Ángel Cruz Rueda y la depuración de maestros en Cabra durante la guerra civil

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en la España que quedó en poder de los sublevados se inició con suma rapidez la depuración de la inmensa mayoría de los funcionarios y de los empleados públicos. El 28 de julio, la Junta de Defensa Nacional –organismo militar que asumió el poder en la zona rebelde– autorizó la suspensión inmediata de los funcionarios que no prestaran auxilio a los golpistas y, a finales de agosto, ordenó de manera específica la depuración de los maestros alegando que la escuela debía “contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir”. Estas órdenes se formalizaron con el Decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado –especie de primer gobierno franquista–, que justificaba la depuración de todo el personal docente en el Magisterio debido a que había “estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional”.

Se crearon cuatro comisiones para depurar a los enseñantes: de profesorado universitario, de escuelas de ingeniería y arquitectura, del restante personal (institutos, enseñanzas profesionales, etc.) y de maestros de educación primaria. Al profesorado se le podía denunciar por haber tenido actividad política o sindical, por su conducta privada, profesional o religiosa, o por otros motivos. Las sanciones consistían en traslados forzosos, separación definitiva del cuerpo, suspensión de empleo y sueldo, exclusión del concurso de traslados, jubilación, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Para aumentar el daño a los condenados, los separados del servicio no podrían ejercer tampoco su oficio ni asumir cargos en escuelas, academias particulares o instituciones ajenas al Estado.

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Retrato de Ángel Cruz Rueda, presidente de la Comisión Depuradora provincial del profesorado cordobés de educación primaria. El cuadro se conserva en el Museo del IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Las comisiones depuradores de maestros de educación primaria tenían ámbito provincial y se encargaban de la investigación del profesorado, la instrucción del expediente y la propuesta de sanciones. La Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en Córdoba, constituida a finales de 1936, tenía la sede en el instituto de la capital de la provincia y estaba presidida por el jiennense y licenciado en Derecho Ángel Cruz Rueda, quien se había incorporado en 1926 al instituto Aguilar y Eslava de Cabra como catedrático de Filosofía. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, ejerció de concejal en 1928, consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1929, y en 1930 se convirtió en director del centro y de la rectoría aneja del Real Colegio de la Purísima Concepción, un cargo que mantendría durante la II República. El 7 de agosto de 1936, por nombramiento de las autoridades militares golpistas, se convirtió también en alcalde de Cabra. Durante la guerra civil ejerció, por tanto, tres funciones paralelas: alcalde (1936-1940), director del instituto (1930-1942) y presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en la provincia (1937-1939). En 1942, cuando tenía 54 años, se trasladó al Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media Lope de Vega, de Madrid, ciudad donde murió en 1961.

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José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, órgano encargado del proceso depurador en la enseñanza.

Las comisiones provinciales de depuración del profesorado trasladaban la propuesta de sanción a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, que era quien formalmente fallaba. El presidente de esta Comisión, que hacía las veces de Ministerio de Educación, era desde octubre de 1936 el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán y Pemartín, quien consideraba que había que castigar a los profesores que habían optado “por lo antinacional, masónico, judío o marxista, o los que fueron causa de la revolución”. Pemán se encargó de desmantelar el sistema educativo republicano, al que consideraba un foco de formación de generaciones anárquicas y antipatriotas. Para Pemán la depuración era una “sagrada misión” de carácter no solo “punitivo”, sino también “preventivo”, en la que no cabían ni “reprobables reservas mentales” ni “sentimentalismos extemporáneos”. La depuración del profesorado tenía como uno de sus objetivos extirpar de las escuelas la enseñanza laica o influenciada por las corrientes pedagógicas progresistas, e instaurar una educación acorde con los preceptos católicos.

