Franco, los judíos y Lucena

Si hacemos referencia al antisemitismo y al odio a los judíos, enseguida pensamos en la persecución que sufrieron en Alemania cuando Hitler llegó al poder en 1933 y en su exterminio en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el antisemitismo hunde sus raíces más atrás, en la Europa cristiana de la Edad Media, que consideraba a los judíos, representados por Judas Iscariote, deicidas, es decir responsables de la muerte de Jesucristo. Se les acusaba también de sacrilegios, asesinatos rituales de niños cristianos, conjuros para provocar malas cosechas y pestes, practicar la usura y de otras actitudes malévolas. En muchos lugares soportaron discriminación, segregación en guetos y terribles pogromos, que acababan con la destrucción de sus propiedades y asesinatos masivos.

En España, un edicto de los Reyes Católicos decretó su expulsión en 1492. Se calcula que en aquel momento la mitad de ellos se convirtió al cristianismo para poder permanecer en nuestro país. Los conversos padecieron el acoso del Tribunal de la Santa Inquisición, que vigilaba para que no judaizaran (es decir, practicaran los ritos de su religión a escondidas) y aplicaba duras condenas, incluida la muerte, a los que lo hicieran. Los descendientes de los conversos conservaron su estigma durante siglos. Por ejemplo, hasta principios del sigo XIX existieron en nuestro país los estatutos de limpieza de sangre, que obligaban a aportar un certificado de no ser descendiente de judíos o moriscos para poder entrar en organismos como las academias militares, los colegios mayores universitarios y los cabildos.

En España, un país sin judíos, durante el siglo XIX la llama del antisemitismo la mantuvieron sobre todo los carlistas, defensores del absolutismo monárquico y del integrismo católico, aunque también encontramos clichés antijudíos en literatos como Gustavo Adolfo Bécquer, Larra o Espronceda, y en las fiestas, terminologías y leyendas populares. Desde finales del siglo, comenzó a arraigar en Europa —sobre todo en Alemania y Francia, donde había importantes minorías judías— la idea de que existía una conspiración judía para dominar el mundo. Esta idea la extendieron en España la derecha política y las publicaciones eclesiásticas a través de libros, homilías, periódicos y otros medios de difusión. En ellos aireaban que había un complot secreto entre judíos, masones y las asociaciones internacionales de la clase obrera (socialistas y comunistas) con el fin de destruir el cristianismo. Basándose en este supuesto, el integrista sevillano José Ignacio de Urbina fundó en 1912 la Liga Nacional Antimasónica y Antijudía, con el respaldo de veintidós obispos españoles. El antisemitismo se intensificó en Europa y América a partir de 1917, con la revolución rusa, a la que los antisemitas consideraban, igual que el socialismo, una creación judía, ya que algunos de los líderes bolcheviques, como Trotsky, eran de este origen.

La proclamación de la II República en abril de 1931 avivó de nuevo el fuego del antisemitismo en España. El historiador Paul Preston, en su obra El Holocausto Español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, que nos servirá de guía en los cuatro siguientes párrafos, relata de manera amplia y detallada cómo el antisemitismo se manifestó de manera virulenta durante estos años. Así, en junio de 1931, el periódico carlista El Siglo Futuro declaró, aun siendo falso, que tres ministros eran judíos (los conservadores Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, y el socialista Fernando de los Ríos) y que la República era obra de una conspiración judía protagonizada por los masones con el apoyo de la izquierda. La prensa católica no se quedaba atrás en esta campaña antisemita y se refería con frecuencia al contubernio judeomasónico y bolchevique. La Editorial Católica, propietaria de un importante conjunto de publicaciones, lanzó dos revistas profundamente antisemitas y antimasónicas: Gracia y Justicia (que alcanzó una tirada de 200.000 ejemplares) y Los Hijos del Pueblo.

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Portada de una de la ediciones de Los protocolos de los sabios de Sión que se se editó en España.

El antisemitismo se extendió en España con la difusión del libro más importante de su género, Los protocolos de los sabios de Sión, que afirmaba que existía un gobierno judío secreto formado por los sabios de Sión que se valía de la masonería y el comunismo para dominar el mundo. El libro era un fraude histórico —a pesar de que la extrema derecha pretendió darle veracidad— que apareció en la Rusia zarista en 1902 para justificar los pogromos contra los judíos y que alcanzó una gran popularidad en toda Europa. La primera traducción española se publicó en Alemania en 1930 y en 1932 una editorial jesuita de Barcelona encargó una segunda traducción. A la difusión de los protocolos en España contribuyó otro libro, Orígenes de la revolución española, escrito por el sacerdote catalán Juan Tusquets Terrats, que lanzó la idea de que la II República era fruto de una conspiración judeomasónica. Tusquets defendía que los judíos querían destruir el cristianismo, sirviéndose de masones y socialistas, por medio de la revolución, las catástrofes económicas, la pornografía y el liberalismo. La repercusión de la obra de Tusquets resultó tan enorme que en 1933 fue invitado por la Asociación Antimasónica Internacional a visitar el campo de concentración de Dachau, el primero creado por los nazis en Alemania. La intención de esta invitación, según él, era “enseñarnos lo que teníamos que hacer en España”.

Las proclamas antijudías se repetían en revistas, periódicos y libros, jaleadas por numerosos autores. Por ejemplo, para el literato Ramiro de Maeztu, España era una nación que se había creado a través de sus luchas contra los “usureros arrogantes” de los judíos y los “salvajes incivilizados” de los moros. Julián Mauricio Carlavilla, que bajo el seudónimo de “Mauricio Karl” obtuvo un enorme éxito de ventas durante la II República (de su tercer libro, Asesinos de España, llegó a vender cien mil ejemplares), insistía en que los judíos eran los que habían organizado a las izquierdas españolas manejando la masonería, las Internacionales Comunista y Socialista y el capitalismo mundial. Por tanto, España solo podría salvarse si se unía al nazismo alemán y al fascismo italiano para vencer a los “sectáreos de la judería masónica”.

En el campo político, la mayor parte de la derecha mantenía posturas antisemitas. El líder de la derecha moderada agrupada en la CEDA, José Mª Gil Robles, en el mitin que pronunció el 15 de octubre de 1933 en el cine Monumental de Madrid, en plena campaña electoral afirmó que “hay que fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la patria depurada de masones judaizantes”. Onésimo Redondo, el fundador de las JONS, un partido creado en 1931 y que se uniría a la Falange en 1934, también lanzó desde la extrema derecha proclamas antisemitas, lo que no es extraño en alguien que había traducido al español Mi Lucha, el libro escrito por Adolf Hitler. Para Onésimo Redondo, las escuelas mixtas introducidas por la II República en 1931, en las que se educaban juntos niños y niñas, eran “un capítulo de la acción judía contra las naciones libres. Un delito contra la salud del pueblo, que debe penar con su cabeza a los traidores responsables”.

