Palenciana, 12 de junio de 1936

Posted on 9 enero, 2021 por arcangelbedmar

Plano del Centro Obrero de Palenciana.

Palenciana es un pequeño pueblo del suroeste de la provincia de Córdoba que en 1936 rondaba los tres mil habitantes. Un sector importante de la clase trabajadora, más de 500 personas, militaba en la Sociedad de Oficios Varios, adherida a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el sindicato anarquista español. El Centro Obrero se situaba en una modesta vivienda del número 5 de la calle Mariscala. Allí, en la noche del 12 de junio de 1936, había convocada una asamblea, legal y autorizada, presidida por toda la directiva: José Pacheco Espadas “Monecillo” (presidente), su hermano Francisco (secretario), Vicente Molero García (vicepresidente), Antonio Linares Castro “Velilla” (contador) y Francisco Muñoz Torres “Remendao” (tesorero). El asunto más importante del orden del día consistía en si se presentaba un oficio de huelga en caso de que la patronal no asumiera las bases de trabajo presentadas por el sindicato para la campaña de la siega de cereales. Los socios votaron a viva voz que irían al paro obrero si no conseguían su objetivo. Ya habían intervenido varios oradores, entre ellos el presidente del sindicato, José Pacheco, su suegro Matías Soria Jiménez, y algunos miembros de la directiva, que habían hecho un llamamiento a ser fuertes, a no perder el ánimo y a resistir en caso de que la huelga fructificara. La asamblea, hasta ese momento pacífica, se vio interrumpida aproximadamente a las 11.30 de la noche por la llegada de la Guardia Civil.

Tres guardias civiles, al parecer bebidos y sin motivo aparente, comenzaron a cachear a las personas que se encontraban en la puerta del Centro Obrero e interrumpieron la asamblea, lo que dio lugar a un enfrentamiento verbal, que luego llegó a las manos, entre un guardia, que desenfundó su pistola, y un par de sindicalistas dentro del Centro. Los otros dos agentes dispararon contra la puerta y al entrar encontraron a su compañero, Manuel Sances Jiménez, herido de muerte por el corte de una navaja barbera en el cuello. Mientras, los que estaban dentro del local, despavoridos, ya habían huido por las tapias de los corrales, algunos heridos, o se habían refugiado en la parte alta del edificio. Los disparos de fusil de los guardias causaron tres heridos graves que fueron trasladados al Hospital de Agudos de Córdoba: José Velasco Martín “Fraile”, de 18 años, herido por una bala que le vació el ojo derecho; José Ortiz Arjona, de 58 años, que sufrió una herida en la espalda y en el costado; y Manuel Gómez Velasco, de 30 años, al que un disparo le destruyó la boca, la lengua y el maxilar inferior. Aparte de los heridos y del guardia fallecido, un jornalero que se encontraba en el Centro Obrero murió en el acto por un disparo de los agentes que le impactó en la parte frontal izquierda de la cabeza. Se llamaba Juan Manuel Aguilar Montenegro, tenía 27 años y vivía en un cortijo en las afueras del pueblo.

El sumario judicial abierto por los sucesos de Palenciana (causa 122/1936) se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla en vez de en un archivo civil. Esto se explica porque durante la II República, a pesar de los avances que hubo en este sentido, la justicia militar continuó invadiendo competencias que incumbían en exclusiva a la jurisdicción ordinaria, lo que motivó que conflictos sociales o civiles se resolvieran aplicando el Código de Justicia Militar, que era mucho más riguroso, y no el que le correspondería, que era el Código Civil. Un auto del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1931 permitió que muchos actos protagonizados por la Guardia Civil fueran interpretados por los jueces como “hechos esencialmente militares”, lo que implicaba que sería la jurisdicción militar la que intervendría en supuestos, como el que nos ocupa, de “insulto a fuerza armada”. Eso garantizaba una mejor defensa, e incluso la impunidad si llegaba el caso, de los miembros del Cuerpo. Así, por ejemplo, una pareja de guardias podría usar sus armas, de manera legal, contra un paisano que acababa de insultarla, ya que este acto se tipificaba como delito de ataque a fuerza armada según el artículo 258 del Código de Justicia Militar.

A las pocas horas de lo sucedido en el Centro Obrero, comenzaron las redadas, los arrestos, la toma de declaraciones de los testigos y de los presuntos implicados en la muerte del guardia Manuel Sances. En esta labor participaron las numerosas fuerzas de refuerzo de la Guardia Civil que llegaron a Palenciana. Como lugar de internamiento provisional se habilitó el depósito municipal, aunque el mismo día 13 de junio ya pasaron a la cárcel de Lucena, una localidad alejada poco más de treinta kilómetros, los tres primeros detenidos: el alcalde Mariano Otero Moreno, Miguel Hurtado Soriano “Pauseno” y Antonio Hurtado Onieva “Sotana”. En sucesivas tandas, 40 palencianeros y un vecino de la aldea lucentina de Jauja llegaron a esta cárcel. El juez instructor, conforme iba tomando declaración a los presos, ordenó que se levantara la prisión incomunicada a casi todos. También solicitó al auditor militar, que era la más alta instancia jurídica en la Región Militar y tenía sede en Sevilla, la puesta en libertad de la mayoría “por no resultar de las actuaciones contra ellos indicios de responsabilidad”. En consecuencia, 12 vecinos salieron de la cárcel el día 20 de junio, y otros 13 el día 22, aunque algunos de ellos fueron detenidos de nuevo después.

La instrucción judicial sobre los sucesos del 12 de junio en Palenciana dio lugar a un expediente muy voluminoso, en el que aparecen decenas de vecinos del pueblo, entre testigos y detenidos. Con su análisis, hemos intentado dilucidar qué pasó aquel aciago día y cómo se desarrolló la investigación y el enjuiciamiento de los hechos. Hemos de precisar que es posible que algunos vecinos falsearan sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez instructor para eludir su responsabilidad o para encubrir a otros. También, debemos de tener en cuenta que muchos de los que se encontraban en el Centro de la CNT no vieron ni escucharon lo que ocurrió en la calle ni lo que sucedió con posterioridad dentro, pues el local estaba abarrotado. Unos estaban situados en la puerta o en la parte última del salón, y otros ocupaban el primer pasillo y las escaleras que subían a la planta de arriba, de manera que el gentío llegaba hasta el corral.

La mayoría de los asistentes comenzó a huir en cuanto comenzó la trifulca. Unos querían salir al corral y saltar por las tapias, y otros pretendían escapar por la puerta. Da idea del desbarajuste que en el suelo se encontraron tiradas nueve gorras, una boina, dos sombreros y cinco mascotas después de que acabara todo aquello. Algunos vieron al citado Matías Soria Jiménez y a dos o tres más forcejeando con el guardia, pero cuando los otros dos agentes comenzaron a disparar ya había comenzado la desbandada. Por otro lado, hemos de consignar, porque era una práctica usada entonces y existen algunos datos que lo atestiguan, que es probable que los guardias forzaran determinadas declaraciones o maltrataran o torturaran a algunos detenidos, ya que los arrestados estuvieron sometidos en todo momento a la jurisdicción militar y sin la asistencia de un abogado defensor.

El consejo de guerra contra 14 palencianeros implicados presuntamente en los sucesos se celebró en Lucena el 17 de septiembre de 1937, en plena guerra civil y en una zona controlada por el Ejército franquista desde el inicio de la contienda el 18 de julio del año anterior. El tribunal que los juzgó, presidido por el teniente coronel de Caballería Ildefonso Martínez Sabalete, estaba politizado y compuesto por militares sin formación jurídica que llegó expresamente a Lucena para la vista y se marchó cuando acabó su actuación. Por tanto, no existían unas mínimas garantías procesales, ni tampoco el derecho a la defensa efectiva y a un juicio justo. Además, en la vista se valoraban las pruebas, se juzgaba y se condenaba en un plazo muy breve de tiempo, de pocas horas, en el que era imposible analizar con detenimiento la causa ni concretar las responsabilidades individuales de los acusados.

El fallo del tribunal del consejo de guerra hacía suyas las tesis del fiscal. Condenó a pena de muerte a Matías Soria como autor del asesinato del guardia, y la misma pena recayó sobre otros diez vecinos que se encontraban en el Centro cuando se produjo el hecho, a los que se acusaba de cooperantes de un delito de insulto a fuerza armada: Antonio Hurtado Onieva “Sotana”, Antonio Espinosa Antequera “Tuerto”, Juan Manuel Soria Romero “Cachigordo”, Ricardo Cruz Gutiérrez, José Pinto Castro “Cuatrico”, Vicente Molero García, Lorenzo Sevilla Velasco, José Ortiz Arjona, Miguel Hurtado Soriano y Manuel Gómez Vílchez. A los tres acusados de encubridores (Juan Giráldez Torres, Francisco Jiménez Cabrera y Francisco Ramírez Pacheco “Adriano”) les cayó una condena de veinte años de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, todos deberían pagar una indemnización a la familia del guardia de 25.000 pesetas y otras 150 por los desperfectos causados en su uniforme. También se especificaba que en caso de que los condenados a muerte fueran indultados por la superioridad la pena sería sustituida por treinta años de cárcel y la inhabilitación absoluta.

Los consejos de guerra colectivos abundaron durante la guerra y la posguerra, lo que perjudicaba enormemente a los procesados, ya que impedía que los tribunales tuvieran tiempo de analizar las causas de forma individualizada y de estudiar los sumarios. Eso se aprecia en esta sentencia, que contiene errores evidentes, pues la inmensa mayoría de los condenados como cooperantes no habían participado en la agresión. Solo tuvieron la mala fortuna de hallarse aquella noche en el lugar de los hechos, del que huyeron despavoridos saltando las tapias al ver la refriega. Manuel Gómez Vílchez ni siquiera se encontraba en el Centro Obrero, sino en el cortijo Rueda, donde trabajaba de casero y a donde al día siguiente llegaron varios huidos de Palenciana. Como puede comprobarse en el sumario, ni un solo testigo lo situaba en la sede sindical aquella noche ni hay ningún indicio de ello. A Juan Manuel Soria Romero “Cachigordo” nueve testigos, cuyas declaraciones constan en el sumario, estuvieron con él la noche del crimen en la barra del bar donde trabajaba de camarero, un local en el que todos se encerraron por miedo, al escuchar los disparos, hasta que amaneció. José Ortiz Arjona resultó herido por los disparos de los guardias en plena calle, por lo que no se hallaba en la habitación donde mataron al guardia. José Pinto Castro “Cuatrico” estaba escondido debajo de una cama en la habitación de arriba del Centro Obrero cuando sonaron los disparos, así que es imposible que participara en la agresión. Y similares circunstancias podemos encontrar en casi todos los acusados como cooperantes.

