El baenense Rafael Monroy Roldán, salvado de una condena a muerte en la posguerra

El cuartel de la Guardia Civil y el Paseo de Baena en una foto de la época.

La Guardia Civil de Baena respaldó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 aquella misma tarde, cuando ocupó el Ayuntamiento, la Telefónica y el Centro Obrero. A la mañana siguiente, el teniente y comandante de puesto Pascual Sánchez Ramírez proclamó el bando de guerra. Ante la resistencia encontrada entre la población y la clase obrera, mayoritariamente anarquista, comenzaron los enfrentamientos y 230 guardias civiles y derechistas se atrincheraron en unos 14 puestos de defensa. El 28 de julio estaban próximos a sucumbir, pero al mediodía vino en su ayuda desde Córdoba una columna militar al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. Esta columna militar, en la que se integraban legionarios y moros mercenarios marroquíes, causó uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil en la provincia. Además de masacrar a la población civil en la calle y en las casas, arrastraron a muchos hombres al Paseo, en el  centro del pueblo, adonde se les asesinó de un tiro en la nuca tras haberles obligado a tumbarse boca abajo formando filas. La matanza continuó con los mismos parámetros en la mañana del día siguiente y se llevó por delante la vida de un mínimo de 135 personas en solo 24 horas.

El campesino Rafael Monroy Roldán salió huyendo despavorido de Baena, al igual que sus dos hermanos, su hermana, su cuñado y varios miles de vecinos (la localidad tenía por entonces algo más de 23.000 habitantes), cuando la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga entró en el pueblo. En 1937 ya estaba luchando en la 88 Brigada Mixta del Ejército republicano, en la que hubo una compañía formada casi en exclusiva por hombres anarquistas de Baena. En septiembre, con solo 19 años, Rafael Monroy ingresó en la Escuela Popular de Guerra de Paterna (Valencia), de donde salió con el grado de teniente el 12 de abril de 1938. Fue destinado a la 35 División Internacional. Al despistarse junto a su ayudante de la compañía en la que servía como oficial de enlace, cayó prisionero de las tropas franquistas el 15 de noviembre de 1938, cuando las fuerzas republicanas se replegaban derrotadas por el puente de Flix (Tarragona) tras cinco meses de combates en la larga y sangrienta batalla del Ebro.

Lo internaron en el campo de concentración del antiguo convento de San Marcos de León, uno de los célebres recintos represivos de la España franquista. El 26 de diciembre de 1938 fue interrogado por el capitán Miguel Carmona Marbán, juez instructor jefe de Información de Prisioneros y Evadidos del Gobierno Militar. En su declaración se autoinculpó de múltiples delitos y de haber participado en los asesinatos cometidos en el convento y asilo de San Francisco de Baena, uno de los hechos más terribles ocurridos en el pueblo durante la guerra civil.

El 21 de julio los republicanos habían ocupado el convento de San Francisco, donde crearon un Comité formado en su mayoría por anarquistas. Desde allí coordinaron la resistencia contra la sublevación militar, aunque contaban con muy pocas armas, salvo útiles de labranza, hachas y algunas escopetas requisadas en los cortijos. El convento sirvió también de prisión para bastantes derechistas y familiares de los que se habían sublevado con la Guardia Civil, una medida que se tomó por el Comité en respuesta a la amenaza del teniente Pascual Sánchez Ramírez de asesinar a los republicanos y familiares de republicanos que la Guardia Civil mantenía como rehenes en su poder. El día 27 el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente se negó. El día 28, después de que llegaran al convento las noticias de la matanza cometida por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga en el Paseo, en represalia se produjo el asesinato de 73 rehenes (otros 48 consiguieron sobrevivir), entre ellos siete mujeres y tres niños. Fue un crimen vengativo y despiadado, realizado por un número muy reducido de hombres armados con hachas y pistolas, en medio del descontrol del momento, mientras las fuerzas de Sáenz de Buruaga intentaban tomar el edificio y los miembros del Comité, los resistentes republicanos y los cientos de vecinos que se habían refugiado en la parte baja del edificio huían en desbandada por una tapia trasera.

Cuando lo interrogaron en León en diciembre de 1938, Rafael Monroy se autoinculpó de haber participado en la detención y asesinato de los internados en el convento de San Francisco y de haber abusado sexualmente en el patio, junto a otros miembros del Comité, de diez jóvenes muchachas. También citó los nombres de los miembros del Comité y a una serie de mujeres implicadas en los crímenes. En concreto, manifestó que la Adelilla “con una navaja barbera se ensañó con algunos de los presos cortándoles sus partes” después de muertos. Aparte de los anteriores delitos, Rafael Monroy se autoinculpó de haber participado en los asaltos a casas y tiendas de comestibles y de que asesinó el día 26 de julio de 1936 al cura don Lucas (a pesar de que no había ningún cura asesinado en Baena con ese nombre).

El teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez, abanderado de la sublevación militar en Baena el 18 de julio de 1936.

Rafael Monroy realizó estas declaraciones forzado por las torturas. Eso manifestó su esposa, Josefa Pérez Rojano, ya fallecida, a la que entrevisté por primera vez en abril de 2014. Ella tenía entonces 89 años y una perfecta salud mental. Esta mujer, que en aquellas fechas aún no conocía a su marido, fue una testigo privilegiada de lo ocurrido en julio de 1936 en Baena, así que aportaré unos breves detalles de su testimonio. Josefa y su madre, Rosario Rojano Argudo, permanecieron atrincheradas junto a otros derechistas y propietarios —junto a los “señoritos”, fueron las palabras textuales de ella— en uno de los puestos de defensa de la Guardia Civil situado en la residencia de ancianos del Divino Maestro. Desde allí vieron subiendo por la Calzada dos camiones de hombres obligados a saludar con el brazo en alto, al estilo fascista, y detrás de ellos, también arrestados, grandes filas de cinco personas con pañuelos blancos, que se dirigían al Paseo custodiados por las fuerzas de Sáenz de Buruaga. Ante aquella estampa, su madre se lazó a la búsqueda de su hermano y de su sobrino, ya que no tenían noticias de ellos y temía que les hubiera ocurrido algo. Al llegar al Paseo, donde ya había comenzado la matanza con tiros en la nuca, un moro arrojó a su madre al suelo, totalmente ensangrentado, con la intención de pegarle un tiro, sin saber quién era y sin importarle que hubiera sido la cocinera de un puesto de defensa de la Guardia Civil en los días anteriores.

Como otros vecinos, Rosario Rojano solo se pudo salvar de la muerte por la intervención de un propietario agrario, que junto a guardias civiles y derechistas eran los encargados de hacer una rápida selección allí mismo sobre el terreno. A ella la avaló —o “garantizó”, que era la palabra usada en la época— Manuel Torres, ante las protestas del teniente Pascual Sánchez Ramírez, que decía “que no había que salvar a tantos”. Mientras estuvo retenida en la plaza, aún tuvo la oportunidad de ver en el suelo el cuerpo de una mujer arrojada desde la azotea del cuartel. Era una de las personas que la Guardia Civil había mantenido como rehenes durante los días anteriores, a los que ahora exterminaban lanzándolos desde las alturas.

Como hemos señalado con anterioridad, Josefa Pérez también nos relató que su futuro marido, Rafael Monroy, había sufrido torturas y palizas en el convento de San Marcos de León, donde el frío y las ratas hacían estragos. Las torturas eran utilizadas en los recintos penitenciarios franquistas no solo para castigar a los presos, sino para forzar delaciones y declaraciones al gusto de los verdugos, sin importar que fueran verdaderas. Así que era muy común que muchos acusados se desdijeran de ellas en presencia del juez, aunque sin denunciar abiertamente que habían sido torturados. Eso hizo Rafael Monroy tras su traslado desde León a la cárcel de Córdoba. Al ser interrogado por el juez el 17 de febrero de 1939, manifestó que lo único cierto de su declaración anterior era que estuvo en la 88 Brigada y en la Escuela de Paterna, y “que es incierto cuanto demás consta en la misma, que no fue directivo del Comité no tomando parte en ninguno de los hechos que se expresan y cuya declaración prestó en un momento de inconsciencia por los frecuentes interrogatorios a que fue sometido no conociendo a las personas que expresa la misma”. Remarcó que no intervino ni presenció los hechos de los que se había autoinculpado, pues no había salido de la casa en aquellos días, y citó a algunos testigos de descargo con la intención de que corroboraran sus declaraciones.

Para continuar la instrucción del proceso, el juez militar del juzgado nº 8 de Córdoba, Gregorio Prados Ramos, mandó una orden a la Guardia Civil de Baena para que se investigaran los nombres de las personas citadas por Rafael Monroy como miembros del Comité. En la contestación, fechada el 23 de febrero de 1939, la Guardia Civil indicó que aunque la mayoría eran de izquierdas a ninguno se le relacionaba con los hechos. En cuanto a otras personas denunciadas por Rafael Monroy, por este informe nos hemos enterado de que les “fue aplicado el bando de guerra por su oposición al triunfo del Movimiento Nacional” a Rafael Cabezas Ramírez el Sabio, la Chata, la Jaramolla y a Josefa Pulido López, a la que señalaban como presidenta de la organización anarquista FAI o de las Juventudes Libertarias. De estas cuatro personas, solo a una, La Jaramolla, la teníamos identificada como fusilada hasta el momento. Esto confirma, como ya hemos puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, que una buena parte de las víctimas de la represión franquista no dejó huella documental alguna ni se inscribió en los libros de defunciones de los registros civiles, por lo que llegar a conocer sus nombres es imposible y siempre estaremos hablando de cifras mínimas de fallecidos (365 víctimas mortales de la represión franquista hemos conseguido identificar hasta el momento en Baena durante la guerra).

Aparte del informe de la Guardia Civil, el juez recabó el testimonio de testigos de los delitos por los que Rafael Monroy se había autoinculpado. En general, estos testimonios avalaban su inocencia. Los que presenciaron la muerte del párroco de Santa María la Mayor, Bartolomé Carrillo, no lo situaban en el lugar del asesinato el día 26 de julio de 1936, y señalaron como responsable “a un tal Fontiveros”. En cuanto a los supervivientes del convento de San Francisco, Manuel Valle Pizarro, Manuel Bujalance Tarifa y Juan Navas Ariza, afirmaron que mientras estuvieron presos oyeron llamar al Caragato (apodo por el que se conocía a toda la familia de Rafael), sin que pudieran afirmar que fuera él. Juan Navas dijo que si lo viera lo reconocería, sin embargo el juez no ordenó una rueda de reconocimiento. El 11 de julio de 1940, Rafael Monroy volvió a ser interrogado por el juez. Tenía entonces 22 años, llevaba casi dos años preso y hacía año y medio que no le habían tomado declaración. De nuevo, negó todas las acusaciones, añadió que “no intervino en ningún hecho delictivo de los cometidos en aquellos días en Baena” y propuso varios testigos de descargo, a los que el juez ignoró.

Las imputaciones que realizó Rafael Monroy bajo torturas en León tuvieron unas consecuencias nefastas para una de las personas a las que citó: Adela Marín Membiela, la Adelilla, madre soltera de 44 años, ya que el juez ordenó su ingreso en la prisión provincial de Córdoba el 24 de febrero de 1939. Cuando la interrogaron pocos días después, manifestó que el 28 de julio de 1936, para protegerse del tiroteo de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga, se refugió al igual que cientos de vecinos en el convento de San Francisco. Allí permaneció debajo de una escalera, con su hijo de ocho años, hasta que lo tomaron al día siguiente. En su declaración, negó que realizara los hechos que le imputaban ni que los presenciara, ya que en San Francisco “había una multitud de gente que de un lado a otro corrían” y era imposible ver nada. Aunque el informe que presentaron la Guardia Civil y la alcaldía al juzgado señalaba que “es de opinión pública” que Adela Marín se ensañó con los presos, eso no se confirmó en la ronda de interrogatorios a los supervivientes de la matanza, pues ninguno recordaba haberla visto en el convento. Solo Juan Navas Ariza manifestó que la vio en las dependencias examinando las cestas de comida que los familiares les llevaban a los prisioneros.

A Rafael Monroy y a Adela Marín los juzgaron juntos en Córdoba el 23 de julio de 1940. Presidía el tribunal el coronel de Caballería Carlos Palanca y Martínez Fortún, un gran propietario agrícola natural de la aldea lucentina de Jauja. En la vista, el fiscal, Serafín Martínez Torres, pidió muerte por garrote vil para los dos, y el defensor, Calle Belmonte, reclusión perpetua. A ambos los condenaron a pena de muerte. A Rafael por haber participado en los crímenes de San Francisco, la violación de una joven, la muerte de un sacerdote y haber sido teniente del Ejército republicano. A Adela Marín la condenaron por haber intervenido en los asesinatos de San Francisco, aunque a ella le conmutaron la pena por reclusión militar perpetua.

Durante la guerra y la posguerra, los consejos de guerra de la España franquista se realizaban sin garantías para los acusados. Los tribunales no eran independientes pues estaban politizados, eran nombrados por el Gobierno y estaban formados por militares. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados de los encausados, quienes siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. En 1939 la posibilidad de revisión de los procesos judiciales o de las sentencias era prácticamente nula, entre otros motivos porque la ejecución del inculpado se producía a las pocas semanas de haber sido condenado. A partir del 9 de enero de 1940, una Orden sobre “detenciones y encarcelamientos” permitió la posibilidad de revisión de sentencia, que se podía ejercer por los mismos interesados sin necesidad de abogado o procurador. No obstante, en la mayoría de las ocasiones en las que vecinos de Baena se acogieron a este derecho el resultado fue negativo, pues las auditorías nunca iniciaron diligencias para atender la demanda (43 baenenses cayeron fusilados en la posguerra tras ser condenados a muerte en consejos de guerra).

Ana, la hermana monja de Rafael.

En el caso de Rafael Monroy hubo un factor determinante que jugó a su favor: tenía una hermana, Ana, que era monja en el convento de las Hijas del Patrocinio de María en Lucena, una localidad situada a una treintena de kilómetros de Baena. Ella contactó allí con un teniente jurídico, que era padre de un alumno suyo, que se encargó de guiar los trámites necesarios y de mover hilos para conseguir el indulto a cambio de 300 pesetas (el sueldo diario de un jornalero era de cinco), un dinero que el padre, Ramón Monroy Alarcón, de condición humilde, tuvo que pedir prestado. Ello explica que el sumario del consejo de guerra de Rafael Monroy, que se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 1.226, expediente 30.173) sea tan voluminoso (342 páginas) y con tantas diligencias judiciales. Es un expediente atípico, pues la maquinaria judicial de la época no solía ser tan escrupulosa, y muchos consejos de guerra eran un mero trámite donde no había afán por investigar los hechos y la culpabilidad del acusado ya se daba por supuesta.

El 3 de agosto de 1940, solo once días después de la condena a muerte, el padre de Rafael envió una carta al auditor de guerra en la que lamentaba el error judicial habido con su hijo, pues “no se movió en absoluto de su domicilio” y “en absoluto es incapaz de realizar ningún acto delictivo y mucho menos un asesinato”. Además, señalaba que el día de los crímenes de San Francisco, a las cinco de la tarde salió del pueblo con su hija Dolores y su marido y pernoctó en una huerta distante a más de cinco kilómetros. Ramón explicaba en su carta que “aunque con dolor lo exprese, bien pudiera haber habido confusión con otro hijo mío”, y apuntaba que ocho personas y las propias monjas del convento podían confirmar su versión de los hechos.