Entre los militares el antisemitismo también arraigó con fuerza. El general Emilio Mola Vidal en sus memorias atacó a masones y judíos, ya que para él las conmociones que había sufrido España tenían su origen en el “odio de una raza”, la judía. Mola se convirtió en el “director” de la conspiración militar que desembocó en el golpe de estado del 18 de julio de 1936, en el que también participaría el general Francisco Franco, suscriptor de Acción Española, una revista ultraderechista que había avalado las tesis de Los protocolos de los sabios de Sión. Cuando al poco de comenzar la guerra civil Franco fue nombrado jefe del Estado el 1 de octubre de 1936, el antisemitismo siguió latente en muchos militares españoles, como los generales López Pinto, Cabanellas y Millán Astray. Este, fundador de la Legión y jefe de propaganda de Franco, en septiembre de 1936 afirmó: “Los judíos moscovitas querían encadenar a España para convertirnos en esclavos, pero hemos de luchar contra el comunismo y el judaísmo. Viva la muerte”.

El más furibundo de los militares antisemitas quizás era Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur. El profesor Gonzalo Álvarez Chillida, en su libro El antisemitismo en España. La imagen del judío 1812-2002, señala cómo en sus charlas radiofónicas Queipo afirmaba que el gobierno republicano estaba sostenido por el “judaísmo internacional y que el gobierno secreto judío financiaba la revolución comunista”. El 12 de septiembre de 1936 exponía que la contienda era “una guerra por la civilización occidental contra el mundo judío” e incluso llegó a definir a la URSS como Unión Rabínica de los Sabios de Sión. Estas ideas estaban tan arraigadas entre muchos militares que, en el desfile de la Victoria del 19 de mayo de 1939 en Madrid, Franco señalará que el “espíritu judaico que permite la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un solo día y aletea en el fondo de muchas conciencias”.

El historiador Gonzalo Álvarez Chillida, antes señalado, recoge también cómo las revistas culturales de las órdenes religiosas y las pastorales de muchos obispos aludían durante la guerra civil a la unión de judíos con masones y comunistas. El obispo de Burgos, el 14 de febrero de 1937, decía que el Frente Popular (la coalición de republicanos e izquierdistas que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936) era “un conglomerado de ateos, masones, judíos y enemigos de Dios y de España”. El obispo de León, el 22 de noviembre de 1936, hablaba de la “malicia judeomasónica”, y el de Palencia, el más prolífico de ellos, en abril de 1938 aludía al “contubernio” entre “la nariz y las afiladas uñas del judío, la mano perfumada del masón y la pezuña del oso asiático”.  El cardenal Isidro Gomá, primado de la Iglesia de España, desde el año 1936 ya hizo referencias a que “judíos y masones envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas” y consideraba a “judíos y masones, verdaderos representantes de la anti-España”.

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Portada del Poema de la Bestia y el Ángel, de José María Pemán, editado en 1938.

Entre la literatura más antisemita de la guerra civil destacan dos libros, Comunistas, judíos y demás ralea, de Pío Baroja, y Poema de la Bestia y el Ángel, del monárquico de extrema derecha José María Pemán, que lo escribió mientras ejercía de presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado (especie de primer gobierno de Franco) y se esforzaba en la depuración y la represión del profesorado republicano. En el poemario, publicado en 1938, se describía la guerra civil de manera alegórica como una lucha entre Dios y Satán. Al servicio de Satán y el Anticristo, la Bestia se encarnaba en el Sabio de Sión que ordenaba la destrucción de la España católica. Por tanto, “El enemigo infiel, sierpe que ahoga / la garganta de España, y apretado / tiene su cuerpo, es de la Sinagoga / el oculto poder”. En este poemario Pemán rescata todos los mitos de los Protocolos, por lo que en sus versos alude a los manejos de los judíos en los negocios, el comercio y las finanzas; la utilización que realizan del liberalismo, la masonería, la moral hedonista y el capitalismo con la intención de acabar con la civilización occidental; y el papel del judaísmo en las leyes anticlericales y en la reforma agraria decretadas por la II República.

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Artículo “Estampa del judaísmo”, publicado por el periódico lucentino Ideales el 30 de agosto de 1937.

En este ambiente de antisemitismo que invadía la política, la milicia, la jerarquía eclesiástica, los libros y la prensa se enmarca un artículo publicado en Lucena —donde hasta mediados del siglo XII había subsistido una importante judería— por el periódico católico local Ideales, el 30 de agosto de 1937. Se titulaba “Estampa del judaísmo”, ocupaba casi toda la contraportada e iba firmado por un colaborador habitual del semanario, GEDEPÉ. Este periódico se había referido en algunas ocasiones en términos peyorativos a los judíos, pero que este escrito se publicara en una pequeña ciudad de provincias en plena guerra civil da idea de la difusión tan amplia que gozaban las ideas antisemitas por aquel entonces. El artículo recoge no solo las opiniones del autor, sino también extractos de un escrito de José María de Murga (creemos que de su libro Recuerdos marroquíes del moro vizcaíno, publicado en 1868), un viajero español en el Maruecos del mediados del siglo XIX. Como en otras publicaciones antisemitas, aquí podemos encontrar todos los mitos propagados en contra de los judíos citados con anterioridad, desde la avaricia a su intento de dominación del mundo. El artículo es el siguiente:

No haremos un recorrido retrospectivo en el asentamiento del pueblo judío en nuestra patria, por no dar una extensión demasiado grande a este trabajo, ello quedará para otra ocasión más propicia. Hoy sí diremos, que la raza hebrea ha sufrido desde remotos tiempos humillaciones inconcebibles.

¿Hay razón que justifique ese odio que todavía subsiste contra la familia israelita?

Indudablemente esta persecución prolongada debe ser consecuencia lógica del carácter y condiciones de los hebreos y de su incalificable conducta.

El judío odia al cristiano (a quien tanto debe) lo mismo que al musulmán, y para escarnecer la religión católica emplea los términos más groseros e insensatos; pero todo el desprecio que sus palabras encierra sirve solo para enaltecer aquello que trata de vilipendiar, porque no es posible concebir nada digno de su asquerosa cobardía, su incomparable bajeza y la refinada perfidia en que inspiran sus actos.

Posee maravillosas facultades para acomodarse a todo género de humillaciones; tienen una ductilidad de carácter pasmosa para ajustar su conducta a cualquier situación de su existencia; la destreza necesaria para engañar sin parecer culpable.

Murga describe esta raza en los siguientes párrafos: “Las pasiones más bajas de la humanidad son rasgos característicos de los judíos.

Su mirada es inquieta y atravesada, su fisonomía tiene algo de innoble y bruta, es a no dudarlo, la fealdad moral que deja traslucir.

No tienen del hombre sino los instintos inferiores y los apetitos animales, y nada elevado puede caber en aquellas almas metalizadas, porque no tienen más pasión ni más dios que el dinero, a quien adoran como lo hacían sus antepasados cuatro mil años ha.

Como consecuencia natural, su probidad no está por las nubes; lo está por las alcantarillas, y más baja estaría aún si algo más sucio pudiera haber bajo de ellas, exceptuándose aquellos casos en que suelen elevarse en razón directa del miedo o de la conveniencia que produce este fenómeno moral.

