gobernador. Tras una votación, se nombró alcalde el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, de Unión Republicana, y como segundo teniente de alcalde a Javier Tubío, de Izquierda Republicana. Al igual que ocurrió en el primer bienio republicano, el interés del Consistorio se centró en la solución de la crisis obrera. Como hecho relevante, a comienzos de mayo, una delegación de cuatro concejales, compuesta por Javier Tubío, Domingo Cuenca Navajas, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Bergillos Gálvez, viajó a Madrid para gestionar la realización de algunas obras para dar trabajo a los parados y consiguió poner en marcha varios expedientes ministeriales, relativos a la construcción de locales apropiados para correos y telégrafos, la estación olivarera y la cárcel.

La corta experiencia de gobierno del Frente Popular terminó en muchas zonas de España con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En Lucena, esa tarde, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las cinco de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Reclutas, emitió el bando de guerra. El 20 de julio, a las diez de la noche, había convocada sesión municipal ordinaria. El bando de guerra, que prohibía la libre circulación desde las nueve de la noche y las reuniones sin permiso de la autoridad militar, no permitió a los concejales reunirse en el ayuntamiento, por lo que se convocó nueva sesión para el día 22. A las seis de la tarde de este día, con la autorización del teniente coronel Tormo Revelo y bajo la presidencia del segundo teniente de alcalde, Javier Tubío, que actuó como alcalde accidental, se reunieron seis concejales bajo la supervisión del delegado de la autoridad militar. En esta sesión, y como una manera de mostrar su desacuerdo con la sublevación, Javier Tubío solicitó licencia por tiempo indeterminado. A continuación, el comandante militar de Lucena destituyó a toda la Corporación municipal y nombró alcalde a Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil.

El término preciso para referirnos a lo que sucedió en Lucena entre 1936 y 1939 no es el de guerra civil, sino el de represión, pues en la localidad no hubo resistencia armada al golpe de Estado, combates u operaciones militares. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas —en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes— y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes, por lo que hubo que habilitar hasta seis cárceles, incluidos dos conventos y la antigua plaza de toros. De los concejales elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, ocho acabarían pronto fusilados: cuatro socialistas (Rafael Lozano Córdoba, Antonio Palomino Luque, Manuel Burguillos Serrano y José López Antequera) y cuatro republicanos. Estos últimos habían vuelto a su cargo en febrero de 1936, repuestos por el gobernador civil del Frente Popular. Para su desgracia, pertenecían además al triángulo masónico Isis Lucentino, lo que en pleno apogeo de la teoría del “complot bolchevique-judeo-masónico” como causante de todos los males de España agravaba aún más su situación. Javier Tubío intuía que sería una de las víctimas, ya que le comentó a su mujer que “el campo era labor de viudas”. Según el testimonio de su hija, Araceli Tubío Beato, su padre fue apresado el 31 de julio por el guardia civil Antonio Bermúdez Rocher. Cuando el guardia se personó en el domicilio, Javier Tubío no se encontraba allí, así que amenazó a su esposa y a su hija con detenerlas si no aparecía en dos horas (este guardia utilizó el mismo método expeditivo de arresto con otras familias lucentinas, según los testimonios que recogí en su momento).

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La cárcel del Coso aparece a la izquierda y al fondo, con un mástil en la puerta.

Tras su detención, condujeron a Javier Tubío a la cárcel del Coso, situada a escasos metros de su casa, donde el capitán de Infantería de la Caja de Reclutas Joaquín López Tienda ordenó que se le castigara encerrándolo en una incómoda y minúscula celda que se había improvisado en el hueco de la escalera. Como los familiares debían llevar la comida a los presos, se comunicaba con su mujer a través de unas notas que ocultaba en la cesta de los alimentos, así que un día le escribió que quemaran todos sus papeles por temor a que pudieran comprometerle. A la vez, en un intento de congraciarse con sus captores, y según publicó el periódico católico local Ideales el 24 de agosto de 1936, donó 250 pesetas (el jornal diario rondaba entonces las cinco pesetas) para la suscripción de oro para el Tesoro, una de las múltiples colectas que se organizaron en aquellas fechas para recaudar fondos en las zonas controladas por los militares sublevados. Mientras, su esposa y su hija iniciaron una peregrinación desesperada por los domicilios de personas influyentes con la finalidad de pedir clemencia para él, sin obtener ningún resultado. Por ejemplo, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego, conocido en Lucena con el apodo de Teniente Polvorilla, las echó a la calle sin contemplaciones.

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Foto de la zona de fosa común del cementerio de Cabra, donde presumiblemente se enterraría a Javier Tubío el 29 de septiembre de 1936.

A los pocos días de la detención de Javier Tubío, siguieron igual destino los otros masones del Consistorio: el alcalde Anselmo Jiménez Alba, el concejal de Izquierda Republicana José López Jiménez y el también concejal, diputado provincial y presidente de la agrupación local de Unión Republicana Domingo Cuenca Navajas. Todos ellos, junto con otros presos, salieron de Lucena en la noche del 28 al 29 de septiembre rumbo a Córdoba. El camión que los transportaba se detuvo a la altura del cementerio de Cabra, donde fusilaron a Javier Tubío, que entonces tenía 58 años de edad. Los demás prosiguieron el camino hasta Córdoba. Allí mataron a Anselmo Jiménez, José López y Domingo Cuenca un mes exacto más tarde, el 29 de octubre. El único miembro del triángulo masónico que consiguió escapar de la muerte fue el exconcejal Antonio Buendía Aragón, al que le sorprendió la sublevación militar en Madrid.