Además de esta carta al auditor de guerra, Ramón Monroy envió veinte días después, el 23 de agosto de 1940, otra misiva al teniente general de la Segunda División Militar, con sede en Sevilla. En ella le hablaba de que tenía una hija monja y de que otros dos sufrieron la “ponzoña del veneno revolucionario” (Manuel, ya condenado a 12 años y un día de cárcel, y Antonio, que “desgraciadamente figuró como secuaz de la horda”). Su argumento es que había habido una confusión en la identificación de sus hijos, aunque señalaba que la “audacia de esta confesión no puede nunca llegar al extremo de atribuir a este último [Antonio] todos y cada uno de los cargos que a Rafael le aparecen”. Para avalar su solicitud de revisión del caso, Ramón presentó ocho declaraciones escritas, autentificadas por la jefatura local de la Falange de Baena, que situaban a su hijo Rafael en la huerta de las Peñuelas o de Fernando el Soldado en el momento en que se produjeron los asesinatos de San Francisco.

La petición de Ramón Monroy surtió efecto un par de meses después. El auditor de guerra emitió un informe, el 28 de octubre de 1940, en el que señalaba que en el procedimiento del consejo de guerra de Rafael se observaban “defectos procesales que por su importancia implican vicios de nulidad, tales son: no estar identificada la verdadera personalidad del procesado y si fue en efecto miembro del comité o si era un hermano suyo, también de apodo Caragato, llamado Antonio, que al parecer se halla en un campo de concentración en Rentería. Por todo ello, tengo el honor de proponer la devolución de lo actuado y que el juez instructor subsane los defectos expresados practicando las diligencias necesarias para identificar la personalidad del condenado”.

Tras el mandato del auditor, el juez instructor de Córdoba inició nuevas diligencias. En principio, tomó declaración el 22 de mayo de 1941 a dos monjas supervivientes de la matanza del convento de San Francisco: Exaltación Sarrigorri y Julia Lerena Ramírez. Las dos señalaron que quien se reunía con los miembros del Comité era Antonio, de 19 años, a quien sor Exaltación definía como un “individuo alto, de pésimos antecedentes e instintos sanguinarios”. También indicaron que en los primeros días visitó el convento un hermano de Antonio, al que pusieron de guardián en las puertas, que se “portó perfectamente con las religiosas de la comunidad”. Este otro hermano, del que las religiosas hablaban tan bien y desconocían su nombre, era Manuel, condenado a 12 años de reclusión en julio de 1940, que cumpliría en las cárceles de Astorga (León), Burgos, Córdoba y El Puerto de Santa María (Cádiz) hasta que obtuvo la libertad condicional en enero de 1943.

En su declaración, la monja Julia Lerena añadió que no tenía “conocimiento de que se cometieran abusos deshonestos con las mujeres que había detenidas” en el convento. Los posibles abusos sexuales o maltratos contra las presas fueron desmentidos también de manera categórica por otra testigo, Isabel López Priego, que había conseguido sobrevivir escondida debajo de una cama de la habitación donde estaba recluida en el convento. Manifestó “que no conoce a ninguno de los llamados Caragatos, ni a la llamada Adela Marín Membiela, y que solamente veía entrar a la Capachera y su hija, las que se limitaban a entrar a llevar las comidas, sin que les hicieran objeto de maltrato alguno. Que desde luego, ni la dicente, ni ninguna de las otras mujeres que estaban detenidas en San Francisco fueron objeto de abuso deshonesto alguno ni de malos tratos de obra, limitándose los rojos a obligarlas a que portearan el agua de un nacimiento que había en el sitio llamado San Marcos”.

Aparte de estas declaraciones que desmentían que hubiera habido abusos sexuales o violaciones en el convento, otros testimonios recabados por el nuevo juez instructor también respaldaban la inocencia de Rafael Monroy. Todos lo situaban huido de Baena, en la huerta de Fernando el Soldado, durante la tarde y la noche del día 28 de julio de 1936, así que era imposible que hubiera participado en los asesinatos, pues según informes emitidos en julio de 1942 por el comandante de puesto de la Guardia Civil y el alcalde los crímenes de San Francisco se habían producido entre las 20 y las 23 horas. Unos meses antes, el 16 de enero de 1942, el juez instructor y teniente de Caballería Bernardo Cruz Vázquez ya había emitido un informe en el que, a la luz de todo lo investigado, exponía que el “verdadero dirigente” y miembro del Comité en San Francisco no era Rafael, sino su hermano Antonio. Además, otro informe emitido por la Falange afirmaba que Rafael era de la CNT, pero de “buena conducta, trabajador”, y que “durante el Movimiento no intervino en nada, marchó con su familia al campo, sin que se tengan noticias [de que] interviniera en ningún hecho delictivo”.

Mientras se producía la nueva fase de instrucción del proceso judicial, Rafael Monroy sufrió la política franquista del “turismo penitenciario”, que consistía en trasladar a los presos a localidades muy alejadas de sus lugares de residencia, lo que impedía el contacto con sus familias y dificultaba enormemente los envíos de comida, muy necesarios para la supervivencia en las cárceles. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir y más del doble si lleva una actividad moderada, por lo que surgían enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Rafael Monroy pasó el 1 de julio de 1941 desde la cárcel de Córdoba a la Prisión Central de Astorga (León), a finales de año a la de Burgos y de aquí lo trasladaron de nuevo a la Prisión Provincial de Córdoba al año siguiente para estar a disposición del juez que llevaba su caso.

Cuando testificó de nuevo en Córdoba ante el juez instructor Bernardo Cruz Vázquez, el 4 de agosto de 1942, más de dos años después de haber sido condenado a muerte, Rafael Monroy ya fue más explícito manifestando que los “castigos” y las “coacciones” de la Guardia Civil en León le habían obligado autoinculparse y a acusar a otros, y que todo era falso. Dijo, textualmente, “que cuando le tomaron declaración en el campo de prisioneros fue coaccionado por la Guardia Civil para que firmase la declaración y ante el temor de que lo volviesen a castigar más puso la firma y rúbrica sin saber el contenido de la declaración, como así mismo fue obligado a declarar que Adela Marín Membiela, la Chata y la Jaramolla tomaron parte en dichos crímenes, cuando él no estaba allí ni sabe si las mismas estaban o no, pero que por quitarse el castigo de encima pronunció sus nombres que fueron los primeros que le vinieron a la imaginación”.

Antonio, hermano de Rafael.

Aprovechando este interrogatorio, el juez instructor intentó conocer el paradero de Antonio, el hermano de Rafael con el que al parecer se le había confundido. Rafael le manifestó al juez que sabía por otro recluso, Antonio Muñoz González, preso con él en ese momento en Córdoba, que había estado recluido en un batallón de trabajadores en Guipúzcoa en 1940, de donde desapareció. El juez interrogó al preso informante aquel mismo día. Este le manifestó que Antonio Monroy, de 22 años entonces, se encontraba con él en el Batallón de Trabajadores nº 142 de Guipúzcoa cuando se evadió con tres hombres más el día 4 de febrero de 1940, y nunca se supo más de él aunque salieron los guardias a buscarlos. La información oficial que el juez obtuvo sobre Antonio Monroy no aportó nuevos datos al respecto, solo información sobre su pasado. Según un informe de la Jefatura de Campos de Concentración de Prisioneros y Presentados de noviembre de 1942, Antonio Monroy había servido en la 189 Brigada Mixta del Ejército republicano, estuvo internado al finalizar la guerra en el campo de concentración cordobés de La Granjuela, de donde pasó al de Rota (Cádiz) el 5 de agosto de 1939, y el 26 del mismo año y mes a Miranda de Ebro (Burgos). Lo que le ocurrió tras su evasión del campo, situado en el pueblo de Rentería, sigue siendo un misterio para su familia y para la historia.

Como la instrucción del proceso judicial se iba alargando, en septiembre de 1942 apareció un nuevo juez en escena, Manuel Yuste Cubero. Este convocó una rueda de reconocimiento con siete presos de aspecto semejante y vestidos de similar forma que Rafael Monroy. Los dos supervivientes de la matanza del convento de San Francisco que asistieron a ella, Manuel Salamanca Ayala y Juan Navas Ariza, no lo reconocieron como una de las personas que estuviera en el convento o participara en los asesinatos. Ante las pruebas tan contundentes que avalaban su inocencia, el fiscal emitió un informe en el que reconocía que el acusado “no intervino en los hechos y que su actuación se limitó a ingresar en el Ejército marxista, donde alcanzó la graduación de teniente”. En vista del informe, el juez decretó el 29 de septiembre de 1943 la libertad provisional de Rafael Monroy. Para entonces llevaba preso casi cuatro años, desde el 15 de noviembre de 1938, y había cumplido los 25 años de edad en la cárcel.

La vista del nuevo consejo de guerra contra Rafael Monroy y Adela Marín Membiela —quien ya había pasado por la prisión Central de Burgos y se encontraba ahora otra vez en la de Córdoba— se celebró el 29 de julio de 1944. El tribunal estuvo presidido por el coronel de Artillería José Jaudenes Rey y lo componían los vocales capitanes Federico Fraile Letona, Juan Castellano Villalta y José Salguero Castro. El fiscal Isidoro Valverde Meana pidió quince años de cárcel para los dos acusados, y el defensor, el teniente de Artillería José Baena Rodríguez, la absolución para Adela Marín y seis años y un día para Rafael Monroy. Se les condenó a ambos a doce años y un día por el delito de auxilio a la rebelión, a pesar de que el propio tribunal reconoció que la única actuación de Rafael Monroy había sido luchar en el Ejército republicano y alcanzar el grado de teniente, sin intervenir en hechos delictivos. No tuvo que ingresar de nuevo en la cárcel, al igual que Adela Marín, y permaneció en libertad vigilada, que le obligaba a presentarse cada cierto tiempo en el cuartel, hasta que el 20 de diciembre de 1948 se le concedió el indulto definitivo.

Al ser liberado, Rafael Monroy se estableció en Baena, en la calle Pavones, pero no le daban trabajo debido a sus antecedentes. Lo encontró como contable en una almazara en Luque y en 1949 emigró a Barcelona. Con la llegada de la democracia perteneció a la Asociación de Militares de la República y a mediados de los años ochenta regresó a Baena, donde falleció.

Rafael Monroy Roldán y Josefa Pérez Rojano, casados el 16 de julio de 1945 en la iglesia de Guadalupe de Baena.

Rafael Monroy se había casado en julio de 1945, en la Iglesia de Guadalupe, con Josefa Pérez, a quien entrevisté en abril de 2014, como he señalado con anterioridad. Esta mujer me relató el primer caso de presunto robo de bebé que he escuchado en mis veinte años de entrevistas como historiador. En 1954 ella volvió sola desde Barcelona con la intención de dar a luz en Baena, donde residía su familia, pues su marido no pudo acompañarla por motivos laborales. Cuando ingresó en el hospital de Jesús Nazareno le preguntaron en reiteradas ocasiones y con insistencia por su esposo, y contestó que no había podido acompañarla porque él trabajaba en Barcelona. Su hija nació con normalidad y sana. Ella pudo verla y al poco rato se llevaron al bebé al cuarto de al lado. Horas después le dijeron que la niña había fallecido de repente y que habían aprovechado la muerte de otra persona, de la que no le aportaron su identidad, para enterrarla en su mismo féretro, con la intención de evitar trastornos y gastos a la familia. Josefa Pérez, por tanto, no pudo ver el cadáver de su hija y siempre sospechó que había algo raro en este caso. De hecho, hace pocos años, la familia comprobó que la muerte de la niña no había sido inscrita en los libros de defunciones del Registro Civil de Baena ni su nombre aparecía en los libros de cementerio como enterrada en Baena.

En este asunto concurren varias características comunes con otros casos ya documentados de padres que sufrieron robos de niños recién nacidos durante los años de la posguerra y de la dictadura franquista: familia con antecedentes republicanos, mujer que da a luz sola sin familiares directos que la acompañen, insistencia previa y reiterada de las monjas en saber dónde se encontraba el padre, ocultación del cadáver del bebé e inhumación irregular. Basándose en esos indicios, su hija Ana presentó una denuncia en 2015 que no prosperó, ya que fue archivada en junio de 2016.

El testimonio de Antonio Cruz Navas sobre la matanza del 29 de julio de 1936 en Baena

La rebelión militar contra la II República comenzó en Córdoba capital a las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División —que comprendía las ocho provincias andaluzas— recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de Correos, Telégrafos y Telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas para sumarse a la rebelión encontraron un amplio eco, pues la sublevación triunfó en 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

Siguiendo el mandato recibido desde Córdoba, en la tarde noche del sábado 18 de julio se organizaron en Baena patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el Ayuntamiento, el edificio de la Telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe de Estado se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los cortijos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. Tras varios días de refriegas, el 28 de julio los golpistas estaban próximos a sucumbir. Sin embargo, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos.

Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena el 28 de julio de 1936 no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron en las calles y en las casas una auténtica carnicería contra la población civil indefensa. De hecho, sus acciones (el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población civil) hoy se catalogarían como crímenes de guerra. Esta represión salvaje, premeditada y ejercida por los mandos militares, seguía la consigna del director de la conspiración, el general Emilio Mola, que ya había advertido dos meses antes del golpe de Estado de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. Un documento del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 105, expediente 2.951) nos da idea del terror que se vivió en Baena aquel 28 de julio a través del testimonio, recogido solo trece días después, de dos jóvenes mujeres que se encontraban en el hospital recuperándose de las heridas del ataque:

Declaración de Rosa Peña Rodríguez, de 17 años: “Fue herida el día 28 de julio último encontrándose en casa de su tía donde llegó un moro tirando tiros, tal vez también alguna bomba, siendo alcanzada en la pierna derecha. Que en la misma casa mataron también a dos o tres hombres e hirieron a otra mujer. Manifiesta que desde la casa en que se encontraba no se hizo disparo alguno por la gente de la misma pues no tenían armas”.

Declaración de Remedios Portero Amo, de 20 años: “Fue herida el día 28 de julio por tres moros que llegaron a su casa tirando tiros, hiriendo a la declarante en ambas piernas, matando a su hermano, a su cuñado y a otras dos mujeres de la calle que se encontraban en la casa. Que no hubo refriega en la calle entre la fuerza pública y los paisanos. Que dichos moros después de ocurrir lo ya manifestado se llevaron todo lo que tenían en la casa incluso el pan y el dinero sin poder precisar la cantidad”.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena.

Además de dedicarse a rapiñar y asesinar, las fuerzas del coronel Eduardo Sáenz Buruaga avanzaron por el pueblo apresando a muchos vecinos, a los que arrastraron por las calles y concentraron en el Paseo, donde los obligaron a ponerse boca abajo en el suelo, formando filas. A ellos se les añadieron otros muchos que se congregaron allí porque se dio la orden general de que todos los varones subieran con un pañuelo blanco. En la plaza se realizó una rápida selección. Unos conseguían, a través de sus ruegos o de un golpe de suerte, ser avalados —o “garantizados”, que es la palabra precisa que recoge siempre la documentación de la época— por algún guardia civil o vecino de derechas, les ponían un sello en el pañuelo blanco que debían usar como brazalete y quedaban libres. Sin embargo, los que no lograban el aval recibían un disparo en la nuca. Asesinaron también a los rehenes que el teniente mantenía en el cuartel, cuyos cuerpos arrojaron desde la azotea. Desconocemos el número exacto de personas que murieron ese día. Muchos de estos fallecidos, como ocurrió con una buena parte de las víctimas de la represión franquista en toda España, quedaron sin inscribir en los libros de defunciones del Registro Civil de Baena, que señala la muerte de 135 personas entre el 19 y el 29 de julio de 1936 en una localidad que entonces tenía algo más de 23.000 habitantes (nuestras investigaciones han documentado la existencia de al menos 365 víctimas mortales de la represión franquista durante toda la guerra, más 75 en posguerra).