El 29 de septiembre de 1937 el auditor del Tribunal Militar Territorial II, Francisco Bohórquez Vecina, confirmó el fallo del tribunal del consejo de guerra. Como en la sentencia aparecían condenas de muerte, este debía comunicarla a la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo, que era la que tenía la última palabra. El jefe del Estado, Francisco Franco, el 28 de enero de 1938, se dio por “enterado” de la pena de muerte impuesta a Matías Soria y conmutó las demás por una pena de inferior grado, es decir, treinta años de reclusión mayor. La noticia de la conmutación les llegó a los presos el 7 de febrero de 1938, casi cinco meses después de la celebración del juicio. A Matías Soria también le informaron ese día de que su sentencia a muerte era firme y lo fusilaron en las tapias del cementerio de Lucena al día siguiente a las diez de la mañana.

Los condenados a penas de cárcel sufrieron las condiciones lamentables que se vivieron en los recintos penitenciarios cuando tras la guerra centenares de miles de personas acabaron en prisión (oficialmente había 270.719 presos en diciembre de 1939). La mayoría padeció además lo que se denominó “turismo penitenciario”, que suponía continuos cambios de prisión y el cumplimiento de las penas en lugares muy alejados de sus domicilios, como la prisión gaditana de El Puerto de Santa María o la Central de Burgos, donde estuvieron algunos. La distancia les impedía no solo el contacto con sus familias, sino que dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en las prisiones en una época de miseria y escasez. Al menos dos de ellos, para poder redimir sus penas y rebajar la condena por día trabajado, acabaron sometidos a explotación laboral: Antonio Hurtado Onieva “Sotana” en el destacamento penal de Valdemanco (Madrid) y Miguel Hurtado Soriano “Pauseno” en la colonia penitenciaria militarizada del Canal del Bajo Guadalquivir en Sevilla. En la Prisión Provincial de Córdoba falleció el 24 de noviembre de 1943 uno de los heridos graves por la Guardia Civil que había sido condenado con posterioridad a treinta años de cárcel, José Ortiz Arjona, oficialmente por “úlcera gástrica” según se anota en los libros de defunciones del Registro Civil de esa ciudad. También, de acuerdo con el testimonio de la familia, Francisco Ramírez Pacheco, condenado a 20 años de cárcel, moriría en la prisión de Sevilla, y Francisco Jiménez Cabrera, sentenciado a la misma pena, pereció al poco de quedar en libertad.

Cinco vecinos no pudieron ser juzgados en el consejo de guerra del 17 de septiembre de 1937 al haber huido con anterioridad, por lo que se les declaró en rebeldía. Por un lado, Ana Orellana Hurtado, que fue procesada en posguerra y su caso se sobreseyó, y su hijo Francisco Soria Orellana, al que también se le abrió una información judicial que acabó sobreseída. Por otro lado, estaban los hermanos José, Francisco y Domingo Pacheco Espadas. Los dos últimos terminaron juzgados en posguerra, y condenados a 30 años de cárcel. José, presidente del Centro Obrero anarquista de Palenciana, alcanzó el grado de comandante de milicias en el Ejército republicano durante la guerra. Finalizada esta, intentó escapar a Gibraltar y lo apresaron en San Roque, donde lo juzgaron. Murió fusilado en Cádiz el 23 de abril de 1940 y lo enterraron en el cementerio de San José, un lugar en el que en la actualidad se están llevando a cabo labores de exhumación e identificación de los restos de los represaliados que allí se encuentran. Al padre de los tres hermanos, Francisco Pacheco Velasco, ya lo habían matado sin juicio previo en Palenciana al comienzo de la guerra, y lo mismo hicieron con la mujer de José, Teresa Soria Romero, que tenía veintidós años y estaba embarazada de ocho meses (antes de asesinarla abusaron de ella). Otro hermano Pacheco Espadas, Manuel, que había luchado en el Ejército republicano, murió en un batallón disciplinario de soldados trabajadores posiblemente en 1941-1942 al sur de Cádiz.

El fenómeno de la población civil que huía de la represión y de las acciones de guerra se dio en todo el territorio ocupado por los militares sublevados y lanzó a un millón de refugiados hacia las zonas de España fieles a la República. Como los huidos de Palenciana se dirigieron a la provincia malagueña, la mayoría de los varones se integró en las diversas columnas de milicianos anarquistas que se crearon en esta zona hasta que la ciudad cayó en febrero de 1937 en manos de las tropas italianas del general Roatta, aliadas de los franquistas. Hemos localizado a algunos huidos que se habían visto inmersos en los sucesos del 12 de junio de 1936 y con posterioridad se alistaron en el Ejército republicano, como Felipe Orellana Sevilla “Pan de Higo”, condenado a treinta años de cárcel en la posguerra, Manuel Arjona Hurtado, y Antonio Linares Castro “Velilla”, que alcanzó el grado de capitán y murió en el exilio francés. Otros muchos palencianeros no relacioneros con estos sucesos también huirían del pueblo y combatirían en el Ejército leal a la República.

Cuando en agosto de 2020 comencé la lectura de las 998 páginas del sumario abierto por los sucesos del 12 de junio de 1936 en Palenciana, desconocía si con toda esa información podría elaborar un artículo para mi blog. Pero al final, y sin preverlo, poco a poco completé el análisis del expediente del consejo de guerra con otras decenas de sumarios judiciales y de varios testimonios orales que aparecieron después de que publicara por primera vez esta entrada del blog en enero de 2021 (acumuló 1.500 lecturas el primer día), lo que me ha permitido la elaboración de un libro de 224 páginas que verá la luz el 3 de diciembre de 2021. Existió una versión oficial de los sucesos del 12 de junio de 1936 en Palenciana que tras mi investigación ha quedado en entredicho. Según esa versión, solo hubo una víctima importante y con derecho a todos los honores, Manuel Sances, el guardia civil asesinado que al año siguiente le dio nombre a la calle Arroyo. Las demás víctimas, la mayoría de ellas inocentes, permanecieron ocultas y olvidadas, como si su tragedia fuera irrelevante e incluso vergonzosa. Es obvio que cualquier acto criminal debe tener un castigo, pero asistir a una asamblea sindical, algo legal en aquel momento y en nuestros días, no convierte a nadie en culpable y en delincuente. Y el estar en el lugar de los hechos cuando se produce un asesinato, tampoco. No obstante, ese fue el “delito” que presuntamente cometieron decenas de palencianeros y por el que algunos de ellos penaron largos años de cárcel o desaparecieron para siempre.

Las carencias de información que he encontrado al escribir esta historia tienen que ver, en buena medida, con la falta de documentación que existe en el Archivo Histórico Municipal de Palenciana, Por tanto, decidí subsanar este inconveniente con un llamamiento a través de mi blog personal y por medio de una conferencia que impartí en el pueblo el 13 de agosto de 2021 para que los familiares de las personas involucradas pudieran aportar información sobre sus allegados, a pesar de que ya han pasado 85 años de lo ocurrido. Sabía que esta búsqueda tenía una dificultad añadida: hoy Palenciana tiene un censo de 1.465 habitantes, mientras en 1940 la población de hecho era de 2.962 personas, más del doble. El gran éxodo de palencianeros en los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado, sobre todo a Cataluña (al barrio de Buenavista de Tarragona, por ejemplo), en busca de mejores condiciones de vida, es el principal causante de ese descenso. Como se puede suponer, la existencia de tantos emigrados y sus descendientes alejados de su localidad de origen no ha jugado a nuestro favor, pero por fortuna el llamamiento ha dado sus frutos.

A continuación voy a publicar un enlace con dos bloques de información actualizados con fecha de 23 de noviembre de 2021. En el primer bloque aparecen unas listas relacionadas exclusivamente con los sucesos del 12 de junio de 1936: nombres y otros datos de los dos fallecidos, de los tres heridos que luego estuvieron detenidos (uno murió en la cárcel y a los otros dos los fusilaron), de las 38 personas apresadas (14 serían condenadas a penas de 20 y 30 años de cárcel), de 20 vecinos que se encontraban en el Centro Obrero aquella noche, de otros 20 interrogados como testigos, de cinco personas declaradas en rebeldía, de los tres guardias civiles que intervinieron en los hechos, etc. Durante mis investigaciones he encontrado también alguna información que no está relacionada directamente con los sucesos del 12 de junio pero que he considerado interesante porque en gran parte es desconocida, y que aparece en un segundo anexo. En él se incluyen algunos nombres de represaliados durante la guerra y la posguerra: 21 fusilados en Palenciana, Benamejí y Córdoba; 14 vecinos sometidos a expedientes de responsabilidades políticas; 12 represaliados nacidos en Palenciana y residentes en otras localidades, 33 soldados del Ejército republicano, siete soldados del Ejército franquista fallecidos en los frentes de guerra, etc. Todos los datos anteriores se pueden consultar en este enlace.

¿Una lista negra de la guerra civil en Lucena?

Posted on 9 agosto, 2017 por arcangelbedmar

Una lista negra es una relación de personas que por algún motivo están excluidas, discriminadas o vetadas. Desde que apareció el movimiento obrero en el siglo XIX, determinados patronos se pasaban entre ellos o a través de sus asociaciones listas negras de trabajadores a los que, debido a su ideología política o su militancia sindical, se recomendaba no contratar con la intención de doblegarlos por el hambre. En la Guerra Civil española se relacionaba casi siempre una lista negra, tanto en zona republicana como en zona franquista, con personas que debían ser investigadas, encarceladas o fusiladas. Es muy difícil descubrir una lista negra original, porque era un documento privado o administrativo que pasaba de mano en mano con una finalidad poco ética e ilegal, y que por tanto se quería mantener oculto ante los ojos de los ciudadanos.

Este capítulo analiza una presunta lista negra encontrada en Lucena. Es un folio doblado formando cuatro carillas en las que aparecen 49 personas identificadas por nombres, apodos u otras referencias. Están clasificadas por tres ideologías: 27 socialistas, cinco sindicalistas (anarquistas) y 17 comunistas. La lista se encontraba en una carpeta de papeles personales del abogado Rafael Ramírez Pazo que me entregó su hija Araceli a principios de 2016. La carpeta contiene recortes de prensa, octavillas políticas, correspondencia, informes, escritos y documentación variada fechada en la época de la II República (1931-1936), la Guerra Civil (1936-1939) y los comienzos de la dictadura de Franco.

Rafael Ramírez Pazo, en el centro, presidente del Partido Republicano Radical, acompañado de la junta directiva en 1933.

El poseedor de la lista, el abogado Rafael Ramírez Pazo, había nacido en Priego de Córdoba y se asentó en la casa número 6 de la calle San Pedro de Lucena al casarse con una lucentina perteneciente a una familia de ricos propietarios agrícolas. Desde que se proclamó la República en 1931, Rafael Ramírez participó en actos de propaganda del Partido Republicano Radical, una organización republicana de la que llegó a ser presidente local el 12 de octubre de 1933. Un año después, el 22 de octubre de 1934, se convirtió en primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena, cargo que mantuvo hasta enero de 1936. En esta misma fecha, el sector más centrista del Partido Republicano Radical se escindió, descontento con su ideario político cada vez más derechista, y creó una agrupación republicana autónoma, en la que Rafael Ramírez ejerció de secretario local.

