La lista negra del 23-F en Córdoba

La Transición y la II República española presentan muchas similitudes históricas. Recordemos que tanto los cinco años de gobiernos republicanos hasta la guerra civil (1931-1936) como los cinco años del gobierno de Adolfo Suárez (1976-1981) fueron etapas de transición de la dictadura a la democracia –en un caso desde las dictaduras de Primo de Rivera, Bereguer y Aznar, y en el otro desde la del general Franco–, y durante estos periodos de cambio es muy frecuente que aparezcan tensiones e inestabilidad política y social. Por ejemplo, durante la Transición, que es considerada un modelo de convivencia entre españoles, entre finales de 1975 y finales de 1983 hubo más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas víctimas, 591 perdieron la vida, según el investigador Mariano Sánchez Soler. Por tanto, huelgas, manifestaciones, violencia política y social, atentados, contexto de crisis económica internacional (crack del 29 y crisis del petróleo de 1973), golpismo militar, extremismo político e involucionismo acompañaron a ambos periodos de nuestra historia reciente. La similitud histórica se aprecia también en la manera en que acabó la II República, con un golpe de Estado militar iniciado el 18 de julio de 1936, y en que la Transición posiblemente hubiera finalizado igual, con una etapa represiva y una dictadura, si hubiera triunfado el golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero Molina el 23 de febrero de 1981.

Durante la Transición (al igual que en la II República Española) los grupos militares golpistas fueron una de las mayores amenazas para la incipiente democracia. Culpaban a la democracia, entre otros males, de la legalización del partido comunista en abril de 1977, de la puesta en marcha del proceso autonómico, del terrorismo (ETA, por ejemplo, causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980) y de la inestabilidad política y social. Estos sectores militares contaban con el apoyo de la prensa ultraderechista, como el diario El Alcázar; de pistoleros encuadrados en grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A y el Batallón Vasco Español; y de agrupaciones políticas como Fuerza Nueva, liderada por el notario Blas Piñar.

Aun así, la fuerza electoral en aquel momento de la ultraderecha era ínfima y sus partidos políticos (incluida la Falange, que se presentó dividida) no llegaron a sumar el 1% de los votos en las primeras elecciones legislativas celebradas en democracia el 15 de junio de 1977. Es verdad que dentro de Alianza Popular, el principal partido de la derecha, fundado por siete ministros exfranquistas, también encontramos a sectores nostálgicos de la dictadura, pero su respaldo electoral también resultaba escaso, pues en las elecciones legislativas de junio de 1977 este partido alcanzó el 8,21% de los votos en España y el 9,32% en Córdoba. La primera intentona golpista seria durante la Transición se materializó en la Operación Galaxia en noviembre de 1978, que acabó con la detención de sus ideólogos antes de que pudieran llevar a cabo su plan. En mayo de 1980, los dos principales conspiradores, el teniente coronel Tejero y el capitán de la Policía Armada Ricardo Saénz de Ynestrillas, serían condenados en consejo de guerra a siete meses y seis meses de cárcel respectivamente, lo que les permitió continuar la carrera militar.

Tejero volvió a la carga al poco tiempo, el 23 de febrero de 1981. Cuando tras la dimisión de Adolfo Suárez se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de Gobierno, irrumpió en el Congreso al mando de unos 200 guardias civiles armados y secuestró a los diputados. Paralelamente, el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, sacaba los tanques a la calle en Valencia y decretaba el estado de excepción. Esa misma noche, después de horas de tensa espera y con medio país pegado a los transistores, el rey apareció en televisión apoyando el régimen constitucional, por lo que muchos militares dubitativos permanecieron al lado de la legalidad, y la intentona fracasó. El 27 de febrero se organizaron multitudinarias manifestaciones en las ciudades españolas en defensa de la democracia. Que sepamos, entre los militares implicados en la sublevación se encontraba al menos un cordobés, el capitán de la Guardia Civil Juan Pérez de la Lastra Tormo, nacido en Lucena en 1940. Fue condenado a tres años de cárcel y al salir del presidio llegó a alcanzar el grado de coronel en 1996. Curiosamente, su abuelo, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, también estuvo implicado en otro golpe de Estado, ya que fue quien impuso el bando de guerra en Lucena en la madrugada del 19 de julio de 1936 como comandante militar de la plaza.

Lista, con las personas a eliminar en Córdoba, reproducida de la revista Actual.

En caso de que el golpe militar del 23 de febrero de 1981 hubiera triunfado, la ultraderecha había confeccionado unas listas negras, provincia a provincia, con la intención de asesinar de manera inmediata a unas 3.000 personas comprometidas con la democracia y con la izquierda, según la información que publicó el semanario Actual el 20 y el 27 de agosto de 1982 con el título en portada de “Los que iban a morir el 24-F”. La lista había sido elaborada en diciembre de 1980, dos meses antes del golpe de Tejero, por las Milicias Populares Patrióticas, constituidas por elementos violentos escindidos de grupúsculos ultras como Fuerza Joven, Fuerza Nueva, Falange Primera Línea y Juventudes Nacional Revolucionarias. La revista Actual no llegó a publicar las listas de todos los nombres relativos a las ciudades de Madrid y Barcelona debido a su elevado número, aunque sí las del resto de España, incluida Córdoba.

En este aspecto de la elaboración de un plan previo y programado de eliminación de opositores políticos, los golpistas del 23 de febrero de 1981 siguieron una estrategia similar a los del 18 de julio de 1936. Estos últimos también habían tenido muy claro que la violencia sería el arma principal para asegurarse el éxito. De hecho, el 25 de mayo de 1936, dos meses antes del golpe del 18 de julio, las instrucciones secretas del “director” de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, a los otros militares implicados eran muy claras y no dejaban lugar a dudas: la acción habría de ser en “extremo violenta” y tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, un par de semanas antes del golpe de Estado, el 30 de junio, aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”.