La matanza del Paseo tuvo un efecto colateral terrible en el convento de San Francisco, donde se encontraban recluidos derechistas y familiares de los que se habían sublevado con la Guardia Civil. Estos apresamientos se habían realizado días antes por decisión del Comité republicano, formado en su mayoría por anarquistas, en respuesta a la amenaza del teniente Pascual Sánchez Ramírez de asesinar a los rehenes y familiares de republicanos que él mantenía en su poder. El día 27 el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente se negó. El día 28 por la noche, después de la matanza cometida por las tropas del general Sáenz de Buruaga en el Paseo, en venganza se produjo el asesinato en el convento de San Francisco de 73 rehenes (otros 48 consiguieron sobrevivir), un abominable crimen realizado por un número reducido de desalmados en medio del descontrol del momento, mientras las fuerzas de Sáenz de Buruaga intentaban tomar el convento y los republicanos huían en desbandada.

Volviendo a la represión cometida por los militares sublevados, hasta hace muy poco se pensaba que en el Paseo de Baena solo hubo una gran matanza, durante el 28 de julio de 1936, cuando la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga tomó el pueblo. Sin embargo, esa historia cambió en el año 2014 gracias a las memorias redactadas en 1942 por un testigo, Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil y comandante de puesto en la pedanía baenense de Albendín. Por su testimonio tuvimos la primera noticia escrita de que el día 29 de julio de 1936 hubo en el Paseo de Baena una carnicería similar a la del día anterior. El cabo Manuel Hernández se refería a lo ocurrido ese día de esta manera:

Por la mañana siguiente, día 29, se hizo una terrible selección del personal que durante la noche anterior llenó el edificio del Ayuntamiento. Para ello, y como si de una feria de ganados se tratase, se iban colocando en dos grandes filas aquellos desgraciados. Otros convecinos suyos llamaban a uno y decían: “Este allí”. Allí era su posible salvación, porque engrosaba una hilera de los que en el cuartel se les estampaba en un pañuelo sujeto al brazo el sello del Puesto, salvoconducto que de momento los hacía libres, sin perjuicio de ulteriores resultas. De otros decían: “Este ahí”. Este ahí era la escalinata del Paseo, en cuyas gradas esperaban ansiosos de sangre cuatro moros que apenas daban tiempo al elegido para echarse de bruces sobre la arena según la prisa que tenían por dispararle el tiro en la nuca sin necesidad de apuntar…

El testimonio del cabo Manuel Hernández, el único que teníamos hasta ahora de la masacre del 29 de julio, se ha visto corroborado por un cuaderno de memorias redactado por Antonio Cruz Navas y que me ha entregado su nieta Celia Ochavo Cruz, residente en Barcelona. Antonio nació en Baena en 1905 y con cinco años comenzó a trabajar en el campo, sin ir a la escuela. De formación autodidacta, intentó ser cartero, pero al final consiguió una plaza de manguero (persona encargada de manejar las mangas o bocas de riego) en el Ayuntamiento. Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenía 30 años y vivía en una casa en el Arco de la Villa. Su mujer se llamaba Manuela Cobo Pérez y tenían entonces cuatro hijos: José, Vicente, Trinidad y Antonio.

Antonio Cruz Navas durante la realización del servicio militar.

Antonio Cruz Navas escribe sus memorias en abril de 1983, 46 años después de que ocurrieran los hechos a que nos referimos, cuando él tenía 76 años. Ello explica que cometa un error en la fecha de la entrada de la columna de Sáenz de Buruaga en Baena, que sitúa el día 27. Así que cuando se refiere en su cuaderno a lo sucedido al día siguiente, el 28, está claro que en realidad está hablando del 29, pues dice que él no sale a la calle hasta un día después de la entrada de “los moros” en Baena. Su testimonio, que tiene rasgos bastante dramáticos, resulta muy fiable porque no solo es testigo, sino también víctima en los sucesos que narra. De hecho, consigue salvar la vida por un golpe de suerte. No tuvo la misma fortuna su vecino Rafael Arroyo, uno de los asesinados el 29 de julio. No sabíamos de su muerte hasta que él lo cita, lo que demuestra una vez más que muchas de las víctimas de la represión franquista no han dejado rastro documental alguno y que conocer su identidad es una tarea muy complicada.

En esta entrada del blog solo vamos a recoger las palabras de Antonio referidas al periodo comprendido entre el 18 de julio, fecha del golpe militar, y el 6 de agosto de 1936. Este día, una columna republicana del general José Miaja intentó tomar Baena, pero las tropas recibieron la orden de retirada al día siguiente por la mañana y la localidad ya quedó de manera definitiva, durante los tres años de guerra, en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

La caligrafía de Antonio resulta a veces complicada, aunque hemos conseguido entender casi todo lo que escribe. A la hora de publicar su texto hemos realizado algunas modificaciones en sus palabras, como la eliminación de las faltas de ortografía, la colocación de tildes y la sustitución en varias ocasiones de la conjunción copulativa “y”, que él utiliza continuamente para unir unas frases con otras, por comas o puntos. El testimonio de Antonio es el siguiente:

Con fecha 18 de julio de 1936 estalló el Movimiento Nacional y en la tarde del 18, cuando terminé la faena, me fui a mi casa como de costumbre, sin yo saber nada. Por la mañana, cuando intenté salir de casa se me hizo imposible porque nos encontrábamos entre dos fuegos. Pensamos todos los vecinos del barrio pasarnos al Horno de las Monjas, que era un edificio más grande y estábamos más reservados de las balas, y allí estuvimos sin salir para nada hasta el 28 de julio del mismo mes y año. El 27 fue cuando entraron los moros en Baena y hasta el 28 por la mañana no pude salir. Tenía que presentarme al que hacía como comandante de puesto [de la Guardia Civil] y yo, como funcionario del Ayuntamiento, tenía que presentarme y me presenté. Iba conmigo Santiago Albendín Triguero.

Al llegar al Arco de la Carrera nos tropezamos con un grupo de cuatro muy bien armados con rifles. Nos pusieron manos en alto y nos encerraron en el ayuntamiento.  Antes de entrar en el ayuntamiento había una casa que no pude precisar los difuntos que había y después por las ventanas se veían muchos cadáveres, y uno fusilando continuamente muchos más. Dentro del ayuntamiento nos encontramos un número muy grande que tampoco puedo [decir] las personas que nos encontrábamos. Tenían unas listas que los iban nombrando y los sacaban y en el paseo los obligaban a que se tendieran boca abajo y les daban un tiro en la nuca. Cuando se les terminaron las listas, abrieron las puertas del ayuntamiento y nos pusieron en cuatro filas la calle arriba que pasábamos de la posada de la Carrera. Un grupo de paisanos y con ellos dos guardias civiles nos hacían que dijéramos a voces lo que ellos querían. El que callaba y no decía lo que ellos querrían lo sacaban de la fila y lo obligaban a que se tendiera boca abajo delante de nosotros y le daban el tiro en la nuca.

Cuando se cansaron íbamos uno a uno entrando en el cuartel para que nos pusieran un sello de garantía y el que no tenía quien lo garantizara lo apartaban del pelotón para fusilarlo. Cuando por mi turno entré en el cuartel me presenté a un guardia joven de un cuerpo móvil de la Guardia Civil. Me preguntó que a mí quién me garantizaba. Le contesté que si él no sabía quién yo era, que me había visto todos los días y que esto sería suficiente. Me contestó muy serio que yo sería uno de los muchos y me apartó al pelotón de los que fusilaban. Encontrándome en dicho pelotón, los sacaban sin saber adónde y estos no tenían vuelta. Estando en el pelotón pasó por delante de nosotros un cabo de la Guardia Civil que se llamaba el cabo Hernández [José Hernández Conesa]. Se encontraba con nosotros un tal Rafael Arroyo, vecino mío de toda la vida. Dijo que tenía sed y el cabo le contestó que él le traería agua. Al rato volvió y preguntó que quién era el señor que tenía sed, que saliera del pelotón. Salió y con un garrote que tenía en la mano le dio en la frente y de allí se lo llevaron al camión de los difuntos, y yo esperando que conmigo hicieran lo mismo.

En aquel momento pasó por delante de nosotros un tal Rafael Tejero, que era el sacristán de la parroquia mayor. Me preguntó que qué hacía yo en aquel pelotón y le contesté que no sabía. Él me contestó que yo tranquilo, que a mí no me pasaba nada. Al cabo de mucho rato se presentó un brigada de la Guardia Civil que últimamente había estado en Baena de puesto y en aquella fecha se encontraba de destino en Espejo, pero le cogió con permiso en Baena y este señor fue mi salvación. Me cogió del brazo y me presentó al guardia para que me pusieran el sello de garantía, pero el guardia no quería ponerme el sello, pero el brigada como era superior le dijo que me lo pusiera el sello. Cuando me lo puso salí del cuartel más que deprisa, en segundos, y en aquel momento me hacía cuentas de que había nacido. Al salir ya pasando el Arco de la Carrera me tropecé con mi señora, la cual que me dijo que venía en busca mía porque hasta le habían dicho que a mí me habían fusilado, y le contesté “no hija, que estoy aquí”. Nos fuimos juntos para la casa y aquel día no quise salir a ningún sitio.

A otro día, 29 de julio, voy a presentarme al comandante de puesto [teniente Pascual Sánchez Ramírez] como empleado del Ayuntamiento y cuando yo me presenté ya se habían presentado compañeros del servicio de limpieza. Salió el sargento de la Guardia Civil [Fidel Sánchez Valiente de la Rica] y nos dijo si estábamos todos los de la limpieza y le contestamos que aún faltábamos algunos. Nos contestó que con nosotros era bastante, que cogiéramos las escobas y mangueras, y lo primero hacer la limpieza del cuartel, y cuando termináramos nos cogerían uno por uno y nos fusilarían, que era lo que nos merecíamos. Como las aguas se encontraban cortadas, y para evitar el polvo teníamos que salir a la calle a por agua para regar un poco el suelo, algunos compañeros salieron a por agua y (…) a lo que el sargento había dicho. Los que quedamos allí terminamos la limpieza y a última hora nos dijo el sargento que nos marcháramos y a otro día por la mañana que nos presentáramos y él nos diría qué teníamos que hacer.

Ya aquella noche no dormí pensando si me presentaba o no, pero al fin me decidí y me presenté, y otros tres más. Ya nos dijo el sargento todo cuanto teníamos que hacer, pero todo con una seriedad y puntualidad, y cuando no lo hiciéramos el fin de nosotros sería quitarnos la vida. Lo primero que nos ordenó [fue] que teníamos que regar y barrer todos los días toda la redonda del paseo, puerta del cuartel, ayuntamiento, telefónica y casino de los señores. De esta forma estuvimos haciendo el servicio que nos ordenó por espacio de dos semanas y después nos ordenó otra clase de servicio por todas las calles del pueblo, bastante comprometido, por las muchas casas que (…) y el peligro diariamente que teníamos. Un día de dicho mes, no recuerdo la fecha, en el mes de agosto vinieron de Castro del Río los milicianos con intención de tomar el pueblo. Nos cogió regando en la calle Nueva y tuvimos que abandonar el servicio y nos fuimos cada uno a su casa. Cuando tocaron la retirada sin estar el pueblo tomado nos marchamos unos por un lado y otros por otro, y no quedó nadie en el pueblo. Yo y mi familia nos fuimos al campo y volvimos al pueblo otra vez a los dos días para presentarme otra vez a mi puesto…

Páginas del cuaderno de memorias de Antonio Cruz Navas, escritas en abril de 1983.

Hasta aquí publicamos las palabras textuales de Antonio Cruz Navas. A continuación, en su cuaderno cuenta que al día siguiente de regresar a Baena le encomendaron “recoger los difuntos que se encontraban fuera del pueblo del día que atacaron los milicianos de Castro del Río”, que llevaban en descomposición cuatro días al pleno sol en el mes de agosto. Aquella misma tarde, tras “percibir los malos olores” comenzó a “devolver y a ensuciar”, y a las 12 de la noche perdió el conocimiento. Su mujer fue al cuartel de la Guardia Civil en busca de un médico y le dijeron que aguantara hasta el día siguiente. Por la mañana lo trasladaron en un sillón, entre cuatro vecinos, hasta la Casa de Socorro, donde le administraron un litro de suero para combatir la deshidratación y le aconsejaron que lo llevaran al hospital. Allí, las monjas le preguntaron a la mujer qué enfermedad traía su marido. Al responderle que cólera, le dijeron que era “una cosa mala para poderlo atender”. Así que regresaron de nuevo a su casa. Permaneció en cama quince días inconsciente, “sin hablar ni nada”, y tardó otros quince días más en recuperarse. Mientras se encontraba enfermo, aparecieron dos guardias civiles con la intención de detenerlo por no haberse presentado al trabajo, pero viendo el estado en el que se encontraba, lo dejaron en la cama. Restablecido, de nuevo se incorporó al trabajo, aunque “cada día sufriendo más por las nuevas exigencias que diariamente nos mandaban y las malas palabras que continuamente nos decían”.

Antonio Cruz Navas en una fotografía de la época en que escribió sus memorias.

Antonio Cruz siguió trabajando de empleado municipal hasta el día tres de noviembre de 1936, fecha en la que le comunicaron su cese desde el Ayuntamiento, ya que se vio afectado por el proceso de depuración que se aplicó en toda la España franquista a los funcionarios públicos cuya ideología, según las nuevas autoridades, no coincidía con la del Glorioso Movimiento Nacional. A partir de aquel momento siempre evitó volver a pisar el Paseo de Baena, con la intención de no recordar lo que había ocurrido allí. Para poder sobrevivir, se dedicó a la recolección de la aceituna y en los años siguientes trabajó en diversas labores agrícolas. Su familia aumentó con cuatro hijos más: Rosario, Manuel, María del Carmen y Guadalupe. También sufrió la pérdida de un hermano, José, exterminado en Austria en el campo nazi de Mauthausen en octubre de 1941. En 1961, con 56 años, emigró a Santa Coloma de Gramanet, una enorme ciudad del cinturón industrial de Barcelona con una población mayoritariamente inmigrante, donde se empleó como albañil. En Cataluña acabaron viviendo también siete de sus ocho hijos (todos menos Vicente, que permaneció en Baena). Antonio Cruz Navas murió en Santa Coloma de Gramanet, el lugar donde escribió las memorias que hoy publicamos, el 31 de diciembre de 2001, con 96 años y una lucidez mental extraordinaria.

Información adicional:

 

Los presos de Baena en la posguerra

Al finalizar la guerra civil española, el 1 de abril de 1939, cientos de miles de refugiados que habían huido de las zonas ocupadas por el Ejército franquista desde el 18 de julio de 1936 debieron emprender, por mandato de las nuevas autoridades, el regreso a sus hogares. También volvieron a sus domicilios, tras su paso por las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados establecidas en las distintas provincias, los 507.000 soldados republicanos que se hacinaban en campos de concentración construidos en edificios dispares y descampados, donde no se respetaban las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra.

El control de los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos los que llegaban debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen, donde se les fichaba a través de un breve informe. En él se anotaban sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra, una información que serviría de base para ulteriores acciones represivas. Ya el 9 de abril de 1939, el alcalde de Baena solicitó al teniente jefe de línea de la Guardia Civil que “sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberles por vía judicial, se formule sobre cada uno de ellos por la fuerza de la Guardia Civil el correspondiente atestado entregándolo en el Depósito municipal y las actuaciones a esta alcaldía a fin de poner a los individuos en cuestión a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”.

Según el libro de presentados de la “zona roja”, que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, 2.174 personas regresaron  oficialmente a Baena como vencidos desde la España republicana. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de vecinos que huyeron del pueblo tras la entrada el 28 de julio de 1936 de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga, pues en ella no aparecen los nombres de los refugiados muertos durante los tres años de guerra, de los que permanecían apresados en otros lugares, de los exiliados y de los menores de edad. Aparte, este libro de presentados tiene dos páginas rotas, lo que impide contabilizar todos los nombres que se anotaron en su origen.