Al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, Rafael Ramírez Pazo, que entonces tenía 30 años, se encuadró en la Compañía de Voluntarios de Lucena, una organización de civiles con estructura militar que tenía la función de colaborar esporádicamente, en los primeros cuatro meses de la guerra, en el sometimiento de las localidades vecinas que permanecían fieles a la República. Durante la contienda quedó militarizado como alférez jurídico militar, y el 30 de marzo de 1939 se incorporó a la Auditoría de Guerra en Linares (Jaén), donde ejerció de juez instructor, secretario, fiscal y defensor en consejos de guerra. Tras esta labor, a principios de la década de los cuarenta del siglo pasado abandonó Lucena y se asentó definitivamente en Sevilla capital.

La lista a la que nos referimos no lleva firma ni fecha, ni nada que delate su procedencia o intención. Rafael Ramírez la guardaba entre sus papeles, pero él no la redactó, pues no es su letra. Por su caligrafía y las faltas de ortografía que contiene, hubo de ser escrita por alguien de poca formación académica, y que desde luego conocía muy bien el mundo sindical de Lucena, una localidad que en 1936 rondaba los 30.000 habitantes. Ignoramos por qué esta lista estaba entre los papeles de Rafael Ramírez y quién se la dio, o si la tenía escondida. Si la archivó, es porque no la entregó a nadie para que la utilizara, a no ser que hubiera más copias, o quizás la guardó después de que hubiera sido usada por alguien. En cuanto a la finalidad de la lista, hemos de hacer suposiciones. Casi con absoluta seguridad podemos afirmar que se redactó durante los primeros días de la Guerra Civil, o en días anteriores, y que poseía una intencionalidad represiva. Si la lista se hubiera elaborado durante la II República, y hubiera tenido como objetivo que los patronos y empresarios lucentinos la manejaran para no contratar a los que aparecen en ella, no encontraríamos referencias a las madres de algunos de los nombrados ni a trabajadores por cuenta propia que no dependían de que les dieran un empleo para poder subsistir.

El motivo más contundente que nos lleva a pensar que la lista se redactó durante los días inmediatamente anteriores o posteriores al 18 de julio de 1936 y que tenía una finalidad represiva (es decir, investigar, detener o matar a los señalados) es que algunos de los apuntados en ella o sus familiares acabaron fusilados. En Lucena triunfó el golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio y durante los tres años de guerra permaneció ya en zona franquista. Por tanto, la lista posiblemente se elaboró con la intención de actuar contra los militantes más destacados o conocidos de los sindicatos obreros lucentinos en cuanto se produjera la sublevación militar, pues la represión comenzó con suma rapidez. Entre el 18 y el 19 de julio no menos de 200 personas fueron encarceladas y hubo que habilitar hasta seis cárceles para albergar al creciente número de presos (cuartel de la Guardia Civil, depósito municipal de la plaza del Coso, “La Higuerilla” en la calle Quintana, el convento de San Agustín y el de los Padres Franciscanos, y la plaza de toros). No olvidemos que el director de la conspiración militar en España, el general Emilio Mola Vidal, ya había advertido a los militares conjurados el 25 de mayo, dos meses antes del golpe de Estado, que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que “serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

Desconocemos quiénes eran la mayoría de las 49 personas de la lista, e investigar sobre ellas resulta muy difícil. En principio, porque en Lucena se quemó en los años setenta del siglo pasado, en bidones prendidos con gasolina, toda la documentación (menos los libros de actas de los plenos) que se conservaba en el Ayuntamiento relativa a la II República, la Guerra Civil y la primera posguerra, así que por desgracia no podemos rastrear una posible información sobre los miembros de la lista a través de la correspondencia municipal, los oficios de huelga, los informes de mítines, las listas de presos del depósito municipal u otras fuentes documentales de ámbito local.

Otro obstáculo para indagar sobre la lista es que no sabemos la identidad de todas las personas asesinadas en Lucena durante la Guerra Civil. Muchas no dejaron ningún rastro documental, por lo que ignoramos si en el listado aparecen fusilados que no tenemos registrados hasta el momento. Cualquier dictadura, de izquierdas o de derechas, intenta siempre borrar las huellas de sus desmanes, y en esto el franquismo fue un ejemplo. La fuente histórica fundamental para el recuento de los fallecidos en un periodo histórico reciente son los libros de defunciones del Registro Civil, sin embargo muchos de los fusilados por los franquistas no se inscribieron nunca en él debido a las trabas burocráticas, el miedo o el desconocimiento de las familias, o porque estas emigraron de la localidad.

Casi la mitad de los fusilados en el municipio de Lucena durante la guerra no se anotaron nunca en el Registro Civil. Su identidad solo se ha podido rescatar gracias a las investigaciones de los historiadores —en este caso de Francisco Moreno Gómez, que se remontan a publicaciones de 1982, y las mías desde 1997— y sobre todo gracias al testimonio de las familias de los represaliados o de quienes los conocieron. La labor de identificación será cada vez más difícil debido a que los descendientes de las víctimas van muriendo y las nuevas generaciones suelen perder la memoria de lo que les ocurrió a sus antepasados, llegando a ignorar incluso cómo se llamaban. En consecuencia, todos estos obstáculos, que también se encuentran en el resto de España, impiden establecer las cifras exactas de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena.

En la lista, que se puede leer en este enlace por orden alfabético, aparecen 49 lucentinos, bastantes con el apodo al lado, lo que indica que pertenecían a familias trabajadoras y humildes, pues las personas pudientes o acomodadas no solían tener apodo y siempre se las citaba con el “don” por delante. Los nombres están ordenados por tres ideologías, como ya dijimos, y el grupo mayor lo constituyen 27 socialistas. Uno de ellos es el jornalero Francisco Antonio Cabeza Martínez “El Chivo”, de 39 años, cuyo segundo apellido lo anotan en el papel de manera errónea como Martín. De él sabemos con certeza que cayó fusilado junto a otras 24 personas en el cementerio de Lucena en la noche del 18 al 19 de agosto de 1936, un mes exacto después del golpe de Estado, según consta en el Registro Civil y nos confirmó su hija en 1997. Se cita además en la lista a Pedro Jiménez Maíllo y su madre, apodados “Los Pinonos”. No sabemos si este Pedro pudiera ser hermano de Antonio, con iguales apellidos, un jornalero de 23 años afiliado a la socialista Sociedad de Agricultores, fusilado junto a su hermano Carlos, de 26 años. Ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil como fallecido y hemos sabido de su identidad por testimonios orales. El padre de ambos, Antonio Jiménez Galán, que estuvo preso en 1936, murió al día siguiente de ser liberado a consecuencia de las palizas que sufrió en el cuartel de la Guardia Civil.

Otro de los socialistas es el jornalero José Román del Espino, que aparece junto a su hermano Tomás. José, de apodo “Pelones” o quizás “Melones”, había sido detenido durante unos días tras la huelga de campesinos y albañiles de abril de 1933 en Lucena, pero es una incógnita la suerte que corrió en 1936, cuando tenía 23 años de edad. Muchas menos referencias existen del resto de los socialistas del listado, como por ejemplo de Antonio Reyes León y Antonio Reyes Villa, apodados “Los Yeseros”, que con probabilidad sean padre e hijo. Con este apodo se conocía también a la familia del primer alcalde republicano de la aldea lucentina de Las Navas del Selpillar, Antonio Cortés Gallardo, quien al producirse el golpe de Estado se había visto obligado a huir para salvar su vida. En la posguerra sufrió una condena de 12 años de cárcel que luego le conmutarían por tres. Antes, en 1936, habían fusilado en Lucena a su hijo Ramón, de 18 años (no está inscrito en el Registro Civil), y otro hijo, Juan Antonio, había muerto luchando en Villa del Río como sargento del Ejército republicano. Ignoramos si estas dos familias de “Los Yeseros” tenían algo en común.

Rafael Calvillo Rodríguez, uno de los jefes de la Policía Municipal.

Entre los socialistas también se señala en la lista a “los dos jefes de día de los municipales”, sin especificar sus nombres. En 1936 ejercían de jefes de la Policía Municipal Rafael Calvillo Rodríguez y Francisco Nieto Córdoba. Ambos fueron depurados y expulsados del cuerpo de empleados municipales nada más comenzar la guerra. Un bisnieto de Rafael Calvillo Rodríguez nos ha asegurado que era socialista y que al comenzar la guerra fueron a buscarlo a su domicilio para detenerlo (vivía en una casa de vecinos de la actual calle Párroco Joaquín Jiménez Muriel), pero pudo escapar por una ventana. Se escondió en la sierra hasta que su hermana Carmen, empleada en una bodega, intercedió por él ante un señorito, lo que le permitió regresar a Lucena sin que lo molestaran. A partir de aquel momento se ganó la vida trabajando de zapatero.

A la izquierda, Francisco Nieto Córdoba. El de al lado podría ser el guardia Joaquín Corpas Aranda.

Gracias al testimonio enviado por su nieto Lluís del Espino desde Barcelona, hemos conocido que Francisco Nieto Córdoba, el otro jefe de municipales que aparece en la lista, acabó detenido. Era socialista al igual que sus hermanos Joaquín (guardia también) y Manuel. Tenían relación familiar con el concejal socialista Antonio Palomino Luque, al que fusilaron, ya que era primo de su abuelo. Francisco fue detenido a los pocos días del golpe de Estado en el ayuntamiento, aunque no permaneció en la cárcel más de uno o dos días, pues su mujer, Juana Lara García, acudió al doctor Juan Ruiz de Castroviejo, con el que tenía cierta amistad ya que era costurera y le hacía los vestidos a su esposa. Ambos fueron al ayuntamiento y consiguieron que lo soltaran, utilizando como principal argumento que Francisco era hermano de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tras liberarlo, la familia marchó al cortijo La Campana de Moriles para trabajar. En el año 1944 regresaron a Lucena, donde permanecieron hasta que en 1963 emigraron a Barcelona.

Manuel Jiménez Ruiz, Jeringuito, fusilado el 18 de agosto de 1936.

Tras el socialista, el siguiente grupo que aparece en la lista es el de cinco sindicalistas, el nombre también se daba en aquella época a los anarquistas. Dos acabaron fusilados con seguridad: el tabernero Manuel Jiménez Martínez, conocido con el apodo de «Jeringuito», de treinta y tantos años (no inscrito en el Registro Civil), y el panadero Diego del Pino García, de 36 años. Ambos murieron en la saca de la noche del 18 al 19 de agosto, en la que cayeron en la fosa común del cementerio unas 25 personas. Hay otro anarquista en la lista, Francisco Mora Ramírez «Trócola», que pudiera ser un fusilado. Hasta este momento creíamos que el asesinado era de segundo apellido Luna y que trabajaba como empleado en la caseta de arbitrios. Sin embargo ahora nos queda la duda de si el fusilado fue uno u otro, ya que ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil y no poseemos ningún dato más sobre ellos.

Juan Aranda Vida, fusilado el 11 de noviembre de 1936. Su hermano Antonio está incluido en la lista.