Cartel del Partido Comunista de España con sus candidatos por Córdoba en las elecciones legislativas de 1977. Seis de ellos aparecen en las listas negras.

Las listas de los que iban a ser asesinados tras el 23 de febrero de 1981 incluían mayoritariamente a candidatos en las elecciones de 1977 y 1979, a miembros de las ejecutivas de los partidos izquierdistas y nacionalistas y a dirigentes de los sindicatos CCOO, UGT, USO y el nacionalista vasco ELA-STV. Junto a ellos aparecían larguísimas listas de literatos e intelectuales (Francisco Ayala, Antonio Buero Vallejo, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Amando de Miguel, Antonio Gala, Juan Marsé, etc.), músicos (Luis Eduardo Aute, Paco Ibáñez, Paco de Lucía, Raimon, Miguel Ríos, etc.), actores y directores de cine (Ana Belén, Aurora Bautista, Fernando Fernán Gómez, Juan Diego, Alberto Closas, Tony Leblanc, Juan Antonio Bardem, Pilar Miró, Antonio Mercero, Concha Velasco, Paco Rabal, José Sacristán, etc.), periodistas (Consuelo Álvarez de Toledo, Forges, Antonio Álvarez Solís, José Luis Balbín, Juan Luis Cebrián, Mercedes Milá, Raúl del Pozo, Fermín Bocos, Eduardo Sotillos, etc), compositores, escultores, humoristas y otros muchos. Bastantes de estos nombres es posible que se tomaran de los archivos de la antigua Brigada Político Social (la policía secreta encargada de perseguir a los opositores en el franquismo), pues existían estrechos contactos en aquel momento entre la extrema derecha y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En cuanto a políticos no izquierdistas, solo se incluía en la lista a Adolfo Suárez y al ministro de Interior Juan José Rosón (ambos de la UCD), y había también altos mandos militares comprometidos con el proceso democrático como los tenientes generales Gutiérrez Mellado y Quintana Lacacci, y el general Gabeiras Montero (estos dos últimos colaboraron en el fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero).

La lista negra de los que iban a morir de manera inmediata en España, como ya hemos señalado, rondaba las 3.000 personas. En Córdoba, incluía a 49 víctimas. De ellas, 44 tenían relación con la provincia porque aparecían como candidatos por la circunscripción provincial en las listas al Congreso de los Diputados y para el Senado en las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977. De otras cuatro desconocemos su vinculación con Córdoba y creemos que su actividad política se desarrolló en Sevilla, ya que fueron candidatos en las elecciones legislativas o municipales de esa ciudad o provincia en 1979. Por último, hay una persona de las que aparece en la lista, Sara Romero, de la que no hemos podido localizar ni su segundo apellido ni ningún dato de su actividad política o sindical.

Manuel Gracia, Antonio Zurita, Cristóbal Mesa y José Miguel Salinas celebran el triunfo del PSOE el 28 de octubre de 1982. Los tres últimos aparecen en la lista negra de Córdoba (foto Ricardo, Diario Córdoba).

Entre la relación de los cordobeses a eliminar, todos miembros de las listas al Congreso y al Senado que se presentaron a las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, se incluían a cinco de los siete candidatos del PSOE (todos menos el número uno al Congreso, Guillermo Galeote, que era de fuera, y Manuel Gracia) y a dos de sus tres senadores; toda la candidatura del PCE al Congreso y al Senado (salvo el número uno, Ignacio Gallego, que era de fuera, y Julio Anguita, alcalde de Córdoba); toda la candidatura de Unidad Socialista (la alianza del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván y el Partido Socialista Andaluz), encabezada por el periodista Pablo Sebastián para el Congreso; toda la candidatura del Frente por la Unidad de los Trabajadores (conformada por partidos ilegales en aquel momento como la Organización de Izquierda Comunista, de la que procedían los candidatos cordobeses); toda la candidatura del Frente Democrático de Izquierdas (en el que se integraba el aún ilegal Partido del Trabajo de España, de tendencia maoísta) y cuatro de los candidatos de la Alianza Socialista Democrática, una lista en la que aparecían miembros del PSOE (Histórico) que no reconocían la autoridad de Felipe González.

Es llamativa la ausencia en la lista negra de los cabezas de candidatura al Congreso por el PSOE y por el PCE cordobeses en 1977, pero quizás se deba a que pudieran estar anotados en la lista de Madrid, ya que residían allí. También es curioso que no se cite a Julio Anguita, número cinco de la candidatura del PCE en 1977 y alcalde de Córdoba tras las elecciones municipales de 1979; ni al catedrático Manuel Gracia Navarro, candidato al Senado por el PSOE. Posiblemente se deba a un despiste a la hora de anotar sus nombres, lo mismo que puede ser otro error el que se incluyan en la lista a cuatro sevillanos sin actividad política conocida en Córdoba. Tampoco encontramos en la relación a los que se presentan por primera vez en las candidaturas de la izquierda para las elecciones legislativas y municipales de 1979; ni a personas relevantes por su relevancia sindical, política y social durante aquellos años, a pesar de que activistas de similar perfil sí se incluyeron en las listas negras relativas a otras provincias. Esto quizás se explique porque las listas se elaboraron en Madrid por individuos ajenos a la realidad cordobesa, y que con probabilidad utilizaron, como única fuente de información para completarlas, los nombres de los miembros de las candidaturas de los partidos y coaliciones de izquierda que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado en 1977. Como esta era la primera hornada de represaliados, no verían problema en ir ampliando su número de manera más detenida en caso de que hubiera existido la posibilidad de hacerlo.

