Presentación del libro: Lucena 1900-1945. Movimiento obrero, republicanismo y represión política

A continuación publico el texto de mi intervención en la presentación de mi último libro, Lucena 1900-1945. Movimiento obrero, republicanismo y represión política, que se celebró en la Casa de los Mora el día 8 de julio de 2021. El vídeo íntegro de la presentación se ha obtenido del canal de Youtube del periódico digital Lucena Hoy y se puede visualizar en este enlace.  

 

Portada del libro.

El libro que hoy presentamos es una selección de artículos de mi blog a los que he añadido un capítulo nuevo. El blog nació hace ocho años, en julio de 2013, y en él se han publicado 59 entradas. En la actualidad acumula 258.000 visitas, una cifra bastante elevada si tenemos en cuenta que su ámbito de estudio se centra en pueblos del sur de Córdoba como Lucena, Baena, Montilla, Rute, Fernán Núñez, Iznájar y otros. La mayoría de las entradas se refieren a Lucena, una localidad a la que en 1998 dediqué mi primer libro, Lucena: de la II República a la Guerra Civil, del que con rapidez se agotaron dos ediciones. En el año 2000 vería la luz un segundo título, República, guerra y represión. Lucena 1931-1939, que revisaba y ampliaba de manera significativa lo publicado con anterioridad. Esta obra recibió también una magnífica acogida y se imprimieron tres ediciones, la última en 2010, corregida y aumentada. Desde entonces, todas mis investigaciones sobre Lucena se han difundido a través del blog.

En septiembre del año 2020 la Diputación Provincial de Córdoba convocó unas ayudas en materia de Memoria Democrática a las que podían concurrir los ayuntamientos. La delegación de Archivo, Publicaciones y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Lucena decidió acogerse a ellas para editar un libro que recopilara los artículos de mi blog relacionados con esa temática. Desde la entidad municipal se entendía que era una manera de que mis investigaciones llegaran a personas que por su edad o circunstancias tenían dificultad para relacionarse con el mundo digital o simplemente preferían la lectura en papel en lugar de en una pantalla. La concejalía consideraba además que así se facilitaba el acceso conjunto a la información que contenía el blog, lo que a su vez podría ayudar a difundirlo de un modo diferente y entre nuevos lectores.

El libro se ha estructurado en tres bloques temáticos que comienzan con los inicios del movimiento obrero en nuestra localidad. A principios del siglo XX se vivió en la provincia de Córdoba un auge del sindicalismo que se manifestó también en Lucena, que en el año 1900 albergaba a 21.179 habitantes (la mitad que ahora). En aquel momento, la actividad económica más importante y la gran fuente de riqueza era la agricultura. En el campo cordobés hubo dos factores que ejercieron una influencia decisiva en el nacimiento de la actividad sindical. Por un lado, la concentración de la propiedad de la tierra en manos de un número reducido de personas, a las que las clases populares llamaban señoritos o patronos. Por otro lado, la miseria de los jornaleros, que constituían la inmensa mayoría de la población y sobrevivían con un sueldo escaso y sometidos al paro estacional, a unas jornadas laborales de sol a sol y a unas condiciones de trabajo abusivas. En aquellos años no existían, como ahora, un salario mínimo o contratos de trabajo estables, ni seguros sociales o de desempleo que pudieran remediar la angustiosa situación de los trabajadores agrícolas.

En Lucena la actividad sindical tuvo raíces socialistas, sin que aquí arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia como Castro del Río, Espejo, Baena, etc. Las primeras organizaciones de trabajadores vieron la luz en el verano de 1902, cuando se crearon las sociedades de Albañiles, Zapateros y Veloneros. La primera gran organización sindical de los trabajadores del campo lucentino, la Liga Obrera, se fundó en 1904, y el 30 de junio de 1908 nació la Agrupación Socialista, aunque su actividad solo duró un año. Fue la primera de la provincia tras la de Córdoba capital, que se había creado en 1893.

En mayo de 1909 resultó elegido concejal el abogado Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que jugaría un papel importante en la reorganización del socialismo local. Francisco de Asís López mantuvo una intensa correspondencia durante cuatro años con Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y de la UGT, que se había convertido en 1910 en el primer diputado del partido socialista de la historia. Conservamos copia de 24 cartas enviadas por Pablo Iglesias a Francisco de Asís López, y todas se publican en el libro. Las originales fueron donadas en mano por su hijo Miguel a Felipe González en la sede del partido de la calle Ferraz de Madrid antes de que este llegara a la presidencia del Gobierno en 1982.

Foto: Lucena Hoy.

El movimiento obrero y el socialismo lucentino vivieron continuos altibajos desde su nacimiento. Tras desaparecer la Agrupación Socialista en 1909, en enero de 1913 se creó el Centro de Obreros Socialistas, que decayó al año siguiente, y habrá que esperar a junio de 1918 para asistir a la nueva constitución de la Agrupación Socialista, que alcanzó los 85 militantes durante aquel año. La gran organización obrera en Lucena del denominado Trienio Bolchevique, un periodo de nuestra historia que abarca de 1918 a 1920, fue la Unión Agrícola, que llegó a tener 1.976 afiliados en marzo de 1919, el 9% de los 21.029 habitantes de la localidad. En Jauja, los campesinos se agruparon en la Sociedad de Obreros Agricultores La Redención, que en 1919 contaba con unos doscientos socios, que representaban el 19% de los 1.038 residentes en la aldea. En el periodo del Trieno Bolchevique, al que dedicamos el capítulo 2 del libro, el auge del asociacionismo obrero se manifestó además en el aumento de la participación política de los partidos antidinásticos, fundamentalmente republicanos y socialistas. Así, por el distrito electoral de Lucena, en las elecciones a Cortes de 1919 llegó a concurrir el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, que a punto estuvo de conseguir un acta de diputado.

Durante los años del Trienio Bolchevique destacó el joven abogado Antonio Buendía Aragón, en quien centramos el capítulo 3. Antonio Buendía representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en octubre de 1918 en Madrid, bajo la presidencia de Pablo Iglesias. La afiliación de Antonio Buendía al PSOE duró dos años escasos, ya que en 1920 fue uno de los fundadores y luego miembro del Comité Central del Partido Comunista Español, una organización que al fusionarse en 1921 con el Partido Comunista Obrero Español dio lugar a la creación del Partido Comunista de España. El perfecto conocimiento que poseía Antonio Buendía de la lengua francesa y su amplia cultura le permitieron traducir al castellano al menos tres libros entre 1929 y 1930.

Foto: Lucena Hoy.

En 1931 Antonio Buendía estableció su residencia en Madrid, donde le sorprendió el golpe de Estado de julio de 1936. En 1939 salió hacia el exilio francés y consiguió llegar a Chile, desde donde se trasladaría a Francia en 1956. En el país vecino sirvió de enlace con Chile y Méjico para el intercambio de publicaciones del partido comunista y trabajó de corrector para Nuestras Ideas, una revista trimestral de ideas, política y cultura, editada en Bruselas, en la que colaboraron múltiples intelectuales españoles. En los años setenta Antonio Buendía se instaló en la capital rumana, Bucarest, el lugar en el que moriría en 1972. Antes había vendido todas sus tierras, ya que era un gran terrateniente agrícola, y donó el dinero al partido comunista. La noticia de su fallecimiento fue publicada incluso por los periódicos ABC y La Vanguardia en plena dictadura de Franco, lo que da idea de la relevancia que tuvo dentro del comunismo español.

El republicanismo fue la principal minoría de oposición en el Parlamento español durante el reinado de Alfonso XIII, que comenzó en 1902. Los republicanos se presentaron a menudo a las elecciones coaligados con el PSOE, tuvieron una fuerza importante en las zonas urbanas y aglutinaron en su seno a un amplio sector de la burguesía progresista y de las clases populares. Como el sistema político de la Restauración se basaba en el fraude electoral y el turno pactado entre los dos grandes partidos monárquicos, liberales y conservadores, la implantación del republicanismo resultó más dificultosa en el ámbito rural, donde la libertad de voto era menor y la influencia caciquil más acusada. Precisamente por ello, en Lucena uno de los objetivos del republicanismo fue la lucha política contra Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado liberal por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados en sucesivas elecciones desde 1905 a 1923, dos veces ministro y cabeza visible en la localidad del sistema político que los antimonárquicos querían enterrar.

La sección lucentina del Partido Republicano Radical, al que dedicamos el capítulo 5, se constituyó en Lucena en 1910. El partido nació con un programa político anticlerical, obrerista, populista y antimilitarista que se moderaría en los años treinta del siglo pasado. En Lucena los republicanos nunca obtuvieron diputados por el distrito electoral durante el reinado de Alfonso XIII. No obstante, en el Ayuntamiento consiguieron en noviembre de 1914 su primer concejal, el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que hasta 1922 revalidó su puesto en tres sucesivas convocatorias. Durante este periodo, en distintos momentos, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas lo acompañaron como ediles republicanos.

Tras la dictadura del general Primo de Rivera, que duró desde 1923 hasta 1930, el gobierno del almirante Aznar intentó volver a la normalidad constitucional con la convocatoria de unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Los resultados dieron la victoria a una alianza republicano-socialista en las capitales de provincia y en los núcleos urbanos, por lo que el rey Alfonso XIII se vio obligado a renunciar al trono. La conjunción de republicanos y socialistas logró una arrolladora victoria en Lucena en estas elecciones con el 64,82% de los votos. Frente a siete concejales monárquicos, salieron elegidos 18 concejales republicanos. Javier Tubío Aranda, a quien dedicamos el capítulo 4 del libro, asumiría la alcaldía de Lucena el 17 de abril, aunque el 6 de julio dimitió. Un socialista, el abogado Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, que años después acabaría como alto cargo regional de la Falange, lo sustituyó en el cargo.

Es muy difícil encontrar listados de militantes de los partidos y sindicatos que quedaron proscritos durante el franquismo, pues sus archivos fueron incautados por las autoridades militares, se ocultaron o se destruyeron. Por ello, es una suerte que podamos contar con una relación de socios del Centro Republicano Radical de Lucena, posiblemente del año 1934. Se conservaba entre los papeles personales del presidente del partido entre octubre de 1933 y enero de 1935, el abogado Rafael Ramírez Pazo, de los que poseo una copia cedida de manera generosa por su hija Araceli a principios de 2016. En la lista de afiliados aparecen 116 varones, identificados por el nombre, la edad, la profesión y el domicilio.

En la etapa de la II República, entre los años 1931 y 1936, las organizaciones de izquierda y las distintas ramas del republicanismo congregaron el apoyo de buena parte de la población lucentina, según se puede observar en sus nutridas listas de militantes. Aun así, como en todo sistema democrático en el que los gobiernos dependen de la voluntad libre de los ciudadanos expresada en las urnas, los resultados electorales fueron variando en este periodo. Si las elecciones del 12 de abril de 1931 otorgaron una amplia victoria a las candidatura republicano-socialista, y las elecciones legislativas del 30 de junio ofrecieron el triunfo al PSOE con el 52,10% de los sufragios, los resultados dieron un vuelco en las dos elecciones legislativas de los años posteriores. En diciembre de 1933 la derechista Coalición Antimarxista logró el respaldo del 58,61% del electorado lucentino y el 16 de febrero de 1936 se produjo un nuevo cambio al sumar el 53,66% de apoyos el Frente Popular, una amplia coalición de fuerzas republicanas y de izquierda en la que convivían principalmente Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PSOE y el partido comunista, unas organizaciones de las que se pueden consultar sus listados de cientos de militantes en el capítulo 6.

El contexto internacional en el que se desarrolló la II República Española no era propicio para las libertades y el pluralismo. De los 28 regímenes democráticos que existían en Europa en 1920 solo pervivían 12 en 1938. Los otros 16 habían sido sustituidos, a través de golpes de Estado, por dictaduras y sistemas autoritarios de corte derechista o fascista que invocaron el peligro de una posible o supuesta revolución socialista o comunista, que nunca se produjo, para justificar su ascenso al poder. Algo similar ocurrió en España. Aunque en el gobierno del Frente Popular no había en 1936 ni un solo ministro socialista o comunista, y este último partido solo tenía 17 de los 473 diputados en las Cortes, un golpe de Estado terminó con el primer intento serio de democratización, con todos los defectos que tuviera, que vivió nuestro país en el siglo XX.

Las personas de hace ochenta años en general no vivían ni entendían la democracia en los mismos precisos términos que nosotros en la actualidad. Por tanto, la República española resultó todo lo democrática que podía llegar a ser en los años treinta, y más si la comparamos con una Europa en la que se vivían las dictaduras de Stalin en la Unión Soviética, de Hitler en Alemania, o de Mussolini en Italia. La República española no fue peor ni distinta que la mayoría de las democracias europeas de aquella época con problemas similares, lo que la diferencia de ellas es que aquí hubo un golpe de estado que perseguía suprimir las reformas económicas, sociales y culturales que la República había iniciado en 1931. Y ese golpe no se produjo porque la República no fuera lo suficientemente democrática según los parámetros de la época, sino porque un grupo de militares sublevados apoyados por monárquicos, carlistas y falangistas, y con la colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, quería imponer una dictadura.