En la España franquista se sancionó a un 25% de los maestros –unos 15.000, de los que unos 6.000 fueron separados definitivamente del cuerpo– y a un 38% del profesorado de enseñanza media. Gracias a la abultada información que aportan las 767 páginas del libro de Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la guerra civil, publicado en 2011, hemos podido conocer de manera muy pormenorizada cómo afectó este proceso a la provincia. En Córdoba, de los 814 maestros nacionales en plantilla en julio de 1936, se denunció a 291 (36% del total). En el caso de los maestros, la Comisión Depuradora requería informes confidenciales –que servían de base para la denuncia pero que el imputado nunca llegaba a conocer– de al menos la alcaldía, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia o vecino de la localidad (en el caso de Cabra fueron dos: Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez). Las principales denunciantes del profesorado en la provincia de Córdoba fueron las autoridades militares (185 denuncias), sacerdotes (159), vecinos (146) y ayuntamientos (130). De los maestros denunciados en Córdoba, 205 (25%) sufrieron la imputación de cargos por la Comisión Depuradora. En Cabra se imputó a entre un 25-30% de los maestros, aunque solo se sancionó a entre el 11 y el 20% de la plantilla. En cuanto al profesorado de enseñanza secundaria del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, el historiador Manuel Morente señala que, de sus 17 profesores, nueve acabaron denunciados (más del 50% de la plantilla) y tres catedráticos sancionados: Emilio Aranda Toledo (Latín), Higinio Capote Purrúa (Literatura) y el vicedirector Rafael Navarro Martín (Física y Química).

He rescatado del olvido a una familia de tres maestros de Cabra que sufrió la labor represiva de la Comisión Depuradora presidida por Ángel Cruz Rueda gracias a Carmen Menchero de los Ríos, residente en Madrid. Me ha enviado fotos, información y copias de los expedientes de depuración –que se conservan en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares– de su abuela y su tía abuela, las hermanas Carmen y Luisa Morales Durán, naturales de la provincia de Badajoz, y del marido de esta, José Flores Leña, nacido en Cabra. Su abuela Carmen estaba casada con el periodista Antonio de los Ríos Urbano, alcalde socialista de Baena en el primer bienio republicano (1931-1933) y desde el 20 de mayo al 13 de julio de 1936. Luisa se había casado en 1930 con José Flores, viudo y con dos hijos de su anterior matrimonio. La relación familiar era muy intensa, como prueba el hecho de que las dos hermanas estén enterradas juntas en el cementerio de Cabra.

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Antonio de los Ríos Urbano, alcalde de Baena durante la II República y esposo de la maestra Carmen Morales Durán.

Antonio de los Ríos Urbano dimitió de manera irrevocable de la alcaldía de Baena el 13 de julio de 1936 y se trasladó a vivir con su esposa a Cabra, donde ocho días después le sorprendió el golpe de Estado. Para escapar de la represión desatada por los golpistas, que en Cabra se llevó por delante la vida de un mínimo de 70 personas y en Baena de al menos 365, permaneció oculto como un topo en Cabra y en un cortijo de su cuñado Serapio Salas, esposo de su hermana Francisca. También contó con la protección de su hermano Adolfo, capitán de Infantería y de sus sobrinos Trujillo de los Ríos –que habían respaldado la sublevación militar en Baena desde el mismo 18 de julio de 1936– y José Luis Pedrajas de los Ríos (este último llegó a ayudar incluso económicamente a la familia).

Ser esposa de Antonio de los Ríos tendría graves consecuencias para Carmen Morales Durán, maestra entonces de la 2ª Escuela Nacional de niñas de Cabra. El 26 de agosto de 1937 la Comisión Depuradora de Instrucción Pública de la Provincia –basándose en los informes preceptivos del alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón, el arcipreste y párroco de la iglesia de Santo Domingo Antonio Povedano Roldán y los padres de familia Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez– propuso a la Comisión de Cultura y Enseñanza que se la sancionara con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por “tener tendencia política izquierdista”, sin aportar ninguna prueba que argumentara esta acusación salvo su condición de esposa de un exalcalde socialista al que nunca se cita por su nombre en el expediente.

