Los militares sublevados el 18 de julio de 1936 sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles, por lo que idearon una estrategia represiva, programada con antelación, para impedir por medio del terror la reacción de sus opositores. Son bastante conocidos los numerosos documentos que desde antes del golpe de Estado circulaban entre los conjurados para la preparación de la insurrección militar. En ellos se incitaba a la utilización de una violencia indiscriminada para eliminar a los contrarios y de camino convencer, o al menos paralizar, a los indecisos. Por ejemplo, el general Emilio Mola Vidal, “director” de la conspiración militar”, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes de la rebelión, les advertía de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, el 30 de junio aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península y los republicanos no habían movido un solo dedo para oponerse a ella, los militares sublevados asesinaron a 189 personas en las posesiones españolas en Marruecos anticipando el método que iban aplicar para conseguir el triunfo en toda la Península.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El triunfo de la rebelión golpista en Sevilla el 18 de julio de 1936, de la mano del general Queipo de Llano, determinó la suerte de varias capitales del sur de España. En Córdoba, el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por Queipo, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería a las cinco de la tarde. Entre los militares que intervinieron muy activamente a favor de la rebelión en la ciudad en aquella jornada destacaron dos oficiales nacidos en Rute: el teniente de la Guardia Civil Francisco Roldán Écija y su hermano Diego, que era capitán. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos, con la colaboración de miembros de la oligarquía y de los derechistas, tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que se proclamara el bando de guerra, se apresara a las autoridades republicanas y se apoderaran de las Casas del Pueblo y de los edificios municipales. Las llamadas de los militares rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

En Rute, desde la misma noche del 18 de julio, la Guardia Civil, comandada por el teniente Basilio Osado Labrador, fue apoyada por Carlos Galindo Casellas (secretario del Ayuntamiento y teniente de Caballería en la reserva), el teniente de Artillería retirado Adolfo Roldán Moscoso, por miembros del Casino y por la Falange. El teniente impuso el bando de guerra, clausuró los centros republicanos y obreros y detuvo a los concejales y dirigentes de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular, la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes en España el 16 de febrero anterior. También desató una feroz represión, sin que los republicanos ofrecieran resistencia, que se llevó por delante la vida de al menos 53 vecinos durante los primeros meses de la guerra (la población de Rute se acercaba a los 15.000 habitantes en aquel momento).

Para responder al golpe de Estado, muchos ruteños siguieron la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España o no acudieron por miedo a sus puestos de trabajo. Otros muchos, sobre todo varones jóvenes, ante la ola de detenciones y fusilamientos, comenzaron a huir a la sierra. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados. La inmensa mayoría de los escapados del pueblo se encaminaron hacia la vecina localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, situada a unos 12 kilómetros en zona republicana, mientras otro grupo minoritario, ya avanzada la guerra, se marchó hacia el pueblo jiennense de Alcaudete y se enroló en el Ejército republicano.

En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

La vida de los que se dirigieron a Cuevas de San Marcos resultó muy azarosa. Los que regresaron a Rute en el mes de agosto de 1936, creyendo en la promesa del teniente Basilio Osado de que no les pasaría nada si volvían, fueron fusilados. Los que se quedaron, al ser tomado Cuevas en el mes de septiembre por los militares sublevados, se vieron obligados a refugiarse en otras localidades de la provincia malagueña –donde trabajaron como campesinos o se alistaron en las milicias– y en la capital. Cuando el día 6 de febrero de 1937 más cien mil personas iniciaron una trágica desbandada para evitar las represalias de las tropas franquistas e italianas que atacaron la ciudad de Málaga, los ruteños siguieron el mismo lamentable destino. Por la carretera de la costa que unía Málaga con Almería –situada a más de 200 km.– hubieron de sufrir los despiadados bombardeos de la aviación y de los buques de guerra de las fuerzas sublevadas, que provocaron miles de muertos entre los refugiados. Tras esta odisea, los ruteños huidos a Málaga se desperdigaron por toda la España republicana.

Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, los combatientes republicanos que habían sobrevivido y los refugiados civiles hubieron de emprender la vuelta hacia sus lugares de origen. Aunque la política oficial de la dictadura pregonaba que aquellos que no hubieran cometido crímenes no tenían nada que temer, la realidad a la que se vieron sometidos los vencidos fue muy distinta. Para ellos, la contienda no había acabado. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España.

