Víctimas mortales de la represión franquista en Cabra durante la guerra civil y la posguerra

Francisco Rojas López, alcalde republicano de Cabra hasta el 18 de julio de 1936.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 triunfó en Cabra con rapidez, al igual que en todas las localidades de la Subbética cordobesa. El 19 por la tarde, el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, siguiendo las órdenes recibidas desde Córdoba —donde también se habían hecho con el control los militares insurrectos— emitió el bando de guerra y destituyó el Ayuntamiento republicano, que estaba presidido por Francisco Rojas López, de Izquierda Republicana. La sublevación contó desde el primer momento en Cabra con el apoyo de los falangistas, del requeté carlista y de algunos militares, como el comandante de Caballería retirado Ramón Escofet Espinosa y el teniente de complemento Luis Pallarés Moreno. La nueva corporación municipal se constituyó el 5 de septiembre, presidida por Ángel Cruz Rueda, director del instituto Aguilar y Eslava, y en ella ejercían como gestores el médico Carlos Escofet Espinosa, los hermanos José y Ramiro Benítez Cubero, Luis Albendea Rivas, Manuel Escudero Carrasco y Manuel Muñiz López-Cordón.

El capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, comandante militar de Cabra tras el golpe de Estado.

En Cabra no hubo resistencia al golpe de Estado, lo que no impidió que se desatara una gran oleada represiva. Para entenderla, hay que tener en cuenta que dos meses antes de la rebelión, el director de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, en las “instrucciones reservadas” emitidas a los otros militares conjurados ya había advertido textualmente de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En consecuencia, las llamadas a la violencia serían generalizadas desde el mismo 18 de julio. El general Franco, en su bando de guerra de aquel día, exigía “inexcusablemente que los castigos” fueran “ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días después, el 27, en una entrevista, cuando el periodista Jay Allen le advirtió de que para conseguir sus objetivos tendría que “matar a media España”, él respondió que los lograría al “precio” que fuera. La llamada a la violencia fue tan descarada que el día 23 de julio, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur, incitaba al uso de la violación como arma de guerra de la siguiente manera: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

En los lugares de España que quedaron en poder de los sublevados se siguieron fielmente estos mandatos represivos de las autoridades militares, y Andalucía fue la comunidad donde con mayor virulencia se aplicaron. Aquí, la represión franquista segó la vida de 50.422 personas frente a las 8.397 víctimas mortales causadas por la represión republicana, de acuerdo con las cifras publicadas por el historiador Francisco Espinosa Maestre en el libro Violencia roja y azul. España 1936-1950 (página 78) en el año 2010 y actualizadas por el propio autor en octubre de 2019. Mientras, en la provincia de Córdoba la represión franquista ocasionó 11.582 muertos y la republicana 2.346, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez. Este último autor es el referente fundamental para el estudio de la guerra y la represión en nuestra provincia desde que iniciara sus publicaciones sobre el tema, en el año 1982, con varias monografías. Este asunto lo aborda, por ejemplo, en uno de sus últimos libros, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, publicado en 2008, del que hemos extraído en buena medida la información sobre Cabra (páginas 268-273).

Zona del cementerio de Cabra, hace unos años, donde se cree que se sitúa la fosa común de los fusilados durante la guerra civil.

Según las estimaciones de Francisco Moreno, la represión franquista segó en Cabra la vida de unas setenta personas, aunque algunos testimonio orales hablan de hasta cien muertos. Este historiador consultó los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente natural para conocer el número de fallecidos durante un periodo histórico, y contabilizó a 28 víctimas entre los años 1936 y 1950 “a consecuencia de la fenecida guerra contra el marxismo”. En el Registro Civil de Córdoba capital hay registradas siete personas más, incluidas dos mujeres. Todas estas víctimas se inscribieron fuera del plazo legal para hacerlo, años después de que se produjeran las muertes. Por otro lado, en los expedientes de prisión de la cárcel de Córdoba que se conservan en el Archivo Histórico Provincial se anotan otros seis fallecidos, no contabilizados por Francisco Moreno, todos caídos en una saca el 7 de noviembre de 1936. También conocemos, por medio de testimonios orales, a otras 12 personas por datos incompletos o apodos, por lo que la cifra documentada y mínima por el momento es de 53 fusilados en 1936.

Los libros de defunciones de los registros civiles presentan múltiples lagunas y no reflejan la realidad represiva de aquellos años, pues muchos de los asesinados se inscribieron falseando la causa de la defunción o se quedaron sin anotar, debido a que las familias no realizaron el trámite por miedo, por las trabas burocráticas o porque emigraron de la localidad. Es decir, que en muchas localidades el Registro Civil no recoge ni la mitad de los nombres de los fusilados (en Cabra no están registrados 18 de los al menos 53 asesinados, un 33%). Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos para siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Miguel Moreno Antequera, de 52 años, fusilado el 24 de agosto de 1936 en el término de Monturque. Sobrevivió y fue rematado.

Si sus familiares no asentaban a los fusilados en el Registro Civil, conocer su identidad es hoy en día muy complicado, porque han desaparecido los testigos y porque los asesinados no dejaron rastro documental alguno, ya que no tuvieron juicio previo ni tampoco se anotaron en los libros de cementerios, pues eran enterrados de manera ilegal. Por ello resulta tan valioso que en 1983 el historiador Francisco Moreno Gómez recibiera el testimonio de dos vecinos de Cabra, Jaime Pérez-Aranda Rojas y José Moreno Peña, que le aportaron nombres e información sobre lo ocurrido. Este último, además, le entregó una lista, a la que hemos hecho referencia anteriormente, de 12 nombres o apodos de personas que no estaban inscritas en el Registro Civil. En Cabra los presos eran sacados desde la cárcel de la calle Cervantes para ser fusilados en el cementerio y en las carreteras, sobre todo en la de Monturque, en la que iba de esta localidad a Lucena y en Córdoba capital, una ciudad donde cayeron abatidos alrededor de un tercio de ellos. En el testimonio que aportaron al historiador Francisco Moreno los dos vecinos antes citados, le hablaron de un gran fusilamiento en esta carretera de Monturque el día 25 de agosto de 1936 en el que perecieron 17 hombres. Dos de ellos quedaron vivos y se refugiaron en un cortijo donde los curaron, pero los descubrieron y los llevaron a rematar de nuevo. Uno se llamaba Miguel Moreno Antequera, de 52 años de edad. Otro, Antonio Morillo, que era cabrero, sobrevivió y pasó a zona republicana.

El tema de la represión franquista en Cabra, que estaba recluido fundamentalmente en los libros de historia y en la memoria de los familiares de las víctimas, recobró vida con la Orden de 24 de marzo de 2017 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la indagación-localización, exhumación e identificación genética de los restos humanos de posibles fosas comunes en Monturque. Esta Orden respondía a la petición de un par de familias egabrenses a la Dirección General de Memoria Democrática. La intervención, que se inició en el mes de junio de 2017, no tuvo éxito en la zona de la finca de la Estacada de los Muertos (adonde llevaron a fusilar también a gente de la zona de Priego de Córdoba), pero sí en una antigua cantera limítrofe entre los términos municipales de Monturque y Lucena. Con el permiso de los dueños de la finca, hoy convertida en olivar, el equipo de  excavación estuvo dirigido por el arqueólogo Andrés Fernández Martín. También contó con el apoyo material y humano de Ayuntamiento de Monturque y de su alcaldesa, Tere Romero, y de las orientaciones del Francisco Luque Jiménez, cronista local y autor del libro Monturque durante la guerra civil (1936-1939), publicado en 2009. De la fosa de Monturque se extrajeron siete cuerpos a los que en este momento se les está realizando un estudio antropológico que permita su identificación.

Restos de siete personas encontrados en la fosa común de la carretera de Monturque a Lucena. Foto: Arcángel Bedmar.

Aparte de los al menos 53 egabrenses fusilados en 1936, la represión franquista segó la vida de un mínimo de nueve vecinos más en posguerra. Dos cayeron fusilados en Castro del Río y Córdoba (1.102 personas murieron fusiladas en la provincia de Córdoba tras la guerra civil). Otros seis egebrenses murieron en las dos prisiones de Córdoba capital: la provincial y la habilitada en la carretera de Los Pedroches. La mortalidad entre los internos fue extrema en estas dos cárceles cordobesas. Según las investigaciones de Francisco Moreno Gómez, solo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (756 murieron hasta 1950) de las 3.500 o 4000 que había internadas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho, en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. Para entender estas cifras, hemos de tener en cuenta que, según cifras oficiales, en las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde eran sometidos a trabajos forzados.

El casi medio millón de refugiados que salió de España hacia el exilio en 1939 no tuvo mejor destino que muchos de los que se quedaron aquí. Al menos 14.617 refugiados murieron en los campos de concentración franceses de hambre, frío y enfermedades en los seis meses posteriores a la guerra civil. Otros 9.328 españoles acabaron internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334. La mayoría de los españoles apresados por los nazis en Francia acabaron en Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria. Se calcula que entre 1938 y 1945 murieron allí un mínimo de 127.767 personas de diversas nacionalidades, según un estudio oficial austriaco, aunque algunos investigadores sitúan las cifras en varias decenas de miles más.

De los fallecidos en los campos nazis, 238 procedían de la provincia de Córdoba (más ocho desaparecidos). Uno era vecino de Cabra y se llamaba Luis Romero Rubio, por lo que nos detendremos algo en su odisea. Al igual que otros 80.000 españoles se había alistado en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas unidades militarizadas de unos 250 hombres mandadas por oficiales franceses en las que se debían encuadrar de manera obligatoria todos los varones de entre 20 y 48 años que se encontraban en los campos de concentración franceses.

Luis Romero Rubio, junto a otros 12.000 españoles, fue destinado a la zona de la línea defensiva Maginot y tras la invasión alemana cayó capturado por los nazis entre el 20 y el 26 de junio de 1940 en Sant-Dié, una localidad del Departamento de Vosgos, situado en el noreste de Francia. Hasta el 11 de diciembre permaneció en el campo francés de prisioneros de guerra V-D de Estrasburgo, de donde partió el 11 de diciembre en tren, sin saber su destino, junto a un contingente en el que marchaban 847 españoles. Los deportados viajaron en vagones dedicados al transporte de ganado, sin comida ni bebida, sin poder dormir y haciendo sus necesidades dentro del propio vagón. El convoy llegó tres días y dos noches después, cerca de las dos de la madrugada del 13 de diciembre, a la estación de Mauthausen. Desde allí, con una temperatura que rondaba los 20-25 grados bajo cero, bajo la vigilancia de las SS (la policía del partido nazi) y sus perros, comenzaron a andar entre la nieve hacia el campo de exterminio, situado a unos seis kilómetros. Varios españoles, debilitados por el viaje, murieron en el trayecto. Ya en el recinto, los obligaron a desnudarse, los ducharon con agua helada, los raparon, los desinfectaron y les entregaron el uniforme a rayas en el que aparecía un triángulo azul de apátrida y una “s” de color blanco de spanien (español).

De los 847 españoles que viajaron en este convoy, el 59% no logró sobrevivir al infierno nazi antes de la liberación del campo en mayo de 1945. Entre los fallecidos se encontraba Luis Romero, que murió en el subcampo de Steyr el 23 de octubre de 1942, con 45 años. A pesar de los requerimientos que realizó en varias ocasiones la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no se preocuparon de que a estos españoles presos en los stalag y en los campos nazis se les pudiera repatriar o se les diera el estatus de prisioneros de guerra (condición que poseían según la Convención de Ginebra), lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Javier Tubío Aranda, primer alcalde de Lucena durante la II República

Javier Tubío Aranda nació en Lucena el 3 de diciembre de 1878 en una familia de posición acomodada. Sus padres se llamaban Araceli y José, y entre sus hermanos encontramos a un médico (José), un juez (Jorge) y un profesor (Manuel). Cuando se casó con Antonia Beato Ramírez, estableció su domicilio en el número 20 de la plaza Conde de Prado Castellano, hoy plaza del Coso. Trabajó de perito mercantil, contable e inspector de seguros. Desconocemos cuándo se comprometió políticamente con el republicanismo, pero es posible que desde la fundación en 1910 de la agrupación local del Partido Republicano Radical, una organización política creada en España dos años antes por Alejandro Lerroux con un discurso populista y anticlerical que poco a poco se moderaría.

El republicanismo fue la principal minoría de oposición en el Parlamento español desde el comienzo del reinado de Alfonso XIII, en 1902, hasta la imposición de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en 1923. Los republicanos se presentaron a menudo a las elecciones coaligados con el PSOE, tuvieron una fuerza importante en las zonas urbanas y aglutinaron en su seno a un amplio sector de la burguesía progresista y de las clases populares. Como el sistema político de la Restauración se basaba en el fraude electoral y el turno pactado entre los dos grandes partidos dinásticos, liberales y conservadores, la implantación del republicanismo resultó más dificultosa en el ámbito rural, donde la libertad de voto era menor y la influencia caciquil más acusada. Precisamente por ello, en Lucena uno de los objetivos del republicanismo fue la lucha política contra Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado liberal electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923, dos veces ministro y cabeza visible en la localidad del sistema político que los antimonárquicos querían enterrar.

Cuando hizo falta, como ocurrió de manera más descarada en las elecciones a Cortes de 1905 y 1919, para mantener su escaño de diputado y derrotar a la oposición, Martín Rosales y sus partidarios lucentinos no dudaron en usar las trampas caciquiles: manipulación electoral, coacciones, compra de votos, falseamientos de actas, atropellos de los funcionarios, uso de la fuerza pública, encarcelamientos de candidatos y apoderados, etc. El fraude electoral resultaba a veces tan escandaloso que, en noviembre de 1911, Javier Tubío y el también republicano José López Jiménez llegaron a solicitar en una instancia al alcalde que se anularan las elecciones municipales por las irregularidades que habían detectado.