Para su descargo, Carmen Morales presentó un escrito en el que declaraba que no había podido votar en 1936 por no estar inscrita en el censo, que no había militado en partidos o sindicatos y que, además, en 1932 había donado una imagen y unos enseres a la parroquia de Santa María de la aldea de Albendín cuando ejerció allí de maestra, lo que se confirmaba con un certificado del sacerdote titular, de nombre Mateo y hermano de su marido. A pesar de todas sus alegaciones, de su buena conducta profesional y de que la maestra se hallaba alejada de cualquier actividad política y sindical, una Orden de 4 de diciembre de 1939 del Ministerio de Educación Nacional la castigó con el “traslado dentro de la provincia, no pudiendo solicitar vacantes en tres años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza”.

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La maestra Carmen Morales Durán.

El 6 de enero de 1940 Carmen Morales recurrió la sanción alegando que al acusarla de “tener tendencias izquierdistas” “abstractamente” y sin “pruebas concretas” se la privaba de cualquier “medio defensivo eficaz”. Aportó también un aval escrito del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que “durante los aciagos años de la nefasta república” la maestra había cumplido con “sus deberes religiosos”, llevaba a sus alumnos a la catequesis, había realizado donativos a la parroquia, solo se relacionaba con personas de derechas y “nada hizo, ni privada ni públicamente, reuniones, manifestaciones, etc., en que se pudieran colegir ideas izquierdistas”. La presentación del recurso nunca llevaba implícita la paralización de la sanción, así que Carmen Morales fue trasladada a La Cardenchosa, una aldea de Fuenteovejuna situada a casi 200 kilómetros de Cabra, donde la acompañó su marido. Casi cuatro años después de presentado el recurso, el 17 de diciembre de 1943, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional acordó rebajar la sanción a “inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza” “por su condición de esposa de un destacado izquierdista”, a pesar de que el Juzgado reconocía su “inhibición política” y su “excelente conducta religiosa particular y oficial”. Carmen falleció en Cabra el 8 de julio de 1973, con 84 años. Su marido, Antonio de los Ríos Urbano, que sufrió el ostracismo social y profesional por su condición de antiguo alcalde socialista, había muerto ya en Baena el 21 de abril de 1947, con tan solo 48 años.

La hermana de Carmen, Luisa Morales Durán, que tenía 48 años en 1936, trabajaba también de maestra de la Primera Escuela Nacional de niñas de Cabra. En el expediente de depuración de la Comisión de Instrucción Pública, fechado el 13 de septiembre de 1937, se le imputaba, sin aportar ni una sola prueba documental y basándose en habladurías, de “simpatizar con los partidos de izquierda, habiendo sonado su nombre como concejal del Frente Popular”. La acusación se basaba en los informes preceptivos que habían emitido el brigada de la Guardia Civil Manuel Vargas Martos, el alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón y los padres Jaime Gálvez y Rafael Osuna Pérez. Sin embargo, todos reconocían que su conducta era “buena”, e incluso Jaime Gálvez la definía como una persona de “ideas religiosas y de derechas de siempre”. El 23 de septiembre de 1937 Luisa Morales presentó un pliego de descargo ante la Comisión Depuradora. Su defensa se basó en señalar que ella y su marido habían votado a la candidatura de derechas en las elecciones de febrero de 1936, que había soportado un sinfín de “penalidades” desde la proclamación de la República y, sobre todo, en recalcar que en su “vida tuvo relación alguna con personas alejadas de la fe católica”. Su escrito iba acompañado de un contundente certificado del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que desde 1931 Luisa pagaba su cuota mensual como miembro de la Acción Parroquial y de Acción Católica de la mujer, era catequista, “frecuentaba los Santos Sacramentos y en todo se manifiesta como persona franca y públicamente de derechas, colaborando a la vez en pro del movimiento salvador de nuestro glorioso Ejército”.

