Lucentinos en el Ejército republicano durante la guerra civil

Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, medio millón de combatientes republicanos se amontonaban en campos de concentración repartidos por toda España. Desde allí, y tras una rápida clasificación según su ideología (indiferente, afecto o desafecto al régimen), se les obligaba a regresar con salvoconductos a sus domicilios. Nada más llegar, debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil, donde se les fichaba a través de un breve informe en el que se anotaban antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la contienda. Como en Lucena triunfó el golpe de Estado el mismo 18 de julio de 1936, pocos varones pertenecieron al Ejército republicano y, por tanto, vivieron estas experiencias, salvo los que habían realizado el servicio militar en la zona leal a la República, los que habían huido de la localidad durante la guerra o habían desertado del Ejército franquista.

Los combatientes del vencido Ejército republicano recibieron distinto trato en la posguerra. Los soldados movilizados por sus reemplazos, si se les consideraba “desafectos”, acabaron juzgados, encarcelados o terminaron internados en batallones de soldados trabajadores donde quedaban sometidos a trabajos forzados. Por otro lado, los soldados que realizaron el servicio militar en el Ejército republicano durante la guerra debían repetirlo de nuevo en los cuarteles franquistas. Sin embargo, los que habían alcanzado el grado de oficial, habían sido dirigentes de sindicatos y partidos republicanos, habían huido de sus localidades para incorporarse al Ejército republicano o se habían alistado voluntariamente en él, y sobre todo los prófugos y desertores del Ejército franquista, recibieron un trato más duro. Bastantes de ellos terminaron procesados en consejos de guerra sumarísimos y se les aplicó el riguroso Código de Justicia Militar. Solo en la provincia de Córdoba se habilitaron 35 juzgados militares en la posguerra dedicados a funciones represivas.

En los consejos de guerra la indefensión del encausado, sometido a prisión y a torturas desde un primer momento, era absoluta. Los autos de procesamiento y las sentencias solían recoger las acusaciones de los testigos de cargo y de los informes de conducta realizados por la Guardia Civil, la Falange, el Ayuntamiento y la Jefatura de Investigación y Vigilancia de la policía, a los que se añadían generalmente declaraciones de propietarios agrarios, falangistas y “personas de orden”, sin que casi nunca aparecieran testimonios exculpatorios de testigos de descargo. Como a los encausados lucentinos no se les podían imputar delitos de sangre, en los sumarios se insistía sobre todo en los antecedentes políticos y sociales, como la participación en huelgas y mítines y la militancia en partidos políticos y sindicatos.  

Para los procesos se estableció en Lucena un juzgado especial permanente en el número 19 de la calle El Agua. En los sumarios de los consejos de guerra realizados en Lucena que hemos consultado para esta entrada del blog, extraídos del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, actuó como juez instructor el abogado lucentino Manuel González Aguilar y como secretario el falangista de primera línea Antonio Roldán Maíllo. El tribunal lo presidía el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo y lo integraban los vocales capitanes Antonio Pérez Gay, Pedro Fernández Ayllón y Clemente Heras de Francisco; el ponente Marcial Zurera Romero (natural de Aguilar de la Frontera); el defensor Antonio Torres Trigueros; y el fiscal José Ramón de la Lastra y Hoces, marqués de Ugena y duque de Hornachuelos, un terrateniente conocido por las duras condenas que exigía en los consejos de guerra.

Este tribunal era el prototipo de los que actuaron en los consejos de guerra franquistas, compuestos en su mayoría por militares sin formación jurídica. El tribunal llegaba a Lucena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y regresaba a Córdoba –como los juicios eran sumarísimos el proceso se desarrollaba con extrema rapidez– cuando terminaba su actuación en el mismo día. A pesar de que las sentencias fueron muy duras, bastantes condenados pudieron abandonar la prisión mucho tiempo antes de lo previsto porque el franquismo inició, con la creación de las Comisiones de Examen de Penas en enero de 1940, un proceso de excarcelaciones, de concesiones de libertad vigilada y de indultos. Ello se debió, entre otros motivos, a la necesidad de mano de obra libre para la reconstrucción del país, a los importantes gastos que suponían el abultado número de presos y a la amenaza de colapso administrativo que pendía sobre el organigrama judicial y penitenciario, desbordado ante tanto trabajo burocrático.

El 19 de julio de 1936 llegaron los primeros huidos de Lucena a Puente Genil, escapando de la ola de detenciones que se estaba produciendo desde la noche anterior por la Guardia Civil al proclamarse el bando de guerra. Puente Genil cayó en poder de las tropas del comandante Castejón, afín a lo sublevados, a los pocos días, el 1 de agosto, lo que les obligó a una nueva desbandada para adentrarse en la provincia de Málaga.

Entre los que huían se encontraba José Lara Ayala “Pelao”, que había sido secretario agrario del partido comunista y presidente del gremio local de metalúrgicos de la UGT. De Puente Genil llegó a Antequera y luego a Málaga, donde protegió a algunos residentes lucentinos (un hijo del relojero Manuel Roldán y un nieto de Alejandro Moreno Cañete). Tras caer Málaga en poder de las tropas italianas en febrero de 1937, se dirigió junto a otros lucentinos y a una caravana de más cien mil personas, la mayoría civiles, hacia Almería, mientras la aviación y los buques de guerra franquistas los hostigaban por mar y aire (se calcula que hubo entre 3.000 y 5.000 muertos en aquella evacuación). Por último, marchó a Alicante y trabajó en Elche en una fábrica de material de guerra. No sabemos la graduación que alcanzó en el Ejército republicano, pero el informe policial de la Jefatura de Investigación y Vigilancia que se adjunta en el sumario de su consejo de guerra señala que “parecía que en el tiempo que ha estado con los rojos ha sido teniente en su ejército y ha actuado en Andalucía”. Cumplió su condena de reclusión perpetua en las cárceles de Lucena, Montilla y El Puerto de Santa María, a donde llegó el 24 de julio de 1940. Le conmutaron la pena con posterioridad por seis años de cárcel y al obtener la libertad se estableció en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Penas menores que en el caso de José Lara recayeron en dos lucentinos, también comunistas, que habían huido a Puente Genil. Nos referimos, por un lado, al secretario de Cultura del partido y del Socorro Rojo, el carpintero Luis Quirós Fernández —a su hermano Antonio lo habían fusilado en 1936—, de 28 años, condenado a doce años de prisión, una pena que al final se redujo a un año. Y por otro lado, al escribiente de 33 años Gregorio Cañete Cabezas, apodado Gorito, que había sido secretario de organización de las Juventudes Socialistas Unificadas y dirigente del PCE. Como había alcanzado el grado de teniente en el Ejército republicano y había luchado en los frentes de Andalucía y Levante, sufriría como castigo una condena de internamiento en un batallón de trabajadores durante doce meses. 

El maestro Bartolomé Sánchez Moreno.

En la prensa que se editaba tanto en la España republicana como en la franquista, se utilizaba con fines propagandísticos la llegada de personas escapadas de la otra zona y que contaban de manera dramática, propia de un estado de guerra, las dificultades y la represión que habían visto o sufrido. El periódico Julio, editado en Málaga, publicó el 30 de septiembre de 1936 una noticia en la que hablaba de uno de los huidos de Lucena, el maestro rural Bartolomé Sánchez Moreno, que había conseguido llegar a las filas republicanas por la zona de Antequera. Su figura aparecía en medio de dos soldados en una foto (que reproducimos en el lateral). Desconocemos si este maestro se alistó con posterioridad en el Ejército republicano o cuál fue su trayectoria vital, pues no hay ningún sumario con su nombre entre los consejos de guerra que se conservan en el Archivo del Tribunal Militar II de Sevilla, así que por el momento debemos dejar inconclusa su historia escrita.  

En enero de 2014 contactó conmigo Juan Carlos Delgado Sánchez, residente en Mataró (Barcelona), que en un principio buscaba información sobre su abuelo, Juan Delgado Baltanás, apodado Batato, y luego me ayudó a completarla con diversa documentación. De un hermano de Juan, Francisco, ya di algunos datos en mi libro sobre Lucena. Francisco era talador, militante de la UGT y tenía 36 años en 1936. A los pocos días de producirse el golpe de Estado, huyó a Puente Genil y luego a Málaga. Después se trasladó a Jaén, donde se alistó como voluntario en el Ejército republicano hasta que enfermó en marzo de 1937. Al finalizar la guerra y volver a Lucena lo juzgaron, acusándolo de comunista y de haber sido apoderado del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El tribunal no atendió la demanda de absolución del abogado defensor y lo condenó a 12 años de cárcel (el fiscal pidió reclusión perpetua), aunque la pena le fue conmutada por seis años con posterioridad. Tras quedar en libertad, Francisco emigró a La Línea de la Concepción con su mujer, Carmen Córdoba Muñoz, y sus siete hijos.

Juan Delgado Baltanás.

Al hermano de Francisco, Juan Delgado Baltanás, jornalero de 31 años, lo detuvieron en Lucena el 11 de mayo de 1939, a consecuencia de una denuncia presentada en la Comandancia Militar por Faustino Guerrero Ropero, que lo acusaba de haberse pasado a las filas del Ejército republicano. En su declaración ante el juez instructor Juan Delgado expuso las circunstancias que le llevaron a huir. Manifestó que había sido detenido el 5 de septiembre de 1936 por una pareja del Escuadrón de Caballistas Aracelitanos y llevado a la plaza de toros, que había sido convertida en cuartel, donde fue “maltratado” por el guardia civil Antonio Bermúdez Rocher. Después, estuvo preso en el convento de San Francisco hasta el 14 de noviembre. Al salir en libertad se afilió a la Falange y participó ese mismo mes en una unidad de voluntarios destacada en Castro del Río. Al ver que el jefe de centuria, Francisco Mora, y otros falangistas lo miraban con desconfianza, decidió huir el día 30 con su armamento pues tenía miedo de que le hicieran algo debido a sus antecedentes. Tras pasar por Bujalance y Andújar, se alistó voluntario en el Ejército republicano y sirvió en el pueblo de Castell de Ferro, situado en el frente granadino de Motril, y como soldado de cuartel en Motril y Berja (Almería), hasta que al finalizar la guerra lo internaron en el campo de concentración de Benalúa de Guadix (Granada).

Carmen Arroyo Arroyo.

En la vista del juicio, celebrada el 25 de agosto de 1939, se le sentenció a pena de muerte, la pena que había pedido el fiscal (la defensa había solicitado la absolución), acusándolo de traición, de ser comunista y de haber sido interventor por el Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Tuvo la fortuna de que el jefe del Estado le conmutó la condena por 30 años. Sufrió prisión en Lucena, Montilla, El Puerto de Santa María, Córdoba (a donde llegó el 23 de noviembre de 1942), la Prisión Central de Talavera de la Reina (Toledo), y tras enfermar en un destacamento penal se le trasladó en 1943 a la Prisión Central de Hellín (Albacete). Se benefició de la conmutación de la pena y, al ser liberado, fue desterrado de Lucena, así que se estableció en La Línea de la Concepción, al igual que su hermano Francisco. Cuando Franco cerró la verja de Gibraltar en 1969, la familia mudó su residencia a Mataró, donde Juan Delgado murió en 1978. Su mujer, Carmen Arroyo Arroyo, que en 1936 tenía 24 años, fue una de las muchas mujeres de Lucena a las que raparon la cabeza, purgaron con aceite de ricino y pasearon por las calles para que sirviera de mofa entre sus verdugos. Además, la torturaron cortándole un pezón. El otro no se lo amputaron para que pudiera amamantar a su hijo Lorenzo, lactante en aquellos días. Carmen Arroyo falleció también en Mataró en 1992.

Luis Delgado Baltanás y Juana Sánchez Aranda en 1957.

Cuando Juan Carlos Delgado me escribió desde Mataró, me pidió que intentara averiguar si aún permanecía en Lucena algún descendiente de su tío abuelo Francisco. En ese momento no encontré a ningún familiar, pero más de dos años después, en abril de 2016, conseguí por fin localizar a una nieta, pues de los siete hijos de Francisco solo uno, de igual nombre, retornó a Lucena desde La Línea de la Concepción. Los demás se repartieron por distintas localidades (Víc, Marbella, Elche, Monturque). Al poner en contacto a Juan Carlos con su familia lucentina me aportó un dato curioso: Luis, hermano de Juan y Francisco Delgado Baltanás, es tío abuelo político del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La relación familiar viene porque Luis se casó con Juana, hermana de Pedro Sánchez Aranda, que es el abuelo por línea paterna de Pedro Sánchez.

Rafael Ortega Olmo.

Que sepamos, el soldado republicano que tuvo un destino más trágico al retornar a Lucena fue Rafael Ortega Olmo, apodado el Bizco Ortega, chófer anarquista de 28 años. El 18 de julio de 1936 estaba trabajando en el cortijo de Los Piedros. El guarda de la finca le pidió que llevara una carta para su esposa a Alameda (Málaga) y ya no volvió.  Estuvo en Málaga dos meses, en Jaén y luego en Bujalance. Aquí se alistó como voluntario en las milicias cordobesas que se pusieron bajo las órdenes del comandante Joaquín Pérez Salas y permaneció en el frente de Pozoblanco, como chófer, hasta que el fin de la guerra le sorprendió en Linares (Jaén), donde entregó el coche que conducía en el cuartel de la Falange. Al volver a Lucena, el falangista Bernardo Ortiz Jiménez lo denunció, alegando que cuando estuvo prisionero de los republicanos en Castro del Río en octubre de 1936, Rafael Ortega les dijo a sus guardianes que había que matarlo junto a su compañero Antonio Serrano Villa (ambos pertenecían al Escuadrón de Caballistas Aracelitanos, un cuerpo de voluntarios lucentinos creado al comienzo de la guerra). A pesar de que las dos posibles víctimas salvaron la vida, pues reconocieron en el sumario que el comandante republicano Pérez Salas afirmaba que había que respetar a los prisioneros de guerra, y de que Rafael Ortega negó que los hubiera amenazado de muerte, el 25 de agosto de 1939 el tribunal lo condenó a 12 años de cárcel, la pena que pidió el defensor (el fiscal había solicitado reclusión perpetua). Mientras estaba en la cárcel de Lucena, Rafael Ortega enfermó. El 6 de marzo de 1940 falleció en el hospital de San Juan de Dios, por bronconeumonía, dejando tres hijos huérfanos.

A la izquierda Rafael Machuca Pérez (fusilado en 1936) y en el centro su hermano José, teniente del Ejército republicano.

Los hermanos Rafael y José Machuca Pérez trabajaban de factores y telegrafistas ferroviarios en la estación de Lucena y militaban en Izquierda Republicana. A Rafael, de 28 años, lo fusilaron el 18 de agosto de 1936. José, de 27 años, estuvo detenido entre el 18 de septiembre y el 14 de noviembre. A la semana de su liberación, recibió el aviso a través de un amigo (Antonio Escudero Rueda, de ideología derechista) de que iban a volver a apresarlo, así que el 25 de noviembre escapó en una noche de tormenta y consiguió llegar a Jaén, en zona republicana. Sin embargo, la Guardia Civil mintió a la familia, ya que le informó de que durante la huida le habían “metido seis o siete tiros por Zuheros” y lo habían matado. José Machuca se enroló en el Ejército republicano, prestó servicio en transmisiones y alcanzó el grado de teniente, por lo que sería sometido a consejo de guerra en Valencia –donde se encontraba internado en la prisión de Porta Coeli– y condenado a treinta años de cárcel, según consta en la copia del sumario que me facilitó en 2018 su nieto Rafael Machuca (residente en Cádiz). Con posterioridad, le conmutaron la pena por 12 años y lo liberaron el 5 de febrero de 1943. Mientras estuvo preso, su esposa, sin medios económicos, tuvo que trasladarse a trabajar a Córdoba e internar a sus hijos en el colegio religioso de La Purísima, en Lucena.

El 6 de diciembre de 1946, en una de las sucesivas “redadas anticomunistas” desatadas en la provincia por el capitán de la Guardia Civil Joaquín Fernández Muñoz, volvieron a detener a José Machuca (junto a José Almagro Servián, Francisco Salamanca Urbano, José Manjón-Cabeza López, Bernardo Servián Tarifa y Antonio Pineda) acusándolo de “actividades subversivas” y lo internaron en la Prisión Provincial de Córdoba. Esta vez el juez lo condenó a seis años. El 11 de noviembre de 1949 lo trasladaron a la prisión toledana de Talavera de la Reina, de donde salió en libertad vigilada el 3 de marzo de 1951, sin libertad de movimientos y con la obligación de entregar un informe mensual escrito sobre su conducta y de presentarse cada 15 días en el cuartel. Allí, un guardia civil siempre que lo veía comentaba que “a este Machuca había que haberle pegado dos tiros”. La familia emigró a Madrid, donde José murió en 1958 sin haber conseguido reintegrarse a su antigua profesión ferroviaria, pues sus continuas solicitudes de admisión fueron denegadas basándose en sus anteriores “actividades contrarias al régimen”, según consta en la documentación personal que me facilitó su hijo José Machuca Pastor, residente en Noja (Cantabria), en el año 2006. 

Mientras en los casos anteriores hemos hablado de vecinos que huyeron de Lucena a partir del 18 de julio de 1936, ahora abordaremos la historia de Felipe Calzado Durán, que en aquel momento residía en Vélez Málaga por motivos de trabajo. Tenía 28 años, era quincallero y se dedicaba a vender sus productos de manera itinerante. Se alistó como voluntario en el Ejército republicano, donde alcanzó la graduación de cabo. Prestó servicios en Málaga capital, Alhama de Granada —de donde procedía su esposa, Rosario Cobos Martín, con la que tuvo una hija—, Pozoblanco, Teruel, Alicante y Valencia. Estuvo hospitalizado en dos ocasiones durante una larga temporada por heridas de guerra sufridas en los frentes de Pozoblanco y Teruel. Al finalizar la contienda, regresó a Lucena el 13 de abril de 1939, con un salvoconducto, desde el campo de concentración de Manuel (Valencia). El 16 de mayo lo detuvo la Guardia Civil. Se le acusaba de vigilar a los prisioneros que habían hecho los republicanos en Puente Genil en julio de 1936. Entre ellos se encontraban varias guardas rurales de la Comunidad de Labradores de Lucena que había ido el 21 de julio de 1936 a ayudar a los militares sublevados en los cuarteles pontanenses. En el sumario de su consejo de guerra se recogen las declaraciones de dos guardas, Manuel López Cobacho y Domingo Peláez Moreno, que manifestaron que lo habían visto allí y que había apuntado en la cabeza con una pistola a Domingo en el traslado que sufrieron los presos desde la estación de ferrocarril a la cárcel. Felipe Calzado se defendió ante el juez alegando que los republicanos de Puente Genil le habían impedido volver a Lucena y le habían obligado a realizar esa labor de vigilancia.

El juez instructor continuó la investigación de la actuación de Felipe Calzado y de su mujer, Rosario Cobos Martín. Con ella tenía una hija y estaba casado por lo civil, por lo que en el sumario se insiste de manera continua en que vivía “amancebado”. Se solicitaron informes, que le serían favorables, a Alhama de Granada, donde Felipe Calzado había custodiado como soldado un molino de la familia Pérez Larios, y a Játiva, donde había residido algunos meses mientras estaba herido. En cuanto a los informes de las autoridades lucentinas, especificaban que “no se había significado política y socialmente” y que no había ejercido actividades de tendencia izquierdista. La vista del juicio se celebró en Lucena el 25 de agosto de 1939. Tanto el fiscal como el defensor pidieron 12 años de cárcel para él por auxilio a la rebelión. No obstante, el tribunal militar lo condenó a cadena perpetua, que en octubre de 1942 se le conmutó por 30 años de cárcel. Estuvo preso en Lucena, Montilla, El Puerto de Santa María (a donde llegó el 25 de septiembre de 1940) y Málaga. En febrero de 1943 estaba cumpliendo condena en la colonia penitenciara de El Dueso y su familia nunca volvió a tener noticias de él, a pesar de los intentos por saber su paradero. Con fecha de 4 de junio de 2020 realicé una petición a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de la que aún no he recibido respuesta, con la intención de poder descubrir si en su expediente penitenciario consta qué pudo ocurrirle tras su estancia en El Dueso (por ejemplo, si pudo fallecer, ser trasladado de prisión, evadirse o ser liberado).    

Desertar del ejército franquista, al igual que ser prófugo (no presentarse a filas), era arriesgado porque podría estar castigado con la pena de muerte, lo que no resultó un obstáculo para que algunos lucentinos utilizaran esta vía para escapar a zona republicana, como veremos a continuación. El 29 de abril de 1939 Bernardo Ortiz Jiménez, falangista y voluntario del Ejército franquista, presentó una denuncia en el juzgado de Lucena. Exponía que mientras fue prisionero del Ejército republicano coincidió con Juan José Moreno Gómez, quien le dijo que había visto en el cuartel madrileño del Conde Duque a José Cárdenas Ortega (apodado Linino) y a Pedro Durán Ibáñez. Allí, ambos le habían comentado que se habían pasado a las filas republicanas y José Cárdenas incluso afirmó que había tenido que “matar a dos moros” para hacerlo. El juzgado llamó a declarar a Juan José Moreno, que especificó que la conversación con Pedro y José no la había tenido él, sino Juan Molinero Hortelano, también prisionero de los republicanos, quien a su vez confirmó que ambos le habían manifestado que habían desertado del Ejército franquista.  

La denuncia de Bernardo Ortiz supuso la detención en sus domicilios, el 1 y 2 de mayo de 1939, de José Cárdenas y Pedro Durán, ambos jornaleros, con 28 años y con tres y dos hijos a su cargo, respectivamente. Ellos negaron haber visto o conversado con los acusadores, ya que solo hablaron con uno al que apodaban el hijo del Tonto y nunca refirieron que se habían pasado de bando. Su versión es que cayeron prisioneros del Ejército republicano el 16 de julio de 1937 en el frente de Brunete, que los tuvieron internados durante dos meses al Cuartel del Conde Duque y que trabajaron en la carretera o el ferrocarril que unía Madrid y Valencia hasta el fin de la guerra.     