A los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la legalidad juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías jurídicas ni procesales, conculcando el derecho de defensa de los encausados, que casi siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial en la posguerra puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la contienda y había soportado ya una inmensa represión durante tres años, las causas judiciales superaran las 26.000 en 1939, y en 1940 alcanzaran las 37.000.

En la posguerra, la maquinaria judicial contra los republicanos se puso en marcha en Baena el 20 de abril de 1939, cuando se nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del sector quedó establecida en Baena y el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un crucifijo y un retrato del Generalísimo Franco. Los gastos de desplazamiento del juzgado de Baena también corrieron a cargo del Ayuntamiento, incluidos los de los componentes del tribunal de los consejos de guerra que se desplazaban a Baena para los juicios. Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por el tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Baena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba a las pocas horas, después de emitir la condena. Los juicios en muchas ocasiones eran colectivos (20 encausados, por ejemplo, se juzgaron en Baena el 24 de mayo de 1939), sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que evidencia la falta de afán probatorio y la ausencia de una justicia personalizada. Los juicios se celebraban en el Teatro de Baena (en la calle Alta), donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las víctimas como de los acusados.

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José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano. El “turismo penitenciario” le llevó, hasta julio de 1943, por Castro del Río, Córdoba, El Puerto de Santa María, Barbastro y Noales (Huesca).

En las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. En Baena, a los detenidos se les internaba en la cárcel de la plaza Vieja y en la Tercia (en la Carrera, al lado del cuartel y del ayuntamiento), donde también se concentraban presos de Albendín, Valenzuela y Luque. En febrero de 1940 se les trasladó al convento de las monjas de Santa María de Scala Coeli, de Castro del Río, en el que se llegaron a hacinar unos 1.500 presos según el estudioso local Francisco Merino Cañasveras, y de aquí salieron para las prisiones de Córdoba en septiembre u octubre. Para muchos ahí no acabó su periplo penitenciario pues el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que se llamó “turismo penitenciario” (de Baena encontramos presos en Madrid, Burgos, El Puerto de Santa María, etc.). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y escasez.

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Manuel Cañete Tarifa, de 22 años, murió por disparos el 10 de noviembre de 1939, en Baena, al intentar evadirse en un traslado de presos.

La mortalidad entre los internos fue extrema en la cárcel de Córdoba, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. De Baena murieron 12 presos en las cárceles de Córdoba, a las que hay que sumar al menos cinco que fallecieron en distintas circunstancias (enfermedad, suicidio, torturas, intento de evasión) en otras prisiones.

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El preso José de las Morenas Lara, de 28 años, fue torturado en 1939 en el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Las torturas fueron una trágica realidad en todas las cárceles franquistas. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos. Un torturado ya fallecido, José de las Morenas Lara, me contó en septiembre de 2006 que cuando le tomaron declaración en el cuartel en 1939 lo mantuvieron durante cuatro horas de rodillas sobre un garrote mientras le pegaban en la espalda. Por su testimonio, sabemos también que uno de los tres miembros de la familia de los “Zarabanda”, al que habían colgado de los brazos para torturarlo, no resistió el castigo y falleció en el hospital —quizás se refiera a José Padillo Marín, preso con anterioridad en el pueblo jiennense de Torres, pues los otros dos, su padre Agustín Padillo Moraga y su tío Manuel, terminarían fusilados—. En la cárcel de Castro del Río murió el 11 de mayo de 1939 otro vecino de Baena, el campesino de 34 años Felipe Aguilera Arroyo, cuando lo arrojaron a una letrina, donde pereció por asfixia. En el cuartel de la Guardia Civil de Albendín se apaleó también a los presos por medio de golpes de vergajo, puñetazos y patadas, o se les colgaba de las manos al techo, sin atender a los lloros de las víctimas.

El franquismo utilizó a los presos como mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron económicamente tanto la dictadura como la empresa privada. En octubre de 1938 se había creado el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, encargado de la gestión de los trabajos forzados de los presos en cualquiera de sus modalidades: batallones de trabajadores (reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, disueltos en octubre de 1942), destacamentos penales y colonias y talleres penitenciarios. De Baena, al menos 172 personas sufrieron explotación laboral en batallones de trabajadores y en batallones disciplinarios de soldados trabajadores situados en Los Pastores (Algeciras), Los Barrios (Cádiz), Melilla, Tetuán (Marruecos), en el campo de aviación de Labacolla en Santiago de Compostela —aquí estuvieron internados casi todos los vecinos de Albendín que sufrieron prisión en batallones—, etc. En estos batallones, al igual que en las cárceles, los reclusos no sólo sufrieron la masificación, la falta de higiene, la comida escasa, etc., sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta, lo que explica que al menos dos hombres de Baena (Antonio Cantero Cano y Antonio Serrano Ortiz) murieran en batallones de Melilla y San Roque. Entre 1938 y 1939 existieron en Baena dos batallones de trabajadores dedicados a la construcción de fortificaciones militares, adscritos al Ejército del Sur: el nº 5, con 331 prisioneros; y el nº 37, que compartía ubicación con el pueblo vecino de Luque, con 796 internados.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, y tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes —6.454 en la provincia de Córdoba, según el profesor Antonio Barragán Moriana— que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones fusilados o en las cárceles. En Baena, al menos 199 personas (entre las que se contaban una cincuentena de presos, 27 fusilados y dos muertos en las prisiones) se vieron afectadas por esta ley y por los expedientes de “incautación de bienes pertenecientes a individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes” que se incoaron desde el verano de 1936.

Es imposible conocer el número de personas que pasaron por la cárcel de Baena en la primera posguerra. Hay un informe de la Falange del año 1945 que recoge 67 nombres, pero es muy incompleto ya que sólo se anotan los condenados a penas de prisión, pero no los sentenciados a internamiento en los batallones de trabajadores, los condenados a muerte, los liberados sin juicio o los que fueron absueltos. Por desgracia, en el Archivo Histórico Municipal de Castro del Río, el lugar a donde fueron trasladados los presos de Baena, no se conservan fichas de prisión. Aun así, a través de otros documentos del Archivo Histórico Municipal de Baena (correspondencia municipal, informes policiales, fichas de familias pobres) y de algunos testimonios orales obtuve el nombre de otros 58 encarcelados en el pueblo o en otras localidades, lo que en su momento nos dio un total de 125 prisioneros. Esta cifra es la que se publicó en la segunda edición de mi libro Baena roja y negra en diciembre de 2013.

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Uno de los documentos del juez Manuel Cubillo Jiménez, con una relación mecanografiada de presos de Baena.

El año pasado, Gabriel Caballero Cubillo me cedió copia de 66 hojas del archivo personal de su abuelo, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena durante la primera posguerra, de donde he extraído los nombres de casi un centenar de prisioneros más de los que yo ya tenía contabilizados. En consecuencia, las cifras publicadas de presos de Baena estaban desfasadas y era necesario actualizarlas. Esa es la causa principal que motiva esta nueva entrada del blog. En este momento, ya llevamos descubierta la identidad de 224 reclusos —Baena tenía un censo de 24.830 habitantes en 1940—, a los que hay que sumar 43 presos fusilados en posguerra, 19 que fallecieron en las cárceles y en los batallones de trabajadores y 14 internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 13. Asimismo, la documentación del juez Manuel Cubillo nos ha permitido sacar a la luz la identidad de 26 presos del vecino pueblo de Valenzuela y 57 procedimientos inconclusos del juzgado militar de Baena, posiblemente referidos a las fuerzas militares que estuvieron acantonadas en el pueblo durante la guerra civil.

Junto a las listas anteriores, a continuación publicamos también, en varios enlaces, los nombres de 36 presos en campos de concentración, de 172 internos en batallones disciplinarios de soldados de trabajadores y batallones de trabajadores, de 199 afectados por expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes y de los titulares de 180 informes policiales individuales. Estos informes se elaboraban a petición de los juzgados militares, casi siempre cuando el implicado se encontraba en prisión, pero al no tener certeza absoluta de su situación no los consideramos provisionalmente como reclusos y los incluimos en una relación aparte.

 

Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabar la guerra civil española, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales cordobeses de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del juzgado se estableció en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo. Manuel Cubillo murió en 1973. Entre su legado, dejó una variada documentación oficial y unos escritos, de los que me cedió copia en 2015 su nieto Gabriel Caballero Cubillo. Estos escritos, con una pequeña biografía personal del juez y una breve introducción histórica, los publiqué en mi blog en junio de 2015 y pueden leerse en este enlace.

Ahora le toca el turno a la documentación judicial. En su origen era una enorme caja con cientos de documentos, pero a mis manos solo han llegado 66 hojas fechadas casi en su totalidad en 1939 y 1940. La inmensa mayoría son actas de declaraciones ante la Guardia Civil o ante Manuel Cubillo de detenidos y testigos, aunque también existen algunas listas de reclusos que elevan de manera significativa las cifras de presos aportadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943) y que serán motivo de una próxima entrada en este blog. De la documentación conservada he seleccionado tres historias principales: una denuncia contra siete vecinos, la aplicación de torturas en el cuartel de la Guardia Civil y una poesía escrita por un condenado a muerte.

En Baena, que en 1940 albergaba a 24.830 habitantes, la justicia militar se ejerció de manera muy rigurosa en la posguerra: 43 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, en Castro del Río y Córdoba; al menos 222 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; otros 19 murieron mientras se encontraban internados en cárceles y batallones de trabajadores; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 182 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión. Hemos de recordar que en la posguerra, a los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936. Por tanto, a través de los consejos de guerra, se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella.

El sumario de un consejo de guerra arrancaba con un atestado elaborado por el comandante de puesto de la Guardia Civil. El atestado se iniciaba tras la detención de algún “significado y peligroso marxista” o de “un sujeto revolucionario”, calificativos que por norma aparecían en las actas encabezando las diligencias, justo delante del nombre del encausado. La detención se practicaba en bastantes ocasiones como consecuencia de la denuncia de algún vecino, que a menudo aprovechaba para vengar viejas rencillas y enemistades con otros vecinos, para evitar pagar alguna deuda al denunciado o para castigar a las personas que más se habían destacado en el ámbito político y social durante la II República.

Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias en los consejos de guerra, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados. Estos informes comenzaban con una valoración genérica y peyorativa del encausado y con referencias continuas a su actuación antes del 18 de julio de 1936 (participación en huelgas, sobre todo), insistiendo en su filiación política, sindical e ideológica más que en demostrar los presuntos delitos que hubieran podido cometer (asesinatos, robos, destrucción de propiedades, etc.) durante la guerra, como ocurrió en la historia que expondremos a continuación.

Las denuncias a veces no seguían el cauce reglamentario y se remitían por el denunciante directamente al juez (o a algún conocido del juez) a través de una carta postal que podía ser anónima. Ignoramos si estas informaciones que se cursaban desde el ámbito privado incidían de alguna manera en la maquinaria judicial franquista. Entre los papeles de Manuel Cubillo se conservan varias de esas misivas, como la enviada por Francisco Pallarés Moreno, que tenía 33 años en 1939. Era hijo de Luis Pallarés Delsors, presidente en 1931 de la Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de España y gran empresario oleícola de Cabra con ramificaciones en otras localidades españolas. Un hermano de Francisco, Luis, teniente de complemento, fue uno de lo militares que se sumó a la sublevación militar en Cabra, localidad colindante con Baena, en julio de 1936. El 8 de julio de 1939 Francisco Pallarés le envío una carta a su amigo Domingo Tarifa Aranda, uno de vecinos que en julio de 1936 se había atrincherado en Baena con la Guardia Civil para apoyar el golpe de Estado. En ella le decía lo siguiente:

Mi querido amigo:

Mi Padre me hace envío de una carta que en Madrid y por pura coincidencia ha llegado a sus manos.

Me es grato adjuntársela, pues aunque no cabe duda de que la justicia de Franco habrá sido aplicada al firmante de la misma y a la mayoría de las personas que en ella se relacionan, si por cualquier causa hubieran escapado de ella, ahí va la prueba irrefutable de sus ideas.

Suyo buen amigo que le abraza.

Carta Pallarés

Copia de la carta original enviada por Francisco Pallarés Moreno.

La carta que adjuntaba Francisco Pallarés había sido enviada el 29 de abril de 1932 por el anarquista baenense Juan Misut Cañadilla al periodista y escritor Mauro Bajatierra, también libertario. Este había vivido una temporada en 1930 en el pueblo vecino de Castro del Río, lo que explicaría la relación entre ambos. En la misiva le informaba de “las malas artes que vienen empleando las autoridades y alcaldes con los obreros de Baena”, pues con motivo de la última huelga habían arrestado a “33 compañeros” de los que todavía quedaban seis presos. Juan Misut no aportaba ningún dato sobre esta huelga, ni siquiera la fecha, pero resultó una de las más importantes que vivió Baena durante la II República. Se inició el día 12 de abril y terminó el 18. Fue una huelga general, alentada por los anarquistas, y declarada ilegal por el gobernador civil. Grupos de piquetes recorrieron los cortijos para que los jornaleros se sumaran al paro e impedían salir a trabajar desde el pueblo a los campos. La Guardia Civil detuvo a algunos hombres y cuando intentó trasladarlos a la Prisión Provincial de Córdoba se reprodujeron los enfrentamientos, que causaron dos heridos. Juan Misut le pedía al periodista que hablara con el diputado del Congreso José Antonio Balbontín sobre estos arrestos y le diera publicidad en la prensa. Para ello, le enviaba los nombres de los seis detenidos y los hechos de que se les acusaban, aportándole a la vez lo que él denominaba “pruebas evidentes” que acreditaban su inocencia y los abusos que se habían cometido en su detención.

Aunque, como ya hemos señalado, desconocemos si la carta enviada por Francisco Pallarés incidió de alguna manera en el destino de los seis prisioneros y del remitente, a continuación publicamos los datos que hemos podido descubrir, a través de nuestras investigaciones, de cómo les fue aplicada a ellos o a sus hermanos la “justicia de Franco” en la posguerra:

  • Antonio Rodríguez Bonilla. Sin datos
  • Antonio Bernal Cordero, 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936.
  • José Domingo Ruiz Tapias, condenado a 12 años de cárcel.
  • Rafael Pérez Colomo, sometido a expediente de responsabilidades políticas. Su hermano José, de 23 años, soldado del Ejército republicano, falleció en el frente de Villaharta el 18 de abril de 1937. Su hermano Patricio, preso en el batallón de trabajadores 128 de Navarra. Su hermano Manuel, sometido a consejo de guerra.
  • Vicente Aguilera Pérez. Sin datos. Su hermano José, de 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 5 de septiembre de 1936.
  • Antonio Moral Carrillo, de 36 años, condenado a pena de muerte que le fue conmutada. Su hermano Emilio, de 33 años, condenado a 30 años de cárcel.
  • Juan Misut Cañadillas (firmante de la carta). Preso en el campo de concentración de Castuera (Badajoz) al finalizar la guerra civil. Su padre ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936. En los años ochenta del siglo pasado vivía en Manzanares (Ciudad Real).

Los juicios que sufrieron los republicanos en la España franquista se realizaban sin garantías para los procesados. Los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno y la instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Las torturas fueron una trágica realidad en los cuarteles de la Guardia Civil y en las cárceles franquistas, no sólo con la intención de arrancar de los presos las declaraciones que sus verdugos querían, sino también con la finalidad de castigar y humillar a los vencidos, quienes no tenían más remedio que delatar a su vez al primero que se les viniera a la cabeza con tal de acabar con su suplicio. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos y lo mismo ocurría en el cuartel de la aldea de Albendín, como ya documenté de manera sobrada en mi libro Baena roja y negra.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se conserva un acta que demuestra, según las declaraciones de un testigo, que se maltrataba a los presos con la intención de forzar sus declaraciones, sin importar que estas fueran falsas. El 26 de agosto de 1939, el sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Baena, Manuel Ramón Ramón, acompañado del guardia civil Pío Zarco Castillo, interrogó a Manuel Trujillo Priego “Vizco Trampa”, un albañil de 42 años, sobre su participación en la muerte del propietario Antonio Lara Vallejo, de 56 años. Este fue uno de los ocho asesinatos que se cometieron en las calles de Baena en la zona que estuvo controlada por el Comité, formado en su mayoría por anarquistas, que se había creado en el convento de San Francisco entre el 20 y el 28 de julio de 1936.

En su declaración, Manuel Trujillo manifestó que llegaron a su casa, sobre las seis horas del 28 de julio de 1936, unos muchachos de unos 14 o 15 años, que le dijeron que de parte del Comité fuera con ellos al convento de San Francisco. Allí le ordenaron que acompañara, junto a otros, a Joaquín Rojano Montes “Jiedes” para que detuviera a Antonio Lara Vallejo. Según su declaración, el propósito de Joaquín Rojano era “asesinarlo (…) por una cuenta que entre ellos tenían”, aunque él pudo convencerlo en un principio para que no lo hiciera. Sin embargo, al llegar a lo hondo de la Velilla Baja, esquina con la calle La Loca, Joaquín Rojano le disparó a Antonio Lara un tiro mortal en la nuca. Tras la detonación, se congregó mucha gente y el cadáver fue arrastrado con una soga al corralón de Dª Marina Ariza. Allí, juntó unas hierbas y le prendió fuego al cadáver. Tras la toma de Baena por una columna militar franquista el 28 de julio, Manuel Trujillo se puso de parte de los vencedores e ingresó en un batallón de voluntarios en Córdoba durante tres meses en 1936, hasta que se dio de baja y se dedicó a la albañilería para atender las necesidades de su familia.

Junto al acta de declaración de Manuel Trujillo se recoge también la del testigo José Navarro Triguero, un campesino de 25 años, domiciliado en la calle Matías Amo. La declaración se produce ante el juez Manuel Cubillo, que le pregunta “si se afirma y ratifica en las manifestaciones que el día 26 de los corrientes ha hecho contra Manuel Trujillo Priego que obran en el acta de información que antecede y a la que se he dado integra lectura”. José Navarro respondió que no, “porque es completamente incierto cuanto en ellas afirmó y pide permiso al Sr. Juez para poder exponerle con toda claridad lo ocurrido”. Ante el juez, José Navarro manifestó textualmente, según recoge el acta, lo que sigue:

Por estar detenido fue conducido al Cuartel de la Guardia Civil y al preguntarle el domicilio, le preguntaron si había tenido conocimiento de la muerte de D. Antonio Lara Vallejo, contestando que vive en la misma calle que ocurrió el hecho pero bastante más debajo de donde ocurrió y entonces fue interrogado de si había visto quemar el cadáver y ser cierto que este hecho lo había realizado Manuel Trujillo Priego. Allí estaba presente el Manuel Trujillo Priego al que habían maltratado bastante y como me amenazaron con hacerme lo mismo, ante el temor que me inspiraba contesté que sí a todo lo que me preguntaron con el ánimo de decirle la verdad al señor juez cuando fuera preguntado.

Es lo más cierto que yo no vi a dicho individuo en absoluto ni tengo conocimiento de que haya realizado tales hechos pues solo sé lo que sabe todo el mundo que acompañaba al grupo cuando tuvo lugar el asesinato, pero de rumor público se sabe que el que disparó fue el Giedes, no pudiendo ver nada desde mi casa por que (sic) está bastante lejos del lugar del hecho y juro repetidamente que no vi a Manuel Trujillo Priego en el acto que se le imputa.

Lo que en descargo de mi conciencia tengo que exponer y ahora la justicia que obre como tenga por conveniente.

Esto expresó en ello se afirma y ratifica y leida que le fue no la firma, por lo que estampa su huella dactilar del pulgar derecho, y lo hace S. Sª de que yo el secretario doy fe.

Ignoramos el destino de los dos protagonistas de esta historia, pues a ninguno de ellos los tenemos registrado como presos en la cárcel de Baena, a pesar de que según esta documentación oficial sí lo estuvieron. De Manuel Trujillo Priego se conserva sumario de su consejo de guerra, que no he consultado, en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se abrieron las diligencias en mayo de 1939 y se cerraron en mayo de 1944, cinco años después, lo que da a entender que fue sentenciado a una pena de varios años de cárcel. A quien acusan del asesinato, Joaquín Rojano Montes “Jiedes”, fue fusilado el 8 de noviembre de 1936 en Baena. Tenía 56 años y era anarquista. De él existe una pequeña ficha en mi libro Baena roja y negra (2ª edición, página 276), en la que se recogen otros testimonios de vecinos que le imputan ser el ejecutor del crimen.

El periódico Redención se fundó en el mismo mes en que acabó la guerra civil: abril de 1939. Era el único periódico de circulación carcelaria, pues los demás estaban prohibidos, por lo que se convirtió en un órgano de propaganda de la “labor patriótica” realizada en las prisiones franquistas y en una herramienta de adoctrinamiento dirigida a presos y familiares. Durante los primeros años de existencia, el semanario publicaba informaciones internacionales, crónicas pronazis y profascistas sobre la II Guerra Mundial­ y colaboraciones periodísticas de los reclusos —a los que se persuadía para que participaran de múltiples formas— en las que se ensalzaba la política penitenciaria del régimen.

Poesía José Peña - copia

Últimos versos de la poesía de José Peña Cabezas.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se encuentra una poesía, manuscrita sin fechar por José Peña Cabezas, acompañada de la siguiente nota: “Enterado por nuestro semanario Redención del libro de poesías que va a editar la redacción de dicho semanario, y acogiéndome a las Bases o Reglas, envío estas tres pequeñas composiciones por si tienen cabida en dicho libro, confesando que no soy poeta pero muy amante de la poesía. Perdonen mis faltas”. Es de suponer que si la poesía se hallaba entre los documentos de Manuel Cubillo se debe a que el juzgado paralizó su envío al semanario. José Peña, un campesino anarquista de 35 años, que había sido uno de los directivos del Ateneo Popular de Baena en 1931, permanecía en aquel momento preso en Castro del Río, donde sería fusilado el 10 de abril de 1940. Sus versos tienen escasa relevancia literaria, aunque es obvio que sí tienen valor sentimental e histórico. Nos muestran a una persona religiosa, atormentada y arrepentida de sus ideas, no sabemos si de manera sincera o en un intento de congraciarse con el nuevo Estado franquista para así evitar o aminorar la condena judicial que le podría recaer, algo que no consiguió. Esta es la poesía que intentó publicar:

Mi Confesión y Plegaria

Luchaban noche y día /  mi subsconsciente y consciente

ver cuál de los dos podía / tener razón más potente.

Mas, mi cerebro veía, / que yo era un delincuente,

por la fatal cobardía /  del “qué dirán” de la gente.

Viendo que era un enemigo / mi subconsciente conmigo

¿trucándome? mis sentimientos / pláceme ahora el castigo

a la vez que a Dios bendigo / con mis arrepentimientos.

Mis sentimientos soñaban / que las artes y las flores

con éxtasis admiraban / en los niños sus candores.

(…) papeles seductores / que por mis ojos pasaban

con diferentes colores / poco a poco, me cegaban.

Era joven todavía /cuando esto me ocurría

venciéndome el subconsciente / robándome la alegría,

soporté una elegía / por el ¡decir! de la gente.

Pero tú, mi buen señor, / que sabes de este arcano

porque fuiste el Creador / y del mundo eres el amo.

Perdona a este pecador / que con mi fe de cristiano

implora tu dulce amor / con tu imagen entre sus manos.

Y con tu poder divino / apartarás del camino

esos punzantes abrojos; / que insensibles, los ladinos,

hacen sangrar los destinos / y llorar a almas y ojos.

Aparte de estas tres historias anteriores que hemos seleccionado de la documentación de Manuel Cubillo, existen 14 más, algunas muy breves, que también publicamos a continuación. Se refieren a casos centrados principalmente en Baena, pero también afectan a otras localidades vecinas como Albendín, Luque o Castro del Río. Bastantes quedan fragmentadas e inconclusas, sin saber cuál es su remate. Abarcan una cierta variedad de temas (apropiación de los bienes de los vencidos, denuncias, declaraciones de acusados y testigos, etc.) y se pueden leer en este enlace.

 

La toma de Baena por la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE (Hugh Thomas, La guerra civil española, libro 7, ediciones Urbión, 1979, pág 69.

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE (Hugh Thomas, La guerra civil española, libro 7, ediciones Urbión, 1979, pág 69.

El artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Sin embargo, desde el día 17 de julio de 1936 muchos militares españoles se saltaron la legalidad vigente, su propio juramento de fidelidad a la República, impusieron el bando de guerra e iniciaron una sublevación que desembocaría en una guerra civil. Uno de esos militares fue el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que abanderó la rebelión militar en Tetuán. Allí recibió al general Franco cuando llegó en el avión Dragon Rapide para encabezar las tropas alzadas del ejército de África. Los generales rebeldes confiaban en el ejército de África porque contaba con unos 40.000 hombres, estaba bien adiestrado, disponía de material bélico moderno y se podía incorporar de inmediato a la lucha. Además, una buena parte de sus filas no estaban compuestas por reclutas, sino por regulares, es decir, por mercenarios moros. Las mejores tropas de este ejército estaban constituidas por legionarios, formados en las tácticas represivas y violentas de la guerra colonial, que impondrían el terror por doquier. Esta violencia indiscriminada se aplicó por el ejército rebelde desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península, los militares sublevados fusilaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a usar para conseguir el triunfo en toda España. El grueso del transporte de estas tropas desde Marruecos a la Península lo realizaron 20 aviones “Junker 52” enviados por Hitler, en lo que se convirtió en el primer puente aéreo masivo de la historia.

La primera zona de España a donde arribaron las tropas africanas fue Andalucía, donde colaboraron en la ocupación para la causa rebelde de extensas zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. A los pocos días de iniciada la guerra, el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga ya estaba actuando en Córdoba. El día 26 de julio, las tropas a su mando tomaron el pueblo de Villafranca, donde ocasionaron medio centenar de muertos entre la población civil, según el historiador Francisco Moreno Gómez. El día 28 le tocó el turno a Baena, una localidad de poco más de 23.000 habitantes, donde 230 derechistas y guardias civiles se habían sublevado el día 18 capitaneados por el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez. Resistían atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo frente al acoso de los que se oponían a la acción golpista, mayoritariamente anarquistas.

El conocido periodista Ernesto Sáenz de Buruaga escribió un artículo en El Mundo el día 11 de julio de 2015 en el que criticaba la medida de la alcaldía de Madrid de eliminar del callejero los nombres que tuvieran reminiscencias franquistas. En ese artículo dice textualmente lo siguiente:

“los militares Sáenz de Buruaga fueron honestos, leales, patriotas, buena gente y combatían en el bando de los que ganaron la guerra civil. Me siento orgulloso de mis antepasados y si tuvieran una calle me parecería un acierto. Y me sentiría ofendido si se la quitan…”.

Entre los parientes del periodista se encuentra el ya citado Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que comandaba las tropas que el 28 de julio de 1936 conquistaron Baena por medio de una serie de acciones que hoy se catalogarían como crímenes de guerra (por ejemplo, el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población). Esta toma del pueblo por las tropas de Sáenz de Buruaga la narro en el capítulo II de mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), cuya segunda edición ha visto la luz en 2013.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

.Al calor del artículo de Ernesto Sáenz de Buruaga, el periódico digital andaluces.es ha elaborado una noticia, publicada el día 19 de julio de 2015 y reproducida por publico.es, en la que narra la toma de BaenaUtiliza como fuentes, además de las investigaciones del historiador Paul Preston, extractos de mi libro de Baena y una entrevista que me realizó la periodista María Serrano el día 17 de julio. La noticia se puede ver en este enlace y ha tenido una repercusión enorme, pues durante varias horas del día se convirtió en la más leída del periódico. Su impacto en las redes sociales también ha sido mayúsculo, ya que al día siguiente de ser publicada en el facebook de Diario Público ya sumaba 259 comentarios y había sido compartida 1.390 veces.

En el artículo de andaluces.es considero que aparecen ciertas  imprecisiones, propias del lenguaje periodístico, y datos que pueden parecer en cierto modo confusos o demasiado resumidos y superficiales, así que para aclarar este tema, y quede constancia escrita, de manera documentada y basada en fuentes históricas, de lo que ocurrió en la toma de Baena por las tropas de Sáenz de Buruaga, reproduzco a continuación íntegro el capítulo II de mi libro ya citado de Baena roja y negra, que se puede leer en este enlace.

Por su hazaña en Baena el 28 de julio de 1936, Eduardo Sáenz de Buruaga fue nombrado hijo adoptivo del pueblo y recibió la Medalla de Oro de la Ciudad. El día 26 de noviembre de 2015 se presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Baena para revocar estas distinciones honoríficas junto a otras recibidas por el general Francisco Franco y el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez, quien abanderó la sublevación en Baena el 18 de julio de 1936. La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de los cuatro concejales de IU y ocho socialistas. Otros cuatro concejales del PSOE se han abstenido (el partido ha dado libertad de voto en este asunto), al igual que el único de Ciudadanos, y el PP ha votado en contra. La noticia ha tenido una amplia repercusión en la prensa, como podemos ver en los siguientes enlaces:

 

ALGUNOS DE LOS ASESINADOS POR LA COLUMNA DE SÁENZ DE BURUAGA

Francisco Pérez de las Morenas, fusilado en el Paseo el 28 de julio de 1936

Francisco Pérez de las Morenas, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, fusilado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, asesinado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

. Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón

Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón.

Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez.

Manuel Cubillo Jiménez nació en el año 1900 en el seno de una familia humilde de la localidad cordobesa de Baena. Su padre era herrero, profesión en la que él también trabajó en su juventud. Por las noches, con enorme esfuerzo y autodisciplina, se preparó por libre la carrera de Derecho, unos estudios que había comenzado tardíamente y que terminaría con 29 años. En 1936 ocupaba el cargo de secretario de la Comunidad de Labradores de Baena, desde donde al parecer colaboró en los preparativos del golpe de estado del 18 de julio. En concreto se encargó de conseguir, en los meses previos a la sublevación militar, permisos de armas para derechistas, propietarios agrícolas y guardias jurados que trabajaban a sus órdenes. Así lo indica el teniente Fernando Rivas Gómez, en un artículo titulado La defensa de Baena, publicado en 1972, durante la dictadura franquista, en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, páginas 65-66. Fernando Rivas apunta que “el teniente jefe de la Línea de la Guardia Civil, don Pascual Sánchez Ramírez, recientemente había realizado una campaña para dotar de armas a las personas de orden, procurándoles nombramientos de guardias particulares jurados, a fin de que pudieran poseer armas, tarea en la que le secundó Manuel Cubillo, secretario de la Comunidad de Labradores”.

Sáenz de Buruaga (Nuevo)

El coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga comandaba las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936.