Javier Tubío posee el triste honor de ser el primer fusilado de la guerra civil que se anota en el Registro Civil de Lucena, el 22 de noviembre de 1937, casi 14 meses después de su muerte. La tardanza no resulta extraña porque todas las inscripciones de fusilados se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran. Durante los tres años de guerra sólo encontramos a cuatro fusilados en el Registro Civil de Lucena. El resto se inscribieron en años posteriores e incluso se produjeron diez asientos después del 18 de septiembre de 1979, como consecuencia de la Ley del gobierno de Adolfo Suárez sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares fallecidos a consecuencia de la guerra civil. Hemos de tener en cuenta que el impacto de la represión resultó tan brutal que muchas familias no asentaron a sus seres queridos en el Registro Civil por temor, porque nunca lo intentaron, renunciaron a hacerlo ante las dificultades o porque emigraron de la localidad. De los al menos 124 vecinos de Lucena fusilados durante la guerra civil, 55 (44,35% del total) no aparecen en el Registro Civil. Sus nombres se hubieran perdido para la Historia a no ser por la labor de identificación que inició en los años ochenta del siglo pasado el historiador Francisco Moreno Gómez, continuada por mi desde finales de los noventa.

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Partida de defunción de Javier Tubío Aranda.

Los registros civiles españoles son poco fiables no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar, la fecha de la muerte y la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. Además, resultan frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “no consta”. Así, en el acta de defunción de Javier Tubío no se indica la causa del fallecimiento y se apunta literalmente que “apareció muerto en la madrugada del 28 al 29 de septiembre de mil novecientos treinta y seis en las inmediaciones del Cementerio de Cabra, según resulta de la orden y testimonios presentados y su cadáver recibió sepultura en el Cementerio de Cabra”. Las inhumaciones de los fusilados también fueron irregulares y se efectuaban en fosas comunes, sin anotar el enterramiento en los libros de cementerio, como sucedió en este caso.

Tras el fusilamiento de Javier Tubío, su mujer y su única hija debieron soportar no solo el dolor de su muerte, sino las distintas formas de represión económica que se arbitraron contra los republicanos y sus familias en la España franquista. Los expedientes personales de Javier Tubío que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, relativos a la aplicación en su contra de la Ley de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo, nos han ayudado en buena medida a rastrear cómo afectó este proceso a su familia.

El 11 de noviembre de 1936, Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería y juez instructor militar de Lucena, cumpliendo un bando de 11 de septiembre sobre incautación de los bienes de personas “culpables de actividades marxistas o rebeldes”, ordenó abrir expediente a Javier Tubío. A partir de enero de 1937, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes continuó la tramitación del expediente. El juez de Lucena citó a Javier Tubío para ser oído en el caso, pero al desconocerse su paradero se publicó el 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia la cédula de citación para que compareciera en el juzgado en el plazo de ocho días hábiles. Junto a él se convocaba también a Antonio Buendía Aragón, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba, José Almagro García, Antonio Cortés Gallardo y José López Jiménez, “cuyo actual paradero se desconoce”, “con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil (…) como consecuencia de la oposición al Triunfo del Glorioso Movimiento Nacional”. Esta citación era un puro formalismo jurídico, pues de los siete nombrados, cinco ya habían sido fusilados, entre ellos él.

Desconocemos si el expediente de incautación de bienes contra Javier Tubío originó alguna sanción para su familia. En la entrevista que mantuve con su hija, me contó que les quitaron la cosecha de aceitunas del año 1936, pero que luego se la devolvieron por intervención personal del teniente Rafael García Rey, quien solía ser el administrador de los bienes que se embargaban a los republicanos en aquellas fechas.

Carnet de masón de Javier Tubío conservado por la familia.

Al igual que los expedientes de incautación de bienes, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió también para castigar económicamente a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional —forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado— con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes, de los que 6.454 correspondieron a la provincia de Córdoba, según el historiador Antonio Barragán Moriana. La sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas contra Javier Tubío se emitió en Sevilla el 28 de junio de 1940 y terminó con una multa de 15.000 pesetas. El tribunal estaba presidido por Rafael Añino Ilzarbe y de vocales ejercían Francisco Díaz Pla y Francisco Summers e Isern. Los motivos de la sanción consistían en que había sido jefe local de Izquierda Republicana, masón y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento del Frente Popular. La sentencia señalaba también que “dejó una sola hija hoy con veintitrés años de edad y bienes con valor aproximado de sesenta mil pesetas”.