En el centro, Pedro Durán Ibáñez (foto de los años sesenta del siglo XX).

Los informes que sobre ellos presentan la Guardia Civil, la alcaldía, la Falange (preceptivos en un consejo de guerra) y el jefe policial del Cuerpo de Investigación y Vigilancia señalan que eran de “dudosa conducta político social”, que simpatizaban con las izquierdas (de José Cárdenas se aludía a su militancia en la Sociedad de Oficios Varios Instrucción y Claridad, afecta a la anarquista CNT) aunque no se significaron y que “parecía” que se habían pasado a zona roja. El juzgado de instrucción trató de aclarar este último punto y pidió información a la compañía del Ejército franquista donde ambos habían servido durante la contienda, perteneciente al cuerpo de Zapadores de Melilla, que en aquel momento se hallaba destinada en Villar del Horno (Cuenca). Dos soldados de la unidad (Antonio Esquinza Mateo y Anastasio Romero Martín) afirmaron que los dos acusados se habían pasado al enemigo acompañados de seis más, dirigidos por el sargento Julián Rubio Rodríguez, con el armamento y la dotación completa, así que la cuestión quedó resuelta. De hecho, tras la celebración del juicio, una documentación incautada al Estado Mayor del Ejército Republicano, demostraba sin ninguna duda que fue así.

La vista del juicio se celebró el 25 de agosto de 1939. El defensor pidió la absolución y el fiscal, el ya citado José Ramón de la Lastra y Hoces, la pena de muerte por un delito de traición, que fue la condena que le impuso el tribunal. La Auditoria de Guerra de Sevilla confirmó la sentencia, pero en última instancia el jefe del Estado la conmutó por 30 años de prisión. Con posterioridad, se les conmutó de nuevo por 12 años y pudieron salir de la cárcel en libertad vigilada en octubre de 1944. Durante esos cinco años estuvieron encarcelados en Lucena, la Prisión Provincial de Córdoba y en Oviedo.     

El nombre de otro preso lucentino encarcelado durante la posguerra por deserción, Francisco Fernández Cordón, lo he conocido gracias a Antonio Deza Romero, de Córdoba, que me facilitó en octubre de 2014 el consejo de guerra de su padre, el panadero Manuel Deza García, un guerrillero que murió en el cortijo Los Canónigos de Fuente Obejuna, el 15 de enero de 1946, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Manuel Deza había sido cabo en la misma unidad militar del Ejército franquista (4ª compañía del 9º batallón del regimiento de Infantería Granada nº 10) que el soldado lucentino Francisco Fernández Cordón, cuando el 13 de diciembre de 1937 decidieron pasarse juntos a zona republicana mientras luchaban en el frente de Peñarroya en las filas franquistas, en las que estaban enrolados de manera obligatoria desde que movilizaron a sus respectivas quintas. Ambos, al finalizar la guerra y por mandato del juez instructor Domingo Onorato Peña, fueron juzgados en la misma causa judicial. Francisco Fernández, jornalero de profesión, tenía 28 años en 1939, estaba casado con Mercedes Cruz, y según los informes del Ayuntamiento de Lucena había estado afiliado al PSOE. Tras la deserción del Ejército franquista, Francisco Fernández estuvo en Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Barcelona, donde se enroló en la 22 Brigada Mixta. Resultó herido en la cabeza en la batalla de Teruel en enero de 1938, y ya permaneció el resto de la guerra prestando servicios auxiliares en Barcelona.

Francisco Fernández Cordón, en los años sesenta del siglo XX.

Tras la caída de Barcelona en manos franquistas, Francisco Fernández pasó el 8 de febrero de 1939 la frontera francesa y dos días después regresó a España por Irún. Decidió entonces presentarse en Sevilla en la unidad militar donde había estado enrolado en el Ejército franquista, pero al hacerlo fue detenido e ingresado en la prisión de Ranilla. El 19 de julio lo trasladaron a la cárcel cordobesa de Pueblonuevo para que quedara a disposición del juzgado militar nº 3 de Peñarroya. De aquí pasó a la Prisión Provincial de Córdoba, hasta que el 24 de febrero de 1942, alegando una larga enfermedad y el desamparo de su mujer y su hija, consiguió la libertad vigilada con la obligación de presentarse ante la Guardia Civil los días 1 y 15 de cada mes.  El 17 de marzo de 1943 fue sometido a consejo de guerra en Córdoba y condenado a treinta años de reclusión por haber desertado del Ejército franquista, aunque el fiscal había pedido la pena de muerte conmutada por 12 años de prisión. Presidía el tribunal el coronel Joaquín Camarero Arrieta y los vocales capitanes Sebastián Calderón Matute, Francisco Valls Poquet y Ángel Martínez Suárez. En julio se benefició de los indultos que el Gobierno había comenzado a aplicar a los miles de presos y le conmutaron al final la pena por 12 años. En septiembre salió de la cárcel con prisión atenuada, pero con la obligación de presentarse al comandante de puesto de la Guardia Civil cada 15 días y siempre en días festivos.

Los datos personales que aparecen en el consejo de guerra de Francisco Fernández Córdón me permitieron localizar en Lucena a su hija primogénita, Mercedes, y obtener una foto de él. Gracias a esta información familiar sabemos que Francisco Fernández era socialista. Sin embargo, un informe del Ayuntamiento lo calificaba a la vez de socialista y militante de la anarquista Sociedad de Oficios Varios, lo que era muy común en los informes oficiales que aparecen en los consejos de guerra, incapaces de dictaminar en muchas ocasiones la verdadera filiación política de los acusados, así que resulta frecuente encontrar a personas acusadas de ser socialistas, comunistas y anarquistas a la vez. La hija de Francisco Fernández nos ha informado también de que fue maltratado tras su detención en Sevilla, que enfermó de tifus mientras estuvo preso en la cárcel de Córdoba y que contó con el favor en su proceso judicial del vicesecretario de la Audiencia Provincial de Córdoba, el lucentino Pedro Víbora Manjón-Cabeza, con el que su esposa había trabajado de empleada doméstica. Francisco Fernández murió en 1984 en Barcelona, aunque fue enterrado en el cementerio de Lucena.

Juan Pedro Muñoz Repullo, desaparecido.

Hemos reservado el apartado final para los lucentinos que murieron o desaparecieron luchando en el Ejército republicano. Concretar su identidad es muy complicado porque a diferencia de lo ocurrido con los militares del Ejército franquista, sus nombres nunca se inscribieron en los libros de defunciones del Registro Civil de Lucena ni dejaron rastro en otra documentación. Entre los desaparecidos encontramos a dos hombres que huyeron de Lucena a Puente Genil en julio de 1936: el guardia municipal socialista Blas Baltanás Peláez, de 36 años; y el comunista Juan Pedro Muñoz Repullo —posiblemente su apodo fuera el Chuchu—, de 37 años, que al parecer murió en un hospital de Lucena del Cid (Castellón). También tenemos en este grupo al presidente de la Sociedad de Agricultores en 1933, Felipe Cortés Cabello, militante de la UGT, que huyó a zona republicana y desapareció en el frente de guerra. Como represalia por su huida, se encarceló a su padre, Gregorio Cortés Sánchez, entre el 29 de julio y el 14 de noviembre de 1936. Este, tras ser detenido de nuevo en septiembre de 1937, acabaría condenado a 12 años de cárcel y moriría en la prisión de Sevilla en 1940. Una última víctima es Miguel Pino Salcedo, del que solo conocemos el nombre y que murió en la guerra gracias al testimonio de Lorena Raya Vicente (era el primer marido de su abuela), recibido desde Castellón en marzo de 2016. 

Blas Baltanás Peláez, desaparecido.

Aparte de los nombres obtenidos a través de mis investigaciones y de los testimonios familiares, un libro de José María García Márquez publicado en 2009, Trabajadores andaluces muertos y desaparecidos en el Ejército republicano (1936-1939), en sus páginas 200 y 246 recoge los nombres de siete lucentinos que murieron o desaparecieron mientras servían en el Ejército republicano. Desconocemos si son huidos de Lucena o personas a las que les sorprendió la guerra realizando el servicio militar en zona republicana o residiendo en ella. Entre las víctimas se encuentra Juan Antonio Cortés Jiménez, con unas trágicas circunstancias familiares, pues a su hermano Ramón, de 18 años, lo habían fusilado en 1936, y a su padre, Antonio Cortés Gallardo, alcalde pedáneo de la aldea de Las Navas del Selpillar en 1931, lo condenaron a 12 años de cárcel en la posguerra. Los siete hombres (fallecidos o desaparecidos) apuntados en el libro citado son las siguientes:  

  • Álvarez de Sotomayor Ruiz, Joaquín, 49 años, comandante de la 43 Brigada Mixta, muerto en Mora de Rubielos (Teruel), 16 de julio de 1938.
  • Calabrés Carrillo, José, 21 años, obrero agrícola, militante del PSOE, soldado del Batallón de ametralladoras del 20 Cuerpo del Ejército, desaparecido en Castuera (Badajoz), 16 de junio de 1938.
  • Cantero Montero, Juan, 31 años, vendedor de libros, sargento del XV Cuerpo del Ejército de Transmisiones, desaparecido en Flix (Tarragona), 27 de julio de 1938. Su esposa se llamaba Purificación Ramírez Domínguez. 
  • Cortés Jiménez, Juan Antonio, 25 años, campesino, militante del PCE y UGT, sargento de la 89 Brigada Mixta, muerto en Villa del Río (Córdoba), 19 de septiembre de 1938.
  • García Arroyo, Antonio, 22 años, peluquero, militante de UGT, soldado del Batallón Octubre y de la 30 Brigada Mixta, muerto en el frente de Peregrinos (Ávila), 25 de octubre de 1936.
  • Ranchal López, Francisco, pintor, militante de la CNT, capitán del 8º Batallón de Milicias Confederales, muerto en El Pardo (Madrid), marzo de 1937.
  • Rodríguez Cabrera, Vicente, 28 años, campesino, soldado de la 188 Brigada Mixta, desaparecido en Castuera (Badajoz), 23 de julio de 1938.

Diario de operaciones del teniente Carlos Galindo Casellas. Los primeros meses de la guerra civil en Rute, Iznájar y localidades vecinas

Carlos Galindo Casellas nació el 17 de marzo de 1902 en Ronda (Málaga). Se casó en 1928 con Rosa Osuna Ardizone y no tuvo hijos. Según su hoja matriz de servicios que se conserva en el Archivo General Militar de Segovia (sección CG, legajo G-17), con 18 años marchó voluntario al servicio militar, que realizó en Melilla, y participó en varios combates y operaciones militares en Marruecos, donde obtuvo dos medallas de guerra. Alcanzó el grado de teniente de Caballería y pasó a la reserva en junio de 1932. Como era además abogado, el 26 de febrero de 1936 comenzó a trabajar de secretario del Ayuntamiento del pueblo cordobés de Rute, tras haber ocupado plaza en otros municipios españoles como Priego (Cuenca), San José (Ibiza), Falset (Tarragona) e Iznatoraf (Jaén)). Cuando se produjo la sublevación militar del 18 de julio apoyó el golpe de Estado y comenzó a redactar un “Diario de Operaciones y notas” hasta pocos días antes de su fallecimiento en el frente de Monterrubio de la Serena (Badajoz), el 23 de julio de 1938. Tenía al morir 36 años.

Esquela mortuoria de Carlos Galindo publicada en el periódico ABC el 23 de julio de 1939, primer aniversario de su muerte.

El diario de Carlos Galindo, que abarca 111 páginas, de las que las primeras 85 aparecen mecanografiadas y el resto manuscritas, ha sido localizado en el Museo del Ejército de Toledo (Inf. 26.322) por el historiador toledano Roberto Félix García, quien generosamente me ha cedido el contenido para su publicación. Sus páginas son una radiografía de las operaciones de guerra que tuvieron lugar en Rute, Iznájar —fue nombrado comandante militar del pueblo en agosto— y otras localidades aledañas de las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. Es un documento extraordinario y muy valioso porque nos permite conocer qué estrategias y fuerzas se organizaron diariamente para la defensa de Rute e Iznájar y para la conquista de las localidades y tierras vecinas. Aun así, hemos de tener en cuenta a la hora de leerlo que estos diarios militares son, en determinadas ocasiones, textos en los que se ensalzan y magnifican las hazañas propias (como cuando  habla del intento republicano de tomar Iznájar el 10 de agosto de 1936), se ocultan hechos, se inventan otros y se recurre a la falsedad o las medias verdades si es necesario.

El diario comienza el 17 de julio de 1936 en Rute, cuando ante las noticias de que se había producido una sublevación militar en las zonas españolas del norte de África, Carlos Galindo contacta con el jefe de la Falange (posiblemente Manuel Villén Roldán) para organizar el apoyo al golpe de Estado en el pueblo. El día 18, sábado, la rebelión se extiende a la Península y a las tres de la mañana del 19 el alférez Basilio Osado Labrador, comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil, proclama el bando de guerra y detiene a los concejales y a los líderes de los sindicatos y los partidos del Frente Popular, la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes del 16 de febrero y que controlaba el Ayuntamiento. Rápidamente crean una guardia cívica en Rute y en la aldea de Las Lagunillas, y una escuadra de la Falange —la Falange también se organiza en las aldeas que unen Rute con Lucena—, que comienza a operar en aquellos días en los caminos y aldeas hacia Iznájar y la cercana localidad malagueña de Cuevas de San Marcos. Para responder al golpe de Estado, muchos vecinos de Rute siguen la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España. Otros muchos, para escapar de la represión, comienzan a huir a la sierra de Rute. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados.

Como en Rute y las localidades vecinas triunfó el golpe gracias al apoyo de la Guardia Civil y la situación estaba controlada, el día 2 de agosto el comandante militar de Rute y jefe de línea de la Guardia Civil, el alférez Basilio Osado, ordena a Carlos Galindo que se encargue de la defensa de Iznájar, situada a unos 20 kilómetros. Allí, el comandante de puesto de la Guardia Civil, el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, les pedía ayuda, pues se temía un ataque republicano desde sus aldeas o desde las localidades vecinas de Loja (Granada) o Cuevas de San Marcos (Málaga). Nada más llegar a Iznájar, Carlos Galindo organiza con rapidez guardias cívicas y de Falange, destituye la Corporación municipal, nombra una nueva Gestora para administrar el Ayuntamiento y encarcela a los dirigentes frentepopulistas.

La represión fue muy dura en Iznájar durante esos meses de verano y principios del otoño. Tenemos documentado el fusilamiento de al menos 75 personas, la mayoría identificadas por informaciones aportadas por sus familias, de las que solo 28 han dejado rastro documental de su muerte en los libros oficiales de defunciones del Registro Civil, donde es obligatorio inscribir a los que fallecen. No obstante, por las incursiones en las aldeas iznajeñas que continuamente refiere el diario de Carlos Galindo, y la forma en que se llevaron a cabo, es de suponer que la aplicación del “bando de guerra”, es decir, los fusilamientos, tuvieron que ser mucho más numerosos. Sin embargo, y por desgracia, no hemos realizado una investigación profunda sobre esta cuestión en el municipio a través de testimonios orales, que es la fuente fundamental de recopilación de los nombres de las víctimas cuando los documentos escritos escasean o no son lo suficientemente esclarecedores. Que solo una de cada tres víctimas mortales esté inscrita en los libros de defunciones del Registro Civil en Iznájar deja claro el nivel de ocultación (algo normal en cualquier dictadura) que tuvo la represión franquista, y demuestra la importancia que tiene la investigación histórica para conocer el verdadero alcance y la magnitud de esta violencia.

Iznájar, la aldea próxima de la Celada y algunas cortijadas están, desde el 18 de julio de 1936, en manos de los que respaldan la sublevación militar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la mayoría de las otras 21 aldeas que conformaban el municipio —muchas están hoy ocultas bajo las aguas del pantano—. En estos núcleos, al no existir un cuartel de la Guardia Civil que apoyara el golpe de Estado, los vecinos se mantuvieron fieles a la República a pesar de no contar con apoyo militar para organizar su defensa. Las fuerzas de Carlos Galindo tienen como principal objetivo el control de esas aldeas para alejar el peligro republicano de Iznájar y, lo más importante, para asegurar las comunicaciones directas entre las ciudades de Córdoba y Granada, pues ambas capitales de provincia estaban dominadas por los militares rebeldes.

El hecho más grave al que se tuvo que enfrentar Carlos Galindo fue el ataque fracasado de fuerzas republicanas a Iznájar por las lomas de la Cuesta Colorá el 10 de agosto de 1936. Prueba de la importancia que le da a este hecho es que al final de su diario recoge transcritas las noticias grandilocuentes que publicaron los periódicos Ideal de Granada (1 de octubre) y La Voz de Córdoba (26 de agosto) sobre el asalto. Sin embargo, el hecho no ocurrió como él lo cuenta ni el intento de conquista fue tal. Según recoge el iznajeño Diego Ortiz Pacheco en su libro El pueblo habló. Pinceladas históricas (páginas 54 y 55), editado en 2014, como las fuerzas de Carlos Galindo habían cortado el Puente de Hierro, los republicanos no pudieron pasar con camiones, así que algunos soldados a pie se apostaron en la Cuesta Colorá y en cerro Hachuelo, desde donde tiraron algunos tiros al aire y se retiraron.

El testimonio de Manuel Llamas Sanjuán, antiguo alcalde andalucista de Iznájar, que recogí en 2004, hablaba también de que estas fuerzas republicanas solo hicieron un par de disparos y que uno dio en la entrada del cementerio, así que coincide en lo fundamental con el libro de Diego Ortiz. Ambos señalan que la causa de que los republicanos no entraran en Iznájar y se retiraran sin intentarlo se debió a que las  tropas las mandaba un capitán iznajeño, Francisco Alcántara Cañas, apodado Larita, quien temía las represalias que pudiera sufrir su familia y el daño que se le podía causar al pueblo. De hecho, dos días después de que los republicanos se retiraran sin plantear batalla, pelaron en Iznájar a los padres del capitán Francisco Alcántara, los purgaron con aceite de ricino y los pasearon por las calles para que sirvieran de mofa.

El 21 de agosto Carlos Galindo es nombrado de manera efectiva comandante militar de Iznájar, convirtiéndose en la máxima autoridad de la localidad. Para el día 23 ya tenía organizadas unas abultadas fuerzas en el pueblo, según un cuadro que conserva al final en su diario. Contaba entonces con 16 guardias civiles y 444 falangistas armados de manera variopinta (fusiles, mosquetones, carabinas, rifles y sobre todo escopetas), a los que hay que añadir 206 voluntarios posiblemente encuadrados en la Guardia Cívica (el municipio tenía unos 12.000 habitantes). En cuanto a municiones, destacaban 16 cajas para fusil, 6.500 cartuchos de escopeta y 1.567 para armas largas. Disponía también de 345 pistolas y revólveres y 1.800 cartuchos. Y para el transporte usaban 14 camiones, siete coches, una moto, 43 mulos y nueve caballos.

Con esta gruesa maquinaria bélica, el día 29 de agosto sus fuerzas comenzaron a ocupar la aldea de El Remolino, donde con anterioridad habían incendiado muchas casas para castigar a la población civil. Durante su incursión realizaron algunos fusilamientos y hubo abusos y violaciones de mujeres. Este episodio histórico ya pude analizarlo en 2005 gracias al testimonio de Antonio Montilla Cordón, uno de los habitantes de la aldea, que fue publicado por la revista Cuadernos para el Diálogo en 2007. Hemos de tener en cuenta que los asesinatos en El Remolino no se producen como respuesta a una violencia física previa de los republicanos, pues en las zonas y aldeas de Iznájar controladas por ellos no se ejecutó ningún fusilamiento durante aquellos meses. Un caso ejemplar en este sentido es el del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos, muy citado en el diario de Carlos Galindo, donde en los dos meses de dominio republicano no se mató a nadie y tras su ocupación por fuerzas de Iznájar y de Lucena se fusiló al menos a 55 personas según la lista publicada por el estudioso local José Terrón Arjona en su libro Memoria sin sombra, editado en 2011.

En el diario de Carlos Galindo hay continuas referencias a los saqueos realizados por los republicanos en los cortijos, aunque no sabemos sí eso ocurrió en verdad en las aldeas de Iznájar. El pillaje es harto frecuente en un clima de enfrentamiento bélico y de calamidad pública, cuando se desbaratan los mecanismos de orden público y no existen autoridades que mantengan la ley. En bastantes ocasiones, esas requisas se produjeron porque hubo que asegurar el abastecimiento de alimentos para la población en un estado de guerra. Muchas personas no podían salir a trabajar a los campos por la inseguridad que se respiraba y el peligro que suponía, y había que alimentarlas. Otros vecinos se ofrecieron al servicio de la causa republicana, y no trabajaban ya en labores agrícolas por lo que no podían llevar un salario a sus casas. Con una buena parte de la población, jornalera y campesina, que vivía en unos niveles de auténtica supervivencia desde antes de que comenzara la contienda, la requisa de alimentos era el método más rápido y fácil de obtener alimentos. De hecho, las fuerzas de Carlos Galindo aplicaron el mismo método de requisa en las tierras conquistadas por ellos (hay referencias en su diario a requisas de caballos el 13 de octubre y de automóviles el 18 de noviembre), aunque él no lo detalle. Además, los bienes de los que huían fueron saqueados de sus casas (camas, ajuares, máquinas de coser, etc.) y se abrieron también oficialmente multitud de expedientes de incautación de bienes aquel mismo verano contra vecinos de ideología republicana.