Uno de los anarquistas que aparece es Antonio Aranda Vida. Gracias al testimonio de su sobrina Juani Porras, residente en Barcelona, sabemos que se encontraba en el Ejército cuando comenzó la guerra. Esto le permitió evitar la represión a pesar de su ideología izquierdista, pero fueron a buscarlo varias veces a su domicilio para detenerlo y llamaron a declarar sobre su paradero a su hermana Ángeles. No pudo escapar de la muerte su hermano Juan, zapatero de 29 años. Según creíamos hasta ahora, a Juan lo habían sacado a las cinco de la mañana del 5 de agosto de 1936 del convento de San Agustín, que había sido convertido en prisión por las autoridades militares, con cinco jóvenes comunistas más que no sobrepasaban los treinta años y que iban atados de dos en dos con alambres. Después los subieron en un camión y los mataron en el paraje de la Alameda de Cuevas, situado en la carretera de Monturque. De los seis, solo uno aparece inscrito en el Registro Civil como difunto, Antonio Maíllo Torres, gracias a que su hermana Dolores inició en 1984 un expediente judicial —del que me entregó copia en 1997— para la inscripción fuera de plazo de su fallecimiento. En él se incluían los testimonios de varios testigos que aún vivían (un carcelero, un compañero de celda y de una persona que vio los cadáveres) y que aportaron las circunstancias de la muerte y la identidad de las cinco víctimas restantes. Esta versión de la muerte de Juan Aranda era la que teníamos hasta ahora. Sin embargo, los expedientes de la Prisión Provincial de Córdoba que pasaron hace poco al Archivo Histórico Provincial la desmienten, pues aparece como ingresado junto a otros lucentinos en la cárcel de Córdoba el 11 de noviembre de 1936 y sacado con esa misma fecha, lo que indica que fue trasladado desde la prisión de Lucena hasta allí para fusilarlo en ese día, y no en el que indicamos al principio.

Araceli Rubio Martínez sufrió un simulacro de fusilamiento. Su hermano Antonio aparece en la lista.

La lista termina con 17 vecinos calificados de comunistas. Entre ellos está Antonio Infante Varo, portero del instituto Barahona de Soto, detenido el día 2 de agosto de 1936 y del que ignoramos su destino final. Otro es Antonio Maíllo García “El Carloto”, que había sido detenido en abril de 1933 por formar parte de un piquete en una huelga de campesinos y albañiles. Por las mismas razones, en esta misma huelga detuvieron a Enrique, hermano de Nicolás Lavela Hurtado, otro de los consignados en la lista del que carecemos de más referencias. De la relación de 17 vecinos comunistas es seguro que murió el peluquero Antonio Rubio Martínez, conocido como “Rubio Montoya”. Fue un dirigente del partido comunista, fundado en Lucena el 21 de marzo de 1936, y participó en mítines y actos electorales. Lo fusilaron el 5 de agosto en la Alameda de Cuevas, en una saca colectiva de cinco jóvenes comunistas a la que nos hemos referido con anterioridad. A los pocos días mataron en el cementerio a su hermano Domingo, de 16 años, en la saca colectiva de 25 personas del 19 de agosto de 1936. Ninguno de los dos está inscrito en el Registro Civil y solo pudimos recuperar sus nombres gracias a testimonios orales. Su madre y su hermana Araceli también padecieron la represión. Las encerraron en la plaza de toros, sede del cuartel del Escuadrón de Caballistas Aracelitanos, donde sufrieron un simulacro de fusilamiento.

Es evidente que recomponer la historia de los lucentinos que aparecen en la lista ha sido una tarea complicada. De hecho, solo hemos logrado dar norte de una mínima parte de las 49 personas que se nombran. Como ya hemos señalado, la destrucción de la documentación del Archivo Histórico Municipal de Lucena y las carencias que presenta el Registro Civil en cuanto a la inscripción de las víctimas mortales de la represión franquista son unos impedimentos difíciles de superar.

No obstante, en el caso hipotético de que esta lista negra hubiera sido redactada por los republicanos para ejercer la represión sobre los franquistas, la labor de investigación hubiera sido mucho más fácil. En primer lugar, porque los asesinados por los republicanos se anotaron en los registros civiles como muertos “gloriosamente por Dios y por España”, según una Orden de 24 de abril de 1940, y sus nombres se inscribieron en las lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de las iglesias (de acuerdo con un Decreto de la Jefatura del Estado de 16 de noviembre de 1938) y en los informes oficiales que se conservan en los archivos históricos de los ayuntamientos. En segundo lugar, porque por el Decreto de 26 de abril de 1940 el Ministerio de Justicia dispuso la creación de la llamada Causa General, un extenso proceso de investigación que duró más de veinte años, con la intención de recoger por escrito (más de mil quinientos legajos que se conservan en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional) la represión causada por los republicanos en todas las localidades. Y en tercer lugar, porque la justicia de los vencedores investigó la represión que sufrieron los suyos y además aplicó toda su maquinaria represiva contra los vencidos, que fueron juzgados y condenados. Solo los archivos de los juzgados militares de Andalucía almacenan más de 200.000 sumarios de expedientes de encartados abiertos en guerra y posguerra, en los que se pretendía averiguar, aunque sin apenas garantías jurídicas para los acusados, todos los datos posibles de la represión republicana.

Esta reflexión final sobre las facilidades documentales para investigar sobre la represión republicana y las dificultades que encontramos al abordar la represión franquista es necesaria para aquellos que se sorprenden de que hoy en día se investigue más una que otra —yo siempre he investigado las dos— y desconocen el porqué. En el sur de Córdoba, que es mi ámbito de trabajo, la represión republicana fue muy inferior a la ejercida por los franquistas y duró solo unos días, se conserva archivada en la documentación histórica (así que se puede consultar en cualquier momento) y además se conoce bastante bien. De hecho, fue la única conocida oficialmente durante la dictadura de Franco, por las causas citadas antes y porque fue una política de Estado durante 40 años. Con estos antecedentes, es lógico que muchas investigaciones se centren en lo desconocido, en los olvidados y en los desaparecidos, y más cuando la única y exclusiva fuente de información que podemos conseguir sobre ellos es el testimonio oral de los que los llegaron a conocer.

Para los historiadores, este proceso de búsqueda y localización de testigos de los hechos o sus descendientes es una desesperada carrera contra reloj. Téngase en cuenta que de los familiares directos de fusilados (viudas, hijos y hermanos) que yo entrevisté en el año 1997 para mi primer libro sobre Lucena, hoy no queda casi ninguno con vida. Y si he podido redactar estas páginas es gracias, en buena medida, a lo que ellos me contaron o me han transmitido otros familiares desde entonces, ya que la historia de sus seres queridos había permanecido oculta. Por tanto, no ha sido posible escribirla hasta muchos años después, y todavía, con inmensas lagunas, la seguimos reescribiendo.

LISTA ORIGINAL ESCANEADA

El trienio bolchevique en Lucena (1918-1920)

Posted on 15 noviembre, 2016 por arcangelbedmar

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Entre 1918 y 1920 se vivió una gran conflictividad social en el sur de España. Estuvo motivada por la subida de los precios de los productos de primera necesidad, la existencia de una enorme masa de jornaleros sin tierra que constituían la mayoría de la población y vivían en condiciones miserables, una estructura de la propiedad latifundista y el fuerte aumento del asociacionismo y del activismo obrero. Para referirse a estos tres años, el notario de Bujalance Juan Díaz del Moral en su libro Historia de las agitaciones campesinas andaluzas acuñó el término de trienio bolchevista. Aludía con ello al influjo que la revolución de los bolcheviques rusos, en octubre de 1917, había tenido en la mentalidad de los campesinos de la época, esperanzados en que un proceso revolucionario similar de conquista del Estado por la clase obrera podría ser posible también en España. Según Díaz del Moral, que terminó de escribir su libro en 1923, 55.000 campesinos militaron en organizaciones obreras en 61 pueblos de la provincia cordobesa entre 1918 y 1919. En cuanto a la conflictividad social, el historiador Francisco Moreno Gómez señala que hubo en la provincia 93 huelgas en 1918 y 102 en 1919, lo que convierte a este periodo del reinado de Alfonso XIII en el más convulso del siglo XX en Córdoba, superando a los años de la II República (1931-1936).

En una anterior entrada de mi blog abordé el asunto de los inicios del movimiento obrero y del socialismo lucentino, que vivió continuos altibajos desde su nacimiento. Para Díaz del Moral, la debilidad del movimiento obrero en Lucena se explica porque la inmensa mayoría de los asalariados lucentinos contaban solo con un jornal como único ingreso, con lo que su situación económica y social —y su capacidad de resistencia ante una huelga, por ejemplo— era inferior a la que gozaban otros pueblos del centro de la campiña, donde abundaban colonos, arrendatarios y pequeños propietarios que mantenían un mayor nivel de vida y que, según él, fueron unos de los grandes impulsores de las movilizaciones que se vivieron en el trienio bolchevique.

Los orígenes del asociacionismo de los trabajadores lucentinos se remontan a la Liga Obrera, creada en marzo de 1904, y a la Agrupación Socialista de Lucena, fundada el 30 de junio de 1908, aunque la actividad de esta última duró solo un año. Tuvo un breve repunte en enero de 1913, con la creación del Centro de Obreros Socialistas, que decayó al año siguiente, y habrá que esperar a junio de 1918 para asistir a la nueva constitución de la Agrupación Socialista de Lucena, que alcanzó los 85 militantes durante aquel año.

La gran organización obrera del trienio bolchevique en Lucena fue la Unión Agrícola, que llegó a la cifra de 1976 afiliados en marzo de 1919, el 9% de los 21.029 habitantes de la localidad. En Jauja, los campesinos se agruparon en la Sociedad de Obreros Agricultores La Redención, fundada el 23 de octubre de 1918, que tenía su sede en el número 43 de la calle Iglesia. A comienzos del año siguiente contaba con unos doscientos socios (el 19% de los 1.038 residentes en la aldea) y en ella ejercía de secretario Antonio Cabello Carrasco y de presidente José Sánchez García “Rallao”, quien llegaría a ser concejal en 1931, al proclamarse la II República. Ambas organizaciones, la Unión Agrícola y La Redención, pertenecieron a la Federación Provincial de Sociedades Obreras Agrarias, auspiciada por el socialismo cordobés en abril de 1919. En consecuencia, tanto la organización lucentina como la jaujeña estuvieron vinculadas ideológicamente al PSOE y a la UGT, sin que aquí arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia.

El abogado lucentino Antonio Buendía Aragón representó a Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en Madrid en octubre de 1918 y jugó un papel muy destacado en las sociedades obreras del trienio bolchevique.