Los cristianos y moros, que han sufrido muchas veces su maldad, los conocen perfectamente, y dicen que los judíos, al salir de su casa, ponen la mano sobre el pedazo de caña o tubo de latón en que cuelgan los tefelines (salmos de la Biblia) y ruegan a Dios no les permita volver a pasar por los alféizares de las puertas interiores, sin que hayan engañado a alguno que no sea de su grey

Pero por más desconfianza que se tenga con ellos, por más precauciones que se tomen para evitarlo, es más difícil aún que pueda zafarse de ellos el que se dejó enredar”.

En la actualidad, están infiltrados en los puestos de relieve oficial, de una gran mayoría de estados europeos.

Son los que mueven los hilos invisibles de las organizaciones obreras internacionales, acomodando los actos y conductas de éstas a su soñada ilusión; la de la dominación del mundo.

En el aspecto económico es tal su ingerencia, que hay estados que tienen hipotecada su riqueza territorial por medio de fabulosos empréstitos de dinero concertados en los Trust Bancarios, judíos; amén de Rusia, donde el dominio del país y de sus habitantes pertenecen por entero a ellos.

Es pues de necesidad absoluta, presentar esta raza tal como es y lo que pretende en el mundo. Ello servirá para que sepamos valorar el esfuerzo que realizan nuestros soldaditos con las armas, y el de nuestro Generalísimo en esa actuación sabia, serena y inflexible, con que desbarata una a una cuantas tentativas hacen para hacer cambiar el sentido de nuestra Cruzada.

A los cinco siglos tropezamos de nuevo con ellos; esta vez no dentro de nuestro territorio, sino que nos combaten desde fuera.

No importa. Venceremos con la ayuda de Dios y seguirán condenados a que el Judío Errante sea, con toda evidencia, el símbolo del pueblo judío desde el sacrificio del Calvario.

A pesar de toda esta parafernalia verbal antijudaica, en la zona controlada por los militares sublevados durante la guerra civil no se puede hablar de una política sistemática de persecución de los judíos, aunque sufrieran episodios de violencia, arrestos arbitrarios, vigilancia por la policía y multas. Por ejemplo, Queipo de Llano impuso una multa colectiva de 138.000 pesetas a la comunidad judía sevillana, que en aquel momento era la más importante de nuestro país. Además, las sinagogas de Madrid, Barcelona y Sevilla fueron clausuradas y se prohibió el culto judío (salvo en los territorios españoles del norte de África), por lo que ante el acoso muchos optaron por bautizarse y convertirse al catolicismo.

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Cartel de propaganda antisemita editado por los nazis en el que aparece el judío como un poder oculto que domina el mundo.

Durante la II Guerra Mundial la actitud de las autoridades españolas ante la persecución y el exterminio de los judíos por parte de los nazis fue de indiferencia y pasividad, y solo el esfuerzo de contados diplomáticos consiguió salvar la vida de algunos judíos europeos. La prensa oficial, la falangista y la católica aplaudía y justificaba con artículos de carácter antisemita la persecución que sufrían los judíos en Europa (pogromos, fusilamientos, confiscaciones, guetos, etc.), sin criticar o rechazar nada de lo que estaba ocurriendo con ellos. El franquismo, debido a sus vinculaciones con el régimen nazi y a los informes que enviaban sus diplomáticos, algunos en tono dramático, sabía perfectamente desde primera hora lo que pasaba, incluso que se les estaba gaseando en Auschwitz. Además, Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña ya habían denunciado desde finales de 1942 que Hitler había planeado el exterminio de todos los judíos europeos.

En 1940 se calcula que había en Europa unos nueve millones y medio de judíos, de los que unos 4.500 tenían la nacionalidad española. La mayoría la habían adquirido a partir de 1924, cuando un decreto emitido durante la dictadura de general Miguel Primo de Rivera permitió recuperarla a los sefarditas, los descendientes de los judíos españoles que habían sido expulsados en 1492. En Europa había entonces unos 175.000 sefarditas, que conservaban aún una cultura y una lengua heredada del castellano antiguo. En un principio, al comenzar la guerra mundial, Franco permitió el paso de los refugiados que llegaban desde Francia, judíos o no, solo si disponían de un visado de entrada para otros países, sobre todo Portugal, pero se les prohibió quedarse en nuestro país. De esta manera se calcula que pudieron escapar de los nazis un mínimo de 30.000 judíos hasta que los alemanes cerraron la frontera. Sin embargo, nunca se atendieron peticiones de repatriación ni de permiso de tránsito colectivos por nuestro país, e incluso se negaron en el verano de 1940 varios permisos pedidos por el Vaticano para el paso por España de grupos de judíos a los que se quería salvar.

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En el centro, Heinrich Himmler, jefe de las SS y de la policía alemana, durante su visita a España en octubre de 1940. A su derecha, Franco, y Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores.

La colaboración de las autoridades franquistas con los nazis se evidenció de manera clara en 1941, cuando sus victorias en los frentes de guerra europeos eran imparables y España sopesaba entrar en la guerra como aliada de Alemania. Lo demuestra que el 13 de mayo, la Dirección General de Seguridad remitió una circular a todos los gobernadores civiles en la que les ordenaba que enviaran informes individuales de los “israelitas nacionales y extranjeros” afincados en sus provincias, “indicando su filiación personal y político social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad y conceptuación policial” con el fin identificarlos y de evitar sus “fáciles manejos perturbadores”. La mayoría de estos judíos españoles habitaban en las posesiones españoles del norte de África, salvo algunos cientos que vivían casi en su totalidad en Barcelona, Sevilla y Madrid. La lista, que incluía a los judíos convertidos al cristianismo, fue entregada a las autoridades alemanas por el embajador de España en Berlín, José Finat Escrivá de Romaní.

Hitler no deportó a los campos de concentración a los judíos que tenían el pasaporte de una nación aliada o amiga sin consultar antes con ella. En esta categoría se encontraba España, que a mediados de 1941, como prueba de amistad, ya había enviado un cuerpo de voluntarios en el que se enrolarían cerca de 50.000 hombres para luchar junto al ejército nazi en la Rusia soviética. En enero de 1943, el gobierno alemán emitió un decreto que permitía a sus aliados y a algunos países neutrales (España, Suiza, Portugal, Suecia, Turquía, etc.) repatriar a sus judíos de los territorios ocupados por los nazis en un plazo máximo de dos meses antes de deportarlos al Este. Así lo hicieron algunos de ellos, aunque no España. Solo quince días antes de que expirara el plazo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español informó a la embajada alemana de que únicamente permitiría la entrada “de un máximo de 100 personas por las que habían intercedido españoles famosos”. En diciembre, cuando ya muchos habían sido deportados a campos de exterminio y nada se podía hacer por ellos, el ministro Gómez Jordana ordenó que se salvara “a los de indiscutible nacionalidad española”.

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El diplomático Ángel Sanz Briz salvó a miles de judíos húngaros del holocausto.