Un caso documentado de rapiña de las fuerzas de Carlos Galindo ocurrió en El Higueral. Él dice en su diario que lo que ellos requisaron allí había sido a su vez robado con anterioridad por los republicanos en los cortijos, pero no es cierto, pues eran bienes legítimos de las familias de la aldea. El iznajeño Diego Ortiz Pacheco lo cuenta en parte en su libro ya citado (página 57) tomando como fuente el testimonio de varios vecinos de El Higueral, que ya había sido tomado con anterioridad por la Guardia Civil de Priego. Refiriéndose al primer día de la entrada de los “fascistas” desde Iznájar, relata: “…matar no mataron, pero estuvieron todo el día paseándose por la calle con los caballos. Se llevaron las bebidas del bar y todo el comestible de la tienda. Iban borrachos como cabras, echándole los caballos a los niños. A una mujer le levantaron el vestido. Uno de ellos se llamaba Rodrigo [posiblemente el guardia Rodrigo Salas Bote, responsable de varios fusilamientos en la aldea de El Remolino], otro, después fue municipal…”.

La toma de la localidad malagueña de Villanueva de Tapia el día 30 de agosto por el general Varela, afín a los sublevados, aleja el peligro republicano de las cercanías de Iznájar y facilita que en el mes de septiembre las fuerzas de voluntarios y falangistas de Carlos Galindo realicen un auténtico paseo militar victorioso por la zona: el 1 ocupan las aldeas y cortijadas de Arroyo Cerezo, Cruz de Algaida, Gata, Gorgos y Adelantado; el día 3 Los Pechos, Fuente del Conde y Alcudilla; el 6 El Higueral; el 9 los Ventorros de Balerma; el 15 la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos (junto a una columna de caballería de Lucena) y el 22 de septiembre la aldea de Fuentes de Cesna, perteneciente al municipio granadino de Algarinejo. A finales del mes de septiembre sus fuerzas junto a las de otras localidades cordobesas intentan la toma de la localidad jienense de Alcalá la Real y el día 1 de octubre llegan a sus aldeas de Hortichuela y Las Pilas. Como consecuencia de los éxitos obtenidos, el día 7 de octubre el jefe provincial de las milicias de Falange Española de las JONS nombró a Carlos Galindo inspector delegado de esas milicias en el sector sur de la provincia, con acción sobre las localidades de Cabra, Doña Mencía, Nueva Carteya, Zuheros, Lucena, Encinas Reales, Rute y Benamejí.

Hoja manuscrita por Carlos Galindo en la que solicita su ascenso a capitán.

A principios de octubre de 1936 Carlos Galindo comienza a incluir en su diario referencias a las malas relaciones con el comandante de puesto de la Guardia Civil de Iznájar, el sargento Jerónimo Rivero, y con el alférez Basilio Osado, que cumple igual función en Rute —a este último lo define como “un perfecto idiota y un burro” en una entrada de su diario de 27 de mayo de 1937—. Las causas de estas desavenencias no están claras, aunque él culpa a los “elementos caciquiles” de Iznájar, que influyen en el sargento, y a la maldad de ambos mandos, a los que califica de “canallas”, cobardes y “envidiosos”. Una denuncia del primero origina el 20 de octubre el cese de Carlos Galindo como comandante militar de Iznájar por el gobernador militar de Córdoba y, en consecuencia, su reingreso como secretario del Ayuntamiento de Rute. Se lamenta de que nadie va a despedirlo cuando se marcha de Iznájar, salvo dos personas, y desconocemos cuál es la razón, pues el día 14 de agosto se había iniciado una recogida de firmas para agradecerle su labor en el pueblo a la que se sumaron unas doscientas personas (no se añadieron más porque él ordenó parar la iniciativa).

Los motivos por los que en solo dos meses la figura de Carlos Galindo pasa, ante la opinión pública iznajeña, de la aclamación a la ignorancia son un misterio por ahora. Según algunos testimonios, tendría que ver con el alcance de la represión por él ejercida o permitida, que llegó a escandalizar hasta a los propios derechistas del pueblo. Prueba de ello es que el día 2 de septiembre el jefe de la Falange en la localidad, Salvador Luque García, denunció en la Comandancia Militar de Lucena el fusilamiento de su tío Antonio Conde Luque y tres vecinos más por el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (Periquillo el de la Carolina) en la aldea de El Remolino, mientras estaban borrachos. Además, ese día, intentaron mutilar los cadáveres, abusaron de una mujer y realizaron otros desmanes (este episodio se narra en un artículo de mi autoría publicado por la revista Cuadernos para el Diálogo en el año 2007).

Sepulcro de Carlos Galindo en el cementerio de Rute.

A partir de su cese como comandante militar de Iznájar, Carlos Galindo comienza a maniobrar para denunciar ante varios mandos militares superiores la situación de acoso que él estima que sufre. Consigue reunirse con el gobernador militar de Córdoba, Ciriaco Cascajo, y envía un telegrama al general Gonzalo Queipo de Llano, la máxima autoridad militar de Andalucía en la zona franquista. Su intención es integrarse como oficial del Ejército en el cuerpo de Regulares —formado por tropas marroquíes indígenas—, lo que consigue a principios de diciembre de 1936 al ser destinado al 5º Tabor (escuadrón) de Infantería de Regulares de Melilla. Sus primeros combates serán en al frente de Madrid y en septiembre de 1937 pasará a Teruel. En enero de 1938 le comunican su ascenso a capitán en el 2º Tabor de Regulares de Melilla y su diario ya no se conserva a máquina, sino manuscrito. El 14 de junio de 1938 es el último día que escribe y el 23 de julio, con 36 años, encontró la muerte en Monterrubio de la Serena (Badajoz), en el frente de Extremadura. El Registro Civil de Rute señala como fecha de la muerte el día 22, con 26 años, pero está equivocado en la fecha y la edad. El día 28 el Ayuntamiento de Rute inició una suscripción popular, a la que aportó 300 pesetas, para costear un panteón en el cementerio parroquial, muy mal conservado en la actualidad, en el que aparece inscrito como “caído por Dios y por España”.

Carlos Galindo era una persona con bastante preparación intelectual, según se puede observar en su diario, algo lógico teniendo en cuenta que poseía la carrera de abogado. Desconocemos si en ello influyeron también sus orígenes familiares. Sabemos que un hermano, Antonio (fallecido en 1992), al que nombra varias veces, llegó a ser general de brigada de Infantería y gobernador militar de Ceuta, Gran Canaria y Cáceres durante el franquismo, además de pintor y escritor. La esposa de Antonio, la canaria María de las Mercedes Ortoll Vintró, fue una popular escritora de novelas rosas entre 1930 y 1963. En 1966, a ambos los nombraron miembros de la Academia Cultural y Social de París. Por otro lado, la viuda de Carlos Galindo, Rosa Osuna Ardizone, poseía en los años sesenta del siglo pasado una administración de loterías en el Paseo de las Delicias de Madrid. Ignoramos si fue una concesión por ser viuda de militar caído en el frente.

A continuación publicamos la primera parte del diario de Carlos Galindo, la referida a Rute e Iznájar, que abarca desde el 17 de julio al 7 de diciembre de 1936. Son 23 folios pasados a ordenador. Se ha respetado el texto original, incluidos los escasos signos de puntuación, y solo se han corregido contadas faltas de ortografía, se han eliminado algunas mayúsculas que antes eran de uso común y se han revisado los nombres de las aldeas (a El Remolino lo llama Remolinos, a Solerche, Solerches, etc.). El diario se puede leer en este enlace.

Información complementaria:

Fotografías de desfiles en Baena durante la guerra civil

A mediados de mayo de 2018 me entregaron varias fotografías antiguas de Baena que reproduzco al final de este artículo. No son inéditas pero sí bastante desconocidas, al menos una parte de ellas. No están fechadas, aunque por las imágenes que aparecen se podrían situar en los años de la guerra civil debido a la indumentaria de los protagonistas y al uso de detentes, una especie de emblema que utilizaban los combatientes con imágenes religiosas (fundamentalmente el Sagrado Corazón de Jesús) prendidas en el pecho. Casi todas las fotos son de desfiles en los que participan civiles y fuerzas militares. Entre los civiles destacan los falangistas: varones uniformados con el mono azul, mujeres de la Sección Femenina y flechas, que era el nombre que recibían los niños y jóvenes que pertenecían al partido. También aparecen mujeres de paisano en los desfiles, en alguna ocasión con mantilla y en otra con un crucifijo alzado, una imagen muy típica del nacionalcatolicismo imperante en la España franquista donde se mezclaba lo político, lo religioso y lo militar. En una de las fotos, un sacerdote saluda con el brazo alzado, al estilo fascista, junto a varios soldados y falangistas. Las imágenes se hicieron con motivo de un acontecimiento importante, pues en algunos balcones aparecen colgaduras con banderas y mucho público observa los desfiles por las calles. Varias de las fotografías se realizaron en el Paseo (actual plaza de la Constitución) y en el tramo alto de la Calzada.

Creemos que las fotografías corresponden casi con total seguridad al día 14 de septiembre de 1936  (festividad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de Baena), cuando se celebró un gran homenaje al coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga —cuyas tropas habían tomado el pueblo el 28 de julio—, ya que lo hemos identificado en una imagen. También las fotos pudieran ser en parte del 15 de septiembre de 1938, cuando en medio de un pueblo engalanado con profusión de banderas nacionales y falangistas, la Falange celebró su Día con la asistencia de autoridades civiles, militares y mandos del partido. Para la ocasión, se realizó una gran concentración nacional sindicalista en la plaza de armas del castillo, una ceremonia de bendición de la Cruz de los Caídos (el monumento en recuerdo de los fallecidos del bando franquista), una entrega de bandera a las fuerzas de la Guardia Civil y un grandioso desfile de 4.000 afiliados uniformados de Baena y de los pueblos limítrofes. Otra posibilidad es que haya fotos de dos semanas después, del 1 de octubre, cuando se celebró la Fiesta del Caudillo en el segundo aniversario de su proclamación en Burgos como jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. Los actos consistieron en una concentración a las 11,30 de la mañana en la plaza de armas del castillo de unidades del Ejército, milicias, juventudes y afiliados a la Falange para leer el saludo de Franco y en una manifestación de homenaje a las 6 de la tarde. Todos estos actos se desarrollaron en época de calor o con temperaturas agradable que permitían el uso de la ropa veraniega que predomina en las fotografías.

La mayoría de los varones baenenses que participan en el desfile van uniformados como falangistas o milicianos, así que haremos un breve repaso de los la evolución del partido y de las milicias que funcionaron en la localidad. Las milicias estaban integradas por vecinos armados que sin ser militares desarrollaron labores de vigilancia, defensa, paramilitares y en algunas ocasiones represivas (como registros, cacheos, detenciones), sobre todo los enrolados en la primera línea, que era la de vanguardia. Desde agosto de 1936 encontramos en Baena cuatro organizaciones de milicias, siempre bajo el mando militar, que a mediados de octubre estaban formadas de la siguiente manera: el Batallón o Compañía de Voluntarios tenía 157 afiliados de primera línea; el Escuadrón de Voluntarios (caballistas) contaba con 35 voluntarios; la Guardia Cívica agrupaba a 34 afiliados de primera línea, 188 de segunda y 63 de tercera (285 en total); y la Falange Española sumaba 154 afiliados de primera línea y 88 de segunda (242 en total). Por orden de la superioridad, estas cuatro organizaciones se integraron en la Falange Española el día 21 de octubre, con lo que se creó una gran milicia con cuatro alféreces y dos clases, 368 afiliados de primera línea y 345 de segunda (713 en total), armada con 112 fusiles, 132 mosquetones, 37 carabinas y 24.547 cartuchos. Desde el 12 de septiembre, Rafael de las Morenas Alcalá, que había sido nombrado comandante militar de Baena dos días antes al cesar como alcalde, actuó de jefe de milicias de la zona de Baena, un cargo que abarcaba a todos los pueblos del partido judicial.

En la España franquista, solo carlistas y falangistas mantuvieron plena actividad política, pues las demás organizaciones de derechas permanecieron aletargadas y los partidos del Frente Popular (socialistas, comunistas, republicanos) y otras organizaciones de izquierdas, sindicatos y partidos nacionalistas periféricos quedaron proscritos y sus bienes incautados. En Baena, a pesar de su insignificancia antes de las elecciones del 16 de febrero de 1936 (sus candidatos solo obtuvieron ocho votos), la Falange tuvo una progresión espectacular, pues de los 44 afiliados que tenía con anterioridad al 18 de julio pasó a 133 el 30 de agosto y a 233 el 30 de septiembre. Su número se multiplicó el 21 de octubre, alcanzando los 609, debido a la integración de todas las milicias en la Falange; y a finales de año llegó a 752 militantes (ya en la posguerra, el 7 de marzo de 1941 tenía 1.119).

El día 17 de abril de 1937, por el Decreto de Unificación se produjo la incorporación forzada de falangistas y carlistas en Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, el partido único durante toda la dictadura de Franco, ya que todos los demás quedaron disueltos. En Baena, un mes antes, el 20 de mayo de 1937, y ante notario, se levantó acta de la constitución de la comisión integradora, que estuvo compuesta por los falangistas Manuel Torres Romero (jefe de la Falange local), José Alcalá Santaella (secretario) y José Baena Rojano (administrador). No participó en esta comisión ningún carlista, pues sólo existían en el pueblo 14 adheridos a la Comunión Tradicionalista y 10 requetés (milicianos) que no habían prestado ningún servicio en vanguardia ni en retaguardia y que ni siquiera poseían sede.

En el momento de la unificación en abril de 1937, la Falange tenía en Baena 398 afiliados en primera línea (en el frente) y 566 en segunda línea (en la retaguardia), 374 flechas (militantes de la Sección Juvenil), 128 afiliadas a la Sección Femenina y 374 militantes de la CONS (Central Obrera Nacional Sindicalista, el sindicato único). Las sedes de la Falange se repartían por varios domicilios. En las casas nº 17 y 19 de la calle del Moral, cedidas temporalmente a la organización por José Casado Martínez, se encontraban la jefatura y la secretaría, el cuartel de flechas, la sala de conferencias, el gimnasio, las oficinas y la delegación de la CONS. En la misma calle, en la planta baja de la casa nº 1, se situaban los comedores del Auxilio de Invierno, el órgano de beneficencia falangista convertido un mes después en Delegación Nacional de Auxilio Social. En la casa nº 3 de la calle José Antonio Primo de Rivera, cedida por Guadalupe Rabadán Valenzuela, se localizaban la jefatura de milicias y el cuartel de la Falange; y en los nº 10 y 19, en un inmueble prestado por la Comandancia Militar, la jefatura de la Sección Femenina.

Mientras las delegaciones anteriores, en manos de varones, contenían un mobiliario variado –en el que se incluían una biblioteca con 200 libros o máquinas de escribir–, los enseres de la casa donde tenía su sede la Sección Femenina de la Falange se reducían únicamente a una mesa grande, cinco sillas, un sillón y tres máquinas de coser, un mobiliario ilustrador del papel social y político secundario y subordinado que el partido adjudicaba a la mujer. Frente a la igualdad legal con el varón que había impuesto la República, el franquismo implantará un prototipo de mujer como esposa, madre, ama de casa y católica, dedicada durante la guerra a labores caritativas y asistenciales “propias de su sexo”, como las colectas de dinero y víveres, la recogida de ropa para los soldados, la de madrinas de guerra —se encargaban de cartearse con los soldados para elevar su moral— o la atención a los comedores de Auxilio Social.

El coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga (situado a la derecha del personaje central que viste camisa blanca) rodeado por militares, falangistas y mujeres el 14 de septiembre de 1936.

Un militar junto a un soldado moro de las tropas de Regulares (indígenas marroquíes) que colaboraron con el Ejército franquista.

Falangistas desfilando mientras entran desde la Calzada al Paseo.

Militares y falangistas desfilando.

Mujeres de la Sección Femenina de la Falange en posición de descanso.

Desfile de niños de la sección juvenil falangista de Flechas. 

Desfile de niños de la sección juvenil falangista de Flechas.

La banda de música y vecinos con los brazos en alto reciben a las tropas que van desfilando por el Paseo.

 

Banderas, maceros del Ayuntamiento y militares.

Militares, falangistas, milicianos y vecinos. Algunos, entre ellos un sacerdote, saludan con el brazo en alto.

Desfile de mujeres. Una lleva un crucifijo.

Desfile de mujeres. Una lleva un crucifijo.

 

OTRAS FOTOGRAFÍAS DE FECHAS POSTERIORES

Vista del Paseo desde un plano superior.

Concentración falangista.

A la derecha, Roque, un discapacitado muy conocido en Baena.

 

Listado de víctimas mortales de la represión en Baena durante la guerra civil

Portada del libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943).

En 2013 salió la segunda edición de mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), una obra que vio la luz por primera vez en 2008. Desde entonces, al calor de mis nuevas investigaciones, he publicado en este blog varios artículos referidos a Baena que ampliaban o modificaban las informaciones que aporté en el libro. Un apartado que ha sido corregido en sucesivas ocasiones es el listado de víctimas de la represión franquista en la posguerra. Sin embargo, aún estaba pendiente la actualización de los nombres de las víctimas causadas por el franquismo durante la guerra, en la que destacan sobre todo dos grandes matanzas ocurridas el 28 y el 29 de julio de 1936 tras la entrada de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga en el pueblo. La puesta al día de esta información era necesaria, además, porque podría ser muy valiosa para los investigadores tras la aprobación en marzo de 2018, por el Comité Técnico de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, de las labores de “indagación, localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, si procediera” de los represaliados que posiblemente se encuentren inhumados en fosas comunes del cementerio de Baena.

El listado de víctimas de la represión franquista que publico a continuación, a pesar de la revisión y actualización de los datos, es una estimación mínima sujeta a futuras investigaciones. Ello se debe a que muchos de los asesinados entonces, en Baena y en España, son desaparecidos, ya que no se inscribieron nunca en los libros de defunciones de los registros civiles ni dejaron rastro documental alguno, por lo que nunca sabremos quiénes y cuántos eran y su identidad quedará borrada para siempre. Cualquier dictadura, de izquierdas o de derechas, siempre ha intentado ocultar los desmanes que han ejercido los suyos, y en esto el franquismo no fue una excepción, por lo que el descubrimiento de nuevas fuentes de información escrita u oral es vital para seguir tejiendo la historia de lo ocurrido y para que los historiadores podamos arrojar luz sobre los hechos.

Baena fue uno de los pueblos de Córdoba en el que la represión franquista resultó más elevada: al menos 369 vecinos perdieron la vida durante la guerra y otros 78 cayeron en la posguerra, lo que suma una cifra total de 447 muertos. En lo que se refiere a la represión republicana, no ha habido modificaciones respecto a lo que publiqué en mi libro de Baena: 99 víctimas, de las que 73 murieron asesinadas en el convento de San Francisco el 28 de julio de 1936. El hecho de que no haya habido cambios se debe a que durante la dictadura de Franco estas fueron las únicas víctimas que tuvieron derecho a la historia y a la memoria, así que todas se inscribieron en los registros civiles y en los informes oficiales y se las pudo enterrar dignamente, por lo que su identidad quedó por fortuna sobradamente documentada.

A continuación publico dos enlaces con los listados de los nombres de las víctimas mortales de la represión franquista y la represión republicana en Baena durante la guerra civil. Antes de su consulta, aconsejo la lectura de un texto introductorio colocado al principio, que es imprescindible para conocer los hechos y el contexto histórico en  que se produjeron.

La represión en Baena durante la guerra civil y la posguerra

Listado de víctimas de la represión franquista en Baena durante la guerra civil 

Listado de víctimas de la represión republicana en Baena durante la guerra civil

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los presos de Baena en la posguerra

Baena, tercer municipio cordobés en asesinados en los campos de exterminio nazis

Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil en Albendín en 1936

El testimonio de Antonio Cruz Navas sobre la matanza del 29 de julio de 1936 en Baena

El baenense Rafael Monroy Roldán, salvado de una condena a muerte en la posguerra

Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

 

El instituto Barahona de Soto de Lucena (1933-1939)

En 1931 el único instituto de enseñanza media que existía en el sur de Córdoba era el Aguilar y Eslava de Cabra. Los lucentinos que querían estudiar el bachillerato en su provincia solo tenían la opción de matricularse en este instituto, situado a ocho kilómetros, o en el Provincial de Córdoba capital, distante más de 70 kilómetros. Para evitar los gastos de transporte o de residencia en esas localidades, la inmensa mayoría de los estudiantes lucentinos se matriculaban como alumnos libres y solo se desplazaban allí para los exámenes finales. Mientras, durante todo el curso se preparaban el temario oficial de las asignaturas en las aulas del Colegio María Santísima de Araceli, una institución privada (y por tanto, de pago) regentada por los hermanos maristas en Lucena desde 1906 con alumnado interno y externo. La enseñanza era entonces un privilegio reservado a los sectores más adinerados, ya que las clases populares y trabajadoras carecían de medios económicos para costear la educación de sus hijos y la mayoría de los niños abandonaban la escuela a muy corta edad para trabajar y ayudar al sostenimiento familiar. Ello explica que en 1930 el analfabetismo afectara en España al 36,61% de los varones y al 48,14% de las mujeres, y que en 1931 solo el 3% de los matriculados en primaria accediera a la enseñanza secundaria, que solía comenzar a los diez años de edad.