La II República española tuvo que enfrentarse desde su proclamación, el 14 de abril de 1931, a una variada gama de fuerzas políticas y sindicales que eran antisistema y antidemocráticas, y a una permanente amenaza de golpe militar apoyado por los partidos de extrema derecha. Durante la República las tramas antirrepublicanas dentro del Ejército estuvieron protagonizadas fundamentalmente por la Unión Militar Española, una organización clandestina integrada por mandos militares ultraconservadores que compartían bastantes objetivos con los fascismos italiano y alemán como eran la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario. En 1934 y 1935 hubo varios planes de rebelión, que no llegaron a materializarse, liderados por los generales Yagüe o Fanjul. La victoria del Frente Popular el 16 de febrero de 1936 aceleró la conspiración, de manera que pocos meses después, el 1 de julio, los monárquicos españoles contrataron con la Italia fascista de Mussolini la compra de una enorme cantidad de material bélico de primer nivel, valorado en 339 millones de euros actuales, para respaldar una sublevación militar que finalmente comenzaría el día 17 en los territorios españoles del norte de África.

Como consecuencia del golpe de estado del 18 de julio de 1936, dos Españas, la España republicana y la España franquista, se enfrentaron en una cruenta guerra civil. Durante los tres años de enfrentamiento murieron en los frentes de batalla unos 300.000 soldados y en los bombardeos fallecieron unas 12.000 personas. Aparte, en aquellos tres años de guerra, decenas de miles de personas inocentes, que no habían cometido ningún delito, murieron a consecuencia de la represión en la España republicana y en la franquista, en su mayoría por fusilamientos.

La represión franquista y la republicana durante la guerra civil no fueron iguales. En la zona franquista la violencia se programó con antelación y fue alentada desde los mismos centros del poder y por los mandos militares como una política de Estado. Por el contrario, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado y fue protagonizada por grupos de exaltados en medio del clima de descontrol del orden público que se vivió en los primeros meses de la contienda. Además, en la zona republicana muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos, una circunstancia que no se solía dar en la España franquista. Esto explica en parte que el número de víctimas mortales de la represión fuera muy distinto en las dos zonas. En este momento hay contabilizadas en España 140.159 víctimas republicanas frente a 49.367 franquistas, de acuerdo con un estudio global del historiador Francisco Espinosa Maestre. En Andalucía las diferencias aumentan, y se contabilizan 51.090 víctimas republicanas frente a 8.356 franquistas. Por último, en la provincia de Córdoba, hubo 11.582 muertos republicanos en guerra y posguerra frente a 2.346 franquistas, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez.

La rebelión militar comenzó en Córdoba capital a las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División —que comprendía las ocho provincias andaluzas— recibió en el cuartel de Artillería, la mayor unidad militar de la ciudad, una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Hemos de recordar, pues parece que este hecho se olvida con frecuencia, que todos estos actos de fuerza protagonizados por los militares golpistas eran ilegales, ya que el artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España.

Las llamadas de los militares rebeldes en Córdoba encontraron un amplio eco ya que se sublevaron los cuarteles de la Guardia Civil de 47 de los 75 pueblos de la provincia. En Lucena, el golpe militar contra la República se materializó a las 5 de la mañana del 19 de julio de 1936, cuando el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Recluta y ejercía de comandante militar, emitió el bando de guerra. La represión comenzó esa madrugada con las detenciones practicadas por la Guardia Civil, dirigida por el teniente Luis Castro Samaniego, en el ayuntamiento y en la Casa del Pueblo, y las realizadas con posterioridad en varios domicilios de la población. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas, en una ciudad que entonces rondaba los 30.000 habitantes, y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes, por lo que hubo que habilitar hasta seis cárceles, incluidos dos conventos, el de San Agustín y el de San Francisco, y la antigua plaza de toros. Desde estos centros de reclusión, muchos de los detenidos fueron trasladados al cementerio y a otros lugares del término municipal o a Córdoba capital para ser fusilados y enterrados en fosas comunes.

Para entender esta masacre, no debemos olvidar que el director de la conspiración militar en España, el general Emilio Mola Vidal, ya había advertido a los militares conjurados el 25 de mayo, dos meses antes del golpe de Estado, que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que “serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. En consecuencia, la violencia sería una táctica ejercida por los sublevados desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península y los republicanos no habían movido ni un solo dedo para oponerse a ella, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar durante los tres años siguientes en todos los lugares que iban conquistando.

Foto: Lucena Hoy.

Con estos datos previos, el término preciso para referirnos a lo que sucedió en Lucena entre 1936 y 1939 no es el de guerra civil, sino el de represión, pues en la localidad no hubo resistencia armada al golpe de Estado, combates u operaciones militares. Cuantificar la represión franquista en Lucena es tan dificultoso como en el resto de España, ya que un buen número de víctimas mortales no ha dejado ningún rastro en la documentación oficial de los libros de defunciones del Registro Civil o de los libros de enterramientos de los cementerios. Ello se debe a que desde el primer momento hubo un enorme interés en esconder la represión, algo que siempre han procurado las dictaduras, de izquierdas o de derechas, a lo largo de la historia. Además, el miedo, el desconocimiento, las dificultades burocráticas y la emigración a otros lugares impidieron o dificultaron que los familiares de los asesinados pudieran inscribirlos en el Registro Civil, que es la fuente imprescindible para el estudio de los fallecimientos en una localidad.

Todas las inscripciones de fusilados en el Registro Civil de Lucena se realizaron fuera del plazo legal, muchos años después de que se produjeran las muertes. Durante los tres años de guerra solo se anotaron cuatro víctimas en el Registro y hubo bastantes inscripciones a partir de 1980 (un 15,87% del total de inscritos) acogiéndose a la Ley de 18 de septiembre de 1979, emitida por el gobierno de Adolfo Suárez, sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Todas estas carencias explican que en el Registro estén inscritas solo 69 víctimas mortales de la represión franquista en el municipio de Lucena mientras que otras 63 (casi el 48% del total) nunca se llegaron a anotar de manera oficial. La identidad de estas últimas se ha obtenido en buena medida a través de testimonios orales aportados por familiares, algunos de los cuales están hoy aquí presentes en este acto, y con probabilidad sus nombres se hubieran perdido si no se hubiera sido por ellos. Este proceso de recogida y difusión de los recuerdos entra en el campo de la memoria histórica, y a pesar de las insuficiencias que pueda presentar, es una manera aceptable de acercarnos a un asunto en el que otras fuentes documentales manifiestan evidentes lagunas.

La lista de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena, que aparece detallada en el capítulo 9, comencé a elaborarla en 1997 y desde entonces su número y la información que poseemos sobre los fallecidos han aumentado considerablemente, como se puede comprobar en el capítulo 11 dedicado a las nuevas historias que han aparecido en los últimos años. Por tanto, si en 1997 hubiéramos decidido no investigar sobre este asunto y seguir el consejo de los defensores del olvido y de “no remover el pasado”, hoy todavía seguiríamos creyendo que las víctimas de la represión en Lucena fueron la mitad de las reales, con lo que habríamos hecho un flaco favor a la verdad histórica y al derecho que tiene una sociedad a conocer su pasado.

Foto Lucena Hoy

Según los datos que poseemos en la actualidad, y que podrían variar en cualquier momento en función de nuevos hallazgos, la represión causó en Lucena durante la guerra 100 muertos, a los que hay que sumar 21 en la aldea de Jauja y 11 en Las Navas del Selpillar, lo que nos da una cifra total de 132 víctimas para el municipio. Hay otras dos víctimas dudosas. Además, seis forasteros cayeron fusilados en el término municipal. Por último, en la posguerra murieron en las cárceles al menos otros siete lucentinos por hambre, enfermedades y privaciones. Aunque es muy complicado identificar a todas estas víctimas y saber dónde las enterraron, en diciembre de 2017, tras una labor de búsqueda realizada en el cementerio de Lucena por un equipo arqueológico patrocinado por la Junta de Andalucía y en el que colaboraron de manera altruista cuatro jóvenes lucentinos, se localizaron los cuerpos de cinco varones con signos de torturas y muertos por arma de fuego. Desconocemos en este momento, tres años y medio después de todo aquello, si el proceso de identificación genética de los restos hallados ha culminado con éxito, pues a varias familias les tomaron pruebas de ADN con la intención de confrontarlo con el de los huesos encontrados.

El capítulo 10 del libro está dedicado a una presunta lista negra de la guerra civil encontrada en Lucena en la que se anotan 49 personas identificadas por nombres, apodos u otras referencias. Una lista negra es una relación de personas que por algún motivo están excluidas o discriminadas. Desde que apareció el movimiento obrero en el siglo XIX, determinados patronos se pasaban entre ellos o a través de sus asociaciones listas negras de trabajadores a los que, debido a su ideología política o su militancia sindical, se recomendaba no contratar con la intención de doblegarlos por el hambre. En la Guerra Civil española se relacionaba casi siempre una lista negra, tanto en zona republicana como en zona franquista, con personas que debían ser investigadas, encarceladas o fusiladas. Es muy difícil descubrir una lista negra original, porque era un documento privado o administrativo que pasaba de mano en mano con una finalidad poco ética e ilegal, y que por tanto se quería mantener oculto ante los ojos de los ciudadanos, así que este hallazgo es muy valioso y llamativo.

Cualquier estudio que intente reconstruir lo que sucedió en Lucena en los años de la República, la Guerra Civil y la primera posguerra se encontrará con una dificultad insalvable: todos los documentos relativos a este periodo que deberían conservarse en el Archivo Histórico Municipal se quemaron de manera intencionada en los años setenta del siglo XX. Parece claro que el objetivo era borrar un pasado que podría resultar incómodo para determinadas personas que habían tenido un papel activo en la represión o en la vida política, por lo que solo se salvaron los libros de actas de los plenos y pocos documentos más. Desconocemos si esa destrucción tuvo que ver con la orden que dio Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior de la UCD en 1977, de acabar con miles de documentos relacionados con el franquismo y relativos a Falange, la Guardia Civil, las prisiones, etc.

Al faltar los fondos municipales, bastantes de las historias que narramos en el libro se han podido reconstruir, como podemos observar en varios capítulos, gracias a los importantes descubrimientos realizados en los últimos años en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y sobre todo en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, abierto a los investigadores en 1997, donde se conservan los sumarios de los consejos de guerra a los que fueron sometidos miles de republicanos andaluces durante la Guerra Civil y la posguerra. En este último archivo, por ejemplo, hemos encontrado unas interesantes diligencias informativas que pueden dar una idea aproximada del alcance estremecedor que tuvo la represión aplicada por la justicia militar. Las diligencias se refieren al teniente coronel Juan Tormo Revelo, que era comandante militar de Lucena en julio de 1936, y en agosto ya ejercía como miembro de los tribunales que intervinieron en los consejos de guerra celebrados en Sevilla y luego en Málaga. En esa documentación manifiesta que, entre agosto de 1936 y junio de 1937, él mismo ya llevaba “sentenciados a la pena capital y ejecutados 1.012 canallas rojos”, lo que nos da una media de tres condenas a muerte al día si incluimos sábados y domingos.

La actuación de los tribunales militares contra vecinos de Lucena y Jauja huidos tras la sublevación del 18 de julio y retornados al finalizar la contienda guerra ocupan dos capítulos del libro, el 13 y el 15. Estos tribunales estaban politizados e integrados por un presidente y unos vocales sin formación en Derecho, pues solo era obligatorio que la tuviera el fiscal. Para los procesos se estableció un juzgado especial permanente en el número 19 de la calle El Agua. Los miembros del tribunal, todos oficiales del Ejército, llegaban a Lucena para la ocasión, emitían las sentencias en pocas horas, sin tiempo real para analizar detenidamente las causas, y se marchaban nada más terminar su cometido. En los consejos de guerra la indefensión del encausado, sometido a prisión y a torturas desde un primer momento, era absoluta y todo el proceso judicial se realizaba sin las debidas garantías. Eso explica que muchos de los condenados debieron soportar condenas de años de cárcel solo por su militancia en partidos políticos y sindicatos, o por haber luchado en las filas del Ejército republicano.

En dos capítulos del libro, el 14 y el 15, se trata la represión sufrida en la aldea lucentina de Jauja durante la guerra y la posguerra. Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 la Guardia Civil del pueblo, comandada por Antonio Velázquez Mateo, se concentró en Lucena, así que allí no triunfó la sublevación militar en un primer momento. A los dos días, se creó en la aldea una Comisión, formada en su mayoría por militantes de la UGT y el PSOE, que se mantuvo fiel a la República y evitó los asesinatos, las detenciones y la violencia. El día 11 de agosto una columna del comandante Castejón tomó la localidad sevillana de Badolatosa, situada a solo un kilómetro de Jauja, y el estruendo de los disparos fue aterrador. El miedo se apoderó de la población y casi todo el mundo huyó al campo. El 13 de agosto tropas llegadas desde Lucena ocuparon la aldea, que estaba ya casi despoblada. A pesar de no haber existido una violencia previa por parte de los republicanos, se inició una terrible ola de fusilamientos que se llevó por delante la vida de al menos 21 vecinos del poco más de mil que vivían en la localidad. Muchos de los que escaparon para evitar la represión ya no volverían a sus hogares hasta finalizar la contienda, lo que no los libraría de ser sometidos a consejos de guerra sumarísimos en la posguerra.