Durante el trienio bolchevique, el primer acto conocido de los socialistas lucentinos en 1918 fue la celebración en agosto de una Semana Roja, realizada al igual que en otras localidades españolas para conmemorar el primer aniversario de la huelga general de trabajadores del mismo mes del año anterior. Si seguimos a El Socialista, el periódico oficial del PSOE y del sindicato UGT, el día 14 de agosto el joven abogado Antonio Buendía Aragón intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo, el 15 le tocó el turno a Isidro Cárdenas hablando de “La lucha obrera” y el 16 hubo un mitin de las Juventudes Socialistas. En septiembre, las Juventudes celebraron actos de propaganda bajo la coordinación del periodista pontanés Gabriel Morón. En octubre, Antonio Buendía Aragón representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en Madrid bajo la presidencia de Pablo Iglesias. A finales de noviembre, Largo Caballero, secretario general de la UGT, protagonizó un mitin al que asistieron unas dos mil personas, según el Diario Liberal (9 de diciembre de 1918), y posiblemente ya aprovechó su visita para preparar su próxima candidatura al Congreso de los Diputados por el distrito de Lucena. La Agrupación Socialista de Lucena fue capaz también de sacar un periódico en 1918, El Pueblo Libre, que solo llegó a editar su primer número el 5 de diciembre. En este año o el siguiente se adquirió además la Casa del Pueblo, que estaba situada en el mismo sitio que ahora: la esquina de la calle San Pedro con la calle Curados.

El inicio del movimiento obrero durante el trienio bolchevique lo marcó en la provincia de Córdoba el Congreso de Castro del Río, celebrado entre el 25 y el 27 de octubre de 1918, al que asistieron numerosas organizaciones de trabajadores de la provincia y limítrofes, la mayoría anarquistas. A los dos meses del Congreso de Castro, los socialistas lucentinos organizaron un Congreso comarcal de obreros agrícolas el 9 y el 10 de diciembre en el que participaron sociedades de veinte localidades que representaban a 10.500 trabajadores del campo. En las sesiones jugaron un papel fundamental el abogado lucentino Antonio Buendía Aragón y el dirigente socialista montillano Francisco Zafra Contreras. El motivo principal del Congreso, de acuerdo con el historiador Manuel Á. García Parody, fue abordar la cuestión, ya tratada en el Congreso de Castro, de si se debía dar prioridad o no a los jornaleros de la localidad frente a los forasteros a la hora de contratarlos. Al final, se decidió que los patronos podrían contratar a jornaleros de fuera siempre que estuvieran asociados y les pagaran un real de más. También se acordó en el Congreso, según recogió El Socialista, “enviar al ministro de la Gobernación un telegrama formulando la más enérgica protesta contra los atropellos de que se está haciendo víctimas a los trabajadores de Baena y Puente Genil por las autoridades puestas al servicio del caciquismo, que están encarcelando Directivas y clausurando Centros obreros, con menosprecio de los derechos de ciudadanía que las leyes conceden a los habitantes de un pueblo civilizado y democrático”.

Rafael Lozano Córdoba, uno de los firmantes, por la parte obrera, del pacto con la patronal agraria en diciembre de 1918.

En cuanto a los inicios de la conflictividad social durante el trienio bolchevique, Juan Díaz del Moral señala que hubo ya agitación obrera en Lucena en julio de 1918, y que a finales de octubre hubo huelgas en Lucena y otros cuatro pueblos. El día 3 de noviembre se inició un paro de trabajadores de todos los oficios en Lucena, sin previo aviso y sin que se presentaran demandas. El día 7 la huelga general paralizaba la vida de 34 pueblos de la campiña y en diciembre hubo huelga en otras 15 localidades. En medio de este clima de conflictividad, a finales de diciembre la Unión Agrícola de Lucena firmó unas bases de trabajo (especie de convenio colectivo) consideradas modélicas por el Instituto de Reformas Sociales. Entre otros acuerdos, en ellas se estableció que los trabajadores lucentinos tendrían preferencia sobre los forasteros en la contratación para las labores de la recogida de aceituna, que podrían venir desde los cortijos a Lucena cada quince días “para vestirse de limpio” y se estipularon salarios mínimos que iban desde las 3,50 pesetas que ganaba un vareador a las 1,75 que recibían las mujeres y los mayores de 14 años —en 1915 el kilo de pan valía en Lucena 95 céntimos, casi una peseta—. Este pacto de finales de diciembre se firmó por el alcalde, Antonio del Pino Hidalgo; en representación de los patronos lo suscribieron Pedro Jiménez Alba, Juan Fernández Villalta, Antonio M. Cabeza, José M. Mora, Rafael Díaz, Cristóbal Burgos y Aurelio Flores; y en representación de los obreros José López Antequera, Antonio Buendía Aragón, Juan Lozano Molero, Rafael Lozano Córdoba, Antonio Lozano Durán, Francisco Tienda Antequera y Antonio García Arjona.

El 11 y el 12 de febrero visitaron Lucena dos funcionarios del Instituto de Reformas Sociales, un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. Su llegada estuvo motivada por la alta conflictividad que afectaba a la provincia en el invierno de 1919 y tenía como misión elaborar un informe sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba. En la comisión obrera que se entrevistó con los dos delegados del Instituto figuraban un abogado y un farmacéutico (creemos que el socialista Antonio Buendía Aragón y el republicano Anselmo Jiménez Alba). En su intervención, la comisión acusó a los propietarios de intentar no cumplir lo pactado en el acuerdo patronal-obrero de finales de diciembre, por lo que tuvieron que ir a la huelga, y denunciaron que “domina en el pueblo una gran inmoralidad: los señoritos hacen lo que les viene en gana; se juega en los principales centros de reunión, y por leves motivos aprisionan a los obreros”.

Para la comisión obrera que se entrevistó con los funcionarios del Instituto, la causa del malestar de los trabajadores lucentinos residía en la “pésima administración municipal”, en los altos impuestos de consumos (cuyo cobro estaba cedido “a unos empresarios que esquilman al pueblo”), al abandono de algunas fincas como la del duque de Híjar que tenía 2.700 aranzadas de olivar sin cultivar, y a la especulación en los arriendos y en los precios de la tierra. La comisión consideraba que los remedios para estos problemas eran que se les cediera a los obreros —que desde al año anterior ya administraban una cooperativa agrícola— las tierras sin cultivar, que se suprimiera el impuesto de consumos que gravaba los productos alimenticios de primera necesidad y que se acabara con el caciquismo.

Por otro lado, la comisión patronal, aunque reconoció que el obrero lucentino era “de buena índole”, planteó a los delegados del Instituto de Reformas Sociales una visión de la realidad totalmente distinta. Los patronos manifestaron que las rentas que cobraban por los arriendos no eran tan altas como los obreros decían, que “los obreros gastan más en cosas superfluas y perjudiciales que los ricos (los zapateros y sastres venden más para aquellos que para estos)», negaron que hubiera caciquismo y afirmaron que los “obreros trabajan tan poco que apenas dura cuatro horas su jornada”.

En teoría, el acuerdo de patronos y obreros firmado en Lucena a finales de diciembre tendría vigencia entre el 28 de diciembre de 1918 y el 13 de mayo de 1919. Sin embargo, a principios del año 1919, una ola de frío con nevadas que impedían salir a los campos a trabajar y ganar el jornal, la carestía de los productos de primera necesidad, el desempleo y el incumplimiento por los patronos de las bases de trabajo firmadas con anterioridad motivaron huelgas en enero y febrero en muchos pueblos de la provincia, incluida Lucena. La crisis de subsistencias y el encarecimiento de productos de primera necesidad llegaron al límite de dejar sin trigo (y sin harina para hacer el pan) a Lucena a mediados del mes de mayo de 1919. El desabastecimiento de las panaderías lucentinas tuvo su origen en el egoísmo de los acaparadores del cereal, que querían especular con el producto, y solo se solucionó con el envío de trigo desde Badajoz. Ante la alta conflictividad social en la provincia, el gobernador militar decretó el estado de guerra el 29 de mayo, lo que supuso la detención de dirigentes obreros y republicanos y la clausura de numerosas Casas del Pueblo socialistas, entre ellas la de Lucena, cerrada el 16 de agosto de 1919. A pesar de estas medidas represivas, un informe del Instituto de Reformas Sociales señalaba que la agitación social continuó, pues hubo huelgas en 19 pueblos cordobeses en el segundo trimestre del año 1919.

El auge del asociacionismo obrero se manifestó también en el aumento de la participación política en los procesos electorales de los partidos antidinásticos, fundamentalmente republicanos y socialistas, durante el trienio bolquevique. En las elecciones generales de febrero de 1918 una coalición de republicanos, regionalistas y socialistas presentó candidatos en todos los distritos de la provincia. Por Lucena concurrió el abogado republicano Miguel Víbora Blancas, que fracasó ante la candidatura del liberal Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923, que había convertido a Lucena en su particular feudo electoral y caciquil. Debido a la inestabilidad política del momento y a los frecuentes cambios en el gobierno de la nación, hubo nuevas elecciones al año siguiente, el 1 de junio de 1919. Para ellas, una coalición de republicanos y socialistas presentó candidatos por todos los distritos de la provincia cordobesa. Por Lucena concurrió el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, que visitó en mayo la localidad, donde numeroso público lo recibió en la estación de ferrocarril.

Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, presentó su candidatura de diputado por el distrito de Lucena en junio de 1919 y diciembre de 1920.

La campaña electoral se vio empañada porque el 29 de mayo de 1919 el gobernador militar, Francisco González de Uzqueta y Benítez, proclamó el estado de guerra en toda la provincia, por lo que quedaron limitadas las reuniones y las manifestaciones, y los sospechosos de alteración del orden fueron detenidos y desterrados, así que las elecciones se celebraron en la provincia con los centros obreros clausurados y con algunos candidatos en la cárcel. De los nueve diputados que se elegían en la provincia, los conservadores obtuvieron cinco, tres los liberales y uno los socialistas por el distrito de Montilla. En el distrito de Lucena, Largo Caballero, que consiguió 4.246 votos, quedó a poco más de 400 del incombustible candidato liberal, Martín Rosales Martel, que alcanzó los 4.680. Si nos atenemos a las localidades del distrito electoral lucentino, en Puente Genil, Encinas Reales y Monturque triunfó Largo Caballero; y Martín Rosales en Benamejí, Palenciana y Lucena. A pesar de la derrota, los socialistas casi triplicaron los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de febrero del año anterior.

El sistema político español del momento era el de la Restauración, ideado durante el reinado de Alfonso XII y que aún se mantenía en pleno reinado de Alfonso XIII. Se basaba en el turno en el poder de dos partidos, el liberal y el conservador, y en el falseamiento y la manipulación de las elecciones para asegurar esa alternancia, así que los abusos eran moneda corriente en los distritos electorales de la provincia. Largo Caballero manifestó que en Lucena hubo coacciones sobre los electores, falseamiento de actas, atropellos de funcionarios, ofrecimientos de determinados porcentajes de votos en algunas secciones antes de celebrarse el acto electoral, etc. Los socialistas denunciaron la manipulación que sufrieron en los distritos de Córdoba capital, Lucena y Montilla, e incluso llegaron a informar al Tribunal Supremo. El periódico El Socialista, en su edición del 24 de junio de 1919, recogió los argumentos que utilizó Largo Caballero ante esta máxima instancia judicial. Los reproducimos a continuación, ya que constituyen un perfecto ejemplo del funcionamiento de la maquinaria caciquil y del fraude electoral en Lucena:

De seis Ayuntamientos que forman el distrito en cinco hay una fortísima organización socialista, y el sexto la organización que hay es sindicalista y acordó salir al campo y no votar el día de la elección.