La viuda presentó un recurso de alzada pocos días después, el 8 de julio de 1940, en el que solicitaba que se revocara la sentencia y que se absolviera de responsabilidad a su difunto esposo. En recurso alegaba, entre otras razones, que la sentencia partía “de supuestos de hecho erróneos y de ilógica aplicación del derecho” y que “las figuras de delito que se le atribuyen han nacido a la vida del derecho después de la muerte del inculpado”, remarcando con ello la barbaridad jurídica que suponía castigar a alguien por haber sido masón o haber militado en un partido político cuando esas filiaciones eran legales en el momento en que se habían producido. También apuntaba que la riqueza catastral de su marido era de 13.950 pesetas y no de 60.000, para lo que presenta un certificado catastral del Ayuntamiento en el que constaba que sus únicos bienes rústicos consistían en una finca de olivar y cereal de 11 hectáreas. El recurso iba firmado con el nombre de “Antonia Beato Vda. de Tubío”.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas estimó en parte, con fecha de 27 de marzo de 1941, el recurso de alzada. Consideró que “dadas las circunstancias especiales que concurren en el caso de autos y muy singularmente las de haber acatado el expedientado, alcalde interino a la sazón en el pueblo de Lucena, la declaración del estado de Guerra, así como la de haber de recaer exclusivamente la sanción que se imponga sobre una hija del expedientado, no puede menos de estimarse la procedencia de reducir a doscientas cincuenta pesetas la sanción económica impuesta”. Tras pagar la multa, la viuda y la hija de Javier Tubío pudieron acceder por fin a la libre disposición de los bienes de la herencia.

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Investigación secreta,  en 1944, sobre los antecedentes de Javier Tubío.

Junto a la Ley de Responsabilidades Políticas, a Javier Tubío se le aplicó otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Tras una fase de investigación secreta de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de la Gobernación, su expediente se abrió el 3 de octubre de 1944. El juzgado del caso recabó información sobre los “antecedentes masónicos y político sociales” de Javier Tubío al cuartel de la Guardia Civil de Lucena. El comandante de puesto, Ramón Cívico Quintana, le contestó cinco días más tarde que “a dicho individuo le fue aplicado el Bando de Guerra (…) por sus ideologías extremistas”. En consecuencia, el 20 de diciembre de 1944 el juez sobreseyó el asunto, pues según esta ley —y a diferencia de la Ley de Responsabilidades Políticas— la muerte del encausado extinguía su responsabilidad criminal y civil.

Para finalizar esta entrada del blog, debo señalar que he podido reconstruir de manera resumida la trayectoria histórica de Javier Tubío  gracias a mis investigaciones y a dos personas. Por un lado, Javier Tubío Ordóñez, sobrino bisnieto de Javier Tubío Aranda, que me alentó hace unos meses a que retomara mi labor investigadora sobre su antepasado y me ha facilitado algunos datos interesantes obtenidos del testimonio de sus tías.

La otra persona a la que debo agradecimiento es Araceli Tubío Beato, hija única de Javier Tubío, ya fallecida. La entrevisté en Córdoba capital en abril de 1997, cuando tenía 80 años. Era una señora culta y elegante. Se había trasladado allí después de haber vivido durante mucho tiempo en Ceuta. Su padre siempre había defendido que la mujer debía formarse y ejercer una profesión que le diera autosuficiencia, para no sentir la necesidad de depender económicamente de un varón. Esa filosofía la aplicó con su hija, así que entre los años 1930 y 1935 —coincidiendo prácticamente con el periodo de la II República— ella estudió Magisterio en Madrid, en la prestigiosa Residencia de Señoritas, homóloga de la masculina Residencia de Estudiantes. Esa residencia estaba ligada a los principios pedagógicos renovadores de la Institución Libre de Enseñanza y allí se formaron las élites sociales e intelectuales femeninas de la época. Araceli elogiaba mucho a su padre, hasta el punto de que después de su muerte le rindió su particular homenaje estudiando la carrera de Derecho, pues él siempre quiso que fuese abogada. Según su testimonio, su progenitor poseía una profunda espiritualidad, admiraba a Jesucristo y a San Francisco de Asís y repartía dinero de manera generosa a los pobres. Nunca quiso abandonar Lucena, a pesar de que le ofrecieron ser gobernador republicano de León y un alto cargo en Canarias. Mantuvo una buena amistad con Manuel Azaña y con Santiago Casares Quiroga, ambos presidentes del Gobierno durante la II República, pero por desgracia la correspondencia con ellos y otra documentación personal que él creyó comprometedora ordenó destruirla cuando se encontraba preso en 1936. Según me confesó Araceli Tubío en la conversación que mantuvimos, su último deseo era que la enterraran con su padre, algo que por desgracia no pudo cumplir, pues nunca lograron saber donde se encontraban sus restos.

Los presos de Baena en la posguerra

Al finalizar la guerra civil española, el 1 de abril de 1939, cientos de miles de refugiados que habían huido de las zonas ocupadas por el Ejército franquista desde el 18 de julio de 1936 debieron emprender, por mandato de las nuevas autoridades, el regreso a sus hogares. También volvieron a sus domicilios, tras su paso por las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados establecidas en las distintas provincias, los 507.000 soldados republicanos que se hacinaban en campos de concentración construidos en edificios dispares y descampados, donde no se respetaban las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra.