Cuando hablamos de la represión relacionada con la Guerra Civil siempre pensamos en la violencia física, sobre todo en los fusilamientos. Pero hubo otras represiones en los ámbitos económico, cultural, ideológico o educativo, entre otros, de las que damos cuenta en distintos capítulos, como el 7 y el 17. Así el Carnaval, una fiesta de profunda raigambre popular y cuya celebración está documentada de forma escrita desde el siglo XIX en nuestra localidad, se prohibió debido a su carácter transgresor y crítico, a que se alejaba de los cánones religiosos y porque solo se toleraban las tradiciones relacionadas con las celebraciones católicas. También el discurso del odio y de la deshumanización de los que se creía diferentes estuvo muy presente en los años de la guerra y la posguerra. Recogiendo el viejo ideario antisemita de la Edad Media, incluso en la prensa lucentina que se autodefinía como católica, a menudo encontramos noticias y artículos en los que se difundía un mensaje de hostilidad hacia los judíos que, salvando las distancias, nos recuerdan el furibundo mensaje racista que lanzaba la Alemania nazi en aquel momento.

La represión en la enseñanza, que abordamos en el capítulo 16, la relacionamos con la corta trayectoria del Instituto Barahona de Soto, creado en 1933 y que solo sobrevivió seis años. En 1931 el único instituto de enseñanza media que existía en el sur de Córdoba era el Aguilar y Eslava de Cabra. Los lucentinos que querían estudiar el bachillerato en su provincia solo tenían la opción de matricularse en este centro, o en el Provincial de Córdoba capital. En su afán por universalizar el derecho a la educación y de acercar la cultura a los ciudadanos, la II República creó miles de aulas e inauguró nuevos institutos de enseñanza media en las ciudades con gran número de escolares. Lucena fue una de las ciudades beneficiadas pero todo se trucó a partir de la sublevación militar de julio de 1936. En principio, un tercio de los profesores del instituto, debido a sus ideas políticas, fue sancionado y suspendido de empleo y sueldo por las comisiones depuradoras creadas durante el mandato del poeta José María Pemán como secretario de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, una especie de primer gobierno franquista. Por otro lado, la apertura del instituto de Lucena rompía el monopolio educativo que tenía el instituto de Cabra en el sur de Córdoba y suponía una enorme competencia a la hora de atraer al alumnado. En consecuencia, el alcalde de Cabra, que a la vez era director del instituto de su pueblo, presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en la provincia y además estaba muy bien relacionado con las altas esferas educativas, apoyó su cierre. Por último, el golpe definitivo vino con la Ley de Bases para la Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938, que entre otras medidas depuró el sistema educativo republicano y cerró sus institutos, ya que consideraba que estos centros habían tenido como principal objetivo sustituir “la enseñanza dada por las órdenes religiosas”. Esta nueva ley apostó por un modelo de enseñanza que significó el retraimiento de la escuela pública en beneficio de la escuela privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, lo que explica que en 1959 hubiera en España solo 119 institutos, 32 menos que en 1936.

Tras hacer un recorrido por los capítulos que componen mi libro, me van a permitir ahora, para finalizar, una breve reflexión. La historia no solo consiste en narrar gestas y periodos gloriosos que nos llenan de orgullo y satisfacción, sino que es mucho más amplia e incluye episodios que a veces nos pueden resultar incómodos o poco agradables. Sin embargo, la obligación del historiador es recuperar el pasado en su integridad, ya que es su oficio y su obligación, sin atender a silencios, miedos, censuras ni a opiniones interesadas. Los historiadores no somos culpables ni de lo que ocurrió ni de lo que hicieron nuestros antepasados, y nos limitamos a constatar lo sucedido a través de un análisis riguroso de los documentos y de las fuentes históricas. Nuestra principal labor social consiste en tratar de difundir la verdad demostrable de los hechos y que su conocimiento sirva, como una lección didáctica y también ética, para cerrar heridas, fomentar la convivencia democrática, aprender de lo positivo y tratar de que no se repita lo negativo. Atendiendo a estos principios, en las páginas del libro que hoy presentamos el lector encontrará unas investigaciones, iniciadas hace ya un cuarto de siglo, que le pueden ayudar a conocer mejor la historia de Lucena y de los lucentinos.

Los presos de Baena en la posguerra

Al finalizar la guerra civil española, el 1 de abril de 1939, cientos de miles de refugiados que habían huido de las zonas ocupadas por el Ejército franquista desde el 18 de julio de 1936 debieron emprender, por mandato de las nuevas autoridades, el regreso a sus hogares. También volvieron a sus domicilios, tras su paso por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias, los 507.000 soldados republicanos que se hacinaban en campos de concentración construidos en edificios dispares y descampados, donde no se respetaban las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra.

El control de los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos los que llegaban debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen, donde se les fichaba a través de un breve informe. En él se anotaban sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra, una información que serviría de base para ulteriores acciones represivas. Ya el 9 de abril de 1939, el alcalde de Baena solicitó al teniente jefe de línea de la Guardia Civil que “sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberles por vía judicial, se formule sobre cada uno de ellos por la fuerza de la Guardia Civil el correspondiente atestado entregándolo en el Depósito municipal y las actuaciones a esta alcaldía a fin de poner a los individuos en cuestión a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”.

Según el libro de presentados de la “zona roja”, que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, 2.174 personas regresaron oficialmente a Baena como vencidos desde la España republicana. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de vecinos que huyeron del pueblo tras la entrada el 28 de julio de 1936 de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga, pues en ella no aparecen los nombres de los refugiados muertos durante los tres años de guerra, de los que permanecían apresados en otros lugares, de los exiliados y de los menores de edad. Aparte, este libro de presentados tiene dos páginas rotas, lo que impide contabilizar todos los nombres que se anotaron en su origen.

A los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la legalidad juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías jurídicas ni procesales, conculcando el derecho de defensa de los encausados, que casi siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial en la posguerra puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la contienda y había soportado ya una inmensa represión durante tres años, las causas judiciales superaran las 26.000 en 1939, y en 1940 alcanzaran las 37.000.

En la posguerra, la maquinaria judicial contra los republicanos se puso en marcha en Baena el 20 de abril de 1939, cuando se nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del sector quedó establecida en Baena y el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un crucifijo y un retrato del Generalísimo Franco. Los gastos de desplazamiento del juzgado de Baena también corrieron a cargo del Ayuntamiento, incluidos los de los componentes del tribunal de los consejos de guerra que se desplazaban a Baena para los juicios. Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por el tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Baena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba a las pocas horas, después de emitir la condena. Los juicios en muchas ocasiones eran colectivos (20 encausados, por ejemplo, se juzgaron en Baena el 24 de mayo de 1939), sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que evidencia la falta de afán probatorio y la ausencia de una justicia personalizada. Los juicios se celebraban en el Teatro de Baena (en la calle Alta), donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las víctimas como de los acusados.

foto-jose-alba-rosales

José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano. Hasta julio de 1943 permaneció encarcelado en Castro del Río, Córdoba, El Puerto de Santa María, Barbastro y Noales (Huesca).

En las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. En Baena, a los detenidos se les internaba en la cárcel de la plaza Vieja y en la Tercia (en la Carrera, al lado del cuartel y del ayuntamiento), donde también se concentraban presos de Albendín, Valenzuela y Luque. En febrero de 1940 se les trasladó al convento de las monjas de Santa María de Scala Coeli, de Castro del Río, en el que se llegaron a hacinar unos 1.500 presos según el estudioso local Francisco Merino Cañasveras, y de aquí salieron para las prisiones de Córdoba en septiembre u octubre. Para muchos ahí no acabó su periplo penitenciario pues el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que se llamó “turismo penitenciario” (de Baena encontramos presos en Madrid, Burgos, El Puerto de Santa María, etc.). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y escasez.

foto-manuel-canete-tarifa

Manuel Cañete Tarifa, de 22 años, murió por disparos el 10 de noviembre de 1939, en Baena, al intentar evadirse en un traslado de presos.

Según ha publicado el historiador Francisco Moreno Gómez, la mortalidad entre los internos fue extrema en la cárcel de Córdoba, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. De Baena murieron 12 presos en las cárceles de Córdoba, a los que hay que sumar al menos ocho que fallecieron en distintas circunstancias (enfermedad, suicidio, torturas, intento de evasión) en otras prisiones o batallones de trabajadores.

foto-jose-morenas

El preso José de las Morenas Lara, de 28 años, fue torturado en 1939 en el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Las torturas fueron una trágica realidad en todas las cárceles franquistas. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos. Un torturado ya fallecido, José de las Morenas Lara, me contó en septiembre de 2006 que cuando le tomaron declaración en el cuartel en 1939 lo mantuvieron durante cuatro horas de rodillas sobre un garrote mientras le pegaban en la espalda. Por su testimonio, sabemos también que uno de los tres miembros de la familia de los “Zarabanda”, al que habían colgado de los brazos para torturarlo, no resistió el castigo y falleció en el hospital —quizás se refiera a José Padillo Marín, preso con anterioridad en el pueblo jiennense de Torres, pues los otros dos, su padre Agustín Padillo Moraga y su tío Manuel, terminarían fusilados—. En la cárcel de Castro del Río murió el 11 de mayo de 1939 otro vecino de Baena, el campesino de 34 años Felipe Aguilera Arroyo, cuando lo arrojaron a una letrina, donde pereció por asfixia. En el cuartel de la Guardia Civil de Albendín se apaleó también a los presos por medio de golpes de vergajo, puñetazos y patadas, o se les colgaba de las manos al techo, sin atender a los lloros de las víctimas.

Antonio Rojano Hornero, con su hijo y su mujer. Falleció, con 26 años, en la cárcel de Orduña (Vizcaya) en 1940.

El franquismo utilizó a los presos como mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron económicamente tanto la dictadura como la empresa privada. En octubre de 1938 se había creado el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, encargado de la gestión de los trabajos forzados de los presos en cualquiera de sus modalidades: batallones de trabajadores (reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, disueltos en octubre de 1942), destacamentos penales y colonias y talleres penitenciarios. De Baena, al menos 172 personas sufrieron explotación laboral en batallones de trabajadores y en batallones disciplinarios de soldados trabajadores situados en Los Pastores (Algeciras), Los Barrios (Cádiz), Melilla, Tetuán (Marruecos), en el campo de aviación de Labacolla en Santiago de Compostela —aquí estuvieron internados casi todos los vecinos de Albendín que sufrieron prisión en batallones—, etc. En estos batallones, al igual que en las cárceles, los reclusos no sólo sufrieron la masificación, la falta de higiene, la comida escasa, etc., sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta, lo que explica que al menos dos hombres de Baena (Antonio Cantero Cano y Antonio Serrano Ortiz) murieran en batallones de Melilla y San Roque. Entre 1938 y 1939 existieron en Baena dos batallones de trabajadores dedicados a la construcción de fortificaciones militares, adscritos al Ejército del Sur: el nº 5, con 331 prisioneros; y el nº 37, que compartía ubicación con el pueblo vecino de Luque, con 796 internados.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, y tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes —6.454 en la provincia de Córdoba, según el profesor Antonio Barragán Moriana— que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones fusilados o en las cárceles. En Baena, al menos 199 personas (entre las que se contaban una cincuentena de presos, 27 fusilados y dos muertos en las prisiones) se vieron afectadas por esta ley y por los expedientes de “incautación de bienes pertenecientes a individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes” que se incoaron desde el verano de 1936.

Es imposible conocer el número de personas que pasaron por la cárcel de Baena en la primera posguerra. Hay un informe de la Falange del año 1945 que recoge 67 nombres, pero es muy incompleto ya que sólo se anotan los condenados a penas de prisión, pero no los sentenciados a internamiento en los batallones de trabajadores, los condenados a muerte, los liberados sin juicio o los que fueron absueltos. Por desgracia, en el Archivo Histórico Municipal de Castro del Río, el lugar a donde fueron trasladados los presos de Baena, no se conservan fichas de prisión. Aun así, a través de otros documentos del Archivo Histórico Municipal de Baena (correspondencia municipal, informes policiales, fichas de familias pobres) y de algunos testimonios orales obtuve el nombre de otros 58 encarcelados en el pueblo o en otras localidades, lo que en su momento nos dio un total de 125 prisioneros. Esta cifra es la que se publicó en la segunda edición de mi libro Baena roja y negra en diciembre de 2013.

foto-listas-presos

Uno de los documentos del juez Manuel Cubillo Jiménez, con una relación mecanografiada de presos de Baena.