La Segunda República Española, nacida el 14 de abril de 1931, intentó cambiar este panorama. El nuevo régimen político emprendió una reforma de la enseñanza que se manifestó en el incremento del presupuesto en educación, la creación de miles de aulas, el aumento de plazas para maestros y la implantación de un modelo de escuela laica, obligatoria, gratuita y mixta, en la que por primera vez convivían juntos niños y niñas. En su afán por universalizar el derecho a la educación y de acercar la cultura a los ciudadanos, el recién nombrado ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el republicano radical socialista Marcelino Domingo, manifestó su intención de inaugurar nuevos institutos de enseñanza media en las ciudades con gran número de escolares. Como uno de los anhelos de la sociedad lucentina era contar con un instituto, el abogado y alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte abordó este asunto con suma rapidez. El 28 de agosto, solo cuatro meses y medio después de que se proclamara la República, convocó a las “fuerzas vivas” y a diversas entidades en el Ayuntamiento con la intención de aunar esfuerzos para solicitar su apertura al Ministerio. La reunión resultó un éxito. Representantes de más de treinta organismos políticos, sindicales, lúdicos, culturales, religiosos y profesionales acudieron a la cita, según recoge el libro de actas de la comisión permanente del Ayuntamiento que se puede leer en este enlace.

Los asistentes a la reunión con el alcalde aprobaron por unanimidad solicitar al Ministerio la apertura de un instituto, al contar Lucena con alumnado y capacidad suficiente para ello. Se basaban en que albergaba una población escolar que rebasaba los seis mil niños en educación primaria, se situaba en el nudo de comunicación de otros pueblos importantes, contaba con más de 160 alumnos matriculados en enseñanza secundaria (130 en el colegio de los hermanos maristas y el resto en las hermanas carmelitas) y consideraban que el nuevo centro facilitaría el acceso a la educación a las familias humildes y al “elemento femenino”, ya que las “costumbres sociales todavía imperantes en esta ciudad” imposibilitaban el desplazamiento de las mujeres a otras localidades para estudiar. Para conseguir sus fines, los reunidos acordaron recabar el apoyo de los diputados cordobeses en las Cortes, nombrar una comisión que se desplazara a Madrid para reunirse con el ministro, ceder el palacio ducal de Medinaceli (situado al lado del castillo) para construir el edificio donde se asentaría el instituto y activar las gestiones para que este comenzara a funcionar en octubre en unas instalaciones provisionales.

Aunque las autoridades y la sociedad lucentina empezaron a movilizarse en el verano de 1931, hasta exactamente dos años después no aparecieron los decretos (23 de junio y 26 de agosto de 1933) que reglamentaban los nuevos centros de enseñanza media (institutos elementales, nacionales y colegios subvencionados) y fijaban las normas de colaboración entre el Ministerio y los ayuntamientos para su creación y sustento. El Consistorio de Lucena se afanó en cumplir los requisitos de la normativa oficial para alcanzar su objetivo. A principios de julio de 1933 aprobó ceder un local de la calle Mesoncillo (actual conservatorio de Música), en el que existían diez aulas de primaria, para sede del instituto. Además, a finales de mes, el alcalde Vicente Manjón-Cabeza se desplazó a Madrid para realizar gestiones al respecto ante el ministro de Instrucción Pública y convocó con posterioridad una reunión con los padres de familia. En ella se acordó informar al director general de 2ª Enseñanza de que el Ayuntamiento ofrecería un edificio, material y mobiliario gratuitos para instalar el instituto, locales para un internado, y daría “cuantas facilidades estime el Ministerio para conseguir que se cree en esta ciudad ese centro de enseñanza”. El alcalde mandó copia del escrito al diputado socialista cordobés Francisco Azorín Izquierdo, por si estimaba oportuno que una comisión compuesta por los padres de familia y una representación del municipio se trasladara a Madrid para entrevistarse con el ministro, el republicano radical socialista Francisco Barnés Salinas, quien a su vez visitaría Lucena el día 28 de agosto para conocer las instalaciones donde se asentaría el nuevo centro educativo.

Portada del Reglamento que regía la Asociación Pro Instituto de Lucena.

En el Decreto de 26 de agosto de 1933 del Ministerio de Instrucción Pública se barajaba ya la posibilidad de que se creara un colegio subvencionado en Lucena, no obstante un Decreto posterior de 14 de septiembre le otorgó un instituto elemental. Era una categoría superior que le permitiría impartir el ciclo completo de bachillerato, seis cursos, frente a los solo cuatro primeros cursos que se autorizaban en los colegios subvencionados. Para conseguir que la concesión del instituto fuera efectiva, el municipio debería aportar al Estado 25.000 pesetas. Como el Ayuntamiento carecía de fondos, el alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza citó a una asamblea a los padres de familia. Allí se decidió formar cuatro comisiones de padres y maestros encargadas de recaudar fondos para la causa. Sus integrantes pertenecían en buen número a clases acomodadas y a miembros de la derecha política y del Partido Republicano Radical, y su trabajo resultó tan fructífero que a finales de mes ya se había realizado en la Delegación de Hacienda el ingreso preceptivo de 6.250 pesetas, el importe del primer trimestre del curso, que podía pagarse a plazos. Se creó también una comisión (integrada por representantes del PSOE, el Partido Republicano Radical y la derechista CEDA, entre otros) para estudiar la constitución de un patronato pro instituto y redactar sus estatutos (el reglamento original se puede leer en este enlace), y en el Ayuntamiento comenzó la inscripción de matrículas que se prolongaría hasta el 10 de octubre de 1933.

Al igual que Lucena, otras muchas localidades españolas lograron por aquellas fechas contar con nuevos centros de enseñanza media. Lucena, Priego, La Rambla y Peñarroya serían los cuatro municipios afortunados en la provincia de Córdoba. Esta política de creación de nuevos institutos desarrollada por la II República en sus pocos años de existencia resultó un éxito. Permitió que solo entre 1933 y 1934 se crearan 97, de los cuales 20 eran institutos nacionales, 37 institutos elementales y 40 colegios subvencionados. El aumento de centros conllevó a su vez que la cifra de alumnos se elevara. Se pasó de 76.074 alumnos en 1930 a casi 125.000 en 1935, y creció también en porcentaje el número de alumnas matriculadas en enseñanza media (de un 27% en el curso 1932-1933 a un 35% en 1935-1936).

La inauguración oficial del curso en el instituto de Lucena, presidida por el gobernador civil, constituyó un gran acontecimiento social. Se realizó en la sede de la asociación Amigos del Arte (posiblemente en la calle Alcaide) el 16 de noviembre de 1933. Asistieron el director y el profesorado, el alcalde, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, el decano del colegio de abogados, notarios, el registrador de la propiedad y el director del vecino instituto de Cabra. La celebración terminó con un aperitivo y un baile.

Según relata Juan Palma Robles en su libro Lucena Marista (páginas 108-115), durante el primer año de existencia el instituto alcanzó cerca de las 200 matrículas, de las que un 10% correspondían a mujeres. La mayoría de este alumnado procedía de Cultural Lucentina, la denominación que tomó el colegio-internado de los hermanos maristas para acatar las Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de junio de 1933. Esta Ley impedía a las órdenes religiosas ser titulares de centros educativos a partir del 1 de octubre, así que estos centros se secularizaron. Es decir, se inscribieron a nombre de personas particulares o padres de familia aunque el profesorado y el ideario católico siguió siendo el mismo. Cultural Lucentina matriculó a sus alumnos de secundaria en el nuevo instituto como oficiales, y cada día, vigilados por tres o cuatro hermanos maristas, acudían a sus clases. Las relaciones de profesorado y alumnado de ambos centros lucentinos, el religioso y el estatal, resultaron armoniosas.

Juan Luna Pérez (tercero por la derecha), secretario de la Asociación Pro Instituto de Lucena en 1934.

En 2 de agosto de 1934 una comisión de lucentinos se trasladó a Madrid para conseguir del ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, que el instituto pasase de elemental a nacional, lo que le permitiría elevar su categoría, contar con nuevos profesores ayudantes y matricular a alumnos libres. La delegación, del más alto y variopinto nivel político, la componían el alcalde Vicente Manjón-Cabeza, Pedro Montilla Domingo y el dirigente de la derecha política Juan Luna Pérez (presidente y secretario respectivos de la Asociación Pro Instituto, legalizada el 9 de abril de 1934), el maestro nacional Pedro Álvarez Lozano, Juan Cuenca Burgos (lucentino y secretario particular en Madrid del ministro de la Gobernación), los diputados cordobeses Eloy Vaquero Cantillo y Francisco de Paula Salinas Diéguez (ambos masones y miembros del Partido Republicano Radical), y Miguel Cabrera Castro, diputado cordobés de la derechista CEDA.

Alumnado en el patio del instituto Barahona de Soto de Lucena.

El ministro les habló de la necesidad de ampliar el número de clases, dependencias y de laboratorios, algo que se ejecutó durante el mandato del nuevo alcalde de Lucena desde finales de octubre de 1934, Bernardo Fernández Moreno, del Partido Republicano Radical, que nombró una comisión de tres concejales para que ayudara a la Asociación Pro Instituto a conseguir el cambio de categoría del centro. También el Pleno municipal acordó en abril de 1935 adherirse a la propuesta del claustro de profesores y de la Asociación Pro Instituto para que se denominara Barahona de Soto, en honor del afamado escritor lucentino del siglo XVI, lo que fue aprobado por el Ministerio al mes siguiente.

El alumnado recibe clases de Educación Física en el instituto Barahona de Soto de Lucena.

Tras una inspección favorable, el instituto Barahona de Soto se convirtió en nacional por una Orden ministerial de 30 de diciembre de 1935. Jugó un papel importante en favorecer esta concesión Joaquín de Pablo-Blanco Torres, diputado del Partido Republicano Radical por Córdoba y ministro de la Gobernación entre septiembre y diciembre de 1935. Para celebrar la noticia la banda municipal de música recorrió las calles de Lucena el 7 de enero de 1936, al día siguiente de la publicación oficial de la Orden. Ejercía entonces como director del centro José Arjona López, profesor de Geografía e Historia, y de secretario el lucentino Bibiano Palma Garzón, profesor de Matemáticas.

Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la consiguiente guerra civil existían en la provincia de Córdoba los institutos de Córdoba, Cabra, Peñarroya, La Rambla, Priego y Lucena, unas localidades que quedaron desde el primer día (salvo Peñarroya, que cayó en octubre) en manos de los militares sublevados. En la España controlada por ellos se inició en el ámbito educativo la supresión del laicismo, la eliminación de la coeducación de alumnos y alumnas, la censura de los libros de texto, el cierre de numerosos centros de enseñanza creados por la República y la depuración del profesorado (en la provincia de Córdoba se sancionó el 31% del profesorado de enseñanza media y al menos al 19% de los maestros). El gran artífice inicial de esta política represiva fue el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán, presidente desde octubre de 1936 de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, el organismo que ejercía las funciones de gobierno en la zona franquista. La depuración del profesorado de enseñanza media de Lucena, que afectó a cuatro docentes (el 28,5 % de la plantilla), ya lo tratamos en una antigua entrada del blog, así que ahora nos centraremos en el cierre del instituto.

Debido a que Lucena estaba muy alejada de las líneas del frente de guerra, el instituto de Lucena siguió funcionando con relativa normalidad durante el curso 1936-1937, aunque las clases se desdoblaron: por la mañana se dedicaron solo a los alumnos y las de las tardes a las alumnas (para cumplir con la nueva normativa oficial que prohibía la asistencia conjunta a las clases de los dos sexos). Todo cambió a punto de comenzar el siguiente curso escolar, pues el de Lucena fue uno de los 34 centros de enseñanza media cerrados por una Orden ministerial de 14 de septiembre de 1937. La Orden afectó también a los de Priego y La Rambla, y a otros muchos institutos con posterioridad. Se justificó, entre otros motivos, en que eran prioritarias las necesidades económicas de la guerra y en que a causa de ella se había reducido el número de alumnos. Sin embargo, la clausura no era definitiva, sino “provisional y transitoria” y la Orden remitía a “lo que haya que resolverse respecto a este particular el día que se aborde la reorganización de la enseñanza”.

La decisión de las autoridades educativas franquistas cae como un jarro de agua fría en Lucena. Solo tres días después de la Orden de cierre, el 17 de septiembre de 1937, una comisión de padres de alumnos formada por José Antrás Duclós, Juan Luna Pérez, José García Pérez y Joaquín Ruiz de Castroviejo Aguilar se dirige al Ayuntamiento. Ante el alcalde, Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil, culpan a la Corporación de la clausura del centro “al no haber tomado medidas preventivas” para evitarla. Para revertir la Orden, proponen que una comisión integrada por un miembro del Ayuntamiento y otras “fuerzas vivas” realice un viaje a Burgos, donde tenía la sede el Gobierno franquista (Madrid aún se encontraba en manos de la República), para gestionar anta la Comisión de Cultura y Enseñanza la anulación del acuerdo, y que ese viaje lo pague el Ayuntamiento.

El Pleno municipal rechazó la solicitud de la comisión de padres alegando falta de presupuesto y que la gestión sería ineficaz. Se basaba en que aunque la supresión “es perjudicial para esta población”, se había tomado por la superioridad atendiendo “al interés general, que está sobre el interés particular, considerando además esta comisión gestora que los actuales tiempos no son como los que afortunadamente pasaron, que los actuales son de verdadera enjundia y recta administración que no cambia las decisiones que adopta con la mera visita de un personaje o personajes que en Comisión le pretendan modificar o anular los acuerdos que adopta”. Esta última afirmación de los gestores municipales veremos más adelante que tenía poco que ver con la realidad, pues serán precisamente las gestiones de “pasillo” y de “tapadillo”, de personas e instituciones relevantes, las que van a condicionar la corta existencia que aún le quedaba al instituto.

El periódico católico local Ideales, muy influyente en aquel tiempo, también se hizo eco de la supresión del instituto Barahona de Soto de Lucena y abogaba de manera contundente por su reapertura en la primera página de su edición del 20 de septiembre de 1937. Entre los múltiples argumentos que esgrimía, resaltaba que en “nuestro instituto ha dominado desde el primer día de su creación el espíritu católico y español”, que “la mayor y más selecta parte de sus catedráticos han sido de firmes convicciones cristianas y patriotas”, las buenas relaciones que había mantenido con el colegio religioso de los hermanos maristas, el “sentir derechista” de la mayoría del claustro y “la incorporación total y absoluta de Lucena al Glorioso Movimiento el mismo día 18 de julio” de 1936.

José Antrás Duclós, presidente de la Asociación Pro Instituto en 1937.

Como último recurso para lograr la reapertura del Barahona de Soto, el presidente de la Asociación Pro Instituto, José Antrás Duclós, se dirigió por carta a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado. El escrito de respuesta, publicado por el periódico local Ideales, llegó el 18 de octubre de 1937 de la mano del abogado Jorge Villén Écija. Este era oriundo de la vecina localidad de Rute y ejercía de secretario particular de José Mª Pemán, el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza. Al igual que hacía la Orden del 14 de septiembre, Jorge Villén justificó el cierre del centro por la economía de guerra. Sin embargo, recalcó que no era definitivo, por lo que “en un futuro, cuando se haga la reorganización total de la enseñanza y se creen Institutos verdad [sic] con su profesorado idóneo y sus materiales a propósito (bien distintos de esas parodias que se hacían), será la ocasión de trabajar para que Lucena –la de los dulces velones– tenga todo lo que se merece por su patriotismo y lealtad”.

La misiva del secretario particular de José Mª Pemán falseaba la realidad en la que había funcionado el instituto, pues de acuerdo con las investigaciones de Juan Palma Robles publicadas en 2006 en su libro Lucena Marista, el primer claustro de profesores, cuyo nombramiento apareció en la Gaceta de Madrid (1 de noviembre y 1 de diciembre de 1933), había reunido a un grupo de profesionales cualificados, la mayoría con una o dos licenciaturas universitarias. También la carta mentía en cuanto a los “materiales” con los que contaba el centro, pues disponía de capacidad para 600 alumnos, despachos, salón de actos para conferencias y proyecciones, salas de estudio, aulas específicas (Dibujo, Filosofía, Geografía, Matemáticas, Francés, Literatura y Latín), laboratorio de Física y Química, museo de Historia Natural y una biblioteca de dos mil volúmenes en la que destacaba la colección de clásicos latinos (en un momento en el que Lucena no disfrutaba de biblioteca pública).

José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado en 1937.

El 19 de octubre de 1937, al día siguiente de recibirse en Lucena la carta del secretario de José Mª Pemán confirmando el cierre del instituto, distintas personas, asociaciones y colectivos se reunieron y decidieron presentar una instancia en el Ayuntamiento. En ella solicitaban que en el presupuesto del próximo año se consignara “la cantidad de cuarenta mil pesetas u otra que a ella se aproxime como subvención al Instituto Barahona de Soto de esta ciudad”, ya que “la suspensión de seguro cesará el curso venidero —tenemos poderosas razones para esperarlo así— y es precisamente entonces, al reanudar su labor, cuando el Instituto más necesitará la cooperación y auxilio del Excelentísimo Ayuntamiento”. La petición iba encabezada por la firma del jefe local de la Falange, Miguel Álvarez de Sotomayor y Nieto-Tamarit, y más de sesenta personas y entidades, entre ellas varios sacerdotes y comunidades religiosas lucentinas, incluidos los hermanos maristas, según se puede leer en este enlace. El Ayuntamiento desestimó la petición el 19 de noviembre, basándose en que tendría que crear nuevos impuestos municipales para conseguir las 40.000 pesetas, pero añadía que en caso de reapertura del centro habilitaría una cantidad de dinero para su mantenimiento.

Al ser clausurado, solo quedó al frente del instituto el director, encargado de realizar el inventario de los materiales, el oficial de secretaría Juan Algar Danel y el portero Pedro Grádit Aranda. Durante aquellos meses, las instalaciones sirvieron para alojar a fuerzas militares de Artillería movilizadas para la guerra civil, lo que obligó al Ayuntamiento a aprobar gastos para reparaciones en pavimentos, retretes y puertas en marzo de 1938.

Tras un año cerrado, y ante la próxima llegada del nuevo curso escolar, Joaquín Ruiz de Castroviejo Aguilar, vocal de la Comisión Gestora del Ayuntamiento y miembro de la Asociación Pro Instituto, presentó el 25 de agosto de 1938 una moción. En ella lamentaba que la clausura del Barahona de Soto había originado que “suspendiesen sus estudios muchos jóvenes de las clases más modestas de esta población juntamente con otros perjuicios”. En consecuencia, pedía que se habilitara una cantidad suficiente de dinero para su futuro funcionamiento, lo que fue aprobado por el resto de los gestores municipales. Pocos días después, el 13 de septiembre, el jefe nacional del Servicio de Enseñanza Superior y Media, “ante la imposibilidad de acordar por el momento la situación definitiva del instituto de Lucena” propuso a la alcaldía que el Ayuntamiento, en colaboración con los padres de familia y otras entidades, organizara un colegio privado de manera provisional en las propias instalaciones del centro educativo.

Cuando se recibió este oficio en el que se proponía que el instituto de Lucena se reabriera como un colegio privado, hacía solo un par de semanas que por nombramiento de las autoridades militares había asumido la alcaldía Luciano Borrego Cabezas. Era un “camisa vieja” (militante falangista desde antes de la guerra civil) que había sido jefe provincial de la Falange en Málaga y estaba bien relacionado con las altas esferas del partido y del Gobierno. Contactó con un falangista significado, que a su vez lo hizo con Narciso Perales Herrero, delegado especial para toda España del secretario general de la Falange, Raimundo Fernández Cuesta, y ambos le abrieron el camino para posteriores gestiones en el Ministerio de Educación Nacional, que tenía la sede en Vitoria por causa de la guerra. Allí se desplazó, acompañado por Manuel González Aguilar, juez de primera instancia accidental y profesor ayudante interino de Derecho en el instituto en el curso anterior. El viaje lo hicieron en un coche que se les averió a la altura de Mérida, por lo que hubieron de continuar el recorrido en taxi, bordeando la zona central de España que se encontraba aún en manos de la República.

Ya en Vitoria, el alcalde y el juez lucentinos contaron con la ayuda de una serie de altos cargos del Ministerio de Educación Nacional, como José Pemartín Sanjuán (jefe nacional del Servicio de Enseñanza Superior y Media), el catedrático Carlos Sánchez del Río Peguero y otros. Con su apoyo, consiguieron que el instituto de Lucena se reabriera a pesar de que había otras treinta solicitudes similares de otras ciudades que se denegaron. El viaje costó 3.579,50 pesetas, una cifra abultada para la época. La exitosa gestión fue recibida con una enorme satisfacción por los gestores municipales, según consta en el libro de actas de pleno municipal del 6 de octubre de 1938. Tres semanas después, el 27 de octubre, la jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media nombraría a los nuevos docentes del instituto, nueve profesores y dos profesoras, cuyos sueldos serían pagados por el Ayuntamiento, sin ningún coste para el Ministerio de Educación.

La reapertura del instituto contó con dos obstáculos inesperados. Por un lado, la falta de apoyo del colegio de los hermanos maristas. Este centro religioso había funcionado como siempre, durante el año de cierre del instituto, con alumnado externo e interno que luego se examinó por libre en el instituto de Córdoba. El Ayuntamiento de Lucena, que era quien financiaba en su totalidad el Barahona de Soto, estaba convencido de que todo este alumnado del colegio marista volvería a matricularse en él como había ocurrido en los últimos años. Para conseguirlo, el alcalde Luciano Borrego, acompañado por su asesor en este asunto, el abogado Vicente Manjón-Cabeza —antiguo alcalde socialista, ahora reconvertido en falangista—, llegó incluso a visitar al director del colegio marista, el hermano Gerásimo (José Rodríguez Gómez), pero este se negó a matricular a su alumnado como oficial en el instituto. La respuesta no gustó a los munícipes, y Vicente Manjón-Cabeza amenazó con obligar a los estudiantes del colegio marista a hacerlo, pues la mayoría eran militantes del SEU —el sindicato estudiantil falangista— y por tanto en teoría debían obediencia a lo que dictaran sus mandos políticos. Eso no amedrentó al director, que siguió firme en su postura. La nueva normativa oficial ya amparaba a los centros de enseñanza religiosos privados, el director era consciente de ello y el colegio marista consiguió el reconocimiento oficial en enero de 1939, con prerrogativas iguales a las de cualquier instituto del Estado, lo que le permitió examinar al alumnado en sus propias instalaciones sin tenerlo que hacer, como hasta ahora, en otros centros educativos. Si el Barahona de Soto no se reabría, el colegio marista podría tener el monopolio de la enseñanza secundaria en Lucena —como en realidad lo mantuvo hasta que cerró sus puertas en 1964— sin la competencia de un centro público en el mismo municipio.