Frente a la postura oficial del gobierno franquista, un grupo de diplomáticos españoles, sabedores de que el destino que les esperaba a los judíos que eran deportados a los campos de concentración era la muerte, decidió por su cuenta y riesgo comprometerse para salvar al mayor número posible de ellos. En Francia, Eduardo Propper de Castellón emitió en el segundo semestre de 1940, desde el Consulado de España en Burdeos, dos mil visados para los judíos que querían huir. Su acción protectora fue castigada por el ministro de Asuntos Exteriores español, Ramón Serreno Suñer, cuñado de Franco, con su destitución y traslado al Consulado de Larache (Marruecos). También el encargado de negocios de la embajada de España en Budapest intentó proteger a los judíos en su demarcación, pero ante las protestas de las autoridades húngaras, Franco lo cesó. Su sucesor, Ángel Sanz-Briz, continuó con la labor y expidió miles de pasaportes españoles y cartas de protección a judíos que en muchas ocasiones no tenían raíces sefarditas. Cuando los documentos dejaron de tener validez para las autoridades húngaras, declaró como parte de la embajada decenas de edificios alquilados donde alojó a unos 5.000 judíos. Ante el avance soviético, el ministro de Asuntos Exteriores le ordenó su vuelta a Madrid, aunque estos judíos consiguieron salvarse.

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Miembros de la comunidad sefardita griega de Salónica en una boda celebrada en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial (foto del Museo del Holocausto de Estados Unidos).

Menos suerte tuvo la numerosa comunidad sefardita griega de Salónica, que albergaba a entre 50.000 y 60.000 judíos. El cónsul español en Atenas, Sebastián Romero Radigales, logró que varios centenares de estos sefarditas fueran identificados como españoles, ante la pasividad de las autoridades franquistas. Gracias a las gestiones de este cónsul, se consiguió salvar a unos 700 judíos, que en su mayoría fueron deportados a España a principios de 1944 y de aquí salieron para Palestina. Otros 48.000 judíos sefarditas griegos acabaron en las cámaras de gas del campo de exterminio de Auschwitz. En contraste con España, otros países como Italia, Suiza, Argentina y Turquía sí evacuaron a sus judíos de Grecia desde el primer momento y los salvaron de la muerte. A pesar de la indiferencia de las autoridades franquistas con estos judíos sefarditas griegos, al acabar la guerra se dio una situación llamativa. Al ir a negociar la delegación española con los países vencedores las deudas que tenía contraídas con Alemania, pidió una compensación por los daños patrimoniales causados por los nazis a los sefarditas de Salónica, a lo que el representante inglés respondió que España nunca había protestado por la persecución nazi de estos judíos y por tanto ahora no tenía derecho a realizar ninguna petición al respecto.

Tras el fin de la II Guerra Mundial, para congraciarse con las potencias aliadas que habían derrotado a Hitler en 1945, en España poco a poco se iría creando el mito de que Franco colaboró en la salvación de los judíos, así que había que maquillar el pasado para impedir que la opinión pública conociera la verdadera realidad de los hechos. Por ese motivo, por ejemplo, durante la dictadura se evitó la proyección de imágenes que tuvieran que ver con el holocausto, películas como El gran dictador —en la que Charles Chaplin se mofaba de la figura de Hitler y denunciaba la persecución de los judíos— estuvieron prohibidas y las asociaciones españolas de deportados a los campos nazis no pudieron tener existencia legal hasta la muerte de Franco en 1975. Esa labor de manipulación tuvo tanto éxito que el mito ha pervivido, con más o menos matices y a pesar de las evidencias históricas, hasta nuestros días.

Ángel Cruz Rueda y la depuración de maestros en Cabra durante la guerra civil

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en la España que quedó en poder de los sublevados se inició con suma rapidez la depuración de la inmensa mayoría de los funcionarios y de los empleados públicos. El 28 de julio, la Junta de Defensa Nacional –organismo militar que asumió el poder en la zona rebelde– autorizó la suspensión inmediata de los funcionarios que no prestaran auxilio a los golpistas y, a finales de agosto, ordenó de manera específica la depuración de los maestros alegando que la escuela debía “contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir”. Estas órdenes se formalizaron con el Decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado –especie de primer gobierno franquista–, que justificaba la depuración de todo el personal docente en el Magisterio debido a que había “estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional”.

Se crearon cuatro comisiones para depurar a los enseñantes: de profesorado universitario, de escuelas de ingeniería y arquitectura, del restante personal (institutos, enseñanzas profesionales, etc.) y de maestros de educación primaria. Al profesorado se le podía denunciar por haber tenido actividad política o sindical, por su conducta privada, profesional o religiosa, o por otros motivos. Las sanciones consistían en traslados forzosos, separación definitiva del cuerpo, suspensión de empleo y sueldo, exclusión del concurso de traslados, jubilación, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Para aumentar el daño a los condenados, los separados del servicio no podrían ejercer tampoco su oficio ni asumir cargos en escuelas, academias particulares o instituciones ajenas al Estado.

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Retrato de Ángel Cruz Rueda, presidente de la Comisión Depuradora provincial del profesorado cordobés de educación primaria. El cuadro se conserva en el Museo del IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Las comisiones depuradores de maestros de educación primaria tenían ámbito provincial y se encargaban de la investigación del profesorado, la instrucción del expediente y la propuesta de sanciones. La Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en Córdoba, constituida a finales de 1936, tenía la sede en el instituto de la capital de la provincia y estaba presidida por el jiennense y licenciado en Derecho Ángel Cruz Rueda, quien se había incorporado en 1926 al instituto Aguilar y Eslava de Cabra como catedrático de Filosofía. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, ejerció de concejal en 1928, consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1929, y en 1930 se convirtió en director del centro y de la rectoría aneja del Real Colegio de la Purísima Concepción, un cargo que mantendría durante la II República. El 7 de septiembre de 1936, por nombramiento de las autoridades militares golpistas, se convirtió también en alcalde de Cabra. Durante la guerra civil ejerció, por tanto, tres funciones paralelas: alcalde (1936-1940), director del instituto (1930-1942) y presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en la provincia (1937-1939). En 1942, cuando tenía 54 años, se trasladó al Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media Lope de Vega, de Madrid, ciudad donde murió en 1961.

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José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, órgano encargado del proceso depurador en la enseñanza.

Las comisiones provinciales de depuración del profesorado trasladaban la propuesta de sanción a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, que era quien formalmente fallaba. El presidente de esta Comisión, que hacía las veces de Ministerio de Educación, era desde octubre de 1936 el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán y Pemartín, quien consideraba que había que castigar a los profesores que habían optado “por lo antinacional, masónico, judío o marxista, o los que fueron causa de la revolución”. Pemán se encargó de desmantelar el sistema educativo republicano, al que consideraba un foco de formación de generaciones anárquicas y antipatriotas. Para Pemán la depuración era una “sagrada misión” de carácter no solo “punitivo”, sino también “preventivo”, en la que no cabían ni “reprobables reservas mentales” ni “sentimentalismos extemporáneos”. La depuración del profesorado tenía como uno de sus objetivos extirpar de las escuelas la enseñanza laica o influenciada por las corrientes pedagógicas progresistas, e instaurar una educación acorde con los preceptos católicos.