El republicanismo constituyó una ideología muy minoritaria en Lucena a principios del siglo XX, sin representación en el Ayuntamiento y sin candidatos que se atrevieran a presentarse para diputados a Cortes por el distrito electoral. Sin embargo, los antimonárquicos expandieron su influencia de manera paulatina y en las elecciones municipales del 14 de noviembre de 1914 Javier Tubío obtuvo una concejalía. A partir de entonces, se convirtió en el edil con más mociones planteadas y con mayor número de intervenciones en el pleno municipal. Que sepamos, esta es la primera vez que un republicano obtiene el acta de concejal en Lucena en el siglo XX.

Tras la siguiente convocatoria electoral municipal, en noviembre de 1917, Javier Tubío ya disfrutó de un nuevo compañero republicano en el Ayuntamiento, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba. En febrero de 1920, en plena efervescencia obrera y sindical del llamado “trienio bolchevique” en Andalucía, los republicanos lucentinos rentabilizaron su influencia sobre la clase trabajadora y aumentaron sus concejales a cuatro, con la presencia del propietario José López Jiménez y del abogado Miguel Víbora Blancas. Los cuatro, junto a Manuel Tubío (hermano de Javier), el industrial Domingo Cuenca Aranda, Zenón Cuenca, Eduardo Álvarez, Miguel Cruz y Antonio Pedro Lara constituyeron la delegación lucentina que asistió en Madrid, del 14 al 21 de noviembre de 1920, al Congreso Nacional de la Democracia Republicana, en el que resultó elegido Alejandro Lerroux como presidente de la Junta Nacional Republicana que debía reorganizar el partido. Del auge del republicanismo lucentino en ese año da fe el que Javier Tubío presentara su candidatura para diputado a Cortes por el distrito de Lucena, aunque la retiró antes de las elecciones, que se celebrarían el 19 de diciembre.

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Javier Tubío Aranda (de pie, tercero por la izquierda). A su lado, otras tres figuras prominentes del republicanismo histórico en Lucena: Domingo Cuenca Navajas (de pie, segundo por la izquierda), Anselmo Jiménez Alba (de pie, cuarto por la izquierda) y José López Jiménez (sentado, segundo por la izquierda),

Tras las elecciones de febrero de 1922, a consecuencia del abatimiento y la represión que sufrió el movimiento obrero andaluz tras el “trienio bolchevique”, la cifra de ediles republicanos bajó a dos, y solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez Alba. Este Ayuntamiento, al igual que todos los de España, cesó debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923 del general Miguel Primo de Rivera. Hasta este momento, y desde finales de 1914, los republicanos lucentinos habían conseguido representantes en la Corporación en las cuatro elecciones municipales bianuales celebradas, y Javier Tubío había sido el único concejal que había repetido en todas las ocasiones.

El 17 de agosto de 1930 dirigentes republicanos y socialistas firmaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de establecer una república democrática y de derrocar al rey Alfonso XIII, a quien acusaban de haber apoyado el golpe de Estado de Primo de Rivera y de haber permitido la instauración de una dictadura, que en esos momentos se encontraba en manos del general Dámaso Berenguer. Su sucesor, el almirante Aznar, con la intención de volver a la normalidad constitucional, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían —como la mayoría de los ciudadanos— que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE y el Partido Republicano Radical, se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Bloque del Partido Social Democrático, y a un candidato comunista, el propietario y abogado Antonio Buendía Aragón. Las elecciones del 12 de abril de 1931, en las que aún solo podían votar los varones, depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos. En total, dieciocho concejales republicanos frente a siete monárquicos. En el resto de España conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios.

Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor —roja, amarilla y morada—, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 de abril los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora —sobre quien también recaía la jefatura del Estado—, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos. Se iniciaba así, de forma esperanzadora y pacífica, y en medio del entusiasmo popular, el primer régimen democrático de la historia de España y uno de los procesos de cambio político más trascendentales del siglo XX.

El día 15 de abril por la tarde el gobernador civil de Córdoba nombrado por el Gobierno republicano —el abogado y catedrático Antonio Jaén Morente— anunciaba por telegrama el envío de un delegado para constituir el nuevo Ayuntamiento de Lucena salido de las urnas, y advertía de la conveniencia de mantener el orden “en bien de la República”. A las siete de la tarde se personaba como delegado del gobernador el abogado Francisco de la Cruz Ceballos que, a la una de la madrugada del día 16, en el salón de sesiones, en presencia de los concejales republicanos y siguiendo instrucciones superiores nombró alcalde provisional a Javier Tubío. Después del delegado del gobernador, habló el propio Tubío para agradecer el nombramiento y resaltar que pondría toda su voluntad en el desempeño de su cargo, con la esperanza de “verse asistido por todo el pueblo general por ser el único soberano”.

El 17 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento con los concejales proclamados el día anterior por la Junta Municipal del Censo Electoral. Javier Tubío resultó elegido alcalde por el pleno con veintidós papeletas a favor y una en blanco. Tras la elección de los tenientes de alcalde, Javier Tubío pidió un minuto de silencio en memoria de los “mártires de la libertad”, capitanes Fermín Galán y García Hernández, fusilados por su participación en la fracasada sublevación republicana de Jaca de diciembre de 1930. Terminó la sesión con un “¡Viva la República!”, contestado por todos los presentes. La corta experiencia de Javier Tubío como alcalde, pues dimitiría tres meses después, vendría condicionada sobremanera por la crisis obrera, en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Así que su gestión se basó fundamentalmente en conseguir de la Administración obras públicas y subsidios para los parados y en intentar aplicar, sin éxito, el decreto de Laboreo Forzoso, que obligaba a los patronos a dar trabajo a los desempleados de acuerdo con la extensión de sus fincas. También, en un acto de generosidad institucional, Javier Tubío renunció a las doce mil pesetas anuales que tenía asignadas para gastos de representación de la alcaldía en beneficio de los obreros parados.

Es posible que en la elección de Javier Tubío Aranda como alcalde influyera su filiación masónica, que compartía con el gobernador civil Antonio Jaén Morente. Los orígenes de la masonería en Lucena se remontaban al siglo XIX, ya que había funcionado la logia Isis antes de 1873, y entre 1880 y 1887 se constituyó Isis Lucentino. Sin embargo, fue durante la República cuando la masonería adquirió relevancia política, no tanto por su número de miembros sino por la actividad y el compromiso de los mismos. Este fenómeno ocurrió de manera similar en la política nacional y en la cordobesa, como lo prueba que seis de los doce diputados elegidos por Córdoba en las elecciones legislativas que se celebraron el 28 de junio de 1931 eran masones.

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Ficha de ingreso de Javier Tubío en la logia cordobesa Turdetania en 1919.

El 26 de marzo de 1919, Javier Tubío, con 40 años, se inició en el rito masónico como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. Tomó el nombre simbólico de Voltaire, en honor al filósofo de la Ilustración francesa. En octubre de 1926 alcanzó el grado tres y cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo masónico Isis Lucentino ejerció como venerable maestro de taller, del que eran únicos hermanos cuatro futuros concejales en abril de 1931: Anselmo Jiménez Alba, Domingo Cuenca Navajas, José López Jiménez y Antonio Buendía Aragón (los tres primeros republicanos y el último comunista), lo que demuestra un compromiso político de los masones lucentinos sin comparación con ningún pueblo de la provincia. El 23 de junio de 1934, la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, incluyó a Javier Tubío en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Los masones profesaban una ideología política variada, tanto en Lucena como en el resto de España. No obstante, su pensamiento político, que sería puesto en práctica en gran medida por el Gobierno republicano, se reflejó en mayo de 1931 en la declaración de principios elaborada por la Gran Logia Española: libertad de pensamiento, expresión y religión; igualdad ante la ley, sufragio universal, separación de la Iglesia y el Estado, matrimonio civil y divorcio, expulsión de las órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de asociaciones, abolición de la pena de muerte, ejército voluntario, enseñanza laica y gratuita, usufructo de la tierra por aquellos que la trabajan e implantación de un Estado federal.

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Javier Tubío, en el centro (sentado, cuarto por la izquierda), junto a otros comensales republicanos.

El 28 de junio de 1931, un par de meses después de la proclamación de la República, se convocaron elecciones legislativas. En Lucena, los socialistas obtuvieron mayoría absoluta con el 52,10% de los votos, seguidos de los republicanos, que lograron el 32,70%. En toda España el resultado fue muy similar, con victoria del PSOE, presencia muy importante de republicanos de diverso signo y escasa representación derechista. Tras la espectacular victoria socialista en Lucena, Javier Tubío presentó su dimisión irrevocable de la alcaldía el 6 de julio alegando razones de enfermedad. Le sustituyó el primer teniente de alcalde, el abogado socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Posiblemente, en esta decisión pesara el pobre resultado obtenido por la candidatura republicana lucentina en comparación con la del PSOE, lo que quizás fuera entendido por Javier Tubío y los republicanos como una falta de respaldo popular a su gestión. Tras la dimisión de Javier Tubío se produjo un distanciamiento entre los republicanos radicales y los socialistas lucentinos (algo que también ocurriría en toda la provincia) y los concejales republicanos dejaron incluso de asistir a las sesiones municipales hasta enero de 1932, aunque ya con anterioridad ambos partidos habían manifestado su desacuerdo en temas de política municipal y de solución de la crisis obrera.

Javier Tubío continuó con su actividad política fuera de la alcaldía, pues pertenecía además a la junta directiva del Partido Republicano Radical. El día 27 de agosto de 1931, por ejemplo, intervino en un acto público en el Centro Republicano, en el que ante el clima de conflictividad social resaltó la “conveniencia de admitir por parte de los poderosos el avance social bien ordenado pues si insisten en conservar su predominio intacto a toda costa, ello sería causa del desenfreno de los humildes hasta ahora, que no están dispuestos de ninguna manera a seguir en la misma situación”. También, en la noche del 2 de noviembre participó en un ciclo de conferencias en el Centro Republicano en las que disertaron otros dirigentes locales del partido (Lucas Ruiz de Castroviejo Burgos y Rafael Ramírez Pazo).

Javier Tubío (segundo por la izquierda) y otros dirigentes radicales cordobeses se dirigen a la Asamblea Nacional del partido el 14 de octubre de 1932.

A lo largo del año 1931, el partido de Javier Tubío, el Partido Republicano Radical, iba girando hacia el conservadurismo. Se evidenció cuando en diciembre, Manuel Azaña, que había llegado a la presidencia dos meses antes, realizó una renovación ministerial. Desde la proclamación de la República los radicales de Lerroux habían participado en el gobierno, pero a partir de ese momento dejaron de colaborar. La asamblea nacional del Partido Republicano Radical, celebrada en octubre de 1932, significó un paso más en el proceso de derechización de este grupo político, al reclamar el fin de la participación de los socialistas en el Gobierno y el cese de la intervención del Estado en las relaciones laborales. El cambio ideológico provocó que antiguos monárquicos, aventureros políticos y personas ligadas a la oligarquía agraria encontraran rápido acomodo dentro del partido.

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Hoja pública difundida por Javier Tubío en la que informa de su nueva militancia en Acción Republicana.

En Lucena, el progresivo abandono de las esencias republicanas por parte del Partido Republicano Radical y las injerencias del jefe provincial, Eloy Vaquero, determinaron la salida de algunos de sus representantes históricos. Así, aunque el 16 de septiembre de 1932 Javier Tubío había sido nombrado diputado provincial en representación de los radicales, ya en la IV Asamblea Nacional de Acción Republicana —el partido del presidente de gobierno Manuel Azaña— celebrada en los días 14 a 16 de octubre, resultó elegido miembro de su Consejo Nacional. En representación de los consejos locales de Acción Republicana de la campiña cordobesa, Javier Tubío participó en un mitin en el Gran Teatro de Córdoba el 23 de julio de 1933, en el que recibió grandes aplausos. Manifestó que su partido tenía la intención de “luchar contra la reacción que pretende obstruir el camino por donde marcha triunfante la revolución española” y que “el reto lanzado por las derechas a las izquierdas revolucionarias españolas debe aceptarse, pero si es preciso hay que luchar en la calle”.

Javier Tubío (de pie, segundo por la izquierda, con traje claro) en una acto de Izquierda Republicana en Córdoba.

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones legislativas de la II República. Frente a una derecha unida, los republicanos acudieron a las urnas divididos, enfrentados casi en todas partes. Los republicanos de izquierda crearon en Córdoba una coalición con el nombre de “Republicanos de Izquierda y Alianza de Labradores (arrendatarios, aparceros y medianeros)”, en la que participaban Acción Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista y la Alianza de Labradores. La lista de derechas consiguió la victoria en Lucena (36,36% de los votos), seguida de los comunistas (24,84%). A pesar de que Javier Tubío iba de candidato, su coalición de republicanos de izquierdas solo obtuvo el 5,83 % de los votos. Sin embargo, como las listas eran abiertas y cada elector podía señalar hasta diez nombres, él dobló en votos a los otros candidatos de su coalición. De los 9.593 lucentinos que acudieron a las urnas, incluidas por primera vez las mujeres, 1.263 depositaron su confianza en él.