Junto a la falta de colaboración del colegio de los hermanos maristas, la reapertura del instituto Barahona de Soto de Lucena cuenta también con la oposición de la dirección y el claustro de profesores del instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Con suma rapidez, el 8 de octubre de 1938, deciden enviar una extensa carta, de casi cuatro páginas escritas a máquina, al ministro de Educación Nacional, Pedro Sainz Rodríguez, en la que incluyen distintas “observaciones” a la decisión ministerial de abrir el instituto lucentino. Su intención, según relataban, era “velar por los intereses de la enseñanza y que el nombre respetabilísimo e ilustre de vuescencia [se refieren al ministro] no se viera envuelto en enredos de política menuda de la del viejo estilo”.

Ángel Cruz Rueda, director del instituto Aguilar y Eslava de Cabra (1930-1942).

La carta, de la que se conserva copia en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (legajo 3.160-2), iba firmada por el director Ángel Cruz Rueda, quien tuvo una labor muy destacada en aquellas fechas. Durante la guerra civil ejerció tres funciones paralelas: alcalde (1936-1940), director del instituto (1930-1942) y presidente en la provincia de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional (1937-1939), el organismo encargado de depurar a los maestros cordobeses y de proponer las sanciones que les correspondían por su pasada actividad política, sindical, social, etc. Aparte, fue miembro de la comisión que estudió el proyecto de ley de reforma de la segunda enseñanza que había visto la luz en España una par de semanas antes, el 20 de septiembre. Era por tanto una persona con un peso muy importante en el ámbito político y educativo, e iba a hacer valer su poderosa influencia ante las autoridades.

Hasta la II República el instituto de Cabra era el único que existía en un pueblo de la provincia (desde el año 1847) y la apertura de otros centros de enseñanza media en el sur de Córdoba rompía su monopolio y suponía una enorme competencia a la hora de atraer al alumnado en una época en que su número era muy escaso. En la carta que Ángel Cruz Rueda envió al ministro se exponía, a través de múltiples ejemplos, que las relaciones con el Barahona de Soto siempre habían sido de cordialidad, e incluso elogiaba que “su profesorado, casi todo autóctono, (…) supo torcer  la mala voluntad con que fue creado por la República y amparó” a los hermanos maristas. Aun así, denunciaba que el instituto lucentino fue creado “por la funesta República” con la única intención de “despoblar” el colegio de los maristas, indicaba que su reapertura era un “privilegio concedido” a la ciudad de Lucena y se quejaba de que el Gobierno facilitara que el Barahona de Soto “determine el decaimiento de otro centro del nuevo Estado”, en referencia al instituto egabrense. La carta concluía pidiendo que, ya que la nueva ley educativa establecía la creación de demarcaciones territoriales de donde podía proceder el alumnado que se matriculara en un instituto, la de Lucena se redujera únicamente a su término municipal para que no perjudicara ni le restara estudiantes al instituto de Cabra, que así podría abarcar al resto de municipios del sur de Córdoba.

Tantas oposiciones e inconvenientes influyeron de manera determinante en el futuro inmediato del instituto Barahona de Soto, y una Orden de 5 de agosto de 1939 decretaba de nuevo su cierre “provisionalmente”. La reapertura había durado solo un curso escolar. El asunto se trató el 21 de agosto en un pleno municipal. En él, los gestores lamentaban “el mal que se produce al pueblo de Lucena con dicha disposición”, ya que el centro había tenido más de 250 alumnos matriculados, “los cuales son en su mayoría de clases modestas, y al quedar ahora clausurado, no podrán sin duda continuar sus estudios con igual facilidades que hasta aquí, por razón de índole económica de sus familiares, que les será imposible sostener la continuación de sus estudios en otras poblaciones fuera de su residencia habitual”. Además, se alegaba que el Ayuntamiento había realizado en los últimos años un “inmenso sacrificio en pro de la enseñanza”, costeando los gastos del profesorado, el personal administrativo y subalterno y comprando el edificio donde se alojaba el centro. Por todo ello, consideraban que “el mal producido habría de remediarse en parte” si la jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media asignaba a Lucena un instituto femenino, ya que había habido casi un centenar de muchachas matriculadas el curso anterior en el instituto de la localidad, y además en toda la provincia de Córdoba no se había autorizado ninguno.

La solicitud del Ayuntamiento se justificaba además en que Lucena era la localidad más grande de la provincia, con más de 30.000 habitantes, estaba rodeada de otros pueblos importantes y ya contaba con dos colegios internados para chicas regidos por religiosas (las Carmelitas de la Caridad y las Hijas del Patrocinio de María). Con la finalidad de defender la solicitud ante el Ministerio de Educación, el Pleno municipal libró una partida de 4.000 pesetas que servirían para trasladar a Madrid una comisión integrada por el alcalde Luciano Borrego, un representante de la Asociación Pro Instituto y al abogado Vicente Manjón-Cabeza. Para reforzar su petición, el Pleno aprobó también el 2 de septiembre de 1939 que el Ayuntamiento asumiría todos los gastos que originase el funcionamiento del instituto, de esta manera la Administración educativa evitaría cualquier gasto si se reabriese en un futuro .

Pedro Sainz Rodríguez, ministro de Educación Nacional (1938-1939).

Todas las gestiones cayeron en saco roto, pues no era solo una cuestión de dinero ni de austeridad económica lo que impedía la reapertura del Barahona de Soto, ni tampoco la falta de colaboración de los hermanos maristas o la oposición del instituto de Cabra, sino también la nueva política educativa que impuso la dictadura de Franco en toda España. El 1 de febrero de 1938 había sido nombrado ministro de Educación Nacional Pedro Sainz Rodríguez, monárquico y católico integrista. Obra suya fue la ya citada Ley de Bases para la Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938, que entre otras medidas depuró el sistema educativo republicano y cerró sus institutos, como ocurrió con el de Lucena, ya que consideraba que estos centros habían tenido como principal objetivo sustituir “la enseñanza dada por las órdenes religiosas”, a las que ahora se daba un trato privilegiado. La aplicación de esta Ley es lo que explica que en 1959 hubiera en España tan solo 119 institutos, 32 menos que en 1936.

La nueva Ley franquista de enseñanza media apostó por un modelo de enseñanza ideologizada, patriótica y nacionalcatólica, que significó el retraimiento de la escuela pública en beneficio de la escuela privada (mayoritariamente en manos de la Iglesia), en la que había que pagar para poder estudiar. Los datos oficiales así lo atestiguan de manera clara en el conjunto de la nación española. Si en el curso 1933-1934 el alumnado de bachillerato que asistía a centros privados era el 8,3 % del total, en 1940 había crecido hasta el 61,5 %. La cifra a favor de la enseñanza privada y religiosa continuaría elevándose sin cesar en la década siguiente. Entre 1940 y 1949 los institutos públicos descendieron de 53.702 a 36.206 alumnos, mientras los privados aumentaron de 104.005 a 132.697 estudiantes matriculados. En lo que se refiere a Lucena, tras el cierre del instituto Barahona de Soto en 1939, hubo que esperar hasta el curso 1973-1974 para que se pudieran impartir de nuevo en un centro público, el instituto Marqués de Comares, los estudios de bachillerato.

Nota: Las dos fotografías de alumnos que ilustran esta entrada del blog (por desgracia publicadas en su momento con mala calidad) se han extraído de Juan Palma Robles, “El Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Barahona de Soto”, en Crónica de Córdoba y sus pueblos XVI, Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, Córdoba, 2009.

Antonio Velázquez Mateo, guardia civil en Jauja en 1936-1937

Una de las primeras medidas que tomaron los militares que apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue la emisión de un bando de guerra en el que imponían el código de justicia militar, el toque de queda, la prohibición de actividades políticas y sindicales y otras medidas de orden público y de control de la población que rompían con la legalidad constitucional vigente. El bando de guerra suponía que los militares se convertían en la máxima autoridad en el territorio que controlaban, lo que les permitía también destituir autoridades civiles (alcaldes, concejales, gobernadores, etc.) y nombrar otras nuevas que las sustituyeran. Todos estos actos de fuerza eran ilegales, ya que el artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 se llevaba preparando desde hacía tiempo. El 25 de mayo, dos meses antes de ejecutarse, el “director” de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, ya había advertido por escrito a los demás implicados que la acción debía ser en “extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”, y las mismas llamadas a la violencia encontramos en los bandos de guerra y en los decretos emitidos por los mandos sublevados del Ejército desde el 18 de julio. En un número importante de pueblos de España la única representación militar era la Guardia Civil, de manera que en los primeros meses de la contienda los comandantes de puesto de sus cuarteles disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas y poseían la máxima autoridad en materia de orden público, sin tener que dar cuentas a nadie o a casi nadie.

Muchos cuarteles de la Guardia Civil se convirtieron entonces en centros de detención y tortura, donde se decidía sobre la vida y la muerte, sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos cometidos por los que iban a ser fusilados. Ello explica que muchos comandantes de puesto de cuarteles de la Guardia Civil dejaran triste memoria en pueblos del sur de Córdoba, como los tenientes Pascual Sánchez Ramírez en Baena, Basilio Osado Salvador en Rute, Cristóbal Recuerda Jiménez en Fernán Núñez o Luis Castro Samaniego en Lucena. Lo mismo ocurrió con algunos guardias civiles, como Antonio Velázquez Mateo en Jauja.

Alumnos y profesores de la escuela de Jauja en 1934.

Jauja era una aldea de Lucena. En Lucena triunfó la sublevación desde el primer día, y pocas horas después, a las cinco de la mañana del 19 de julio, se impuso el bando de guerra. No ocurrió lo mismo en Jauja, situada al suroeste de Lucena, a 24 kilómetros, con una población mayoritariamente socialista y que en aquel tiempo rondaría los mil habitantes. Los guardias civiles de Jauja recibieron la orden de concentrarse con sus familias en la Comandancia de Lucena la misma tarde del 18 de julio, por lo que la aldea permaneció en zona republicana. Los republicanos jaujeños crearon entonces un Comité que se encargó del desarme de los vecinos que podrían apoyar la rebelión militar, de la requisa de bienes de algunos cortijos y de la organización de un servicio de guardias dentro del pueblo, pero en todo momento se evitaron las violencias, las detenciones y los fusilamientos.

Tras la caída de la localidad sevillana de Herrera (31 de julio) y de la cordobesa Puente Genil (1 de agosto) en manos de los militares rebeldes, los refugiados que escapaban y pasaban por Jauja iban contando las atrocidades cometidas en la conquista por las tropas moras llegadas de Marruecos. Para evitar una masacre similar en la aldea, el Comité decidió enviar una comisión para negociar con las autoridades militares de Lucena la rendición, sin embargo estas se negaron a llegar a un acuerdo que solo pedía que se respetaran las vidas de los habitantes de Jauja. El 11 de agosto las tropas franquistas tomaron la localidad sevillana de Badolatosa, situada a poco más de un kilómetro de Jauja, al otro lado del río Genil. En consecuencia, ante la inminente caída de la aldea y para evitar la posible represión, los republicanos jaujeños más significados huyeron hacia la zona republicana de Málaga y en el pueblo solo quedaron vecinos con nulo o escaso nivel de compromiso político y sindical.

La relativa calma que había vivido Jauja desde el comienzo de la guerra se rompió de forma brusca el 13 de agosto de 1936, cuando las fuerzas falangistas de Lucena tomaron el pueblo sin ninguna resistencia. A pesar de que no se le había causado daño físico a nadie durante los 26 días de dominio republicano, los golpistas no actuaron de la misma manera y la represión resultó muy dura. El cuartel de la Guardia Civil y la antigua Casa del Pueblo socialista se convirtieron en cárceles y se desencadenó una terrible ola de fusilamientos que se llevó al menos a 21 vecinos a la tumba en los alrededores de la localidad, en el cementerio, en Lucena y en la vecina Badolatosa. De ellos, solo 10 aparecen inscritos oficialmente como fallecidos en el Registro Civil. La identidad de los otros 11 se ha conseguido obtener a través de testimonios orales ya que, al igual que ocurrió en todas las zonas controlada por los franquistas, un gran número de represaliados (en Jauja, más de la mitad) no dejó huella documental alguna de su fallecimiento. El porcentaje de muertos, por tanto, resultó muy abultado en la aldea, pues alcanzó al 2,2 % de la población, cuando por ejemplo en el Madrid republicano ese porcentaje (incluidos los asesinados en Paracuellos) rondó el 0,6 %. Los nombres de las 21 víctimas mortales de Jauja que hasta el momento tenemos identificadas se pueden consultar en este enlace.

Ricarda Ana Cobacho Cañete, fusilada en noviembre de 1936.

Entre los fusilados se encontraban dos mujeres, de las que aportaremos algunos datos que nos facilitaron los nietos de ambas en 2007. A mediados del mes de octubre de 1936 detuvieron a la maestra del Centro Obrero Socialista Ricarda Ana Cobacho Cañete (de 36 años y con cuatro hijos, el mayor de 13 años), a su madre y a sus hermanas, en lo que parecía un acto de venganza por el apoyo público que habían mostrado, dos años antes, a la solicitud del concejal socialista de Jauja para que una partida económica del Ayuntamiento se destinara a la construcción de un grupo de escuelas en el pueblo en vez de al arreglo del cuartel de la Guardia Civil, propuesta esta última defendida por los propietarios agrícolas. Las mantuvieron presas varios días en el cuartel, donde las interrogaron, las raparon y las obligaron a tomar aceite de ricino. Las liberaron, pero al poco tiempo volvieron a detener a Ricarda Ana. En el cuartel sufrió interrogatorios brutales para que desvelara el paradero de sus hermanos Juan y Manuel, afiliados al sindicato socialista UGT, que habían huido del pueblo. Tras permanecer varios días presa, el guardia Velázquez, acompañado por un guardia apodado el Negro Gandul, y los requetés el Cota y el Mono, la condujeron al arroyo La Coja. Allí, un día indeterminado de comienzos de noviembre, un conocido de la familia encontró su cadáver, semienterrado y destrozado, pues al parecer había sido violada y le habían mutilado los pechos.

Una amiga de Ricarda Ana, Rosalía Ruiz Cobacho, de 62 años, que había soportado el cautiverio y las vejaciones con ella en la cárcel, cayó asesinada por uno o varios disparos a bocajarro en la cabeza en la calle Pleito, el 5 de noviembre, cuando se negó a dar un paso más en dirección al cementerio, donde iban a fusilarla. El nieto de Rosalía, Rafael Cañete Fuillerat me envió varios correos electrónicos en octubre de 2007 para contarme detalles de esta historia. Según me escribió, aunque reconocía que no sabía si era una leyenda o no, los tiros se produjeron cuando su abuela cogió desprevenido al guardia Velázquez, le apretó de un puñado los testículos, y le gritó: “Lo que más por culo me da es que me vaya a matar precisamente el tío más mierda de toda Jauja”. Su muerte pudo ser un acto de venganza por la huida del pueblo a zona republicana de su hijo mayor, Francisco Cañete Ruiz, de 36 años, secretario y contador de la UGT entre 1931 y 1934. A otro hijo, Juan Antonio, de 18 años, también lo detuvieron y lo amenazaron con matarlo si no desvelaba el paradero de su hermano, pero al final logró salvar su vida y debió luchar como soldado en el bando franquista, donde asimismo ya combatía su hermano Manuel, un anarquista al que la guerra le sorprendió realizando el servicio militar en África.

El teniente Rafael García Rey, juez instructor en la causa abierta contra el guardia Velázquez.

En febrero de 1997 realicé las primeras entrevistas para investigar la represión en Jauja durante la guerra civil y la posguerra. Los testimonios recogidos entonces, de personas que vivieron aquellos hechos con edad adulta, ya hablaban de la actitud violenta del guardia Antonio Velázquez Mateo y del clima de miedo que impuso entre la población. Su talante déspota nos ha quedado bien reflejado tras el descubrimiento hace unos meses, entre los más de 80.000 expedientes que se conservan en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, de una causa abierta contra él —causa 17, legajo 124, expediente 4.109— a consecuencia de las denuncias presentadas ante la Comandancia Militar de Lucena por cinco vecinos. En principio, el gobernador militar de Córdoba ordenó que se recabara información sobre las denuncias, así que el 5 de febrero de 1937 el comandante militar de Lucena, el capitán Juan Pedraza Luque, nombró juez instructor al teniente de Infantería de la caja de reclutas Rafael García Rey, a quien emplazó a trasladarse a Jauja para iniciar las investigaciones.

Para entender el contexto histórico de estas denuncias, hay que apuntar que en la España franquista solo carlistas (con sus milicias armadas, el requeté) y falangistas conservaron plena actividad política, ya que eran organizaciones que estaban estructuradas de manera paramilitar y contaban con capacidad de encuadramiento y movilización de voluntarios y combatientes. Los otros partidos de derechas quedaron aletargados, mientras los partidos del Frente Popular (republicanos, socialistas, comunistas) y de izquierdas, los sindicatos y los partidos nacionalistas quedaron prohibidos y sus bienes incautados. El 1 de abril de 1937 Franco emitió el decreto de unificación, de manera que todas las organizaciones adeptas a la sublevación militar se encuadraron en una sola organización: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, conocida popularmente como la Falange o el Movimiento Nacional, el único partido legal durante toda su dictadura.

Esquina del cuartel de la Guardia Civil en Jauja.

Dos escasos meses antes de que aconteciera la unificación, se produjeron las denuncias contra el guardia Velázquez, jefe de los requetés en la aldea por nombramiento del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. Fueron cinco los denunciantes, personas humildes y trabajadores del campo: Rafael García Pinto, de 35 años, Cristóbal Domínguez Martín, de 36 años, Manuel García Carrasco, de 35 años, Juan Sánchez Romero, de 27 años, y José Torres García, de la misma edad. Todos alegaban motivos más o menos similares. En su mayoría pertenecían a la Falange desde hacía tres o cuatro meses, pero exponían que el guardia civil Antonio Velázquez Mateo los había obligado a adherirse al requeté y a pagar la cuota de socio, sin admitir que pudieran darse de baja. Rafael García Pinto fue más explícito y afirmó que tuvo que afiliarse “por temor de ser objeto de un atropello de dicho guardia [ya] que el que no accede a sus deseos lo abofetea y castiga arbitrariamente”. Todos los denunciantes coincidían en que en la tarde del 2 de febrero de 1937, el guardia Antonio Velázquez los avisó para que se presentaran en la sede del requeté o en el casino Vidal, donde les advirtió que debían estar preparados para salir aquella misma noche a Córdoba a prestar servicio en una columna militar requeté, mandada por el coronel Luis Redondo, y que serían arrestados si se negaban. Los denunciantes se quejaban de “las amenazas y las coacciones” sufridas y de haber sido alistados en el requeté “a viva fuerza”. Así que por miedo a sufrir un “atropello” decidieron abandonar su trabajo, su casa y sus familias para pernoctar en Lucena y poder presentar al día siguiente una denuncia contra el guardia ante la autoridad militar.

Tras las diligencias practicadas, el juez instructor, el teniente Rafael García Rey, en su informe judicial estimó que la actuación del guardia Velázquez suponía un delito de atentado a las personas, por lo que el gobernador militar de Córdoba ordenó que se siguiera tramitando la causa. De nuevo, el juez instructor se trasladó a Jauja para seguir tomando declaración a testigos y denunciantes, que confirmaron en todos sus términos los contenidos de las denuncias.

El testigo José Cobacho Pérez, un bracero de 31 años, manifestó que pertenecía al requeté “por presión, ya que el declarante ni conocía el reglamento ni sabía qué era tal requeté y por miedo a dicho guardia [y] porque no fuera a vengarse por cualquier motivo injustificado firmó el documento” de afiliación. El denunciante Juan Sánchez Romero declaró que cuando se presentó el 2 de febrero en el casino donde estaba el guardia Velázquez con la intención de comunicarle que se quería dar de baja en el requeté para pasarse a la Falange, este le replicó: “¿Tan mal te ha ido en él?, yo siempre te he considerado y desde ahora en adelante el primero que salga para Córdoba serás tú, que eres un comunista malo”. A continuación ordenó que lo llevaran detenido al cuartel de la Guardia Civil, donde permaneció arrestado tres horas. Algunos miembros de la Comisión de Guerra del requeté, que se encontraban allí, consiguieron que el guardia Velázquez lo pusiera en libertad, pero antes tuvo que admitir que seguiría perteneciendo a la organización. Además, le advirtieron “que era una ignorancia pedir la baja, porque [para] cualquier cosa que se me presentara podían dar malos informes y me podían fusilar”. La Comisión de Guerra del requeté la formaban entonces Fernando Gómez Maireles (el de la Pala), Adriano Hidalgo Bergillos, Manuel López Conde (Manolito Perulo), Antonio Muñoz Graciano, Cristóbal Chamizo Márquez (el Panadero) y Antonio Fernández Romero.