Aparte de las listas publicadas por la revista Actual, ignoramos si en la provincia de Córdoba existían otras listas negras en manos de elementos locales. En algunos pueblos se habla de que fue así, y de que también miembros de la ultraderecha se dirigieron aquellas tarde y noche a los cuarteles de la Guardia Civil (como ocurrió el 18 de julio de 1936) para ofrecer su apoyo en caso de que estas fuerzas respaldaran el golpe militar. Mientras tanto, muchos responsables de partidos y sindicatos de izquierda se dedicaron a destruir o esconder los listados de sus afiliados y otra documentación comprometedora para evitar que, si los golpistas triunfaban, esta información pudiera caer en sus manos y servir de base de datos para una futura represión, algo que ya había sucedido en 1936.

Las coaliciones y partidos a los que pertenecían los señalados en la lista negra cordobesa tuvieron una especial relevancia electoral durante la Transición. El PSOE, que siempre venció en las elecciones legislativas en la provincia, obtuvo el 33,82% de los votos en 1977, 30,12% en 1979 y 57,94% en 1982; el PCE, 16,49% en 1977, 19,11% en 1979 y 8,94% en 1982; Unidad Socialista (PSP y PSA), 3,66% en 1977, 9,97% en 1979 y 2,21% en 1982. Lo otros partidos de izquierda que aparecen en la lista negra constituían opciones minoritarias. Por ejemplo, el Frente Democrático de Izquierdas obtuvo solo el 1,15% de los votos en 1977.

La lista que publicamos a continuación incluye los 49 nombres relativos a la provincia de Córdoba que difundió la revista Actual el 20 de agosto de 1982, pero con algunas variaciones, ya que se han corregido errores en nombres y apellidos y se han añadido segundos apellidos o segundos nombres en bastantes casos. Los datos relativos a la actividad y militancia política y sindical son de elaboración propia, ya que la revista no incluyó esa información. Esta es la relación completa de los anotados por orden alfabético:

  1. Amaro Granados, Antonio, obrero de la construcción, miembro de CCOO, candidato nº 1 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977 y nº 1 por el MCA-OICE en 1979.
  2. Aparicio Lobo, Filomeno, abogado laboralista, miembro del Comité Central del PCE en 1976, candidato nº 4 al Congreso por el PCE en 1977 y al Senado en 1979.
  3. Aumente Baena, José, médico siquiatra y escritor, uno de los fundadores del Circulo Cultural Juan XXIII, PSA, candidato por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Senado en 1977 y nº 1 al Congreso por el PSA en 1979.
  4. Blanco Villarreal, Vicente, candidato nº 1 al Congreso por la Alianza Socialista Democrática en 1977.
  5. Caballero Castillo, Ernesto, obrero de la construcción, secretario provincial del PCE, candidato nº 2 al Congreso en 1977 y nº 3 en 1979.
  6. Cabanillas Delgado, Manuel, candidato nº 9 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  7. Camacho Lloriz, Matías, vendedor de prensa, senador por el PSOE en 1977.
  8. Campo Casasús, Carmen del, catedrática de enseñanza media, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT, candidata nº 4 al Congreso por el PSOE en 1977.
  9. Castrillo Castrillo, Elena, profesora de EGB, candidata nº 6 al Congreso por el PCE en 1977.
  10. Castro Sánchez, Pedro, empleado de banca, miembro de CCOO, PSA, candidato nº 6 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  11. Colmenar Rivero, Antolín, candidato nº 5 al Congreso por Sevilla por el PSOE (Sector Histórico) en 1979.
  12. Delgado García, Antonio, funcionario municipal, miembro de la dirección provincial de CCOO en 1977, PSA, candidato nº 4 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977 y nº 2 por el PSA en 1979.
  13. Díaz Tirado, Isidoro, maestro, candidato nº 5 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 5 por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  14. Díaz Jaro Romero, Luis, candidato nº 4 al Congreso por Alianza Socialista Democrática en 1977.
  15. Fernández Cruz, Emilio, obrero del metal, secretario provincial de la UGT en 1977, diputado por el PSOE en 1977, senador en 1979.
  16. Jiménez Delgado, Ildefonso, obrero de la construcción, miembro del Comité Central del PCE en 1976, dirigente de la federación de la construcción de CCOO en 1977, candidato nº 3 al Congreso por el PCE en 1977, candidato al Senado en 1979.
  17. López Gavilán, José, guía turístico, miembro del Comité Central del PCE en 1976, candidato al Senado por el PCE en 1977.
  18. López Rueda, Francisco, candidato nº 3 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  19. Luna Toledano, Antonio, obrero del campo, miembro del Comité Central del PCE en 1976, dirigente de la federación agraria de CCOO en 1977, candidato nº 7 al Congreso por el PCE en 1977.
  20. Márquez Moreno, Antonio, dirigente de la UGT provincial en 1977, miembro del Comité Provincial del PSP en 1977, candidato nº 3 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  21. Martínez Bjorkman, Joaquín, abogado laboralista, senador por el PSOE en 1977 y 1979.
  22. Mesa Rodríguez, Cristóbal, trabajador del campo, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT en 1977, candidato  nº 6 al Congreso por el PSOE en 1977 y nº 5 en 1979.
  23. Morilla Gil de los Ríos, Enrique, candidato nº 6 al Congreso por el PSOE (Sector Histórico) de Sevilla en 1979 y candidato a concejal en el mismo año.
  24. Muñoz Fernández, Guzmán Antonio, perito industrial, miembro del Comité Provincial del PSP en 1977, candidato nº 5 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  25. Nieto Alcántara, Alfonso, obrero de la construcción, miembro de CCOO, candidato nº 4 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977 y nº 3 por el MCA-OICE en 1979.
  26. Nieto Molina, Francisco, administrativo, candidato nº 2 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  27. Ojeda Moreno, José, candidato nº 8 al Congreso por el PSOE (Sector Histórico) de Sevilla en 1979 y candidato a concejal por Sevilla en el mismo año.
  28. Ortiz Atenciano, Francisco Alfredo, obrero del campo, miembro del sindicato CSUT (vinculado al PTE) en 1977, candidato nº 2 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977, miembro del SOC, candidato nº 2 al Congreso por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  29. Palomo Gil, José Luis, técnico de Correos, secretario de organización del PSP en 1977, candidato nº 7 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  30. Pérez Fernández, Felipe, empleado de Correos, candidato nº 4 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 4 por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  31. Pérez Ferrando, María Vicenta, profesora de EGB, candidata nº 3 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  32. Pérez Pérez, Manuel, profesor de instituto, candidato al Senado por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 1 al Congreso por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  33. Pérez Torres, Francisco Antonio, candidato nº 8 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  34. Prats Balaguer, Rosa María, trabajadora sanitaria, candidata nº 5 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  35. Pujol de la Llave, Emilio, médico, candidato nº 1 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y candidato a concejal del Ayuntamiento de Sevilla por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  36. Redondo Furriel, Mª Dolores, secretaria de información del PSP en 1977, candidata nº 8 al Congreso por Unidad Socialista (PSP y PSA) en 1977.
  37. Roldán Murillo, José Luis, abogado, candidato nº 7 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  38. Romero, Sara.
  39. Salinas Moya, José Miguel, abogado, candidato nº 5 al Congreso por el PSOE en 1977, diputado en 1979.
  40. Sánchez Mármol, Fernando, candidato a concejal del Ayuntamiento de Sevilla por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  41. Sebastián Bueno, Pablo César, periodista, PSA, candidato nº 1 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  42. Suárez García, Francisco, candidato nº 6 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  43. Torres García, Antonio, trabajador social, candidato nº 7 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  44. Ubera Jiménez, Dolores, profesora, candidata nº 3 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  45. Vallejo Rodríguez, Rafael, médico, secretario provincial del PSOE en 1976, diputado en 1977, senador en 1979.
  46. Ventura Limosner, Manuel, inspector de enseñanza, PSA, candidato nº 2 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  47. Vera Peláez, Paz, auxiliar administrativo, candidata nº 6 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  48. Zurita de Julián, Antonio, secretario provincial del PSP en 1977, candidato por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Senado en 1977.
  49. Zurita Morales, José, obrero, candidato nº 6 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.

 

El capitán Manuel Tarazona Anaya y el 18 de julio de 1936 en Córdoba

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 supuso una división del Ejército español y de las fuerzas de orden público entre quienes se mantuvieron fieles a la República y los que se sublevaron contra ella. Las tropas de tierra se repartieron casi por igual, con ligera ventaja para los republicanos (58.249 de los 117.035 soldados), que también contaron con el apoyo de dos tercios de los buques y aviones de guerra. En cuanto a las fuerzas de orden público, permanecieron bajo control republicano la mitad de las 217 compañías de la Guardia Civil, 11 de los 18 grupos de los guardias de Asalto y dos tercios de los carabineros.

Desde el punto de vista historiográfico, los sucesos del 18 de julio y la fragmentación del Ejército y de las fuerzas de orden público en la ciudad de Córdoba se pueden seguir a través de dos obras recientes: El genocidio franquista en Córdoba, publicada por el historiador Francisco Moreno Gómez en 2008, y Militares y sublevación. Córdoba y provincia 1936, del comandante Joaquín Gil Honduvilla, que vio la luz en 2012. Este último autor ha utilizado una interesante documentación del Archivo Militar Territorial II de Sevilla que le ha permitido situar con bastante precisión los acontecimientos y la actitud de los mandos militares en aquella histórica jornada.

En Córdoba la mayor unidad militar en 1936 era el Regimiento de Artillería Pesada nº 1, al mando del coronel Ciriaco Cascajo Ruiz. Esta unidad se sublevó en bloque debido a que en ella servían jóvenes oficiales pertenecientes o simpatizantes de la Unión Militar Española, una organización clandestina, ultraderechista y antirrepublicana implicada de lleno en la rebelión. La mayoría de estos oficiales habían mantenido en los meses previos contactos con los conspiradores del Estado Mayor de la División Militar sevillana, en especial con el comandante José Cuesta Monereo, y estaban al tanto de los preparativos del golpe de Estado. También habían prometido apoyar la sublevación los mandos superiores de la Guardia Civil, el coronel Francisco Marín Garrido, jefe del 18 Tercio (Córdoba-Jaén), y el teniente coronel Mariano Rivero López, jefe de la Comandancia de Córdoba, aunque incumplieron su palabra y el día 18 de julio se mantuvieron fieles a la legalidad republicana.

Sans titre

Manuel Tarazona Anaya en su época de militar en África.

En julio de 1936, al frente del cuerpo de la Guardia de Asalto cordobesa, con sede en el gobierno civil, se encontraba el capitán de Infantería madrileño Manuel Tarazona Anaya, de 35 años. En 1918, con 17 años, había ingresado en la Academia de Infantería de Toledo. Cuando ascendió a alférez, en 1921, fue destinado a Melilla, y en el norte de África estuvo encuadrado hasta 1925 en el Tercio de extranjeros (nombre que tuvo en su origen la Legión), y dos años más en las fuerzas de Regulares indígenas. Durante todos estos años participó en primera línea de fuego en la guerra del Rif marroquí (por lo que resultó herido en una pierna en 1924) y en el desembarco de Alhucemas en 1925. Debido a su valentía obtuvo varias condecoraciones, entre las que se encuentran la medalla de sufrimientos por la patria y la cruz del mérito militar con distintivo rojo en 1926. En tierras marroquíes prestó servicio en columnas mandadas por militares que luego tendrían una implicación activa en el golpe de Estado de julio 1936, como los generales José Sanjurjo, Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Franco, a cuyos órdenes sirvió en una bandera del Tercio en 1922. En julio de 1928 ascendió por méritos de antigüedad a capitán de Infantería y siguió sirviendo en las plazas del norte de África. En 1932 fue trasladado a la Península y en 1934 se incorporó en Sevilla al Cuerpo de Seguridad y Asalto, conocido como Guardia de Asalto, un cuerpo policial creado por la República con la intención de mantener el orden público. El 4 de febrero de 1935 llegaría a Córdoba junto a su esposa, Josefina Ortega San Emeterio, con la que se había casado cinco años antes. El día 18 de julio el capitán Manuel Tarazona se mantuvo leal a la República, a pesar de que desde enero de 1936, en tres ocasiones distintas, le había manifestado al coronel Ciriaco Cascajo, cabeza visible de la conspiración en Córdoba, que en el caso de un probable movimiento militar él y los oficiales a su mando lo respaldarían.

El capitán Manuel Tarazona Anaya (segundo por la derecha). A su lado, con figura espigada, el teniente José Villalonga Munar, que se puso del lado de los sublevados el 18 de julio.

El capitán Manuel Tarazona Anaya (segundo por la derecha). A su lado, con figura espigada, el teniente José Villalonga Munar, que se puso del lado de los sublevados el 18 de julio.

La sublevación militar se inició en Córdoba a las dos y media de la tarde, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División –que comprendía las ocho provincias andaluzas– recibió una llamada del general Queipo de Llano en la que le informaba del triunfo del golpe en Sevilla y le ordenaba que declarara el estado de guerra en la ciudad. Un policía destacado en la Telefónica por orden del gobernador interceptó la conversación, que a su vez se la transmitió al comisario jefe de Investigación y Vigilancia de la provincia de Córdoba, Manuel Hermida Cachalvite. Este se dirigió a comunicar la noticia al gobernador civil, el periodista Antonio Rodríguez de León, de 40 años y militante de Unión Republicana, quien telefoneó al ministro de la Gobernación (Juan Molés) y ordenó llamar al capitán jefe de la Guardia de Seguridad y Asalto, Manuel Tarazona Anaya. Después llegó Mariano Rivero, teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, que expuso la situación y las fuerzas con que contaba. El gobernador intercambió varias llamadas durante toda aquella tarde con el Ministerio de la Gobernación, el director general de Seguridad y el presidente de las Cortes, en las que recibió la orden de resistir hasta que llegaran refuerzos de las provincias limítrofes e incluso de la aviación desde Madrid. Rodríguez de León le encargó al capitán Tarazona ir al cuartel de Artillería para transmitirle esta información al coronel Cascajo y convencerle de que desistiese en su intentona golpista, algo que no consiguió. Así que Manuel Tarazona volvió al gobierno civil, convocó a sus oficiales, los tenientes Antonio Navajas Rodríguez-Carretero y Luis Galiani García (que se encontraba de servicio allí), comunicó a la tropa que había que resistir y distribuyó a unos cien guardias a sus órdenes por el edificio y por azoteas próximas.

Al despacho del gobernador también habían llegado los diputados socialistas Manuel Castro Molina y Antonio Bujalance López, el alcalde socialista de Córdoba Manuel Sánchez Badajoz, el presidente de la Diputación José Guerra Lozano (de Izquierda Republicana), el presidente de Unión Republicana Pedro Ruiz Santaella, el exdiputado Joaquín García Hidalgo, concejales, diputados provinciales y algunos dirigentes republicanos más. Para oponerse a la rebelión, el alcalde intentó reclutar voluntarios civiles en la Casa del Pueblo y el Ayuntamiento, el diputado Manuel Castro Molina salió hacia Peñarroya para traer mineros y dinamita y Agustín García Hidalgo pedía que se entregaran armas al pueblo, algo a lo que el gobernador no accedió. Mientras, los sindicatos habían convocado la huelga general a las tres de la tarde, tras la llamada del coronel Ciariaco Cascajo al gobernador civil en la que le comunicaba que iba a implantar el estado de guerra.

Al cuartel de Artillería también iban llegando los oficiales dispuestos a secundar el golpe y voluntarios (falangistas, monárquicos, latifundistas, militares retirados, etc.) que fueron armados. Poco después, a las seis menos cuarto, salieron del cuartel las tropas (unos 180 efectivos) para dirigirse al gobierno civil, al que rodearon. En una casa fronteriza, las tropas fijaron la hoja escrita con el bando de guerra

Por indicación del coronel Ciriaco Cascajo, en el edificio entró el teniente de Intendencia Francisco Salas Vacas, con bandera blanca y con la intención de que los guardias de asalto se sumaran al golpe, pero fue expulsado por el capitán Tarazona y otros mandos militares cuando intentó formar y arengar a la tropa. Poco después se personó en el gobierno civil el capitán de Artillería Félix Sánchez Ramírez, que trató de convencer al capitán Tarazona para que se rindiera. Al edificio llegó también, llamado por Tarazona, el teniente de la Guardia de Asalto José Villalonga Munar, quien al ver la intención de resistir del capitán decidió salir y unirse a los rebeldes. Le quisieron seguir algunos guardias, pero Tarazona lo evitó con la pistola en la mano. Desde Radio Córdoba, tomada por los militares rebeldes, en esa tarde se llamaría a la rendición del capitán Tarazona recordándole el “Código de Justicia Militar y la responsabilidad que contrae, si no se entrega con las fuerzas de su mando”.

Manuel Tarazona Anaya el día de su boda con Josefina Ortega San Emeterio, con la que se casó en 1930.

Manuel Tarazona Anaya el día de su boda con Josefina Ortega San Emeterio, con la que se casó en 1930.

A las seis de la tarde llega al gobierno civil, con bandera blanca, otro oficial emisario de Cascajo, el comandante de la Guardia Civil Manuel Aguilar-Galindo Aguilar-Galindo, con la intención de dar cinco minutos de plazo para la rendición. El capitán Tarazona lo acompañó hasta el despacho del gobernador, quien se negó a entregar el mando. Tras la salida del comandante, al cuarto de hora los artilleros tirotearon el edificio con armas cortas y fusiles, y los guardias de Asalto de dentro respondieron, mientras otros se refugiaron asustados en el cuarto de lavaderos o en el teatro Duque de Rivas, adonde llegaron tras agujerear una pared medianera. Al cesar el fuego, que causó un muerto y un herido entre los atacantes, los atrincherados consiguieron permiso para poder trasladar a tres heridos a la Casa de Socorro.

El comandante Aguilar-Galindo comunicó al coronel Ciriaco Cascajo la resistencia que estaban teniendo, y este decidió trasladar dos cañones que colocó a doscientos metros del edificio. Aguilar Galindo solicitó de nuevo, con bandera blanca, hablar con el gobernador para que se rindiera, y este le pidió dos horas de plazo para hacerlo. Con el gobernador se encontraban en ese momento, junto a otros, los jefes de la Guardia Civil, el teniente coronel Mariano Rivero y el coronel Francisco Marín, quienes le mostraron su apoyo y le manifestaron que “estaban allí para morir con él”. El gobernador decidió enviar al teniente coronel Mariano Rivero a parlamentar con Cascajo, pero con resultado infructuoso, pues quedaría detenido.

Como los atrincherados en el gobierno civil no se rendían, los artilleros iniciaron un nuevo tiroteo que finalizó cuando apareció una bandera blanca en la cancela. De inmediato, entró en el edificio el comandante Aguilar-Galindo con la intención de detener al gobernador, pero este le dijo que el que quedaba detenido era él, así que los guardias de Asalto lo desarmaron y lo obligaron a permanecer sentado en una butaca en un rincón del despacho. El comandante de la Guardia Civil Luis Zurdo se convirtió ahora en el nuevo emisario de los sublevados en el gobierno civil. Informó de que el coronel Cascajo había dado un plazo de cinco minutos para la rendición, aunque de nuevo el gobernador se negó a rendirse. Junto al comandante Aguilar-Galindo habían penetrado en el gobierno civil el capitán de Artillería Félix Sánchez Ramírez y el teniente González Arjona, que esperaban acontecimientos en la puerta del despacho del gobernador. Al ver que el comandante Aguilar-Galindo no salía, a los diez minutos entraron. También fueron encañonados con carabinas y retenidos por los guardias de Asalto y los paisanos. Aguilar-Galindo intentó levantarse de la butaca en que se encontraba sentado para ayudar a sus dos compañeros, pero el capitán Tarazona lo evitó apuntándole con su pistola. Desde el gobierno civil, llamaron al coronel Cascajo (no está claro si quien habló fue el gobernador o el exdiputado Joaquín García Hidalgo) para anunciarle que estos tres rehenes responderían con su vida de cualquier ataque.

Poco después de las ocho de la tarde el coronel Cascajo ordenó que se atacara el edificio. Se produjo un intenso tiroteo y dos cañonazos, lo que hizo ver al capitán Tarazona la inutilidad de la lucha, así que aconsejó al gobernador la rendición. Éste le dijo que se rendía “con la condición expresa de que de que se le dejara trasladarse a Madrid en compañía de sus familiares”. A las nueve de la noche una sábana blanca en el balcón del gobierno civil anunciaba el fin de la resistencia. Tras la huida o la salida con los brazos en alto de los que se encontraban en el edificio, tomó posesión como nuevo gobernador el capitán de Caballería José Marín Alcázar. Paisanos armados escoltaron al capitán Manuel Tarazona y el teniente Antonio Navajas hasta el cuartel de Artillería, donde Cascajo había ordenado que se dirigieran. El teniente Villalonga tomó el mando de los guardias de Asalto y esa misma noche los sublevados controlaron la ciudad.

Manuel Tarazona Anaya, junto a su mujer, Josefina Ortega San Emeterio.

Manuel Tarazona Anaya, junto a su mujer, Josefina Ortega San Emeterio.

Por su actuación durante la tarde del 18 de julio en el gobierno civil, el capitán Manuel Tarazona sufrió con posterioridad un consejo de guerra, cuyo expediente se conserva en el Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se convirtió así en una de las cientos de miles de víctimas de lo que se ha denominado “justicia al revés”, que significa que los que se habían levantado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. En las fechas en las que procesaron a Manuel Tarazona la oposición al “Glorioso Movimiento Nacional” o cualquier infracción del bando de guerra se castigaban con el fusilamiento sin proceso judicial previo. Por ello, antes de morir, en 1936 y 1937 hubo pocas víctimas que pasaron por consejos de guerra –aunque estos juicios solían ser farsas sin garantías jurídicas para los acusados–, salvo los militares que no habían secundado el golpe de estado o personas muy significadas.

La causa contra el capitán Manuel Tarazona se abre el 20 de julio, por el “supuesto delito de rebelión”, al existir sospechas de que “había hecho fuego sobre las fuerzas del ejército que fueron a declarar el estado de guerra”, y la instruye el comandante de Artillería Juan Anguita Vega. En su primera declaración ante el instructor, Tarazona pretende exculparse alegando que intentó convencer al gobernador de que la resistencia era imposible y que no le desveló el número de guardias con que contaba para la defensa (eran más de 100, pero le dijo que tenía solo 50). También manifiesta que ordenó a las tropas a su mando no disparar contra los artilleros y que él solo realizó durante el asedio uno o dos disparos al aire, en un momento de nerviosismo debido a la explosión de una granada, por una ventana interior del gobierno civil que no daba a la calle. Asimismo, señala que tuvo un trato deferente con los militares sublevados que entraron en el gobierno civil. Así, indica que permitió al teniente José Villalonga salir libremente del edificio y unirse a los rebeldes, y que intentó proteger al comandante Aguilar-Galindo y a los dos oficiales que habían quedado retenidos, al final de la tarde, en el despacho del gobernador. Otro sólido argumento de su defensa es que ordenó a las tropas a su mando destacadas en el ayuntamiento, la Telefónica, telégrafos y la radio, que cuando llegaran a sus edificios las fuerzas del Ejército se entregaran sin ofrecer resistencia.

Aunque las declaraciones del comandante Manuel Aguilar-Galindo en el sumario del consejo de guerra señalan que el capitán Tarazona le apuntó con su arma reglamentaria cuando lo retuvieron en el despacho del gobernador (lo que corroboran también el capitán Félix Sánchez Ramírez y del comandante Luis Zurdo Martín), los testimonios de otros testigos que resistieron con Tarazona en el gobierno civil trataron de minimizar la responsabilidad del capitán aquella tarde. Por ejemplo, el gobernador Antonio Rodríguez de León manifiesta que Tarazona “se limitó a cumplir las órdenes que él le daba” y Gerardo Macho, inspector del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, cuando le preguntan “si puede precisar cuál fue la actitud del capitán Tarazona en todo momento, dijo que la de aparentar resistencia cuando naturalmente no la sentía”. Sin embargo, estas ayudas le valen de poco. En un auto emitido por el juez instructor el 30 de julio se ordena su procesamiento, su prisión incondicional y una fianza de 10.000 pesetas, que supondría el embargo de sus bienes para cubrir esa cantidad si no se pagaba en un plazo de 24 horas. En una nueva indagatoria ante el juez, el capitán Tarazona se reitera en sus declaraciones y alega en su defensa, además, que con anterioridad al 18 de julio ofreció tres veces al coronel Ciriaco Cascajo su apoyo a un posible levantamiento militar (lo que confirma en una declaración posterior el propio Cascajo), su pasado militar intachable y que durante su estancia en Córdoba los “elementos marxistas” pidieron su destitución bastantes veces.

Tarazona nombró como defensor a Pedro Luengo Benítez, teniente coronel de Infantería y jefe de la caja de reclutas de Córdoba, quien intentó revocar el auto de procesamiento con un escrito que recogía los mismos argumentos de defensa que ya había esbozado el capitán en sus declaraciones. Sin embargo, no consiguió su objetivo y el día siete de agosto la Auditoría de guerra de Sevilla confirmó el procesamiento. Como el juicio era sumarísimo, que significa que se recortan las garantías para los acusados y se desarrolla en muy poco espacio de tiempo, el sumario de la causa se entregó ese mismo día por un plazo improrrogable de solo tres horas al defensor y al fiscal jurídico de la División, Eduardo Jiménez Quintanilla, para que formulara los cargos. Este fiscal mantuvo durante el verano de 1936 una febril actividad en múltiples consejos de guerra contra personas leales a la República en los que solicitó la pena de muerte para los acusados. Entre ellos, el más célebre es el general Miguel Campíns, comandante militar de Granada, fusilado en Sevilla el 15 de agosto.

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Manuel Tarazona Anaya, junto a su perro.

La vista de la causa contra el capitán Tarazona, en audiencia pública, se celebró a las 12,20 horas del 11 de agosto en la sala de justicia del cuartel de Artillería. El tribunal lo presidió el coronel José Alonso de la Espina, y de vocales ejercieron los tenientes coroneles Eduardo Marquerie Ruiz-Delgado, Acisclo Antón Pelayo, Gillermo Camargo Segerdhal, José Cortes Pujadas y Alfonso Martínez Zabaleta. En el juicio intervinieron varios testigos propuestos por la defensa, algunos de los cuales, junto al capitán Tarazona, resistieron el asedio de los golpistas en el gobierno civil. Entre ellos, el inspector de Vigilancia Gerardo Macho manifestó que “en su concepto el capitán Tarazona era de derechas y no era simpático a los elementos de izquierdas de esta capital”. De los miembros del Cuerpo de Asalto, el sargento Rafael Aguilar Quiles y el guardia Rafael López Galisteo manifestaron que el capitán Tarazona había ordenado en el gobierno civil que dispararan solo cuando lo hicieran las fuerzas de Artillería; y el cabo Francisco Ballesteros Merino, destacado junto a otros 13 hombres en el edificio de la Telefónica, expuso que el capitán les dio órdenes de que cuando llegaran las fuerzas del Ejército se rindieran sin disparar. A pesar de estas declaraciones, el fiscal mantuvo su acusación basándose en que el capitán había ordenado responder a las fuerzas del ejército, había apuntado con su pistola al comandante Aguilar-Galindo y había disparado por una ventana. El defensor y el capitán Tarazona reiteraron en el juicio los mismos argumentos que habían usado durante la instrucción del sumario. El defensor, que pidió la libre absolución, “terminó haciendo un llamamiento a la benevolencia del tribunal y pintando la triste situación de la familia del procesado”. Mientras, la nueva estrategia del capitán Tarazona consistió en exponer su actuación durante la República. Afirmó que el periódico El Socialista había publicado un artículo contra él, que “dio un trato caballeroso a los fascistas detenidos”, “organizó un servicio de protección para que pudieran votar las monjas”, “detuvo a los que pedían por las calles para el Socorro Rojo” y “se evitaron durante su mando los ataques contra las iglesias”.