En lo que se refiere a la represión en Rute en la posguerra, al menos 60 vecinos sufrieron prisión, siete murieron en cárceles y centros de internamiento (se calcula que unos 16.000 españoles fallecieron en las cárceles en la posguerra), tres fusilados (se contabilizan unos 20.000 fusilados en toda España y 1.102 en la provincia de Córdoba), y ocho siendo guerrilleros o acusados de ser enlaces de la guerrilla (3.500 guerrilleros cayeron abatidos en la posguerra, de los que 262 sucumbieron en la provincia de Córdoba). Por último, un ruteño de la aldea de Zambra expiró en el campo de concentración nazi austriaco de Mauthausen, donde murieron 4.816 españoles, de los que 238 (más ocho desaparecidos) eran cordobeses. No obstante, otro ruteño, Nicolás Lanzas García, al que también presuponíamos muerto en el holocausto nazi, hemos descubierto muy recientemente que sobrevivió.

El principal obstáculo al que se enfrenta un historiador que desee investigar sobre la guerra civil y la represión franquista es la destrucción y el expolio de los archivos, palpables en varios pueblos del sur de Córdoba. En Rute, como fruto de los sucesivos traslados que ha sufrido el Archivo Histórico Municipal y de la evidente dejadez con que ha sido tratado, parte de la documentación que se conserva se encuentra amontonada en cajas, desordenada y sin catalogar, lo que ha dificultado el estudio de los acontecimientos acaecidos en el pueblo y el verdadero alcance de la represión.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla.

Los libros de defunciones del Registro Civil constituyen la fuente primordial para el estudio de la mortalidad durante la guerra. Sin embargo, desde el primer momento hubo un claro interés de las autoridades franquistas en esconder la represión, por lo que a través de los registros civiles es imposible concretar una cifra válida de víctimas republicanas, ya que muchas no se inscribieron o se anotaron falseando la causa de la muerte. Hasta los años ochenta del siglo pasado, ya en el periodo democrático y al amparo de la Ley de pensiones de guerra de 1979, no consta en las hojas de los libros de defunciones del Registro Civil de Rute que la causa de la muerte de los asesinados es por “disparo de arma de fuego” o por “fusilamiento”. Con anterioridad, el motivo es siempre “desaparecido”, concepto que también encontramos en toda la documentación oficial. “Desaparecido, suponiéndole muerto” escribieron a lápiz en la ficha de recluta del albañil Francisco José Henares Porras que se conserva en el Archivo Municipal, cuando en realidad lo asesinaron el 28 de agosto de 1936, aunque nunca fue registrado.

Otro obstáculo para la correcta inscripción de los asesinados residía en que la administración judicial quedó en manos de adeptos al nuevo régimen que subordinaban la profesionalidad a la obediencia a los principios del Glorioso Movimiento Nacional, lo que explica carencias fundamentales en los registros. Por otro lado, el impacto de la represión resultó tan enorme que muchas familias no inscribían a sus allegados  por temor a sufrir la misma desgracia, por vergüenza o por desánimo ante las dificultades que se les planteaban, como por ejemplo la obligación de realizar el asiento anotando a los asesinados como fallecidos por muerte natural, a lo que muchas se negaron. Con tantos impedimentos y limitaciones se comprende que en bastantes municipios cordobeses (como ocurre en Rute, donde solo se inscribieron alrededor de un tercio de los asesinados), figuren anotadas en los libros de defunciones del Registro Civil cifras muy bajas de víctimas de la represión franquista. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, el listado de decenas de miles de desaparecidos ocasionado por los golpistas en España a partir del 18 de julio de 1936.

La caza de los republicanos en Rute resultó fácil, pues la Guardia Civil se había apoderado el día 18 de julio de 1936 de los libros de registro de los afiliados a los partidos políticos y sindicatos, según reconoció el teniente Basilio Osado, comandante militar de Rute desde el inicio de la guerra, en sus informes para los consejos de guerra que se celebraron al final de la contienda. Casi todos los fusilados eran trabajadores (jornaleros del campo, albañiles, zapateros, etc.). Tan rápido actuó el huracán represivo que los 53 asesinados, menos dos, cayeron fusilados en los meses de agosto y septiembre de 1936 en las tapias del cementerio, la finca de La Pililla en las cercanías de Encinas Reales, la carretera de Jauja en Lucena o en las cunetas de cualquier camino.