José Torres García, denunciante también, manifestó que al desaparecer el grupo de Caballería formado en la aldea al ser tomada por los falangistas, el guardia Velázquez lo pasó al requeté “sin contar con su voluntad”, pues hubo de rellenar la ficha de militante por temor a que tomaran “represalias” contra él. En la misma línea se expresó otro denunciante, Manuel García Carrasco, diciendo que como “mi inscripción como requeté ha sido a voluntad del guardia civil Velázquez, y no de la mía propia, he solicitado la baja por instancia al jefe de dicha unidad en esta aldea y se han negado a admitirla de forma incorrecta y tirándome la instancia de referencia sin escucharme siquiera”. Otra testigo, María Jesús Pérez Velázquez, de 58 años y viuda, declaró que el día 2 de febrero se personó en su domicilio un requeté para avisar de que debían presentarse inmediatamente su hijo José Quesada Pérez y su yerno Vicente Maireles Carrasco, a los que se llevaron a Córdoba con cinco más, a pesar de que su yerno tenía esposa y cinco hijos y su hijo poseía una prórroga de incorporación al servicio militar por ser hijo de viuda pobre. Cuando fue a pedir explicaciones al cuartel al guardia Velázquez, este le respondió de manera altanera que protestara en Córdoba.

En su declaración ante el juez, el guardia civil Antonio Velázquez Mateo, de 33 años y natural de Sevilla, rechazó las acusaciones de que hubiera ejercido presión o amenazas para conseguir afiliados al requeté y afirmó que todos se habían adherido “a voluntad propia”. También negó que el día 2 de febrero obligara de forma violenta a que marcharan a Córdoba determinados jaujeños apuntados al requeté. Alegó que él solo cumplió las órdenes recibidas a través de un oficio del teniente coronel jefe de la organización, Luis Redondo, para que se incorporaran a una columna militar de voluntarios carlistas todos los militantes disponibles. Y terminó diciendo que de los 19 que avisó solo se personaron siete, pues el resto se trasladó a Lucena para presentar denuncia contra él ante el comandante militar de la plaza, al parecer incitados por el jefe local de la Falange José Santaella Rodríguez.

Las diligencias practicadas por el juez instructor se enviaron a la Auditoría de guerra de Sevilla, que el 9 de marzo de 1937 ordenó que se averiguara la “conducta social anterior a la fecha del Glorioso Alzamiento Nacional y primeros días desde su iniciación de los vecinos de dicha aldea Rafael García Prieto, Cristóbal Domínguez Martín, Juan Sánchez Romero, José Torres García, Manuel García Carrasco, José Quesada Pérez, José Cobacho Pérez y Vicente Maireles Carrasco”. La intención de la Auditoría era conocer si la denuncia podía ser fruto de un complot o se presentaba por personas no “adictas al Glorioso Movimiento Nacional”. También, la Auditoría solicitó que se tomara declaración al jefe local de la Falange, José Santaella Rodríguez, con la finalidad de descubrir si había incitado a los vecinos a presentar la denuncia contra el guardia.

Atendiendo a las indicaciones del auditor, el día 18 de marzo se constituyó de nuevo el juzgado en Jauja, esta vez en el domicilio del cura párroco, Ildefonso Villanueva Escribano, lo que nos demuestra la enorme influencia que el sector eclesiástico adquirió en la España franquista. Aun así, este sacerdote intentó siempre ser comedido y fiel a la verdad en sus declaraciones ante el juez, al menos en los testimonios que hasta ahora hemos podido leer de él en varios sumarios de consejos de guerra que se incoaron contra otros jaujeños en la posguerra. El juez dispuso que se buscara también a dos vecinos de “buena solvencia moral” para que testificaran en el caso, así que por iniciativa del cura se citó a Rafael Gómez Santaella y Juan Guerrero Cantero. Los tres testimonios resultaron muy similares, como veremos a continuación, ya que señalaron que los denunciantes eran buenas personas (a pesar de que todos habían militado con anterioridad en el partido socialista) y recalcaron que no se habían producido violencias en Jauja mientras la localidad estuvo en manos republicanas, es decir, hasta el 13 de agosto de 1936, fecha en la que fue ocupada por los falangistas llegados de Lucena.

El sacerdote Ildefonso Villanueva declaró que antes de la contienda “todo este personal figuraba en la Casa del Pueblo como socialista, que tampoco los he visto o los veo entrar en la iglesia, que la conducta de ellos es buena, tanto anterior como posterior al movimiento, y a pesar de haber estado afiliados como socialistas en las circunstancias actuales lo mismo estos que el resto de la aldea se hayan afiliados a Requeté y Falange”. El hortelano Juan Guerrero Cantero, de 55 años, manifestó que “en los primeros días del movimiento tanto ellos como los demás de la aldea no se metían con nadie a pesar de estar esto dominado por los elementos marxistas, y que al ser tomada esta aldea por las tropas se apuntaron casi todos a milicias, unos a Requeté y otros a Falange, considerándolos como buenas personas”. Por último, Rafael Gómez Santaella, de 47 años, explicó que conocía a los denunciantes, a los que calificó como “buenos muchachos”. Dijo que habían “pertenecido a la Casa del Pueblo como militantes del partido socialista, al que han pertenecido todos o casi todos de la aldea, pero que nunca se han distinguido en asuntos políticos, y que al iniciarse el movimiento salvador, se mantuvieron en el mismo estado que con anterioridad he dicho, pues en esta aldea a pesar de haber estado en poder de los elementos marxistas, no han ocurrido desmanes de ninguna clase, pues todos se imponían a que los elementos extraños entraran en la aldea, por cuyo motivo no ha pasado nada”.

Las declaraciones ante el juez instructor del jefe de la Falange, José Santaella Rodríguez, de 32 años, corroboraron de manera clara la versión de los denunciantes y los testigos. Manifestó que él nunca había forzado a los vecinos a que se adhirieran a la Falange ni había hablado nunca con ellos para que denunciaran al guardia Velázquez, pero que “los que mencionan anteriormente y otros más sí han sido incitados por el Guardia Civil Antonio Velázquez Mateo para que se afiliaran al Requeté, así como llevarlos a la fuerza al Cuartel  para que firmaran la ficha de dicho organismo”.

Terminada la ronda de declaraciones, la causa se envió de nuevo a la Auditoría de guerra. Esta ordenó que se practicara un careo entre el jefe de la Falange y el guardia Velázquez, que se realizó en Lucena el 27 de abril de 1937, cuando el guardia ya se encontraba destacado en Alameda (Málaga). Tras esta nueva diligencia, la Auditoría emitió en Sevilla su dictamen definitivo el 18 de mayo de 1937. En él se señalaba lo siguiente:

Los hechos relatados no revisten caracteres de delito o falta grave, puesto que el nombrado guardia civil, al proceder como lo hizo, no pretendía otra cosa, como jefe que era de la organización del requeté, en la mencionada aldea, que procurar por todos los medios que los denunciantes, la mayoría de los cuales se encontraban en la aldea sin prestar servicio práctico alguno, coadyuvaran de una manera efectiva en la defensa de la Patria, tan necesitada de hombres jóvenes, haciéndoles incorporarse para marchar a Córdoba, no logrando conseguir que lo hicieran más que siete, pues los demás se quitaron de en medio y se marcharon a Lucena a denunciar el hecho que estimaban delictivo.

En su consecuencia y por todo lo expuesto sobreseo definitivamente la presente causa.

El 21 de junio de 1937 el juez instructor dispuso que se notificara la resolución al guardia Velázquez, que en aquel momento ejercía de cabo provisional y comandante de puesto de la Guardia Civil de Zambra, una aldea perteneciente a la localidad cordobesa de Rute. Esta resolución judicial es una muestra de la impunidad en la que se desenvolvían durante la guerra civil y la posguerra determinados miembros de las fuerzas de orden público, ya que podían cometer abusos y tomar decisiones arbitrarias sin que los afectados por ellas pudieran ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva y lograran encontrar amparo en las instituciones del Estado. Con posterioridad a los hechos que hemos relatado, el guardia Velázquez fue destinado de nuevo a Jauja. Ya envalentonado, y consciente de que su poder tenía pocos límites legales, siguió actuando de una manera aún más contundente que la que ya hemos relatado, según los testimonios orales que pudimos recoger a finales de la década de los noventa del siglo pasado.

Información adicional: Lista de vecinos de Jauja encarcelados en la posguerra

 

¿Una lista negra de la guerra civil en Lucena?

Una lista negra es una relación de personas que por algún motivo están excluidas, discriminadas o vetadas. Desde que apareció el movimiento obrero en el siglo XIX, determinados patronos se pasaban entre ellos o a través de sus asociaciones listas negras de trabajadores a los que, debido a su ideología política o su militancia sindical, se recomendaba no contratar con la intención de doblegarlos por el hambre. En la guerra civil española se relacionaba casi siempre una lista negra, tanto en zona republicana como en zona franquista, con personas que debían ser investigadas, encarceladas o fusiladas. Es muy difícil descubrir una lista negra original, porque era un documento privado o administrativo que pasaba de mano en mano con una finalidad poco ética e ilegal, y que por tanto se quería mantener oculto ante los ojos de los ciudadanos.

Este artículo de mi blog analiza una lista encontrada en la localidad cordobesa de Lucena. Es un folio doblado formando cuatro carillas en las que aparecen 49 nombres o referencias a ellos clasificados por tres ideologías: 27 socialistas, cinco sindicalistas (anarquistas) y 17 comunistas. La lista se encontraba en una carpeta de papeles personales del abogado Rafael Ramírez Pazo que me entregó su hija a principios de 2016. La carpeta contiene recortes de prensa, octavillas políticas, correspondencia, informes, escritos y documentación variada fechada en la época de la II República (1931-1936), la guerra civil (1936-1939) y los comienzos de la dictadura de Franco.

Rafael Ramírez Pazo, en el centro, presidente del Partido Republicano Radical, acompañado de la junta directiva en 1933.

El poseedor de la lista, el abogado Rafael Ramírez Pazo, había nacido en Priego de Córdoba y se asentó en la casa número 6 de la calle San Pedro de Lucena al casarse con una lucentina perteneciente a una familia de ricos propietarios agrícolas. Desde que se proclamó la República en 1931, Rafael Ramírez participó en actos de propaganda del Partido Republicano Radical, una organización moderada y republicana de la que llegó a ser presidente local el 12 de octubre de 1933. Un año después, el 22 de octubre de 1934, se convirtió en primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena, cargo que mantuvo hasta enero de 1936. En esta misma fecha, el sector más centrista del Partido Republicano Radical se escindió, descontento con su ideario político cada vez más derechista, y creó el Partido Republicano Autónomo, en el que Rafael Ramírez ejerció de secretario local.

Al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, Rafael Ramírez Pazo, que entonces tenía 30 años, se encuadró en la Compañía de Voluntarios de Lucena, una organización de civiles con estructura militar que tenía la función de colaborar esporádicamente, en los primeros cuatro meses de la guerra, en el sometimiento de las localidades vecinas que permanecían fieles a la República. Durante la contienda fue militarizado como alférez jurídico militar, y el 30 de marzo de 1939 se incorporó a la Auditoría de guerra en Linares (Jaén), donde ejerció de juez instructor, secretario, fiscal y defensor en consejos de guerra. Tras esta labor, a principios de la década de los cuarenta del siglo pasado abandonó Lucena y se asentó definitivamente en Sevilla capital.

La lista no lleva firma ni fecha, ni nada que delate su procedencia o intención. Rafael Ramírez Pazo la guardaba entre sus papeles, pero él no la redactó, pues no es su letra. Por su caligrafía y las faltas de ortografía que contiene, hubo de ser escrita por alguien de poca formación académica, y que desde luego conocía muy bien el mundo sindical de Lucena, una localidad que en 1936 rondaba los 30.000 habitantes. Desconocemos por qué esta lista estaba entre los papeles de Rafael Ramírez y quién se la dio, o si la tenía escondida. Si la archivó, es porque no la entregó a nadie para que la utilizara, a no ser que hubiera más copias, o quizás la guardó después de que hubiera sido usada por alguien. En cuanto a la finalidad de la lista, hemos de hacer suposiciones. Casi con absoluta seguridad podemos afirmar que se redactó durante los primeros días de la guerra civil, o en días anteriores, y que poseía una intencionalidad represiva. Si la lista se hubiera elaborado durante la II República, y hubiera tenido como objetivo que los patronos y empresarios lucentinos la manejaran para no contratar a los que aparecen en ella, no encontraríamos referencias a las madres de algunos de los nombrados ni a trabajadores por cuenta propia que no dependían de que les dieran un empleo para poder subsistir.

El motivo más contundente que nos lleva a pensar que la lista se redactó durante los días inmediatamente anteriores o posteriores al 18 de julio de 1936 y que tenía una finalidad represiva (es decir, investigar, detener o matar a los señalados) es que algunos de los apuntados en ella o sus familiares acabaron fusilados. En Lucena triunfó el golpe de Estado el mismo 18 de julio, el día en el que comenzó la guerra civil, y durante los tres años de guerra permaneció ya en zona franquista. Por tanto, la lista posiblemente se elaboró con la intención de actuar contra los militantes más destacados o conocidos de los sindicatos obreros lucentinos en cuanto se produjera la sublevación militar, pues la represión comenzó con suma rapidez. Entre el 18 y el 19 de julio no menos de 200 personas fueron encarceladas y hubo que habilitar hasta seis cárceles para albergar al creciente número de presos (cuartel de la Guardia Civil, depósito municipal de la plaza del Coso, “La Higuerilla” en la calle Quintana, el convento de San Agustín y el de los Padres Franciscanos, y la plaza de toros). No olvidemos que el director de la conspiración militar en España, el general Emilio Mola Vidal, ya había advertido a los militares conjurados el 25 de mayo, dos meses antes del golpe de Estado, que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que “serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

Desconocemos quiénes eran la mayoría de las 49 personas de la lista, e investigar sobre ellas resulta muy difícil. En principio, porque en Lucena se quemó en los años setenta del siglo pasado, en bidones prendidos con gasolina, toda la documentación (menos los libros de actas de los plenos) que se conservaba en el Ayuntamiento relativa a la II República, la guerra civil y la primera posguerra, así que por desgracia no podemos rastrear una posible información sobre los miembros de la lista a través de la correspondencia municipal, los oficios de huelga, los informes de mítines, las listas de presos del depósito municipal u otras fuentes documentales de ámbito local.

Otro obstáculo para indagar sobre la lista es que no sabemos la identidad de todas las personas fusiladas en Lucena durante la guerra civil. Muchas no dejaron ningún rastro documental, por lo que ignoramos si en el listado aparecen fusilados que no tenemos registrados hasta el momento. Cualquier dictadura, de izquierdas o de derechas, intenta siempre borrar las huellas de sus desmanes, y en esto el franquismo fue un ejemplo. La fuente histórica fundamental para el recuento de los fallecidos en un periodo histórico reciente son los libros de defunciones del Registro Civil, sin embargo muchos de los fusilados por los franquistas no se inscribieron nunca en él debido a las trabas burocráticas, el miedo o el desconocimiento de las familias, o porque estas emigraron de la localidad.

De los al menos 130 fusilados en el municipio de Lucena durante la guerra civil, no se anotaron nunca en el Registro Civil 55, es decir, casi la mitad. Su identidad solo se ha podido rescatar gracias a las investigaciones de los historiadores —en este caso de Francisco Moreno Gómez, que se remontan a publicaciones de 1982, y las mías desde 1997— y sobre todo gracias al testimonio de las familias de los represaliados o de personas que los conocieron. La labor de identificación será cada vez más difícil debido a que los descendientes directos de las víctimas van muriendo y las nuevas generaciones suelen perder la memoria de lo que les ocurrió a sus antepasados, llegando a ignorar incluso cómo se llamaban. En consecuencia, todos estos obstáculos, que también se producen en el resto de España, impiden establecer las cifras exactas de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena.

En la lista, que se puede leer en este enlace organizada por orden alfabético, aparecen 49 lucentinos, bastantes con el apodo al lado, lo que indica que pertenecían a familias trabajadoras y humildes, pues las personas pudientes o acomodadas no solían tener nunca apodo y siempre se las citaba con el “don” por delante. Los nombres están ordenados por tres ideologías, como ya dijimos, y el grupo mayor es el de 27 socialistas. Uno de ellos, el jornalero Francisco Antonio Cabeza Martínez, el Chivo, de 39 años, sabemos con certeza que cayó fusilado junto a otras 24 personas en el cementerio de Lucena en la noche del 18 al 19 de agosto de 1936, un mes exacto después del golpe de Estado, según consta en el Registro Civil y nos confirmó su hija. Otro socialista, Agustín Jiménez Rodríguez el Cegato, quizás murió también, pues tenemos referencias de un Frasquito el Cegato fusilado en el cementerio de Badolatosa que a lo mejor pudiera ser él o algún familiar. Se cita además en la lista a Pedro Jiménez Maíllo y su madre, apodados los Pinonos. No sabemos si este Pedro pudiera ser hermano de Antonio, con iguales apellidos, un jornalero de 23 años afiliado a la socialista Sociedad de Agricultores, fusilado junto a su hermano Carlos, de 26 años. Ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil como fallecido y hemos sabido de su identidad por testimonios orales. El padre de ambos, Antonio Jiménez Galán, que estuvo preso en 1936, murió al día siguiente de ser liberado a consecuencia de las palizas que sufrió en el cuartel de la Guardia Civil.

Otro de los socialistas es el jornalero José Román del Espino, que aparece junto a su hermano Tomás. José, de apodo Pelones o quizás Melones, había sido detenido durante unos días tras la huelga de campesinos y albañiles de abril de 1933 en Lucena, pero es una incógnita la suerte que corrió en 1936, cuando tenía 23 años de edad. Muchas menos referencias existen del resto de los socialistas del listado, como por ejemplo de Antonio Reyes León y Antonio Reyes Villa, los Yeseros, que con probabilidad sean padre e hijo. Con este apodo de los Yeseros se conocía también a la familia del primer alcalde republicano de la aldea lucentina de Las Navas del Selpillar, Antonio Cortés Gallardo, quien al producirse el golpe de Estado se había visto obligado a huir para salvar su vida y en la posguerra sufrió una condena de 12 años de cárcel que luego le conmutarían por tres. Antes, en 1936, habían fusilado en Lucena a su hijo Ramón, de 18 años (no está inscrito en el Registro Civil), y otro hijo, Juan Antonio, había muerto luchando en Villa del Río como sargento del Ejército republicano. Es un misterio si estas dos familias de los Yeseros tenían algo en común.

Rafael Calvillo Rodríguez, uno de los jefes de la Policía Municipal.

Entre los socialistas, también se señala en la lista a “los dos jefes de día de los municipales”, sin especificar sus nombres. En 1936 ejercían de jefes de la policía municipal Rafael Calvillo Rodríguez y Francisco Nieto Córdoba, por lo que podrían ser ellos. Ambos fueron depurados y expulsados del cuerpo de empleados municipales nada más comenzar la guerra, pero ignorábamos si habían sufrido alguna otra represalia. De la duda hemos salido porque, tras publicar esta entrada del blog, un bisnieto de Rafael Calvillo Rodríguez nos ha asegurado que era socialista y que al comenzar la guerra fueron a buscarlo a su domicilio para detenerlo (vivía en una casa de vecinos de la actual calle Párroco Joaquín Jiménez Muriel), pero pudo escapar por una ventana. Se escondió en la sierra hasta que su hermana Carmen, empleada en una bodega, intercedió por él ante un señorito, lo que le permitió regresar a Lucena sin que lo molestaran. A partir de aquel momento se ganó la vida trabajando de zapatero.

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A la izquierda, Francisco Nieto Córdoba, jefe de la guardia municipal. El de al lado podría ser el guardia Joaquín Corpas Aranda.

También tras la publicación de esta entrada del blog, y gracias al testimonio enviado por su nieto Lluís del Espino desde Barcelona, hemos conocido que Francisco Nieto Córdoba, el otro jefe de municipales que aparece en la lista, acabó detenido. Era socialista al igual que sus hermanos Joaquín (guardia también) y Manuel. Tenían relación familiar con el concejal socialista Antonio Palomino Luque, al que fusilaron, ya que era primo de su abuelo. Francisco fue detenido a los pocos días del golpe de Estado en el ayuntamiento, aunque no permaneció en la cárcel más de uno o dos días, pues su mujer, Juana Lara García, acudió al doctor Juan Ruiz de Castroviejo, con el que tenía cierta amistad ya que era costurera y le hacía los vestidos a su esposa. Ambos fueron al ayuntamiento y consiguieron que lo soltaran, utilizando como principal argumento que Francisco era hermano de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras liberarlo, la familia marchó al cortijo La Campana de Moriles para trabajar. En el año 1944 regresaron ya a Lucena, donde permanecieron hasta que en 1963 emigraron a Barcelona.

Manuel Jiménez Ruiz, Jeringuito, fusilado el 18 de agosto de 1936.

Tras el socialista, el siguiente grupo que aparece en la lista es el de cinco sindicalistas, el nombre que se daba en aquella época a los anarquistas. Dos acabaron fusilados con seguridad: el tabernero Manuel Jiménez Martínez, conocido con el apodo de Jeringuito, de treinta y tantos años (no inscrito en el Registro Civil), y el panadero Diego del Pino García, de 36 años. Ambos murieron en la saca de la noche del 18 al 19 de agosto, en la que cayeron en la fosa común del cementerio unas 25 personas. Hay otro anarquista en la lista, Francisco Mora Ramírez, alias Trócola, que pudiera ser un Francisco Mora que fue fusilado. Hasta este momento creíamos que el asesinado era de segundo apellido Luna y que trabajaba como empleado en la caseta de arbitrios, sin embargo ahora nos queda la duda de si el fusilado fue uno u otro, ya que ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil y no poseemos ningún otro dato sobre ellos.

Juan Aranda Vida, fusilado el 11 de noviembre de 1936. Su hermano Antonio está incluido en la lista.