En la España franquista se sancionó a un 25% de los maestros –unos 15.000, de los que unos 6.000 fueron separados definitivamente del cuerpo– y a un 38% del profesorado de enseñanza media. Gracias a la abultada información que aportan las 767 páginas del libro de Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la guerra civil, publicado en 2011, hemos podido conocer de manera muy pormenorizada cómo afectó este proceso a la provincia. En Córdoba, de los 814 maestros nacionales en plantilla en julio de 1936, se denunció a 291 (36% del total). En el caso de los maestros, la Comisión Depuradora requería informes confidenciales –que servían de base para la denuncia pero que el imputado nunca llegaba a conocer– de al menos la alcaldía, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia o vecino de la localidad (en el caso de Cabra fueron dos: Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez).

Los principales denunciantes del profesorado en la provincia de Córdoba fueron las autoridades militares (185 denuncias), sacerdotes (159), vecinos (146) y ayuntamientos (130). De los maestros denunciados en Córdoba, 205 (25%) sufrieron la imputación de cargos por la Comisión Depuradora. En Cabra se imputó a entre un 25-30% de los maestros, aunque solo se sancionó a entre el 11 y el 20% de la plantilla. En cuanto al profesorado de enseñanza secundaria del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, el historiador Manuel Morente señala que, de sus 17 profesores, nueve acabaron denunciados (más del 50% de la plantilla) y tres catedráticos sancionados: Emilio Aranda Toledo (Latín), Higinio Capote Purrúa (Literatura) y el vicedirector Rafael Navarro Martín (Física y Química).

He rescatado del olvido a una familia de tres maestros de Cabra que sufrió la labor represiva de la Comisión Depuradora presidida por Ángel Cruz Rueda gracias a Carmen Menchero de los Ríos, residente en Madrid. Me ha enviado fotos, información y copias de los expedientes de depuración –que se conservan en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares– de su abuela y su tía abuela, las hermanas Carmen y Luisa Morales Durán, naturales de la provincia de Badajoz, y del marido de esta, José Flores Leña, nacido en Cabra. Su abuela Carmen estaba casada con el periodista Antonio de los Ríos Urbano, alcalde socialista de Baena en el primer bienio republicano (1931-1933) y desde el 20 de mayo al 13 de julio de 1936. Luisa se había casado en 1930 con José Flores, viudo y con dos hijos de su anterior matrimonio. La relación familiar era muy intensa, como prueba el hecho de que las dos hermanas estén enterradas juntas en el cementerio de Cabra.

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Antonio de los Ríos Urbano, alcalde de Baena durante la II República y esposo de la maestra Carmen Morales Durán.

Antonio de los Ríos Urbano dimitió de manera irrevocable de la alcaldía de Baena el 13 de julio de 1936 y se trasladó a vivir con su esposa a Cabra, donde ocho días después le sorprendió el golpe de Estado. Para escapar de la represión desatada por los golpistas, que en Cabra se llevó por delante la vida de un número estimado de 70 personas y en Baena de al menos 365, permaneció oculto como un topo en Cabra y en un cortijo de su cuñado Serapio Salas, esposo de su hermana Francisca. También contó con la protección de su hermano Adolfo, capitán de Infantería, y de sus sobrinos Trujillo de los Ríos –que habían respaldado la sublevación militar en Baena desde el mismo 18 de julio de 1936– y de José Luis Pedrajas de los Ríos (este último llegó a ayudar incluso económicamente a la familia).

Ser esposa de Antonio de los Ríos tendría graves consecuencias para Carmen Morales Durán, maestra entonces de la Segunda Escuela Nacional de niñas de Cabra. El 26 de agosto de 1937 la Comisión Depuradora de Instrucción Pública de la Provincia –basándose en los informes preceptivos del alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón, el arcipreste y párroco de la iglesia de Santo Domingo Antonio Povedano Roldán y los padres de familia Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez– propuso a la Comisión de Cultura y Enseñanza que se la sancionara con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por “tener tendencia política izquierdista”, sin aportar ninguna prueba que argumentara esta acusación salvo su condición de esposa de un exalcalde socialista al que nunca se cita por su nombre en el expediente.

Para su descargo, Carmen Morales presentó un escrito en el que declaraba que no había podido votar en 1936 por no estar inscrita en el censo, que no había militado en partidos o sindicatos y que, además, en 1932 había donado una imagen y unos enseres a la parroquia de Santa María de la aldea de Albendín cuando ejerció allí de maestra, lo que se confirmaba con un certificado del sacerdote titular, de nombre Mateo y hermano de su marido. A pesar de todas sus alegaciones, de su buena conducta profesional y de que la maestra se hallaba alejada de cualquier actividad política y sindical, una Orden de 4 de diciembre de 1939 del Ministerio de Educación Nacional la castigó con el “traslado dentro de la provincia, no pudiendo solicitar vacantes en tres años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza”.

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La maestra Carmen Morales Durán.

El 6 de enero de 1940 Carmen Morales recurrió la sanción alegando que al acusarla de “tener tendencias izquierdistas” “abstractamente” y sin “pruebas concretas” se la privaba de cualquier “medio defensivo eficaz”. Aportó también un aval escrito del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que “durante los aciagos años de la nefasta república” la maestra había cumplido con “sus deberes religiosos”, llevaba a sus alumnos a la catequesis, había realizado donativos a la parroquia, solo se relacionaba con personas de derechas y “nada hizo, ni privada ni públicamente, reuniones, manifestaciones, etc., en que se pudieran colegir ideas izquierdistas”. La presentación del recurso nunca llevaba implícita la paralización de la sanción, así que Carmen Morales fue trasladada a La Cardenchosa, una aldea de Fuenteovejuna situada a casi 200 kilómetros de Cabra, donde la acompañó su marido. Casi cuatro años después de presentado el recurso, el 17 de diciembre de 1943, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional acordó rebajar la sanción a “inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza” “por su condición de esposa de un destacado izquierdista”, a pesar de que el Juzgado reconocía su “inhibición política” y su “excelente conducta religiosa particular y oficial”. Carmen falleció en Cabra el 8 de julio de 1973, con 84 años. Su marido, Antonio de los Ríos Urbano, que sufrió el ostracismo social y profesional por su condición de antiguo alcalde socialista, había muerto ya en Baena el 21 de abril de 1947, con tan solo 48 años.