Ha habido allí las coacciones normales, los ordinarios atropellos de orden procesal, tales como detenciones de notario y apoderados, la intervención del juez, que amenazaba a los que no votaran al duque de Almodóvar.

El jueves anterior a la elección se llevó a la cárcel a interventores y apoderados y a las Directivas de las Sociedades Obreras, a las que se paseó en cuerdas de presos por las calles de la población para atemorizar a los electores.

Esto ha pretendido explicarse inventando la posibilidad de un movimiento huelguístico. Pero esto es pueril, pues los contratos de trabajo estaban firmados ya. Y además, ¿por qué si esto era así se detuvo a electores republicanos que no eran obreros?

Pero a pesar de estos atropellos, la elección la tenía perdida el duque, y entonces llegaron a la coacción máxima, a tomar las calles de Lucena militarmente, con ametralladoras en las esquinas, para impedir que los campesinos pudieran entrar a la población a votar.

Los propios jefes de las fuerzas militares confesaban por la noche que estaban avergonzados del papel que se les había obligado a hacer.

Al año siguiente, en las elecciones a Cortes del 19 de diciembre de 1920, Largo Caballero presentó otra vez su candidatura para competir con el duque de Almodóvar del Valle por la circunscripción de Lucena, pero solo obtuvo 2.937 votos frente a los 5.909 del aristócrata. En solo un año los socialistas perdieron en la circunscripción 1.308 electores, si nos atenemos a las cifras aportadas por el historiador Antonio Barragán Moriana. Aunque en este descenso —vivido no solo en Lucena sino en las demás circunscripciones de la provincia— influyó el aumento de la abstención, es bastante probable que también incidieran los sucesos ocurridos con motivo de la gran huelga general que vivió Lucena a principios de noviembre de 1920, a la que haremos referencia más adelante.

En cuanto a las elecciones municipales, en febrero de 1920, tras una renovación parcial del Ayuntamiento, la coalición de socialistas y republicanos consiguió sentar a la vez cuatro concejales republicanos en el Consistorio: el perito mercantil Javier Tubío Aranda, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba —premio extraordinario de fin de carrera de su especialidad—, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas. A partir de este momento, la representación de republicanos y socialistas decayó. Tras las elecciones municipales de febrero de 1922, la cifra de ediles republicanos bajó a dos (solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez). Los socialistas, que ya no iban en alianza con los republicanos, presentaron a cuatro candidatos (Francisco de Paula Muñoz Cañete, Rafael Lozano Córdoba, Francisco Cobos Varo y José López Antequera), pero no obtuvieron ninguna concejalía.

Tras la fuerte agitación de 1919, con al menos 102 huelgas en la provincia de Córdoba, el año 1920, último del trienio bolchevique, resultó más tranquilo. Se debió al agotamiento de las sociedades obreras después de años de lucha, a la represión de las autoridades y a las campañas de los sindicatos católicos agrarios apoyados por la patronal (en Lucena funcionaba el Círculo Católico de San Agustín, decano de los de su clase en la provincia). Aun así, en el mes de junio de 1920 se iniciaban paros en Lucena y Cabra, y el día 8 la sociedad de agricultores La Redención de Jauja envió un telegrama al Ministerio de Gracia y Justicia en el que protestaba contra la condena impuesta por sus actividades políticas y sindicales a Gabriel Morón, dirigente socialista de Puente Genil, por la Audiencia Provincial de Córdoba.

El conflicto más importante que sufrió Lucena durante el trienio bolchevique aconteció casi a su final, cuando ya el impulso del movimiento obrero iba decayendo a pasos agigantados en toda la provincia. El 4 de noviembre de 1920 se inició una huelga de agricultores lucentinos para pedir el aumento del jornal diario a entre 4,50 y 5 pesetas. La prensa provincial cordobesa, como La Voz (el día 5) y Diario de Córdoba (el día 7), se hizo eco del paro obrero de manera breve, sin embargo El Socialista le dedicó dos artículos (los días 10 y 13), de los que el segundo —que reproducimos íntegro al final de esta entrada del blog— es una detallada crónica de lo acontecido aderezada con un análisis de la situación política en la localidad. Según este periódico, la causa de la huelga había sido la actitud del alcalde del partido liberal, Antonio del Pino Hidalgo —a quien nunca citan por el nombre—, que se había negado a la petición de los trabajadores de convocar a los patronos para negociar las condiciones de trabajo y también se había opuesto a que se repartiera una hoja pública en la que se explicaban las demandas obreras. La intención del alcalde era echar un pulso a la socialista Unión Agrícola con la finalidad de derrotarla y de restar apoyos a la candidatura de Largo Caballero para las elecciones del próximo 19 de diciembre. Con ello, se allanaba el camino a la reelección como diputado del duque de Almodóvar del Valle, correligionario político del alcalde y eterno candidato de los liberales por el distrito de Lucena desde principios del siglo XX.

El Socialista informó de que día 5 la Guardia Civil detuvo a 125 hombres. La mayoría, atados codo con codo, quedaron expuestos a la entrada de Lucena, hasta que al día siguiente el gobernador civil decretó su libertad. Paralelamente, los dirigentes obreros trataban de calmar los ánimos de los más exaltados, pues el día de la detención estaba reunida la comisión obrera con los patronos en el ayuntamiento, mientras miles de personas se hallaban en los alrededores esperando los resultados de la cita. La huelga ya se había extendido por la localidad y habían cerrado los comercios y las tabernas. También, según el Diario de Córdoba, “grupos de mujeres habían obligado a varias sirvientas a salir de las casas en las que se hallaban colocadas” para que se sumaran al paro.

Con este titular encabezó el periódico El Socialista la noticia que publicó, el 13 de noviembre de 1920, sobre la huelga de Lucena.

Si seguimos a El Socialista, el día 6 el alcalde emitió un bando prohibiendo la concentración de grupos de personas en las calles y las reuniones en el Centro obrero. Una comisión de obreros se dirigió entonces a la casa del alcalde, custodiada por seis parejas de guardias civiles, que estaba situada en la esquina de la plaza del Coso con la calle Juan Valera (actual edificio de Videoluc). Le solicitaron que se les dejara reunirse para poder debatir qué contestar a la propuesta de los patronos, con los que habían acordado citarse al día siguiente, a lo que se negó. Cuando los miembros de la comisión se dirigieron a la Casa del Pueblo a comunicar la decisión del alcalde, se presentó la Guardia Civil y la Municipal que los expulsó de malos modos. El día 7 de noviembre, 150 guardias civiles llegaron de refuerzo a Lucena para garantizar el orden público. A las diez de la mañana, tal y como habían acordado con anterioridad, patronos y obreros se reunieron en el Ayuntamiento y llegaron a un acuerdo para las bases de trabajo al aceptar los patronos las demandas de los trabajadores. La huelga había llegado a su fin. El triunfo sindical no tuvo su correspondencia política, pues como hemos señalado con anterioridad, Largo Caballero no consiguió ser elegido diputado por la circunscripción de Lucena al mes siguiente.

Finalizado el trienio bolchevique, desde 1921 hubo un descenso cada vez mayor de la agitación social debido a que se siguió aplicando una fuerte represión contra el movimiento obrero y a la desaparición de la gran mayoría de las sociedades anarquistas, que habían sido las más combativas durante los años precedentes. El golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923 y su posterior dictadura, la persecución de anarquistas y comunistas y la actitud de colaboración del socialismo español con el régimen dictatorial influyeron también en una pacificación temporal. De hecho, dirigentes obreros lucentinos que habían tenido una especial relevancia durante el trienio bolchevique, como Rafael Lozano Córdoba y el abogado Antonio Buendía Aragón, participaron en el banquete de homenaje a Primo de Rivera, al que asistieron tres mil personas (63 de ellas lucentinas), que tuvo lugar en Córdoba el 24 de mayo de 1925, e incluso Rafael Lozano, presidente del Centro Obrero desde al menos 1923, realizó un brindis en honor del dictador (según informó el periódico Lucena en su edición del 30 de mayo de 1925).

La Agrupación socialista de Lucena ya había dejado de tener actividad desde antes de la dictadura de Primo de Rivera hasta que fue refundada en octubre de 1929, bajo la presidencia de Luis Fuentes Flores, por los agricultores de la sociedad obrera que aún pervivía en la Casa del Pueblo. Sin embargo, habrá que esperar a los meses anteriores a la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, para que el movimiento obrero lucentino adquiera nuevos bríos.

Información complementaria:

El origen del socialismo en Lucena. Cartas de Pablo Iglesias a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo (1910-1913)

Posted on 23 octubre, 2016 por arcangelbedmar

A comienzos del siglo XX se vivió en la provincia de Córdoba un auge del asociacionismo obrero que se manifestó también en Lucena, una localidad que en el año 1900 albergaba a 21.179 habitantes (la mitad que ahora). En aquel momento, la actividad económica más importante y la gran fuente de riqueza era la agricultura. En el campo cordobés hubo dos factores que ejercieron una influencia decisiva en el nacimiento de la actividad sindical. Por un lado, la estructura de la propiedad de la tierra, concentrada en manos de un número reducido de personas, a las que las clases populares llamaban señoritos o patronos. Por otro lado, la miseria de los jornaleros, que constituían la inmensa mayoría de la población activa y sobrevivían con sueldo escaso, paro estacional, jornadas laborales de sol a sol y condiciones de trabajo abusivas. En aquellos años no existía un salario mínimo o contratos de trabajo estables, ni seguros sociales o de desempleo que pudieran remediar la angustiosa situación de los trabajadores agrícolas.

El movimiento obrero socialista en la provincia de Córdoba está muy bien estudiado por Manuel Á. García Parody, así que podemos rastrear sus inicios en Lucena gracias a su libro, publicado en 2002, Los orígenes del socialismo en Córdoba (1893-1931), al periódico El Socialista y a algunos ejemplares de la prensa local y provincial. En Lucena la actividad sindical tuvo raíces socialistas, sin que arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia como Castro del Río, Espejo, Baena, etc. No obstante, tanto el socialismo como el anarquismo eran ideologías minoritarias a principios del siglo XX, con escasa capacidad de influencia política o sindical. En aquel tiempo, el sistema político español, de corte caciquil, se basaba en la manipulación electoral y en la alternancia pactada en el gobierno de dos partidos, el liberal y el conservador. Lucena constituía un feudo liberal dominado por Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923.