En el año 2015, Gabriel Caballero Cubillo me cedió copia de 66 hojas del archivo personal de su abuelo, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena durante la primera posguerra, de donde he extraído los nombres de casi un centenar de prisioneros más de los que yo ya tenía contabilizados. En consecuencia, las cifras publicadas de presos de Baena estaban desfasadas y era necesario actualizarlas. Esa es la causa principal que motiva esta nueva entrada del blog. En este momento, ya llevamos descubierta la identidad de 224 reclusos —Baena tenía un censo de 24.830 habitantes en 1940—, a los que hay que sumar 44 presos fusilados en posguerra, 20 que fallecieron en las cárceles y en los batallones de trabajadores y 15 internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 14. Asimismo, la documentación del juez Manuel Cubillo nos ha permitido sacar a la luz la identidad de 26 presos del vecino pueblo de Valenzuela y 57 procedimientos inconclusos del juzgado militar de Baena, posiblemente referidos a las fuerzas militares que estuvieron acantonadas en el pueblo durante la guerra civil.

Junto a las listas anteriores, a continuación publicamos también, en varios enlaces, los nombres de 36 presos en campos de concentración, de 172 internos en batallones disciplinarios de soldados de trabajadores y batallones de trabajadores, de 199 afectados por expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes y de los titulares de 180 informes policiales individuales. Estos informes se elaboraban a petición de los juzgados militares, casi siempre cuando el implicado se encontraba en prisión, pero al no tener certeza absoluta de su situación no los consideramos provisionalmente como reclusos y los incluimos en una relación aparte.

 

Listado de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil en Rute

Los militares sublevados el 18 de julio de 1936 sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles, por lo que idearon una estrategia represiva, programada con antelación, para impedir por medio del terror la reacción de sus opositores. Son bastante conocidos los numerosos documentos que desde antes del golpe de Estado circulaban entre los conjurados para la preparación de la insurrección militar. En ellos se incitaba a la utilización de una violencia indiscriminada para eliminar a los contrarios y de camino convencer, o al menos paralizar, a los indecisos. Por ejemplo, el general Emilio Mola Vidal, “director” de la conspiración militar”, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes de la rebelión, les advertía de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, el 30 de junio aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península y los republicanos no habían movido un solo dedo para oponerse a ella, los militares sublevados asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos anticipando el método que iban aplicar para conseguir el triunfo en toda la Península.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El triunfo de la rebelión golpista en Sevilla el 18 de julio de 1936, de la mano del general Queipo de Llano, determinó la suerte de varias capitales del sur de España. En Córdoba, el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por Queipo, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería a las cinco de la tarde. Entre los militares que intervinieron muy activamente a favor de la rebelión en la ciudad en aquella jornada destacaron dos oficiales nacidos en Rute: el teniente de la Guardia Civil Francisco Roldán Écija y su hermano Diego, que era capitán. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos, con la colaboración de miembros de la oligarquía y de los derechistas, tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que se proclamara el bando de guerra, se apresara a las autoridades republicanas y se apoderaran de las Casas del Pueblo y de los edificios municipales. Las llamadas de los militares rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

En Rute, desde la misma noche del 18 de julio, la Guardia Civil, comandada por el teniente Basilio Osado Labrador, fue apoyada por Carlos Galindo Casellas (secretario del Ayuntamiento y teniente de Caballería en la reserva), el teniente de Artillería retirado Adolfo Roldán Moscoso, por miembros del Casino y por la Falange. El teniente impuso el bando de guerra, detuvo a los concejales y dirigentes de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular (la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes en España el 16 de febrero anterior) y clausuró los centros republicanos y obreros. También desató una feroz represión, sin que los republicanos ofrecieran resistencia, que se llevó por delante la vida de al menos 52 vecinos durante los primeros meses de la guerra (la población de Rute se acercaba a los 15.000 habitantes en aquel momento).

Para responder al golpe de Estado, muchos ruteños siguieron la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España o no acudieron por miedo a sus puestos de trabajo. Otros muchos, sobre todo varones jóvenes, ante la ola de detenciones y fusilamientos, comenzaron a huir a la sierra. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados. La inmensa mayoría de los escapados del pueblo se encaminaron hacia la vecina localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, situada a unos 12 kilómetros en zona republicana, mientras otro grupo minoritario, ya avanzada la guerra, se marchó hacia el pueblo jiennense de Alcaudete y se enroló en el Ejército republicano.

Juan Antonio García AlgarO GARÍC 2

En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

La vida de los que se dirigieron a Cuevas de San Marcos resultó muy azarosa. Los que regresaron a Rute en el mes de agosto de 1936, creyendo en la promesa del teniente Basilio Osado de que no les pasaría nada si volvían, fueron fusilados. Los que se quedaron, al ser tomado Cuevas en el mes de septiembre por los militares sublevados, se vieron obligados a refugiarse en otras localidades de la provincia malagueña –donde trabajaron como campesinos o se alistaron en las milicias– y en la capital. Cuando el día 6 de febrero de 1937 unas 40.000 personas iniciaron una trágica desbandada para evitar las represalias de las tropas franquistas e italianas que atacaron la ciudad de Málaga, los ruteños siguieron el mismo lamentable destino. Por la carretera de la costa que unía Málaga con Almería –situada a más de 200 km.– hubieron de sufrir los despiadados bombardeos de la aviación y de los buques de guerra de las fuerzas sublevadas, que provocaron miles de muertos entre los refugiados. Tras esta odisea, los ruteños huidos a Málaga se desperdigaron por toda la España republicana.

Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, los combatientes republicanos que habían sobrevivido y los refugiados civiles hubieron de emprender la vuelta hacia sus lugares de origen. Aunque la política oficial de la dictadura pregonaba que aquellos que no hubieran cometido crímenes no tenían nada que temer, la realidad a la que se vieron sometidos los vencidos fue muy distinta. Para ellos, la contienda no había acabado. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España.

En lo que se refiere a la represión en Rute en la posguerra, al menos 45 vecinos sufrieron prisión, cinco murieron en cárceles y centros de internamiento (se calcula que unos 16.000 españoles fallecieron en las cárceles en la posguerra), dos fusilados (se contabilizan unos 20.000 fusilados en toda España y 1.102 en la provincia de Córdoba), y siete siendo guerrilleros o acusados de ser enlaces de la guerrilla (3.500 guerrilleros cayeron abatidos en la posguerra, de los que 262 sucumbieron en la provincia de Córdoba). Por último, un ruteño expiró en el campo de concentración nazi austriaco de Mauthausen, donde murieron 4.816 españoles, de los que 238 (más ocho desaparecidos) eran cordobeses. No obstante, otro ruteño, Nicolás Lanzas García, al que también presuponíamos muerto en el holocausto nazi, hemos descubierto muy recientemente que sobrevivió.

El principal obstáculo al que se enfrenta un historiador que desee investigar sobre la guerra civil y la represión franquista es la destrucción y el expolio de los archivos, palpables en varios pueblos del sur de Córdoba. En Rute, como fruto de los sucesivos traslados que ha sufrido el Archivo Histórico Municipal y de la evidente dejadez con que ha sido tratado, parte de la documentación que se conserva se encuentra amontonada en cajas, desordenada y sin catalogar, lo que ha dificultado el estudio de los acontecimientos acaecidos en el pueblo y el verdadero alcance de la represión.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla, tras volver de Cuevas de San Marcos.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla.

Los libros de defunciones del Registro Civil constituyen la fuente primordial para el estudio de la mortalidad durante la guerra. Sin embargo, desde el primer momento hubo un claro interés de las autoridades franquistas en esconder la represión, por lo que a través de los registros civiles es imposible concretar una cifra válida de víctimas republicanas, ya que muchas no se inscribieron o se anotaron falseando la causa de la muerte. Hasta los años ochenta del siglo pasado, ya en el periodo democrático y al amparo de la Ley de pensiones de guerra de 1979, no consta en las hojas de los libros de defunciones del Registro Civil de Rute que la causa de la muerte de los asesinados es por “disparo de arma de fuego” o por “fusilamiento”. Con anterioridad, el motivo es siempre “desaparecido”, concepto que también encontramos en toda la documentación oficial. “Desaparecido, suponiéndole muerto” escribieron a lápiz en la ficha de recluta del albañil Francisco José Henares Porras que se conserva en el Archivo Municipal, cuando en realidad lo asesinaron el 28 de agosto de 1936, aunque nunca fue registrado.

Otro obstáculo para la correcta inscripción de los asesinados residía en que la administración judicial quedó en manos de adeptos al nuevo régimen que subordinaban la profesionalidad a la obediencia a los principios del Glorioso Movimiento Nacional, lo que explica carencias fundamentales en los registros. Por otro lado, el impacto de la represión resultó tan enorme que muchas familias no inscribían a sus allegados  por temor a sufrir la misma desgracia, por vergüenza o por desánimo ante las dificultades que se les planteaban, como por ejemplo la obligación de realizar el asiento anotando a los asesinados como fallecidos por muerte natural, a lo que muchas se negaron. Con tantos impedimentos y limitaciones se comprende que en bastantes municipios cordobeses (como ocurre en Rute, donde solo se inscribieron alrededor de un tercio de los asesinados), figuren anotadas en los libros de defunciones del Registro Civil cifras muy bajas de víctimas de la represión franquista. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, el listado de decenas de miles de desaparecidos ocasionado por los golpistas en España a partir del 18 de julio de 1936.

La caza de los republicanos en Rute resultó fácil, pues la Guardia Civil se había apoderado el día 18 de julio de 1936 de los libros de registro de los afiliados a los partidos políticos y sindicatos, según reconoció el teniente Basilio Osado, comandante militar de Rute desde el inicio de la guerra, en sus informes para los consejos de guerra que se celebraron al final de la contienda. Casi todos los fusilados eran trabajadores (jornaleros del campo, albañiles, zapateros, etc.). Tan rápido actuó el huracán represivo que los 52 asesinados, menos dos, cayeron fusilados en los meses de agosto y septiembre de 1936 en las tapias del cementerio, la finca de La Pililla en las cercanías de Encinas Reales, la carretera de Jauja en Lucena o en las cunetas de cualquier camino.

El barbero Vicente Sánchez Montez, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

El barbero Vicente Sánchez Montes, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

Las cuatro primeras inscripciones de asesinados en el Registro Civil de Rute se realizan el 8 de junio de 1937, como consecuencia del expediente tramitado al amparo del Decreto de 10 de noviembre de 1936 que regula el asiento de los desaparecidos. Los anotados son el secretario de la notaría Juan José Rodríguez Rodríguez, el juez Salvador Villanueva Porras, el albañil Juan Antonio García Algar y el zapatero Antonio Cobos Fernández. En la década de los cuarenta se inscriben tres nuevos fusilados (el primero de ellos en 1945), cuatro en los cincuenta y otros siete más entre los años 1981-1982, como consecuencia de la Ley de pensiones de guerra de 1979, aunque tres son foráneos (dos de Iznájar y uno de Cuevas de San Marcos) y otros ya se habían inscrito con anterioridad, así que se repite su asiento. Por tanto, la mayoría de las inscripciones se producen fuera del plazo legal, muchos años después de que se hubieran producido los asesinatos. Todo esto explica que existan muertes registradas en más de una ocasión (como la del guarda forestal Juan Miguel Guerrero Curiel, inscrito el 30 de junio de 1954 y el 26 de mayo de 1981; la del vicesecretario de la agrupación socialista Antonio Porras Moreno, asentado el 22 de julio de 1955 y el 10 de agosto de 1982; o la de Vicente Sánchez Montes, anotado en Rute y en Málaga) y que los datos de los registros civiles no sean fiables a la hora de estudiar destalles históricos importantes de los fusilados, como el lugar y la fecha de su muerte o el oficio que tenían.

Juan José Rodríguez Rodrígez, hermano de Maruja, fusilado el 18 de agosto de 1936

Juan José Rodríguez Rodríguez, secretario de la Agrupación Socialista y empleado de la notaría, fusilado el 18 de agosto de 1936.