Las alegaciones de Luisa Morales sirvieron de poco, pues en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 27 de diciembre de 1939 aparece sancionada con “suspensión de empleo y sueldo por tres meses, traslado forzoso dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”. Cuatro días más tarde presentó un recurso en el que se quejaba, entre otras cosas, de que después de haber pasado la vida entera “formando generaciones que amen la Patria y adoren a Dios, por una simple calumnia se manchen cerca de treinta años de servicios a la Patria”. Aporta, en su defensa, tres certificados. Uno, de Carolina Ruiz del Portal, delegada local de la Sección Femenina de la Falange de Cabra, en el que se señalaba que era afiliada desde septiembre de 1936 y “que ha cumplido con todo lo que se le ha ordenado con gran espíritu y disciplina”. Otro, del alcalde accidental de Cabra, Antonio Lama Méndez de San Julián, que la definía también como adicta al “Glorioso Movimiento Salvador de España”. Y por último, otro del arcipreste Antonio Povedano en el que abundaba en su “buena conducta moral y religiosa” y en su condición de catequista. La reclamación de la maestra y los informes favorables solo le sirvieron para que el 16 de febrero de 1942 el juez superior de revisiones del Ministerio de Educación Nacional le rebajara la sanción a “traslado dentro de la provincia durante dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

El marido de Luisa Morales, José Flores Leña, estaba asignado a la Segunda Escuela Nacional de niños de Cabra. La Comisión Depuradora de Instrucción Pública de Córdoba le imputó, el 4 de septiembre de 1937, “haber pertenecido al Partido de Izquierda Republicana”. Como ocurrió en el expediente de su esposa y de su cuñada, ningún documento respaldaba la denuncia, y todos señalaban su buena “conducta social y profesional”. La acusación partía fundamentalmente del alcalde, Ángel Cruz Rueda, y del comandante militar, José Sánchez Pavón, aunque tanto el arcipreste Antonio Povedano –que lo identificaba como suscriptor del culto parroquial– como los padres Rafael Osuna Pérez  y Jaime Gálvez, añadían también que había sido lector de la prensa de izquierdas.

El día 13 de septiembre de 1937 José Flores remitió un pliego de descargo en el que alegaba su condición de secretario de la Cofradía del Santísimo Sacramento desde el año 1929 y negaba su antigua afiliación a cualquier partido del Frente Popular –la coalición que había ganado las elecciones legislativas el 16 de febrero de 1936–, “ya que ningún cristiano puede convivir con ateos”. Solo reconocía haber militado unos meses en 1932 en el Partido Republicano Radical y nunca en Izquierda Republicana. Para ello, presentó un informe firmado el 15 de septiembre de 1937 por Francisco Rojas López, expresidente de Izquierda Republicana y alcalde de Cabra hasta que fue depuesto por los golpistas el 18 de julio de 1936, en el que negaba su militancia en este partido o en cualquier otro del Frente Popular. La Comisión Depuradora decidió entonces solicitar una ampliación de informes a la alcaldía y a la comandante militar. La alcaldía –al igual que el comandante militar Joaquín Zejalbo– indicaba que no podía justificar la militancia de José Flores Leña en Izquierda Republicana porque se destruyeron los ficheros al comienzo de la guerra, pero que era “opinión general del vecindario”, ya que era asiduo lector de dos periódicos republicanos, El Heraldo de Madrid y El liberal. Así que debido a las “simpatías por esta prensa” se le castigó, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de diciembre de 1939, con la “suspensión de empleo y sueldo por seis meses, con traslado dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

1940_DETALLE SANCION LUISA Y JOSE_Azul órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. Año V Número 1043 - 1940 abril 19

En abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese por sanción del maestro  José Flores y su esposa Luisa Morales.