El barbero Vicente Sánchez Montes, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

Las cuatro primeras inscripciones de asesinados en el Registro Civil de Rute se realizan el 8 de junio de 1937, como consecuencia del expediente tramitado al amparo del Decreto de 10 de noviembre de 1936 que regula el asiento de los desaparecidos. Los anotados son el secretario de la notaría Juan José Rodríguez Rodríguez, el juez Salvador Villanueva Porras, el albañil Juan Antonio García Algar y el zapatero Antonio Cobos Fernández. En la década de los cuarenta se inscriben tres nuevos fusilados (el primero de ellos en 1945), cuatro en los cincuenta y otros siete más entre los años 1981-1982, como consecuencia de la Ley de pensiones de guerra de 1979, aunque tres son foráneos (dos de Iznájar y uno de Cuevas de San Marcos) y otros ya se habían inscrito con anterioridad, así que se repite su asiento. Por tanto, la mayoría de las inscripciones se producen fuera del plazo legal, muchos años después de que se hubieran producido los asesinatos. Todo esto explica que existan muertes registradas en más de una ocasión (como la del guarda forestal Juan Miguel Guerrero Curiel, inscrito el 30 de junio de 1954 y el 26 de mayo de 1981; la del vicesecretario de la agrupación socialista Antonio Porras Moreno, asentado el 22 de julio de 1955 y el 10 de agosto de 1982; o la de Vicente Sánchez Montes, anotado en Rute y en Málaga) y que los datos de los registros civiles no sean fiables a la hora de estudiar destalles históricos importantes de los fusilados, como el lugar y la fecha de su muerte o el oficio que tenían.

Juan José Rodríguez Rodríguez, secretario de la Agrupación Socialista y empleado de la notaría, fusilado el 18 de agosto de 1936.

En noviembre de 2004 edité mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), que se agotó en solo dos meses, hubo que reimprimirlo en enero de 2005, y volverlo a editar, corregido y ampliado, en mayo de 2007. En este momento se encuentra agotado de nuevo, aunque está revista una nueva reedición corregida y aumentada en 2022. Si no hubiéramos acometido en aquel momento ese trabajo de investigación sobre Rute, es decir, si hubiéramos aplicado la política del olvido, es probable que nunca nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de que la represión franquista se llevó por delante la vida de al menos 53 vecinos fusilados en 1936, y no solo a los 19 que se inscribieron en los registros civiles. En el estudio de la represión, el tiempo trascurrido, lo mismo que la emigración en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado de los represaliados y de sus descendientes a las zonas urbanas no juega a nuestro favor. Dentro de unos pocos años, cuando las personas que aún mantienen memoria de los hechos desaparezcan o no podamos localizarlas porque viven en otros lugares, será imposible reconstruir el verdadero alcance de la represión franquista. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Las listas de víctimas que publico a continuación se basan en mi libro sobre Rute antes citado, con la inclusión de nuevos datos obtenidos de distintas fuentes y por testimonios orales, como el de María Zamora Cobos, desde Elche, sobre su abuelo José María Cobos Caballero, preso en 1950; el de Carmen Cano Rodríguez, desde Gijón, sobre su bisabuelo Rafael Cano Tenllado, fusilado en 1936; el de Rocío Ordóñez Rivera, desde Madrid, sobre su abuelo Jacinto Ordóñez Romero, también fusilado; desde Sevilla, el de la familia de los hermanos Mariano y Luis Gutiérrez Pino, uno fusilado y otro muerto en el frente, y una hermana, Araceli, presa también; y el de Isidoro Herrero, desde Rute, sobre sus tíos Antonio y Francisco Herrero Guerrero, uno fusilado en Málaga y otro exiliado en Francia. En la relación incluimos también los nombres de los 60 presos en posguerra y de 136 vecinos sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes. Por último, añadimos la identidad de los 28 soldados republicanos que hemos podido rescatar, y de soldados del Ejército republicano y del franquista que murieron en el frente o a consecuencia de heridas de guerra. El nombre de las víctimas de la represión y de la guerra en Rute se puede consultar en estos enlaces:

• Listado de víctimas mortales de la represión franquista en Rute
• Presos de Rute en la posguerra
• Vecinos sometidos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas
• Soldados republicanos de Rute
• Soldados de Rute del Ejército franquista muertos en los frentes

FOTOS DE REPRESALIADOS RUTEÑOS

Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.