El control de los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos los que llegaban debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen, donde se les fichaba a través de un breve informe. En él se anotaban sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra, una información que serviría de base para ulteriores acciones represivas. Ya el 9 de abril de 1939, el alcalde de Baena solicitó al teniente jefe de línea de la Guardia Civil que “sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberles por vía judicial, se formule sobre cada uno de ellos por la fuerza de la Guardia Civil el correspondiente atestado entregándolo en el Depósito municipal y las actuaciones a esta alcaldía a fin de poner a los individuos en cuestión a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”.

Según el libro de presentados de la “zona roja”, que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, 2.174 personas regresaron  oficialmente a Baena como vencidos desde la España republicana. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de vecinos que huyeron del pueblo tras la entrada el 28 de julio de 1936 de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga, pues en ella no aparecen los nombres de los refugiados muertos durante los tres años de guerra, de los que permanecían apresados en otros lugares, de los exiliados y de los menores de edad. Aparte, este libro de presentados tiene dos páginas rotas, lo que impide contabilizar todos los nombres que se anotaron en su origen.

A los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la legalidad juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías jurídicas ni procesales, conculcando el derecho de defensa de los encausados, que casi siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial en la posguerra puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la contienda y había soportado ya una inmensa represión durante tres años, las causas judiciales superaran las 26.000 en 1939, y en 1940 alcanzaran las 37.000.

En la posguerra, la maquinaria judicial contra los republicanos se puso en marcha en Baena el 20 de abril de 1939, cuando se nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del sector quedó establecida en Baena y el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un crucifijo y un retrato del Generalísimo Franco. Los gastos de desplazamiento del juzgado de Baena también corrieron a cargo del Ayuntamiento, incluidos los de los componentes del tribunal de los consejos de guerra que se desplazaban a Baena para los juicios. Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por el tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Baena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba a las pocas horas, después de emitir la condena. Los juicios en muchas ocasiones eran colectivos (20 encausados, por ejemplo, se juzgaron en Baena el 24 de mayo de 1939), sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que evidencia la falta de afán probatorio y la ausencia de una justicia personalizada. Los juicios se celebraban en el Teatro de Baena (en la calle Alta), donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las víctimas como de los acusados.

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José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano. El “turismo penitenciario” le llevó, hasta julio de 1943, por Castro del Río, Córdoba, El Puerto de Santa María, Barbastro y Noales (Huesca).

En las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. En Baena, a los detenidos se les internaba en la cárcel de la plaza Vieja y en la Tercia (en la Carrera, al lado del cuartel y del ayuntamiento), donde también se concentraban presos de Albendín, Valenzuela y Luque. En febrero de 1940 se les trasladó al convento de las monjas de Santa María de Scala Coeli, de Castro del Río, en el que se llegaron a hacinar unos 1.500 presos según el estudioso local Francisco Merino Cañasveras, y de aquí salieron para las prisiones de Córdoba en septiembre u octubre. Para muchos ahí no acabó su periplo penitenciario pues el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que se llamó “turismo penitenciario” (de Baena encontramos presos en Madrid, Burgos, El Puerto de Santa María, etc.). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y escasez.

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Manuel Cañete Tarifa, de 22 años, murió por disparos el 10 de noviembre de 1939, en Baena, al intentar evadirse en un traslado de presos.

La mortalidad entre los internos fue extrema en la cárcel de Córdoba, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. De Baena murieron 12 presos en las cárceles de Córdoba, a las que hay que sumar al menos cinco que fallecieron en distintas circunstancias (enfermedad, suicidio, torturas, intento de evasión) en otras prisiones.

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El preso José de las Morenas Lara, de 28 años, fue torturado en 1939 en el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Las torturas fueron una trágica realidad en todas las cárceles franquistas. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos. Un torturado ya fallecido, José de las Morenas Lara, me contó en septiembre de 2006 que cuando le tomaron declaración en el cuartel en 1939 lo mantuvieron durante cuatro horas de rodillas sobre un garrote mientras le pegaban en la espalda. Por su testimonio, sabemos también que uno de los tres miembros de la familia de los “Zarabanda”, al que habían colgado de los brazos para torturarlo, no resistió el castigo y falleció en el hospital —quizás se refiera a José Padillo Marín, preso con anterioridad en el pueblo jiennense de Torres, pues los otros dos, su padre Agustín Padillo Moraga y su tío Manuel, terminarían fusilados—. En la cárcel de Castro del Río murió el 11 de mayo de 1939 otro vecino de Baena, el campesino de 34 años Felipe Aguilera Arroyo, cuando lo arrojaron a una letrina, donde pereció por asfixia. En el cuartel de la Guardia Civil de Albendín se apaleó también a los presos por medio de golpes de vergajo, puñetazos y patadas, o se les colgaba de las manos al techo, sin atender a los lloros de las víctimas.