La sublevación de la Guardia Civil de Baena, comandada por el ya citado teniente Pascual Sánchez Ramírez, contó a partir del 18 de julio de 1936 con el apoyo de un nutrido grupo de paisanos que se atrincheraron en al menos catorce puestos de defensa en la parte alta del pueblo. Sus fuerzas sumaban unos 230 hombres, entre los que se encontraba Manuel Cubillo, que ejerció su labor en el cuartel. Durante diez días se enfrentaron a un abultado número de resistentes antifascistas, en su inmensa mayoría obreros afectos a la anarquista CNT, que en respuesta a la sublevación militar se organizaron con rapidez, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban el pueblo, que entonces contaba con algo más de veintiún mil habitantes. El día 28 de julio, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, para apoyar a los golpistas, dio un vuelco a la situación. Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron una carnicería contra la población civil indefensa en las calles, las casas y sobre todo, en el Paseo, donde decenas de hombres fueron asesinados de un tiro en la nuca tras ser obligados a postrarse boca abajo formando filas en el suelo.

La consecuencia inmediata de la matanza que perpetraron las tropas de Sáenz de Buruaga cuando entraron en Baena fue la cruel venganza ocurrida en el convento de San Francisco, donde el Comité que habían creado los republicanos, compuesto en su inmensa mayoría por anarquistas, mantenía presos a bastantes derechistas y, sobre todo, a familiares de los que se habían sublevado y atrincherado con la Guardia Civil. En este asunto de los rehenes apresados en el convento de San Francisco debemos hacer dos precisiones. La primera es que esta práctica la inició la Guardia Civil el día 19 con el apresamiento de familiares de dirigentes anarquistas, y la segunda es que el Comité actuó de la misma manera pero con posterioridad, dos días después, cuando el teniente Pascual Sánchez Ramírez amenazó con asesinar a los rehenes que él mantenía en su poder. El día 27 de julio el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente Pascual Sánchez Ramírez se negó.

Hasta el día 28 de julio, se había respetado la vida de los detenidos en el convento, salvo en el caso de Antonio Galisteo Navarro. Sin embargo, la sangrienta entrada en Baena de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga causó una trágica escalada de violencia. Como respuesta a los asesinatos cometidos por los militares golpistas horas antes en el pueblo, en medio de la confusión que se vivió entonces en el edificio del convento, y después de que huyeran la inmensa mayoría de los miembros del Comité y los cientos de aterrados vecinos que se habían refugiado dentro, se produjo la masacre de los rehenes por un reducido grupo de exaltados, al anochecer del día 28, cuando las fuerzas de Sáenz de Buruaga atacaron el edificio. Según el Registro Civil y la variada documentación sobre el asunto que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Baena, en el convento de San Francisco asesinaron a 73 personas, bastantes de ellas a golpes de hacha, pues los atrincherados carecían de munición. Otras 48, entre las que se contaban 38 ilesas y 10 heridas, consiguieron sobrevivir. Entre los asesinados se encontraba la mujer de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, y tres de sus hijos: Manuel, de siete años; Marina, de cinco; y Rafael, de tres. Manuel Cubillo tenía entonces 36 años y solo le quedaron vivos dos hijos: Rosalina, de ocho años, a la que el Comité habían permitido salir del convento días antes porque se había fracturado un brazo; y Antonio, de pocos meses, que tampoco se encontraba en el edificio.

16.Los cadáveres de Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento, por orden del gabinete civil de la II División Militar, para sacarles esta fotografía que luego sería publicada con fines propagandísticos.

Los cadáveres de la esposa de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento, por orden del gabinete civil de la II División Militar, para sacarles esta fotografía que luego sería publicada con fines propagandísticos.

La propaganda franquista puso mucho interés en que los crímenes cometidos en el convento de San Francisco, debido al dramatismo que encerraban, traspasaran las fronteras de la provincia y se conocieran con rapidez en ámbitos más amplios, pues reflejaban a la perfección la imagen salvaje y sanguinaria que se quería ofrecer de los republicanos. La primera referencia fotográfica sobre los crímenes de San Francisco apareció en un librito editado en otoño de 1936 con el largo título de Estado Español. Tercer avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del centro y mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado gobierno de Madrid. Una de las fotos de Baena que aparece es la de un ataúd con los restos mortales de Concepción Pérez Baena y dos de sus hijos pequeños. Se tenía tanto interés en que esta última imagen saliera en el libro que el gabinete civil de la Segunda División Orgánica, con sede en Sevilla, llegó al extremo de exhumar expresamente los tres cadáveres, el 28 de diciembre de 1936, a los cinco meses de su enterramiento, para realizarles la fotografía.

Tras la entrada de las tropas de Sáenz de Buruaga, Baena permaneció durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamó “zona nacional”, la parte de España controlada por los militares golpistas. En un primer momento, en esta zona la represión física contra de los republicanos se ejerció a través de la aplicación del bando de guerra, que significaba el fusilamiento sin juicio previo. Al menos 365 baenenses murieron asesinados en el pueblo de esta manera durante los tres años de guerra, casi todos en el verano de 1936.

Tras finalizar la contienda el 1 de abril de 1939, la maquinaria judicial se puso en marcha muy pronto en Baena contra las 2.174 personas mayores de edad que, según el libro de presentados de la “zona roja” que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, habían huido en el verano de 1936 a la zona republicana y ahora regresaban oficialmente como vencidos. Se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías para los procesados y los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la guerra y había soportado ya una atroz represión durante tres años, todavía existieran en 1939, según el historiador Francisco Moreno Gómez, nada menos que 35 juzgados militares, unos 20 en la capital y un mínimo de 15 en los pueblos, y eso sin contar los juzgados de responsabilidades políticas y de persecución de huidos.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabada la guerra, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. A sus órdenes actuaron los oficiales jurídicos habilitados Manuel Criado Valenzuela y Luis Córdoba García, ambos abogados y secretarios respectivos de los ayuntamientos de Castro del Río y Baena. Los tres se repartieron equitativamente el territorio asignado, con una zona de acción propia, aunque la dirección recayó en Manuel Cubillo. La jefatura quedó establecida en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo.

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Manuel Cubillo Jiménez, de pie, el tercero por la derecha.

La elección de estos jueces por la Auditoría de Guerra no fue casual, pues para garantizar que la actuación judicial resultara implacable hubo bastante interés, y no sólo en Baena, en que los jueces militares fueran familiares de personas que habían padecido la represión republicana. Por tanto, uno de los principios generales del Derecho, el que impide ser juez y parte en un asunto, se conculcaba para garantizar que la imparcialidad no existiera y que primara el principio de venganza sobre el de justicia. Manuel Cubillo, como ya hemos señalado, tenía a su mujer y a tres de sus hijos entre los asesinados en el convento de San Francisco, además de al marido de su cuñada Marina, el escribiente del Ayuntamiento Juan Cassani Soler, muerto a los 33 años. Las hermanas de este también habían estado presas en el convento, y una de ellas, Victoria, había perdido allí a su esposo, Agustín Valverde Villarreal, jefe de telégrafos. La relación de Manuel Cubillo con su familia política, golpeada por la represión como él mismo, se acentuaría al casarse con su antes citada cuñada Marina, hermana de su mujer, con la que tuvo cuatro hijos más. Las trágicas circunstancias familiares que habían vivido él y su nueva esposa incidirían en su personalidad, por lo que dedicó todas sus energías a investigar las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Buscar y castigar a los asesinos de sus allegados y de los otros vecinos que cayeron víctimas de la represión izquierdista se convirtieron en un objetivo vital que pudo satisfacer en parte tras su nombramiento como juez militar. La responsabilidad moral y penal por estos crímenes cometidos en Baena la amplió, como podemos ver a través de su actuación judicial, también hacia los republicanos y la República, un régimen al que consideraba causante de la guerra civil.

La justicia militar se ejerció en Baena de manera muy dura e implacable en la posguerra: 43 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, en Castro del Río y Córdoba; al menos 121 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 202 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión.

En 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, Manuel Cubillo redactó unas páginas que dividió en dos partes. La primera parte comenzaba en junio de 1928, con la descripción pormenorizada de un viaje en tren junto a otros alumnos que iban a examinarse por libre de varias asignaturas a la Facultad de Derecho de Murcia. Entre ellos se encontraban Manuel Piedrahita Ruiz, futuro periodista y uno de los asesinados en el convento de San Francisco el 28 de julio de 1936, y el conquense Luis Rius Zunón, quien en junio de 1936 sería nombrado gobernador civil republicano de Jaén. Desde sus primeros renglones, Manuel Cubillo se nos muestra como un católico devoto, de ideología antirrepublicana y conservadora, admirador de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, orgulloso de haber sacado una carrera universitaria a pesar de sus orígenes humildes y crítico con los prejuicios sociales y las actitudes elitistas de la clase señoritil baenense.

En septiembre de 1929 Manuel Cubillo finalizó sus estudios de Derecho. Tras haber estado destinado en el Ayuntamiento cordobés de Encinas Reales, comenzó a trabajar de secretario en el Ayuntamiento de Doña Mencía –una localidad situada a poco más de una decena de kilómetros de Baena y que no llega a identificar por el nombre en sus escritos–, donde “padeció la proclamación de la República” y durante cinco meses una alcaldía comunista. “Asqueado del cariz que tomaba la política en España”, en una fecha indeterminada pero posterior a septiembre de 1931, decidió dejar su plaza y regresar a Baena para ejercer la abogacía, una profesión en la que “adquirió fe en la justicia y la perdió en los clientes”, ya que muchos de ellos ni le agradecían su trabajo ni se lo pagaban. También, “por espíritu cristiano, por espíritu de clase (…) sirvió a los menesterosos cuando su reclamación era justa” en los jurados mixtos, creados por la República a finales de noviembre de 1931 para tratar de evitar la conflictividad laboral. Estos organismos estaban presididos por un representante de la administración, formados por representantes de obreros y patronos, y se encargaban de regular las condiciones de trabajo y de sancionar las infracciones.

El haber defendido reclamaciones de los trabajadores en los jurados mixtos le supuso “el recelo de las clases pudientes, que por el solo hecho de defender a los obreros ya clasificaban al abogado en el casillero de sus enemigos”. Sin embargo, ese recelo se disipó con prontitud. Aunque desconocemos desde qué fecha concreta, en mayo de 1934 ya trabajaba de secretario de la Hermandad de Labradores de Baena, la entidad que agrupaba a los patronos agrarios y que estaba ligada a las clases altas y a la derecha, aunque Manuel Cubillo nos la presente como un “organismo apolítico”. Prueba de esa estrecha ligazón es que en estos momentos la Hermandad de Labradores la presidía Pedro Luque Garrido, concejal en el Ayuntamiento de la derechista Acción Popular, vicepresidente de este partido en Baena en 1935 y uno de los hombres que se atrincheró con la Guardia Civil en julio de 1936 para apoyar el golpe de estado.

La segunda parte del relato de Manuel Cubillo comienza en 1936, en la antesala de la guerra civil. En breves renglones nos presenta a Baena como un pueblo “envenenado por las doctrinas marxistas”, algo incierto porque en Baena imperaba el ideario anarquista entre la clase obrera desde hacía muchos años. El socialismo y el comunismo, las dos principales tendencias que bebían de las fuentes marxistas, tenían una implantación discreta, a pesar de que ejercía de alcalde del Frente Popular el socialista Antonio de los Ríos Urbano. Aun así, en aquella época era común entre las personas de ideología conservadora calificar como marxista todo pensamiento, partido o sindicato que tuviera relación con la izquierda y con la República, sin distinguir entre unas ideologías y otras.

Manuel Cubillo nos muestra a Baena en 1936 con un clima social enrarecido, en el que “el odio se respiraba por todas partes”, “el rencor crecía” y “la tragedia se presentía”. Sin embargo, no aporta ningún dato concreto que ilustre sus afirmaciones. Es cierto que el clima social en Baena resultó tenso durante el periodo de gobierno del Frente Popular, entre febrero y julio de 1936, y en otros periodos de su historia reciente, pero fue a causa de la injusta situación de los miles de jornaleros del campo, azotados por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Agravaba el panorama una estructura de la propiedad latifundista, ya que existían en el pueblo 27 fincas de más de 250 hectáreas. En un par de meses hubo dos huelgas generales: una entre el 14 y el 19 de abril y la otra entre el 20 y el 22 de junio, convocadas por la anarquista Sociedad de Oficios Varios. Los motivos principales de las huelgas fueron la negociación de las bases de trabajo y el paro, agravado por el exceso de lluvias y porque los patronos contrataban a muchos jornaleros forasteros mientras los del pueblo estaban desempleados, lo que había originado, el 4 de junio, el envío de una carta del alcalde al presidente de la patronal agraria para recordarle la obligación de cumplir la normativa legal vigente, boicoteada por algunos propietarios. Poco después, el 10 de julio una caravana de doscientos labradores acudió en masa ante el gobernador civil Antonio Rodríguez de León, de Unión Republicana, para protestar por las exigencias laborales de los obreros, que estaban entorpeciendo la recolección.

Respecto a esta conflictividad social en Baena (y en el resto de España), hemos de señalar que no solo se origina por las huelgas y las reivindicaciones laborales de los obreros, sino también y en gran medida por el boicot de la clase patronal –entre la que se incluía la Comunidad de Labradores en la que Manuel Cubillo ejercía de secretario– a las leyes agrarias republicanas y a las bases de trabajo (salarios, comidas, horarios, etc.) establecidas por los jurados mixtos. De ello da buena fe Alfonso Torrico Lomeña, nacido en 1927, que estuvo ligado a la alta administración franquista y fue autor del libro Baena durante  durante la Segunda República. Sus Ayuntamientos, publicado en 2008. En las páginas 53 y 54 señala que “el paro obrero, en muchas ocasiones obedecía más que a razones de tipo económico (…) a cuestiones personales de los propietarios contrariados por alguna reclamación o por no votar [el obrero] la candidatura indicada; en definitiva, por motivaciones políticas (.) La iniciativa, en la contratación, siempre estaba en manos del patrono. Al ser la oferta de trabajo abundante, aquel [el patrono] siempre imponía sus condiciones, salvo en época de cosecha abundante”.

De la intransigencia patronal nos informa también uno de los líderes sindicalistas de Baena durante la República, Juan Misut Cañadilla, que remitió en enero de 1983 una detallada carta sobre este asunto al historiador Francisco Moreno Gómez. Este la publicaría íntegra en las páginas 363-365 de su obra 1936: el genocidio franquista en Córdoba, y de ella hemos extraído estos párrafos en los que se muestran la sumisión y la explotación que sufrían los obreros:

“Aquellos señores que … se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús … escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas, y preferían pagar cinco mil duros a un abogado antes que un real a los jornaleros (.) Con esta patronal teníamos que luchar para conseguir una pequeña mejora en la situación caótica de los trabajadores del campo. Ellos [los patronos] tenían el poder, la influencia (aún con la República) y el dinero; nosotros solo teníamos dos o tres mil jornaleros a nuestras espaldas, a los que teníamos que frenar, pues la desesperación de no poder dar de comer a sus hijos hace a los hombres fieras” (.) En las pocas veces (dos o tres) que fui en comisión a discutir con la patronal, jamás se puso en el tapete otra cuestión que la salarial; no se hablaba nunca de la comida ni de las horas de trabajo, pues todo iba incluido en el Artículo ‘Usos y costumbres de la localidad’, que no era otra cosa que trabajar a riñón partido de sol a sol, o ampliado por los capataces lameculos, desde que se veía hasta que no se veía”.