El 30 de diciembre de 1939 José Flores recurrió la sanción ante al ministro de Educación Nacional, exponiendo que se daba la “rara circunstancia de que el presidente de la Comisión Depuradora era el alcalde de Cabra, que es un señor que ni conoce el pueblo, ni mucho menos al que suscribe, por no haber tenido contacto alguno por la vida retraída que el primero desarrolla, y esto le ha hecho llevarse por las insidias de primera hora que en todos los sitios existieron”, por lo que “debió, ya que se trataba de la localidad de su residencia, informarse ampliamente y no dejarse llevar por las insidias de algún interesado en desprestigiar precisamente a los que desde los primeros momentos nos prestamos con todo entusiasmo a aportar nuestro esfuerzo a favor de nuestro glorioso Movimiento”. José Flores añadió que su vida política siempre había estado “inspirada en un gran amor a España, se ha desarrollado dentro del orden y como buen católico”, hasta el punto de haber sido concejal durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. El recurso iba acompañado de unos informes, que negaban que hubiera militado en algún partido del Frente Popular y lo presentaban como “adherido a nuestro Glorioso Movimiento”. Los escritos estaban firmados por el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, por el alcalde accidental Antonio Lama y por el jefe de la Falange Manuel Camuñas Ruiz, quien certificó además que era militante falangista desde septiembre de 1936. Otros dos informes, del arcipreste Antonio Povedano y de Antonio Lama Vandelvira, teniente mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento, avalaban su “buena conducta moral y religiosa” y apuntaban que ejercía el cargo de secretario de la hermandad desde 1929.

En principio, el recurso no resultó muy efectivo porque en abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese de José Flores y de su esposa Luisa Morales. Aun así, la petición siguió su curso y en marzo de 1942, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional decidió aminorar la sanción y en su lugar dictar otra de “inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza y pérdida de los haberes que no le hubieran sido satisfechos por razón de este expediente”. José Flores murió en Cabra el 28 de enero de 1954, con 75 años.

Al igual que ocurre con los tres maestros que he citado con anterioridad, la mayor parte de la depuración del magisterio en Cabra y en la provincia de Córdoba se produjo durante los dos años de mandato (1937-1939) como presidente de la Comisión Depuradora de Ángel Cruz Rueda, que resolvió 591 expedientes, el 72 %  de todos los que se incoaron entre 1937 y 1949. A pesar de su papel represivo contra el profesorado cordobés y de su labor y de su ideología antidemocráticas, Ángel Cruz Rueda nomina en la actualidad un Colegio de Educación Infantil y Primaria en Cabra y una calle en Jaén, incumpliendo el apartado 1 del capítulo 15 de la llamada ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, que establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El 25 de febrero de 2016, el periódico Cabra Información publicó una noticia referida al colegio Ángel Cruz Rueda. Señalaba que a principios del curso 2014-2015, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía instó a la comunidad educativa del centro a que “iniciara el procedimiento necesario para cambiar el nombre (…), en cumplimiento de la Ley Democrática de Andalucía y de la ley estatal de Memoria Histórica”. El pasado 24 de febrero la delegada de Educación en Córdoba, Esther Ruiz, visitó el colegio con motivo de las actos del Día de Andalucía. A preguntas de los medios de comunicación por el cambio de nombre –que aún no se había producido casi año y medio después de que la propia Consejería lo propusiera– respondió que “está en manos de los órganos pertinentes, del Consejo Escolar pertinente y se está estudiando siempre de una manera democrática, que es como trabajamos desde la Junta”.

El periódico añadía, en la misma noticia, que esta no era la primera vez que el asunto se abordaba en la localidad, “ya que en enero del año 2000, el Ayuntamiento en pleno bajo la presidencia del entonces alcalde andalucista Manuel Buil, rechazó con los votos del PA, PSOE y PP una moción de Izquierda Unida, presentada por su portavoz entonces Manuel Carnerero, para solicitar del organismo competente el cambio de nombre y adoptar una nueva denominación consensuada en el seno del Consejo Escolar Municipal”.

Tras la reciente aprobación, en marzo de 2017, de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se consigna de manera categórica a quien corresponde la eliminación de estas simbologías antidemocráticas, ya sea en edificios de titularidad pública o privada. Así, en el apartado 5 del artículo 32 (Capítulo III) se establece que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”. La institución titular del colegio es la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y es a ella, por tanto, a quien corresponde asumir su responsabilidad legal y actuar de oficio.

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