Lucena entró en el siglo XX con el recuerdo de los graves episodios de crisis de subsistencias sufridos en los últimos años del siglo anterior. En el invierno de 1895 el temporal de lluvias había causado destrozos en caminos y fincas, hundió viviendas e impidió salir a trabajar a los campos —el día que no se trabajaba no se cobraba—, por lo que la miseria invadió a las clases populares de la población. En enero de 1897 un nuevo temporal de lluvias y la falta de trabajo motivaron que el Ayuntamiento, con la ayuda de donativos de particulares, abriera un comedor de caridad donde un guiso de garbanzos y habichuelas con doscientos gramos de pan se servía por solo 10 céntimos. La situación se complicó en la primavera a causa de la sequía. El día 20 de abril unas 1.500 personas, incluidas mujeres y niños harapientos, se manifestaron ante el Ayuntamiento para pedir “trabajo o auxilios para mejorar situación tan angustiosa”, según recoge el libro de actas municipales. Al día siguiente, el alcalde, José de Mora Madroñero, relató en una sesión municipal lo ocurrido durante la tarde anterior y se refirió a “los desmanes cometidos por las turbas en este edificio, cuya planta baja invadieron a las nueve de la noche disparando armas de fuego, lanzando pedradas, destruyendo y quemando listas electorales y documentos varios, así como quinqués, sillas y otros efectos”. A la mañana siguiente intervino la Guardia Civil para restablecer el orden. Además, para calmar los ánimos, el Ayuntamiento dispuso con rapidez el reparto de los obreros parados entre los “propietarios pudientes”, para que los emplearan en las faenas agrícolas a cambio de un sueldo diario de una peseta, al que el Ayuntamiento contribuiría pagando un real más.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que nada más comenzar el siglo XX, en el año 1901, se produjera el primer intento de crear una asociación obrera en Lucena, aunque no llegaría a cuajar. Según publicó el semanario El Adalid Lucentino, el 15 de abril se repartió una hoja, con el título de “La Liga de Obreros de Lucena”, que abogaba por la unión de los trabajadores para lograr un aumento de su salario, invitaba a los obreros manuales a afiliarse y llamaba a una junta general para el primer domingo de mayo. El periódico, católico y afín al partido conservador, aunque defendía el derecho de asociación, veía con recelo el nacimiento de esta nueva organización, a la que señalaba como “posiblemente socialista”, y esperaba que no acabaran “seducidos nuestros braceros, gente de suyo incauta y sencilla, con la apariencia de soñadas reivindicaciones, que no están fundadas en la justicia y el derecho”.

Si la Liga Obrera no fructificó, no ocurrió lo mismo con otras organizaciones de trabajadores. En junio y julio de 1902 se crearon las sociedades de Albañiles, Zapateros y Veloneros. Esta última protagonizó una huelga en julio y agosto por el despido de 11 obreros de los 50 que trabajaban en los Talleres Rueda y Muñoz. Los veloneros pedían un contrato de trabajo por dos años, no ser empleados en tareas distintas a su oficio, igualdad de salario en todos los talleres y el aumento del sueldo en un 25%.

Según Juan Díaz del Moral, en su célebre obra Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, publicada en 1928, la primera gran organización sindical de los trabajadores del campo lucentino, la Liga Obrera de Lucena, se fundó en marzo de 1904. El Adalid Lucentino ya contaba el 24 de abril que se había celebrado “en el Gran Teatro un mitin de ideas socialistas, en el que los oradores improvisaron con sobradas energías, ocupándose del tema de siempre, de los burgueses y, como postre, de la religión”. El periódico, escandalizado, afirmaba que “mientras en esas reuniones se despotrique de lo lindo y no haya quien lo impida y a la prensa no se le imponga fuerte mordaza es imposible evitar la degeneración de la patria”.

El Adalid Lucentino publicó el 31 de julio de 1904 otra información relativa a la Liga Obrera. Exponía que desde hacía unos días circulaba entre la población una hoja dirigida por su junta directiva a los trabajadores del campo. En esta noticia, el semanario mostró un talante más conciliador. Señalaba que la “solución práctica del problema agrario se encuentra dentro de las sabias enseñanzas de la Iglesia Católica”. No obstante, sin estar de acuerdo con “la dureza y términos en que está redactado el escrito” de la Liga, el periódico reconocía “con los obreros del campo, la necesidad de que sean corregidos los abusos y desmanes que en la hoja se anotan y que así mismo la verdadera justicia reclama el aumento de jornales, siempre que haya la debida proporción con las horas de trabajo, que hasta el momento ha dejado mucho que desear”. Durante el año 1904 la Liga Obrera se expandió con rapidez ya que en noviembre alcanzó los 420 afiliados.

Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE (1879) y de la UGT (1888).

En el año 1905 la Liga mantuvo una gran actividad reivindicativa, motivada por la enorme subida de los precios de los alimentos y porque las lluvias a comienzos de año y una pertinaz sequía después impidieron salir a trabajar durante meses a los jornaleros. Juan Chicano se convirtió en el primer presidente de la Liga y en corresponsal en El Socialista, el órgano de prensa del PSOE y de la UGT. En su edición del 6 de enero de 1905, el periódico indicaba que la Liga Obrera de Lucena celebraba reuniones los domingos por la tarde y que abría todas las noches y los días en que no había faena. La Liga pretendió crear una comisión de patronos y obreros para tratar las tarifas de jornales que se pagarían aquel año, pero los patronos se negaron y comenzaron a contratar a jornaleros forasteros —a los que pagaban sueldos más baratos— para no atenerse a las tarifas que había establecido la propia Liga, que iban de 1,50 a 2,50 pesetas por día, dependiendo del mes y del tipo de trabajo. Estos salarios eran muy bajos en relación al coste de la vida. Según un informe remitido ese año de 1905 por el Instituto de Reformas Sociales al Ayuntamiento de Lucena, la alimentación diaria de un obrero se situaba entre 0,48 y 0,65 céntimos de peseta y el gasto anual de una familia obrera alcanzaba de 751 a 800 pesetas, así que la propuesta salarial de la Liga Obrera no se podía considerar abusiva ni disparatada.

En el mes de marzo de 1905 la Liga celebró un mitin, presidido por Juan Chicano, para conmemorar el aniversario de su fundación. En él, si seguimos a El Socialista, “pusieron de relieve la explotación de que son víctimas los obreros y la urgencia de que éstos se unan para combatirla; censuraron el clericalismo, que ayuda en su labor a la clase explotadora; criticaron a las autoridades por la escasa atención que prestan a lo que conviene a los trabajadores, mientras andan vivas cuando tienen que favorecer los intereses patronales; encarecieron a todos a la unión y recomendaron la constancia para alcanzar que no se prive del trabajo a los de la localidad, dándoselo a los de fuera de ella”. El día 26 de marzo hubo otro mitin contra el hambre, en demanda de trabajo y el abaratamiento de los precios.

En abril de 1905 la Liga organizó un ciclo de conferencias sobre diversas materias, como el significado de la manifestación del Primero de Mayo —Día Internacional de los Trabajadores— que en Lucena resultó muy concurrida (participaron 3.000 personas, según El Socialista, encabezadas por una bandera roja). Reivindicaron la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de un salario mínimo, una caja de retiro (pensión de jubilación) para los obreros ancianos y la supresión del destajo, un sistema de contratación en el que el sueldo dependía del rendimiento del trabajador y no de la jornada laboral que realizara. En la Navidad de 1905 la Liga celebró un mitin en el Llano de las Tinajerías, al que asistieron solo ochenta personas, según publicó La Voz, el órgano de prensa del partido liberal lucentino, aunque sus informaciones hay que tomarlas con cautela debido a la animadversión que demostraba el periódico hacia esta organización obrera.

En 1906 no tenemos noticias de la Liga Obrera, pues su presidente y corresponsal en El Socialista, Juan Chicano, sería expulsado de la organización, aunque lo readmitieron con posterioridad. En 1907 la Liga celebró el Primero de Mayo, unos días después de la fecha, con un acto en el que se ensalzó el socialismo y se recomendó el alejamiento del vino y las tabernas. En octubre la Liga organizó una reunión de propaganda socialista para explicar las ventajas del asociacionismo y una asamblea para condenar la intervención de España en la guerra de Marruecos. En diciembre tuvo lugar una velada societaria y un mitin en el que intervino Juan Díaz, el nuevo presidente de la Liga. Este, en febrero de 1908, publicó un manifiesto en El Socialista en el que condenaba la campaña “rastrera” de los patronos, el clero y el periódico La Voz en contra de la Liga, que en vez de dañarla había servido según él para robustecerla, pues ya contaba con 1.000 socios. Su fuerza numérica le permitió poder negociar con los patronos la reglamentación del trabajo, el salario y otras conquistas laborales. En el manifiesto, Juan Díaz señalaba que la unión de los trabajadores era lo que había permitido conseguir algunas mejoras, pero que se debía pasar a la acción política: «No estemos ni un día más fuera del PS y de la UGT. Querer es poder. Demostremos a la burguesía de este pueblo que si ella tiene lo de la de todas partes, el dinero, nosotros tenemos la fuerza de los brazos, y que con ellos es preciso contar hoy. Vamos a unirnos todos los que trabajan por la emancipación para hacer lo propio nosotros, demostrando a los caciques que no nos intimidan…». Sus palabras terminaban con las proclamas de “¡Viva la Unión!” y “¡Viva el Socialismo!”.

Las llamadas de Juan Díaz a la participación política resultaron premonitorias, pues solo cuatro meses después, el 30 de junio de 1908, se fundó la Agrupación Socialista de Lucena, presidida por Benito Durán y ligada al PSOE. Fue la primera de la provincia tras la de Córdoba capital, que se había creado en 1893. Por su parte, la Liga Obrera cambiará su nombre por el de Sociedad de Obreros Agrícolas, y seguirá presidida por Juan Díaz. Ambas entidades mantuvieron una fuerte vinculación, como lo demuestra su participación conjunta en un mitin el 1 de noviembre en el que intervinieron José López Antequera, Bujalance Mora, Juan Leiva e Isidro Cárdenas.

A partir de 1909 tenemos noticias escasísimas del sindicalismo obrero en Lucena, a pesar de que existe una etapa de expansión en varios pueblos cercanos, como Montilla, al igual que en la campiña cordobesa y en la sierra. Sin embargo, en las elecciones municipales del 2 de mayo de 1909 resultó elegido concejal el abogado Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que jugaría un papel importante en la reorganización del socialismo local. Desconocemos la lista política de la que formaba parte. Según el periódico El Defensor de Córdoba, en estas elecciones salieron elegidos en Lucena nueve concejales conservadores, seis liberales y un independiente, pero no da el nombre de ninguno de ellos. Intuimos que él era el independiente. Se presentó por el distrito quinto, que incluía las zonas de las calles Cervantes, Flores de Negrón, Mesón, Arévalo y Viana. Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo se mantuvo en el cargo de concejal poco más de dos años, hasta las elecciones del 12 de noviembre de 1911, que renovaron parcialmente la Corporación y en las que resultaron elegidos trece concejales liberales y uno conservador.

En su edición del 30 de junio de 2011, El Socialista recoge el donativo de 3 pesetas de F. A. López desde Lucena.

Francisco de Asís López pertenecía a una familia de profesionales de posición acomodada. Su padre, Miguel López y López, al parecer había sido alcalde de Lucena. Francisco se casó con Antonia, hija del rico propietario José de Mora Madroñero, al que ya hemos citado como alcalde en la década de los noventa del siglo XIX. José de Mora era el cuarto mayor contribuyente de Lucena por bienes rústicos, urbanos e industriales, y curiosamente compartiría algún tiempo el cargo de concejal con su yerno en la misma legislatura. Francisco de Asís López tuvo siete hijos y vivía en el número 10 de la calle Pedro Angulo. Su buena situación económica le permitió remitir dinero con asiduidad para las colectas organizadas por El Socialista en aquellos años por distintos motivos (convertir este periódico semanal en diario, para el mantenimiento del diputado del PSOE, etc.).

Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo.

Durante su permanencia en el Consistorio lucentino, el abogado Francisco de Asís López se manifestó como un concejal muy activo y comprometido. Intervino en reiteradas ocasiones en los plenos y planteó varias mociones, tenidas en cuenta pocas veces por el alcalde y los miembros de la Corporación. Por ejemplo, en la sesión del 21 de junio de 1911, “el Ayuntamiento, sin debate alguno, en votación nominal y con el único voto en contra del señor López, acordó no tomar en consideración” las 17 peticiones que había presentado. Esa situación de rechazo a sus propuestas se intensificó en el año 1911. Aun así, intentó fiscalizar la labor del Ayuntamiento, con escaso éxito, y se interesó en repetidas ocasiones por el contrato de alumbrado público y, sobre todo, por el del arriendo del cobro de consumos y arbitrios locales, que estaba en manos de Félix Aznar y León, antiguo concejal del partido conservador, contra el que inició una enorme batalla jurídica. El impuesto de consumos gravaba los productos de primera necesidad, como la carne y el aceite, y afectaba especialmente a las clases populares. Su cobro se solía arrendar a particulares, que adelantaban el dinero a los ayuntamientos y luego se encargaban del cobro a los ciudadanos, lo que era motivo de frecuentes abusos y fraudes, de ahí la insistencia de Francisco de Asís López en controlar este arriendo.

Las intervenciones de Francisco de Asís López en el pleno municipal muestran en general un talante social y progresista, como podemos ver a continuación a través de algunas de sus propuestas:

Una de las primeras peticiones que cursa, junto al concejal Antonio Víbora Blancas, es que las sesiones de pleno del Ayuntamiento se fijen por las noches con el fin de darles “mayor publicidad, facilitando la concurrencia del vecindario, especialmente de la clase obrera que por sus ocupaciones no puede ordinariamente presenciarlas siendo de día”. Los plenos solían hacerse siempre los lunes por la mañana, cuando los vecinos estaban en sus trabajos, lo que les impedía asistir y ser testigos de las decisiones del pleno y del gobierno municipal. (1 de enero de 1910).
Petición para que se convoque una reunión del Ayuntamiento “con los médicos titulares y los farmacéuticos que vienen suministrando medicinas para la asistencia domiciliara de los enfermos pobres a fin de estudiar en ella la forma en que se lleva este importantísimo servicio, los medios para mejorarlo y si es o no suficiente la cantidad consignada en el presupuesto para mejorarla”. (30 de marzo de 1910).
Celebrar el centenario del 15 de septiembre de 1810, con la intención de conmemorar la “lucha heroica” y la “capitulación honrosa” del vecindario de Lucena con las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. La petición es aceptada por unanimidad y se constituirá una comisión de concejales para organizarla, de la que él formará parte. (10 de mayo de 1910).
Moción para que el Ayuntamiento “corrija las extralimitaciones y abusos que la compañía suministradora de fluido eléctrico viene cometiendo con sus abonados”, un asunto en el que insistirá en distintas ocasiones. (8 de junio de 1910).
“Que se gire por el ayuntamiento una visita de inspección al local hoy de su pertenencia en que se hallan instaladas el depósito municipal y la prisión preventiva del partido, cuyas malas condiciones de salubridad e higiene denuncio solemnemente”. (8 de junio de 1919).
Separación del cargo de administrador y de capellán de la Obra Pía de Nuestra Señora de Araceli, que hasta el momento recaían en un sacerdote, de manera que al ser el Ayuntamiento patrono de la Fundación pudiera nombrar al administrador entre los recaudadores de impuestos municipales, mientras la elección del capellán se reservaría al obispo. (4 de julio de 1910).
Destinar “500 pesetas para socorrer a los mineros de Bilbao que han paralizado sus trabajos declarándose en huelga” del presupuesto que había consignado en el Ayuntamiento para ferias. (10 de agosto de 1910).
Proposición para que la jornada diaria de los trabajadores municipales no exceda de las ocho horas, su sueldo mínimo sea de 1,75 pesetas por día de trabajo, que desde octubre a mayo las oficinas municipales se abran desde las 11 a las 17 horas y desde las 20 a las 22; y en los demás meses desde las 8 a las 13 y desde las 18 a las 21. (2 de noviembre de 1910).
Proposición para que todos los empleados y funcionarios municipales, salvo los manuales, “sean de buena e intachable conducta”, tengan “instrucción, o sea, saber leer y escribir” y no estén procesados ni hayan sufrido condena de arresto mayor. (30 de noviembre de 1910).

Carta, con fecha del 18 de julio de 1910, escrita por Pablo Iglesias, ya diputado en las Cortes, a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo.

Mientras permaneció de concejal y en fechas posteriores Francisco de Asís López mantuvo una intensa correspondencia con Pablo Iglesias, el fundador del PSOE en 1879 y de la UGT en 1888. Pablo Iglesias, con 59 años, se había convertido en 1910 en el primer diputado del PSOE de la historia tras ser elegido por Madrid en las elecciones de mayo, a las que se presentó dentro de una candidatura de Conjunción republicano-socialista. Conservamos copia de 24 misivas, todas manuscritas menos una redactada a máquina, enviadas por Pablo Iglesias a Francisco de Asís López. Las originales fueron donadas en mano por su hijo Miguel a Felipe González en la sede del partido de la calle Ferraz de Madrid antes de que este llegara a la presidencia del Gobierno en 1982, por tanto se conservan en la Fundación Pablo Iglesias de Madrid, donde se almacena el archivo histórico más importante del socialismo español. La primera carta tiene fecha de 18 de julio de 1910, un par de meses después de que Pablo Iglesias resultara elegido diputado, y la última de 8 de febrero de 1913. Este periodo casi coincide en el tiempo con la presidencia en el Gobierno de España del liberal José Canalejas (9 de febrero de 1910 a 12 de noviembre de 1912). La línea vehicular de las cartas es el interés de Pablo Iglesias en que en Lucena se cree una agrupación socialista. Hemos de tener en cuenta que la otra gran ideología opositora al sistema político de la Restauración, el republicanismo, ya contaba en Lucena con una agrupación local del Partido Republicano Radical, que había sido inaugurada por el diputado Emiliano Iglesias en 1910. Parece también que uno de los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Conjunción republicano-socialista, el republicano Rodrigo Soriano, visitó Lucena en alguna ocasión. A ambos los nombra Pablo Iglesias en sus cartas.

La insistencia de Pablo Iglesias y el trabajo de Francisco de Asís López dieron sus frutos. Después de cuatro años de inactividad, en 1913 resurgió la actividad sindical lucentina. En enero se creó el Centro de Obreros Socialistas, que pronto ingresaría en el PSOE, y una Sociedad de Albañiles, que se integraría en la UGT. En el Centro de Obreros Socialistas, José López Antequera ejerció de presidente, Juan Antonio Funes de secretario y R. Ranchal de tesorero —con este último, según manifiesta en sus cartas a Francisco de Asís López, Pablo Iglesias también mantuvo correspondencia—. El 25 de abril Pablo Iglesias visitó Lucena para pronunciar un mitin, al que asistió numeroso público, dentro de la gira que realizó por varios pueblos cordobeses aquella primavera (Puente Genil, Montilla, Rute, Belmez, Córdoba capital), lo que insufló nuevos ánimos al socialismo local.

Una semana después se celebró el Primero de Mayo de 1913, con un mitin en el que intervinieron Beato Franco, Antonio Montilla y el abogado Antonio Buendía Aragón. En mayo y junio se constituyeron varias sociedades obreras: la de Tinajeros, Pintores, Blanqueadores y similares, Metalúrgicos y Carpinteros. Esta última inició una huelga en mayo para pedir la jornada laboral de 9 horas y el aumento de sueldo si se trabajaba los domingos, que se consideraban no laborables por ley desde 1904. En 1914 se creó una sección de las Juventudes Socialistas y, como actividad destacada a comienzos de año, hubo una campaña de recogida de firmas, que alcanzó 966 adhesiones, en contra de la guerra en el protectorado de Marruecos. El gobierno había instaurado recientemente el servicio militar obligatorio y los sindicatos, el PSOE y los partidos republicanos se posicionaron en contra de esta intervención en el territorio marroquí, pues entendían que solo servía para defender los intereses de empresarios y militares.

En marzo de 1915 la Sociedad de Albañiles, afecta a la UGT, inició una campaña contra el precio de los alquileres, los artículos de primera necesidad y del pan, que se vendía en Lucena a 0,95 pesetas el kilo, cuando el sueldo diario de un jornalero de enero a junio de ese año era de dos pesetas, solo el doble de lo que valía un kilo de pan. En el manifiesto que lanzó esta organización obrera a la opinión pública para denunciar la situación señalaba lo siguiente: “Y nosotros, que somos la inmensa mayoría, el origen del derecho, ¿debemos tolerar cobardemente que esta injusta sociedad nos pague nuestra vida, pletórica de sufrimientos, con una muerte cruel, inhumana, aniquilándonos por hambre? Querer es poder. Y unámonos todos y acabemos de una vez con esta cuadrilla de acaparadores sin conciencia que comercian con el hambre de nuestros hijos”. El 1 de abril se celebró en el casino de Sociedades Obreras una asamblea, donde se acordó “enviar una protesta enérgica contra las autoridades locales por la pasividad irritante que vienen observando en estas circunstancias”.

El día 9 de septiembre de 1915 el Centro de Obreros Socialistas celebró un mitin de propaganda. El dirigente Antonio Montilla alertó de que “el indiferentismo y la apatía [de los trabajadores] es culpa de que los burgueses empleen sobre ellos una explotación tan inicua y vergonzosa”. En el mismo acto, el trabajador agrícola y presidente de la Sociedad, José López Antequera, manifestó lo beneficioso que sería para todos los trabajadores el que se afiliaran al Centro. Sin embargo, la actividad del Centro de Obreros Socialistas resultó cada vez menor. Habrá que esperar a los años del llamado “Trienio Bolchevique” en Andalucía (1918-1920) para que el socialismo lucentino irrumpa con nuevas fuerzas, de lo que es muestra evidente que, según Díaz del Moral, en marzo de 1919 la Agrupación Socialista de Lucena alcanzara los 1.976 militantes y la de Jauja sumara 200. Pero este nuevo periodo ya será materia de una nueva entrada del blog.

Para finalizar, he de agradecer a Antonia López Moscoso, nieta de Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que me haya facilitado la fotografía y algunos datos biográficos de su abuelo para completar esta historia. Las veinticuatro cartas que le remitió Pablo Iglesias entre julio de 1910 y febrero de 1913 se pueden leer en este enlace.

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Palenciana, 12 de junio de 1936

¿Una lista negra de la guerra civil en Lucena?

El trienio bolchevique en Lucena (1918-1920)

El origen del socialismo en Lucena. Cartas de Pablo Iglesias a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo (1910-1913)

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