En noviembre de 2004 edité mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), que se agotó en solo dos meses, hubo que reimprimirlo en enero de 2005, y volverlo a editar, corregido y ampliado, en mayo de 2007, y en este momento se encuentra agotado de nuevo. Si no hubiéramos acometido en aquel momento ese trabajo de investigación sobre Rute, es decir, si hubiéramos aplicado la política del olvido, es probable que nunca nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de que la represión franquista se llevó por delante la vida de al menos 52 vecinos fusilados en 1936, y no solo a los 18 que se inscribieron en los registros civiles. En el estudio de la represión, el tiempo trascurrido, lo mismo que la emigración en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado de los represaliados y de sus descendientes a las zonas urbanas no juega a nuestro favor. Dentro de unos pocos años, cuando las personas que aún mantienen memoria de los hechos desaparezcan o no podamos localizarlas porque viven en otros lugares, será imposible reconstruir el verdadero alcance de la represión franquista. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Las listas de víctimas que publico a continuación se basan en mi libro sobre Rute antes citado, con la inclusión de nuevos datos obtenidos de distintas fuentes y por testimonios orales, como el de María Zamora Cobos, desde Elche, sobre su abuelo José María Cobos Caballero, preso en 1950; el de Carmen Cano Rodríguez, desde Gijón, sobre su bisabuelo Rafael Cano Tenllado, fusilado en 1936; el de Rocío Ordóñez Rivera, desde Madrid, sobre su abuelo Jacinto Ordóñez Romero, también fusilado; desde Sevilla, el de la familia de los hermanos Mariano y Luis Gutiérrez Pino, uno fusilado y otro muerto en el frente, y una hermana, Araceli, presa también; y el de Isidoro Herrero, desde Rute, sobre sus tíos Antonio y Francisco Herrero Guerrero, uno fusilado en Málaga y otro exiliado en Francia. En la relación incluimos también los nombres de los 45 presos en posguerra y de 139 vecinos sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes. Por último, añadimos la identidad de los soldados republicanos que hemos podido rescatar, y de soldados del Ejército republicano y del franquista que murieron en el frente o a consecuencia de heridas de guerra. El nombre de las víctimas de la represión y de la guerra en Rute se puede consultar en estos enlaces:

 

FOTOS DE REPRESALIADOS RUTEÑOS

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

Baena, tercer municipio cordobés en asesinados en los campos de exterminio nazis

Si la vida resultó un drama para los republicanos que se quedaron en España al finalizar la guerra civil, los que se exiliaron también sufrieron múltiples penalidades y miles de ellos perdieron la vida en los campos nazis. En febrero de 1939, la caída de Cataluña en manos de las tropas franquistas originó la trágica desbandada de unos 500.000 civiles y militares que atravesaron la frontera con Francia. Entre ellos se encontraban algunos de los más de dos mil vecinos que habían huido de Baena tras la sangrienta toma del pueblo por las tropas franquistas el 28 de julio de 1936. Desarmados y vigilados por gendarmes y tropas coloniales, los refugiados españoles fueron hacinados en campos de concentración (Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien, Barcarès, etc.) situados en las playas o en recintos improvisados, sin lugares de cobijo y rodeados de alambradas, donde en los primeros seis meses de reclusión fallecieron al menos 14.617.

En los meses siguientes al final de la guerra y en 1940, de manera voluntaria o forzada, volvieron a España alrededor de la mitad de estos exiliados. Si eran antiguos combatientes del Ejército republicano, pasaron en su mayoría por el Depósito de Prisioneros de Guerra de Reus (Tarragona) para ser clasificados y, en consecuencia, liberados o reenviados a otros centros de internamiento. Entre los que retornaron se encontraban bastantes vecinos de Baena (Francisco Horcas Montes, Rafael Jiménez Horcas, Rafael Pavón Pérez, Juan Mármol Caderas, etc.) y de la pedanía de Albendín (José Espartero Dorado, Domingo Pavón Pulido, etc.). Este último, teniente del Ejército republicano, había permanecido en Francia hasta diciembre de 1940, residiendo a sólo unos kilómetros de donde se encontraba su mujer, Concepción García, y su hija pequeña, sin que ninguno supiera el paradero del otro hasta que él se puso en contacto con su familia de Albendín a través de una carta poco antes de volver a España.

El Gobierno francés ofreció a los antiguos combatientes republicanos que permanecieron en su territorio enrolarse en la Legión Extranjera, en Batallones de Marcha (tropas auxiliares del ejército galo) o en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unidades militarizadas de unos 250 hombres mandadas por oficiales franceses en las que se debían encuadrar obligatoriamente todos los varones de entre 20 y 48 años. Las compañías acogieron a unos 80.000 españoles, de los que alrededor de 12.200 quedaron situados en la zona de la línea defensiva Maginot, en la frontera con Alemania, que pronto se convertiría en frente de guerra.

En mayo de 1940, el ejército alemán invadió Francia y miles de exiliados republicanos alistados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros cayeron prisioneros. Se les encerró en recintos provisionales y, tras largas marchas a pie o en distintos medios de transporte, fueron internados en los stalags o campos de prisioneros de guerra, situados por toda Alemania, bajo el control de la Gestapo (policía militar). Desde agosto de 1940 estos españoles serían custodiados por las tropas de las SS y conducidos a campos de concentración nazis. El 15 de septiembre de 1940, Ramón Serrano Suñer –ministro de la Gobernación, presidente de la Junta Política de Falange y cuñado de Franco– visitó Alemania (con posterioridad haría otras tres visitas, ya como ministro de Asuntos Exteriores) y se entrevistó con el ministro de Interior y con Hitler, lo que le permitió conocer de primera mano el destino de los prisioneros republicanos. El 23 de octubre fue el propio Franco, acompañado por Serrano Suñer, quien conversó con Hitler en Hendaya. A pesar de los requerimientos que realizó en varias ocasiones la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no se preocuparon de que a los presos en los stalags y en los campos nazis se les pudiera repatriar o se les diera el estatus de prisioneros de guerra (condición que poseían según la Convención de Ginebra), lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos.

sp21-001

Pila de 180 cadáveres encontrada en el sector ruso el día de la liberación del campo de Mauthausen en 1945.

La mayoría de los españoles apresados por los nazis en Francia acabaron en Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria. Se calcula que entre 1938 y 1945 murieron allí un mínimo de 127.767 personas de diversas nacionalidades, según un estudio oficial austriaco, aunque algunos investigadores sitúan las cifras en varias decenas de miles más. Este campo se catalogó como de categoría III por las autoridades alemanas, la más dura, lo que significaba que estaba destinado para presos irrecuperables que nunca serían liberados. Dentro del campo, los internos morían en las cámaras de gas, en furgones equipados para gasearlos o en el centro de eutanasia del castillo de Hartheim, aunque también eran corrientes los experimentos médicos, las ejecuciones, el uso de perros para despedazar a los reclusos y los asesinatos por inyección letal y por la aplicación de duchas frías en invierno. El suicidio por ahorcamiento o arrojándose a las alambradas eléctricas se convirtió así en la única salida para muchos. Las condiciones de vida a las que se sometía a los prisioneros, en un clima frío y con una alimentación insuficiente para un trabajo agotador en las canteras, fomentaban las enfermedades y una mortandad masiva.

Para no morir en el campo se necesitaba un mínimo de 3.500 calorías, pero las raciones diarias nunca llegaban a las 1.500, una cantidad que se reducía a entre 700 y 900 calorías en la enfermería, según los datos aportados por por David Wingeate Pike en su libro Españoles en el Holocausto. Vida y muerte de los españoles en Mauthausen, editado en 2003. La esperanza de vida entre el invierno de 1939 y el otoño de 1943 no superó los seis meses. La mayoría de los españoles, a los que se identificaba con un triángulo azul (de apátrida o emigrante) con una “s” de spanier (español) adherido a la chaqueta de rayas azules y blancas, murió en Gusen, un subcampo situado a unos cinco kilómetros donde las condiciones eran mucho más duras que en Mauthausen. Allí eran trasladados los prisioneros más débiles para exterminarlos con el trabajo forzado, de manera que el 90% no sobrevivieron. Tras su muerte, los cadáveres eran incinerados en los hornos crematorios del campo.

La primera expedición de deportados españoles a Mauthausen, compuesta por 392 hombres, recaló el 6 de agosto de 1940. Los contingentes más numerosos entraron en el campo en este año (unos 2.200) y en 1941 (unos 4.600), aunque hasta 1945 se internó a unos 400 más acusados de colaborar con la Resistencia francesa. Cuando llegaron los españoles el campo estaba en plena fase de construcción y la mayoría fueron destinados a las duras tareas de extracción de piedras de las canteras de granito. Cuando el ejército americano liberó el campo el 5 de mayo de 1945 permanecían con vida 2.184 españoles, pero no sabemos cuántos murieron en meses posteriores a consecuencia de enfermedades o malnutrición, ya que era frecuente que el 60% de los supervivientes falleciera en el primer año de libertad.

Supervivientes de Mauthausen tras la liberación.

Supervivientes de Mauthausen tras la liberación.

Siete baenenses llegaron a Mauthausen en una deportación masiva organizada por los alemanes desde el campo de refugiados de Les Alliers, en las afueras de la ciudad de Angulema, situada en el centro-oeste de Francia, donde se habían instalado muchas familias españolas, reagrupadas allí tras el exilio, y bastantes mutilados y heridos de la guerra civil. Tras la invasión nazi de Francia, algunos españoles integrados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros huyeron hacia el sur y acudieron también a este campo, considerado en aquel momento un lugar seguro, ya que se vivía en un régimen de semilibertad, bajo el control de la Prefectura francesa. El 20 de agosto de 1940, los refugiados de Les Alliers, 927 personas, recibieron la orden de concentrarse en la estación y los internaron en un convoy de vagones de mercancías, sin informarles de su destino. Era el primer tren de Europa Occidental que deportaba familias enteras a un campo nazi. Llegaron a la estación de Mauthausen a los cuatro días de viaje. Allí les hicieron esperar varias horas, hasta que recibieron la orden de que descendieran todos los varones mayores de 13 años, a los que inmediatamente condujeron al campo. Tras la selección, los vagones fueron cerrados de nuevo y el tren reemprendió la marcha. Ocho días tardó el tren en alcanzar la frontera española, a la altura de Hendaya, donde las mujeres y los niños fueron entregados a las autoridades franquistas. De los 430 españoles de este convoy que quedaron en Mauthausen, 357 (el 87%) habían fallecido cuando se liberó el campo en 1945. La odisea de los 927 deportados la reflejaron Montse Armengou y Ricard Belis en el documental El convoy de los 927, producido en el año 2004. En la sinopsis del documental se señala que los documentos encontrados prueban que hasta en cuatro ocasiones las autoridades nazis preguntaron a las españolas qué debían hacer con “los dos mil rojos españoles” de Angulema, pero nunca contestaron a pesar de que sabían que la mitad de los pasajeros habían sido enviados ya al campo de exterminio de Mauthausen. Algunos documentos llevaban una anotación al margen recomendando que se archivara el asunto, ya que “no parece oportuno hacer nada al respecto”.

José Bonilla Horcas, uno de los cinco baenenses deportados de Angulema a Mauthausen, donde murió el 16 de noviembre de 1941.

José Bonilla Horcas murió en Mauthausen el 16 de noviembre de 1941.

A principios de 1941, los siete baenenses del convoy de Angulema, con edades comprendidas entre los 26 y los 40 años, fueron trasladados al subcampo de Gusen, donde cuatro perecieron antes de que acabara el año (José Bonilla Horcas, José Cabrero Misut, José Cruz Navas y Juan Padilla Rojano, cuyo hermano José ya había muerto en la cárcel de Córdoba). Entre el 15 y el 25 de enero de 1942, y con sólo una diferencia de cinco días entre uno y otro, fallecieron los otros tres, los hermanos Miguel, Santiago y Rafael Albendín Navarro. En este año de 1942 hay al menos 14.298 muertes registradas en Mauthausen, lo que proporcionó a las arcas de las SS 5.278,1 gramos en dientes de oro. La muerte de Miguel Albendín Navarro fue inscrita en el libro de defunciones del Registro Civil de Baena el 24 de febrero de 1958, un hecho bastante infrecuente pues estas muertes en los campos nazis no se solían registrar en las localidades de origen de los fallecidos, aunque es posible que en algunos casos se hiciera para poder acceder a las indemnizaciones que el gobierno alemán pagó por aquellas fechas a las familias de los fallecidos en los campos nazis. Gracias a esa anotación sabemos que su mujer se llamaba Ascensión Jiménez Roldán, y que dejó un hijo con su mismo nombre, Miguel. Rafael Albendín también estaba casado (su esposa se llamaba Asunción Jurado), mientras que Santiago era soltero. Una hermana de esta familia se llamaba Carmen y otro hermano Antonio, que era el más pequeño de todos y no luchó en la guerra civil.

Tras la publicación de esta entrada del blog pude localizar, en marzo de 2017, al hijo de Miguel. Sus padres habían huido de Baena al comienzo de la guerra, se casaron en Jaén y él nació en 1939 en un pequeño pueblo de Lérida llamado Maldá. Su padre era cabo civilero del Ejército republicano y pasó a Francia tras los combates que tuvieron lugar en Mequinenza enmarcados en la batalla del Ebro. El pequeño Miguel fue bautizado en el sur de Francia. Tras la deportación del padre, la esposa y el hijo regresaron a Baena, y al poco tiempo emigraron a Málaga, donde Miguel reside en este momento.

También a través de un informe sobre niños huérfanos pobres, elaborado por la Policía municipal de Baena en mayo de 1940 y que se conserva en el Archivo Histórico Municipal, hemos podido rastrear la situación familiar del citado José Bonilla Horcas, casado con Francisca, con la que tenía una hija llamada Josefa Bonilla Pérez. En marzo de 2015, tras la publicación de esta entrada del blog, se puso en contacto conmigo una nieta de José Bonilla, residente en Roquetas de Mar (Almería), que me ha facilitado la fotografía y algunos datos biográficos de su abuelo. Aparte de Josefa, José tenía otros dos hijos: Francisca y Miguel. Mientras él estuvo enrolado en el Ejército republicano, la familia estuvo refugiada en Toledo y en Manzanares (Ciudad Real). La esposa de José, Francisca Pérez Rojas, también tuvo un hermano muerto en la guerra, pero no hemos podido dilucidar si a causa de la represión o en el frente.