Manuel Cubillo nos transmite, nada más comenzar la segunda parte de su relato, uno de los grandes mitos históricos del franquismo: que el asesinato de José Calvo Sotelo, al que considera un “proto-mártir”, estuvo “organizado por los poderes” y fue el detonante último del enfrentamiento civil. Calvo Sotelo era uno de los líderes de la extrema derecha monárquica y en dos ocasiones, a mediados de junio y el 1 de julio, ya había hecho alarde público del fascismo en las Cortes. En la noche del 12 de julio de 1936 unos pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Tejada, y dos meses antes, otro amigo del teniente, el capitán Carlos Faraudo, había muerto en las mismas circunstancias. Varios compañeros suyos decidieron vengar a las pocas horas su asesinato, así que detuvieron a Calvo Sotelo. Cuando estaba siendo trasladado a la Dirección General de Seguridad uno de los guardias lo mató de repente de dos disparos. Aunque el sucesor político de Calvo Sotelo, el conde de Vallellano, denunció el día 15 de julio en la Diputación Permanente de las Cortes el asesinato de Calvo Sotelo como un “crimen de Estado”, el Gobierno no estuvo implicado en el asunto, ya que el Consejo de Ministros condenó el asesinato, declaró que habría una investigación pública y detuvo a varios guardias de asalto.

Tampoco el asesinato de Calvo Sotelo causó o precipitó la guerra civil. Cuando se produjo, los militares conspiradores llevaban meses preparando la sublevación. De hecho, las famosas instrucciones del general Emilio Mola, el “director” de la conspiración, a los demás conjurados tienen fecha de mayo de 1936 y hacía un mes que estaba contratado el avión británico, el Dragon Rapide, que llegaría a Las Palmas de Gran Canaria el día 14 de julio para transportar a Franco al Protectotado de Marruecos, donde iba a ponerse al frente del Ejército rebelde de África. La fecha del inicio del golpe de Estado quizás esté más relacionada, como ha señalado el historiador Ángel Viñas, con los contratos que los monárquicos españoles, con el probable conocimiento de Calvo Sotelo, firmaron el 1 de julio con la Italia fascista de Mussolini para comprar una enorme cantidad de material bélico (aviones, bombas, ametralladoras, proyectiles, etc.) que serviría para apoyar la campaña bélica que preparaban. Aunque Manuel Cubillo nos hable de que la rebelión militar tenía como fin la defensa de la patria ante el “poder extranjero que subyugaba a España”, son precisamente los golpistas los primeros que estaban aliados desde hacía tiempo con una potencia extranjera para que interviniera en nuestro país –los contactos de la extrema derecha española con la Italia de Mussolini comienzan en 1934–, con lo que acaban pecando de lo que acusaban falsamente a la República.

Manuel Cubillo indica que “no sabía nada del movimiento que se preparaba, pues siempre viví alejado de la política”. Esto contrasta con lo que afirma el teniente Fernando Rivas en el artículo que citamos al principio y con algunas de las amistades que frecuentaba, al menos en Jaén. Durante su visita a la ciudad, dos días antes del golpe de estado, para defender ante el gobernador civil los intereses de unos amigos suyos labradores en Alcaudete, su acompañante era falangista. Y habla también del tropiezo con “un buen amigo”, Carmelo Torres, jefe local de la Falange en la ciudad, que dedicó buena parte de su inmensa fortuna a la divulgación de las doctrinas de José Antonio Primo de Rivera. Carmelo Torres pertenecía, junto al presidente de la Federación Provincial de Labradores y otros falangistas, a la “Junta del Alzamiento” que se había constituido en el mes de junio de manera clandestina en Jaén para apoyar el levantamiento militar, según indica el historiador Luis Miguel Sánchez Tostado..

En sus escritos, Manuel Cubillo aborda también la sublevación de la Guardia Civil en Baena el 18 de julio de 1936, el apoyo que le prestan algunos civiles como él, y los avatares que sufren durante los enfrentamientos. Cita la masacre del convento de San Francisco y la muerte allí de sus familiares, pero no hace referencia a los asesinatos –que él debió presenciar en parte– cometidos con anterioridad por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y la feroz represión que se desata a partir de ese momento en Baena, un fenómeno que se prolongará hasta avanzada la posguerra. En páginas posteriores, tampoco encontramos ninguna alusión a su oficio de juez militar. Ese olvido de las víctimas causadas por los que habían combatido en su mismo bando y también la ocultación de su propio protagonismo en la justicia militar franquista contrasta sobremanera con el párrafo último de sus escritos, que es una llamada imperativa al recuerdo del “proto-mártir D. José Calvo Sotelo y de todos los caídos de la Cruzada”.

Manuel Cubillo indica que no guarda rencor hacia los asesinos de los suyos. Sin embargo, en 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, sí se nos muestra dolorido por el trato que le habían dado los que lucharon junto a él durante la contienda y lamenta que tanto la Comunidad de Labradores como el Estado no le hayan agradecido su “sufrimiento por España”. Ante tanta ingratitud, solo se siente bien pagado por Dios, que lo ha bendecido con una nueva familia y con un “caudal de fe”. De manera pesimista y bastante amarga, concluye que la sangre de sus familiares no ha servido para conseguir la paz social y para que…

“los hombres fueran más buenos y las futuras generaciones más felices (…) Las clases pudientes no han aprendido la lección. El egoísmo de unos y el odio de los otros aún están latentes, y la brecha sigue abierta (…) También veo conductas de nuestra parte sembradoras de nuevas discordias, al burlar los preceptos de las leyes sociales protectoras de una clase a la que falta todo, en beneficio de otra clase a la que todo le sobra, y ante este contraste, el dolor del sacrificio me duele más, porque lo peor del sacrificio es que sea estéril”.

Los escritos de Manuel Cubillo Jiménez, que murió en 1973, me los ha proporcionado su nieto Gabriel Caballero Cubillo, miembro de la familia que más sufrió la represión republicana en Baena durante la guerra civil (cuatro familiares por parte de la madre y dos por parte del padre murieron asesinados en el convento de San Francisco). Debo agradecerle que me haya aportado también alguna información personal sobre su abuelo y unas fotografías que me ha ayudado a completar estas páginas. Además, me ha entregado una variada documentación judicial que conservaba y que con probabilidad será materia de una nueva entrada de este blog. Los escritos íntegros de Manuel Cubillo Jiménez, con notas al pie redactadas por mí, se pueden leer pinchando en este enlace.

Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil en Albendín en 1936

 Nota previa: en noviembre de 2014, esta entrada del blog, revisada y ampliada, se ha publicado en formato libro. El texto se puede leer en este enlace.

La rebelión contra la República comenzó en Córdoba sobre las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División, recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas de los rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

El teniente Pascual Sánchez Ramírez en la foto aparece con el grado de coronel).

El teniente Pascual Sánchez Ramírez (en la foto aparece con el grado de coronel).

    En Baena, en la trama golpista jugó un papel decisivo el teniente Pascual Sánchez Ramírez, quien había servido en Marruecos y desde el Tercio de la Legión se había reintegrado en la Guardia Civil con el grado de teniente. El perfil de Pascual Sánchez se correspondía con el de otros muchos militares que apoyaron el golpe de Estado, del que eran vivos ejemplos los generales Francisco Franco, Emilio Mola o Juan Yagüe, o el coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga, quien mandaría las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936, ya comenzada la guerra civil. Se les llamó “africanistas” porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del Ejército español, estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos italiano y alemán: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.

    La sublevación se inició en Baena en la tarde noche del sábado 18 de julio, cuando se organizaron patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el ayuntamiento, el edificio de la telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un auténtico ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. El día 28 de julio los sublevados estaban próximos a sucumbir. La entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos, que intentarían de nuevo la conquista del pueblo el 5 de agosto, cuando el general Miaja ordenó un ataque a Baena. No obstante, la orden de retirada recibida por los republicanos el mismo día 6 por la mañana permitió que Baena quedara ya durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

    Baena tenía una aldea, Albendín, en la que existía un cuartel con seis guardias y un cabo comandante de puesto, Manuel Hernández González. Este, al producirse el golpe de Estado, en apariencia cumplió con las órdenes que le trasmitía su superior, el teniente Pascual Sánchez Ramírez, de manera que para apoyar la sublevación el 19 de julio por la noche se trasladó a Baena, donde permaneció concentrado junto a los guardias de Albendín. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 23 de agosto el teniente Pascual Sánchez arrestó al cabo dentro del propio cuartel y envió al día siguiente una denuncia contra él a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, según se recoge en el sumario de su consejo de guerra que se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa 259/36, legajo 243, expediente 4.051).

    En el escrito de denuncia, el teniente Pascual Sánchez indicaba que por “confidencias fidedignas que me merecen todo crédito de elemento civil y además por propia observación” había detectado que la conducta del cabo Manuel Hernández no correspondía “a un Cuerpo de su categoría y que viste un uniforme de un Cuerpo tan fiel y noble como el nuestro (…) y que en los distintos servicios que le fueron encomendados no desplegaba la actividad y el valor que en las circunstancias presentes se requieren”. Señalaba que el día 5 de agosto, cuando el general Miaja atacó Baena, en el edificio de la Sub-brigada Sanitaria Manuel Hernández aconsejó a los defensores que no disparasen con el fin de pasar desapercibidos, “con lo que mostró cobardía o sentimiento a [sic] herir al enemigo, con el que parece que simpatiza”. El teniente lo acusaba también de decir “que no se deben acatar más órdenes que las que emanen del gobierno legalmente constituido en Madrid”, de escuchar las noticias transmitidas por Unión Radio Madrid (en manos de los republicanos) y de ver “con desagrado” que sus subordinados escucharan las emisiones de Radio Sevilla o Córdoba (controladas por los militares sublevados) y leyeran ABC, Guión y “otros periódicos de significación derechista”. Por último, el teniente apuntaba que tanto Manuel Hernández como su esposa habían proferido frases como “aún no se sabe de quién será el triunfo, la bola anda en el tejado, la Unión Radio Madrid es la que dice la verdad” y otras por el estilo que “aminoran la moral de militares y civiles” y quitan “la fe ciega que en el triunfo de nuestra causa todos tenemos puesta”. Por estos motivos, al considerarlo “como individuo peligroso en esta plaza”, había decidido detenerlo y ponerlo a disposición del jefe de la Comandancia de Córdoba, quien trasladó la denuncia al teniente Manuel Cañas Montes para que recabara información de los hechos.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Tras tomar declaración a varios testigos, guardias civiles y paisanos, el teniente Manuel Cañas Montes elaboró un acta en la que confirmaba las acusaciones que había vertido el teniente Pascual Sánchez contra el cabo Manuel Hernández, y añadía otras, como que sus amistades eran de izquierdas, que el día 19 de julio había respondido a los guardias que habían ido a trasmitirle que impusiera el estado de guerra en Albendín que “a lo que habían ido allí era a revolucionar el pueblo y que el movimiento era una rebelión contra el Gobierno constituido”, que había dejado alojada a su familia en Albendín con una familia de “significación extremista” en vez de trasladarla a Baena, y que había avisado a los directivos del Centro Obrero de Albendín para que huyeran antes de ser detenidos. Por todo ello, calificaba a él y a su esposa como “simpatizantes con el Frente Popular” –la coalición de republicanos e izquierdistas que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936– y estimaba que “era peligrosa su permanencia en el cuerpo” de la Guardia Civil. En vista del informe, el comandante de Artillería y juez instructor de la causa, Juan Anguita Vega, el 12 de septiembre se ratificó en la culpabilidad del cabo y decidió su procesamiento, lo que fue aprobado por el auditor de guerra de la II División Militar. Sobre las acusaciones que se vertían sobre él, el cabo Manuel Hernández concluyó que eran “inciertas y que las atribuye a una venganza colectiva del puesto que él mandaba por haber desde el primer momento en que se hizo cargo del mismo obligado a todo el personal a sus órdenes a cumplir fielmente sus diversos cometidos dentro de la estricta ordenanza que él era el primero en cumplir”, y que creía no “haber tenido tibieza en el servicio por cuanto se le ha instruido un expediente de recompensa por la defensa del Ayuntamiento durante el primer asedio”.

    La vista del consejo de guerra se celebró en Córdoba el 10 de mayo de 1937, a las 10 de la mañana, en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial. El fiscal, Antonio Díaz Rodríguez, solicitó para Manuel Hernández la pena de muerte por “adhesión a la rebelión” mientras el defensor resaltó su hoja de servicios y pidió la absolución. Manuel Hernández rogó al tribunal, presidido por el teniente de Caballería Antonio Gómez Romero, que “meditase antes de dictar sentencia para no incurrir en error judicial dado lo irreparable de la pena solicitada”. Fue condenado a cadena perpetua, lo que suponía su expulsión de las filas de la Guardia Civil. Padeció cárcel durante casi seis años, hasta el 30 de mayo de 1942, cuando una revisión de la condena le permitió salir en libertad condicional.

   El cabo Manuel Hernández fue víctima de lo que se ha denominado “justicia al revés”, que significaba que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. No obstante, se convirtió en un privilegiado al ser procesado, ya que durante 1936 y los comienzos de 1937 cualquier oposición al “Glorioso Movimiento Nacional” o cualquier infracción del bando de guerra se castigaban con el fusilamiento sin proceso judicial previo. En aquellas fechas, pocas víctimas pasaron por consejos de guerra –aunque estos juicios solían ser farsas sin garantías jurídicas para los acusados–, salvo los militares que no habían secundado el golpe de Estado o personas muy significadas.

    Manuel Hernández se encontraba preso en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Córdoba desde el día siguiente a su detención en Baena, el 23 de agosto de 1936. Comienza entonces a escribir unas cuartillas, “cual náufrago que en los postreros momentos de su vida deposita en el interior de una botella los angustiosos gritos de sus últimas llamadas”. En junio de 1942, al ser liberado, las mecanografía “sin quitar ni poner nada” de lo que había escrito con anterioridad. Las denomina Páginas Confidenciales y ocupan 23 folios. Al empezar a redactarlas en los calabozos, se lamenta de las numerosas dificultades que se interponían para hacerlo: lo “aventurado que es ‘decir lo que siente sin sentir lo que se dice’ en ciertos sitios”, el “estado depauperado” de su organismo, “el embotamiento mental del espiritualmente arrinconado entre tanta gente”, la carencia del “consuelo de un pecho amigo que recoja las quejas de su oprimido corazón”, o algo tan simple como la falta de libros y de una mesita para apoyarse al escribir. Según manifiesta en el preámbulo, el principal objetivo de sus páginas, que dedica a sus hijos como un “espiritual legado”, “es que me ‘sobrevivan’ y lleguen a manos de los míos si sucumbo antes de encontrarme entre ellos”.

    La gran mayoría de sus páginas son reflexiones políticas, sociales y filosóficas –a veces muy enrevesadas y de carácter genérico–, y algunas poesías dedicadas a sus hijos (Guadalupe, Pilar, Maruja, Manolo y Pepín), no obstante también hay espacio para lamentarse de lo que él denomina “mi calvario”. Así, la noche de su detención en Baena la rememora, como una tragedia personal y familiar, de la siguiente manera: “Aquella noche de triste recordación, el edificio que levantara mi laboriosidad en el servicio, mis desvelos en el estudio, mi probidad en la conducta, y tantos años de esperanzas en lo que constituía el brillante porvenir de mi modesta carrera, se derrumbó en un segundo; y bajo los catastróficos escombros de mi desdichada suerte, vi aplastada también la suerte de los míos”.

    El 19 de junio de 1937, Manuel Hernández dejó de pertenecer a la que él llama “institución querida”, al ser expulsado de la Guardia Civil por la sentencia del consejo de guerra. Al día siguiente lo sacaron de los calabozos del cuartel y tuvo que cambiar “un uniforme honroso y honrado durante 19 años, por el traje de paisano” –en la guerra y la posguerra los presos no usaban uniforme carcelario–, con el que fue ingresado en la Prisión Provincial de Córdoba aquella misma mañana. Permaneció allí solo seis días, hasta que el día 27 entró en la Prisión Central de El Puerto de Santa María. El traslado se explica porque el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de sus domicilio (lo que se llamó “turismo penitenciario”). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquellos años de miseria y escasez.