Los grandes triunfadores de las elecciones en España fueron la CEDA (la coalición de la derecha católica dirigida por José María Gil Robles) y el Partido Republicano Radical. Solos, en coalición entre ellos o con otros partidos de derechas controlaron el gobierno hasta enero de 1936. Durante su mandato, se produjo una corrección o paralización de la política reformista del primer bienio republicano que en la provincia de Córdoba se manifestó en la sustitución de varios ayuntamientos. Así, el 15 de octubre de 1934 el gobernador civil “suspendió” a toda la Corporación municipal de Lucena y nombró delegado del Gobierno en el Ayuntamiento al secretario Marceliano Izquierdo, que convocó una sesión extraordinaria municipal al día siguiente. Leído el oficio de destitución por el secretario, el alcalde socialista saliente, Vicente Manjón-Cabeza, mostró en nombre de todos los concejales su extrañeza por la medida, pues no conocía ley alguna que autorizara a los gobernadores civiles para tal destitución, y alegó que el Ayuntamiento lucentino siempre había estado a las órdenes de las autoridades constituidas. A esta protesta se adhirió Javier Tubío por Izquierda Republicana, el nuevo nombre que había tomado su partido, Acción Republicana, tras su fusión en abril de 1934 con el partido radical-socialista y el partido republicano gallego de Casares Quiroga. El 22 de octubre el gobernador nombró a los nuevos concejales interinos lucentinos (todos, menos uno, de la CEDA y del Partido Republicano Radical), que designaron alcalde al radical Bernardo Fernández Moreno.

Durante 1935, las secuelas de la política conservadora convencieron a la izquierda de la necesidad de unir sus fuerzas. Cuando se convocan nuevas elecciones legislativas para el 16 de febrero, la izquierda se presentó unida en una coalición electoral denominada Frente Popular —en la que participaba la Izquierda Republicana de Javier Tubío, la Unión Republicana, el PSOE, el partido comunista, etc.— que obtuvo la victoria con un programa electoral relativamente moderado, continuista respecto a la política reformista del primer bienio. En Lucena el Frente Popular también ganó y obtuvo el 53,66% de los votos frente al 38,32% de las derechas.

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La bandera republicana, en la parte superior, preside una comida de concejales del Frente Popular en 1936. De izquierda a derecha: Francisco Verdejo Ordóñez, Manuel Molero Bergillos, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba (alcalde), Javier Tubío Aranda, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”.

Una de las primeras medidas que tomó el Frente Popular después de su triunfo fue la reposición de los ayuntamientos surgidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados por las arbitrariedades de los anteriores gobernadores civiles. En Lucena, el nuevo gobernador civil del Frente Popular nombró una comisión gestora el día 22 de abril, integrada por casi todos los concejales electos en febrero de 1931 por la lista republicana. Como los concejales socialistas desistieron de volver a la política municipal en protesta porque la nueva gestora no reponía a todos los concejales elegidos en 1931 ni respondía a la correlación de fuerzas del Frente Popular, el nuevo Ayuntamiento se constituyó con algunos de los antiguos concejales de elección popular y los nuevos concejales interinos nombrados por el gobernador. Tras una votación, se nombró alcalde el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, de Unión Republicana, y como segundo teniente de alcalde a Javier Tubío, de Izquierda Republicana. Al igual que ocurrió en el primer bienio republicano, el interés del Consistorio se centró en la solución de la crisis obrera. Como hecho relevante, a comienzos de mayo, una delegación de cuatro concejales, compuesta por Javier Tubío, Domingo Cuenca Navajas, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Bergillos Gálvez, viajó a Madrid para gestionar la realización de algunas obras para dar trabajo a los parados y consiguió poner en marcha varios expedientes ministeriales, relativos a la construcción de locales apropiados para correos y telégrafos, la estación olivarera y la cárcel.

La corta experiencia de gobierno del Frente Popular terminó en muchas zonas de España con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En Lucena, esa tarde, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las cinco de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Reclutas, emitió el bando de guerra. El 20 de julio, a las diez de la noche, había convocada sesión municipal ordinaria. El bando de guerra, que prohibía la libre circulación desde las nueve de la noche y las reuniones sin permiso de la autoridad militar, no permitió a los concejales reunirse en el ayuntamiento, por lo que se convocó nueva sesión para el día 22. A las seis de la tarde de este día, con la autorización del teniente coronel Tormo Revelo y bajo la presidencia del segundo teniente de alcalde, Javier Tubío, que actuó como alcalde accidental, se reunieron seis concejales bajo la supervisión del delegado de la autoridad militar. En esta sesión, y como una manera de mostrar su desacuerdo con la sublevación, Javier Tubío solicitó licencia por tiempo indeterminado. A continuación, el comandante militar de Lucena destituyó a toda la Corporación municipal y nombró alcalde a Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil.

El término preciso para referirnos a lo que sucedió en Lucena entre 1936 y 1939 no es el de guerra civil, sino el de represión, pues en la localidad no hubo resistencia armada al golpe de Estado, combates u operaciones militares. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas —en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes— y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes, por lo que hubo que habilitar hasta seis cárceles, incluidos dos conventos y la antigua plaza de toros. De los concejales elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, ocho acabarían pronto fusilados: cuatro socialistas (Rafael Lozano Córdoba, Antonio Palomino Luque, Manuel Burguillos Serrano y José López Antequera) y cuatro republicanos. Estos últimos habían vuelto a su cargo en febrero de 1936, repuestos por el gobernador civil del Frente Popular. Para su desgracia, pertenecían además al triángulo masónico Isis Lucentino, lo que en pleno apogeo de la teoría del “complot bolchevique-judeo-masónico” como causante de todos los males de España agravaba aún más su situación. Javier Tubío intuía que sería una de las víctimas, ya que le comentó a su mujer que “el campo era labor de viudas”. Según el testimonio de su hija, Araceli Tubío Beato, su padre fue apresado el 31 de julio por el guardia civil Antonio Bermúdez Rocher. Cuando el guardia se personó en el domicilio, Javier Tubío no se encontraba allí, así que amenazó a su esposa y a su hija con detenerlas si no aparecía en dos horas (este guardia utilizó el mismo método expeditivo de arresto con otras familias lucentinas, según los testimonios que recogí en su momento).

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La cárcel del Coso aparece a la izquierda y al fondo, con un mástil en la puerta.

Tras su detención, condujeron a Javier Tubío a la cárcel del Coso, situada a escasos metros de su casa, donde el capitán de Infantería de la Caja de Reclutas Joaquín López Tienda ordenó que se le castigara encerrándolo en una incómoda y minúscula celda que se había improvisado en el hueco de la escalera. Como los familiares debían llevar la comida a los presos, se comunicaba con su mujer a través de unas notas que ocultaba en la cesta de los alimentos, así que un día le escribió que quemaran todos sus papeles por temor a que pudieran comprometerle. A la vez, en un intento de congraciarse con sus captores, y según publicó el periódico católico local Ideales el 24 de agosto de 1936, donó 250 pesetas (el jornal diario rondaba entonces las cinco pesetas) para la suscripción de oro para el Tesoro, una de las múltiples colectas que se organizaron en aquellas fechas para recaudar fondos en las zonas controladas por los militares sublevados. Mientras, su esposa y su hija iniciaron una peregrinación desesperada por los domicilios de personas influyentes con la finalidad de pedir clemencia para él, sin obtener ningún resultado. Por ejemplo, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego, conocido en Lucena con el apodo de Teniente Polvorilla, las echó a la calle sin contemplaciones.

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Foto de la zona de fosa común del cementerio de Cabra, donde presumiblemente se enterraría a Javier Tubío el 29 de septiembre de 1936.

A los pocos días de la detención de Javier Tubío, siguieron igual destino los otros masones del Consistorio: el alcalde Anselmo Jiménez Alba, el concejal de Izquierda Republicana José López Jiménez y el también concejal, diputado provincial y presidente de la agrupación local de Unión Republicana Domingo Cuenca Navajas. Todos ellos, junto con otros presos, salieron de Lucena en la noche del 28 al 29 de septiembre rumbo a Córdoba. El camión que los transportaba se detuvo a la altura del cementerio de Cabra, donde fusilaron a Javier Tubío, que entonces tenía 58 años de edad. Los demás prosiguieron el camino hasta Córdoba. Allí mataron a Anselmo Jiménez, José López y Domingo Cuenca un mes exacto más tarde, el 29 de octubre. El único miembro del triángulo masónico que consiguió escapar de la muerte fue el exconcejal Antonio Buendía Aragón, al que le sorprendió la sublevación militar en Madrid.

Javier Tubío posee el triste honor de ser el primer fusilado de la guerra civil que se anota en el Registro Civil de Lucena, el 22 de noviembre de 1937, casi 14 meses después de su muerte. La tardanza no resulta extraña porque todas las inscripciones de fusilados se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran. Durante los tres años de guerra sólo encontramos a cuatro fusilados en el Registro Civil de Lucena. El resto se inscribieron en años posteriores e incluso se produjeron diez asientos después del 18 de septiembre de 1979, como consecuencia de la Ley del gobierno de Adolfo Suárez sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares fallecidos a consecuencia de la guerra civil. Hemos de tener en cuenta que el impacto de la represión resultó tan brutal que muchas familias no asentaron a sus seres queridos en el Registro Civil por temor, porque nunca lo intentaron, renunciaron a hacerlo ante las dificultades o porque emigraron de la localidad. De los al menos 124 vecinos de Lucena fusilados durante la guerra civil, 55 (44,35% del total) no aparecen en el Registro Civil. Sus nombres se hubieran perdido para la Historia a no ser por la labor de identificación que inició en los años ochenta del siglo pasado el historiador Francisco Moreno Gómez, continuada por mi desde finales de los noventa.

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Partida de defunción de Javier Tubío Aranda.

Los registros civiles españoles son poco fiables no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar, la fecha de la muerte y la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. Además, resultan frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “no consta”. Así, en el acta de defunción de Javier Tubío no se indica la causa del fallecimiento y se apunta literalmente que “apareció muerto en la madrugada del 28 al 29 de septiembre de mil novecientos treinta y seis en las inmediaciones del Cementerio de Cabra, según resulta de la orden y testimonios presentados y su cadáver recibió sepultura en el Cementerio de Cabra”. Las inhumaciones de los fusilados también fueron irregulares y se efectuaban en fosas comunes, sin anotar el enterramiento en los libros de cementerio, como sucedió en este caso.

Tras el fusilamiento de Javier Tubío, su mujer y su única hija debieron soportar no solo el dolor de su muerte, sino las distintas formas de represión económica que se arbitraron contra los republicanos y sus familias en la España franquista. Los expedientes personales de Javier Tubío que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, relativos a la aplicación en su contra de la Ley de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo, nos han ayudado en buena medida a rastrear cómo afectó este proceso a su familia.

El 11 de noviembre de 1936, Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería y juez instructor militar de Lucena, cumpliendo un bando de 11 de septiembre sobre incautación de los bienes de personas “culpables de actividades marxistas o rebeldes”, ordenó abrir expediente a Javier Tubío. A partir de enero de 1937, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes continuó la tramitación del expediente. El juez de Lucena citó a Javier Tubío para ser oído en el caso, pero al desconocerse su paradero se publicó el 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia la cédula de citación para que compareciera en el juzgado en el plazo de ocho días hábiles. Junto a él se convocaba también a Antonio Buendía Aragón, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba, José Almagro García, Antonio Cortés Gallardo y José López Jiménez, “cuyo actual paradero se desconoce”, “con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil (…) como consecuencia de la oposición al Triunfo del Glorioso Movimiento Nacional”. Esta citación era un puro formalismo jurídico, pues de los siete nombrados, cinco ya habían sido fusilados, entre ellos él.

Desconocemos si el expediente de incautación de bienes contra Javier Tubío originó alguna sanción para su familia. En la entrevista que mantuve con su hija, me contó que les quitaron la cosecha de aceitunas del año 1936, pero que luego se la devolvieron por intervención personal del teniente Rafael García Rey, quien solía ser el administrador de los bienes que se embargaban a los republicanos en aquellas fechas.

Carnet de masón de Javier Tubío conservado por la familia.

Al igual que los expedientes de incautación de bienes, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió también para castigar económicamente a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional —forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado— con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes, de los que 6.454 correspondieron a la provincia de Córdoba, según el historiador Antonio Barragán Moriana. La sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas contra Javier Tubío se emitió en Sevilla el 28 de junio de 1940 y terminó con una multa de 15.000 pesetas. El tribunal estaba presidido por Rafael Añino Ilzarbe y de vocales ejercían Francisco Díaz Pla y Francisco Summers e Isern. Los motivos de la sanción consistían en que había sido jefe local de Izquierda Republicana, masón y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento del Frente Popular. La sentencia señalaba también que “dejó una sola hija hoy con veintitrés años de edad y bienes con valor aproximado de sesenta mil pesetas”.

La viuda presentó un recurso de alzada pocos días después, el 8 de julio de 1940, en el que solicitaba que se revocara la sentencia y que se absolviera de responsabilidad a su difunto esposo. En recurso alegaba, entre otras razones, que la sentencia partía “de supuestos de hecho erróneos y de ilógica aplicación del derecho” y que “las figuras de delito que se le atribuyen han nacido a la vida del derecho después de la muerte del inculpado”, remarcando con ello la barbaridad jurídica que suponía castigar a alguien por haber sido masón o haber militado en un partido político cuando esas filiaciones eran legales en el momento en que se habían producido. También apuntaba que la riqueza catastral de su marido era de 13.950 pesetas y no de 60.000, para lo que presenta un certificado catastral del Ayuntamiento en el que constaba que sus únicos bienes rústicos consistían en una finca de olivar y cereal de 11 hectáreas. El recurso iba firmado con el nombre de “Antonia Beato Vda. de Tubío”.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas estimó en parte, con fecha de 27 de marzo de 1941, el recurso de alzada. Consideró que “dadas las circunstancias especiales que concurren en el caso de autos y muy singularmente las de haber acatado el expedientado, alcalde interino a la sazón en el pueblo de Lucena, la declaración del estado de Guerra, así como la de haber de recaer exclusivamente la sanción que se imponga sobre una hija del expedientado, no puede menos de estimarse la procedencia de reducir a doscientas cincuenta pesetas la sanción económica impuesta”. Tras pagar la multa, la viuda y la hija de Javier Tubío pudieron acceder por fin a la libre disposición de los bienes de la herencia.

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Investigación secreta,  en 1944, sobre los antecedentes de Javier Tubío.

Junto a la Ley de Responsabilidades Políticas, a Javier Tubío se le aplicó otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Tras una fase de investigación secreta de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de la Gobernación, su expediente se abrió el 3 de octubre de 1944. El juzgado del caso recabó información sobre los “antecedentes masónicos y político sociales” de Javier Tubío al cuartel de la Guardia Civil de Lucena. El comandante de puesto, Ramón Cívico Quintana, le contestó cinco días más tarde que “a dicho individuo le fue aplicado el Bando de Guerra (…) por sus ideologías extremistas”. En consecuencia, el 20 de diciembre de 1944 el juez sobreseyó el asunto, pues según esta ley —y a diferencia de la Ley de Responsabilidades Políticas— la muerte del encausado extinguía su responsabilidad criminal y civil.

Para finalizar esta entrada del blog, debo señalar que he podido reconstruir de manera resumida la trayectoria histórica de Javier Tubío  gracias a mis investigaciones y a dos personas. Por un lado, Javier Tubío Ordóñez, sobrino bisnieto de Javier Tubío Aranda, que me alentó hace unos meses a que retomara mi labor investigadora sobre su antepasado y me ha facilitado algunos datos interesantes obtenidos del testimonio de sus tías.

La otra persona a la que debo agradecimiento es Araceli Tubío Beato, hija única de Javier Tubío, ya fallecida. La entrevisté en Córdoba capital en abril de 1997, cuando tenía 80 años. Era una señora culta y elegante. Se había trasladado allí después de haber vivido durante mucho tiempo en Ceuta. Su padre siempre había defendido que la mujer debía formarse y ejercer una profesión que le diera autosuficiencia, para no sentir la necesidad de depender económicamente de un varón. Esa filosofía la aplicó con su hija, así que entre los años 1930 y 1935 —coincidiendo prácticamente con el periodo de la II República— ella estudió Magisterio en Madrid, en la prestigiosa Residencia de Señoritas, homóloga de la masculina Residencia de Estudiantes. Esa residencia estaba ligada a los principios pedagógicos renovadores de la Institución Libre de Enseñanza y allí se formaron las élites sociales e intelectuales femeninas de la época.

Araceli elogiaba mucho a su padre, hasta el punto de que después de su muerte le rindió su particular homenaje estudiando la carrera de Derecho, pues él siempre quiso que fuese abogada. Según su testimonio, su progenitor poseía una profunda espiritualidad, admiraba a Jesucristo y a San Francisco de Asís y repartía dinero de manera generosa a los pobres. Nunca quiso abandonar Lucena, a pesar de que le ofrecieron ser gobernador republicano de León y un alto cargo en Canarias. Mantuvo una buena amistad con Manuel Azaña y con Santiago Casares Quiroga, ambos presidentes del Gobierno durante la II República, pero por desgracia la correspondencia con ellos y otra documentación personal que él creyó comprometedora ordenó destruirla cuando se encontraba preso en 1936. Según me confesó Araceli Tubío en la conversación que mantuvimos, su deseo (murió en el año 2009) era que la enterraran con su padre, algo que por desgracia no pudo cumplir, pues nunca lograron saber donde se encontraban sus restos.

Los presos de Baena en la posguerra

Al finalizar la guerra civil española, el 1 de abril de 1939, cientos de miles de refugiados que habían huido de las zonas ocupadas por el Ejército franquista desde el 18 de julio de 1936 debieron emprender, por mandato de las nuevas autoridades, el regreso a sus hogares. También volvieron a sus domicilios, tras su paso por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias, los 507.000 soldados republicanos que se hacinaban en campos de concentración construidos en edificios dispares y descampados, donde no se respetaban las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra.

El control de los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos los que llegaban debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen, donde se les fichaba a través de un breve informe. En él se anotaban sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra, una información que serviría de base para ulteriores acciones represivas. Ya el 9 de abril de 1939, el alcalde de Baena solicitó al teniente jefe de línea de la Guardia Civil que “sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberles por vía judicial, se formule sobre cada uno de ellos por la fuerza de la Guardia Civil el correspondiente atestado entregándolo en el Depósito municipal y las actuaciones a esta alcaldía a fin de poner a los individuos en cuestión a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”.

Según el libro de presentados de la “zona roja”, que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, 2.174 personas regresaron oficialmente a Baena como vencidos desde la España republicana. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de vecinos que huyeron del pueblo tras la entrada el 28 de julio de 1936 de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga, pues en ella no aparecen los nombres de los refugiados muertos durante los tres años de guerra, de los que permanecían apresados en otros lugares, de los exiliados y de los menores de edad. Aparte, este libro de presentados tiene dos páginas rotas, lo que impide contabilizar todos los nombres que se anotaron en su origen.

A los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la legalidad juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías jurídicas ni procesales, conculcando el derecho de defensa de los encausados, que casi siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial en la posguerra puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la contienda y había soportado ya una inmensa represión durante tres años, las causas judiciales superaran las 26.000 en 1939, y en 1940 alcanzaran las 37.000.

En la posguerra, la maquinaria judicial contra los republicanos se puso en marcha en Baena el 20 de abril de 1939, cuando se nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del sector quedó establecida en Baena y el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un crucifijo y un retrato del Generalísimo Franco. Los gastos de desplazamiento del juzgado de Baena también corrieron a cargo del Ayuntamiento, incluidos los de los componentes del tribunal de los consejos de guerra que se desplazaban a Baena para los juicios. Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por el tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Baena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba a las pocas horas, después de emitir la condena. Los juicios en muchas ocasiones eran colectivos (20 encausados, por ejemplo, se juzgaron en Baena el 24 de mayo de 1939), sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que evidencia la falta de afán probatorio y la ausencia de una justicia personalizada. Los juicios se celebraban en el Teatro de Baena (en la calle Alta), donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las víctimas como de los acusados.

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José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano. Hasta julio de 1943 permaneció encarcelado en Castro del Río, Córdoba, El Puerto de Santa María, Barbastro y Noales (Huesca).

En las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. En Baena, a los detenidos se les internaba en la cárcel de la plaza Vieja y en la Tercia (en la Carrera, al lado del cuartel y del ayuntamiento), donde también se concentraban presos de Albendín, Valenzuela y Luque. En febrero de 1940 se les trasladó al convento de las monjas de Santa María de Scala Coeli, de Castro del Río, en el que se llegaron a hacinar unos 1.500 presos según el estudioso local Francisco Merino Cañasveras, y de aquí salieron para las prisiones de Córdoba en septiembre u octubre. Para muchos ahí no acabó su periplo penitenciario pues el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que se llamó “turismo penitenciario” (de Baena encontramos presos en Madrid, Burgos, El Puerto de Santa María, etc.). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y escasez.

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Manuel Cañete Tarifa, de 22 años, murió por disparos el 10 de noviembre de 1939, en Baena, al intentar evadirse en un traslado de presos.

Según ha publicado el historiador Francisco Moreno Gómez, la mortalidad entre los internos fue extrema en la cárcel de Córdoba, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. De Baena murieron 12 presos en las cárceles de Córdoba, a los que hay que sumar al menos ocho que fallecieron en distintas circunstancias (enfermedad, suicidio, torturas, intento de evasión) en otras prisiones o batallones de trabajadores.

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El preso José de las Morenas Lara, de 28 años, fue torturado en 1939 en el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Las torturas fueron una trágica realidad en todas las cárceles franquistas. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos. Un torturado ya fallecido, José de las Morenas Lara, me contó en septiembre de 2006 que cuando le tomaron declaración en el cuartel en 1939 lo mantuvieron durante cuatro horas de rodillas sobre un garrote mientras le pegaban en la espalda. Por su testimonio, sabemos también que uno de los tres miembros de la familia de los “Zarabanda”, al que habían colgado de los brazos para torturarlo, no resistió el castigo y falleció en el hospital —quizás se refiera a José Padillo Marín, preso con anterioridad en el pueblo jiennense de Torres, pues los otros dos, su padre Agustín Padillo Moraga y su tío Manuel, terminarían fusilados—. En la cárcel de Castro del Río murió el 11 de mayo de 1939 otro vecino de Baena, el campesino de 34 años Felipe Aguilera Arroyo, cuando lo arrojaron a una letrina, donde pereció por asfixia. En el cuartel de la Guardia Civil de Albendín se apaleó también a los presos por medio de golpes de vergajo, puñetazos y patadas, o se les colgaba de las manos al techo, sin atender a los lloros de las víctimas.

Antonio Rojano Hornero, con su hijo y su mujer. Falleció, con 26 años, en la cárcel de Orduña (Vizcaya) en 1940.

El franquismo utilizó a los presos como mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron económicamente tanto la dictadura como la empresa privada. En octubre de 1938 se había creado el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, encargado de la gestión de los trabajos forzados de los presos en cualquiera de sus modalidades: batallones de trabajadores (reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, disueltos en octubre de 1942), destacamentos penales y colonias y talleres penitenciarios. De Baena, al menos 172 personas sufrieron explotación laboral en batallones de trabajadores y en batallones disciplinarios de soldados trabajadores situados en Los Pastores (Algeciras), Los Barrios (Cádiz), Melilla, Tetuán (Marruecos), en el campo de aviación de Labacolla en Santiago de Compostela —aquí estuvieron internados casi todos los vecinos de Albendín que sufrieron prisión en batallones—, etc. En estos batallones, al igual que en las cárceles, los reclusos no sólo sufrieron la masificación, la falta de higiene, la comida escasa, etc., sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta, lo que explica que al menos dos hombres de Baena (Antonio Cantero Cano y Antonio Serrano Ortiz) murieran en batallones de Melilla y San Roque. Entre 1938 y 1939 existieron en Baena dos batallones de trabajadores dedicados a la construcción de fortificaciones militares, adscritos al Ejército del Sur: el nº 5, con 331 prisioneros; y el nº 37, que compartía ubicación con el pueblo vecino de Luque, con 796 internados.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, y tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes —6.454 en la provincia de Córdoba, según el profesor Antonio Barragán Moriana— que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones fusilados o en las cárceles. En Baena, al menos 199 personas (entre las que se contaban una cincuentena de presos, 27 fusilados y dos muertos en las prisiones) se vieron afectadas por esta ley y por los expedientes de “incautación de bienes pertenecientes a individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes” que se incoaron desde el verano de 1936.

Es imposible conocer el número de personas que pasaron por la cárcel de Baena en la primera posguerra. Hay un informe de la Falange del año 1945 que recoge 67 nombres, pero es muy incompleto ya que sólo se anotan los condenados a penas de prisión, pero no los sentenciados a internamiento en los batallones de trabajadores, los condenados a muerte, los liberados sin juicio o los que fueron absueltos. Por desgracia, en el Archivo Histórico Municipal de Castro del Río, el lugar a donde fueron trasladados los presos de Baena, no se conservan fichas de prisión. Aun así, a través de otros documentos del Archivo Histórico Municipal de Baena (correspondencia municipal, informes policiales, fichas de familias pobres) y de algunos testimonios orales obtuve el nombre de otros 58 encarcelados en el pueblo o en otras localidades, lo que en su momento nos dio un total de 125 prisioneros. Esta cifra es la que se publicó en la segunda edición de mi libro Baena roja y negra en diciembre de 2013.

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Uno de los documentos del juez Manuel Cubillo Jiménez, con una relación mecanografiada de presos de Baena.

En el año 2015, Gabriel Caballero Cubillo me cedió copia de 66 hojas del archivo personal de su abuelo, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena durante la primera posguerra, de donde he extraído los nombres de casi un centenar de prisioneros más de los que yo ya tenía contabilizados. En consecuencia, las cifras publicadas de presos de Baena estaban desfasadas y era necesario actualizarlas. Esa es la causa principal que motiva esta nueva entrada del blog. En este momento, ya llevamos descubierta la identidad de 224 reclusos —Baena tenía un censo de 24.830 habitantes en 1940—, a los que hay que sumar 44 presos fusilados en posguerra, 20 que fallecieron en las cárceles y en los batallones de trabajadores y 14 internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 13. Asimismo, la documentación del juez Manuel Cubillo nos ha permitido sacar a la luz la identidad de 26 presos del vecino pueblo de Valenzuela y 57 procedimientos inconclusos del juzgado militar de Baena, posiblemente referidos a las fuerzas militares que estuvieron acantonadas en el pueblo durante la guerra civil.

Junto a las listas anteriores, a continuación publicamos también, en varios enlaces, los nombres de 36 presos en campos de concentración, de 172 internos en batallones disciplinarios de soldados de trabajadores y batallones de trabajadores, de 199 afectados por expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes y de los titulares de 180 informes policiales individuales. Estos informes se elaboraban a petición de los juzgados militares, casi siempre cuando el implicado se encontraba en prisión, pero al no tener certeza absoluta de su situación no los consideramos provisionalmente como reclusos y los incluimos en una relación aparte.

 

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

4. Milicianos El Alcaparro

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

5. Juventudes Libertarias

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

9. Yuste Álvarez, Alfonso

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

10. García Crespo, Andrés

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Listado de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil en Rute

En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

El triunfo de la rebelión golpista en Sevilla el 18 de julio de 1936, de la mano del general Queipo de Llano, determinó la suerte de varias capitales del sur de España. En Córdoba, el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por Queipo, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería a las cinco de la tarde. Entre los militares que intervinieron muy activamente a favor de la rebelión en la ciudad en aquella jornada destacaron dos oficiales nacidos en Rute: el teniente de la Guardia Civil Francisco Roldán Écija y su hermano Diego, que era capitán. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos, con la colaboración de miembros de la oligarquía y de los derechistas, tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que se proclamara el bando de guerra, se apresara a las autoridades republicanas y se apoderaran de las Casas del Pueblo y de los edificios municipales. Las llamadas de los militares rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba. En Rute, desde la misma noche del 18 de julio, la Guardia Civil, comandada por el teniente Basilio Osado Labrador y apoyada por un numeroso grupo de derechistas, se apoderó de la localidad, impuso el bando de guerra y desató una feroz represión sin que los republicanos ofrecieran resistencia.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

Los militares sublevados el 18 de julio de 1936 sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles, por lo que idearon una estrategia represiva, programada con antelación, para impedir por medio del terror la reacción de sus opositores. Son bastante conocidos los numerosos documentos que desde antes del golpe de estado circulaban entre los conjurados para la preparación de la insurrección militar. En ellos se incitaba a la utilización de una violencia indiscriminada para eliminar a los contrarios y de camino convencer, o al menos paralizar, a los indecisos. Por ejemplo, el general Emilio Mola Vidal, “director” de la conspiración militar”, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936, dos meses antes del golpe de estado, les advertía de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, el 30 de junio aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península y los republicanos no habían movido un solo dedo para oponerse a ella, los militares sublevados asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos anticipando el método que iban aplicar para conseguir el triunfo en toda la Península.

El principal obstáculo al que se enfrenta un historiador que desee investigar sobre la guerra civil y la represión franquista es la destrucción y el expolio de los archivos, palpables en varios pueblos del sur de Córdoba. En Rute, como fruto de los sucesivos traslados que ha sufrido el Archivo Histórico Municipal y de la evidente dejadez con que ha sido tratado, parte de la documentación que se conserva se encuentra amontonada en cajas, desordenada y sin catalogar, lo que ha dificultado el estudio de los acontecimientos acaecidos en el pueblo y el verdadero alcance de la represión.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla, tras volver de Cuevas de San Marcos.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla.

Los libros de defunciones del Registro Civil constituyen la fuente primordial para el estudio de la mortalidad durante la guerra. Sin embargo, desde el primer momento hubo un claro interés de las autoridades franquistas en esconder la represión que se había desatado, por lo que a través de los registros civiles es imposible concretar una cifra válida de víctimas republicanas, ya que muchas no se inscribieron o se anotaron falseando la causa de la muerte. Hasta los años ochenta del siglo pasado, ya en el periodo democrático, no consta en las hojas de los libros de defunciones del Registro Civil de Rute que la causa de la muerte de los asesinados es por “disparo de arma de fuego” o por “fusilamiento”. Con anterioridad, el motivo es siempre “desaparecido”, concepto que también encontramos en toda la documentación oficial. “Desaparecido, suponiéndole muerto” escribieron a lápiz en la ficha de recluta del albañil Francisco José Henares Porras que se conserva en el archivo municipal, cuando en realidad lo asesinaron el 28 de agosto de 1936, aunque nunca fue registrado.

Otro obstáculo para la correcta inscripción de los asesinados residía en que la administración judicial quedó en manos de adeptos al nuevo régimen que subordinaban la profesionalidad a la obediencia a los principios del Glorioso Movimiento Nacional, lo que explica carencias fundamentales en los registros. Por otro lado, el impacto de la represión resultó tan enorme que muchas familias no inscribían a sus allegados  por temor a sufrir la misma desgracia, por vergüenza o por desánimo ante las dificultades que se les planteaban, como por ejemplo la obligación de realizar el asiento anotando a los asesinados como fallecidos por muerte natural, a lo que muchas se negaron. Con tantos impedimentos y limitaciones se comprende que en bastantes municipios cordobeses (como ocurre en Rute, donde solo se inscribieron un tercio de los asesinados), figuren anotadas en los libros de defunciones del Registro Civil cifras muy bajas de víctimas de la represión franquista. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, el listado de decenas de miles de desaparecidos ocasionado por los golpistas en España a partir del 18 de julio de 1936.

La caza de los republicanos en Rute resultó fácil, pues la Guardia Civil se había apoderado el día 18 de julio de 1936 de los libros de registro de los afiliados a los partidos políticos y sindicatos, según reconoció el teniente Basilio Osado, comandante militar de Rute desde el inicio de la guerra, en sus informes para los consejos de guerra que se celebraron al final de la contienda. Casi todos los fusilados eran trabajadores (jornaleros del campo, albañiles, zapateros, etc.). Tan rápido actuó el huracán represivo que los 49 asesinados, menos uno, cayeron fusilados en los meses de agosto y septiembre de 1936 en las tapias del cementerio, la finca de La Pililla en las cercanías de Encinas Reales, la carretera de Jauja en Lucena o en las cunetas de cualquier camino.

El barbero Vicente Sánchez Montez, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

El barbero Vicente Sánchez Montes, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

Las cuatro primeras inscripciones de asesinados en el Registro Civil de Rute se realizan el 8 de junio de 1937, como consecuencia del expediente tramitado al amparo del Decreto de 10 de noviembre de 1936 que regula el asiento de los desaparecidos. Los anotados son el secretario de la notaría Juan José Rodríguez Rodríguez, el juez Salvador Villanueva Porras, el albañil Juan Antonio García Algar y el zapatero Antonio Cobos Fernández. En la década de los cuarenta se inscriben tres nuevos fusilados (el primero de ellos en 1945), cuatro en los cincuenta y otros cinco más entre los años 1981-1982, como consecuencia de la Ley de pensiones de guerra de 1979, aunque tres son foráneos (dos de Iznájar y uno de Cuevas de San Marcos). Por tanto, la mayoría de las inscripciones se producen fuera del plazo legal, muchos años después de que se hubieran producido los asesinatos. Todo esto explica que existan muertes registradas en más de una ocasión (como la del guarda forestal Juan Miguel Guerrero Curiel, inscrito el 30 de junio de 1954 y el 26 de mayo de 1981; la del vicesecretario de la agrupación socialista Antonio Porras Moreno, asentado el 22 de julio de 1955 y el 10 de agosto de 1982; o la de Vicente Sánchez Montes, anotado en Rute y en Málaga) y que los datos de los registros civiles no sean fiables a la hora de estudiar destalles históricos importantes de los fusilados, como el lugar y la fecha de su muerte o el oficio que tenían.

Juan José Rodríguez Rodrígez, hermano de Maruja, fusilado el 18 de agosto de 1936

Juan José Rodríguez Rodríguez, secretario de la Agrupación Socialista y empleado de la notaría, fusilado el 18 de agosto de 1936.

En noviembre de 2004 edité mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), que se agotó en solo dos meses, hubo que reimprimirlo en enero de 2005, y volverlo a editar, corregido y ampliado, en mayo de 2007. Si no hubiéramos acometido en aquel momento ese trabajo de investigación sobre Rute, es decir, si hubiéramos aplicado la política del olvido, es probable que nunca nos hubiéramos enterado de que la represión franquista se llevó por delante la vida de 49 vecinos fusilados en 1936, y no solo a los 16 que se inscribieron en los registros civiles, o de que al menos otros cinco murieron en las cárceles de Franco, dos fusilados en posguerra, otros dos en los campos nazis, siete mientras luchaban en la guerrilla o actuaban de enlaces, de que al menos cuarenta padecieron prisión en posguerra y que otros 139 sufrieron expedientes de represión económica. En el estudio de la represión, el tiempo trascurrido, lo mismo que la emigración en los años cincuenta y sesenta de los represaliados y de sus descendientes a las zonas urbanas para escapar del opresivo fascismo rural, no juega a nuestro favor. Dentro de unos pocos años, cuando las personas que aún mantienen memoria de los hechos desaparezcan o no podamos localizarlas porque viven en otros lugares, será imposible reconstruir el verdadero alcance de la represión franquista. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Las listas de víctimas que publico a continuación se basan en mi libro antes citado, con la inclusión de nuevos datos obtenidos por testimonios orales, como el de María Zamora Cobos, desde Elche, sobre su abuelo José María Cobos Caballero, preso en 1950; el de Carmen Cano Rodríguez, desde Gijón, sobre su bisabuelo Rafael Cano Tenllado, fusilado en 1936; el de Rocío Ordóñez Rivera, desde Madrid, sobre su abuelo Jacinto Ordóñez Romero, también fusilado; y desde Sevilla el de la familia de los hermanos Mariano y Luis Gutiérrez Pino, uno fusilado y otro muerto en el frente. Ninguno de estos hombres asesinados aparece inscrito en el Registro Civil como fallecido. En la relación incluimos también los nombres de los soldados republicanos que hemos podido rescatar, y de soldados republicanos y del Ejército franquista que murieron en el frente o a consecuencia de heridas de guerra. El nombre de las víctimas de la represión y de la guerra en Rute se puede consultar en este enlace.

OTRAS FOTOS DE REPRESALIADOS

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

Antonio Buendía Aragón (1893-1972): un lucentino fundador del Partido Comunista Español

Nota previa: se puede leer una versión más extensa de esta entrada del blog, en formato PDF, en este enlace. 

 

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Antonio Buendía Aragón en 1914, con veinte años.

Antonio Buendía Aragón nació en Lucena el 28 de junio de 1893, en el seno de una familia humilde. Sus padres, Ana Aragón Corpas y el estanquero Manuel Toribio Buendía Onieva, vivían en el número 39 de la calle Cabrillana. Según testimonios familiares tuvieron nueve hijos, de los que solo cuatro llegaron a la edad adulta. De pequeño, se encariñó con él la familia Fuillerat, formada por una tía y una sobrina, ricas propietarias agrícolas que habitaban en el número dos de la calle El Peso. Lo trataron como a un hijo, convivía con ellas y le costearon en Madrid los estudios de bachillerato en el instituto Cardenal Cisneros y en el liceo francés, y también la carrera de Derecho, que nunca llegó a ejercer.

La primera actividad política pública que conocemos de Antonio Buendía, cuando tenía 20 años, es su participación en el mitin del 1 de Mayo de 1913 en Lucena. Hacía pocos días que Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y de la UGT, había visitado la localidad y la organización local del partido se encontraba bastante revitalizada. La agrupación socialista de Lucena se había fundado en 1908, desapareció en 1914 y no se reconstituyó, junto a la Juventud Socialista, hasta junio de 1918. Poco tiempo antes, el 1 de marzo de 1918, Antonio Buendía había ingresado en la Agrupación Socialista de Madrid. En agosto, la Agrupación Socialista lucentina organizó en su sede una “Semana Roja” en la que Antonio Buendía intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo. Ese mismo año, representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en octubre en Madrid, bajo la presidencia de Pablo Iglesias. En febrero de 1919, con 25 años, se trasladó a Lucena e ingresó en la Agrupación Socialista de la localidad, por lo que el 30 de mayo de 1919 causó baja en el PSOE madrileño. La Agrupación Socialista de Lucena se convirtió durante aquellas fechas en una de las más nutridas de la provincia y, al igual que el resto de organizaciones sindicales cordobesas, vivió entre 1918 y 1921 (el llamado Trienio Bolchevique) un inmenso apogeo al calor de las esperanzas que había suscitado la revolución soviética en las clases trabajadoras. Su militancia se cifraba en 85 afiliados en 1918, 2.218 en 1919 y 200 en 1920.

La afiliación de Antonio Buendía al PSOE duró dos años escasos, ya que en 1920 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Español. Esta nueva organización se creó el 15 de abril en Madrid por la Federación de Juventudes Socialistas, descontentas con las tesis socialdemócratas del PSOE y partidarias de la adhesión a la Internacional Comunista, de carácter leninista. El 19 de marzo de 1921 se abrió el primer congreso del partido, en el que resultaría elegido miembro de su Comité Central y en el que participó con una tesis sobre la propaganda comunista y la preparación de los campesinos para la revolución. En noviembre, el partido se fusionó con el Partido Comunista Obrero Español (una escisión del PSOE surgida tras su III Congreso Extraordinario en abril) para formar el Partido Comunista de España. La andadura legal del PCE resultó muy corta, pues la dictadura implantada por el general Miguel Primo de Rivera, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923, clausuró sus sedes y declaró ilegales todas sus organizaciones. Es una incógnita el papel que jugó a partir de ese momento Antonio Buendía dentro del partido, pero a través de un informe emitido con posterioridad (el 31 de mayo de 1944), por la jefatura superior de la Policía de Madrid, sabemos que estuvo sometido a vigilancia a causa de su militancia comunista durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

En septiembre de 1926 Antonio Buendía, con 33 años, se inició en la masonería como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. La masonería estuvo muy poco implantada en la provincia cordobesa y en ese año solo acogía a 85 hermanos distribuidos en cuatro logias y dos triángulos (el triángulo es una pequeña organización masónica con al menos tres miembros). Buendía tomó el nombre simbólico de Babeuf, un revolucionario francés (1760-1797), defensor de la abolición de la propiedad privada y de la herencia, al que se considera uno de los precursores del comunismo. Antonio Buendía es el único caso constatado de masón comunista en la provincia de Córdoba. Aunque la masonería defendía principios laicos y anticlericales, y estaba extendida entre los militantes y dirigentes republicanos y socialistas, no era común encontrar a comunistas en sus filas. Estos acusaban a la masonería de organización “burguesa” y solían mantener posturas ateas, que casaban poco con la creencia masónica de la existencia de un ser superior hacedor del mundo. Cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo Isis Lucentino, Antonio Buendía, con el grado tercero, aparece entre sus cinco afiliados. Dirigía el triángulo el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que ejercía como venerable maestro del taller, del que también eran hermanos el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba y los propietarios Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez. Desconocemos hasta cuándo se prolonga la militancia masónica de Antonio Buendía, pero la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió el 23 de junio de 1934 al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, aún lo incluye en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la finca Huevos Fritos de Las Navas del Selpillar.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la sierra de Madrid.

En el ámbito personal, en fechas que no hemos podido concretar de los años veinte del siglo pasado, Antonio Buendía vivió dos experiencias importantes: fundó una familia y recibió una abultada herencia. En principio, comenzó a convivir con su paisana Adolfa Plata Navarro. Nunca se casó con ella y tuvieron tres hijas. La primogénita murió a los 12 años, en 1936, de una cardiopatía congénita. En 1927 nació Antonia, en Córdoba, y en 1929 Carmen, en Madrid. Cuando en 1931 Adolfa Plata se encontraba embarazada de gemelos, murió atropellada por un taxi. Por otro lado, al fallecer en Lucena hacia 1928 Francisca Eugenia Fuillerat Fuillerat, miembro de la familia que lo había acogido desde pequeño, Antonio Buendía se convirtió en heredero universal de su fortuna y en uno de los grandes propietarios agrícolas de Lucena, pues era el octavo mayor contribuyente por bienes rústicos en 1930. Entre las tierras heredadas se encontraban las fincas de olivar de El Contadero (1,42 ha) y la de Bellidos o Los Frailes (86.5 ha), que contenía una casa con molino aceitero y prensa hidráulica; el cortijo de Frías, en el término municipal de Cabra (130 ha); la finca Huevos Fritos, en la aldea de Las Navas del Selpillar (10,1 ha) y la hacienda Las Monjas (74,80 ha). Sus propiedades, por tanto, sobrepasaban las 250 hectáreas, cifra a partir de la cual se considera a un propietario como terrateniente.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El perfecto conocimiento que poseía Antonio Buendía de la lengua francesa y su amplia cultura le permitieron traducir al castellano al menos tres libros entre 1929 y 1930: Mi madre y yo a través de la revolución china (dos ediciones en 1929), escrito por Cheng Tcheng, de origen chino y uno de los fundadores del partido comunista francés; El fuego: Diario de una escuadra, (1930), un libro antimilitarista, basado en las experiencias en la Primera Guerra Mundial del autor, el escritor y periodista comunista francés Henri Barbusse; y El plan quinquenal de los soviets, (1930, con una segunda edición corregida y aumentada publicada en 1931), de Grigori Grinko, un alto cargo de la URSS. Las tres obras se publicaron por la editorial Cenit, creada a finales de 1928, y una de las empresas editoriales más importantes de España hasta el inicio de la guerra civil, con más de doscientos volúmenes editados, una buena parte de ellos de teoría marxista, temas revolucionarios y literatura proletaria. Durante la primera andadura de la editorial Cenit, Antonio Buendía mantuvo buenas relaciones con su director, el comunista Rafael Giménez Siles, y parece que en aquellos años también prestó dinero para apoyar el proyecto empresarial de Manuel Aguilar, que había creado la Editorial Aguilar en Madrid en 1923.

Adolfa Plata

Adolfa Plata Navarro, compañera de Antonio Buendía y madre de sus tres hijas.

Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930 y la corta “dictablanda” del general Dámaso Berenguer, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar decidió una vuelta pausada desde la dictadura a la normalidad constitucional por medio de unas elecciones. Comenzó por las elecciones municipales, que se celebrarían el 12 de abril de 1931, plegándose así a los deseos de los monárquicos partidarios de Alfonso XIII, que creían que podrían manipular con más facilidad estos comicios que los legislativos, pues confiaban en la tradicional fidelidad del voto rural, donde la maquinaria caciquil siempre había amañado los resultados. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían –como la mayoría de los ciudadanos– que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE (creado en la localidad en 1908, como ya hemos señalado) y el Partido Republicano Radical (constituido en Lucena en 1910), se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Bloque del Partido Social Democrático. También se incluyó en la lista a Antonio Buendía, quien al parecer se presentó bajo el paraguas del partido radical y no de manera abierta como candidato comunista, pues en este momento la política oficial del partido comunista, que apenas contabilizaba mil militantes en España, predicaba la no colaboración con los partidos “burgueses”, entre los que se alineaban los partidos republicanos. Aunque la candidatura republicana lucentina casi no pudo hacer propaganda, por no contar con un local adecuado hasta última hora, sí consiguió celebrar, a principios de abril, un gran mitin en la Era del Santo, al que asistieron unas tres mil personas. Presentó el acto Antonio Buendía, que informó de las trabas que había puesto el alcalde monárquico, Antonio del Pino Hidalgo, a la celebración del mitin, e intervinieron como oradores Antonio Villa, redactor jefe del periódico La Libertad; el catedrático Joaquín Nogueras; José Escudero, del comité central del Partido Republicano Radical Socialista; y el abogado socialista lucentino Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Las elecciones del 12 de abril de 1931 depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos, lo que permitió que Antonio Buendía resultara elegido concejal junto a sus cuatro compañeros masones del triángulo Isis Lucentino (uno de ellos, Javier Tubío Aranda, se convertiría en el nuevo alcalde republicano).

En el resto de España, sólo conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios. Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor –roja, amarilla y morada–, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la  Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora –sobre quien también recaía la jefatura del Estado–, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos.

A pesar de haber resultado elegido concejal, Antonio Buendía pasa la mayor parte de su mandato viviendo en Madrid con su familia, sin asistir a los plenos y casi sin participar en la política local. En la capital de España, aparece el 11 de febrero de 1933 como uno de los firmantes del Manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, junto a 91 escritores y profesionales de lo más granado de la intelectualidad española (Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Federico García Lorca, Ramón J. Sender, Jacinto Benavente, Clara Campoamor, etc.). Esta asociación, según recoge el manifiesto fundacional, “no tendrá más programa ni más bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la calumnia y la deformación”. Para conseguirlo, la asociación pensaba organizar una enorme campaña de conferencias, documentales sobre la URSS, proyecciones de películas de tipo informativo, publicaciones de libros, viajes de estudios, sesiones de radio, etc. La participación de Antonio Buendía en esta asociación le permitió mantener contacto con varios intelectuales, que iban su casa con frecuencia. Su hija Carmen recuerda haber estado varias veces sentada en las rodillas del poeta Federico García Lorca mientras este le contaba un cuento.

Las visitas de Antonio Buendía a Lucena en los años republicanos eran cada vez más cortas y esporádicas. Aun así, se vio implicado en la huelga de campesinos que se desarrolló en la localidad entre el 21 y el 23 de abril de 1933, en la que se pedía el cumplimiento de las bases de trabajo por los patronos y que se ocupase en el laboreo forzoso a los parados. El gobernador civil ordenó su apresamiento y fue trasladado a la cárcel de Rute en la madrugada del día 24, aunque al día siguiente quedó en libertad sin cargos.

Durante la II República no volvemos a tener noticias de Antonio Buendía hasta  el triunfo del Frente Popular, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas, en las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936. El nuevo gobierno frentepopulista ordenó la reposición de los ayuntamientos elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados en muchos lugares por las arbitrariedades de los distintos gobernadores civiles, como había ocurrido en Lucena. El gobernador civil de Córdoba nombró una Comisión Gestora municipal en Lucena el día 22 de febrero de 1936 en la que se incluía el nombre de Antonio Buendía como edil, pero este no se presentó para aceptar el cargo. Suponemos que Antonio Buendía tampoco se encontraba en Lucena cuando se creó la primera agrupación local del partido comunista el 31 de marzo de 1936 ni cuando el 16 de mayo se realizó en la Casa del Pueblo el primer acto preparatorio de la unificación de las Juventudes socialistas y comunistas lucentinas, que tomarían el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas al fusionarse al mes siguiente en toda España.

El golpe de Estado del 18 de julio triunfó en Lucena ese mismo día. En las jornadas siguientes, varios de los concejales y exconcejales socialistas y republicanos lucentinos, entre los que se encontraban todos los miembros del triángulo masónico Isis Lucentino, fueron detenidos y fusilados, y es muy probable que Antonio Buendía hubiera corrido el mismo trágico destino si no hubiera estado en ese momento residiendo en Madrid, en el número 27 de la calle Alberto Aguilera, su domicilio en la ciudad  desde 1931. Allí permaneció hasta noviembre, cuando la familia, para huir de los bombardeos de la aviación franquista, decidió marchar a Alicante. A esta ciudad llegaron la madre de Antonio Buendía, su hermana Araceli y su marido, su cuñada Araceli (hermana de su mujer) y sus dos hijas, Antonia y Carmen, pues la primogénita acababa de fallecer en Madrid. Antonio Buendía marchó a Valencia, adonde se había trasladado el gobierno republicano, y luego a Barcelona. De aquí hubo de exiliarse a Francia en 1939, junto a cientos de miles de españoles, tras la conquista de Cataluña por las tropas franquistas. Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, la familia de Antonio Buendía volvió a Madrid con sus hijas, donde les administraron el bautismo y la comunión al mismo tiempo, en consonancia con el ambiente nacional-católico que se impuso en la sociedad. En 1941 vivían en la calle Gaztambide y en 1945 se trasladaron a la calle Isaac Peral, un piso de alquiler que se convirtió en la residencia estable de las dos niñas y su tía Araceli Plata, que se ocupó ya definitivamente de ellas.

Al poco de producirse el golpe de Estado, en la España controlada por los sublevados se inició de manera institucional la represión económica en contra de los republicanos. El 13 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional (máximo órgano de gobierno) decretó la incautación de los bienes de los partidos y sindicatos que habían formado el Frente Popular, y encargaba a los generales jefes de los Ejércitos “tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del movimiento nacional”. El 20 de octubre de 1936, por mandato de la Comandancia Militar de Lucena al capitán de la caja de reclutas Juan Pedraza Luque, que actuó de juez instructor, se iniciaron las diligencias para la incautación de los bienes de Antonio Buendía. Con los datos recabados en el expediente instruido por el capitán Juan Pedraza, el 31 de diciembre de 1936 el Gobierno Militar de Córdoba emitió un informe para la Auditoría de Guerra en el que indicaba que “al encartado debe estimársele como ejecutor de actos contrarios al orden y culpable de actividades marxistas o de extrema izquierda”, por lo que proponía la incautación de sus bienes.

El 10 de enero de 1937, un decreto ley de la Junta Técnica de Estado, organismo que ejercía el gobierno en la zona franquista, establecía la creación de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado, con sede en Burgos, para investigar, inventariar y ocupar los bienes de las organizaciones proscritas y de los desafectos con la intención de enajenarlos o gravarlos. En cada capital de provincia se creó una Comisión Provincial de Incautación de Bienes, presidida por el gobernador civil. Un juez de carrera o militar, nombrado por la Comisión Provincial, se encargaba de instruir el expediente para declarar administrativamente la responsabilidad civil, pudiendo embargar los bienes del inculpado. Este proceso sancionador conculcaba garantías jurídicas tan elementales como el derecho a recurrir las sanciones.

La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Córdoba continuó, por tanto, la tramitación del expediente de Antonio Buendía, cuya instrucción realizó Manuel González Aguilar, juez de primera instancia interino de Lucena y teniente jurídico habilitado. El 23 de noviembre de 1937, este juez instructor acordó el “embargo de todos los bienes que posea Antonio Buendía Aragón, con el fin de asegurar en su día las responsabilidades que se le exijan por su oposición el Glorioso Movimiento Nacional” y nombró al teniente Rafael García Rey como administrador de los mismos.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria económica a los republicanos y a sus familias, que en muchas ocasiones ya habían sufrido la rapiña directa o los expedientes de incautación de bienes. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 325.000 expedientes, de los que 6.554 correspondieron a la provincia de Córdoba.

De los informes que se adjuntan en el expediente de responsabilidades políticas de Antonio Buendía, el más interesante es el de la jefatura superior de la Policía de Madrid, emitido el 31 de mayo de 1944, del que reproducimos un extracto:

Los informes político-sociales que existen en esta Dependencia son los siguientes: en época de la dictadura ya pertenecía al partido comunista y como tal estuvo vigilado. Personas que antes de la guerra frecuentaron su domicilio (Alberto Aguilera) han manifestado que en su biblioteca se encontraban libros de este tipo, y que una vez en la familia se dejó decir que tal hecho, así como su ideología, estaba influido por la participación en el negocio de la editorial que lanzaba dichos libros.

A juzgar por los informes se trata de persona inteligente, discreta y un tanto misteriosa, ya que no obstante conocer su matiz ideológico izquierdista en la vecindad nunca se pudieron conocer las actividades que desplegaba.

En la casa, donde había bastantes personas de derechas, ni denunció ni perjudicó a nadie, y solo hablan los informantes de que intervino a favor del portero cuando unos milicianos se lo llevaron a una checa con la intención de asesinarle, logrando que le pusieran en libertad. Otra familia de la casa que tiene un hijo “camisa vieja”, muy perseguido en periodo rojo, de nacionalidad cubana, dice que se encontraron al informado en Alicante, cuando ellos pretendían embarcar para La Habana, y como los rojos les pusiesen dificultades, creen, aunque no pudieran asegurarlo, que aquel interviniera en su favor, ya que al día siguiente pudieron marchar, dándoles toda clase de facilidades.

El 19 de junio de 1945, la sala del tribunal de Responsabilidades Políticas, siguiendo la petición fiscal, decretó “el sobreseimiento de este expediente y archivo sin declaración de sanción de responsabilidad política (…) acordando recobre la libre disposición de sus bienes si se le hubieran embargado”, ya que no aparecían “comprobados cargos de su responsabilidad política y actuación durante el Movimiento Nacional en su residencia en Madrid”.

Junto a la ley de Responsabilidades Políticas, a Antonio Buendía se le aplicó también otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Su expediente se abrió en julio de 1943. El 20 de octubre, el juez instructor Jesús Riaño Goiri dictó una orden de detención contra él por no haber comparecido en el procedimiento y, al no poderlo localizar, decretó continuar su procesamiento en rebeldía. El tribunal especial, presidido por el general Andrés Saliquet Zumeta y reunido en sesión secreta el 15 de septiembre de 1944, acordó adherirse en la sentencia a la petición del fiscal, que solicitaba 12 años y un día de cárcel con las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo del Estado y de organismos estatales o subvencionados.

Mientras era sometido en España a las leyes especiales de la dictadura franquista, Antonio Buendía seguía en el exilio. Había estado internado en los campos de concentración que se habilitaron en las playas del sur de Francia para los refugiados españoles hasta que consiguió salir hacia Buenos Aires, posiblemente desde Marsella y quizás en el mismo barco, el Mendoza, en el que viajaban el poeta Rafael Alberti y su mujer Mª Teresa León. De Argentina se dirigió en tren a Santiago de Chile. Allí se casó con Consuelo Nistal Martínez, que pertenecía a una saga de hermanos exiliados españoles que habían salido desde la Bretaña francesa para Chile, en el carguero Lipari, en febrero de 1940. Algunos de ellos eran de ideología socialista, como Luis y Alfredo (diputado por León en 1931 y cónsul de España en París al final de la guerra civil), y otros comunistas, como Elena, Celia y la propia Consuelo, que en 1940 tenía 35 años. Otro hermano, el comunista Luis, ya había fallecido en Rusia de muerte natural antes de 1940, y otro, César, murió de tuberculosis en las cárceles franquistas. Estos datos sobre la familia Nistal los he conocido gracias al testimonio de Nydia Nistal Alonso, una de las cinco hijas de Alfredo, exiliadas con él, que vive en Madrid y tiene 91 años. Ella retornó a España en 1982, junto a una hermana, huyendo de la dictadura de Pinochet, pues su familia se sentía vigilada, e incluso una sobrina había sido detenida y torturada. Además, el marido de Nydia trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de la ONU, y era compañero de trabajo y amigo íntimo de Carmelo Soria, el famoso diplomático exiliado español asesinado por agentes de la policía secreta de Pinochet en julio de 1976.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Durante su exilio en Chile, Antonio Buendía estuvo unos meses desterrado en la isla de Chiloé, ya que le aplicaron le Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que mantuvo prohibido el partido comunista entre 1948 y 1958. Antonio Buendía pudo contactar con su familia, que no sabía nada de él desde que abandonó España, a través de una carta que envió a una amiga común que vivía en Madrid. En 1953 sus dos hijas fueron a visitarlo. En el verano de 1956 Antonio Buendía y Consuelo Nistal se trasladaron de Chile a Francia, e hicieron escala en el puerto de Vigo. Su hija Carmen y su esposo viajaron desde Madrid para verlo y entregarle treinta mil pesetas, pero tuvieron un accidente y les robaron el dinero en la confusión del siniestro, así que no pudieron cumplir su objetivo. Desde París, en el año 1957 Antonio Buendía solicitó a las autoridades españolas la vuelta a España. El 22 de abril hay una petición de la Dirección General de Seguridad al jefe de servicio de ejecutorias del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo para consultar su situación legal y los inconvenientes para la repatriación, y el 3 de mayo se le responde que no existe impedimento para el regreso, “si bien tendrá que someterse a la jurisdicción de este organismo y al fallo, que en trámite de revisión, se dicte en las actuaciones”. En vista de que la contestación no le otorgaba la seguridad jurídica suficiente, decidió permanecer en su exilio parisino.

Consuelo Nistal y Sofía Velasco (1960) - copia

Consuelo Nistal y la niña Sofía Velasco, en Francia, en 1965.

Tenemos algunos datos de las actividades de Antonio Buendía en Francia gracias al diario ABC (9 de marzo de 1960) y a las investigaciones que en el Archivo Histórico del PCE ha realizado el madrileño Rafael Buhigas Jiménez, su sobrino bisnieto. En marzo de 1960, Buendía se vio inmerso en un proceso judicial en la región de París, por la tenencia de ejemplares de Mundo Obrero y otras publicaciones comunistas, que entonces estaban prohibidas en Francia, al igual que el partido. La redada supuso la detención de cincuenta militantes en varias regiones francesas (Toulouse, Marsella, Lyon, Tours, etc.) y golpeó gravemente a la organización del partido, que entonces contaba con unos dos mil afiliados en el exilio francés. En aquel momento Antonio Buendía servía de enlace con Chile y Méjico para el intercambio de publicaciones del PCE y trabajaba de corrector para Nuestras Ideas, una revista trimestral de ideas, política y cultura, en la que colaboraron múltiples intelectuales españoles, editada por el partido desde 1957 en Bruselas. Mientras, Consuelo militaba en la Unión de Mujeres de España, una organización de mujeres republicanas exiliadas próxima al PCE.

Tras la publicación de esta entrada del blog, nos hemos adentrado algo en la vida de Antonio Buendía y Consuelo Nistal en Francia a través del testimonio escrito de Sofía Velasco, que los conoció gracias a sus abuelos, también exiliados. Sofía, que en la actualidad vive en La Haya y que tenía 12 años en 1964, es nieta de Adolfo Velasco Arroyo, natural de Cabra, una localidad situada a diez kilómetros de Lucena; y de Josefa Hernández Zancajo, hermana de Carlos, diputado socialista por Madrid en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El matrimonio, exiliado también, poseía una casa en Eaubonne, a 15 kilómetros al norte de París. En el amplio jardín de la vivienda se reunían los domingos bastantes españoles (el pintor Pablo Coronado y su esposa Mausi, Pepe y Nati Romanos, Eduardo y Raymonde Box, Félix y Carmen Amade y otros). También acudían siempre Antonio y Consuelo, que vivían entonces en un hotel, ya que Antonio se resistía a comprar una vivienda. Años después adquiriría un pequeño piso en la calle Camille Desmoulins de la ciudad de Levallois-Perret.

Antonio Buendía y Aurora Velasco (1960)

Antonio Buendía y Aurora Velasco en el jardín de la casa de los abuelos de la niña en Eaubonne (Francia), en 1960.

Además de las conversaciones políticas que mantenían en la casa de Eaubonne, Sofía recuerda que Antonio Buendía contaba haber sido vecino del escritor Ramón María de Valle Inclán en Madrid, que sentía animadversión ideológica hacia el novelista Ramón J. Sénder y que hablaba de Unamuno como si lo hubiera conocido. Antonio y Consuelo mantenían una relación casi familiar con la familia Velasco Hernández, a la que visitaban con muchísima frecuencia. Se encariñaron con sus nietas (su hermana Pepa era el “ojito derecho” de Antonio, según el testimonio de Sofía), a las que con frecuencia regalaban libros comprados en la famosa Librería Española de Antonio Soriano, en la Rue de Seine de París, y alguna obra dedicada a puño y letra por el poeta y futuro premio nobel Pablo Neruda, con quien Antonio Buendía había forjado amistad durante su estancia en Chile. Algunos inviernos Antonio y Consuelo visitaban Rusia durante un mes, parece que invitados por Dolores Ibárruri (presidenta del Partido Comunista de España) o alguien de su entorno. También fueron en bastantes ocasiones, junto al grupo de exiliados que se reunían en la casa de Eaubonne, a colocar folletos del partido comunista en los asientos de los viajeros que salían desde la estación de París-Austerlitz, el gran enlace ferroviario de Francia con España en aquel entonces.

En 1963 Antonio Buendía intentó de nuevo entrar en España, pero tras interesarse por los inconvenientes para la repatriación, las autoridades españolas, a través de la Dirección General de Seguridad, le respondieron que su situación legal “no ha variado”. El regreso solo pudo ser posible tras el decreto del 1 de abril de 1969, que con motivo del treinta aniversario del final de la guerra civil declaraba prescritos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Antonio y Consuelo volvieron a España y vivieron unos meses en Madrid, pero al poco tiempo regresaron a Francia. Enfermo, y sabedor de su próximo final, Antonio Buendía decidió vender con suma rapidez y a bajo precio sus propiedades en España, entre las que destacaba el cortijo de Frías, de las que obtuvo veinticinco millones de pesetas en efectivo (a los pocos meses, el comprador las revendió por cuatro veces más). El dinero lo donó al Partido Comunista de España.

Antonio Buendía Aragón, en una foro de los últimos años de su vida.

Antonio Buendía Aragón, en una foto de los últimos años de su vida.

A principios de los años setenta el matrimonio se instaló en Rumanía, donde imperaba la dictadura comunista de Nicolae Ceaucescu, para “vivir de la solidaridad internacional”. En la capital rumana, Bucarest, Antonio Buendía falleció el 22 de marzo de 1972, a los 78 años, según publicó el 16 de abril el periódico oficial y clandestino del partido comunista, Mundo Obrero, e incluso ABC y La Vanguardia. Al funeral asistió una representación del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCE y una delegación del Comité Central del Partido Comunista Rumano. La viuda, Consuelo Nistal, decidió entonces salir de Rumanía y regresar a Chile, debido a su precaria situación económica. En el archivo del PCE se conservan los extractos de algunas cartas que su hermana Elena intercambia en 1973 con la dirección del partido para que le paguen el traslado, ya que ella no tenía medios materiales para hacerlo. Una de las cartas, escrita con familiaridad el 1 de abril, creemos que va dirigida a Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Consuelo, que sobrevivía gracias a una exigua pensión que le pasaba el Partido Comunista de España, murió a finales de los años ochenta, cuando tenía alrededor de noventa años, en el modesto piso que había compartido con Antonio Buendía en Levallois-Perret, ya que el golpe de Estado de Pinochet en septiembre de 1973 le impediría regresar a Chile.

Reconstruir la historia de Antonio Buendía ha sido una tarea muy espaciada en el tiempo. Cuando en el año 1997 encontré su nombre por primera vez en los libros, me sorprendió que existiera tan poca información a pesar de que había tenido una cierta relevancia en el panorama político de su época. La abogada Araceli Tubío Beato (hija de Javier Tubío, primer alcalde republicano de Lucena, fusilado en 1936) fue la primera persona que entrevisté que lo había conocido, y desde entonces solo dos personas más lograron darme algún dato puntual de él. Araceli Tubío solo logró recordar que era muy educado, que siempre le regalaba bombones, que hablaba francés a la perfección y que se exilió. Esa conversación ocurrió en abril de 1997 y ella tenía en aquel momento 84 años. Desde entonces, poca información más pude conseguir a pesar de mis afanes.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

La situación varió hace escasos meses. Su sobrino bisnieto, el ya aludido Rafael Buhigas, estudiante de Historia, se puso en contacto conmigo desde Madrid porque estaba también interesado en su biografía. En septiembre descubrió algunos documentos en el Archivo del PCE, que me envió y que me permitieron localizar a la poetisa chilena Freya Hödar Nistal, sobrina nieta de su viuda, que a su vez me facilitó el contacto con la familia Nistal en Madrid. A continuación, obtuve del Archivo Documental de la Memoria Histórica de Salamanca copia de los más de trescientos folios que ocupan sus expedientes de incautación de bienes, de responsabilidades políticas y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Los datos familiares que aparecían resultaron decisivos para encontrar en Madrid a dos nietas de Antonio Buendía, Sara y Elena Muñiz Buendía (hijas de Carmen), y a su hija Antonia, de 87 años, que me han aportado fotos y distintas informaciones que han servido para completar esta biografía. El testimonio escrito y las fotografías de Sofía Velasco, que como hemos señalado lo conoció de niña en París, han sido también imprescindibles. Con un extracto de los recuerdos de Elena Muñiz, nieta de Antonio Buendía, concluyo esta pequeña historia:

 Mi abuelo siempre me ha parecido un ejemplo muy cercano de que la posesión de bienes materiales no lleva necesariamente a la identificación con la clase dominante, como muchos sostienen en contra de la evidencia histórica. Yo lo vi pocas veces, y lo recuerdo como una persona de pequeño tamaño y fuerte presencia, magnético y con aspecto de hacer pocas concesiones, a pesar de la merma de los años. Alguien que, pese a haberse visto inmerso en las tremendas corrientes que sacudieron su siglo, había intentado mantener su rumbo y sus convicciones.

Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)

Aunque Montilla ya había conocido una enorme represión tras el triunfo del golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como la “política de la venganza”: exilio, campos de concentración, batallones de trabajo, torturas, consejos de guerra, cárceles, fusilamientos, depuraciones, responsabilidades políticas… En un auténtico desprecio por la suerte de los vencidos, no hubo reconciliación ni amnistía ni perdón. La dictadura, imbuida de militarismo y fascismo, olvidó el lema de “Si no has cometido crímenes, no tienes nada que temer”, y desde el principio la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la misma estructura política del régimen. Prueba de ello es que había 507.000 prisioneros en los campos de concentración en 1939. En las cárceles permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado a otras localidades o se habían enrolado como combatientes del Ejército republicano. Temerosos, los refugiados regresaban a pie o en cualquier medio de tracción desde los lugares en que se habían refugiado en la contienda. A la incertidumbre y a las penurias del regreso se añadían las últimas experiencias vividas, ya que a menudo los métodos para expulsar a los asilados de las poblaciones de acogimiento resultaban expeditivos. De madrugada echaron a la familia del socialista Juan de la Torre Requena del cuartel donde se había cobijado con otros montillanos durante la guerra en Torreblascopedro (Jaén). Cuando la Guardia Civil ocupó la localidad, simplemente les espetó: “Váyanse, esto es nuestro”. En la misma provincia, a la familia Gómez Márquez la expulsaron del cuartel de Jabalquinto en medio de los cánticos y la euforia de las mujeres derechistas que se arremolinaban en la calle. Tres días tuvieron que aguardar a la intemperie a que apareciera el sucio tren de mercancías que los trasladó a Montilla. Asimismo, la familia Ruz Morales tardó cuatro días en llegar también en un tren de mercancías desde Murcia, alimentándose sólo de azúcar, la única comida que poseían.

49.El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

Los soldados y militares republicanos volvieron a Montilla desde los campos de concentración que se habían habilitado por toda España, enviados por las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados establecidas en las distintas provincias. Otros fueron reclamados por el juzgado local cuando se encontraban internados en los campos de concentración o interceptados por las fuerzas de orden público cuando atravesaban distintas localidades. A algunos los trajeron desde Alicante, en cuyo puerto se habían aglomerado más de 15.000 personas en un último y desesperado intento de escapar de España en unos barcos que nunca llegarían. Una delegación de guardias montillanos se trasladó expresamente a las prisiones de la ciudad levantina para arrastrar hasta Montilla a los comandantes del ejército republicano Juan Córdoba Zafra y Manuel Alcaide Aguilar, al concejal Francisco Merino Delgado y al alcalde Manuel Sánchez Ruiz. También se encontraba allí Francisco Hidalgo Luque, que se había integrado en el grupo de resistentes, capitaneados por Manuel García Espejo, que se había creado en la sierra en los primeros días de la guerra, y luego en la compañía de milicianos, formada por el también montillano Juan Córdoba Zafra, en Bujalance. Tras luchar en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Teruel y Valencia, Francisco Hidalgo acabó en el puerto de Alicante, donde arrojó al mar una maleta con tres millones de pesetas –que custodiaba porque tenía el grado de teniente pagador– para evitar que cayera en manos de los franquistas. Lo internaron en el castillo de Santa Bárbara, sin mantas para protegerse del frío, y sometido a los malos tratos de los guardianes, quienes para aumentar el sufrimiento de los presos ante las bajas temperaturas los rociaban con cubos de agua, hasta que lo trasladaron a la cárcel de Montilla el 28 de julio de 1939.

27.Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Otros ni siquiera pudieron llegar a Montilla, como Francisco Urbano Baena “El Duende”, que tenía tan sólo 14 años cuando huyó a Espejo con su primo Luis Pérez Baena “Niño Ríos”, de la misma edad. Tras recorrer Castro, Bujalance, Villa del Río y Andújar, Francisco Urbano acabó su periplo en Arjonilla (Jaén). Consiguió alistarse en el Ejército republicano y, al finalizar la guerra, lo detuvieron junto a sus compañeros. Un capitán del Ejército franquista le ordenó que volviera desde Arjonilla a Montilla, y que se presentara ante la Guardia Civil. En el camino de regreso, fue arrestado en Villa del Río y confinado en Córdoba en un vagón de tren que lo trasladó al campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga), donde había sólo una fuente de agua para que bebieran los seis mil prisioneros que allí se hacinaban. Su familia obtuvo un aval para que lo sacaran del campo, pero al ser menor de edad las autoridades militares decidieron internarlo en un correccional en Burgos. Sin embargo, el padre de Francisco Urbano, que en sus frecuentes visitas había colmado de regalos a un sargento del campo, consiguió que éste hablara con el capitán y que, por fin, lo liberaran.

La mayoría de los refugiados regresaron a Montilla en tren. Apostados en los andenes, guardias municipales, guardias civiles y voluntarios –que no faltaban para este menester– realizaban una primera labor de identificación, registro y humillación de los que llegaban. Personajes como “El Mellao”, “El Bravo”, “El Borrico”, “El Cojo Púa”, “El Regaera”, Paco Enríquez Leña y Mariano Luque Pardo “El Pulga” destacaron en estas labores. Dirigentes izquierdistas y mandos militares republicanos se convirtieron en el objetivo más codiciado y su apresamiento provocaba palabras de euforia de los captores. Desde la estación, como si de un espectáculo público se tratara, los conducían a pie a la sede de la Comandancia en la calle Ancha o al cuartel de la Guardia Civil para ser interrogados.

Rafael Ruiz Luque arribó desde Campo de Criptana (Ciudad Real). En Montilla ya habían fusilado a un hermano y otro había muerto en el frente. Tras recibir la orden de presentarse en Montilla y sufrir múltiples vicisitudes por la falta de medios de transporte, llegó a la estación de Córdoba, donde se encontró con un cuñado suyo requeté, quien le advirtió de que lo esperaban en Montilla para fusilarlo. Cuando entró en la localidad decidió bajarse del vagón por la parte de atrás para que no lo descubrieran. Después se presentó ante la Guardia Civil, en el cuartelillo de la calle Ancha, donde le tomaron declaración. Al manifestar que vivía en El Coto –una zona con fuerte tradición izquierdista–, un guardia comentó a los otros: “Ya sabes lo que tienes que hacer, que hay muchos mascando tierra por menos que ése”. Por suerte, la recomendación no se cumplió.

63.El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

Todos los que regresaron a Montilla desde la zona republicana debían presentarse ante la Guardia Civil, que elaboraba un breve informe sobre sus antecedentes, conducta y actividades político sociales –antes y después del comienzo de la guerra–. Si después de declarar salían en libertad, recibían la orden tajante de no frecuentar lugares públicos y de no permanecer por la noche en las calles. Otros muchos quedaban detenidos y eran trasladados a la cárcel. Si en un primer momento alguno pasaba desapercibido, bien porque no hubiera sido reconocido o porque se hubiera apeado intencionadamente del vagón antes de llegar, a las pocas horas recibía en su domicilio la ingrata visita del guardia correspondiente que le conminaba a acompañarle. Eso le ocurrió a Antonio García Hidalgo, un joven al que la sublevación le había sorprendido de permiso del servicio militar en Montilla. No volvió a su acuartelamiento, sino que se alistó en las milicias de Espejo, y combatió en Pozoblanco y Alcázar de San Juan. En el exilio, permaneció internado en los campos de concentración del sur de Francia, por lo que decidió regresar a España. Aquí fue encarcelado en el campo de concentración de Toro (Zamora), hasta que la familia le buscó un aval que le permitió volver. En la estación de Montilla consiguió escabullirse y pasar desapercibido, pero al día siguiente lo detuvieron en su domicilio y lo trasladaron a la cárcel.

Desde algún tiempo antes del primero de abril de 1939, la Auditoría de Guerra del Ejército de Operaciones del Sur, los juzgados militares, la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados de distintas localidades (Deusto, Granada, Málaga, etc.) y los campos de concentración de prisioneros de guerra no paraban de solicitar informes “de conducta moral y política” de los cientos de montillanos huidos. En respuesta, las autoridades  redactaban minúsculos certificados, apenas unos renglones, en los que se catalogaba a los encausados con expresiones peyorativas como “conducta moral pésima”, “antecedentes malos”, “conducta política social indeseable”, “socialista de cuidado”, “sinvergüenza”, “provocador de las personas de orden”, “saqueador”, etc. Incluso a Aurelio Casas Córdoba se le imputaba ser “ateo de nacimiento”. Sin embargo, escaseaban las acusaciones concretas, pues a la mayoría de ellos se les solía inculpar genéricamente de haber participado en los sucesos del 18 de julio, de haber integrado las partidas de huidos en la sierra o de haber colaborado en la detención de derechistas.

56.El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

Muy fácil fue en aquellas circunstancias obtener de los presos los testimonios que sus captores querían. Los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades, por lo que las torturas, las palizas y los malos tratos fueron una práctica normal y generalizada en las prisiones montillanas según nos confirman múltiples testimonios. De acuerdo con el testimonio de su esposa, a Francisco Córdoba Gálvez “Arrobeta” lo golpearon, colgado de los brazos, hasta que perdió el conocimiento. Según las manifestaciones de su hija, a Emilio Montoro Delgado lo torturó un cabo de la Guardia Civil, en las dependencias del juzgado militar, después de obligarle a desvestirse. A Rafael García Espejo, aparte de propinarle continuas palizas, le arrancaron el bigote. A Manuel Ruz Aguilar lo apaleron varias veces atado a una higuera. Antonio Pérez Lao “El Seguro” llegó a la prisión con una pierna rota, pero el estar herido no impidió que recibiera malos tratos. Nada más salir de la cárcel, fue ingresado en un hospital, aunque no consiguió recuperarse y murió en 1943. Su padre había sido fusilado seis años antes.

Los juicios se celebraban en el salón de plenos del ayuntamiento, para que el escarmiento resultara lo más público y ejemplar posible. Invocando una clara “justicia al revés”, aquellos que se habían sublevado sin atender a las leyes civiles y al código militar procesaban por rebeldes a los que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana. Los consejos de guerra montillanos se convirtieron en una venganza para castigar a quienes más se habían destacado en la lucha social y política durante la República, a los que habían desertado de sus unidades militares para integrarse en las filas republicanas o habían alcanzado alguna graduación en el Ejército durante la contienda. La acusación se basaba fundamentalmente en declaraciones de propietarios agrícolas o en informes elaborados por la Falange, la Guardia Civil y el Ayuntamiento que insistían en los antecedentes políticos del reo y en sus “ideas extremistas” y que muchas veces eran hasta incapaces de determinar la filiación política del encausado. No solían aportar testimonios de testigos directos o fiables de los hechos que se imputaban, pero eso no evitó que bastantes procesados acabaran condenados a pena de muerte.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. Para albergar al gran número de presos se habilitó durante la guerra una nueva prisión en las escuelas del convento de San Luis, donde en 1939 había internados 646 reclusos, de los que 239 eran de Montilla. Completaba a las que ya existían en el depósito municipal y en el actual juzgado, ésta última dirigida por Mariano Varo Espejo. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernán Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas.

53.Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

El hacinamiento en la prisión del convento de San Luis era tal que un importante número de detenidos debía dormir a la intemperie en el patio de prisión, por donde corrían las ratas. Los presos se alimentaban de lo que las familias les facilitaban. Aquéllos que no poseían la fortuna de tener cerca a sus allegados se veían obligados a vivir de la caridad de sus compañeros de presidio o a esperar que cada cierto tiempo les llegaran los envíos de comida desde sus domicilios en los pueblos de alrededor. Las familias de los reclusos, que con frecuencia vivían de la caridad y de la mendicidad, y que a menudo estaban encabezadas por mujeres con hijos y ancianos a su cargo, debían añadir a la esforzada lucha por su subsistencia diaria la manutención de sus padres, hijos y hermanos encarcelados, en un periodo de racionamiento, carestía y estraperlo. Los familiares que residían fuera de Montilla tenían que realizar largas caminatas, a pie o en bestias de carga, con los pocos avituallamientos que podían conseguir para evitar que sus allegados murieran de hambre en los calabozos. Igual calvario debían soportar los parientes de los montillanos recluidos en otros lugares. Por ejemplo, el secretario de las Juventudes Socialistas, Juan Córdoba Zafra, detenido en Alicante, le rogaba a su familia en junio de 1936 que cada semana le enviara un paquete de comida por ferrocarril, además de un paquete con un kilo de cuartillas de papel, dos lápices, algunas novelas, sellos y dinero. Cuando lo trasladaron a la cárcel de Montilla, las peticiones en sus cartas incluían también productos de higiene.

El trasporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. Cinco pesetas de la época valía un billete del tren (al que llamaban “El Corto”) que realizaba el recorrido entre la estación de Montilla y la de Córdoba, lo que suponía un gasto extraordinario para unas personas ya de por sí depauperadas. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (seis de ellos montillanos) debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente.

A continuación publicamos los nombres de los 646 presos que sufrieron cárcel en Montilla, de los que 239 eran montillanos y 407 forasteros: Fernán Núñez (150 presos), Doña Mencía (62), Iznájar (36), Luque (24), Priego de Córdoba (16), Nueva Carteya (16), Zuheros (15), Cabra (14), Carcabuey (12), Lucena (12), Rute (9), Valenzuela (8), Fuente Tójar (7), Almedinilla (7), y otras localidades (19). Añadimos también una lista con otros 200 nombres de montillanos represaliados en la posguerra (presos en campos de concentración, cárceles, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, depurados, exiliados, sometidos a expedientes de responsabilidades políticas y un elevado número de huidos de los que distintos juzgados solicitaban informes). Los enlaces son los siguientes:

Nota: para elaborar la información de esta entrada del blog he usado los testimonios orales, recogidos en el año 2001, de los montillanos José de la Torre León, José Ruz Morales, Antonio Hidalgo Salido, Francisco Urbano Baena, Rafael Ruiz Luque, Rafael García Hidalgo, Rosario García Espinosa, José Ruz Morales, Jesús Aguilar Hidalgo y Jacinto Pérez Delgado (este último, en Sant Joan Despí, Barcelona).

OTRAS FOTOGRAFÍAS

20.Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

32.Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

33.Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

34.José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

60.El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

75.José Gómez Márquez, primero por la derecha en ambas fotos, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

José Gómez Márquez, primero por la derecha, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

55.El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

43.Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del Ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.