El franquismo utilizó a los presos como mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron económicamente tanto la dictadura como la empresa privada. En octubre de 1938 se había creado el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, encargado de la gestión de los trabajos forzados de los presos en cualquiera de sus modalidades: batallones de trabajadores (reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, disueltos en octubre de 1942), destacamentos penales y colonias y talleres penitenciarios. De Baena, al menos 172 personas sufrieron explotación laboral en batallones de trabajadores y en batallones disciplinarios de soldados trabajadores situados en Los Pastores (Algeciras), Los Barrios (Cádiz), Melilla, Tetuán (Marruecos), en el campo de aviación de Labacolla en Santiago de Compostela —aquí estuvieron internados casi todos los vecinos de Albendín que sufrieron prisión en batallones—, etc. En estos batallones, al igual que en las cárceles, los reclusos no sólo sufrieron la masificación, la falta de higiene, la comida escasa, etc., sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta, lo que explica que al menos dos hombres de Baena (Antonio Cantero Cano y Antonio Serrano Ortiz) murieran en batallones de Melilla y San Roque. Entre 1938 y 1939 existieron en Baena dos batallones de trabajadores dedicados a la construcción de fortificaciones militares, adscritos al Ejército del Sur: el nº 5, con 331 prisioneros; y el nº 37, que compartía ubicación con el pueblo vecino de Luque, con 796 internados.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, y tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes —6.454 en la provincia de Córdoba, según el profesor Antonio Barragán Moriana— que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones fusilados o en las cárceles. En Baena, al menos 199 personas (entre las que se contaban una cincuentena de presos, 27 fusilados y dos muertos en las prisiones) se vieron afectadas por esta ley y por los expedientes de “incautación de bienes pertenecientes a individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes” que se incoaron desde el verano de 1936.

Es imposible conocer el número de personas que pasaron por la cárcel de Baena en la primera posguerra. Hay un informe de la Falange del año 1945 que recoge 67 nombres, pero es muy incompleto ya que sólo se anotan los condenados a penas de prisión, pero no los sentenciados a internamiento en los batallones de trabajadores, los condenados a muerte, los liberados sin juicio o los que fueron absueltos. Por desgracia, en el Archivo Histórico Municipal de Castro del Río, el lugar a donde fueron trasladados los presos de Baena, no se conservan fichas de prisión. Aun así, a través de otros documentos del Archivo Histórico Municipal de Baena (correspondencia municipal, informes policiales, fichas de familias pobres) y de algunos testimonios orales obtuve el nombre de otros 58 encarcelados en el pueblo o en otras localidades, lo que en su momento nos dio un total de 125 prisioneros. Esta cifra es la que se publicó en la segunda edición de mi libro Baena roja y negra en diciembre de 2013.

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Uno de los documentos del juez Manuel Cubillo Jiménez, con una relación mecanografiada de presos de Baena.

El año pasado, Gabriel Caballero Cubillo me cedió copia de 66 hojas del archivo personal de su abuelo, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena durante la primera posguerra, de donde he extraído los nombres de casi un centenar de prisioneros más de los que yo ya tenía contabilizados. En consecuencia, las cifras publicadas de presos de Baena estaban desfasadas y era necesario actualizarlas. Esa es la causa principal que motiva esta nueva entrada del blog. En este momento, ya llevamos descubierta la identidad de 224 reclusos —Baena tenía un censo de 24.830 habitantes en 1940—, a los que hay que sumar 43 presos fusilados en posguerra, 19 que fallecieron en las cárceles y en los batallones de trabajadores y 14 internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 13. Asimismo, la documentación del juez Manuel Cubillo nos ha permitido sacar a la luz la identidad de 26 presos del vecino pueblo de Valenzuela y 57 procedimientos inconclusos del juzgado militar de Baena, posiblemente referidos a las fuerzas militares que estuvieron acantonadas en el pueblo durante la guerra civil.

Junto a las listas anteriores, a continuación publicamos también, en varios enlaces, los nombres de 36 presos en campos de concentración, de 172 internos en batallones disciplinarios de soldados de trabajadores y batallones de trabajadores, de 199 afectados por expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes y de los titulares de 180 informes policiales individuales. Estos informes se elaboraban a petición de los juzgados militares, casi siempre cuando el implicado se encontraba en prisión, pero al no tener certeza absoluta de su situación no los consideramos provisionalmente como reclusos y los incluimos en una relación aparte.

 

Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabar la guerra civil española, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales cordobeses de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del juzgado se estableció en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo. Manuel Cubillo murió en 1973. Entre su legado, dejó una variada documentación oficial y unos escritos, de los que me cedió copia en 2015 su nieto Gabriel Caballero Cubillo. Estos escritos, con una pequeña biografía personal del juez y una breve introducción histórica, los publiqué en mi blog en junio de 2015 y pueden leerse en este enlace.

Ahora le toca el turno a la documentación judicial. En su origen era una enorme caja con cientos de documentos, pero a mis manos solo han llegado 66 hojas fechadas casi en su totalidad en 1939 y 1940. La inmensa mayoría son actas de declaraciones ante la Guardia Civil o ante Manuel Cubillo de detenidos y testigos, aunque también existen algunas listas de reclusos que elevan de manera significativa las cifras de presos aportadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943) y que serán motivo de una próxima entrada en este blog. De la documentación conservada he seleccionado tres historias principales: una denuncia contra siete vecinos, la aplicación de torturas en el cuartel de la Guardia Civil y una poesía escrita por un condenado a muerte.

En Baena, que en 1940 albergaba a 24.830 habitantes, la justicia militar se ejerció de manera muy rigurosa en la posguerra: 43 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, en Castro del Río y Córdoba; al menos 222 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; otros 19 murieron mientras se encontraban internados en cárceles y batallones de trabajadores; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 182 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión. Hemos de recordar que en la posguerra, a los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936. Por tanto, a través de los consejos de guerra, se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella.

El sumario de un consejo de guerra arrancaba con un atestado elaborado por el comandante de puesto de la Guardia Civil. El atestado se iniciaba tras la detención de algún “significado y peligroso marxista” o de “un sujeto revolucionario”, calificativos que por norma aparecían en las actas encabezando las diligencias, justo delante del nombre del encausado. La detención se practicaba en bastantes ocasiones como consecuencia de la denuncia de algún vecino, que a menudo aprovechaba para vengar viejas rencillas y enemistades con otros vecinos, para evitar pagar alguna deuda al denunciado o para castigar a las personas que más se habían destacado en el ámbito político y social durante la II República.

Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias en los consejos de guerra, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados. Estos informes comenzaban con una valoración genérica y peyorativa del encausado y con referencias continuas a su actuación antes del 18 de julio de 1936 (participación en huelgas, sobre todo), insistiendo en su filiación política, sindical e ideológica más que en demostrar los presuntos delitos que hubieran podido cometer (asesinatos, robos, destrucción de propiedades, etc.) durante la guerra, como ocurrió en la historia que expondremos a continuación.

Las denuncias a veces no seguían el cauce reglamentario y se remitían por el denunciante directamente al juez (o a algún conocido del juez) a través de una carta postal que podía ser anónima. Ignoramos si estas informaciones que se cursaban desde el ámbito privado incidían de alguna manera en la maquinaria judicial franquista. Entre los papeles de Manuel Cubillo se conservan varias de esas misivas, como la enviada por Francisco Pallarés Moreno, que tenía 33 años en 1939. Era hijo de Luis Pallarés Delsors, presidente en 1931 de la Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de España y gran empresario oleícola de Cabra con ramificaciones en otras localidades españolas. Un hermano de Francisco, Luis, teniente de complemento, fue uno de lo militares que se sumó a la sublevación militar en Cabra, localidad colindante con Baena, en julio de 1936. El 8 de julio de 1939 Francisco Pallarés le envío una carta a su amigo Domingo Tarifa Aranda, uno de vecinos que en julio de 1936 se había atrincherado en Baena con la Guardia Civil para apoyar el golpe de Estado. En ella le decía lo siguiente:

Mi querido amigo:

Mi Padre me hace envío de una carta que en Madrid y por pura coincidencia ha llegado a sus manos.

Me es grato adjuntársela, pues aunque no cabe duda de que la justicia de Franco habrá sido aplicada al firmante de la misma y a la mayoría de las personas que en ella se relacionan, si por cualquier causa hubieran escapado de ella, ahí va la prueba irrefutable de sus ideas.

Suyo buen amigo que le abraza.

Carta Pallarés

Copia de la carta original enviada por Francisco Pallarés Moreno.

La carta que adjuntaba Francisco Pallarés había sido enviada el 29 de abril de 1932 por el anarquista baenense Juan Misut Cañadilla al periodista y escritor Mauro Bajatierra, también libertario. Este había vivido una temporada en 1930 en el pueblo vecino de Castro del Río, lo que explicaría la relación entre ambos. En la misiva le informaba de “las malas artes que vienen empleando las autoridades y alcaldes con los obreros de Baena”, pues con motivo de la última huelga habían arrestado a “33 compañeros” de los que todavía quedaban seis presos. Juan Misut no aportaba ningún dato sobre esta huelga, ni siquiera la fecha, pero resultó una de las más importantes que vivió Baena durante la II República. Se inició el día 12 de abril y terminó el 18. Fue una huelga general, alentada por los anarquistas, y declarada ilegal por el gobernador civil. Grupos de piquetes recorrieron los cortijos para que los jornaleros se sumaran al paro e impedían salir a trabajar desde el pueblo a los campos. La Guardia Civil detuvo a algunos hombres y cuando intentó trasladarlos a la Prisión Provincial de Córdoba se reprodujeron los enfrentamientos, que causaron dos heridos. Juan Misut le pedía al periodista que hablara con el diputado del Congreso José Antonio Balbontín sobre estos arrestos y le diera publicidad en la prensa. Para ello, le enviaba los nombres de los seis detenidos y los hechos de que se les acusaban, aportándole a la vez lo que él denominaba “pruebas evidentes” que acreditaban su inocencia y los abusos que se habían cometido en su detención.

Aunque, como ya hemos señalado, desconocemos si la carta enviada por Francisco Pallarés incidió de alguna manera en el destino de los seis prisioneros y del remitente, a continuación publicamos los datos que hemos podido descubrir, a través de nuestras investigaciones, de cómo les fue aplicada a ellos o a sus hermanos la “justicia de Franco” en la posguerra:

  • Antonio Rodríguez Bonilla. Sin datos
  • Antonio Bernal Cordero, 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936.
  • José Domingo Ruiz Tapias, condenado a 12 años de cárcel.
  • Rafael Pérez Colomo, sometido a expediente de responsabilidades políticas. Su hermano José, de 23 años, soldado del Ejército republicano, falleció en el frente de Villaharta el 18 de abril de 1937. Su hermano Patricio, preso en el batallón de trabajadores 128 de Navarra. Su hermano Manuel, sometido a consejo de guerra.
  • Vicente Aguilera Pérez. Sin datos. Su hermano José, de 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 5 de septiembre de 1936.
  • Antonio Moral Carrillo, de 36 años, condenado a pena de muerte que le fue conmutada. Su hermano Emilio, de 33 años, condenado a 30 años de cárcel.
  • Juan Misut Cañadillas (firmante de la carta). Preso en el campo de concentración de Castuera (Badajoz) al finalizar la guerra civil. Su padre ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936. En los años ochenta del siglo pasado vivía en Manzanares (Ciudad Real).

Los juicios que sufrieron los republicanos en la España franquista se realizaban sin garantías para los procesados. Los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno y la instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Las torturas fueron una trágica realidad en los cuarteles de la Guardia Civil y en las cárceles franquistas, no sólo con la intención de arrancar de los presos las declaraciones que sus verdugos querían, sino también con la finalidad de castigar y humillar a los vencidos, quienes no tenían más remedio que delatar a su vez al primero que se les viniera a la cabeza con tal de acabar con su suplicio. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos y lo mismo ocurría en el cuartel de la aldea de Albendín, como ya documenté de manera sobrada en mi libro Baena roja y negra.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se conserva un acta que demuestra, según las declaraciones de un testigo, que se maltrataba a los presos con la intención de forzar sus declaraciones, sin importar que estas fueran falsas. El 26 de agosto de 1939, el sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Baena, Manuel Ramón Ramón, acompañado del guardia civil Pío Zarco Castillo, interrogó a Manuel Trujillo Priego “Vizco Trampa”, un albañil de 42 años, sobre su participación en la muerte del propietario Antonio Lara Vallejo, de 56 años. Este fue uno de los ocho asesinatos que se cometieron en las calles de Baena en la zona que estuvo controlada por el Comité, formado en su mayoría por anarquistas, que se había creado en el convento de San Francisco entre el 20 y el 28 de julio de 1936.

En su declaración, Manuel Trujillo manifestó que llegaron a su casa, sobre las seis horas del 28 de julio de 1936, unos muchachos de unos 14 o 15 años, que le dijeron que de parte del Comité fuera con ellos al convento de San Francisco. Allí le ordenaron que acompañara, junto a otros, a Joaquín Rojano Montes “Jiedes” para que detuviera a Antonio Lara Vallejo. Según su declaración, el propósito de Joaquín Rojano era “asesinarlo (…) por una cuenta que entre ellos tenían”, aunque él pudo convencerlo en un principio para que no lo hiciera. Sin embargo, al llegar a lo hondo de la Velilla Baja, esquina con la calle La Loca, Joaquín Rojano le disparó a Antonio Lara un tiro mortal en la nuca. Tras la detonación, se congregó mucha gente y el cadáver fue arrastrado con una soga al corralón de Dª Marina Ariza. Allí, juntó unas hierbas y le prendió fuego al cadáver. Tras la toma de Baena por una columna militar franquista el 28 de julio, Manuel Trujillo se puso de parte de los vencedores e ingresó en un batallón de voluntarios en Córdoba durante tres meses en 1936, hasta que se dio de baja y se dedicó a la albañilería para atender las necesidades de su familia.

Junto al acta de declaración de Manuel Trujillo se recoge también la del testigo José Navarro Triguero, un campesino de 25 años, domiciliado en la calle Matías Amo. La declaración se produce ante el juez Manuel Cubillo, que le pregunta “si se afirma y ratifica en las manifestaciones que el día 26 de los corrientes ha hecho contra Manuel Trujillo Priego que obran en el acta de información que antecede y a la que se he dado integra lectura”. José Navarro respondió que no, “porque es completamente incierto cuanto en ellas afirmó y pide permiso al Sr. Juez para poder exponerle con toda claridad lo ocurrido”. Ante el juez, José Navarro manifestó textualmente, según recoge el acta, lo que sigue:

Por estar detenido fue conducido al Cuartel de la Guardia Civil y al preguntarle el domicilio, le preguntaron si había tenido conocimiento de la muerte de D. Antonio Lara Vallejo, contestando que vive en la misma calle que ocurrió el hecho pero bastante más debajo de donde ocurrió y entonces fue interrogado de si había visto quemar el cadáver y ser cierto que este hecho lo había realizado Manuel Trujillo Priego. Allí estaba presente el Manuel Trujillo Priego al que habían maltratado bastante y como me amenazaron con hacerme lo mismo, ante el temor que me inspiraba contesté que sí a todo lo que me preguntaron con el ánimo de decirle la verdad al señor juez cuando fuera preguntado.

Es lo más cierto que yo no vi a dicho individuo en absoluto ni tengo conocimiento de que haya realizado tales hechos pues solo sé lo que sabe todo el mundo que acompañaba al grupo cuando tuvo lugar el asesinato, pero de rumor público se sabe que el que disparó fue el Giedes, no pudiendo ver nada desde mi casa por que (sic) está bastante lejos del lugar del hecho y juro repetidamente que no vi a Manuel Trujillo Priego en el acto que se le imputa.

Lo que en descargo de mi conciencia tengo que exponer y ahora la justicia que obre como tenga por conveniente.

Esto expresó en ello se afirma y ratifica y leida que le fue no la firma, por lo que estampa su huella dactilar del pulgar derecho, y lo hace S. Sª de que yo el secretario doy fe.

Ignoramos el destino de los dos protagonistas de esta historia, pues a ninguno de ellos los tenemos registrado como presos en la cárcel de Baena, a pesar de que según esta documentación oficial sí lo estuvieron. De Manuel Trujillo Priego se conserva sumario de su consejo de guerra, que no he consultado, en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se abrieron las diligencias en mayo de 1939 y se cerraron en mayo de 1944, cinco años después, lo que da a entender que fue sentenciado a una pena de varios años de cárcel. A quien acusan del asesinato, Joaquín Rojano Montes “Jiedes”, fue fusilado el 8 de noviembre de 1936 en Baena. Tenía 56 años y era anarquista. De él existe una pequeña ficha en mi libro Baena roja y negra (2ª edición, página 276), en la que se recogen otros testimonios de vecinos que le imputan ser el ejecutor del crimen.

El periódico Redención se fundó en el mismo mes en que acabó la guerra civil: abril de 1939. Era el único periódico de circulación carcelaria, pues los demás estaban prohibidos, por lo que se convirtió en un órgano de propaganda de la “labor patriótica” realizada en las prisiones franquistas y en una herramienta de adoctrinamiento dirigida a presos y familiares. Durante los primeros años de existencia, el semanario publicaba informaciones internacionales, crónicas pronazis y profascistas sobre la II Guerra Mundial­ y colaboraciones periodísticas de los reclusos —a los que se persuadía para que participaran de múltiples formas— en las que se ensalzaba la política penitenciaria del régimen.

Poesía José Peña - copia

Últimos versos de la poesía de José Peña Cabezas.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se encuentra una poesía, manuscrita sin fechar por José Peña Cabezas, acompañada de la siguiente nota: “Enterado por nuestro semanario Redención del libro de poesías que va a editar la redacción de dicho semanario, y acogiéndome a las Bases o Reglas, envío estas tres pequeñas composiciones por si tienen cabida en dicho libro, confesando que no soy poeta pero muy amante de la poesía. Perdonen mis faltas”. Es de suponer que si la poesía se hallaba entre los documentos de Manuel Cubillo se debe a que el juzgado paralizó su envío al semanario. José Peña, un campesino anarquista de 35 años, que había sido uno de los directivos del Ateneo Popular de Baena en 1931, permanecía en aquel momento preso en Castro del Río, donde sería fusilado el 10 de abril de 1940. Sus versos tienen escasa relevancia literaria, aunque es obvio que sí tienen valor sentimental e histórico. Nos muestran a una persona religiosa, atormentada y arrepentida de sus ideas, no sabemos si de manera sincera o en un intento de congraciarse con el nuevo Estado franquista para así evitar o aminorar la condena judicial que le podría recaer, algo que no consiguió. Esta es la poesía que intentó publicar:

Mi Confesión y Plegaria

Luchaban noche y día /  mi subsconsciente y consciente

ver cuál de los dos podía / tener razón más potente.

Mas, mi cerebro veía, / que yo era un delincuente,

por la fatal cobardía /  del “qué dirán” de la gente.

Viendo que era un enemigo / mi subconsciente conmigo

¿trucándome? mis sentimientos / pláceme ahora el castigo

a la vez que a Dios bendigo / con mis arrepentimientos.

Mis sentimientos soñaban / que las artes y las flores

con éxtasis admiraban / en los niños sus candores.

(…) papeles seductores / que por mis ojos pasaban

con diferentes colores / poco a poco, me cegaban.

Era joven todavía /cuando esto me ocurría

venciéndome el subconsciente / robándome la alegría,

soporté una elegía / por el ¡decir! de la gente.

Pero tú, mi buen señor, / que sabes de este arcano

porque fuiste el Creador / y del mundo eres el amo.

Perdona a este pecador / que con mi fe de cristiano

implora tu dulce amor / con tu imagen entre sus manos.

Y con tu poder divino / apartarás del camino

esos punzantes abrojos; / que insensibles, los ladinos,

hacen sangrar los destinos / y llorar a almas y ojos.

Aparte de estas tres historias anteriores que hemos seleccionado de la documentación de Manuel Cubillo, existen 14 más, algunas muy breves, que también publicamos a continuación. Se refieren a casos centrados principalmente en Baena, pero también afectan a otras localidades vecinas como Albendín, Luque o Castro del Río. Bastantes quedan fragmentadas e inconclusas, sin saber cuál es su remate. Abarcan una cierta variedad de temas (apropiación de los bienes de los vencidos, denuncias, declaraciones de acusados y testigos, etc.) y se pueden leer en este enlace.