Otro de los anarquistas que aparece es Antonio Aranda Vida. Gracias al testimonio de su sobrina Juani Porras, residente en Barcelona, sabemos que fueron a buscarlo varias veces a su domicilio para detenerlo y que llamaron a declarar sobre su paradero a su hermana Ángeles, pero él se encontraba en el Ejército cuando comenzó la guerra civil, lo que le permitió evitar la represión a pesar de su ideología izquierdista. No pudo escapar de la muerte su hermano Juan, zapatero de 29 años. Según creíamos hasta ahora, a Juan lo sacaron a las cinco de la mañana del 5 de agosto de 1936 del convento de San Agustín, que había sido convertido en prisión por las autoridades militares, con cinco jóvenes comunistas más que no sobrepasaban los treinta años y que iban atados de dos en dos con alambres. Los subieron en un camión y los mataron en el paraje de la Alameda de Cuevas, situado en la carretera de Monturque. De los seis, solo uno aparece inscrito en el Registro Civil como fallecido, gracias a que la hermana de uno de ellos, Antonio Maíllo Torres, inició en 1984 un expediente —del que me entregó copia en 1997— para la inscripción fuera de plazo de su fallecimiento. En él se incluían los testimonios de varios testigos que aún vivían (un carcelero, un compañero de celda y de una persona que vio los cadáveres) y que aportaron las circunstancias de la muerte y la identidad de las cinco víctimas restantes. Esta versión de la muerte de Juan era la que teníamos hasta el momento. Sin embargo, los expedientes de la Prisión Provincial de Córdoba que han pasado hace poco al Archivo Histórico Provincial la desmienten, pues aparece como ingresado junto a otros lucentinos en la cárcel de Córdoba el 11 de noviembre de 1936 y sacado con esa misma fecha, lo que indica que fue trasladado desde la prisión de Lucena hasta allí para fusilarlo en es ese día, y no en el que indicamos al principio.

Araceli Rubio Martínez sufrió un simulacro de fusilamiento. Su hermano Antonio aparece en la lista.

La lista termina con 17 vecinos calificados de comunistas. Entre ellos está Antonio Infante Varo, portero del instituto Barahona de Soto, detenido el día 2 de agosto de 1936 y del que ignoramos su destino final. Otro es Antonio Maíllo García “El Carloto”, que había sido detenido en abril de 1933 por formar parte de un piquete en una huelga de campesinos y albañiles. Por las mismas razones, en esta misma huelga detuvieron a Enrique, hermano de Nicolás Lavela Hurtado, otro de los consignados en la lista del que carecemos de más referencias. De la relación de 17 vecinos comunistas es seguro que murió el peluquero Antonio Rubio Martínez, conocido con el apodo de Montoya. Fue una persona significada en el partido comunista, fundado en Lucena el 21 de marzo de 1936, y participó en mítines y actos electorales. Lo fusilaron el 5 de agosto en la Alameda de Cuevas, en una saca colectiva de seis jóvenes comunistas a la que nos hemos referido con anterioridad. A los pocos días fusilaron en el cementerio a su hermano Domingo, de 16 años, en la saca colectiva de 25 personas del 18 de agosto de 1936. Ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil y solo pudimos recuperar sus nombres gracias a testimonios orales. Su madre y su hermana Araceli también padecieron la represión. Las encerraron en la plaza de toros, sede del cuartel del Escuadrón de Caballistas Aracelitanos, donde sufrieron un simulacro de fusilamiento.

Es evidente que recomponer la historia de los lucentinos que aparecen en la lista ha sido una tarea complicada, pues solo hemos podido dar norte de una mínima parte de los 49 que se nombran. Como ya hemos señalado, la destrucción de la documentación del Archivo Histórico Municipal de Lucena y las carencias que presenta el Registro Civil en cuanto a la inscripción de las víctimas mortales de la represión franquista son unos impedimentos difíciles de superar.

No obstante, en el caso hipotético de que esta lista negra hubiera sido redactada por los republicanos para ejercer la represión sobre los franquistas, la labor de investigación hubiera sido mucho más fácil, debido a todo el importante rastro documental e histórico que han dejado los que sufrieron la represión republicana. En primer lugar, porque los asesinados por los republicanos se anotaron en los registros civiles como muertos “gloriosamente por Dios y por España” (según una Orden de 24 de abril de 1940) y sus nombres se inscribieron en las lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de las iglesias (de acuerdo con un Decreto de la Jefatura del Estado de 16 de noviembre de 1938) y en los informes oficiales que se conservan en los archivos históricos de los ayuntamientos. En segundo lugar, porque por el Decreto de 26 de abril de 1940 el Ministerio de Justicia dispuso la creación de la llamada Causa General, un extenso proceso de investigación que duró más de veinte años, con la intención de recoger por escrito (más de mil quinientos legajos que se conservan en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional) la represión causada por los republicanos en todas las localidades. Y en tercer lugar, porque la justicia de los vencedores investigó la represión que sufrieron los suyos y además aplicó toda su maquinaria represiva contra los vencidos, que fueron juzgados y condenados. Solo los archivos de los juzgados militares de Andalucía almacenan más de 200.000 sumarios de expedientes de encartados abiertos en guerra y posguerra, en los que se pretende averiguar, aunque sin apenas garantías jurídicas para los acusados, todos los datos posibles de la represión republicana.

Esta reflexión final sobre las facilidades documentales para investigar sobre la represión republicana y las dificultades que encontramos al abordar la represión franquista es necesaria para aquellos que se sorprenden de que hoy en día, en general, se investigue más una que otra —yo siempre he investigado las dos— y desconocen el porqué. En el sur de Córdoba, que es mi ámbito de trabajo, la represión republicana fue muy inferior a la ejercida por los franquistas y duró solo unos días, se conserva archivada en la documentación histórica (así que se puede consultar en cualquier momento) y además se conoce muy bien. De hecho, fue la única conocida oficialmente durante la dictadura de Franco, por las causas citadas antes y porque fue una política de Estado durante 40 años. Con estos antecedentes, es lógico que muchas investigaciones se centren en lo desconocido, en los olvidados y en los desaparecidos, y más cuando la única y exclusiva fuente de información que podemos conseguir sobre ellos es el testimonio de los que los llegaron a conocer.

Para los historiadores, este proceso de búsqueda y localización de testigos de los hechos o sus descendientes es una desesperada carrera contra reloj. Téngase en cuenta que de los familiares directos de fusilados (viudas, hijos y hermanos) que yo entrevisté en el año 1997 para mi primer libro sobre Lucena, hoy no queda casi ninguno con vida. Y si he podido redactar este artículo del blog es gracias en gran parte a lo que ellos me contaron, o me han transmitido otros familiares desde entonces, porque la historia de sus seres queridos había permanecido silenciada y olvidada. Por tanto, no ha sido posible escribirla hasta muchos años después, y todavía, con inmensas lagunas, la seguimos reescribiendo.

LISTA ORIGINAL ESCANEADA 

El baenense Rafael Monroy Roldán, salvado de una condena a muerte en la posguerra

El cuartel de la Guardia Civil y el Paseo de Baena en una foto de la época.

La Guardia Civil de Baena respaldó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 aquella misma tarde, cuando ocupó el Ayuntamiento, la Telefónica y el Centro Obrero. A la mañana siguiente, el teniente y comandante de puesto Pascual Sánchez Ramírez proclamó el bando de guerra. Ante la resistencia encontrada entre la población y la clase obrera, mayoritariamente anarquista, comenzaron los enfrentamientos y 230 guardias civiles y derechistas se atrincheraron en unos 14 puestos de defensa. El 28 de julio estaban próximos a sucumbir, pero al mediodía vino en su ayuda desde Córdoba una columna militar al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. Esta columna militar, en la que se integraban legionarios y moros mercenarios marroquíes, causó uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil en la provincia. Además de masacrar a la población civil en la calle y en las casas, arrastraron a muchos hombres al Paseo, en el  centro del pueblo, adonde se les asesinó de un tiro en la nuca tras haberles obligado a tumbarse boca abajo formando filas. La matanza continuó con los mismos parámetros en la mañana del día siguiente y se llevó por delante la vida de un mínimo de 135 personas en solo 24 horas.

El campesino Rafael Monroy Roldán salió huyendo despavorido de Baena, al igual que sus dos hermanos, su hermana, su cuñado y varios miles de vecinos (la localidad tenía por entonces algo más de 23.000 habitantes), cuando la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga entró en el pueblo. En 1937 ya estaba luchando en la 88 Brigada Mixta del Ejército republicano, en la que hubo una compañía formada casi en exclusiva por hombres anarquistas de Baena. En septiembre, con solo 19 años, Rafael Monroy ingresó en la Escuela Popular de Guerra de Paterna (Valencia), de donde salió con el grado de teniente el 12 de abril de 1938. Fue destinado a la 35 División Internacional. Al despistarse junto a su ayudante de la compañía en la que servía como oficial de enlace, cayó prisionero de las tropas franquistas el 15 de noviembre de 1938, cuando las fuerzas republicanas se replegaban derrotadas por el puente de Flix (Tarragona) tras cinco meses de combates en la larga y sangrienta batalla del Ebro.

Lo internaron en el campo de concentración del antiguo convento de San Marcos de León, uno de los célebres recintos represivos de la España franquista. El 26 de diciembre de 1938 fue interrogado por el capitán Miguel Carmona Marbán, juez instructor jefe de Información de Prisioneros y Evadidos del Gobierno Militar. En su declaración se autoinculpó de múltiples delitos y de haber participado en los asesinatos cometidos en el convento y asilo de San Francisco de Baena, uno de los hechos más terribles ocurridos en el pueblo durante la guerra civil.

El 21 de julio los republicanos habían ocupado el convento de San Francisco, donde crearon un Comité formado en su mayoría por anarquistas. Desde allí coordinaron la resistencia contra la sublevación militar, aunque contaban con muy pocas armas, salvo útiles de labranza, hachas y algunas escopetas requisadas en los cortijos. El convento sirvió también de prisión para bastantes derechistas y familiares de los que se habían sublevado con la Guardia Civil, una medida que se tomó por el Comité en respuesta a la amenaza del teniente Pascual Sánchez Ramírez de asesinar a los republicanos y familiares de republicanos que la Guardia Civil mantenía como rehenes en su poder. El día 27 el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente se negó. El día 28, después de que llegaran al convento las noticias de la matanza cometida por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga en el Paseo, en represalia se produjo el asesinato de 73 rehenes (otros 81 consiguieron sobrevivir), entre ellos siete mujeres y tres niños hermanos. Fue un crimen vengativo y despiadado, realizado por un número muy reducido de hombres armados con hachas y pistolas, en medio del descontrol del momento, mientras las fuerzas de paisanos y guardias civiles dirigidas por el capitán Adolfo del Ríos intentaban tomar el edificio y los miembros del Comité, los resistentes republicanos y los cientos de vecinos que se habían refugiado en la parte baja del edificio huían en desbandada por una tapia trasera.

Cuando lo interrogaron en León en diciembre de 1938, Rafael Monroy se autoinculpó de haber participado en la detención y asesinato de los internados en el convento de San Francisco y de haber abusado sexualmente en el patio, junto a otros miembros del Comité, de diez jóvenes muchachas. También citó los nombres de los miembros del Comité y a una serie de mujeres implicadas en los crímenes. En concreto, manifestó que la Adelilla “con una navaja barbera se ensañó con algunos de los presos cortándoles sus partes” después de muertos. Aparte de los anteriores delitos, Rafael Monroy se autoinculpó de haber participado en los asaltos a casas y tiendas de comestibles y de que asesinó el día 26 de julio de 1936 al cura don Lucas (a pesar de que no había ningún cura asesinado en Baena con ese nombre).

El teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez, abanderado de la sublevación militar en Baena el 18 de julio de 1936.

Rafael Monroy realizó estas declaraciones forzado por las torturas. Eso manifestó su esposa, Josefa Pérez Rojano, ya fallecida, a la que entrevisté por primera vez en abril de 2014. Ella tenía entonces 89 años y una perfecta salud mental. Esta mujer, que en aquellas fechas aún no conocía a su marido, fue una testigo privilegiada de lo ocurrido en julio de 1936 en Baena, así que aportaré unos breves detalles de su testimonio. Josefa y su madre, Rosario Rojano Argudo, permanecieron atrincheradas junto a otros derechistas y propietarios —junto a los “señoritos”, fueron las palabras textuales de ella— en uno de los puestos de defensa de la Guardia Civil situado en la residencia de ancianos del Divino Maestro. Desde allí vieron subiendo por la Calzada dos camiones de hombres obligados a saludar con el brazo en alto, al estilo fascista, y detrás de ellos, también arrestados, grandes filas de cinco personas con pañuelos blancos, que se dirigían al Paseo custodiados por las fuerzas de Sáenz de Buruaga. Ante aquella estampa, su madre se lazó a la búsqueda de su hermano y de su sobrino, ya que no tenían noticias de ellos y temía que les hubiera ocurrido algo. Al llegar al Paseo, donde ya había comenzado la matanza con tiros en la nuca, un moro arrojó a su madre al suelo, totalmente ensangrentado, con la intención de pegarle un tiro, sin saber quién era y sin importarle que hubiera sido la cocinera de un puesto de defensa de la Guardia Civil en los días anteriores.

Como otros vecinos, Rosario Rojano solo se pudo salvar de la muerte por la intervención de un propietario agrario, que junto a guardias civiles y derechistas eran los encargados de hacer una rápida selección allí mismo sobre el terreno. A ella la avaló —o “garantizó”, que era la palabra usada en la época— Manuel Torres, ante las protestas del teniente Pascual Sánchez Ramírez, que decía “que no había que salvar a tantos”. Mientras estuvo retenida en la plaza, aún tuvo la oportunidad de ver en el suelo el cuerpo de una mujer arrojada desde la azotea del cuartel. Era una de las personas que la Guardia Civil había mantenido como rehenes durante los días anteriores, a los que ahora exterminaban lanzándolos desde las alturas.

Como hemos señalado con anterioridad, Josefa Pérez también nos relató que su futuro marido, Rafael Monroy, había sufrido torturas y palizas en el convento de San Marcos de León, donde el frío y las ratas hacían estragos. Las torturas eran utilizadas en los recintos penitenciarios franquistas no solo para castigar a los presos, sino para forzar delaciones y declaraciones al gusto de los verdugos, sin importar que fueran o no verdaderas. Así que era muy común que muchos acusados se desdijeran de ellas en presencia del juez, aunque sin denunciar abiertamente que habían sido torturados. Eso hizo Rafael Monroy tras su traslado desde León a la cárcel de Córdoba. Al ser interrogado por el juez el 17 de febrero de 1939, manifestó que lo único cierto de su declaración anterior era que estuvo en la 88 Brigada y en la Escuela de Paterna, y “que es incierto cuanto demás consta en la misma, que no fue directivo del Comité no tomando parte en ninguno de los hechos que se expresan y cuya declaración prestó en un momento de inconsciencia por los frecuentes interrogatorios a que fue sometido no conociendo a las personas que expresa la misma”. Remarcó que no intervino ni presenció los hechos de los que se había autoinculpado, pues no había salido de la casa en aquellos días, y citó a algunos testigos de descargo con la intención de que corroboraran sus declaraciones.

Para continuar la instrucción del proceso, el juez militar del juzgado nº 8 de Córdoba, Gregorio Prados Ramos, mandó una orden a la Guardia Civil de Baena para que se investigaran los nombres de las personas citadas por Rafael Monroy como miembros del Comité. En la contestación, fechada el 23 de febrero de 1939, la Guardia Civil indicó que aunque la mayoría eran de izquierdas a ninguno se le relacionaba con los hechos. En cuanto a otras personas denunciadas por Rafael Monroy, por este informe nos hemos enterado de que les “fue aplicado el bando de guerra por su oposición al triunfo del Movimiento Nacional” a Rafael Cabezas Ramírez el Sabio, la Chata, la Jaramolla y a Josefa Pulido López, a la que señalaban como presidenta de la organización anarquista FAI o de las Juventudes Libertarias. De estas cuatro personas, solo a una, La Jaramolla, la teníamos identificada como fusilada hasta el momento. Esto confirma, como ya hemos puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, que una buena parte de las víctimas de la represión franquista no dejó huella documental alguna ni se inscribió en los libros de defunciones de los registros civiles, por lo que llegar a conocer sus nombres es imposible y siempre estaremos hablando de cifras mínimas de fallecidos (365 víctimas mortales de la represión franquista hemos conseguido identificar hasta el momento en Baena durante la guerra).

Aparte del informe de la Guardia Civil, el juez recabó el testimonio de testigos de los delitos por los que Rafael Monroy se había autoinculpado. En general, estos testimonios avalaban su inocencia. Los que presenciaron la muerte del párroco de Santa María la Mayor, Bartolomé Carrillo, no lo situaban en el lugar del asesinato el día 26 de julio de 1936, y señalaron como responsable “a un tal Fontiveros”. En cuanto a los supervivientes del convento de San Francisco, Manuel Valle Pizarro, Manuel Bujalance Tarifa y Juan Navas Ariza, afirmaron que mientras estuvieron presos oyeron llamar al Caragato (apodo por el que se conocía a toda la familia de Rafael), sin que pudieran afirmar que fuera él. Juan Navas dijo que si lo viera lo reconocería, sin embargo el juez no ordenó una rueda de reconocimiento. El 11 de julio de 1940, Rafael Monroy volvió a ser interrogado por el juez. Tenía entonces 22 años, llevaba casi dos años preso y hacía año y medio que no le habían tomado declaración. De nuevo, negó todas las acusaciones, añadió que “no intervino en ningún hecho delictivo de los cometidos en aquellos días en Baena” y propuso varios testigos de descargo, a los que el juez ignoró.

Las imputaciones que realizó Rafael Monroy bajo torturas en León tuvieron unas consecuencias nefastas para una de las personas a las que citó: Adela Marín Membiela, la Adelilla, madre soltera de 44 años, ya que el juez ordenó su ingreso en la prisión provincial de Córdoba el 24 de febrero de 1939. Cuando la interrogaron pocos días después, manifestó que el 28 de julio de 1936, para protegerse del tiroteo de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga, se refugió al igual que cientos de vecinos en el convento de San Francisco. Allí permaneció debajo de una escalera, con su hijo de ocho años, hasta que lo tomaron al día siguiente. En su declaración, negó que realizara los hechos que le imputaban ni que los presenciara, ya que en San Francisco “había una multitud de gente que de un lado a otro corrían” y era imposible ver nada. Aunque el informe que presentaron la Guardia Civil y la alcaldía al juzgado señalaba que “es de opinión pública” que Adela Marín se ensañó con los presos, eso no se confirmó en la ronda de interrogatorios a los supervivientes de la matanza, pues ninguno recordaba haberla visto en el convento. Solo Juan Navas Ariza manifestó que la vio en las dependencias examinando las cestas de comida que los familiares les llevaban a los prisioneros.

A Rafael Monroy y a Adela Marín los juzgaron juntos en Córdoba el 23 de julio de 1940. Presidía el tribunal el coronel de Caballería Carlos Palanca y Martínez Fortún, un gran propietario agrícola natural de la aldea lucentina de Jauja. En la vista, el fiscal, Serafín Martínez Torres, pidió muerte por garrote vil para los dos, y el defensor, Calle Belmonte, reclusión perpetua. A ambos los condenaron a pena de muerte. A Rafael por haber participado en los crímenes de San Francisco, la violación de una joven, la muerte de un sacerdote y haber sido teniente del Ejército republicano. A Adela Marín la condenaron por haber intervenido en los asesinatos de San Francisco, aunque a ella le conmutaron la pena por reclusión militar perpetua.

Durante la guerra y la posguerra, los consejos de guerra de la España franquista se realizaban sin garantías para los acusados. Los tribunales no eran independientes pues estaban politizados, eran nombrados por el Gobierno y estaban formados por militares. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados de los encausados, quienes siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. En 1939 la posibilidad de revisión de los procesos judiciales o de las sentencias era prácticamente nula, entre otros motivos porque la ejecución del inculpado se producía a las pocas semanas de haber sido condenado. A partir del 9 de enero de 1940, una Orden sobre “detenciones y encarcelamientos” permitió la posibilidad de revisión de sentencia, que se podía ejercer por los mismos interesados sin necesidad de abogado o procurador. No obstante, en la mayoría de las ocasiones en las que vecinos de Baena se acogieron a este derecho el resultado fue negativo, pues las auditorías nunca iniciaron diligencias para atender la demanda (43 baenenses cayeron fusilados en la posguerra tras ser condenados a muerte en consejos de guerra).

Ana, la hermana monja de Rafael.

En el caso de Rafael Monroy hubo un factor determinante que jugó a su favor: tenía una hermana, Ana, que era monja en el convento de las Hijas del Patrocinio de María en Lucena, una localidad situada a una treintena de kilómetros de Baena. Ella contactó allí con un teniente jurídico, que era padre de un alumno suyo, que se encargó de guiar los trámites necesarios y de mover hilos para conseguir el indulto a cambio de 300 pesetas (el sueldo diario de un jornalero era de cinco), un dinero que el padre, Ramón Monroy Alarcón, de condición humilde, tuvo que pedir prestado. Ello explica que el sumario del consejo de guerra de Rafael Monroy, que se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 1.226, expediente 30.173) sea tan voluminoso (342 páginas) y con tantas diligencias judiciales. Es un expediente atípico, pues la maquinaria judicial de la época no solía ser tan escrupulosa, y muchos consejos de guerra eran un mero trámite donde no había afán por investigar los hechos y la culpabilidad del acusado ya se daba por supuesta.