La hermana de Carmen, Luisa Morales Durán, que tenía 48 años en 1936, trabajaba también de maestra de la Primera Escuela Nacional de niñas de Cabra. En el expediente de depuración de la Comisión de Instrucción Pública, fechado el 13 de septiembre de 1937, se le imputaba, sin aportar ni una sola prueba documental y basándose solo en habladurías, de “simpatizar con los partidos de izquierda, habiendo sonado su nombre como concejal del Frente Popular”. La acusación se basaba en los informes preceptivos que habían emitido el brigada de la Guardia Civil Manuel Vargas Martos, el alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón y los padres Jaime Gálvez y Rafael Osuna Pérez. Sin embargo, todos reconocían que su conducta era “buena”, e incluso Jaime Gálvez la definía como una persona de “ideas religiosas y de derechas de siempre”. El 23 de septiembre de 1937 Luisa Morales presentó un pliego de descargo ante la Comisión Depuradora. Su defensa se basó en señalar que ella y su marido habían votado a la candidatura de derechas en las elecciones de febrero de 1936, que había soportado un sinfín de “penalidades” desde la proclamación de la República y, sobre todo, en recalcar que en su “vida tuvo relación alguna con personas alejadas de la fe católica”. Su escrito iba acompañado de un contundente certificado del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que desde 1931 Luisa pagaba su cuota mensual como miembro de la Acción Parroquial y de Acción Católica de la mujer, era catequista, “frecuentaba los Santos Sacramentos y en todo se manifiesta como persona franca y públicamente de derechas, colaborando a la vez en pro del movimiento salvador de nuestro glorioso Ejército”.

Las alegaciones de Luisa Morales sirvieron de poco, pues en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 27 de diciembre de 1939 aparece sancionada con “suspensión de empleo y sueldo por tres meses, traslado forzoso dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”. Cuatro días más tarde presentó un recurso en el que se quejaba, entre otras cosas, de que después de haber pasado la vida entera “formando generaciones que amen la Patria y adoren a Dios, por una simple calumnia se manchen cerca de treinta años de servicios a la Patria”. Aporta, en su defensa, tres certificados. Uno, de Carolina Ruiz del Portal, delegada local de la Sección Femenina de la Falange de Cabra, en el que se señalaba que era afiliada desde septiembre de 1936 y “que ha cumplido con todo lo que se le ha ordenado con gran espíritu y disciplina”. Otro, del alcalde accidental de Cabra, Antonio Lama Méndez de San Julián, que la definía también como adicta al “Glorioso Movimiento Salvador de España”. Y por último, otro del arcipreste Antonio Povedano en el que abundaba en su “buena conducta moral y religiosa” y en su condición de catequista. La reclamación de la maestra y los informes favorables solo le sirvieron para que el 16 de febrero de 1942 el juez superior de revisiones del Ministerio de Educación Nacional le rebajara la sanción a “traslado dentro de la provincia durante dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

El marido de Luisa Morales, José Flores Leña, estaba asignado a la Segunda Escuela Nacional de niños de Cabra. La Comisión Depuradora de Instrucción Pública de Córdoba le imputó, el 4 de septiembre de 1937, “haber pertenecido al Partido de Izquierda Republicana”. Como ocurrió en el expediente de su esposa y de su cuñada, ningún documento respaldaba la denuncia, y todos señalaban su buena “conducta social y profesional”. La acusación partía fundamentalmente del alcalde, Ángel Cruz Rueda, y del comandante militar, José Sánchez Pavón, aunque tanto el arcipreste Antonio Povedano –que lo identificaba como suscriptor del culto parroquial– como los padres Rafael Osuna Pérez  y Jaime Gálvez añadían también que había sido lector de la prensa de izquierdas.

El día 13 de septiembre de 1937 José Flores remitió un pliego de descargo en el que alegaba su condición de secretario de la Cofradía del Santísimo Sacramento desde el año 1929 y negaba su antigua afiliación a cualquier partido del Frente Popular –la coalición que había ganado las elecciones legislativas el 16 de febrero de 1936–, “ya que ningún cristiano puede convivir con ateos”. Solo reconocía haber militado unos meses en 1932 en el Partido Republicano Radical y nunca en Izquierda Republicana. Para ello, presentó un informe firmado el 15 de septiembre de 1937 por Francisco Rojas López, expresidente de Izquierda Republicana y alcalde de Cabra hasta que fue depuesto por los golpistas en julio de 1936, en el que negaba su militancia en este partido o en cualquier otro del Frente Popular. La Comisión Depuradora decidió entonces solicitar una ampliación de informes a la alcaldía y a la comandante militar. La alcaldía –al igual que el comandante militar Joaquín Zejalbo– indicaba que no podía justificar la militancia de José Flores Leña en Izquierda Republicana porque se destruyeron los ficheros al comienzo de la guerra, pero que era “opinión general del vecindario”, ya que era asiduo lector de dos periódicos republicanos, El Heraldo de Madrid y El liberal. Así que debido a las “simpatías por esta prensa” se le castigó, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de diciembre de 1939, con la “suspensión de empleo y sueldo por seis meses, con traslado dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

1940_DETALLE SANCION LUISA Y JOSE_Azul órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. Año V Número 1043 - 1940 abril 19

En abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese por sanción del maestro  José Flores y su esposa Luisa Morales.

El 30 de diciembre de 1939 José Flores recurrió la sanción ante al ministro de Educación Nacional, exponiendo que se daba la “rara circunstancia de que el presidente de la Comisión Depuradora era el alcalde de Cabra, que es un señor que ni conoce el pueblo, ni mucho menos al que suscribe, por no haber tenido contacto alguno por la vida retraída que el primero desarrolla, y esto le ha hecho llevarse por las insidias de primera hora que en todos los sitios existieron”, por lo que “debió, ya que se trataba de la localidad de su residencia, informarse ampliamente y no dejarse llevar por las insidias de algún interesado en desprestigiar precisamente a los que desde los primeros momentos nos prestamos con todo entusiasmo a aportar nuestro esfuerzo a favor de nuestro glorioso Movimiento”. José Flores añadió que su vida política siempre había estado “inspirada en un gran amor a España, se ha desarrollado dentro del orden y como buen católico”, hasta el punto de haber sido concejal durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. El recurso iba acompañado de unos informes, que negaban que hubiera militado en algún partido del Frente Popular y lo presentaban como “adherido a nuestro Glorioso Movimiento”. Los escritos estaban firmados por el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, por el alcalde accidental Antonio Lama y por el jefe de la Falange Manuel Camuñas Ruiz, quien certificó además que era militante falangista desde septiembre de 1936. Otros dos informes, del arcipreste Antonio Povedano y de Antonio Lama Vandelvira, teniente mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento, avalaban su “buena conducta moral y religiosa” y apuntaban que ejercía el cargo de secretario de la hermandad desde 1929.

En principio, el recurso no resultó muy efectivo porque en abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese de José Flores y de su esposa Luisa Morales. Aun así, la petición siguió su curso y en marzo de 1942, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional decidió aminorar la sanción y en su lugar dictar otra de “inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza y pérdida de los haberes que no le hubieran sido satisfechos por razón de este expediente”. José Flores murió en Cabra el 28 de enero de 1954, con 75 años.