Tras la vista, como el juicio era sumarísimo y se imponían plazos muy cortos en el proceso, el tribunal hubo de emitir la sentencia aquel mismo día. En ella, respaldó las tesis del fiscal y condenó a pena de muerte al capitán Tarazona. Solo el teniente coronel Acisclo Antón Pelayo emitió un voto particular que disentía, “dadas las circunstancias que concurrían en el procesado que le caracterizaron de hombre de orden”. El consejo de guerra estimaba que el capitán Tarazona era culpable de un delito consumado de rebelión militar por oponerse a las fuerzas del ejército, ya que “declarado el estado de guerra la única autoridad legítima es la militar”. Sin embargo, este argumento para condenarlo era ilegal en su origen, ya que las autoridades militares regionales o provinciales legalmente no podían declarar el estado de guerra, pues eso iba en contra del artículo 42 de la Constitución de 1931 y del capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933, que otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España.

Lápida de la tumba de Manuel Tarazona Anaya en el cementerio de San Rafael.

Lápida de la tumba de Manuel Tarazona Anaya en el cementerio de San Rafael de Córdoba.

En Sevilla, el mismo 11 de agosto, el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, dio su conformidad al fallo, y Gonzalo Queipo de Llano, general jefe de la II División, con su firma aprobó la sentencia y decretó su inmediata ejecución. A las 9 de la mañana del día 13 llegó la orden a Córdoba. El coronel Ciriaco Cascajo mandó que se realizara el fusilamiento ese día, a las 11 de la mañana, en el patio del cuartel del Marrubial. La guardia de Asalto de Huelva se hizo cargo del traslado del capitán Tarazona desde los calabozos del cuartel de Artillería hasta el cuartel del Marrubial, donde entró en capilla. El piquete de ejecución lo formaron 16 hombres de la Guardia de Asalto de Córdoba y Huelva, Artillería, Infantería, Caballería y Guardia Civil. La presencia de la guardia de Asalto de Córdoba significaba que hombres que habían estado con anterioridad al mando del capitán ahora eran obligados a participar en su ejecución. Manuel Tarazona llegó desde la capilla al patio del cuartel acompañado por su abogado defensor, el teniente coronel Pedro Luengo Benítez, y el sacerdote Antonio Anula García, quien luego sería capellán de la División Azul en Rusia en 1943. Certificó su defunción el capitán médico Antonio Manzanares Bonilla (recordado hoy con el nombre de una calle en Córdoba capital). A continuación, las fuerzas desfilaron ante el cadáver.

El nombre de Manuel Tarazona Anaya aparece en el monolito en recuerdo de las víctimas de la represión franquista que se inauguró en el cementerio de San Rafael de Córdoba en el año 2011.

El nombre de Manuel Tarazona Anaya aparece (el octavo contando desde arriba) en el monolito en recuerdo de las víctimas de la represión franquista que se inauguró en el cementerio de San Rafael de Córdoba en el año 2011.

El capellán del cementerio de San Rafael se hizo cargo del cuerpo de Manuel Tarazona hasta que al día siguiente se le inhumó (departamento segundo, bovedilla 33, fila primera). El enterramiento se realizó en presencia de los guardias de Asalto José Camacho Rivera y Pablo Luna Montes, subordinados del capitán, que se convirtieron en un apoyo fundamental para su viuda, Josefina Ortega San Emeterio, en aquellos tristes momentos. Desde el cementerio, estos guardias se trasladaron a los calabozos del cuartel de Artillería a recoger los enseres (cama, ropa, objetos personales, etc.) que Tarazona había utilizado durante su presidio para entregarlos a la familia. Ese mismo día se inscribió su fallecimiento “a consecuencia de haber sido pasado por las armas” en el Registro Civil. El capitán Manuel Tarazona Anaya fue el más alto cargo militar fusilado en Córdoba por su actuación durante el 18 de julio de 1936. En 1940 la familia de Manuel Tarazona sufrió la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, que afectaba a los vencidos republicanos. Los castigos incluían la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado, pero no hemos podido determinar en qué quedó el expediente que se le abrió.

La única hija del capitán Manuel Tarazona, Josefa, emigró a París con su marido y sus dos hijos en los años cincuenta del siglo pasado. Desde allí, su hija, Sol, me ha llamado en múltiples ocasiones y me ha mandado la documentación de su abuelo (sumario del consejo de guerra del archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, hoja de servicios del Archivo Intermedio Militar de Ceuta y fotos familiares) que ha posibilitado en gran medida la redacción de este pequeño artículo. Sol y su hija visitarán Córdoba durante unos días a finales de este mes de octubre de 2014 con la intención de conocer los lugares donde Manuel Tarazona Anaya, su abuelo y bisabuelo, vivió, fue fusilado y está enterrado. Por ello este artículo no solo intenta recuperar la historia de Manuel Tarazona Anaya, sino que también es una especie de homenaje a su nieta, Sol Rodríguez Tarazona, y a personas como ella, que consideran que el recuerdo también es un acto noble de justicia histórica.

En el centro, Sol Rodríguez Tarazona, nieta del capitán Manuel Tarazona Anaya, junto a su hija Amelie y el autor de este blog, en su visita a Córdoba en octubre de 2014.

En el centro, Sol Rodríguez Tarazona, nieta del capitán Manuel Tarazona Anaya, junto a su hija Amelie y el autor de este blog, en su visita a Córdoba en octubre de 2014.