El 3 de agosto de 1940, solo once días después de la condena a muerte, el padre de Rafael envió una carta al auditor de guerra en la que lamentaba el error judicial habido con su hijo, pues “no se movió en absoluto de su domicilio” y “en absoluto es incapaz de realizar ningún acto delictivo y mucho menos un asesinato”. Además, señalaba que el día de los crímenes de San Francisco, a las cinco de la tarde salió del pueblo con su hija Dolores y su marido y pernoctó en una huerta distante a más de cinco kilómetros. Ramón explicaba en su carta que “aunque con dolor lo exprese, bien pudiera haber habido confusión con otro hijo mío”, y apuntaba que ocho personas y las propias monjas del convento podían confirmar su versión de los hechos.

Además de esta carta al auditor de guerra, Ramón Monroy envió veinte días después, el 23 de agosto de 1940, otra misiva al teniente general de la Segunda División Militar, con sede en Sevilla. En ella le hablaba de que tenía una hija monja y de que otros dos sufrieron la “ponzoña del veneno revolucionario” (Manuel, ya condenado a 12 años y un día de cárcel, y Antonio, que “desgraciadamente figuró como secuaz de la horda”). Su argumento es que había habido una confusión en la identificación de sus hijos, aunque señalaba que la “audacia de esta confesión no puede nunca llegar al extremo de atribuir a este último [Antonio] todos y cada uno de los cargos que a Rafael le aparecen”. Para avalar su solicitud de revisión del caso, Ramón presentó ocho declaraciones escritas, autentificadas por la jefatura local de la Falange de Baena, que situaban a su hijo Rafael en la huerta de las Peñuelas o de Fernando el Soldado en el momento en que se produjeron los asesinatos de San Francisco.

La petición de Ramón Monroy surtió efecto un par de meses después. El auditor de guerra emitió un informe, el 28 de octubre de 1940, en el que señalaba que en el procedimiento del consejo de guerra de Rafael se observaban “defectos procesales que por su importancia implican vicios de nulidad, tales son: no estar identificada la verdadera personalidad del procesado y si fue en efecto miembro del comité o si era un hermano suyo, también de apodo Caragato, llamado Antonio, que al parecer se halla en un campo de concentración en Rentería. Por todo ello, tengo el honor de proponer la devolución de lo actuado y que el juez instructor subsane los defectos expresados practicando las diligencias necesarias para identificar la personalidad del condenado”.

Tras el mandato del auditor, el juez instructor de Córdoba inició nuevas diligencias. En principio, tomó declaración el 22 de mayo de 1941 a dos monjas supervivientes de la matanza del convento de San Francisco: Exaltación Sarrigorri y Julia Lerena Ramírez. Las dos señalaron que quien se reunía con los miembros del Comité era Antonio, de 19 años, a quien sor Exaltación definía como un “individuo alto, de pésimos antecedentes e instintos sanguinarios”. También indicaron que en los primeros días visitó el convento un hermano de Antonio, al que pusieron de guardián en las puertas, que se “portó perfectamente con las religiosas de la comunidad”. Este otro hermano, del que las religiosas hablaban tan bien y desconocían su nombre, era Manuel, condenado a 12 años de reclusión en julio de 1940, que cumpliría en las cárceles de Astorga (León), Burgos, Córdoba y El Puerto de Santa María (Cádiz) hasta que obtuvo la libertad condicional en enero de 1943.

En su declaración, la monja Julia Lerena añadió que no tenía “conocimiento de que se cometieran abusos deshonestos con las mujeres que había detenidas” en el convento. Los posibles abusos sexuales o maltratos contra las presas fueron desmentidos también de manera categórica por otra testigo, Isabel López Priego, que había conseguido sobrevivir escondida debajo de una cama de la habitación donde estaba recluida en el convento. Manifestó “que no conoce a ninguno de los llamados Caragatos, ni a la llamada Adela Marín Membiela, y que solamente veía entrar a la Capachera y su hija, las que se limitaban a entrar a llevar las comidas, sin que les hicieran objeto de maltrato alguno. Que desde luego, ni la dicente, ni ninguna de las otras mujeres que estaban detenidas en San Francisco fueron objeto de abuso deshonesto alguno ni de malos tratos de obra, limitándose los rojos a obligarlas a que portearan el agua de un nacimiento que había en el sitio llamado San Marcos”.

Aparte de estas declaraciones que desmentían que hubiera habido abusos sexuales o violaciones en el convento, otros testimonios recabados por el nuevo juez instructor también respaldaban la inocencia de Rafael Monroy. Todos lo situaban huido de Baena, en la huerta de Fernando el Soldado, durante la tarde y la noche del día 28 de julio de 1936, así que era imposible que hubiera participado en los asesinatos, pues según informes emitidos en julio de 1942 por el comandante de puesto de la Guardia Civil y el alcalde los crímenes de San Francisco se habían producido entre las 20 y las 23 horas. Unos meses antes, el 16 de enero de 1942, el juez instructor y teniente de Caballería Bernardo Cruz Vázquez ya había emitido un informe en el que, a la luz de todo lo investigado, exponía que el “verdadero dirigente” y miembro del Comité en San Francisco no era Rafael, sino su hermano Antonio. Además, otro informe emitido por la Falange afirmaba que Rafael era de la CNT, pero de “buena conducta, trabajador”, y que “durante el Movimiento no intervino en nada, marchó con su familia al campo, sin que se tengan noticias [de que] interviniera en ningún hecho delictivo”.

Mientras se producía la nueva fase de instrucción del proceso judicial, Rafael Monroy sufrió la política franquista del “turismo penitenciario”, que consistía en trasladar a los presos a localidades muy alejadas de sus lugares de residencia, lo que impedía el contacto con sus familias y dificultaba enormemente los envíos de comida, muy necesarios para la supervivencia en las cárceles. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir y más del doble si lleva una actividad moderada, por lo que surgían enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Rafael Monroy pasó el 1 de julio de 1941 desde la cárcel de Córdoba a la Prisión Central de Astorga (León), a finales de año a la de Burgos y de aquí lo trasladaron de nuevo a la Prisión Provincial de Córdoba al año siguiente para estar a disposición del juez que llevaba su caso.

Cuando testificó de nuevo en Córdoba ante el juez instructor Bernardo Cruz Vázquez, el 4 de agosto de 1942, más de dos años después de haber sido condenado a muerte, Rafael Monroy ya fue más explícito manifestando que los “castigos” y las “coacciones” de la Guardia Civil en León le habían obligado autoinculparse y a acusar a otros, y que todo era falso. Dijo, textualmente, “que cuando le tomaron declaración en el campo de prisioneros fue coaccionado por la Guardia Civil para que firmase la declaración y ante el temor de que lo volviesen a castigar más puso la firma y rúbrica sin saber el contenido de la declaración, como así mismo fue obligado a declarar que Adela Marín Membiela, la Chata y la Jaramolla tomaron parte en dichos crímenes, cuando él no estaba allí ni sabe si las mismas estaban o no, pero que por quitarse el castigo de encima pronunció sus nombres que fueron los primeros que le vinieron a la imaginación”.

Antonio, hermano de Rafael.

Aprovechando este interrogatorio, el juez instructor intentó conocer el paradero de Antonio, el hermano de Rafael con el que al parecer se le había confundido. Rafael le manifestó al juez que sabía por otro recluso, Antonio Muñoz González, preso con él en ese momento en Córdoba, que había estado recluido en un batallón de trabajadores en Guipúzcoa en 1940, de donde desapareció. El juez interrogó al preso informante aquel mismo día. Este le manifestó que Antonio Monroy, de 22 años entonces, se encontraba con él en el Batallón de Trabajadores nº 142 de Guipúzcoa cuando se evadió con tres hombres más el día 4 de febrero de 1940, y nunca se supo más de él aunque salieron los guardias a buscarlos. La información oficial que el juez obtuvo sobre Antonio Monroy no aportó nuevos datos al respecto, solo información sobre su pasado. Según un informe de la Jefatura de Campos de Concentración de Prisioneros y Presentados de noviembre de 1942, Antonio Monroy había servido en la 189 Brigada Mixta del Ejército republicano, estuvo internado al finalizar la guerra en el campo de concentración cordobés de La Granjuela, de donde pasó al de Rota (Cádiz) el 5 de agosto de 1939, y el 26 del mismo año y mes a Miranda de Ebro (Burgos). Lo que le ocurrió tras su evasión del campo, situado en el pueblo de Rentería, sigue siendo un misterio para su familia y para la historia.

Como la instrucción del proceso judicial se iba alargando, en septiembre de 1942 apareció un nuevo juez en escena, Manuel Yuste Cubero. Este convocó una rueda de reconocimiento con siete presos de aspecto semejante y vestidos de similar forma que Rafael Monroy. Los dos supervivientes de la matanza del convento de San Francisco que asistieron a ella, Manuel Salamanca Ayala y Juan Navas Ariza, no lo reconocieron como una de las personas que estuviera en el convento o participara en los asesinatos. Ante las pruebas tan contundentes que avalaban su inocencia, el fiscal emitió un informe en el que reconocía que el acusado “no intervino en los hechos y que su actuación se limitó a ingresar en el Ejército marxista, donde alcanzó la graduación de teniente”. En vista del informe, el juez decretó el 29 de septiembre de 1943 la libertad provisional de Rafael Monroy. Para entonces llevaba preso casi cuatro años, desde el 15 de noviembre de 1938, y había cumplido los 25 años de edad en la cárcel.

La vista del nuevo consejo de guerra contra Rafael Monroy y Adela Marín Membiela —quien ya había pasado por la prisión Central de Burgos y se encontraba ahora otra vez en la de Córdoba— se celebró el 29 de julio de 1944. El tribunal estuvo presidido por el coronel de Artillería José Jaudenes Rey y lo componían los vocales capitanes Federico Fraile Letona, Juan Castellano Villalta y José Salguero Castro. El fiscal Isidoro Valverde Meana pidió quince años de cárcel para los dos acusados, y el defensor, el teniente de Artillería José Baena Rodríguez, la absolución para Adela Marín y seis años y un día para Rafael Monroy. Se les condenó a ambos a doce años y un día por el delito de auxilio a la rebelión, a pesar de que el propio tribunal reconoció que la única actuación de Rafael Monroy había sido luchar en el Ejército republicano y alcanzar el grado de teniente, sin intervenir en hechos delictivos. No tuvo que ingresar de nuevo en la cárcel, al igual que Adela Marín, y permaneció en libertad vigilada, que le obligaba a presentarse cada cierto tiempo en el cuartel, hasta que el 20 de diciembre de 1948 se le concedió el indulto definitivo.

Al ser liberado, Rafael Monroy se estableció en Baena, en la calle Pavones, pero no le daban trabajo debido a sus antecedentes. Lo encontró como contable en una almazara en Luque y en 1949 emigró a Barcelona. Con la llegada de la democracia perteneció a la Asociación de Militares de la República y a mediados de los años ochenta regresó a Baena, donde falleció.

Rafael Monroy Roldán y Josefa Pérez Rojano, casados el 16 de julio de 1945 en la iglesia de Guadalupe de Baena.

Rafael Monroy se había casado en julio de 1945, en la Iglesia de Guadalupe, con Josefa Pérez, a quien entrevisté en abril de 2014, como he señalado con anterioridad. Esta mujer me relató el primer caso de presunto robo de bebé que he escuchado en mis veinte años de entrevistas como historiador. En 1954 ella volvió sola desde Barcelona con la intención de dar a luz en Baena, donde residía su familia, pues su marido no pudo acompañarla por motivos laborales. Cuando ingresó en el hospital de Jesús Nazareno le preguntaron en reiteradas ocasiones y con insistencia por su esposo, y contestó que no había podido acompañarla porque él trabajaba en Barcelona. Su hija nació con normalidad y sana. Ella pudo verla y al poco rato se llevaron al bebé al cuarto de al lado. Horas después le dijeron que la niña había fallecido de repente y que habían aprovechado la muerte de otra persona, de la que no le aportaron su identidad, para enterrarla en su mismo féretro, con la intención de evitar trastornos y gastos a la familia. Josefa Pérez, por tanto, no pudo ver el cadáver de su hija y siempre sospechó que había algo raro en este caso. De hecho, hace pocos años, la familia comprobó que la muerte de la niña no había sido inscrita en los libros de defunciones del Registro Civil de Baena ni su nombre aparecía en los libros de cementerio como enterrada en Baena.

En este asunto concurren varias características comunes con otros casos ya documentados de padres que sufrieron robos de niños recién nacidos durante los años de la posguerra y de la dictadura franquista: familia con antecedentes republicanos, mujer que da a luz sola sin familiares directos que la acompañen, insistencia previa y reiterada de las monjas en saber dónde se encontraba el padre, ocultación del cadáver del bebé e inhumación irregular. Basándose en esos indicios, su hija Ana presentó una denuncia en 2015 que no prosperó, ya que fue archivada en junio de 2016.

Soldados lucentinos del Ejército franquista fallecidos durante la guerra civil

En los estudios que se realizan sobre la guerra civil, los historiadores tendemos a dar más relevancia a las víctimas mortales de la represión que a los muertos en acciones de guerra o en los frentes de batalla, a pesar de que se calcula que suman unos 300.000 fallecidos entre soldados republicanos y franquistas. Identificar los soldados o combatientes de una localidad fallecidos en la guerra es muy complicado porque con frecuencia la inscripción de su muerte se realizaba en el Registro Civil de la localidad donde se producía, no en la de residencia, así que para contabilizarlos tendríamos que recorrer los registros civiles de muchísimos lugares de España.

Francisco Jiménez Cantero, de 34 años, fallecido el 1 de agosto de 1936 en Puente Genil.

Cuando publiqué mi primer libro sobre la guerra y la represión en Lucena, en el año 1998, ya había comenzado a recopilar los nombres de los soldados lucentinos muertos en los frentes de guerra, pero solo pude descubrir a los del bando franquista, ya que los datos que aportaban los libros de defunciones del Registro Civil se referían en exclusiva a ellos. Nunca se registraron en Lucena los soldados que murieron prestando servicio para la República, o al menos esta circunstancia no se anotó cuando se realizó su inscripción. Según el Registro Civil de Lucena, 40 hombres (entre los que se incluyen uno de Jauja y dos de Las Navas del Selpillar) murieron en acciones de guerra. Sin embargo, a través de las fichas de afiliación a la Falange, del periódico local Ideales y de los testimonios orales obtuve los nombres de otros diez que no aparecían anotados en el Registro Civil. En total, 50 muertos en acciones de guerra mientras luchaban como combatientes o soldados del Ejército franquista.

Portada del periódico Ideales dedicada a varios lucentinos muertos en el Ejército franquista (11 de octubre de 1937).

Esta lista quedó totalmente desfasada en julio de 2017 debido a que el lucentino Francisco Morales me envió una copia de un documento original sin fecha, extraído de los papeles de su abuelo José Morales Mellado, titulado “Relación nominal de los Caídos en esta población durante el Glorioso Movimiento Nacional”, con 115 nombres, aunque existen 14 hombres que no aparecen en ella y que yo he podido identificar por otras fuentes. Se añaden también a esta relación dos nombres más obtenidos de los listados del Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid no registrados hasta el momento por mí, con lo que el número total de fallecidos enrolados en el Ejército franquista alcanzaría los 129. A este Santuario de la Gran Promesa, al final de la contienda, desde todas las diócesis españolas se llevaron en peregrinación los listados de los “mártires de la Santa Cruzada”, es decir, los soldados del Ejército franquista difuntos y los asesinados por la represión republicana, sin diferenciar en muchas ocasiones a unos de otros. Una página en Internet, “Los otros nombres. Héroes y mártires (1936-1939)” ha publicado los nombres custodiados en el Santuario sin apenas revisarlos, de manera que de nuevo no distingue a los difuntos en combate de los que fueron víctimas de la represión. También da lugar a otras confusiones históricas, ya que hay repeticiones de nombres (por ejemplo, la misma víctima está apuntada en municipios distintos, en el que residía y en el que murió) e incluso anota a fallecidos luchando en Rusia en la División Azul a partir de 1941.

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 se produjo la movilización obligatoria en la zona franquista de los nacidos entre 1907 y 1920, con lo que llegaron a luchar en la guerra los varones de entre 19 y 32 años, e incluso mayores y menores que se alistaron de voluntarios. El reclutamiento forzoso se extendió entre el 8 de agosto de 1936 y el 9 de enero de 1939, pues con la sola intervención de las milicias de voluntarios que se formaron en los primeros momentos para apoyar la sublevación militar esta no habría triunfado. La inmensa mayoría de estos soldados se vieron obligados, independientemente de su posicionamiento ante el golpe, sus ideas políticas, su condición social o su educación, a participar en una guerra en la que muchos encontrarían la muerte.

Durante la guerra civil y la dictadura de Franco se denominaba “Caídos por Dios y por España” a todos los que habían perdido la vida a consecuencia de la represión republicana o luchando en las filas sublevadas. El primer homenaje que recibían los que habían fallecido con el “nombre de Dios y de España en los labios” –así se refería el periódico católico lucentino Ideales en su edición del 11 de octubre de 1937 a los soldados del bando franquista muertos en los frentes– era un entierro multitudinario (costeado por el Ayuntamiento, incluida la sepultura y el traslado de restos), con oficios religiosos, coronas de laurel, cierre de comercios, suspensión de espectáculos públicos, himnos con el brazo extendido, vivas y desfiles a los que asistían las autoridades civiles, militares y eclesiásticas –estas, en algunas ocasiones, con cruces alzadas–. El citado periódico Ideales mantuvo una sección fija, denominada “Muerte gloriosa”, donde de manera emotiva se describían rasgos de la vida y de las circunstancias del fallecimiento de los combatientes, su militancia política si existía (falangista, requeté o participación en las milicias cívicas de voluntarios al comienzo de la contienda), quiénes eran sus familiares  y cómo se había desarrollado su funeral. En ocasiones en la sección aparecían fotos de los finados, lo que nos ha permitido utilizarlas para esta entrada del blog.

Antonio Escudero Jiménez, de 54 años, fallecido el 21 de octubre de 1936 en Castro del Río.

De la importancia que adquirían los homenajes a los soldados fallecidos puede servir de ejemplo el que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1937, Día de los Difuntos, cuando la Falange local rindió homenaje a sus “caídos” en el frente. Se celebró en la iglesia de Dios Padre, de la que se había hecho cargo la Sección Femenina, la organización de mujeres falangistas. Allí se instaló un catafalco cubierto con la bandera nacional y de la Falange, y sobre ellas una boina roja, un gorro de falangista y otro de soldado. Al pie, se colocó un cuadro con los soldados fallecidos rodeado por una corona de laurel y crisantemos blancos. Durante 24 horas falangistas y requetés carlistas hicieron guardia de honor, y se celebraron misas con la asistencia de las autoridades civiles y militares. El reconocimiento público también les llegó a los soldados “caídos” con la construcción de la Cruz de los Caídos en el llanete de Santo Domingo (trasladada con la llegada de la democracia a la explanada del cementerio, donde todavía se conserva sin signos políticos) o por medio de los nombres de diez calles que aún se mantienen en el barrio de la Calzada: José Morillo Beato, Teniente Aguilar Cañete, Alférez Díaz Sánchez, Julián Guardeño Cañete, Rafael Navarro Linares, Rafael Valverde Montes, Antonio Calvo Sánchez, Antonio Escudero Jiménez, Antonio Serena López y José Nieto Muñoz, este último fallecido mientras luchaba en la División Azul en 1942.

José Díaz Roldán, de 18 años, desapareció el 23 de septiembre de 1936 en la aldea de Santa Cruz.

Las recompensas para los excombatientes del Ejército franquista no solo fueron simbólicas, sino que también se materializaron en beneficios económicos. En el mes de julio de 1939, 452 hombres (285 subsidiarios y 167 adicionales) cobraban en Lucena el subsidio al excombatiente, lo que suponía un gasto para el Estado de 72.435 pesetas. Este subsidio se destinaba a ayudar, durante un periodo máximo de cuatro meses, desde la fecha de su desmovilización hasta su incorporación al trabajo, a los soldados que habían luchado en el bando franquista. También la Ley de 25 de agosto de 1939, de la Jefatura del Estado, reservaba el 80% de las plazas en la Administración para las personas del “bando nacional” (excombatientes, excautivos, mutilados, etc.), medida que se amplió a la empresa privada, con lo que antiguos servidores del nuevo régimen prácticamente coparon todos los puestos de trabajo públicos. En Lucena se adelantaron incluso a la Ley: en el mes de mayo de ese mismo año, ya encontramos solicitudes de excombatientes (avaladas por la Falange local) que, alegando su condición, solicitaban ocupar plazas en la Administración municipal.

Cruz de los Caídos, en memoria de los soldados lucentinos del bando franquista, que existía en la esquina de la plaza de los Maristas.

Cuando hablamos del Ejército republicano o del Ejército franquista hemos de tener en cuenta que los soldados que fallecieron mientras estaban alistados en ellos no tenían por qué tener esa ideología. Es verdad que algunos lucentinos, más concienciados políticamente o forzados por las circunstancias, marcharon voluntarios o se integraron en las unidades cívicas al servicio de los militares sublevados, como el Escuadrón de Caballistas Aracelitanos, un grupo de 50 jinetes que actuaron al comienzo de la contienda en incursiones en localidades de alrededor (Puente Genil, Castro del Río, Espejo, Cuevas de San Marcos, etc.). Sin embargo, la inmensa mayoría fueron movilizados por su quinta de manera forzada y no tenían más opción que cumplir con el llamamiento, con independencia de su ideario político. Esto explica que se produjeran con posterioridad deserciones en las líneas de frente o que soldados de ideologías republicanas o de izquierdas, como el socialista Luis Cordón Serrano, fallecieran luchando en el Ejército sublevado. La identidad de los 129 combatientes y soldados lucentinos del Ejército franquista muertos por acciones de guerra o en los frentes de batalla, más la de otros 10 soldados forasteros fallecidos o enterrados en la localidad, se puede consultar en este enlace.

Fotografías de combatientes del Ejército franquista fallecidos en la guerra