    Manuel Hernández dedica los dos últimos folios mecanografiados de sus Páginas Confidenciales  a su recorrido penitenciario. Este apartado es el más interesante desde el punto de vista histórico, ya que hay referencias a sus padecimientos en las cárceles franquistas. A partir de este momento desaparecen sus inquietudes intelectuales, se encuentra derrotado física y moralmente, y solo escribe frases escuetas. Las necesidades primarias se imponen y la única obsesión, ante tanta hambre, es la comida. Su estancia en la prisión de El Puerto de Santa María, primero en el periodo de cuarentena en las celdas y luego su internamiento en las brigadas, la describe así:

Admirable período de observación en celda el de esta prisión. No sabe uno si es un hombre, o si se ha vuelto una fiera. Lo que sí sabe con certeza es que se halla enjaulado y que por entre los barrotes de la jaula le será entregado el plato con una ración de rancho tan ligero y exento de grasas que le evitará las molestias de una indigestión. Durante los veinte o treinta días que viene a constituir este periodo, no se puede hablar, echarse de día sobre el petate, leer, escribir –como no sea una tarjeta semanal–, pasear, ni fumar. Dormir, en los meses de verano, puede hacerse cuando empieza a clarear el día, que es cuando las chinches emprenden la retirada –paredes arriba–  después de haberle chupado a uno la sangre toda la noche. Después la salida de celda y el pase a brigadas, o sea grandes dormitorios con numeración correlativa, y la vida de patio, o lo que es lo mismo, que se sale al toque de diana de la brigada y no se vuelve a entrar en ella hasta el toque de retreta.

    El 9 de agosto de 1938, junto a una numerosa expedición de quinientos presos, Manuel Hernández fue conducido la prisión de El Dueso, en Santoña (Cantabria), adonde llegó el día 11 y permaneció más de tres años. Aquí su situación empeoró de manera considerable, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Hemos de tener en cuenta que en España el número de presos en 1940 alcanzó los 270.719, según las cifras aportadas por el propio Ministerio de Justicia. Para los internos en las cárceles, el hambre era una constante, con dietas hipocalóricas y menús basados en berzas forrajeras. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban casi abocados a la muerte.

    En 1941 las cifras de mortalidad de los reclusos se dispararon hasta cotas nunca conocidas en la historia penitenciaria española. Es lo que el historiador Francisco Moreno Gómez ha llamado “Auschwitz franquista”. En la cárcel de Córdoba, de los 3.500 o 4.000 presos existentes ese año, fallecieron 502 por tifus y hambre. En la de El Dueso, en un solo día, el 9 de enero de 1941, hubo 53 muertos de hambre, según el historiador Eutimio Martín, y los fallecimientos aquí eran diarios. Con ese panorama tan dantesco, Manuel Hernández se encontraba con el cuerpo “agotado (…) por las privaciones excesivamente prolongadas y acosado por la miseria, triste, infinitamente triste”. Junto al hambre, el frío se convirtió en otro de sus sufrimientos. Era obligatorio que los grandes ventanales de la prisión, colocados a la altura de alrededor de un metro del suelo de las salas, estuvieran abiertos de par en par día y noche durante todo el año, incluso en época de inclemencias meteorológicas, lo que causaba enfriamientos y enfermedades pulmonares que muchas veces acaban con la vida de los reclusos. Los fallecidos por enfermedades y hambre eran enterrados en un cementerio visible desde el penal, situado en la playa aneja de Berria, en el que Manuel Hernández fija su mirada en reiteradas ocasiones. Los años 1941 y 1942 hacen mella no solo en su cuerpo, sino en su estado de ánimo, cada vez más abatido y fúnebre, según podemos extraer de su relato:

El año 1941 va tocando a su ocaso. He pasado otra Nochebuena más en este Penal del Dueso. Mala para mí porque ni el paquete con algún extrordinario familiar ha llegado a tiempo.

La “brigada” en que estoy tiene un ventanal muy amplio con vistas al mar. Este mar Cantábrico de furioso oleaje, que parece tener como fin único avanzar sobre la playa, para arrastrar hacia el abismo el pequeño cementerio donde yacen los que deben su liberación a la muerte. La avitaminosis que a pasos agigantados va depauperando y restando fuerzas a mi organismo me hace temer un fin desastroso entre esta gente ingrata que no me quiere bien, y a la cual aborrezco con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Y yo que lo creía incapaz de odiar!

Año de 1942. Día de Reyes, la noche que le sigue y el imborrable recuerdo de que hace dos años el simple hecho de acercarme a la ventana para satisfacer ineludible necesidad y el fusil disparado por el brutal automatismo de un centinela me hubieran costado la vida, al no detener y desviar la bala mi Ángel tutelar en forma de barrote de la ventana citada.

Quiero marchar de aquí. Quiero marchar de aquí, aunque sea sin perder la bochornosa calidad de preso en conducción, porque tengo frío, mucho frío, en esta isla apartada y neblinosa; y miedo de morir para ser enterrado en ese camposanto que las aguas de este enfurecido mar salpican, donde no puede uno tener ni la postrera ilusión de que su tumba florezca un día bajo las lágrimas de un ser querido (.) Por eso he solicitado –sin fuerzas apenas para sostenerme en pie– trabajar… en cualquier oficio, como ayudante de fragua, donde quiera que se me destine.

    Manuel Hernández vio una salida a su penosa situación en el sistema de redención de penas por el trabajo, que las autoridades franquistas habían comenzado a aplicar en enero de 1939. Consistía en la explotación laboral del preso a cambio de un pequeño sueldo y de la rebaja del tiempo de prisión por día trabajado. Una de las modalidades de trabajos forzados eran las colonias penitenciarias militarizadas, y consiguió que lo destinaran a la 5ª Agrupación, que emplearía a 1.250 reclusos a partir de enero de 1942 en la reconstrucción de la academia de Infantería de Toledo. El 19 de enero salió, con varios más, en un viaje con diversas etapas hacia la Prisión Habilitada de Toledo, adonde llegó el día 30. El 2 de febrero recibió una “sorpresa inenarrable”: su condena se había revisado y se había reducido a 12 años, por lo que se empezó a formalizar el expediente de libertad condicional. El franquismo ya había iniciado en enero de 1940, con la creación de las Comisiones de Examen de Penas, un proceso de excarcelaciones, de concesiones de libertad vigilada y de indultos, debido entre otros motivos a la necesidad de mano de obra libre para la reconstrucción del país, a los importantes gastos que suponía el abultado número de presos y a la amenaza de colapso administrativo del organigrama judicial y penitenciario. El anuncio de que podría salir en libertad condicional, tras tantos años de presidio y padecimientos, llenó de inquietud e incredulidad a Manuel Hernández:

 ¿Será cierto? ¿No se tratará de una confusión de nombres? –me pregunto durante diez días seguidos–. Pasan días y más días, comiendo poco; y noches y más noches, durmiendo menos, unidos a la febril impaciencia de tales casos y a mi extrema debilidad, que me hacen temer que cuando la ansiada libertad llegue pueda ser tarde (…) Mi cuerpo se consume en la prisión, pero mi alma ya no está en ella. Vaga de aquí para allá, haciendo miles de proyectos con la erección de castillos que la ilusión crea y un recuento de posibilidades destruye, alternativamente.

    La libertad le llegó el día 30 de mayo de 1942, cuatro meses después de que se la anunciaran. Antes de salir de la prisión escribió un par de párrafos de despedida, entre los que se encuentra este, en el que se define como un hombre con la conciencia limpia y como un patriota:

 No sé si terminará pronto mi vida; pero sí sé que cuando esto ocurra será fuera de esos antros ominosos en que ingratas convivencias contribuyeron a consumirla. Ni cuando antes entré, ni cuando ahora salgo, tenía ni tengo peso alguno en mi conciencia. Patriota era, y patriota soy (…) No llevo el corazón cargado de odios que lo empequeñecen, pero sí del más absoluto desprecio, tanto para los que han cercenado con su visible mala fe muy cerca de seis años del calendario de mi vida, como para los que durante el mismo tiempo hallaron gozo en mis amarguras.

    A primeros de junio de 1942, Manuel Hernández ya pudo reencontrase con su familia en el pueblo cordobés de Almodóvar del Río, adonde su mujer, oriunda de allí, se había trasladado con sus cinco hijos para buscar el amparo de sus padres. Según el testimonio de su nuera (recogido en mayo de 2014), Ana Rodríguez Martínez, durante un tiempo padeció frecuentes cólicos, pues su organismo, golpeado por la falta de alimentos, soportaba mal una dieta normalizada. Para ganarse la vida, se dedicó a dar clases particulares (aunque era autodidacta, poseía una cultura muy elevada para la época), trabajó de escribiente en una empresa y se colocó como empleado de vías y obras de RENFE, en la estación sevillana de Los Rosales, situada en el municipio de Tocina. Su personalidad se volvió más introvertida, aunque siguió siendo muy cariñoso con los suyos, noble y ordenado. Se refugió en la lectura, en su afición a la música clásica y en sus retiros al campo. Murió en Almodóvar del Río el 7 de octubre de 1969, a los 75 años. Con la llegada de la democracia, su viuda, Pilar Muñoz Navas, solicitó en diciembre de 1977 al capitán general de la II Región Militar que le aplicaran a su esposo los beneficios de la Ley de Amnistía promulgada en octubre, lo que le fue concedido el 17 de enero del año siguiente.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en julio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en junio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

    Aparte de las 23 páginas que Manuel Hernández redactó en la cárcel durante sus casi seis años de cautiverio, escribió otras 24 a los pocos días de que lo liberaran, en junio de 1942. Fueron un enorme desahogo vital porque, a pesar de que se encontraba muy débil por las penalidades y el hambre, quería contar, cuanto antes y ya sin censura carcelaria, lo que él realmente había vivido desde su llegada a Albendín en enero de 1935 hasta que salió de la cárcel en mayo de 1942. Estas páginas, que también tituló Páginas Confidenciales, tienen un valor histórico extraordinario, pues aportan fechas, personajes y datos recogidos por un testigo presencial que conservaba una memoria muy precisa y cercana a los hechos. En estas nuevas páginas, Manuel Hernández se nos muestra con unos fuertes principios morales, fiel a la República y conocedor de que la sublevación del 18 de julio era un movimiento ilegal. Como miembro de las fuerzas de orden público y servidor de la ley, sabía que las autoridades militares regionales o provinciales legalmente no podían declarar el estado de guerra, pues eso iba en contra del artículo 42 de la Constitución de 1931 y del capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933, que otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Por eso, no duda en calificar al golpe de Estado como “movimiento subversivo” y a sus seguidores como “rebeldes”. Era consciente, además, de que aunque la sublevación militar se producía con el pretexto de que había que evitar una supuesta revolución, lo que en realidad haría sería desencadenarla y romper la convivencia, y en eso no se equivocó.

    Entre las informaciones más interesantes que aporta Manuel Hernández en estas nuevas Páginas Confidenciales se encuentran las relativas a la represión, aunque por desgracia no son las más detalladas. Las “instrucciones reservadas” previas que el “director” de la conspiración militar, el general Emilio Mola Vidal, había dado por escrito dos meses antes de la sublevación para que la acción golpista fuera en “extremo violencia” y para que se aplicaran “castigos ejemplares” encontrarían un amplio eco en Baena. Hasta ahora, en cuanto a crímenes masivos cometidos por los militares rebeldes conocíamos solo la matanza del día 28 de julio de 1936 en el Paseo, tras la entrada de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga, cuando se asesinó con un tiro en la nuca a decenas de vecinos obligados a permanecer boca abajo en el suelo de la plaza. Pero según el testimonio de Manuel Hernández hubo otra masacre similar, que ignorábamos, en la mañana del día siguiente, en el mismo sitio y con los mismos parámetros, contra muchos de los que habían estado apresados en el edificio del ayuntamiento.

    Como testigo de los hechos, pues casi llegó a participar en un fusilamiento, Manuel Hernández nos habla de que el cuartel de la Guardia Civil de Baena se convirtió en un “centro policíaco” donde se apresaba, se torturaba y se decidía sobre la vida y la muerte, sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos de los que iban a ser asesinados. En los primeros meses de la guerra, los comandantes de puesto de la Guardia Civil, como el teniente Pascual Sánchez Ramírez, disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas y poseían la máxima autoridad en materia de orden público, sin tener que dar cuentas a nadie. Y en Baena no faltaron verdugos voluntarios entre militares, fuerzas de orden público y paisanos para colaborar en estas tareas. Con estos precedentes no es de extrañar, por tanto, y según mis investigaciones, que el número documentado de víctimas mortales de la represión franquista en Baena durante los tres años de guerra sea de 366 (una cifra mínima sujeta a futuras revisiones) en un pueblo que en aquella época tenía algo más de 23.000 habitantes, frente a las 99 vidas que segó la represión republicana. Por el momento, Baena, con al menos 445 muertos, es el cuarto municipio de la provincia de Córdoba en víctimas mortales causadas por el franquismo en guerra y posguerra, tras Córdoba capital, Puente Genil y Fuenteobejuna.

Manuel Hernández, su mujer y sus hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar,Pilar (monja) y Guadalupe.

Manuel Hernández, su mujer y sus cinco hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar, Pilar (monja) y Guadalupe.

    Mientras unos se dedicaban a matar, Manuel Hernández se jugó la vida por salvar a otros, como al alcalde pedáneo y a la decena de directivos del Centro Obrero de Albendín, un pueblo a cuyos habitantes califica de “honrados, laboriosos y pacíficos” y a los que llena de elogios cada vez que los nombra. Es evidente que su inteligente actuación en la localidad y sus calculadas maniobras ante sus mandos superiores evitaron que Albendín sufriera la represión de los golpistas y se viera inmerso en un baño de sangre como el que padeció Baena en el trágico verano de 1936. La conducta humanitaria de Manuel Hernández en aquellos días estuvo movida por unos principios morales y políticos acentuados. Políticamente sabemos que era una persona de ideología republicana, lector del diario Ahora, un periódico que mantenía una línea de tono centrista moderado con la que comulgaba. De los valores morales que profesaba, cada cual puede sacar sus propias conclusiones tras leer sus Páginas Confidenciales.

    Los escritos de Manuel Hernández, al igual que un par de fotos en las que aparece, me han sido facilitadas en abril de 2014 por su bisnieto, José Manuel Hernández Morales. Como de las páginas que escribió en la cárcel ya hemos dado cumplida referencia con anterioridad, a continuación solo reproducimos íntegras las que redactó al ser liberado en junio de 1942. Llevan notas al pie, elaboradas por mí, para ayudar a entender o explicar determinadas informaciones, muchas de ellas ya conocidas porque aparecen publicadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). Las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández González, en formato PDF, se pueden leer en este enlace.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

  • Artículo publicado en los periódicos digitales andaluces.es y Diario Público sobre la versión en libro de esta entrada del blog.
  • Reseña del libro sobre Manuel Hernández González, redactada por Rafael Pimentel Luque, publicada en la revista oficial Guardia Civil, nº 860, diciembre de 2015.
  • Tras la publicación en formato libro de las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández, la obra se ha presentado, con la colaboración de los respectivos Ayuntamientos, en Albendín (28 de diciembre de 2014), Baena (23 de febrero de 2015) y Almodóvar del Río (25 de febrero de 2015).
  • Con motivo de la presentación del libro en Almodóvar del Río elaboré, a partir de la bibliografía existente, un listado de víctimas de la represión en este municipio que puede consultarse en este enlace. 
El autor, con la familia de Manuel Hernández González y el concejal de Cultura, en Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro sobre que recoge sus Páginas Confidenciales.

El autor (cuarto por la izquierda), con la familia de Manuel Hernández González (su nuera, Ana Rodríguez Martínez, aparece al lado del autor) y el concejal de Cultura, Antonio Cobos (quinto por la derecha), en Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro que recoge sus Páginas Confidenciales.