José Cruz Navas 1

José Cruz Navas, de 31 años, muerto en Gusen el 16 de octubre de 1941.

Asímismo, tras la publicación de este artículo del blog contactó conmigo en marzo de 2015 Celia Ochavo Cruz, residente en Barcelona y sobrina nieta de otro de los deportados de Angulema, José Cruz Navas, fallecido en Gusen. Gracias a una información que Celia ha obtenido del historiador Benito Bermejo, extraída del archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, sabemos que su tío se alistó de miliciano en el Quinto Regimiento, un cuerpo militar de voluntarios creado a comienzos de la guerra civil a iniciativa del PCE y las Juventudes Socialistas Unificadas. Tras Celia, otro sobrino de José Cruz, de igual nombre y apellido, residente en Madrid, escribió en septiembre de 2015 un comentario que puede leerse debajo de esta entrada del blog. Eso me permitió contactar con él, conseguir una foto de su tío y poner en relación a ambas ramas de la familia, que pudieron conocerse en persona al mes siguiente en la ciudad de Barcelona.

Antonio Ortega Torres, de 22 años, asesinado en Gusen el 15 de septiembre de 1941.

Antonio Ortega Torres, de 23 años, asesinado en Gusen el 15 de septiembre de 1941.

El 27 de enero de 1941, otros tres baenenses llegaron a Mauthausen desde el stalag XI-B, situado en Fallingbostel (actual estado federal de la Baja Sajonia), en un convoy de 1.506 prisioneros republicanos españoles, entre los que se encontraba el catalán Francesc Boix, quien fue autor de las más conocidas fotos del campo y testificaría contra varios jerarcas nazis en el proceso de Nuremberg –es muy recomendable la biografía de este personaje escrita en 2002 por el historiador Benito Bermejo–. Uno de los baenenses era Antonio Castilla Muñoz, que murió en Gusen en noviembre. A los otros dos, Felipe Quesada Pescador y Francisco Fuentes Ruiz, los únicos baenenses que quedaban ya vivos en Mauthausen, parece que los trasladaron el 8 de noviembre de 1942 al campo de Dachau, en las cercanías de la ciudad alemana de Múnich. El primero moriría allí dos días después y del segundo, que tenía entonces 23 años, desconocíamos su destino destino final, que suponíamos trágico, ya que el traslado de ambos prisioneros a Dachau pudo ser ficticio. Muchos de los que en el registro del campo de Mauthausen aparecen como trasladados a Dachau fueron conducidos en realidad para su ejecución a las cámaras de gas del cercano castillo de Hartheim. Así ocurrió, por ejemplo, con un transporte de 45 presos (31 españoles, cuatro judíos holandeses, ocho polacos y dos alemanes) ocurrido el día 14 de agosto de 1941. En el castillo de Hartheim se asesinó a unas 30.000 personas en 55 meses de funcionamiento, de los que 449 eran españoles.

En el párrafo anterior he señalado que el destino de Francisco Fuentes Ruiz pudo ser trágico, pues era lo que se sospechaba cuando escribí la primera versión de esta entrada del blog en septiembre de 2013. Sin embargo, el 7 de mayo de 2014 recibí un mensaje de correo electrónico desde Francia que me especificaba lo siguiente:

Afortunadamente el destino de Francisco Fuentes Ruiz no fue trágico. Sobrevivió y salió del campo de Dachau. Fue liberado el 3 de mayo 1945. Llegó a París el 24/05/1945 y después fue a  Toulouse el 15/06/1945. En septiembre fue a trabajar a Auzat (Ariège) y el 06/08/1946 en Pamiers (Ariège) en la fábrica metalúrgica hasta el año 1976 cuando se jubiló. En Pamiers se casó con una francesa en 1947. De ese matrimonio nacieron un hijo y una hija.  Soy ese hijo, Henri Fuentes. Mi padre vivió una larga y feliz vida con nietas y bisnietos hasta el año 2012.

Este mensaje me llenó de satisfacción como historiador, pero a la vez me hizo reflexionar sobre la injusticia del olvido. El único baenense que consiguió sobrevivir durante cuatro años y cuatro meses en los campos de exterminio nazis murió hace muy pocos años en Francia –donde se asentó definitivamente en el exilio– sin que supiéramos de su existencia y sin que, en consecuencia, hayamos podido recoger su testimonio vital. Esta circunstancia es un ejemplo claro de las carencias que, por desgracia, han presentado la investigación histórica y las políticas de memoria democrática en nuestro país.

Hemos podido completar con posterioridad la biografía de Francisco Fuentes gracias a la labor investigadora de la ya citada Celia Ochavo, sobrina nieta del también preso José Cruz Navas, que ha obtenido las fichas de varios deportados baenenses a través de la sección dedicada a las víctimas de la persecución nazi del Servicio Internacional de Búsquedas de la UNESCO. Francisco Fuentes fue deportado, entre el 14 y el 24 de marzo de 1944, desde Dachau al campo de Natzweiler, en la provincia de Alsacia (actual Francia), donde trabajó en el comando exterior de Neckarelz. En este campo hubo 44.623 internados, de los que murieron entre 12.000 y 25.000, en gran medida por los abusos en el trabajo, malnutrición y las torturas de las SS. La mayoría  de los presos eran polacos, soviéticos, franceses, húngaros y alemanes, aunque se contabilizan también 80 españoles.  Ante el avance de las tropas aliadas, en septiembre de 1944 los presos de este campo fueron trasladados a otros recintos. Francisco Fuentes llegó de nuevo a Dachau el 2 de abril de 1945, y un mes más tarde el campo, que había llegado a albergar a más de 200.000 prisioneros, sería liberado por las tropas norteamericanas.

Antonio Navarro Ortiz, de 46 años, asesinado en Gusen el 20 de junio de 1941.

Antonio Navarro Ortiz, de 46 años, asesinado en Gusen el 20 de junio de 1941.

Aparte de los ya señalados, otros cinco baenenses perdieron la vida en el complejo de Mauthausen a lo largo de 1941. En el castillo de Hartheim, posiblemente gaseados, perecieron dos: Antonio Campos Sánchez, que había llegado a Mauthausen el 13 de diciembre de 1940 en un convoy de 846 españoles procedentes de un stalag en Estrasburgo; y Antonio Pérez Baena, que tuvo la desgracia de ser el primer baenense internado en Mauthausen el 13 de agosto de 1940. Por otro lado, en el subcampo de Gusen murieron Antonio Ortega Torres, de 23 años, el más joven de los baenenses internados; y Antonio Navarro Ortiz, el mayor de ellos, con 46 años, que había llegado a Mauthausen el 25 de enero en un convoy de 775 españoles procedentes del stalag VIII-C de la ciudad alemana de Trier (o Tréveris). De ambos poseemos fotografías entregadas por sus familiares. La de Antonio Ortega me la facilitó José de las Morenas Lara en 2006 para que se publicara en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). La de Antonio Navarro Ortiz la recibí a finales del mes de agosto de 2013, junto a otra documentación personal, de su nieta Carmen Pérez Navarro, residente en Barcelona, pues su viuda y los cinco hijos emigraron de Baena.

Pluma Antonio Jiménez RamosA principios de 2020 el número de baenenses conocidos que habían fallecido en los campos de concentración nazis aumentó con una nueva víctima, el campesino Antonio Jiménez Ramos. Su nombre fue difundido a través de los medios de comunicación por el historiador Antonio Muñoz-Sánchez, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que está llevando a cabo una meritoria labor de localización de familiares de las víctimas del campo de concentración de Neuengamme, situado en el norte de Alemania, cerca de Hamburgo, por el que pasaron unos 600 españoles y en el que murieron más de 50.000 personas. Antonio Jiménez, exiliado en Francia, llegó a este campo el 24 de mayo de 1944, con 33 años. Estuvo internado en Meppen, uno de sus subcampos, y luego en otro, Sandbostel, donde al parecer murió. Cuando llegó a Neuengamme, los nazis le requisaron la pluma estilográfica que aparece en la fotografía y que se conserva en el Archivo alemán de Arolsen, a la espera de que algún familiar la reclame (él era soltero y no tenía hijos, pero sí varios hermanos en Baena). Por fortuna, algunas familias españolas ya han podido recuperar los objetos que los nazis robaban a los deportados y que están depositados en este archivo.

El recuerdo institucional u oficial de los deportados baenenses ha tenido serias lagunas municipales hasta el momento, a pesar de la relevancia histórica de esta tragedia y de la necesidad de sensibilizar a la población para que hechos similares no se vuelvan a producir. El 26 de mayo de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Baena aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos, una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida con la finalidad de homenajear a los hijos de la localidad que padecieron el terror nazi. No obstante, varias de las propuestas no se han cumplido aún en 2020, a pesar de que el plazo de realización establecido era de dos años. Entre lo no llevado a cabo se encuentra el contactar con las familias de los deportados para celebrar un acto de homenaje con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las víctimas del Holocausto (27 de enero), la construcción de un monumento con el nombre de las víctimas, la organización de una exposición de recuerdo o la colocación de pequeñas placas (stolpersteine) en las calles o casas donde vivieron los  represaliados.

Según los datos aportados por Carlos Hernández de Miguel en su imprescindible libro Los últimos españoles de Mauthausen, publicado en 2015, existe constancia documental de que 9.328 españoles pasaron por los campos nazis. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334, lo que representa una tasa de mortalidad del 59%. Esa proporción se eleva al 64% si nos atenemos a las cifras de Mauthausen: 7.532 internados españoles de los que murieron 4.816. De acuerdo con el libro colectivo (Sandra Checa, Ángel del Río y Ricardo Martín) Andaluces en los campos de Mauthausen, de los españoles deportados a este campo, 1.494 eran andaluces y 336 de Córdoba. Cuando se liberó el campo el 5 de mayo de 1945 habían muerto alrededor de 1.000 andaluces –en su mayoría soldados y combatientes antifascistas con una media de edad de entre 20 y 30 años–, de los que 238 (más ocho desaparecidos) procedían de la provincia de Córdoba.

Baena, con 14 vecinos asesinados, es el tercer municipio cordobés en número de víctimas mortales en los campos de exterminio nazis, empatado con Fuenteobejuna y Palma del Río. Encabeza la lista Posadas, con 17 asesinados, y le sigue Córdoba capital, con 15. La lista completa con los 14 baenenses fallecidos y del único superviviente se puede leer en este enlace.

"Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras" dice la enorme pancarta escrita en español, inglés y ruso que se colocó sobre la portada del campo central. Fue desplegada a la llegada de las tropas americanas el 5 de mayo de 1945.

“Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras” dice la enorme pancarta escrita en español, inglés y ruso que se colocó sobre la portada del campo central de Mauthausen. Fue desplegada a la llegada de las tropas americanas el 5 de mayo de 1945.

 Enlaces y documentación de interés

Juan y Manuel González León: montillanos asesinados en el campo nazi de Mauthausen

Cuando se acercaba el final de la guerra civil, la caída de Cataluña en febrero de 1939 en manos de las tropas franquistas originó la trágica desbandada de unos 500.000 civiles y militares que atravesaron la frontera con Francia. De ellos, aproximadamente 200.000 quedaron para siempre en el exilio. Desarmados y vigilados por gendarmes y tropas coloniales, los refugiados españoles fueron hacinados en campos de concentración situados en las playas o en recintos improvisados, sin lugares de cobijo y rodeados de alambradas. Ante la inminencia de la II Guerra Mundial, el Gobierno francés obligó a los varones de entre 20 y 48 años a alistarse en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas unidades militarizadas en las que se encuadraron unos 80.000 españoles, de los que alrededor de 12.000 quedaron situados en la zona de la línea defensiva Maginot, en la frontera con Alemania, que pronto se convertiría en frente de guerra. En mayo de 1940, el ejército alemán invadió Francia y miles de exiliados republicanos alistados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros cayeron prisioneros de los nazis. En principio, se les encerró en recintos provisionales y, tras largas marchas a pie o en distintos medios de transporte, fueron internados en los stalags o campos de prisioneros de guerra situados por toda Alemania, bajo el control de la Gestapo (policía militar). A pesar de los requerimientos que realizó la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no realizaron gestiones para que a estos presos, algunos de ellos menores de edad, se les diera el status de prisioneros de guerra o se les pudiera repatriar, lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos. Unos 15.000 españoles terminaron internados en los campos nazis, donde murieron aproximadamente la mitad.

La mayoría de los españoles que sufrieron los campos nazis acabaron sometidos a trabajos forzados en las canteras de granito de Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria, por el que entre 1938 y 1945 pasaron unos 200.000 presos de diversas nacionalidades, de los que fallecieron alrededor de la mitad. Según los datos aportados por Carlos Hernández de Miguel en su imprescindible libro Los últimos españoles de Mauthausen, publicado en enero de 2015, existe constancia documental de que 9.328 españoles pasaron por los campos nazis. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334, lo que representa una tasa de mortalidad del 59%. Esa proporción se eleva al 64% si nos atenemos a las cifras de Mauthausen: 7.532 internados españoles de los que murieron 4.816. De acuerdo con el libro colectivo (Sandra Checa, Ángel del Río y Ricardo Martín) Andaluces en los campos de Mauthausen, de los españoles deportados a este campo, 1.494 eran andaluces y 336 de Córdoba. Cuando se liberó el campo el 5 de mayo de 1945 habían muerto alrededor de 1.000 andaluces –en su mayoría soldados y combatientes antifascistas con una media de edad de entre 20 y 30 años–, de los que 238 (más ocho desaparecidos) procedían de la provincia de Córdoba.