Al igual que ocurre con los tres maestros que he citado con anterioridad, la mayor parte de la depuración del magisterio en Cabra y en la provincia de Córdoba se produjo durante los dos años de mandato (1937-1939) como presidente de la Comisión Depuradora de Ángel Cruz Rueda, que resolvió 591 expedientes, el 72 %  de todos los que se incoaron entre 1937 y 1949. A pesar de su papel represivo contra el profesorado cordobés y de su labor y de su ideología antidemocráticas, Ángel Cruz Rueda nomina en la actualidad un Colegio de Educación Infantil y Primaria en Cabra y una calle en Jaén, incumpliendo el apartado 1 del capítulo 15 de la llamada ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, que establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El 25 de febrero de 2016, el periódico Cabra Información publicó una noticia referida al colegio Ángel Cruz Rueda. Señalaba que a principios del curso 2014-2015, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía instó a la comunidad educativa del centro a que “iniciara el procedimiento necesario para cambiar el nombre (…), en cumplimiento de la Ley Democrática de Andalucía y de la ley estatal de Memoria Histórica”. Un día antes, el 24 de febrero, la delegada de Educación en Córdoba, Esther Ruiz, había visitado el colegio con motivo de los actos del Día de Andalucía. A preguntas de los medios de comunicación por el cambio de nombre –que aún no se había producido casi año y medio después de que la propia Consejería lo propusiera– respondió que “está en manos de los órganos pertinentes, del Consejo Escolar pertinente y se está estudiando siempre de una manera democrática, que es como trabajamos desde la Junta”.

El periódico añadía, en la misma noticia, que esta no era la primera vez que el asunto se abordaba en la localidad, “ya que en enero del año 2000, el Ayuntamiento en pleno bajo la presidencia del entonces alcalde andalucista Manuel Buil, rechazó con los votos del PA, PSOE y PP una moción de Izquierda Unida, presentada por su portavoz entonces Manuel Carnerero, para solicitar del organismo competente el cambio de nombre y adoptar una nueva denominación consensuada en el seno del Consejo Escolar Municipal”.

Tras la reciente aprobación, en marzo de 2017, de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se consigna de manera categórica a quién corresponde la eliminación de estas simbologías antidemocráticas, ya sea en edificios de titularidad pública o privada. Así, en el apartado 5 del artículo 32 (Capítulo III) se establece que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”. La institución titular del colegio es la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y es a ella, por tanto, a quien corresponde asumir su responsabilidad legal y actuar de oficio.

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La depuración del profesorado en Lucena durante la guerra civil

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Ricarda Ana Cobacho Cañete, maestra del Centro Obrero Socialista de Jauja, fusilada en noviembre de 1936.

Durante la guerra civil en la provincia de Córdoba murieron asesinados en zona republicana 14 maestros nacionales. A su vez, como consecuencia de la represión franquista cayeron asesinados 22 maestros, cuatro profesores de educación secundaria y un número indeterminado de maestros de escuelas obreras y particulares. Entre estos últimos se encontraba Ricarda Ana Cobacho Cañete, de 36 años, maestra del Centro Obrero Socialista de la pedanía lucentina de Jauja, fusilada a principios de noviembre de 1936. Aparte de esta eliminación física, en la España franquista existió también una depuración administrativa que afectó a casi la totalidad del funcionariado y de los empleados de las administraciones públicas. La labor sancionadora se inició de manera inmediata. Solo 10 días después del golpe de Estado, el 28 de julio de 1936 el general Miguel Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional (organismo militar que asumió el poder en la zona sublevada), unificaba en un bando los emitidos con anterioridad y autorizaba la suspensión inmediata de los funcionarios que no prestaran auxilio a los rebeldes. A finales de agosto la Junta de Defensa Nacional ordenó de manera específica la depuración de los maestros alegando que la escuela debía “contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir”. La depuración se formalizó con el decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado (especie de primer gobierno franquista), que justificaba la depuración de todo el personal docente en el Magisterio debido a que había “estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional”.

Se crearon cuatro comisiones depuradoras: de profesorado universitario, escuelas de ingeniería y arquitectura, el restante personal (institutos, enseñanzas profesionales, etc.) y de maestros de educación primaria. Al profesorado se le podía denunciar por haber tenido actividad política o sindical, por su conducta privada, profesional o religiosa, o por otros motivos. Las sanciones consistían en traslados forzosos, separación definitiva del cuerpo, suspensión de empleo y sueldo, exclusión del concurso de traslados, jubilación, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Para aumentar el daño a los condenados, los separados del servicio no podrían ejercer tampoco su oficio ni asumir cargos en escuelas, academias particulares o instituciones ajenas al Estado.

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Retrato de Ángel Cruz Rueda, presidente de la Comisión depuradora provincial del profesorado de educación primaria. El cuadro se conserva en el Museo del IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Las comisiones depuradores de maestros y profesores de enseñanza secundaria tenían ámbito provincial y se encargaban de la investigación del profesorado, la instrucción del expediente y la propuesta de sanciones. La de Córdoba la presidía Ángel Cruz Rueda, director del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, y alcalde de esta localidad, por nombramiento de los militares golpistas, desde el 5 de agosto de 1936 hasta 1940. Estas comisiones provinciales trasladaban la propuesta de sanción a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, que era quien formalmente fallaba. El presidente de esta Comisión era desde octubre de 1936 el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán y Pemartín, quien consideraba que había que castigar a los profesores que habían optado “por lo antinacional, masónico, judío o marxista, o los que fueron causa de la revolución”. Pemán se encargó de desmantelar el sistema educativo republicano, al que consideraba un foco de formación de generaciones anárquicas y antipatriotas. Para Pemán la depuración era una “sagrada misión” de carácter no sólo “punitivo”, sino también “preventivo”, en la que no cabían ni “reprobables reservas mentales” ni “sentimentalismos extemporáneos”. La depuración del profesorado tenía como uno de sus objetivos extirpar de las escuelas la enseñanza laica o influenciada por las corrientes pedagógicas progresistas, e instaurar una educación acorde con los preceptos católicos. En el libro del catedrático de Ciencia Política Alberto Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la Tribu, publicado en 1999, el capítulo VI (páginas 235-269) desglosa, a través de su actitud y de su obra, el compromiso de Pemán con la dictadura franquista durante la guerra civil, hasta convertirse en el “juglar de la cruzada” (así le gustaba que lo llamaran), en un “intelectual orgánico” y en un “poeta del régimen”.

En la España franquista, se sancionó a un 25% de los maestros (unos 15.000, de los que unos 6.000 fueron separados definitivamente del cuerpo) y a un 38% del profesorado de enseñanza media. Gracias a las 767 páginas del libro del doctor en Historia Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la guerra civil, publicado en 2011, hemos podido conocer de manera muy pormenorizada cómo afectó este proceso a la provincia. En Córdoba, de los 814 maestros nacionales en plantilla en julio de 1936, se denunció a 291 (36% del total). En el caso de los maestros, la Comisión depuradora requería informes de, al menos, la alcaldía, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia o vecino de la localidad. Las principales denunciantes en la provincia fueron autoridades militares (185 denuncias), sacerdotes (159), vecinos (146) y ayuntamientos (130). De los maestros denunciados, 205 (25%) sufrieron la imputación de cargos por la Comisión depuradora. En Lucena se imputó a entre un 25-30% de los maestros, aunque solo se sancionó a entre el 6 y el 10% de la plantilla.

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José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, órgano encargado del proceso depurador.

En cuanto a la enseñanza secundaria, en 1936 existían en la provincia los institutos de Cordoba, Cabra, Peñarroya, La Rambla, Priego y Lucena. José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, en su afán de alejar la cultura del pueblo más llano y colocarla bajo el control de las órdenes religiosas y de la moral católica, dictó durante su mandato la clausura de numerosos institutos, dando el tiro de gracia a la política de creación de centros educativos impulsada por la II República. Decretó, el 13 de septiembre de 1937, el cierre de 38 institutos de enseñanza media, de manera en 1959 había en España solo 119 institutos, 32 menos que en 1936, según datos recopilados por el catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova. Entre los centros afectados por el cierre decretado por Pemán se encontraban los de Priego de Córdoba y Lucena. Este último, el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Barahona de Soto, se había inaugurado en noviembre de 1933 como Instituto Elemental gracias a los esfuerzos de numerosas personas y entidades de todos los ámbitos políticos y profesionales de la localidad. Jorge Villén Écija, abogado de Rute y secretario particular de Pemán, informaba en una carta enviada el 18 de octubre de 1937 a la Asociación Pro Instituto de Lucena de que “en un futuro, cuando se haga la reorganización total de la enseñanza y se creen Institutos verdad [sic] con su profesorado idóneo y sus materiales a propósito (bien distintos de esas parodias que se hacían), será la ocasión de trabajar para que Lucena –la de los dulces velones– tenga todo lo que se merece por su patriotismo y lealtad”.

La misiva en la que el secretario de Pemán anunciaba la clausura falseaba la realidad en la que había funcionado el instituto, con sede en la calle Condesa Carmen Pizarro (actual Conservatorio de Música), pues de acuerdo con las investigaciones de Juan Palma Robles publicadas en su libro Lucena Marista, el primer claustro de profesores, cuyo nombramiento apareció en la Gaceta de Madrid (1 de noviembre y 1 de diciembre de 1933), reunía a un grupo de profesionales cualificados, todos con una o dos licenciaturas universitarias. También la carta mentía en cuanto a los “materiales” con los que contaba el instituto, pues disponía de capacidad para 600 alumnos, despachos, salón de actos para conferencias y proyecciones, salas de estudio, aulas específicas (Dibujo, Filosofía, Geografía, Matemáticas, Francés, Literatura y Latín), laboratorio de Física y Química, museo de Historia Natural y una biblioteca de dos mil volúmenes en la que destacaba la colección de clásicos latinos (en un momento en el que Lucena no disfrutaba de biblioteca pública). El cierre del Instituto Barahona de Soto se prolongó tanto que hasta el curso 1973-1974 Lucena no disfrutaría de un centro de bachillerato propio.

Según el ya citado historiador Manuel Morente Díaz, en 1936 había 168 profesores de enseñanza media en la provincia de Córdoba. La plantilla del Instituto de Segunda Enseñanza Barahona de Soto la conformaban los siguientes profesores: José Arjona López (profesor de Geografía e Historia y director), Manuel Bonachera Arias (Ciencias Naturales), Bernardo Fernández Moreno (ayudante interino gratuito de idiomas), Juan Gómez Sánchez (Física y Química), Manuel González Aguilar (ayudante interino gratuito de la sección de Letras), Manuel Clemente Guayar Pérez (Latín y Filosofía), Francisco Lara Fernández (Lengua y Literatura), Felipe Moreno Lara (ayudante interino gratuito de la sección de Letras), Rafael Moreno Lara (ayudante interino gratuito de la sección de Ciencias), Bibiano Palma Garzón (Matemáticas), Fernando Peña Pastor (Dibujo), Albino Ramírez Ros (ayudante interino gratuito de Dibujo), Rafael Ureña González-Posada (profesor de Francés y secretario del instituto), Francisco Víbora Manjón-Cabeza (ayudante interino gratuito de la sección de Letras).

La Comisión depuradora provincial de enseñanzas medias, al igual que la de maestros de educación primaria, tenía ámbito provincial. Uno de sus cinco miembros directivos era el abogado Eulogio Roldán Carrillo, exconcejal durante la dictadura de Primo de Rivera y presidente de la derechista Acción Nacional en Lucena en 1931. Conocemos en Córdoba los datos de depuración de 144 profesores, de los que fueron denunciados el 57% y sancionados el 31%. En Lucena los sancionados fueron Juan Gómez Sánchez, Rafael Ureña González-Posada, Francisco Lara Fernández y Bernardo Fernández Moreno (el 28,5% de la plantilla). Todos fueron suspendidos de empleo y sueldo por el comandante militar de Lucena en octubre de 1936 y su cese apareció en el BOE del 28 de noviembre de 1936.

 Las investigaciones de Manuel Morente Díaz señalan que hubo varios profesores represaliados del Instituto Barahona de Soto. A Juan Gómez Sánchez se le acusó de pertenecer a Izquierda Republicana, por lo que estuvo cesado y suspendido de empleo y sueldo hasta 1938. A Rafael Ureña González-Posada le imputaron cinco cargos: afiliado y propagandista de Izquierda Republicana, falto de condiciones pedagógicas, lector asiduo de los periódicos republicanos Política y Heraldo de Madrid, estar a favor del Frente Popular (la coalición que ganó las elecciones en febrero de 1936) y glorificar la revolución de Asturias. Suspendido por la autoridad militar en octubre de 1936, en 1941 se le separó definitivamente de la enseñanza, hasta que en 1955 se le permitió la reincorporación, pero con el traslado a fuera de la provincia durante tres años y la inhabilitación para ejercer cargos directivos y de confianza. Francisco Lara Fernández fue acusado también de militar en Izquierda Republicana. El director del Instituto Barahona de Soto dijo de él que era “indigno de continuar formando conciencias españolas” y señaló que las monjas carmelitas y lo hermanos maristas se habían quejado y habían manifestado que los alumnos de ellos no volverían a sus clases. Se le acusó de izquierdismo, de haber sido favorecido por el Frente Popular y haber herido el sentimiento religioso y patriótico de los alumnos. Permaneció suspendido de empleo y sueldo desde octubre de 1936 hasta enero de 1939, cuando la resolución del expediente de depuración lo confirmó en sus derechos. Por último, a Bernardo Fernández Moreno, alcalde de Lucena desde el 23 de octubre de 1934 al 8 de enero de 1936, se le acusó de haber pertenecido al Partido Radical Socialista y luego al centrista Partido Republicano Radical, que controló en alianza con la derechista CEDA el Ayuntamiento lucentino en ese periodo. A pesar de sus antecedentes políticos moderados, en octubre de 1936 se le suspendió de empleo y sueldo y desconocemos si la sanción se revocó.

Debido a que la represión se convirtió en uno de los pilares en los que se sustentó la dictadura, para el profesorado sancionado por el franquismo el perdón no existió, algo que contrasta con la depuración que se llevó a cabo en la España republicana, donde un decreto del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1938 concedió un amplio indulto a todos los funcionarios civiles y militares que hubiesen sido sancionados en sus cargos. Los profesores separados del cuerpo por el franquismo hubieron de esperar, al menos, hasta la Ley de Amnistía de 1977 para ver reconocidos sus derechos.

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