Portada de mi libro "Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944).

Portada de mi libro “Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944)”.

Al comenzar a recopilar documentación sobre la Segunda República y la guerra civil en Lucena, descubrí en el libro de Francisco Moreno Gómez, Córdoba en la posguerra. La represión y la guerrilla (1939-1950), que el lucentino Juan González León había muerto en enero de 1942 en el campo nazi de Mauthausen. Durante años intenté encontrar a sus descendientes para saber algo más de esta historia. No obstante, tuve que esperar a que me hablara de él en Montilla Francisco Carmona Priego “Ojos Claros”, quien había llegado a conocerlo. Francisco Carmona conocía también a sus hijos y, además, se encargó de localizar a decenas de víctimas de la represión franquista y a sus familiares con la intención de que sus testimonios aparecieran en mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). Pude charlar por teléfono con Antonio, uno de los hijos de Juan González León, el 20 de mayo de 2001. Me habló de su padre, de sus tíos maternos Luis y Francisco Merino Navarro que se habían exiliado en Francia, y me informó de que su tío paterno Manuel también había muerto en Mauthausen, algo que yo desconocía. Gracias a esta información pude contactar unos días después, el 7 de junio, también por teléfono, con su primo Rafael González Polonio, hijo de Manuel quien, aparte de hablarme de su padre, me contó que habían fusilado en Montilla en junio de 1941 a su tío político, Carlos García Herrador. Por fin, tras cuatro años de búsqueda y gracias al testimonio de la familia González, conseguí vertebrar la historia de los dos hermanos González León, víctimas de la barbarie nazi, y ponerle rostro a sus caras.

Juan y Manuel González León habían nacido en Lucena, pero se habían asentado desde pequeños con su familia en Montilla, un feudo histórico del socialismo cordobés, donde la izquierda había doblado en votos a la derecha en todas las elecciones celebradas durante la República. En Montilla el 18 de julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos y ciudades en los que triunfó con rapidez el golpe de Estado. Tras recibir órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, controló la localidad de manera violenta en la misma madrugada del día 19, lo que originó en los días siguientes la huida, en un pueblo que entonces tenía 20.000 habitantes, de miles de refugiados hacia la zona republicana. Como consecuencia de la sublevación militar los montillanos fieles a la República pagarían un enorme tributo de sangre: durante la guerra al menos 115 personas fueron asesinadas y 75 murieron en los frentes de batalla; en la posguerra hubo 15 fusilados, 438 encarcelados o represaliados, seis fallecidos en las cárceles, dos guerrilleros muertos y ocho hombres inmolados en el campo nazi de Mauthausen, entre los que se encontraban los hermanos Juan y Manuel González León.

Juan González León y, de izquierda a derecha), sus hijos Francisco, Josefa, Tránsito, Dolores y Antonio González Merino. La fotografía se realizó durante la guerra civil en Valdepeñas (Ciudad Real)

Juan González León y, de izquierda a derecha, sus hijos Francisco, Josefa, Tránsito, Dolores y Antonio González Merino. La fotografía se realizó durante la guerra civil en Valdepeñas (Ciudad Real).

Juan González León había tenido un alto compromiso político en Montilla, pues había sido secretario de las Juventudes Socialistas en 1931 y presidente de la Sociedad de Obreros y Empleados Municipales, afecta a la UGT. Cuando se produjo el golpe de Estado, Juan González huyó de Montilla con su mujer Dolores Merino Navarro y sus cinco hijos, atravesó distintos pueblos de las provincias de Córdoba y Jaén, y recaló en Valdepeñas (Ciudad Real), donde se alistó en el batallón de Félix Torres. Combatió en el frente de Valdemoro (Madrid) y, al caer Barcelona en manos franquistas, cruzó los Pirineos. En Francia, después de sufrir los campos de concentración, lo destinaron a una Compañía de Trabajadores Extranjeros en la línea defensiva Maginot. Tras la ocupación nazi, lo internaron en el Stalag XI B, situado en Fallingbostel (actual estado federal de la Baja Sajonia), donde ya había estado internado el exconcejal socialista montillano José Carrasco Navarro, asesinado también en el subcampo de Gusen. Desde allí lo deportaron a Mauthausen, el 27 de enero de 1941, junto a otros 1.505 prisioneros republicanos españoles, entre ellos el montillano Ángel Ramírez Muñoz y el catalán Francesc Boix, el famoso fotógrafo que testificó contra varios jerarcas nazis en el proceso de Núremberg. Ese mismo día comenzó el traslado de prisioneros españoles de Mauthausen a Gusen, adonde llegó el 17 de febrero junto al también montillano Luis Luque Espejo, y allí murió el 11 de enero de 1942, cuando hacía sólo cinco días que había cumplido los 42 años. El 8 de marzo de 1946, la agencia central de prisioneros de guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja informó a su esposa, Dolores Merino Navarro, de que se encontraba como fallecido en una lista elaborada por los exinternados en el campo nazi de Mauthausen, pero a la vez le decía que era la única información que poseía y advertía de que le resultaba “absolutamente imposible obtener otra indicación ni confirmación oficial”.

Manuel González León

Manuel González León

El hermano de Juan, Manuel González León, uno de los fundadores del partido comunista en Montilla, también tuvo que huir para evitar la represión. Al rancho de la sierra donde vivía llegaron un día de julio de 1936 unos falangistas preguntando por su paradero a su mujer, Encarnación Polonio Muñoz. Como él no se encontraba allí, a ella la amenazaron de muerte. Esa noche, la familia entera, con hermanos y sobrinos, huyó a lomos de tres bestias y se cobijó durante la guerra en Úbeda (Jaén). Manuel González, mientras tanto, alcanzó el grado de capitán en el ejército republicano. En el exilio, junto a su hermano Juan y dos hijos de su hermano Domingo (Manuel y Antonio, que retornarían a España al poco tiempo) sufrió los campos de concentración franceses de Barcarès y Saint Cyprien. En 1940 estaba enrolado junto a su hermano Juan en la 107 Compañía de Trabajadores Extranjeros, en una zona boscosa del norte del país, cuando los ocupantes nazis los apresaron y los separaron. A Manuel lo internaron en el Stalag VI C, cercano a Batthorn-Emsland, en la Baja Sajonia (Alemania), hasta que fue deportado a Mauthausen y luego a Gusen el 20 de octubre de 1941, en un convoy en el que también viajaban los montillanos Antonio Jordano Jordano, Miguel Torres Alcaide y Manuel Cerezo Rute (el único que sobrevivió). Manuel González falleció el 25 de noviembre de 1941, cuando tenía 31 años. La información que le facilitó la Cruz Roja a su viuda sobre su espeluznante destino resultó similar a la que ofrecieron de su hermano Juan, asesinado cuarenta y siete días después.

Con la nuera y las hijas de Juan González León, en Sant Joan Despí (19 de octubre de 2002).

Con la nuera y las hijas de Juan González León, en Sant Joan Despí (19 de octubre de 2002).

La historia de los hermanos González León se incluyó en mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). A su presentación, el 1 de diciembre de 2001, entre otros muchos familiares de represaliados montillanos venidos de diversos lugares, asistieron los cinco hijos de Juan González Léon y el hijo y el nieto de su hermano Manuel. Para ello, se trasladaron desde Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat, las localidades barcelonesas a donde había emigrado en los años cincuenta del siglo pasado. Nunca olvidaré lo que me dijo aquel día, nada más verme, una de las hijas de Juan González: “Hoy hemos venido a enterrar a mi padre”. Para muchos familiares de represaliados, unas simples hojas de papel pueden llegar a sustituir, de manera simbólica, a una tumba. Ya que no sabían donde reposaba su cadáver, al menos ahora existía un libro en el que aparecía su nombre, su foto y su historia. Por fin poseían algo material que perpetuaba la memoria de sus seres queridos. Era evidente que, para bastantes familiares de víctimas mortales de la represión franquista, la presentación del libro se transformó aquel día en una ceremonia de duelo público que nunca antes habían podido realizar.

Con Francisco Ruiz Acevedo (izq.) y Antonio (hijo de Juan González León), en Sant Joan Despí, el 19 de octubre de 2002.

Con Francisco Ruiz Acevedo (izq.) y Antonio (hijo de Juan González León), en Sant Joan Despí, el 19 de octubre de 2002.

El libro de Montilla se agotó en dos semanas y se reimprimió dos veces más en menos de medio año. Gracias a las gestiones del Centro de Estudios Comarcales del Bajo Llobregat y del historiador Jaume Claret Miranda, se realizó una presentación muy concurrida el 19 de octubre de 2002 en la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí, en concreto en el barrio de Las Planas, donde habita una comunidad montillana de miles de personas. Esta presentación me sirvió para agrandar la relación con los hijos y nietos de Juan y Manuel González León, y para conocer o ampliar la historia de otras víctimas montillanas de la represión franquista que habían emigrado allí (Miguel Feria Blanca, Antonio García Sánchez, Mariano Águila Nieto, Miguel Gómez Márquez, etc.). La relación con la familia González se fue afianzando tras la creación en mayo de 2005 de la Asociació per a la Memòria Històrica y Democràtica del Baix Llobregat, presidida por el incansable Francisco Ruiz Acevedo. Una de las múltiples actividades de esta asociación fue la edición del libro Peatones de la historia del Bajo Llobregat (testimonios y biografías). La obra se presentó el 4 de diciembre de 2006 en Cornellá de Llobregat por el conocido periodista Manuel Campo Vidal en un acto multitudinario, celebrado en el Ateneo Recreativo y Cultural, en el que yo fui uno de los conferenciantes. El libro, que contó con un segundo volumen, recoge las historias de personas que intervinieron, en esta comarca con una fuerte presencia inmigrante, en los movimientos sociales, sindicales y políticos antifranquistas. Entre las biografías se incluyen las de dos hijos de Juan y Manuel González León: Antonio González Merino (encarcelado durante tres meses en 1969 por su actividad sindical) y Rafael González Polonio, afiliados a la asociación, con unas trayectorias ligadas a Comisiones Obreras y al PSUC, la marca catalana del partido comunista. La asociación, muy activa en la defensa de la memoria democrática, ha sido responsable de la difusión de la historia de los dos padres y de los dos hijos a través de otros medios escritos, como la revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat y el libro Traumas. Niños de la guerra y el exilio. El testimonio de Rafael González Polonio también se grabó en formato audiovisual en el año 2009 para el archivo digital de la guerra civil y la dictadura franquista, promovido por la Universidad de California, y se incluyó en Memorias de las cenizas, un documental que se adentra en la historia de los más de 1.500 andaluces apresados en los campos nazis. Por desgracia, la repentina muerte de Rafael, el 4 de octubre de 2012, le impidió asistir a la presentación del documental en Barcelona. Su primo Antonio falleció unos años después, el 23 de septiembre de 2015.

1.En primera fila, Antonio González Merino (primero por la derecha) y Rafael González Polonio (cuarto por la derecha), en la visita realizada a Mauthausen a principios de mayo de 2005.

En primera fila, Antonio González Merino (primero por la derecha) y Rafael González Polonio (cuarto por la derecha), en la visita realizada a Mauthausen a principios de mayo de 2005.

En mayo de 2005 un grupo de familiares de asesinados en los campos nazis, militantes de organizaciones de recuperación de la memoria y cargos institucionales de la Junta de Andalucía viajaron cuatro días a Mauthausen, con motivo del sexagésimo aniversario de la liberación del campo nazi por la tropas aliadas. Por primera vez en la historia asistieron autoridades españolas, quienes a diferencia de las del resto de países europeos nunca habían participado. La representación española estuvo encabezada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Evangelina Navarro. El viaje lo organizó la Amical de Mauthausen, la asociación que agrupa a los exdeportados y a los familiares y amigos de las víctimas. Entre los viajeros se encontraban Antonio González Merino (hijo de Juan González León) y su mujer Carmen Aragón, Rafael González Polonio (hijo de Manuel González León) y su hijo Francisco José, y Antonio Carrasco López (nieto de José Carrasco Navarro, otro montillano asesinado en el campo). Hablé varias veces con Antonio González y su primo Rafael de este viaje, y éste me envió un amplio reportaje fotográfico suyo y otro de Antonio Carrasco López. Recuerdo la fuerte impresión que les produjo el viaje, lo que motivó que Rafael hiciera una profunda y sentida reflexión escrita, titulada “A la memoria de mi padre“, sobre aquella experiencia. Algunas de las emociones vividas quedan reflejadas en estos dos párrafos:

Rafael González Polonio, junto a su hijo Francisco, en un barracón de Mauthausen, con la foto de su padre y su tío.

Rafael González Polonio, junto a su hijo Francisco, en un barracón de Mauthausen, con la foto de su padre y su tío.

“En el año 2005 cumplí con un viejo sueño que había ido aplazando por diferentes motivos: fui a Mauthausen. También en esta ocasión mi hijo me acompañó. Mi hijo Francisco José desde muy joven se preocupó de saber qué había pasado con su abuelo, preguntó a su abuela o a mí, leyó las cartas y se define como un nieto orgulloso de su abuelo, de su trayectoria y de los principios y valores que defendió. Llegamos a Mauthausen un frío y lluvioso día del mes de mayo y lo primero que todos pensamos fue que si en primavera hacía tanto frío cómo sería aquello en invierno. Yo había leído libros, había visto documentales, pero estar allí era otra cosa, es muy difícil explicar lo que sentí, se mezclaron muchas sensaciones, rabia, dolor, impotencia, incredulidad, pena. Estábamos en uno de los barracones, miré a mi hijo y su cara era todo un poema, supongo que la mía no era diferente. Miré una de las fotos que había en la pared y me pareció o imaginé ver a mi padre, se me hizo un nudo en la garganta y estuve a punto de echarme a llorar. Íbamos mi hijo y yo por los barracones, cada uno por un lado y sin hablar, necesitábamos un poco de tiempo en soledad para digerir todo lo que estábamos viendo, todo lo que estábamos sintiendo. Llegamos al horno crematorio, había mucha gente y sin embargo el silencio era absoluto, el respeto era absoluto, los restos de miles y miles de seres humanos habían terminado en ese horno.

Fotografía de los hermanos González León, colocada en mayo de 2005, en la parte exterior del horno crematorio de Gusen.

Fotografía de los hermanos González León, colocada en mayo de 2005, en la parte exterior del horno crematorio de Gusen.

El día siguiente, sábado, estuvimos en Gusen, era el final del viaje, era el lugar donde mi padre término sus meses de sufrimiento. Entramos en el horno crematorio y me emocioné al pensar que probablemente los restos de mi padre se quemaron en él. Las paredes estaban llenas de placas, fotos y recordatorios que los familiares habían ido dejando, mi hijo empezó a buscar un sitio para colocar una foto que había preparado de su abuelo Manuel y su hermano Juan con una pequeña recordatoria. Encontramos un sitio en la parte posterior del horno, mi hijo comenzó a preparar la foto para pegarla en la pared, le temblaban las manos y cuando terminó de colocarla pasó su mano por encima suavemente, como intentando acariciar a su abuelo, estaba emocionado”.

Carta Manuel

Carta enviada por Manuel González León a su mujer Encarnación Polonio, fechada el 31 de agosto de 1939 en el campo de refugiados de Barcarés (Francia).

El viaje a Mauthausen de mayo de 2005 sirvió de idea para un libro fundamental sobre las víctimas de los campos nazis: Andaluces en los campos de Mauthausen, una cuidada y lujosa obra colectiva, editada por el Centro de Estudios Andaluces, de Sandra Checa, Ángel del Río y el fotógrafo Ricardo Martín. Esta publicación, además de incluir un importante contenido histórico y la lista de todos los andaluces prisioneros en el campo, analiza el impacto y la trascendencia que ha supuesto para las familias la pérdida de sus seres queridos, un apartado que ha sido tratado de forma magistral por el antropólogo Ángel del Río. Tres familias montillanas, las de José Carrasco Navarro y Juan y Manuel González León, aparecen en sus páginas narrando experiencias y recuerdos. Gracias a este libro, conocemos también en parte la abultada correspondencia que Manuel González mantuvo desde el exilio con su esposa Encarnación Polonio (hasta que lo trasladaron a Mauthausen, donde la correspondencia estaba prohibida y la familia pierde su rastro). Su hijo Rafael conservó las cartas y se las facilitó a Ángel del Río, quien incluyó algunos extractos de ellas en la obra (págs. 174-176). Hemos seleccionado los siguientes párrafos:

Manuel, nunca dejó de ejercer su condición de padre y de marido a pesar de las distancias y las circunstancias tan desfavorables, primero en los ignominiosos campos de refugiados franceses de Barcarès y Saint Cyprien durante el año de 1939; luego en una fría zona boscosa del norte de Francia en 1940; y finalmente, en un campo de prisioneros alemán en la Baja Sajonia. Sus palabras, en todo momento, desprenden un halo de ternura y sensibilidad encomiables. Trata, por todos los medios, de dar ánimo y coraje a su joven esposa con el fin de que pueda sacar a sus hijos hacia delante: “Encarnación, después de leer tu carta no puedes figurarte cuán orgulloso estoy de ti y más de tu buen estado de ánimo, yo por mi parte haré cuanto esté a mi alcance para ayudaros a vivir mientras llego a esa que no tardará mucho.” [Barcarès]; “Tu última carta la releo muchas veces y me produce una gran satisfacción ver que mis hijos tienen una madre con ánimos para trabajar para que no les falte pan.” [Barcarès].

En su afán de crear una imagen natural de tranquilidad, utiliza con recurrencia el humor y la ironía: “Claro como no hace uno nada en todo el día nada más que dormir y nadar, que va uno a terminar hecho un Anfibio” [Barcarès]; “Hoy mismo por ejemplo estoy de descanso, pues no trabajo porque estoy malo, mi enfermedad es aquí muy corriente se llama el Cuento, así que mañana a trabajar, después de haberte escrito, y a vivir la vida conforme venga, sin pensar en nada, si no es yo en ti, y en tu ánimo” [107 Compañía de Trabajadores Extranjeros, en lo sucesivo CTE].

En ocasiones, son necesarias las mentiras piadosas para mitigar el dolor que causa en su mujer, el estado de prisionero de guerra: “Pero tú no sufras por mi situación que es buena, así como la comida. Esta te la escribo, como de costumbre sentado en la cama. Si me vieras no me conocerías de gordísimo que estoy, es lástima que no pueda retratarme para mandarte la foto, pero en fin paciencia, esto va a durar poco, ahora se dice que pronto nos liberarán a los españoles. En otra anterior te decía que para las pascuas yo sería en esa, y pienso no equivocarme.” [Stalag VI C]

En ningún momento hay muestras de flaqueza y debilidad y siempre desborda optimismo. Sólo el frío, además de, lógicamente, la familia, es motivo de nostalgia: “…veo que ahí hace calor, esto me lo supongo, y siempre me digo que viva mi Andalucía, que por su clima y otras cosas, vale por todo lo que llevo recorrido.” [107 CTE]; “Encarnación no puedes figurarte lo que me acuerdo de ustedes y de la rica temperatura de mi Andalucía, tú no sabes el frío que hace por esta tierra.” [Stalag VI C].

Deseaba para su hijo los estudios que él nunca tuvo –sólo estudió la primaria–, pues entiende que la cultura es un valor fundamental: “…tú ponlo en la Escuela que aprenda a leer que es lo más útil para una persona. Aunque el juego es para los chiquillos como el sol para las plantas” [Barcarès].

Y, de manera relevante, los sentimientos de afecto y de amor están presentes en todas las cartas, muchas veces escritas en sentida prosa poética: “Quizá sea éste el motivo principal del porqué me acuerde tanto de ti, y de cuando yo, sin saber de la vida, jugaba con tu cariño en mis manos como el gato juega con la alimaña que se descuida, éste para terminarla, y yo jugaba, jugaba y repetía la jugada, qué alegría, qué tiempos. Siempre jugando, y cada día, tu cariño en mis manos seguía más bello, y yo más esclavo de él, era mi obra, era mi cariño, y al hablarte en mi interior de mi cariño, hablaba del tuyo, que ya es mío.” [107 CTE].

Rafael que, como su hijo Francisco Javier, ha leído en multitud de ocasiones las cartas de su padre, se emociona, especialmente, con una en la que relata un sueño donde aparece toda la familia en un día de feria andaluza. Con el emotivo sueño, Manuel hace una reflexión muy aguda sobre las causas por las que una persona resiste en circunstancias tan hostiles:

Te voy a contar un sueño que tuve hace dos noches. Ya estaba yo en esa, y era feria, por la tarde. Tú y yo vestíamos a los dos, y Antoñita te quería más a ti que a mí, y yo me reía porque veía que era propio, toda vez que a mí no me conocía, y cuando les arreglábamos, nos dispusimos a salir, y no sé lo que tú me dijiste, y yo digo bueno, pues para que otra vez no me digas eso, te arresto y no vienes a la feria.

Y Rafalito se reía mucho y decía, eso papá, eso, pero la niña estaba muy seria, y le dice a su hermano, ¿por qué te ríes y te alegras de que mamá no venga? Pues si mamá no viene, yo tampoco voy, a lo que el niño le dice, sí, tonta ven, que papá nos compra muchas cosas, y ante estas palabras, ella casi quería venir, y se queda muy fija mirándome, y me dice: Papá, ¿por qué no viene mamá? y también le compras a ella muchas cosas. Como yo no le contesté en seguida, va y me dice, llévala con nosotros y te quiero a ti como a mamá.

Y ante esto, en sueño, desperté casi llorando, y me decía, lo que pueden los hijos. Un buen rato me llevé sentado en la jergoneta, pensando en la realidad de este sueño, y en lo feliz que yo sería hoy, y lo bien que mi parejita se criaría a mi lado, esto me vuelve loco, y hay veces que no me quiero yo mismo.

Pero como siempre hay un algo que alimenta al hombre la ilusión en la vida, la fe en el porvenir, y el amor a mis seres más queridos, estas tres cosas son la base fundamental de que yo no haya perdido la cabeza, como la han perdido muchos ilusos”. [107 CTE].

Antonio González Merino (izq.) y su primo Rafael González Polonio depositan flores, en mayo de 2010, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Lucena, entre cuyos nombres se encuentran los de sus padres Juan y Manuel González León.

Antonio González Merino (izq.) y su primo Rafael González Polonio depositan flores, en mayo de 2010, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Lucena, entre cuyos nombres se encuentran los de sus padres Juan y Manuel González León.

En muchos países europeos que han sufrido regímenes fascistas ha existido una política de Estado consistente en la creación o mantenimiento de lugares de memoria explicativos de ese pasado totalitario (monumentos, nombres de calles, museos, conservación de campos de concentración, etc.). La función de estos lugares no es solo simbólica y memorialista, sino también educativa, moral y cívica. Es una forma, a través de la verdad y del recuerdo, de resarcir a las víctimas, de defender los valores democráticos, de asentar los derechos humanos y de que las nuevas generaciones conozcan su historia para que no vuelva a repetirse. En España esta política, que podríamos denominar de “justicia histórica”, ha resultado escasa y tardía. Además encuentra muchas reticencias entre un significado sector de la clase política que aún identifica olvido con reconciliación y memoria con venganza. No obstante, en el caso de los hermanos González León ha habido dos iniciativas institucionales muy loables en el ámbito de los lugares de memoria. Por un lado, en el año 2005 la construcción por el Ayuntamiento de Lucena de un monolito en el cementerio, con los nombres de las 123 víctimas mortales lucentinas conocidas hasta ese momento de la represión franquista, entre las que se incluyen los hermanos González León. Este gesto ha permitido algo común en una cultura como la nuestra, acostumbrada a enterrar a sus muertos en los cementerios: que sus hijos hayan venido en múltiples ocasiones a Lucena para dejarles flores y honrar su memoria ante el monumento.

Familiares de Juan y Manuel González León junto a la placa que da sus nombres a una calle de Montilla, el 15 de mayo de 2010.

Familiares de Juan y Manuel González León junto a la placa que da sus nombres a una calle de Montilla, el 15 de mayo de 2010.

La segunda iniciativa fue que el Ayuntamiento de Montilla, respondiendo de forma tardía a una petición de la familia realizada más de siete años antes, decidió dedicarles una plaza. El acto oficial se celebró el 15 de mayo de 2010, al día siguiente de la presentación publica de la nueva edición corregida y aumentada de mi libro sobre Montilla, y contó con la presencia de la familia González León y de los representantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal. Este acto se convirtió no solo en un reconocimiento a los hermanos González León, sino también a sus hijos y nietos por haber sabido mantener su memoria, ya que para los que sufrieron la represión una de las mayores justicias es el recuerdo. Una semana antes de que se les dedicara una plaza en Montilla, Rafael González Polonio había regresado a Mauthausen para satisfacer un deseo incumplido tras su primer viaje: colocar una placa permanente en una de las paredes. La placa, de color blanco y en letras negras, lleva la S de spanien enmarcada en un triángulo azul (símbolo cosido en su chaqueta que identificaba a los presos españoles) y el siguiente texto:

Nunca más. A la memoria de los hermanos Juan y Manuel González León, fallecidos en el campo de concentración de Gusen. Su familia no les olvida. Gusen, 7 de mayo de 2010

Rafael González Polonio coloca en Gusen una placa en recuerdo de su padre y su tío (7-5-2010).

Rafael González Polonio coloca en Gusen una placa en recuerdo de su padre y su tío, el 7 de mayo de 2010.

Documentación de interés: