Los presos de Baena en la posguerra

Al finalizar la guerra civil española, el 1 de abril de 1939, cientos de miles de refugiados que habían huido de las zonas ocupadas por el Ejército franquista desde el 18 de julio de 1936 debieron emprender, por mandato de las nuevas autoridades, el regreso a sus hogares. También volvieron a sus domicilios, tras su paso por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias, los 507.000 soldados republicanos que se hacinaban en campos de concentración construidos en edificios dispares y descampados, donde no se respetaban las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra.

El control de los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos los que llegaban debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen, donde se les fichaba a través de un breve informe. En él se anotaban sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra, una información que serviría de base para ulteriores acciones represivas. Ya el 9 de abril de 1939, el alcalde de Baena solicitó al teniente jefe de línea de la Guardia Civil que “sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberles por vía judicial, se formule sobre cada uno de ellos por la fuerza de la Guardia Civil el correspondiente atestado entregándolo en el Depósito municipal y las actuaciones a esta alcaldía a fin de poner a los individuos en cuestión a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”.

Según el libro de presentados de la “zona roja”, que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, 2.174 personas regresaron oficialmente a Baena como vencidos desde la España republicana. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de vecinos que huyeron del pueblo tras la entrada el 28 de julio de 1936 de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga, pues en ella no aparecen los nombres de los refugiados muertos durante los tres años de guerra, de los que permanecían apresados en otros lugares, de los exiliados y de los menores de edad. Aparte, este libro de presentados tiene dos páginas rotas, lo que impide contabilizar todos los nombres que se anotaron en su origen.

A los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la legalidad juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías jurídicas ni procesales, conculcando el derecho de defensa de los encausados, que casi siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial en la posguerra puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la contienda y había soportado ya una inmensa represión durante tres años, las causas judiciales superaran las 26.000 en 1939, y en 1940 alcanzaran las 37.000.

En la posguerra, la maquinaria judicial contra los republicanos se puso en marcha en Baena el 20 de abril de 1939, cuando se nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del sector quedó establecida en Baena y el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un crucifijo y un retrato del Generalísimo Franco. Los gastos de desplazamiento del juzgado de Baena también corrieron a cargo del Ayuntamiento, incluidos los de los componentes del tribunal de los consejos de guerra que se desplazaban a Baena para los juicios. Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por el tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Baena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba a las pocas horas, después de emitir la condena. Los juicios en muchas ocasiones eran colectivos (20 encausados, por ejemplo, se juzgaron en Baena el 24 de mayo de 1939), sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que evidencia la falta de afán probatorio y la ausencia de una justicia personalizada. Los juicios se celebraban en el Teatro de Baena (en la calle Alta), donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las víctimas como de los acusados.

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José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano. Hasta julio de 1943 permaneció encarcelado en Castro del Río, Córdoba, El Puerto de Santa María, Barbastro y Noales (Huesca).

En las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. En Baena, a los detenidos se les internaba en la cárcel de la plaza Vieja y en la Tercia (en la Carrera, al lado del cuartel y del ayuntamiento), donde también se concentraban presos de Albendín, Valenzuela y Luque. En febrero de 1940 se les trasladó al convento de las monjas de Santa María de Scala Coeli, de Castro del Río, en el que se llegaron a hacinar unos 1.500 presos según el estudioso local Francisco Merino Cañasveras, y de aquí salieron para las prisiones de Córdoba en septiembre u octubre. Para muchos ahí no acabó su periplo penitenciario pues el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que se llamó “turismo penitenciario” (de Baena encontramos presos en Madrid, Burgos, El Puerto de Santa María, etc.). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y escasez.

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Manuel Cañete Tarifa, de 22 años, murió por disparos el 10 de noviembre de 1939, en Baena, al intentar evadirse en un traslado de presos.

Según ha publicado el historiador Francisco Moreno Gómez, la mortalidad entre los internos fue extrema en la cárcel de Córdoba, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. De Baena murieron 12 presos en las cárceles de Córdoba, a los que hay que sumar al menos ocho que fallecieron en distintas circunstancias (enfermedad, suicidio, torturas, intento de evasión) en otras prisiones o batallones de trabajadores.

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El preso José de las Morenas Lara, de 28 años, fue torturado en 1939 en el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Las torturas fueron una trágica realidad en todas las cárceles franquistas. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos. Un torturado ya fallecido, José de las Morenas Lara, me contó en septiembre de 2006 que cuando le tomaron declaración en el cuartel en 1939 lo mantuvieron durante cuatro horas de rodillas sobre un garrote mientras le pegaban en la espalda. Por su testimonio, sabemos también que uno de los tres miembros de la familia de los “Zarabanda”, al que habían colgado de los brazos para torturarlo, no resistió el castigo y falleció en el hospital —quizás se refiera a José Padillo Marín, preso con anterioridad en el pueblo jiennense de Torres, pues los otros dos, su padre Agustín Padillo Moraga y su tío Manuel, terminarían fusilados—. En la cárcel de Castro del Río murió el 11 de mayo de 1939 otro vecino de Baena, el campesino de 34 años Felipe Aguilera Arroyo, cuando lo arrojaron a una letrina, donde pereció por asfixia. En el cuartel de la Guardia Civil de Albendín se apaleó también a los presos por medio de golpes de vergajo, puñetazos y patadas, o se les colgaba de las manos al techo, sin atender a los lloros de las víctimas.

Antonio Rojano Hornero, con su hijo y su mujer. Falleció, con 26 años, en la cárcel de Orduña (Vizcaya) en 1940.

El franquismo utilizó a los presos como mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron económicamente tanto la dictadura como la empresa privada. En octubre de 1938 se había creado el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, encargado de la gestión de los trabajos forzados de los presos en cualquiera de sus modalidades: batallones de trabajadores (reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, disueltos en octubre de 1942), destacamentos penales y colonias y talleres penitenciarios. De Baena, al menos 172 personas sufrieron explotación laboral en batallones de trabajadores y en batallones disciplinarios de soldados trabajadores situados en Los Pastores (Algeciras), Los Barrios (Cádiz), Melilla, Tetuán (Marruecos), en el campo de aviación de Labacolla en Santiago de Compostela —aquí estuvieron internados casi todos los vecinos de Albendín que sufrieron prisión en batallones—, etc. En estos batallones, al igual que en las cárceles, los reclusos no sólo sufrieron la masificación, la falta de higiene, la comida escasa, etc., sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta, lo que explica que al menos dos hombres de Baena (Antonio Cantero Cano y Antonio Serrano Ortiz) murieran en batallones de Melilla y San Roque. Entre 1938 y 1939 existieron en Baena dos batallones de trabajadores dedicados a la construcción de fortificaciones militares, adscritos al Ejército del Sur: el nº 5, con 331 prisioneros; y el nº 37, que compartía ubicación con el pueblo vecino de Luque, con 796 internados.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, y tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes —6.454 en la provincia de Córdoba, según el profesor Antonio Barragán Moriana— que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones fusilados o en las cárceles. En Baena, al menos 199 personas (entre las que se contaban una cincuentena de presos, 27 fusilados y dos muertos en las prisiones) se vieron afectadas por esta ley y por los expedientes de “incautación de bienes pertenecientes a individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes” que se incoaron desde el verano de 1936.

Es imposible conocer el número de personas que pasaron por la cárcel de Baena en la primera posguerra. Hay un informe de la Falange del año 1945 que recoge 67 nombres, pero es muy incompleto ya que sólo se anotan los condenados a penas de prisión, pero no los sentenciados a internamiento en los batallones de trabajadores, los condenados a muerte, los liberados sin juicio o los que fueron absueltos. Por desgracia, en el Archivo Histórico Municipal de Castro del Río, el lugar a donde fueron trasladados los presos de Baena, no se conservan fichas de prisión. Aun así, a través de otros documentos del Archivo Histórico Municipal de Baena (correspondencia municipal, informes policiales, fichas de familias pobres) y de algunos testimonios orales obtuve el nombre de otros 58 encarcelados en el pueblo o en otras localidades, lo que en su momento nos dio un total de 125 prisioneros. Esta cifra es la que se publicó en la segunda edición de mi libro Baena roja y negra en diciembre de 2013.

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Uno de los documentos del juez Manuel Cubillo Jiménez, con una relación mecanografiada de presos de Baena.

En el año 2015, Gabriel Caballero Cubillo me cedió copia de 66 hojas del archivo personal de su abuelo, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena durante la primera posguerra, de donde he extraído los nombres de casi un centenar de prisioneros más de los que yo ya tenía contabilizados. En consecuencia, las cifras publicadas de presos de Baena estaban desfasadas y era necesario actualizarlas. Esa es la causa principal que motiva esta nueva entrada del blog. En este momento, ya llevamos descubierta la identidad de 224 reclusos —Baena tenía un censo de 24.830 habitantes en 1940—, a los que hay que sumar 44 presos fusilados en posguerra, 20 que fallecieron en las cárceles y en los batallones de trabajadores y 14 internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 13. Asimismo, la documentación del juez Manuel Cubillo nos ha permitido sacar a la luz la identidad de 26 presos del vecino pueblo de Valenzuela y 57 procedimientos inconclusos del juzgado militar de Baena, posiblemente referidos a las fuerzas militares que estuvieron acantonadas en el pueblo durante la guerra civil.

Junto a las listas anteriores, a continuación publicamos también, en varios enlaces, los nombres de 36 presos en campos de concentración, de 172 internos en batallones disciplinarios de soldados de trabajadores y batallones de trabajadores, de 199 afectados por expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes y de los titulares de 180 informes policiales individuales. Estos informes se elaboraban a petición de los juzgados militares, casi siempre cuando el implicado se encontraba en prisión, pero al no tener certeza absoluta de su situación no los consideramos provisionalmente como reclusos y los incluimos en una relación aparte.

 

Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabar la guerra civil española, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales cordobeses de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del juzgado se estableció en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo. Manuel Cubillo murió en 1973. Entre su legado, dejó una variada documentación oficial y unos escritos, de los que me cedió copia en 2015 su nieto Gabriel Caballero Cubillo. Estos escritos, con una pequeña biografía personal del juez y una breve introducción histórica, los publiqué en mi blog en junio de 2015 y pueden leerse en este enlace.

Ahora le toca el turno a la documentación judicial. En su origen era una enorme caja con cientos de documentos, pero a mis manos solo han llegado 66 hojas fechadas casi en su totalidad en 1939 y 1940. La inmensa mayoría son actas de declaraciones ante la Guardia Civil o ante Manuel Cubillo de detenidos y testigos, aunque también existen algunas listas de reclusos que elevan de manera significativa las cifras de presos aportadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943) y que serán motivo de una próxima entrada en este blog. De la documentación conservada he seleccionado tres historias principales: una denuncia contra siete vecinos, la aplicación de torturas en el cuartel de la Guardia Civil y una poesía escrita por un condenado a muerte.

En Baena, que en 1940 albergaba a 24.830 habitantes, la justicia militar se ejerció de manera muy rigurosa en la posguerra: 43 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, en Castro del Río y Córdoba; al menos 222 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; otros 19 murieron mientras se encontraban internados en cárceles y batallones de trabajadores; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 182 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión. Hemos de recordar que en la posguerra, a los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936. Por tanto, a través de los consejos de guerra, se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella.

El sumario de un consejo de guerra arrancaba con un atestado elaborado por el comandante de puesto de la Guardia Civil. El atestado se iniciaba tras la detención de algún “significado y peligroso marxista” o de “un sujeto revolucionario”, calificativos que por norma aparecían en las actas encabezando las diligencias, justo delante del nombre del encausado. La detención se practicaba en bastantes ocasiones como consecuencia de la denuncia de algún vecino, que a menudo aprovechaba para vengar viejas rencillas y enemistades con otros vecinos, para evitar pagar alguna deuda al denunciado o para castigar a las personas que más se habían destacado en el ámbito político y social durante la II República.

Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias en los consejos de guerra, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados. Estos informes comenzaban con una valoración genérica y peyorativa del encausado y con referencias continuas a su actuación antes del 18 de julio de 1936 (participación en huelgas, sobre todo), insistiendo en su filiación política, sindical e ideológica más que en demostrar los presuntos delitos que hubieran podido cometer (asesinatos, robos, destrucción de propiedades, etc.) durante la guerra, como ocurrió en la historia que expondremos a continuación.

Las denuncias a veces no seguían el cauce reglamentario y se remitían por el denunciante directamente al juez (o a algún conocido del juez) a través de una carta postal que podía ser anónima. Ignoramos si estas informaciones que se cursaban desde el ámbito privado incidían de alguna manera en la maquinaria judicial franquista. Entre los papeles de Manuel Cubillo se conservan varias de esas misivas, como la enviada por Francisco Pallarés Moreno, que tenía 33 años en 1939. Era hijo de Luis Pallarés Delsors, presidente en 1931 de la Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de España y gran empresario oleícola de Cabra con ramificaciones en otras localidades españolas. Un hermano de Francisco, Luis, teniente de complemento, fue uno de lo militares que se sumó a la sublevación militar en Cabra, localidad colindante con Baena, en julio de 1936. El 8 de julio de 1939 Francisco Pallarés le envío una carta a su amigo Domingo Tarifa Aranda, uno de vecinos que en julio de 1936 se había atrincherado en Baena con la Guardia Civil para apoyar el golpe de Estado. En ella le decía lo siguiente:

Mi querido amigo:

Mi Padre me hace envío de una carta que en Madrid y por pura coincidencia ha llegado a sus manos.

Me es grato adjuntársela, pues aunque no cabe duda de que la justicia de Franco habrá sido aplicada al firmante de la misma y a la mayoría de las personas que en ella se relacionan, si por cualquier causa hubieran escapado de ella, ahí va la prueba irrefutable de sus ideas.

Suyo buen amigo que le abraza.

Carta Pallarés

Copia de la carta original enviada por Francisco Pallarés Moreno.

La carta que adjuntaba Francisco Pallarés había sido enviada el 29 de abril de 1932 por el anarquista baenense Juan Misut Cañadilla al periodista y escritor Mauro Bajatierra, también libertario. Este había vivido una temporada en 1930 en el pueblo vecino de Castro del Río, lo que explicaría la relación entre ambos. En la misiva le informaba de “las malas artes que vienen empleando las autoridades y alcaldes con los obreros de Baena”, pues con motivo de la última huelga habían arrestado a “33 compañeros” de los que todavía quedaban seis presos. Juan Misut no aportaba ningún dato sobre esta huelga, ni siquiera la fecha, pero resultó una de las más importantes que vivió Baena durante la II República. Se inició el día 12 de abril y terminó el 18. Fue una huelga general, alentada por los anarquistas, y declarada ilegal por el gobernador civil. Grupos de piquetes recorrieron los cortijos para que los jornaleros se sumaran al paro e impedían salir a trabajar desde el pueblo a los campos. La Guardia Civil detuvo a algunos hombres y cuando intentó trasladarlos a la Prisión Provincial de Córdoba se reprodujeron los enfrentamientos, que causaron dos heridos. Juan Misut le pedía al periodista que hablara con el diputado del Congreso José Antonio Balbontín sobre estos arrestos y le diera publicidad en la prensa. Para ello, le enviaba los nombres de los seis detenidos y los hechos de que se les acusaban, aportándole a la vez lo que él denominaba “pruebas evidentes” que acreditaban su inocencia y los abusos que se habían cometido en su detención.

Aunque, como ya hemos señalado, desconocemos si la carta enviada por Francisco Pallarés incidió de alguna manera en el destino de los seis prisioneros y del remitente, a continuación publicamos los datos que hemos podido descubrir, a través de nuestras investigaciones, de cómo les fue aplicada a ellos o a sus hermanos la “justicia de Franco” en la posguerra:

  • Antonio Rodríguez Bonilla. Sin datos
  • Antonio Bernal Cordero, 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936.
  • José Domingo Ruiz Tapias, condenado a 12 años de cárcel.
  • Rafael Pérez Colomo, sometido a expediente de responsabilidades políticas. Su hermano José, de 23 años, soldado del Ejército republicano, falleció en el frente de Villaharta el 18 de abril de 1937. Su hermano Patricio, preso en el batallón de trabajadores 128 de Navarra. Su hermano Manuel, sometido a consejo de guerra.
  • Vicente Aguilera Pérez. Sin datos. Su hermano José, de 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 5 de septiembre de 1936.
  • Antonio Moral Carrillo, de 36 años, condenado a pena de muerte que le fue conmutada. Su hermano Emilio, de 33 años, condenado a 30 años de cárcel.
  • Juan Misut Cañadillas (firmante de la carta). Preso en el campo de concentración de Castuera (Badajoz) al finalizar la guerra civil. Su padre ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936. En los años ochenta del siglo pasado vivía en Manzanares (Ciudad Real).

Los juicios que sufrieron los republicanos en la España franquista se realizaban sin garantías para los procesados. Los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno y la instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Las torturas fueron una trágica realidad en los cuarteles de la Guardia Civil y en las cárceles franquistas, no sólo con la intención de arrancar de los presos las declaraciones que sus verdugos querían, sino también con la finalidad de castigar y humillar a los vencidos, quienes no tenían más remedio que delatar a su vez al primero que se les viniera a la cabeza con tal de acabar con su suplicio. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos y lo mismo ocurría en el cuartel de la aldea de Albendín, como ya documenté de manera sobrada en mi libro Baena roja y negra.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se conserva un acta que demuestra, según las declaraciones de un testigo, que se maltrataba a los presos con la intención de forzar sus declaraciones, sin importar que estas fueran falsas. El 26 de agosto de 1939, el sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Baena, Manuel Ramón Ramón, acompañado del guardia civil Pío Zarco Castillo, interrogó a Manuel Trujillo Priego “Vizco Trampa”, un albañil de 42 años, sobre su participación en la muerte del propietario Antonio Lara Vallejo, de 56 años. Este fue uno de los ocho asesinatos que se cometieron en las calles de Baena en la zona que estuvo controlada por el Comité, formado en su mayoría por anarquistas, que se había creado en el convento de San Francisco entre el 20 y el 28 de julio de 1936.

En su declaración, Manuel Trujillo manifestó que llegaron a su casa, sobre las seis horas del 28 de julio de 1936, unos muchachos de unos 14 o 15 años, que le dijeron que de parte del Comité fuera con ellos al convento de San Francisco. Allí le ordenaron que acompañara, junto a otros, a Joaquín Rojano Montes “Jiedes” para que detuviera a Antonio Lara Vallejo. Según su declaración, el propósito de Joaquín Rojano era “asesinarlo (…) por una cuenta que entre ellos tenían”, aunque él pudo convencerlo en un principio para que no lo hiciera. Sin embargo, al llegar a lo hondo de la Velilla Baja, esquina con la calle La Loca, Joaquín Rojano le disparó a Antonio Lara un tiro mortal en la nuca. Tras la detonación, se congregó mucha gente y el cadáver fue arrastrado con una soga al corralón de Dª Marina Ariza. Allí, juntó unas hierbas y le prendió fuego al cadáver. Tras la toma de Baena por una columna militar franquista el 28 de julio, Manuel Trujillo se puso de parte de los vencedores e ingresó en un batallón de voluntarios en Córdoba durante tres meses en 1936, hasta que se dio de baja y se dedicó a la albañilería para atender las necesidades de su familia.

Junto al acta de declaración de Manuel Trujillo se recoge también la del testigo José Navarro Triguero, un campesino de 25 años, domiciliado en la calle Matías Amo. La declaración se produce ante el juez Manuel Cubillo, que le pregunta “si se afirma y ratifica en las manifestaciones que el día 26 de los corrientes ha hecho contra Manuel Trujillo Priego que obran en el acta de información que antecede y a la que se he dado integra lectura”. José Navarro respondió que no, “porque es completamente incierto cuanto en ellas afirmó y pide permiso al Sr. Juez para poder exponerle con toda claridad lo ocurrido”. Ante el juez, José Navarro manifestó textualmente, según recoge el acta, lo que sigue:

Por estar detenido fue conducido al Cuartel de la Guardia Civil y al preguntarle el domicilio, le preguntaron si había tenido conocimiento de la muerte de D. Antonio Lara Vallejo, contestando que vive en la misma calle que ocurrió el hecho pero bastante más debajo de donde ocurrió y entonces fue interrogado de si había visto quemar el cadáver y ser cierto que este hecho lo había realizado Manuel Trujillo Priego. Allí estaba presente el Manuel Trujillo Priego al que habían maltratado bastante y como me amenazaron con hacerme lo mismo, ante el temor que me inspiraba contesté que sí a todo lo que me preguntaron con el ánimo de decirle la verdad al señor juez cuando fuera preguntado.

Es lo más cierto que yo no vi a dicho individuo en absoluto ni tengo conocimiento de que haya realizado tales hechos pues solo sé lo que sabe todo el mundo que acompañaba al grupo cuando tuvo lugar el asesinato, pero de rumor público se sabe que el que disparó fue el Giedes, no pudiendo ver nada desde mi casa por que (sic) está bastante lejos del lugar del hecho y juro repetidamente que no vi a Manuel Trujillo Priego en el acto que se le imputa.

Lo que en descargo de mi conciencia tengo que exponer y ahora la justicia que obre como tenga por conveniente.

Esto expresó en ello se afirma y ratifica y leida que le fue no la firma, por lo que estampa su huella dactilar del pulgar derecho, y lo hace S. Sª de que yo el secretario doy fe.

Ignoramos el destino de los dos protagonistas de esta historia, pues a ninguno de ellos los tenemos registrado como presos en la cárcel de Baena, a pesar de que según esta documentación oficial sí lo estuvieron. De Manuel Trujillo Priego se conserva sumario de su consejo de guerra, que no he consultado, en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se abrieron las diligencias en mayo de 1939 y se cerraron en mayo de 1944, cinco años después, lo que da a entender que fue sentenciado a una pena de varios años de cárcel. A quien acusan del asesinato, Joaquín Rojano Montes “Jiedes”, fue fusilado el 8 de noviembre de 1936 en Baena. Tenía 56 años y era anarquista. De él existe una pequeña ficha en mi libro Baena roja y negra (2ª edición, página 276), en la que se recogen otros testimonios de vecinos que le imputan ser el ejecutor del crimen.

El periódico Redención se fundó en el mismo mes en que acabó la guerra civil: abril de 1939. Era el único periódico de circulación carcelaria, pues los demás estaban prohibidos, por lo que se convirtió en un órgano de propaganda de la “labor patriótica” realizada en las prisiones franquistas y en una herramienta de adoctrinamiento dirigida a presos y familiares. Durante los primeros años de existencia, el semanario publicaba informaciones internacionales, crónicas pronazis y profascistas sobre la II Guerra Mundial­ y colaboraciones periodísticas de los reclusos —a los que se persuadía para que participaran de múltiples formas— en las que se ensalzaba la política penitenciaria del régimen.

Poesía José Peña - copia

Últimos versos de la poesía de José Peña Cabezas.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se encuentra una poesía, manuscrita sin fechar por José Peña Cabezas, acompañada de la siguiente nota: “Enterado por nuestro semanario Redención del libro de poesías que va a editar la redacción de dicho semanario, y acogiéndome a las Bases o Reglas, envío estas tres pequeñas composiciones por si tienen cabida en dicho libro, confesando que no soy poeta pero muy amante de la poesía. Perdonen mis faltas”. Es de suponer que si la poesía se hallaba entre los documentos de Manuel Cubillo se debe a que el juzgado paralizó su envío al semanario. José Peña, un campesino anarquista de 35 años, que había sido uno de los directivos del Ateneo Popular de Baena en 1931, permanecía en aquel momento preso en Castro del Río, donde sería fusilado el 10 de abril de 1940. Sus versos tienen escasa relevancia literaria, aunque es obvio que sí tienen valor sentimental e histórico. Nos muestran a una persona religiosa, atormentada y arrepentida de sus ideas, no sabemos si de manera sincera o en un intento de congraciarse con el nuevo Estado franquista para así evitar o aminorar la condena judicial que le podría recaer, algo que no consiguió. Esta es la poesía que intentó publicar:

Mi Confesión y Plegaria

Luchaban noche y día /  mi subsconsciente y consciente

ver cuál de los dos podía / tener razón más potente.

Mas, mi cerebro veía, / que yo era un delincuente,

por la fatal cobardía /  del “qué dirán” de la gente.

Viendo que era un enemigo / mi subconsciente conmigo

¿trucándome? mis sentimientos / pláceme ahora el castigo

a la vez que a Dios bendigo / con mis arrepentimientos.

Mis sentimientos soñaban / que las artes y las flores

con éxtasis admiraban / en los niños sus candores.

(…) papeles seductores / que por mis ojos pasaban

con diferentes colores / poco a poco, me cegaban.

Era joven todavía /cuando esto me ocurría

venciéndome el subconsciente / robándome la alegría,

soporté una elegía / por el ¡decir! de la gente.

Pero tú, mi buen señor, / que sabes de este arcano

porque fuiste el Creador / y del mundo eres el amo.

Perdona a este pecador / que con mi fe de cristiano

implora tu dulce amor / con tu imagen entre sus manos.

Y con tu poder divino / apartarás del camino

esos punzantes abrojos; / que insensibles, los ladinos,

hacen sangrar los destinos / y llorar a almas y ojos.

Aparte de estas tres historias anteriores que hemos seleccionado de la documentación de Manuel Cubillo, existen 14 más, algunas muy breves, que también publicamos a continuación. Se refieren a casos centrados principalmente en Baena, pero también afectan a otras localidades vecinas como Albendín, Luque o Castro del Río. Bastantes quedan fragmentadas e inconclusas, sin saber cuál es su remate. Abarcan una cierta variedad de temas (apropiación de los bienes de los vencidos, denuncias, declaraciones de acusados y testigos, etc.) y se pueden leer en este enlace.

 

Ángel Cruz Rueda y la depuración de maestros en Cabra durante la guerra civil

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en la España que quedó en poder de los sublevados se inició con suma rapidez la depuración de la inmensa mayoría de los funcionarios y de los empleados públicos. El 28 de julio, la Junta de Defensa Nacional –organismo militar que asumió el poder en la zona rebelde– autorizó la suspensión inmediata de los funcionarios que no prestaran auxilio a los golpistas y, a finales de agosto, ordenó de manera específica la depuración de los maestros alegando que la escuela debía “contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir”. Estas órdenes se formalizaron con el Decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado –especie de primer gobierno franquista–, que justificaba la depuración de todo el personal docente en el Magisterio debido a que había “estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional”.

Se crearon cuatro comisiones para depurar a los enseñantes: de profesorado universitario, de escuelas de ingeniería y arquitectura, del restante personal (institutos, enseñanzas profesionales, etc.) y de maestros de educación primaria. Al profesorado se le podía denunciar por haber tenido actividad política o sindical, por su conducta privada, profesional o religiosa, o por otros motivos. Las sanciones consistían en traslados forzosos, separación definitiva del cuerpo, suspensión de empleo y sueldo, exclusión del concurso de traslados, jubilación, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Para aumentar el daño a los condenados, los separados del servicio no podrían ejercer tampoco su oficio ni asumir cargos en escuelas, academias particulares o instituciones ajenas al Estado.

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Retrato de Ángel Cruz Rueda, presidente de la Comisión Depuradora provincial del profesorado cordobés de educación primaria. El cuadro se conserva en el Museo del IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Las comisiones depuradores de maestros de educación primaria tenían ámbito provincial y se encargaban de la investigación del profesorado, la instrucción del expediente y la propuesta de sanciones. La Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en Córdoba, constituida a finales de 1936, tenía la sede en el instituto de la capital de la provincia y estaba presidida por el jiennense y licenciado en Derecho Ángel Cruz Rueda, quien se había incorporado en 1926 al instituto Aguilar y Eslava de Cabra como catedrático de Filosofía. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, ejerció de concejal en 1928, consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1929, y en 1930 se convirtió en director del centro y de la rectoría aneja del Real Colegio de la Purísima Concepción, un cargo que mantendría durante la II República. El 7 de septiembre de 1936, por nombramiento de las autoridades militares golpistas, se convirtió también en alcalde de Cabra. Durante la guerra civil ejerció, por tanto, tres funciones paralelas: alcalde (1936-1940), director del instituto (1930-1942) y presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en la provincia (1937-1939). En 1942, cuando tenía 54 años, se trasladó al Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media Lope de Vega, de Madrid, ciudad donde murió en 1961.

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José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, órgano encargado del proceso depurador en la enseñanza.

Las comisiones provinciales de depuración del profesorado trasladaban la propuesta de sanción a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, que era quien formalmente fallaba. El presidente de esta Comisión, que hacía las veces de Ministerio de Educación, era desde octubre de 1936 el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán y Pemartín, quien consideraba que había que castigar a los profesores que habían optado “por lo antinacional, masónico, judío o marxista, o los que fueron causa de la revolución”. Pemán se encargó de desmantelar el sistema educativo republicano, al que consideraba un foco de formación de generaciones anárquicas y antipatriotas. Para Pemán la depuración era una “sagrada misión” de carácter no solo “punitivo”, sino también “preventivo”, en la que no cabían ni “reprobables reservas mentales” ni “sentimentalismos extemporáneos”. La depuración del profesorado tenía como uno de sus objetivos extirpar de las escuelas la enseñanza laica o influenciada por las corrientes pedagógicas progresistas, e instaurar una educación acorde con los preceptos católicos.

En la España franquista se sancionó a un 25% de los maestros –unos 15.000, de los que unos 6.000 fueron separados definitivamente del cuerpo– y a un 38% del profesorado de enseñanza media. Gracias a la abultada información que aportan las 767 páginas del libro de Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la guerra civil, publicado en 2011, hemos podido conocer de manera muy pormenorizada cómo afectó este proceso a la provincia. En Córdoba, de los 814 maestros nacionales en plantilla en julio de 1936, se denunció a 291 (36% del total) y de ellos quedaron sancionados al menos 143. En el caso de los maestros, la Comisión Depuradora requería informes confidenciales –que servían de base para la denuncia pero que el imputado nunca llegaba a conocer– de al menos la alcaldía, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia o vecino de la localidad (en el caso de Cabra fueron dos: Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez).

Los principales denunciantes del profesorado en la provincia de Córdoba fueron las autoridades militares (185 denuncias), sacerdotes (159), vecinos (146) y ayuntamientos (130). De los maestros denunciados en Córdoba, 205 (25%) sufrieron la imputación de cargos por la Comisión Depuradora. En Cabra se imputó a entre un 25-30% de los maestros, aunque solo se sancionó a entre el 11 y el 20% de la plantilla. En cuanto al profesorado de enseñanza secundaria del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, el historiador Manuel Morente señala que, de sus 17 profesores, nueve acabaron denunciados (más del 50% de la plantilla) y tres catedráticos sancionados: Emilio Aranda Toledo (Latín), Higinio Capote Purrúa (Literatura) y el vicedirector Rafael Navarro Martín (Física y Química).

He rescatado del olvido a una familia de tres maestros de Cabra que sufrió la labor represiva de la Comisión Depuradora presidida por Ángel Cruz Rueda gracias a Carmen Menchero de los Ríos, residente en Madrid. Me ha enviado fotos, información y copias de los expedientes de depuración –que se conservan en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares– de su abuela y su tía abuela, las hermanas Carmen y Luisa Morales Durán, naturales de la provincia de Badajoz, y del marido de esta, José Flores Leña, nacido en Cabra. Su abuela Carmen estaba casada con el periodista Antonio de los Ríos Urbano, alcalde socialista de Baena en el primer bienio republicano (1931-1933) y desde el 20 de mayo al 13 de julio de 1936. Luisa se había casado en 1930 con José Flores, viudo y con dos hijos de su anterior matrimonio. La relación familiar era muy intensa, como prueba el hecho de que las dos hermanas estén enterradas juntas en el cementerio de Cabra.

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Antonio de los Ríos Urbano, alcalde de Baena durante la II República y esposo de la maestra Carmen Morales Durán.

Antonio de los Ríos Urbano, marido de la maestra Carmen Morales, dimitió de manera irrevocable de la alcaldía de Baena el 13 de julio de 1936 y se trasladó a vivir con su esposa a Cabra, donde ocho días después le sorprendió el golpe de Estado. Para escapar de la represión desatada por los golpistas, que en Cabra se llevó por delante la vida de un número estimado de 70 personas y en Baena de al menos 365, permaneció oculto como un topo en Cabra y en un cortijo de su cuñado Serapio Salas, esposo de su hermana Francisca. También contó con la protección de su hermano Adolfo, capitán de Infantería, de sus sobrinos Trujillo de los Ríos –que habían respaldado la sublevación militar en Baena desde el mismo 18 de julio de 1936– y de José Luis Pedrajas de los Ríos (este último llegó a ayudar incluso económicamente a la familia). Una pequeña biografía de Antonio de los Ríos, escrita por su nieta antes citada, Carmen Merchero, se puede leer en este enlace.

Ser esposa de Antonio de los Ríos tendría graves consecuencias para Carmen Morales Durán, maestra entonces de la Segunda Escuela Nacional de niñas de Cabra. El 26 de agosto de 1937 la Comisión Depuradora de Instrucción Pública de la Provincia –basándose en los informes preceptivos del alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón, el arcipreste y párroco de la iglesia de Santo Domingo Antonio Povedano Roldán y los padres de familia Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez– propuso a la Comisión de Cultura y Enseñanza que se la sancionara con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por “tener tendencia política izquierdista”, sin aportar ninguna prueba que argumentara esta acusación salvo su condición de esposa de un exalcalde socialista al que nunca se cita por su nombre en el expediente.

Para su descargo, Carmen Morales presentó un escrito en el que declaraba que no había podido votar en 1936 por no estar inscrita en el censo, que no había militado en partidos o sindicatos y que, además, en 1932 había donado una imagen y unos enseres a la parroquia de Santa María de la aldea de Albendín cuando ejerció allí de maestra, lo que se confirmaba con un certificado del sacerdote titular, de nombre Mateo y hermano de su marido. A pesar de todas sus alegaciones, de su buena conducta profesional y de que la maestra se hallaba alejada de cualquier actividad política y sindical, una Orden de 4 de diciembre de 1939 del Ministerio de Educación Nacional la castigó con el “traslado dentro de la provincia, no pudiendo solicitar vacantes en tres años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza”.

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La maestra Carmen Morales Durán.

El 6 de enero de 1940 Carmen Morales recurrió la sanción alegando que al acusarla de “tener tendencias izquierdistas” “abstractamente” y sin “pruebas concretas” se la privaba de cualquier “medio defensivo eficaz”. Aportó también un aval escrito del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que “durante los aciagos años de la nefasta república” la maestra había cumplido con “sus deberes religiosos”, llevaba a sus alumnos a la catequesis, había realizado donativos a la parroquia, solo se relacionaba con personas de derechas y “nada hizo, ni privada ni públicamente, reuniones, manifestaciones, etc., en que se pudieran colegir ideas izquierdistas”. La presentación del recurso nunca llevaba implícita la paralización de la sanción, así que Carmen Morales fue trasladada a La Cardenchosa, una aldea de Fuenteovejuna situada a casi 200 kilómetros de Cabra, donde la acompañó su marido. Casi cuatro años después de presentado el recurso, el 17 de diciembre de 1943, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional acordó rebajar la sanción a “inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza” “por su condición de esposa de un destacado izquierdista”, a pesar de que el Juzgado reconocía su “inhibición política” y su “excelente conducta religiosa particular y oficial”. Carmen falleció en Cabra el 8 de julio de 1973, con 84 años. Su marido, Antonio de los Ríos Urbano, que sufrió el ostracismo social y profesional por su condición de antiguo alcalde socialista, había muerto ya en Baena el 21 de abril de 1947, con tan solo 48 años. La vida de ambos ha sido llevada a una novela titulada Silencio y olvido, de la mano de Paulina Trujillo Tarifa, en 2017.

La hermana de Carmen, Luisa Morales Durán, que tenía 48 años en 1936, trabajaba también de maestra de la Primera Escuela Nacional de niñas de Cabra. En el expediente de depuración de la Comisión de Instrucción Pública, fechado el 13 de septiembre de 1937, se le imputaba, sin aportar ni una sola prueba documental y basándose solo en habladurías, de “simpatizar con los partidos de izquierda, habiendo sonado su nombre como concejal del Frente Popular”. La acusación se basaba en los informes preceptivos que habían emitido el brigada de la Guardia Civil Manuel Vargas Martos, el alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón y los padres Jaime Gálvez y Rafael Osuna Pérez. Sin embargo, todos reconocían que su conducta era “buena”, e incluso Jaime Gálvez la definía como una persona de “ideas religiosas y de derechas de siempre”. El 23 de septiembre de 1937 Luisa Morales presentó un pliego de descargo ante la Comisión Depuradora. Su defensa se basó en señalar que ella y su marido habían votado a la candidatura de derechas en las elecciones de febrero de 1936, que había soportado un sinfín de “penalidades” desde la proclamación de la República y, sobre todo, en recalcar que en su “vida tuvo relación alguna con personas alejadas de la fe católica”. Su escrito iba acompañado de un contundente certificado del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que desde 1931 Luisa pagaba su cuota mensual como miembro de la Acción Parroquial y de Acción Católica de la mujer, era catequista, “frecuentaba los Santos Sacramentos y en todo se manifiesta como persona franca y públicamente de derechas, colaborando a la vez en pro del movimiento salvador de nuestro glorioso Ejército”.

Las alegaciones de Luisa Morales sirvieron de poco, pues en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 27 de diciembre de 1939 aparece sancionada con “suspensión de empleo y sueldo por tres meses, traslado forzoso dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”. Cuatro días más tarde presentó un recurso en el que se quejaba, entre otras cosas, de que después de haber pasado la vida entera “formando generaciones que amen la Patria y adoren a Dios, por una simple calumnia se manchen cerca de treinta años de servicios a la Patria”. Aporta, en su defensa, tres certificados. Uno, de Carolina Ruiz del Portal, delegada local de la Sección Femenina de la Falange de Cabra, en el que se señalaba que era afiliada desde septiembre de 1936 y “que ha cumplido con todo lo que se le ha ordenado con gran espíritu y disciplina”. Otro, del alcalde accidental de Cabra, Antonio Lama Méndez de San Julián, que la definía también como adicta al “Glorioso Movimiento Salvador de España”. Y por último, otro del arcipreste Antonio Povedano en el que abundaba en su “buena conducta moral y religiosa” y en su condición de catequista. La reclamación de la maestra y los informes favorables solo le sirvieron para que el 16 de febrero de 1942 el juez superior de revisiones del Ministerio de Educación Nacional le rebajara la sanción a “traslado dentro de la provincia durante dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

El marido de Luisa Morales, José Flores Leña, estaba asignado a la Segunda Escuela Nacional de niños de Cabra. La Comisión Depuradora de Instrucción Pública de Córdoba le imputó, el 4 de septiembre de 1937, “haber pertenecido al Partido de Izquierda Republicana”. Como ocurrió en el expediente de su esposa y de su cuñada, ningún documento respaldaba la denuncia, y todos señalaban su buena “conducta social y profesional”. La acusación partía fundamentalmente del alcalde, Ángel Cruz Rueda, y del comandante militar, José Sánchez Pavón, aunque tanto el arcipreste Antonio Povedano –que lo identificaba como suscriptor del culto parroquial– como los padres Rafael Osuna Pérez  y Jaime Gálvez añadían también que había sido lector de la prensa de izquierdas.

El día 13 de septiembre de 1937 José Flores remitió un pliego de descargo en el que alegaba su condición de secretario de la Cofradía del Santísimo Sacramento desde el año 1929 y negaba su antigua afiliación a cualquier partido del Frente Popular –la coalición que había ganado las elecciones legislativas el 16 de febrero de 1936–, “ya que ningún cristiano puede convivir con ateos”. Solo reconocía haber militado unos meses en 1932 en el Partido Republicano Radical y nunca en Izquierda Republicana. Para ello, presentó un informe firmado el 15 de septiembre de 1937 por Francisco Rojas López, expresidente de Izquierda Republicana y alcalde de Cabra hasta que fue depuesto por los golpistas en julio de 1936, en el que negaba su militancia en este partido o en cualquier otro del Frente Popular. La Comisión Depuradora decidió entonces solicitar una ampliación de informes a la alcaldía y a la comandante militar. La alcaldía –al igual que el comandante militar Joaquín Zejalbo– indicaba que no podía justificar la militancia de José Flores Leña en Izquierda Republicana porque se destruyeron los ficheros al comienzo de la guerra, pero que era “opinión general del vecindario”, ya que era asiduo lector de dos periódicos republicanos, El Heraldo de Madrid y El liberal. Así que debido a las “simpatías por esta prensa” se le castigó, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de diciembre de 1939, con la “suspensión de empleo y sueldo por seis meses, con traslado dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

1940_DETALLE SANCION LUISA Y JOSE_Azul órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. Año V Número 1043 - 1940 abril 19

En abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese por sanción del maestro  José Flores y su esposa Luisa Morales.

El 30 de diciembre de 1939 José Flores recurrió la sanción ante al ministro de Educación Nacional, exponiendo que se daba la “rara circunstancia de que el presidente de la Comisión Depuradora era el alcalde de Cabra, que es un señor que ni conoce el pueblo, ni mucho menos al que suscribe, por no haber tenido contacto alguno por la vida retraída que el primero desarrolla, y esto le ha hecho llevarse por las insidias de primera hora que en todos los sitios existieron”, por lo que “debió, ya que se trataba de la localidad de su residencia, informarse ampliamente y no dejarse llevar por las insidias de algún interesado en desprestigiar precisamente a los que desde los primeros momentos nos prestamos con todo entusiasmo a aportar nuestro esfuerzo a favor de nuestro glorioso Movimiento”. José Flores añadió que su vida política siempre había estado “inspirada en un gran amor a España, se ha desarrollado dentro del orden y como buen católico”, hasta el punto de haber sido concejal durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. El recurso iba acompañado de unos informes, que negaban que hubiera militado en algún partido del Frente Popular y lo presentaban como “adherido a nuestro Glorioso Movimiento”. Los escritos estaban firmados por el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, por el alcalde accidental Antonio Lama y por el jefe de la Falange Manuel Camuñas Ruiz, quien certificó además que era militante falangista desde septiembre de 1936. Otros dos informes, del arcipreste Antonio Povedano y de Antonio Lama Vandelvira, teniente mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento, avalaban su “buena conducta moral y religiosa” y apuntaban que ejercía el cargo de secretario de la hermandad desde 1929.

En principio, el recurso no resultó muy efectivo porque en abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese de José Flores y de su esposa Luisa Morales. Aun así, la petición siguió su curso y en marzo de 1942, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional decidió aminorar la sanción y en su lugar dictar otra de “inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza y pérdida de los haberes que no le hubieran sido satisfechos por razón de este expediente”. José Flores murió en Cabra el 28 de enero de 1954, con 75 años.

Al igual que ocurre con los tres maestros que he citado con anterioridad, la mayor parte de la depuración del magisterio en Cabra y en la provincia de Córdoba se produjo durante los dos años de mandato (1937-1939) como presidente de la Comisión Depuradora de Ángel Cruz Rueda, que resolvió 591 expedientes, el 72 %  de todos los que se incoaron entre 1937 y 1949. A pesar de su papel represivo contra el profesorado cordobés y de su labor y de su ideología antidemocráticas, Ángel Cruz Rueda nomina en la actualidad un Colegio de Educación Infantil y Primaria en Cabra y una calle en Jaén, incumpliendo el apartado 1 del capítulo 15 de la llamada ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, que establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El 25 de febrero de 2016, el periódico Cabra Información publicó una noticia referida al colegio Ángel Cruz Rueda. Señalaba que a principios del curso 2014-2015, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía instó a la comunidad educativa del centro a que “iniciara el procedimiento necesario para cambiar el nombre (…), en cumplimiento de la Ley Democrática de Andalucía y de la ley estatal de Memoria Histórica”. Un día antes, el 24 de febrero, la delegada de Educación en Córdoba, Esther Ruiz, había visitado el colegio con motivo de los actos del Día de Andalucía. A preguntas de los medios de comunicación por el cambio de nombre –que aún no se había producido casi año y medio después de que la propia Consejería lo propusiera– respondió que “está en manos de los órganos pertinentes, del Consejo Escolar pertinente y se está estudiando siempre de una manera democrática, que es como trabajamos desde la Junta”.

El periódico añadía, en la misma noticia, que esta no era la primera vez que el asunto se abordaba en la localidad, “ya que en enero del año 2000, el Ayuntamiento en pleno bajo la presidencia del entonces alcalde andalucista Manuel Buil, rechazó con los votos del PA, PSOE y PP una moción de Izquierda Unida, presentada por su portavoz entonces Manuel Carnerero, para solicitar del organismo competente el cambio de nombre y adoptar una nueva denominación consensuada en el seno del Consejo Escolar Municipal”.

Tras la reciente aprobación, en marzo de 2017, de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se consigna de manera categórica a quién corresponde la eliminación de estas simbologías antidemocráticas, ya sea en edificios de titularidad pública o privada. Así, en el apartado 5 del artículo 32 se establece que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”. La institución titular del colegio es la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y es a ella, por tanto, a quien corresponde asumir su responsabilidad legal y actuar de oficio.

Enlaces de interés

La toma de Baena por la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE (Hugh Thomas, La guerra civil española, libro 7, ediciones Urbión, 1979, pág 69.

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE (Hugh Thomas, La guerra civil española, libro 7, ediciones Urbión, 1979, pág 69.

El artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Sin embargo, desde el día 17 de julio de 1936 muchos militares españoles se saltaron la legalidad vigente, su propio juramento de fidelidad a la República, impusieron el bando de guerra e iniciaron una sublevación que desembocaría en una guerra civil. Uno de esos militares fue el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que abanderó la rebelión militar en Tetuán. Allí recibió al general Franco cuando llegó en el avión Dragon Rapide para encabezar las tropas alzadas del ejército de África. Los generales rebeldes confiaban en el ejército de África porque contaba con unos 40.000 hombres, estaba bien adiestrado, disponía de material bélico moderno y se podía incorporar de inmediato a la lucha. Además, una buena parte de sus filas no estaban compuestas por reclutas, sino por regulares, es decir, por mercenarios moros. Las mejores tropas de este ejército estaban constituidas por legionarios, formados en las tácticas represivas y violentas de la guerra colonial, que impondrían el terror por doquier. Esta violencia indiscriminada se aplicó por el ejército rebelde desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península, los militares sublevados fusilaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a usar para conseguir el triunfo en toda España. El grueso del transporte de estas tropas desde Marruecos a la Península lo realizaron 20 aviones “Junker 52” enviados por Hitler, en lo que se convirtió en el primer puente aéreo masivo de la historia.

La primera zona de España a donde arribaron las tropas africanas fue Andalucía, donde colaboraron en la ocupación para la causa rebelde de extensas zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. A los pocos días de iniciada la guerra, el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga ya estaba actuando en Córdoba. El día 26 de julio, las tropas a su mando tomaron el pueblo de Villafranca, donde ocasionaron medio centenar de muertos entre la población civil, según el historiador Francisco Moreno Gómez. El día 28 le tocó el turno a Baena, una localidad de poco más de 23.000 habitantes, donde 230 derechistas y guardias civiles se habían sublevado el día 18 capitaneados por el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez. Resistían atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo frente al acoso de los que se oponían a la acción golpista, mayoritariamente anarquistas.

El conocido periodista Ernesto Sáenz de Buruaga escribió un artículo en El Mundo el día 11 de julio de 2015 en el que criticaba la medida de la alcaldía de Madrid de eliminar del callejero los nombres que tuvieran reminiscencias franquistas. En ese artículo dice textualmente lo siguiente:

“los militares Sáenz de Buruaga fueron honestos, leales, patriotas, buena gente y combatían en el bando de los que ganaron la guerra civil. Me siento orgulloso de mis antepasados y si tuvieran una calle me parecería un acierto. Y me sentiría ofendido si se la quitan…”.

Entre los parientes del periodista se encuentra el ya citado Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que comandaba las tropas que el 28 de julio de 1936 conquistaron Baena por medio de una serie de acciones que hoy se catalogarían como crímenes de guerra (por ejemplo, el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población). Esta toma del pueblo por las tropas de Sáenz de Buruaga la narro en el capítulo II de mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), cuya segunda edición ha visto la luz en 2013.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

.Al calor del artículo de Ernesto Sáenz de Buruaga, el periódico digital andaluces.es ha elaborado una noticia, publicada el día 19 de julio de 2015 y reproducida por publico.es, en la que narra la toma de BaenaUtiliza como fuentes, además de las investigaciones del historiador Paul Preston, extractos de mi libro de Baena y una entrevista que me realizó la periodista María Serrano el día 17 de julio. La noticia se puede ver en este enlace y ha tenido una repercusión enorme, pues durante varias horas del día se convirtió en la más leída del periódico. Su impacto en las redes sociales también ha sido mayúsculo, ya que al día siguiente de ser publicada en el facebook de Diario Público ya sumaba 259 comentarios y había sido compartida 1.390 veces.

En el artículo de andaluces.es considero que aparecen ciertas  imprecisiones, propias del lenguaje periodístico, y datos que pueden parecer en cierto modo confusos o demasiado resumidos y superficiales, así que para aclarar este tema, y quede constancia escrita, de manera documentada y basada en fuentes históricas, de lo que ocurrió en la toma de Baena por las tropas de Sáenz de Buruaga, reproduzco a continuación íntegro el capítulo II de mi libro ya citado de Baena roja y negra, que se puede leer en este enlace.

Por su hazaña en Baena el 28 de julio de 1936, Eduardo Sáenz de Buruaga fue nombrado hijo adoptivo del pueblo y recibió la Medalla de Oro de la Ciudad. El día 26 de noviembre de 2015 se presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Baena para revocar estas distinciones honoríficas junto a otras recibidas por el general Francisco Franco y el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez, quien abanderó la sublevación en Baena el 18 de julio de 1936. La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de los cuatro concejales de IU y ocho socialistas. Otros cuatro concejales del PSOE se han abstenido (el partido ha dado libertad de voto en este asunto), al igual que el único de Ciudadanos, y el PP ha votado en contra. La noticia ha tenido una amplia repercusión en la prensa, como podemos ver en los siguientes enlaces:

 

ALGUNOS DE LOS ASESINADOS POR LA COLUMNA DE SÁENZ DE BURUAGA

Francisco Pérez de las Morenas, fusilado en el Paseo el 28 de julio de 1936

Francisco Pérez de las Morenas, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, fusilado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, asesinado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

. Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón

Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón.

Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez.

Manuel Cubillo Jiménez nació en el año 1900 en el seno de una familia humilde de la localidad cordobesa de Baena. Su padre era herrero, profesión en la que él también trabajó en su juventud. Por las noches, con enorme esfuerzo y autodisciplina, se preparó por libre la carrera de Derecho, unos estudios que había comenzado tardíamente y que terminaría con 29 años. En 1936 ocupaba el cargo de secretario de la Comunidad de Labradores de Baena, desde donde al parecer colaboró en los preparativos del golpe de estado del 18 de julio. En concreto se encargó de conseguir, en los meses previos a la sublevación militar, permisos de armas para derechistas, propietarios agrícolas y guardias jurados que trabajaban a sus órdenes. Así lo indica el teniente Fernando Rivas Gómez, en un artículo titulado La defensa de Baena, publicado en 1972, durante la dictadura franquista, en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, páginas 65-66. Fernando Rivas apunta que “el teniente jefe de la Línea de la Guardia Civil, don Pascual Sánchez Ramírez, recientemente había realizado una campaña para dotar de armas a las personas de orden, procurándoles nombramientos de guardias particulares jurados, a fin de que pudieran poseer armas, tarea en la que le secundó Manuel Cubillo, secretario de la Comunidad de Labradores”.

Sáenz de Buruaga (Nuevo)

El coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga comandaba las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936.

La sublevación de la Guardia Civil de Baena, comandada por el ya citado teniente Pascual Sánchez Ramírez, contó a partir del 18 de julio de 1936 con el apoyo de un nutrido grupo de paisanos que se atrincheraron en al menos catorce puestos de defensa en la parte alta del pueblo. Sus fuerzas sumaban unos 230 hombres, entre los que se encontraba Manuel Cubillo, que ejerció su labor en el cuartel. Durante diez días se enfrentaron a un abultado número de resistentes antifascistas, en su inmensa mayoría obreros afectos a la anarquista CNT, que en respuesta a la sublevación militar se organizaron con rapidez, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban el pueblo, que entonces contaba con algo más de veintiún mil habitantes. El día 28 de julio, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, para apoyar a los golpistas, dio un vuelco a la situación. Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron una carnicería contra la población civil indefensa en las calles, las casas y sobre todo, en el Paseo, donde decenas de hombres fueron asesinados de un tiro en la nuca tras ser obligados a postrarse boca abajo formando filas en el suelo.

La consecuencia inmediata de la matanza que perpetraron las tropas de Sáenz de Buruaga cuando entraron en Baena fue la cruel venganza ocurrida en el convento de San Francisco, donde el Comité que habían creado los republicanos, compuesto en su inmensa mayoría por anarquistas, mantenía presos a bastantes derechistas y, sobre todo, a familiares de los que se habían sublevado y atrincherado con la Guardia Civil. En este asunto de los rehenes apresados en el convento de San Francisco debemos hacer dos precisiones. La primera es que esta práctica la inició la Guardia Civil el día 19 con el apresamiento de familiares de dirigentes anarquistas, y la segunda es que el Comité actuó de la misma manera pero con posterioridad, dos días después, cuando el teniente Pascual Sánchez Ramírez amenazó con asesinar a los rehenes que él mantenía en su poder. El día 27 de julio el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente Pascual Sánchez Ramírez se negó.

Hasta el día 28 de julio, se había respetado la vida de los detenidos en el convento, salvo en el caso de Antonio Galisteo Navarro. Sin embargo, la sangrienta entrada en Baena de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga causó una trágica escalada de violencia. Como respuesta a los asesinatos cometidos por los militares golpistas horas antes en el pueblo, en medio de la confusión que se vivió entonces en el edificio del convento, y después de que huyeran la inmensa mayoría de los miembros del Comité y los cientos de aterrados vecinos que se habían refugiado dentro, se produjo la masacre de los rehenes por un reducido grupo de exaltados, al anochecer del día 28, cuando las fuerzas de Sáenz de Buruaga atacaron el edificio. Según el Registro Civil y la variada documentación sobre el asunto que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Baena, en el convento de San Francisco asesinaron a 73 personas, bastantes de ellas a golpes de hacha, pues los atrincherados carecían de munición. Otras 48, entre las que se contaban 38 ilesas y 10 heridas, consiguieron sobrevivir. Entre los asesinados se encontraba la mujer de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, y tres de sus hijos: Manuel, de siete años; Marina, de cinco; y Rafael, de tres. Manuel Cubillo tenía entonces 36 años y solo le quedaron vivos dos hijos: Rosalina, de ocho años, a la que el Comité habían permitido salir del convento días antes porque se había fracturado un brazo; y Antonio, de pocos meses, que tampoco se encontraba en el edificio.

16.Los cadáveres de Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento, por orden del gabinete civil de la II División Militar, para sacarles esta fotografía que luego sería publicada con fines propagandísticos.

Los cadáveres de la esposa de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento, por orden del gabinete civil de la II División Militar, para sacarles esta fotografía que luego sería publicada con fines propagandísticos.

La propaganda franquista puso mucho interés en que los crímenes cometidos en el convento de San Francisco, debido al dramatismo que encerraban, traspasaran las fronteras de la provincia y se conocieran con rapidez en ámbitos más amplios, pues reflejaban a la perfección la imagen salvaje y sanguinaria que se quería ofrecer de los republicanos. La primera referencia fotográfica sobre los crímenes de San Francisco apareció en un librito editado en otoño de 1936 con el largo título de Estado Español. Tercer avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del centro y mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado gobierno de Madrid. Una de las fotos de Baena que aparece es la de un ataúd con los restos mortales de Concepción Pérez Baena y dos de sus hijos pequeños. Se tenía tanto interés en que esta última imagen saliera en el libro que el gabinete civil de la Segunda División Orgánica, con sede en Sevilla, llegó al extremo de exhumar expresamente los tres cadáveres, el 28 de diciembre de 1936, a los cinco meses de su enterramiento, para realizarles la fotografía.

Tras la entrada de las tropas de Sáenz de Buruaga, Baena permaneció durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamó “zona nacional”, la parte de España controlada por los militares golpistas. En un primer momento, en esta zona la represión física contra de los republicanos se ejerció a través de la aplicación del bando de guerra, que significaba el fusilamiento sin juicio previo. Al menos 365 baenenses murieron asesinados en el pueblo de esta manera durante los tres años de guerra, casi todos en el verano de 1936.

Tras finalizar la contienda el 1 de abril de 1939, la maquinaria judicial se puso en marcha muy pronto en Baena contra las 2.174 personas mayores de edad que, según el libro de presentados de la “zona roja” que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, habían huido en el verano de 1936 a la zona republicana y ahora regresaban oficialmente como vencidos. Se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías para los procesados y los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la guerra y había soportado ya una atroz represión durante tres años, todavía existieran en 1939, según el historiador Francisco Moreno Gómez, nada menos que 35 juzgados militares, unos 20 en la capital y un mínimo de 15 en los pueblos, y eso sin contar los juzgados de responsabilidades políticas y de persecución de huidos.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabada la guerra, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. A sus órdenes actuaron los oficiales jurídicos habilitados Manuel Criado Valenzuela y Luis Córdoba García, ambos abogados y secretarios respectivos de los ayuntamientos de Castro del Río y Baena. Los tres se repartieron equitativamente el territorio asignado, con una zona de acción propia, aunque la dirección recayó en Manuel Cubillo. La jefatura quedó establecida en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo.

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Manuel Cubillo Jiménez, de pie, el tercero por la derecha.

La elección de estos jueces por la Auditoría de Guerra no fue casual, pues para garantizar que la actuación judicial resultara implacable hubo bastante interés, y no sólo en Baena, en que los jueces militares fueran familiares de personas que habían padecido la represión republicana. Por tanto, uno de los principios generales del Derecho, el que impide ser juez y parte en un asunto, se conculcaba para garantizar que la imparcialidad no existiera y que primara el principio de venganza sobre el de justicia. Manuel Cubillo, como ya hemos señalado, tenía a su mujer y a tres de sus hijos entre los asesinados en el convento de San Francisco, además de al marido de su cuñada Marina, el escribiente del Ayuntamiento Juan Cassani Soler, muerto a los 33 años. Las hermanas de este también habían estado presas en el convento, y una de ellas, Victoria, había perdido allí a su esposo, Agustín Valverde Villarreal, jefe de telégrafos. La relación de Manuel Cubillo con su familia política, golpeada por la represión como él mismo, se acentuaría al casarse con su antes citada cuñada Marina, hermana de su mujer, con la que tuvo cuatro hijos más. Las trágicas circunstancias familiares que habían vivido él y su nueva esposa incidirían en su personalidad, por lo que dedicó todas sus energías a investigar las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Buscar y castigar a los asesinos de sus allegados y de los otros vecinos que cayeron víctimas de la represión izquierdista se convirtieron en un objetivo vital que pudo satisfacer en parte tras su nombramiento como juez militar. La responsabilidad moral y penal por estos crímenes cometidos en Baena la amplió, como podemos ver a través de su actuación judicial, también hacia los republicanos y la República, un régimen al que consideraba causante de la guerra civil.

La justicia militar se ejerció en Baena de manera muy dura e implacable en la posguerra: 43 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, en Castro del Río y Córdoba; al menos 121 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 202 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión.

En 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, Manuel Cubillo redactó unas páginas que dividió en dos partes. La primera parte comenzaba en junio de 1928, con la descripción pormenorizada de un viaje en tren junto a otros alumnos que iban a examinarse por libre de varias asignaturas a la Facultad de Derecho de Murcia. Entre ellos se encontraban Manuel Piedrahita Ruiz, futuro periodista y uno de los asesinados en el convento de San Francisco el 28 de julio de 1936, y el conquense Luis Rius Zunón, quien en junio de 1936 sería nombrado gobernador civil republicano de Jaén. Desde sus primeros renglones, Manuel Cubillo se nos muestra como un católico devoto, de ideología antirrepublicana y conservadora, admirador de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, orgulloso de haber sacado una carrera universitaria a pesar de sus orígenes humildes y crítico con los prejuicios sociales y las actitudes elitistas de la clase señoritil baenense.

En septiembre de 1929 Manuel Cubillo finalizó sus estudios de Derecho. Tras haber estado destinado en el Ayuntamiento cordobés de Encinas Reales, comenzó a trabajar de secretario en el Ayuntamiento de Doña Mencía –una localidad situada a poco más de una decena de kilómetros de Baena y que no llega a identificar por el nombre en sus escritos–, donde “padeció la proclamación de la República” y durante cinco meses una alcaldía comunista. “Asqueado del cariz que tomaba la política en España”, en una fecha indeterminada pero posterior a septiembre de 1931, decidió dejar su plaza y regresar a Baena para ejercer la abogacía, una profesión en la que “adquirió fe en la justicia y la perdió en los clientes”, ya que muchos de ellos ni le agradecían su trabajo ni se lo pagaban. También, “por espíritu cristiano, por espíritu de clase (…) sirvió a los menesterosos cuando su reclamación era justa” en los jurados mixtos, creados por la República a finales de noviembre de 1931 para tratar de evitar la conflictividad laboral. Estos organismos estaban presididos por un representante de la administración, formados por representantes de obreros y patronos, y se encargaban de regular las condiciones de trabajo y de sancionar las infracciones.

El haber defendido reclamaciones de los trabajadores en los jurados mixtos le supuso “el recelo de las clases pudientes, que por el solo hecho de defender a los obreros ya clasificaban al abogado en el casillero de sus enemigos”. Sin embargo, ese recelo se disipó con prontitud. Aunque desconocemos desde qué fecha concreta, en mayo de 1934 ya trabajaba de secretario de la Hermandad de Labradores de Baena, la entidad que agrupaba a los patronos agrarios y que estaba ligada a las clases altas y a la derecha, aunque Manuel Cubillo nos la presente como un “organismo apolítico”. Prueba de esa estrecha ligazón es que en estos momentos la Hermandad de Labradores la presidía Pedro Luque Garrido, concejal en el Ayuntamiento de la derechista Acción Popular, vicepresidente de este partido en Baena en 1935 y uno de los hombres que se atrincheró con la Guardia Civil en julio de 1936 para apoyar el golpe de estado.

La segunda parte del relato de Manuel Cubillo comienza en 1936, en la antesala de la guerra civil. En breves renglones nos presenta a Baena como un pueblo “envenenado por las doctrinas marxistas”, algo incierto porque en Baena imperaba el ideario anarquista entre la clase obrera desde hacía muchos años. El socialismo y el comunismo, las dos principales tendencias que bebían de las fuentes marxistas, tenían una implantación discreta, a pesar de que ejercía de alcalde del Frente Popular el socialista Antonio de los Ríos Urbano. Aun así, en aquella época era común entre las personas de ideología conservadora calificar como marxista todo pensamiento, partido o sindicato que tuviera relación con la izquierda y con la República, sin distinguir entre unas ideologías y otras.

Manuel Cubillo nos muestra a Baena en 1936 con un clima social enrarecido, en el que “el odio se respiraba por todas partes”, “el rencor crecía” y “la tragedia se presentía”. Sin embargo, no aporta ningún dato concreto que ilustre sus afirmaciones. Es cierto que el clima social en Baena resultó tenso durante el periodo de gobierno del Frente Popular, entre febrero y julio de 1936, y en otros periodos de su historia reciente, pero fue a causa de la injusta situación de los miles de jornaleros del campo, azotados por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Agravaba el panorama una estructura de la propiedad latifundista, ya que existían en el pueblo 27 fincas de más de 250 hectáreas. En un par de meses hubo dos huelgas generales: una entre el 14 y el 19 de abril y la otra entre el 20 y el 22 de junio, convocadas por la anarquista Sociedad de Oficios Varios. Los motivos principales de las huelgas fueron la negociación de las bases de trabajo y el paro, agravado por el exceso de lluvias y porque los patronos contrataban a muchos jornaleros forasteros mientras los del pueblo estaban desempleados, lo que había originado, el 4 de junio, el envío de una carta del alcalde al presidente de la patronal agraria para recordarle la obligación de cumplir la normativa legal vigente, boicoteada por algunos propietarios. Poco después, el 10 de julio una caravana de doscientos labradores acudió en masa ante el gobernador civil Antonio Rodríguez de León, de Unión Republicana, para protestar por las exigencias laborales de los obreros, que estaban entorpeciendo la recolección.

Respecto a esta conflictividad social en Baena (y en el resto de España), hemos de señalar que no solo se origina por las huelgas y las reivindicaciones laborales de los obreros, sino también y en gran medida por el boicot de la clase patronal –entre la que se incluía la Comunidad de Labradores en la que Manuel Cubillo ejercía de secretario– a las leyes agrarias republicanas y a las bases de trabajo (salarios, comidas, horarios, etc.) establecidas por los jurados mixtos. De ello da buena fe Alfonso Torrico Lomeña, nacido en 1927, que estuvo ligado a la alta administración franquista y fue autor del libro Baena durante  durante la Segunda República. Sus Ayuntamientos, publicado en 2008. En las páginas 53 y 54 señala que “el paro obrero, en muchas ocasiones obedecía más que a razones de tipo económico (…) a cuestiones personales de los propietarios contrariados por alguna reclamación o por no votar [el obrero] la candidatura indicada; en definitiva, por motivaciones políticas (.) La iniciativa, en la contratación, siempre estaba en manos del patrono. Al ser la oferta de trabajo abundante, aquel [el patrono] siempre imponía sus condiciones, salvo en época de cosecha abundante”.

De la intransigencia patronal nos informa también uno de los líderes sindicalistas de Baena durante la República, Juan Misut Cañadilla, que remitió en enero de 1983 una detallada carta sobre este asunto al historiador Francisco Moreno Gómez. Este la publicaría íntegra en las páginas 363-365 de su obra 1936: el genocidio franquista en Córdoba, y de ella hemos extraído estos párrafos en los que se muestran la sumisión y la explotación que sufrían los obreros:

“Aquellos señores que … se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús … escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas, y preferían pagar cinco mil duros a un abogado antes que un real a los jornaleros (.) Con esta patronal teníamos que luchar para conseguir una pequeña mejora en la situación caótica de los trabajadores del campo. Ellos [los patronos] tenían el poder, la influencia (aún con la República) y el dinero; nosotros solo teníamos dos o tres mil jornaleros a nuestras espaldas, a los que teníamos que frenar, pues la desesperación de no poder dar de comer a sus hijos hace a los hombres fieras” (.) En las pocas veces (dos o tres) que fui en comisión a discutir con la patronal, jamás se puso en el tapete otra cuestión que la salarial; no se hablaba nunca de la comida ni de las horas de trabajo, pues todo iba incluido en el Artículo ‘Usos y costumbres de la localidad’, que no era otra cosa que trabajar a riñón partido de sol a sol, o ampliado por los capataces lameculos, desde que se veía hasta que no se veía”.

Manuel Cubillo nos transmite, nada más comenzar la segunda parte de su relato, uno de los grandes mitos históricos del franquismo: que el asesinato de José Calvo Sotelo, al que considera un “proto-mártir”, estuvo “organizado por los poderes” y fue el detonante último del enfrentamiento civil. Calvo Sotelo era uno de los líderes de la extrema derecha monárquica y en dos ocasiones, a mediados de junio y el 1 de julio, ya había hecho alarde público del fascismo en las Cortes. En la noche del 12 de julio de 1936 unos pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Tejada, y dos meses antes, otro amigo del teniente, el capitán Carlos Faraudo, había muerto en las mismas circunstancias. Varios compañeros suyos decidieron vengar a las pocas horas su asesinato, así que detuvieron a Calvo Sotelo. Cuando estaba siendo trasladado a la Dirección General de Seguridad uno de los guardias lo mató de repente de dos disparos. Aunque el sucesor político de Calvo Sotelo, el conde de Vallellano, denunció el día 15 de julio en la Diputación Permanente de las Cortes el asesinato de Calvo Sotelo como un “crimen de Estado”, el Gobierno no estuvo implicado en el asunto, ya que el Consejo de Ministros condenó el asesinato, declaró que habría una investigación pública y detuvo a varios guardias de asalto.

Tampoco el asesinato de Calvo Sotelo causó o precipitó la guerra civil. Cuando se produjo, los militares conspiradores llevaban meses preparando la sublevación. De hecho, las famosas instrucciones del general Emilio Mola, el “director” de la conspiración, a los demás conjurados tienen fecha de mayo de 1936 y hacía un mes que estaba contratado el avión británico, el Dragon Rapide, que llegaría a Las Palmas de Gran Canaria el día 14 de julio para transportar a Franco al Protectotado de Marruecos, donde iba a ponerse al frente del Ejército rebelde de África. La fecha del inicio del golpe de Estado quizás esté más relacionada, como ha señalado el historiador Ángel Viñas, con los contratos que los monárquicos españoles, con el probable conocimiento de Calvo Sotelo, firmaron el 1 de julio con la Italia fascista de Mussolini para comprar una enorme cantidad de material bélico (aviones, bombas, ametralladoras, proyectiles, etc.) que serviría para apoyar la campaña bélica que preparaban. Aunque Manuel Cubillo nos hable de que la rebelión militar tenía como fin la defensa de la patria ante el “poder extranjero que subyugaba a España”, son precisamente los golpistas los primeros que estaban aliados desde hacía tiempo con una potencia extranjera para que interviniera en nuestro país –los contactos de la extrema derecha española con la Italia de Mussolini comienzan en 1934–, con lo que acaban pecando de lo que acusaban falsamente a la República.

Manuel Cubillo indica que “no sabía nada del movimiento que se preparaba, pues siempre viví alejado de la política”. Esto contrasta con lo que afirma el teniente Fernando Rivas en el artículo que citamos al principio y con algunas de las amistades que frecuentaba, al menos en Jaén. Durante su visita a la ciudad, dos días antes del golpe de estado, para defender ante el gobernador civil los intereses de unos amigos suyos labradores en Alcaudete, su acompañante era falangista. Y habla también del tropiezo con “un buen amigo”, Carmelo Torres, jefe local de la Falange en la ciudad, que dedicó buena parte de su inmensa fortuna a la divulgación de las doctrinas de José Antonio Primo de Rivera. Carmelo Torres pertenecía, junto al presidente de la Federación Provincial de Labradores y otros falangistas, a la “Junta del Alzamiento” que se había constituido en el mes de junio de manera clandestina en Jaén para apoyar el levantamiento militar, según indica el historiador Luis Miguel Sánchez Tostado..

En sus escritos, Manuel Cubillo aborda también la sublevación de la Guardia Civil en Baena el 18 de julio de 1936, el apoyo que le prestan algunos civiles como él, y los avatares que sufren durante los enfrentamientos. Cita la masacre del convento de San Francisco y la muerte allí de sus familiares, pero no hace referencia a los asesinatos –que él debió presenciar en parte– cometidos con anterioridad por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y la feroz represión que se desata a partir de ese momento en Baena, un fenómeno que se prolongará hasta avanzada la posguerra. En páginas posteriores, tampoco encontramos ninguna alusión a su oficio de juez militar. Ese olvido de las víctimas causadas por los que habían combatido en su mismo bando y también la ocultación de su propio protagonismo en la justicia militar franquista contrasta sobremanera con el párrafo último de sus escritos, que es una llamada imperativa al recuerdo del “proto-mártir D. José Calvo Sotelo y de todos los caídos de la Cruzada”.

Manuel Cubillo indica que no guarda rencor hacia los asesinos de los suyos. Sin embargo, en 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, sí se nos muestra dolorido por el trato que le habían dado los que lucharon junto a él durante la contienda y lamenta que tanto la Comunidad de Labradores como el Estado no le hayan agradecido su “sufrimiento por España”. Ante tanta ingratitud, solo se siente bien pagado por Dios, que lo ha bendecido con una nueva familia y con un “caudal de fe”. De manera pesimista y bastante amarga, concluye que la sangre de sus familiares no ha servido para conseguir la paz social y para que…

“los hombres fueran más buenos y las futuras generaciones más felices (…) Las clases pudientes no han aprendido la lección. El egoísmo de unos y el odio de los otros aún están latentes, y la brecha sigue abierta (…) También veo conductas de nuestra parte sembradoras de nuevas discordias, al burlar los preceptos de las leyes sociales protectoras de una clase a la que falta todo, en beneficio de otra clase a la que todo le sobra, y ante este contraste, el dolor del sacrificio me duele más, porque lo peor del sacrificio es que sea estéril”.

Los escritos de Manuel Cubillo Jiménez, que murió en 1973, me los ha proporcionado su nieto Gabriel Caballero Cubillo, miembro de la familia que más sufrió la represión republicana en Baena durante la guerra civil (cuatro familiares por parte de la madre y dos por parte del padre murieron asesinados en el convento de San Francisco). Debo agradecerle que me haya aportado también alguna información personal sobre su abuelo y unas fotografías que me ha ayudado a completar estas páginas. Además, me ha entregado una variada documentación judicial que conservaba y que con probabilidad será materia de una nueva entrada de este blog. Los escritos íntegros de Manuel Cubillo Jiménez, con notas al pie redactadas por mí, se pueden leer pinchando en este enlace.

Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil en Albendín en 1936

 Nota previa: en noviembre de 2014, esta entrada del blog, revisada y ampliada, se ha publicado en formato libro. El texto se puede leer en este enlace.

La rebelión contra la República comenzó en Córdoba sobre las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División, recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas de los rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

El teniente Pascual Sánchez Ramírez en la foto aparece con el grado de coronel).

El teniente Pascual Sánchez Ramírez (en la foto aparece con el grado de coronel).

    En Baena, en la trama golpista jugó un papel decisivo el teniente Pascual Sánchez Ramírez, quien había servido en Marruecos y desde el Tercio de la Legión se había reintegrado en la Guardia Civil con el grado de teniente. El perfil de Pascual Sánchez se correspondía con el de otros muchos militares que apoyaron el golpe de Estado, del que eran vivos ejemplos los generales Francisco Franco, Emilio Mola o Juan Yagüe, o el coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga, quien mandaría las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936, ya comenzada la guerra civil. Se les llamó “africanistas” porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del Ejército español, estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos italiano y alemán: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.

    La sublevación se inició en Baena en la tarde noche del sábado 18 de julio, cuando se organizaron patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el ayuntamiento, el edificio de la telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un auténtico ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. El día 28 de julio los sublevados estaban próximos a sucumbir. La entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos, que intentarían de nuevo la conquista del pueblo el 5 de agosto, cuando el general Miaja ordenó un ataque a Baena. No obstante, la orden de retirada recibida por los republicanos el mismo día 6 por la mañana permitió que Baena quedara ya durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

    Baena tenía una aldea, Albendín, en la que existía un cuartel con seis guardias y un cabo comandante de puesto, Manuel Hernández González. Este, al producirse el golpe de Estado, en apariencia cumplió con las órdenes que le trasmitía su superior, el teniente Pascual Sánchez Ramírez, de manera que para apoyar la sublevación el 19 de julio por la noche se trasladó a Baena, donde permaneció concentrado junto a los guardias de Albendín. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 23 de agosto el teniente Pascual Sánchez arrestó al cabo dentro del propio cuartel y envió al día siguiente una denuncia contra él a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, según se recoge en el sumario de su consejo de guerra que se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa 259/36, legajo 243, expediente 4.051).

    En el escrito de denuncia, el teniente Pascual Sánchez indicaba que por “confidencias fidedignas que me merecen todo crédito de elemento civil y además por propia observación” había detectado que la conducta del cabo Manuel Hernández no correspondía “a un Cuerpo de su categoría y que viste un uniforme de un Cuerpo tan fiel y noble como el nuestro (…) y que en los distintos servicios que le fueron encomendados no desplegaba la actividad y el valor que en las circunstancias presentes se requieren”. Señalaba que el día 5 de agosto, cuando el general Miaja atacó Baena, en el edificio de la Sub-brigada Sanitaria Manuel Hernández aconsejó a los defensores que no disparasen con el fin de pasar desapercibidos, “con lo que mostró cobardía o sentimiento a [sic] herir al enemigo, con el que parece que simpatiza”. El teniente lo acusaba también de decir “que no se deben acatar más órdenes que las que emanen del gobierno legalmente constituido en Madrid”, de escuchar las noticias transmitidas por Unión Radio Madrid (en manos de los republicanos) y de ver “con desagrado” que sus subordinados escucharan las emisiones de Radio Sevilla o Córdoba (controladas por los militares sublevados) y leyeran ABC, Guión y “otros periódicos de significación derechista”. Por último, el teniente apuntaba que tanto Manuel Hernández como su esposa habían proferido frases como “aún no se sabe de quién será el triunfo, la bola anda en el tejado, la Unión Radio Madrid es la que dice la verdad” y otras por el estilo que “aminoran la moral de militares y civiles” y quitan “la fe ciega que en el triunfo de nuestra causa todos tenemos puesta”. Por estos motivos, al considerarlo “como individuo peligroso en esta plaza”, había decidido detenerlo y ponerlo a disposición del jefe de la Comandancia de Córdoba, quien trasladó la denuncia al teniente Manuel Cañas Montes para que recabara información de los hechos.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Tras tomar declaración a varios testigos, guardias civiles y paisanos, el teniente Manuel Cañas Montes elaboró un acta en la que confirmaba las acusaciones que había vertido el teniente Pascual Sánchez contra el cabo Manuel Hernández, y añadía otras, como que sus amistades eran de izquierdas, que el día 19 de julio había respondido a los guardias que habían ido a trasmitirle que impusiera el estado de guerra en Albendín que “a lo que habían ido allí era a revolucionar el pueblo y que el movimiento era una rebelión contra el Gobierno constituido”, que había dejado alojada a su familia en Albendín con una familia de “significación extremista” en vez de trasladarla a Baena, y que había avisado a los directivos del Centro Obrero de Albendín para que huyeran antes de ser detenidos. Por todo ello, calificaba a él y a su esposa como “simpatizantes con el Frente Popular” –la coalición de republicanos e izquierdistas que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936– y estimaba que “era peligrosa su permanencia en el cuerpo” de la Guardia Civil. En vista del informe, el comandante de Artillería y juez instructor de la causa, Juan Anguita Vega, el 12 de septiembre se ratificó en la culpabilidad del cabo y decidió su procesamiento, lo que fue aprobado por el auditor de guerra de la II División Militar. Sobre las acusaciones que se vertían sobre él, el cabo Manuel Hernández concluyó que eran “inciertas y que las atribuye a una venganza colectiva del puesto que él mandaba por haber desde el primer momento en que se hizo cargo del mismo obligado a todo el personal a sus órdenes a cumplir fielmente sus diversos cometidos dentro de la estricta ordenanza que él era el primero en cumplir”, y que creía no “haber tenido tibieza en el servicio por cuanto se le ha instruido un expediente de recompensa por la defensa del Ayuntamiento durante el primer asedio”.

    La vista del consejo de guerra se celebró en Córdoba el 10 de mayo de 1937, a las 10 de la mañana, en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial. El fiscal, Antonio Díaz Rodríguez, solicitó para Manuel Hernández la pena de muerte por “adhesión a la rebelión” mientras el defensor resaltó su hoja de servicios y pidió la absolución. Manuel Hernández rogó al tribunal, presidido por el teniente de Caballería Antonio Gómez Romero, que “meditase antes de dictar sentencia para no incurrir en error judicial dado lo irreparable de la pena solicitada”. Fue condenado a cadena perpetua, lo que suponía su expulsión de las filas de la Guardia Civil. Padeció cárcel durante casi seis años, hasta el 30 de mayo de 1942, cuando una revisión de la condena le permitió salir en libertad condicional.

   El cabo Manuel Hernández fue víctima de lo que se ha denominado “justicia al revés”, que significaba que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. No obstante, se convirtió en un privilegiado al ser procesado, ya que durante 1936 y los comienzos de 1937 cualquier oposición al “Glorioso Movimiento Nacional” o cualquier infracción del bando de guerra se castigaban con el fusilamiento sin proceso judicial previo. En aquellas fechas, pocas víctimas pasaron por consejos de guerra –aunque estos juicios solían ser farsas sin garantías jurídicas para los acusados–, salvo los militares que no habían secundado el golpe de Estado o personas muy significadas.

    Manuel Hernández se encontraba preso en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Córdoba desde el día siguiente a su detención en Baena, el 23 de agosto de 1936. Comienza entonces a escribir unas cuartillas, “cual náufrago que en los postreros momentos de su vida deposita en el interior de una botella los angustiosos gritos de sus últimas llamadas”. En junio de 1942, al ser liberado, las mecanografía “sin quitar ni poner nada” de lo que había escrito con anterioridad. Las denomina Páginas Confidenciales y ocupan 23 folios. Al empezar a redactarlas en los calabozos, se lamenta de las numerosas dificultades que se interponían para hacerlo: lo “aventurado que es ‘decir lo que siente sin sentir lo que se dice’ en ciertos sitios”, el “estado depauperado” de su organismo, “el embotamiento mental del espiritualmente arrinconado entre tanta gente”, la carencia del “consuelo de un pecho amigo que recoja las quejas de su oprimido corazón”, o algo tan simple como la falta de libros y de una mesita para apoyarse al escribir. Según manifiesta en el preámbulo, el principal objetivo de sus páginas, que dedica a sus hijos como un “espiritual legado”, “es que me ‘sobrevivan’ y lleguen a manos de los míos si sucumbo antes de encontrarme entre ellos”.

    La gran mayoría de sus páginas son reflexiones políticas, sociales y filosóficas –a veces muy enrevesadas y de carácter genérico–, y algunas poesías dedicadas a sus hijos (Guadalupe, Pilar, Maruja, Manolo y Pepín), no obstante también hay espacio para lamentarse de lo que él denomina “mi calvario”. Así, la noche de su detención en Baena la rememora, como una tragedia personal y familiar, de la siguiente manera: “Aquella noche de triste recordación, el edificio que levantara mi laboriosidad en el servicio, mis desvelos en el estudio, mi probidad en la conducta, y tantos años de esperanzas en lo que constituía el brillante porvenir de mi modesta carrera, se derrumbó en un segundo; y bajo los catastróficos escombros de mi desdichada suerte, vi aplastada también la suerte de los míos”.

    El 19 de junio de 1937, Manuel Hernández dejó de pertenecer a la que él llama “institución querida”, al ser expulsado de la Guardia Civil por la sentencia del consejo de guerra. Al día siguiente lo sacaron de los calabozos del cuartel y tuvo que cambiar “un uniforme honroso y honrado durante 19 años, por el traje de paisano” –en la guerra y la posguerra los presos no usaban uniforme carcelario–, con el que fue ingresado en la Prisión Provincial de Córdoba aquella misma mañana. Permaneció allí solo seis días, hasta que el día 27 entró en la Prisión Central de El Puerto de Santa María. El traslado se explica porque el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de sus domicilio (lo que se llamó “turismo penitenciario”). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquellos años de miseria y escasez.

    Manuel Hernández dedica los dos últimos folios mecanografiados de sus Páginas Confidenciales  a su recorrido penitenciario. Este apartado es el más interesante desde el punto de vista histórico, ya que hay referencias a sus padecimientos en las cárceles franquistas. A partir de este momento desaparecen sus inquietudes intelectuales, se encuentra derrotado física y moralmente, y solo escribe frases escuetas. Las necesidades primarias se imponen y la única obsesión, ante tanta hambre, es la comida. Su estancia en la prisión de El Puerto de Santa María, primero en el periodo de cuarentena en las celdas y luego su internamiento en las brigadas, la describe así:

Admirable período de observación en celda el de esta prisión. No sabe uno si es un hombre, o si se ha vuelto una fiera. Lo que sí sabe con certeza es que se halla enjaulado y que por entre los barrotes de la jaula le será entregado el plato con una ración de rancho tan ligero y exento de grasas que le evitará las molestias de una indigestión. Durante los veinte o treinta días que viene a constituir este periodo, no se puede hablar, echarse de día sobre el petate, leer, escribir –como no sea una tarjeta semanal–, pasear, ni fumar. Dormir, en los meses de verano, puede hacerse cuando empieza a clarear el día, que es cuando las chinches emprenden la retirada –paredes arriba–  después de haberle chupado a uno la sangre toda la noche. Después la salida de celda y el pase a brigadas, o sea grandes dormitorios con numeración correlativa, y la vida de patio, o lo que es lo mismo, que se sale al toque de diana de la brigada y no se vuelve a entrar en ella hasta el toque de retreta.

    El 9 de agosto de 1938, junto a una numerosa expedición de quinientos presos, Manuel Hernández fue conducido la prisión de El Dueso, en Santoña (Cantabria), adonde llegó el día 11 y permaneció más de tres años. Aquí su situación empeoró de manera considerable, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Hemos de tener en cuenta que en España el número de presos en 1940 alcanzó los 270.719, según las cifras aportadas por el propio Ministerio de Justicia. Para los internos en las cárceles, el hambre era una constante, con dietas hipocalóricas y menús basados en berzas forrajeras. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban casi abocados a la muerte.

    En 1941 las cifras de mortalidad de los reclusos se dispararon hasta cotas nunca conocidas en la historia penitenciaria española. Es lo que el historiador Francisco Moreno Gómez ha llamado “Auschwitz franquista”. En la cárcel de Córdoba, de los 3.500 o 4.000 presos existentes ese año, fallecieron 502 por tifus y hambre. En la de El Dueso, en un solo día, el 9 de enero de 1941, hubo 53 muertos de hambre, según el historiador Eutimio Martín, y los fallecimientos aquí eran diarios. Con ese panorama tan dantesco, Manuel Hernández se encontraba con el cuerpo “agotado (…) por las privaciones excesivamente prolongadas y acosado por la miseria, triste, infinitamente triste”. Junto al hambre, el frío se convirtió en otro de sus sufrimientos. Era obligatorio que los grandes ventanales de la prisión, colocados a la altura de alrededor de un metro del suelo de las salas, estuvieran abiertos de par en par día y noche durante todo el año, incluso en época de inclemencias meteorológicas, lo que causaba enfriamientos y enfermedades pulmonares que muchas veces acaban con la vida de los reclusos. Los fallecidos por enfermedades y hambre eran enterrados en un cementerio visible desde el penal, situado en la playa aneja de Berria, en el que Manuel Hernández fija su mirada en reiteradas ocasiones. Los años 1941 y 1942 hacen mella no solo en su cuerpo, sino en su estado de ánimo, cada vez más abatido y fúnebre, según podemos extraer de su relato:

El año 1941 va tocando a su ocaso. He pasado otra Nochebuena más en este Penal del Dueso. Mala para mí porque ni el paquete con algún extrordinario familiar ha llegado a tiempo.

La “brigada” en que estoy tiene un ventanal muy amplio con vistas al mar. Este mar Cantábrico de furioso oleaje, que parece tener como fin único avanzar sobre la playa, para arrastrar hacia el abismo el pequeño cementerio donde yacen los que deben su liberación a la muerte. La avitaminosis que a pasos agigantados va depauperando y restando fuerzas a mi organismo me hace temer un fin desastroso entre esta gente ingrata que no me quiere bien, y a la cual aborrezco con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Y yo que lo creía incapaz de odiar!

Año de 1942. Día de Reyes, la noche que le sigue y el imborrable recuerdo de que hace dos años el simple hecho de acercarme a la ventana para satisfacer ineludible necesidad y el fusil disparado por el brutal automatismo de un centinela me hubieran costado la vida, al no detener y desviar la bala mi Ángel tutelar en forma de barrote de la ventana citada.

Quiero marchar de aquí. Quiero marchar de aquí, aunque sea sin perder la bochornosa calidad de preso en conducción, porque tengo frío, mucho frío, en esta isla apartada y neblinosa; y miedo de morir para ser enterrado en ese camposanto que las aguas de este enfurecido mar salpican, donde no puede uno tener ni la postrera ilusión de que su tumba florezca un día bajo las lágrimas de un ser querido (.) Por eso he solicitado –sin fuerzas apenas para sostenerme en pie– trabajar… en cualquier oficio, como ayudante de fragua, donde quiera que se me destine.

    Manuel Hernández vio una salida a su penosa situación en el sistema de redención de penas por el trabajo, que las autoridades franquistas habían comenzado a aplicar en enero de 1939. Consistía en la explotación laboral del preso a cambio de un pequeño sueldo y de la rebaja del tiempo de prisión por día trabajado. Una de las modalidades de trabajos forzados eran las colonias penitenciarias militarizadas, y consiguió que lo destinaran a la 5ª Agrupación, que emplearía a 1.250 reclusos a partir de enero de 1942 en la reconstrucción de la academia de Infantería de Toledo. El 19 de enero salió, con varios más, en un viaje con diversas etapas hacia la Prisión Habilitada de Toledo, adonde llegó el día 30. El 2 de febrero recibió una “sorpresa inenarrable”: su condena se había revisado y se había reducido a 12 años, por lo que se empezó a formalizar el expediente de libertad condicional. El franquismo ya había iniciado en enero de 1940, con la creación de las Comisiones de Examen de Penas, un proceso de excarcelaciones, de concesiones de libertad vigilada y de indultos, debido entre otros motivos a la necesidad de mano de obra libre para la reconstrucción del país, a los importantes gastos que suponía el abultado número de presos y a la amenaza de colapso administrativo del organigrama judicial y penitenciario. El anuncio de que podría salir en libertad condicional, tras tantos años de presidio y padecimientos, llenó de inquietud e incredulidad a Manuel Hernández:

 ¿Será cierto? ¿No se tratará de una confusión de nombres? –me pregunto durante diez días seguidos–. Pasan días y más días, comiendo poco; y noches y más noches, durmiendo menos, unidos a la febril impaciencia de tales casos y a mi extrema debilidad, que me hacen temer que cuando la ansiada libertad llegue pueda ser tarde (…) Mi cuerpo se consume en la prisión, pero mi alma ya no está en ella. Vaga de aquí para allá, haciendo miles de proyectos con la erección de castillos que la ilusión crea y un recuento de posibilidades destruye, alternativamente.

    La libertad le llegó el día 30 de mayo de 1942, cuatro meses después de que se la anunciaran. Antes de salir de la prisión escribió un par de párrafos de despedida, entre los que se encuentra este, en el que se define como un hombre con la conciencia limpia y como un patriota:

 No sé si terminará pronto mi vida; pero sí sé que cuando esto ocurra será fuera de esos antros ominosos en que ingratas convivencias contribuyeron a consumirla. Ni cuando antes entré, ni cuando ahora salgo, tenía ni tengo peso alguno en mi conciencia. Patriota era, y patriota soy (…) No llevo el corazón cargado de odios que lo empequeñecen, pero sí del más absoluto desprecio, tanto para los que han cercenado con su visible mala fe muy cerca de seis años del calendario de mi vida, como para los que durante el mismo tiempo hallaron gozo en mis amarguras.

    A primeros de junio de 1942, Manuel Hernández ya pudo reencontrase con su familia en el pueblo cordobés de Almodóvar del Río, adonde su mujer, oriunda de allí, se había trasladado con sus cinco hijos para buscar el amparo de sus padres. Según el testimonio de su nuera (recogido en mayo de 2014), Ana Rodríguez Martínez, durante un tiempo padeció frecuentes cólicos, pues su organismo, golpeado por la falta de alimentos, soportaba mal una dieta normalizada. Para ganarse la vida, se dedicó a dar clases particulares (aunque era autodidacta, poseía una cultura muy elevada para la época), trabajó de escribiente en una empresa y se colocó como empleado de vías y obras de RENFE, en la estación sevillana de Los Rosales, situada en el municipio de Tocina. Su personalidad se volvió más introvertida, aunque siguió siendo muy cariñoso con los suyos, noble y ordenado. Se refugió en la lectura, en su afición a la música clásica y en sus retiros al campo. Murió en Almodóvar del Río el 7 de octubre de 1969, a los 75 años. Con la llegada de la democracia, su viuda, Pilar Muñoz Navas, solicitó en diciembre de 1977 al capitán general de la II Región Militar que le aplicaran a su esposo los beneficios de la Ley de Amnistía promulgada en octubre, lo que le fue concedido el 17 de enero del año siguiente.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en julio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en junio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

    Aparte de las 23 páginas que Manuel Hernández redactó en la cárcel durante sus casi seis años de cautiverio, escribió otras 24 a los pocos días de que lo liberaran, en junio de 1942. Fueron un enorme desahogo vital porque, a pesar de que se encontraba muy débil por las penalidades y el hambre, quería contar, cuanto antes y ya sin censura carcelaria, lo que él realmente había vivido desde su llegada a Albendín en enero de 1935 hasta que salió de la cárcel en mayo de 1942. Estas páginas, que también tituló Páginas Confidenciales, tienen un valor histórico extraordinario, pues aportan fechas, personajes y datos recogidos por un testigo presencial que conservaba una memoria muy precisa y cercana a los hechos. En estas nuevas páginas, Manuel Hernández se nos muestra con unos fuertes principios morales, fiel a la República y conocedor de que la sublevación del 18 de julio era un movimiento ilegal. Como miembro de las fuerzas de orden público y servidor de la ley, sabía que las autoridades militares regionales o provinciales legalmente no podían declarar el estado de guerra, pues eso iba en contra del artículo 42 de la Constitución de 1931 y del capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933, que otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Por eso, no duda en calificar al golpe de Estado como “movimiento subversivo” y a sus seguidores como “rebeldes”. Era consciente, además, de que aunque la sublevación militar se producía con el pretexto de que había que evitar una supuesta revolución, lo que en realidad haría sería desencadenarla y romper la convivencia, y en eso no se equivocó.

    Entre las informaciones más interesantes que aporta Manuel Hernández en estas nuevas Páginas Confidenciales se encuentran las relativas a la represión, aunque por desgracia no son las más detalladas. Las “instrucciones reservadas” previas que el “director” de la conspiración militar, el general Emilio Mola Vidal, había dado por escrito dos meses antes de la sublevación para que la acción golpista fuera en “extremo violencia” y para que se aplicaran “castigos ejemplares” encontrarían un amplio eco en Baena. Hasta ahora, en cuanto a crímenes masivos cometidos por los militares rebeldes conocíamos solo la matanza del día 28 de julio de 1936 en el Paseo, tras la entrada de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga, cuando se asesinó con un tiro en la nuca a decenas de vecinos obligados a permanecer boca abajo en el suelo de la plaza. Pero según el testimonio de Manuel Hernández hubo otra masacre similar, que ignorábamos, en la mañana del día siguiente, en el mismo sitio y con los mismos parámetros, contra muchos de los que habían estado apresados en el edificio del ayuntamiento.

    Como testigo de los hechos, pues casi llegó a participar en un fusilamiento, Manuel Hernández nos habla de que el cuartel de la Guardia Civil de Baena se convirtió en un “centro policíaco” donde se apresaba, se torturaba y se decidía sobre la vida y la muerte, sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos de los que iban a ser asesinados. En los primeros meses de la guerra, los comandantes de puesto de la Guardia Civil, como el teniente Pascual Sánchez Ramírez, disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas y poseían la máxima autoridad en materia de orden público, sin tener que dar cuentas a nadie. Y en Baena no faltaron verdugos voluntarios entre militares, fuerzas de orden público y paisanos para colaborar en estas tareas. Con estos precedentes no es de extrañar, por tanto, y según mis investigaciones, que el número documentado de víctimas mortales de la represión franquista en Baena durante los tres años de guerra sea de 366 (una cifra mínima sujeta a futuras revisiones) en un pueblo que en aquella época tenía algo más de 23.000 habitantes, frente a las 99 vidas que segó la represión republicana. Por el momento, Baena, con al menos 445 muertos, es el cuarto municipio de la provincia de Córdoba en víctimas mortales causadas por el franquismo en guerra y posguerra, tras Córdoba capital, Puente Genil y Fuenteobejuna.

Manuel Hernández, su mujer y sus hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar,Pilar (monja) y Guadalupe.

Manuel Hernández, su mujer y sus cinco hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar, Pilar (monja) y Guadalupe.

    Mientras unos se dedicaban a matar, Manuel Hernández se jugó la vida por salvar a otros, como al alcalde pedáneo y a la decena de directivos del Centro Obrero de Albendín, un pueblo a cuyos habitantes califica de “honrados, laboriosos y pacíficos” y a los que llena de elogios cada vez que los nombra. Es evidente que su inteligente actuación en la localidad y sus calculadas maniobras ante sus mandos superiores evitaron que Albendín sufriera la represión de los golpistas y se viera inmerso en un baño de sangre como el que padeció Baena en el trágico verano de 1936. La conducta humanitaria de Manuel Hernández en aquellos días estuvo movida por unos principios morales y políticos acentuados. Políticamente sabemos que era una persona de ideología republicana, lector del diario Ahora, un periódico que mantenía una línea de tono centrista moderado con la que comulgaba. De los valores morales que profesaba, cada cual puede sacar sus propias conclusiones tras leer sus Páginas Confidenciales.

    Los escritos de Manuel Hernández, al igual que un par de fotos en las que aparece, me han sido facilitadas en abril de 2014 por su bisnieto, José Manuel Hernández Morales. Como de las páginas que escribió en la cárcel ya hemos dado cumplida referencia con anterioridad, a continuación solo reproducimos íntegras las que redactó al ser liberado en junio de 1942. Llevan notas al pie, elaboradas por mí, para ayudar a entender o explicar determinadas informaciones, muchas de ellas ya conocidas porque aparecen publicadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). Las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández González, en formato PDF, se pueden leer en este enlace.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

  • Artículo publicado en los periódicos digitales andaluces.es y Diario Público sobre la versión en libro de esta entrada del blog.
  • Reseña del libro sobre Manuel Hernández González, redactada por Rafael Pimentel Luque, publicada en la revista oficial Guardia Civil, nº 860, diciembre de 2015.
  • Tras la publicación en formato libro de las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández, la obra se ha presentado, con la colaboración de los respectivos Ayuntamientos, en Albendín (28 de diciembre de 2014), Baena (23 de febrero de 2015) y Almodóvar del Río (25 de febrero de 2015).
  • Con motivo de la presentación del libro en Almodóvar del Río elaboré, a partir de la bibliografía existente, un listado de víctimas de la represión en este municipio que puede consultarse en este enlace. 
El autor, con la familia de Manuel Hernández González y el concejal de Cultura, en Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro sobre que recoge sus Páginas Confidenciales.

El autor (cuarto por la izquierda), con la familia de Manuel Hernández González (su nuera, Ana Rodríguez Martínez, aparece al lado del autor) y el concejal de Cultura, Antonio Cobos (quinto por la derecha), en Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro que recoge sus Páginas Confidenciales.

Baena, quinto municipio cordobés en asesinados en los campos de exterminio nazis

Si la vida resultó un drama para los republicanos que se quedaron en España al finalizar la guerra civil, los que se exiliaron también sufrieron múltiples penalidades y miles de ellos perdieron la vida en los campos nazis. En febrero de 1939, la caída de Cataluña en manos de las tropas franquistas originó la trágica desbandada de unos 500.000 civiles y militares que atravesaron la frontera con Francia. Desarmados y vigilados por gendarmes y tropas coloniales, los refugiados españoles fueron hacinados en campos de concentración (Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien, Barcarès, etc.) situados en las playas o en recintos improvisados, sin lugares de cobijo y rodeados de alambradas, donde en los primeros seis meses de reclusión fallecieron al menos 14.617. En los meses siguientes y en 1940, de manera voluntaria o forzada, volvieron a España alrededor de la mitad de estos exiliados. Si eran antiguos combatientes del Ejército republicano, pasaron en su mayoría por el Depósito de Prisioneros de Guerra de Reus (Tarragona) para ser clasificados y, en consecuencia, liberados o reenviados a otros centros de internamiento. Entre los que retornaron se encontraban bastantes vecinos de Baena (Francisco Horcas Montes, Rafael Jiménez Horcas, Rafael Pavón Pérez, Juan Mármol Caderas, etc.) y Albendín (José Espartero Dorado, Domingo Pavón Pulido, etc.). Este último, teniente del Ejército republicano, había permanecido en Francia hasta diciembre de 1940, residiendo a sólo unos kilómetros de donde se encontraba su mujer, Concepción García, y su hija pequeña, sin que ninguno supiera el paradero del otro hasta que él se puso en contacto con su familia de Albendín a través de una carta poco antes de volver a España.

El Gobierno francés ofreció a los antiguos combatientes republicanos que permanecieron en su territorio enrolarse en la Legión Extranjera, en Batallones de Marcha (tropas auxiliares del ejército galo) o en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unidades militarizadas de unos 250 hombres mandadas por oficiales franceses en las que se debían encuadrar obligatoriamente todos los varones de entre 20 y 48 años. Las compañías acogieron a unos 80.000 españoles, de los que alrededor de 12.200 quedaron situados en la zona de la línea defensiva Maginot, en la frontera con Alemania, que pronto se convertiría en frente de guerra.

En mayo de 1940, el ejército alemán invadió Francia y miles de exiliados republicanos alistados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros cayeron prisioneros. Se les encerró en recintos provisionales y, tras largas marchas a pie o en distintos medios de transporte, fueron internados en los stalags o campos de prisioneros de guerra, situados por toda Alemania, bajo el control de la Gestapo (policía militar). Desde agosto de 1940 estos españoles serían custodiados por las tropas de las SS y conducidos a campos de concentración nazis. El 15 de septiembre de 1940, Ramón Serrano Suñer –ministro de la Gobernación, presidente de la Junta Política de Falange y cuñado de Franco– visitó Alemania (con posterioridad haría otras tres visitas, ya como ministro de Asuntos Exteriores) y se entrevistó con el ministro de Interior y con Hitler, lo que le permitió conocer de primera mano el destino de los prisioneros republicanos. El 23 de octubre fue el propio Franco, acompañado por Serrano Suñer, quien conversó con Hitler en Hendaya. A pesar de los requerimientos que realizó en varias ocasiones la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no se preocuparon de que a los presos en los stalags y en los campos nazis se les pudiera repatriar o se les diera el estatus de prisioneros de guerra (condición que poseían según la Convención de Ginebra), lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos.

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Pila de 180 cadáveres encontrada en el sector ruso el día de la liberación del campo en 1945.

La mayoría de los españoles apresados por los nazis en Francia acabaron en Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria. Se calcula que entre 1938 y 1945 murieron allí un mínimo de 127.767 personas de diversas nacionalidades, según un estudio oficial austriaco, aunque algunos investigadores sitúan las cifras en varias decenas de miles más. Este campo se catalogó como de categoría III por las autoridades alemanas, la más dura, lo que significaba que estaba destinado para presos irrecuperables que nunca serían liberados. Dentro del campo, los internos morían en las cámaras de gas, en furgones equipados para gasearlos o en el centro de eutanasia del castillo de Hartheim, aunque también eran corrientes los experimentos médicos, las ejecuciones, el uso de perros para despedazar a los reclusos y los asesinatos por inyección letal y por la aplicación de duchas frías en invierno. El suicidio por ahorcamiento o arrojándose a las alambradas eléctricas se convirtió así en la única salida para muchos. Las condiciones de vida a las que se sometía a los prisioneros, en un clima frío y con una alimentación insuficiente para un trabajo agotador en las canteras, fomentaban las enfermedades y una mortandad masiva. Para no morir en el campo se necesitaba un mínimo de 3.500 calorías, pero las raciones diarias nunca llegaban a las 1.500, una cantidad que se reducía a entre 700 y 900 calorías en la enfermería, según los datos aportados por por David Wingeate Pike en su libro Españoles en el Holocausto. Vida y muerte de los españoles en Mauthausen, editado en 2003. La esperanza de vida entre el invierno de 1939 y el otoño de 1943 no superó los seis meses. La mayoría de los españoles, a los que se identificaba con un triángulo azul (de apátrida o emigrante) con una “s” de spanier (español) adherido a la chaqueta de rayas azules y blancas, murió en Gusen, un subcampo situado a unos cinco kilómetros donde las condiciones eran mucho más duras que en Mauthausen. Allí eran trasladados los prisioneros más débiles para exterminarlos con el trabajo forzado, de manera que el 90% no sobrevivieron. Tras su muerte, los cadáveres eran incinerados en los hornos crematorios del campo.

La primera expedición de deportados españoles a Mauthausen, compuesta por 392 hombres, recaló el 6 de agosto de 1940. Los contingentes más numerosos entraron en el campo en este año (unos 2.200) y en 1941 (unos 4.600), aunque hasta 1945 se internó a unos 400 más acusados de colaborar con la Resistencia francesa. Cuando llegaron los españoles el campo estaba en plena fase de construcción y la mayoría fueron destinados a las duras tareas de extracción de piedras de las canteras de granito. Si nos atenemos a los datos del Casimir Climent Carrión, un preso oficinista que consiguió salvar de la orden de destrucción dada por las SS 14 kilos de fichas con los nombres de deportados españoles, su número global fue de 7.186. De ellos, 238 fueron trasladados a otros campos o devueltos a España y 4.765 murieron: 348 en el campo central, 3.893 en el campo anejo de Gusen y 441 gaseados en el castillo de Hartheim. Las cifras de muertos no incluyen a los que perecieron en los trenes de transporte, los que fueron directamente al crematorio sin recibir número de clasificación, los fallecidos en fechas anteriores a la liberación (cuando la mortalidad fue altísima) y los asesinados en subcampos como Nebenlager, Schlier, etc. Cuando el ejército americano liberó el campo el 5 de mayo de 1945 permanecían con vida 2.184 españoles, pero no sabemos cuántos murieron en meses posteriores a consecuencia de enfermedades o malnutrición, ya que era frecuente que el 60% de los supervivientes falleciera en el primer año de libertad.

Supervivientes de Mauthausen tras la liberación.

Supervivientes de Mauthausen tras la liberación.

Siete baenenses llegaron a Mauthausen en una deportación masiva organizada por los alemanes desde el campo de refugiados de Les Alliers, en las afueras de la ciudad de Angulema, situada en el centro-oeste de Francia, donde se habían instalado muchas familias españolas, reagrupadas allí tras el exilio, y bastantes mutilados y heridos de la guerra civil. Tras la invasión nazi de Francia, algunos españoles integrados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros huyeron hacia el sur y acudieron también a este campo, considerado en aquel momento un lugar seguro, ya que se vivía en un régimen de semilibertad, bajo el control de la Prefectura francesa. El 20 de agosto de 1940, los refugiados de Les Alliers, 927 personas, recibieron la orden de concentrarse en la estación y los internaron en un convoy de vagones de mercancías, sin informarles de su destino. Era el primer tren de Europa Occidental que deportaba familias enteras a un campo nazi. Llegaron a la estación de Mauthausen a los cuatro días de viaje. Allí les hicieron esperar varias horas, hasta que recibieron la orden de que descendieran todos los varones mayores de 13 años, a los que inmediatamente condujeron al campo. Tras la selección, los vagones fueron cerrados de nuevo y el tren reemprendió la marcha. Ocho días tardó el tren en alcanzar la frontera española, a la altura de Hendaya, donde las mujeres y los niños fueron entregados a las autoridades franquistas. De los 430 españoles de este convoy que quedaron en Mauthausen, 357 (el 87%) habían fallecido cuando se liberó el campo en 1945. La odisea de los 927 deportados la reflejaron Montse Armengou y Ricard Belis en el documental El convoy de los 927, producido en el año 2004. En la sinopsis del documental se señala que los documentos encontrados prueban que hasta en cuatro ocasiones las autoridades nazis preguntaron a las españolas qué debían hacer con “los dos mil rojos españoles” de Angulema, pero nunca contestaron a pesar de que sabían que la mitad de los pasajeros habían sido enviados ya al campo de exterminio de Mauthausen. Algunos documentos llevaban una anotación al margen recomendando que se archivara el asunto, ya que “no parece oportuno hacer nada al respecto”.

José Bonilla Horcas, uno de los cinco baenenses deportados de Angulema a Mauthausen, donde murió el 16 de noviembre de 1941.

José Bonilla Horcas, uno de los siete baenenses deportados de Angulema a Mauthausen, donde murió el 16 de noviembre de 1941.

A principios de 1941, los siete baenenses del convoy de Angulema, con edades comprendidas entre los 26 y los 40 años, fueron trasladados al subcampo de Gusen, donde cuatro perecieron antes de que acabara el año (José Bonilla Horcas, José Cabrero Misut, José Cruz Navas y Juan Padilla Rojano, cuyo hermano José ya había muerto en la cárcel de Córdoba). Entre el 15 y el 25 de enero de 1942, y con sólo una diferencia de cinco días entre uno y otro, fallecieron los otros tres, los hermanos Miguel, Santiago y Rafael Albendín Navarro. En este año de 1942 hay al menos 14.298 muertes registradas en Mauthausen, lo que proporcionó a las arcas de las SS 5.278,1 gramos en dientes de oro. La muerte de Miguel Albendín Navarro fue inscrita en el libro de defunciones del Registro Civil de Baena el 24 de febrero de 1958, un hecho bastante infrecuente pues estas muertes en los campos nazis no se solían registrar en las localidades de origen de los fallecidos, aunque es posible que en algunos casos se hiciera para poder acceder a las indemnizaciones que el gobierno alemán pagó por aquellas fechas a las familias de los fallecidos en los campos nazis. Gracias a esa anotación sabemos que su mujer se llamaba Ascensión Jiménez Roldán, y que dejó un hijo con su mismo nombre, Miguel. Rafael Albendín también estaba casado (su esposa se llamaba Asunción Jurado), mientras que Santiago era soltero. Una hermana de esta familia se llamaba Carmen y otro hermano Antonio, que era el más pequeño de todos y no luchó en la guerra civil.

Tras la publicación de esta entrada del blog he podido localizar, en marzo de 2017, al hijo de Miguel. Sus padres habían huido de Baena al comienzo de la guerra, se casaron en Jaén y él nació en 1939 en un pequeño pueblo de Lérida llamado Maldá. Su padre era cabo civilero del Ejército republicano y pasó a Francia tras los combates que tuvieron lugar en Mequinenza enmarcados en la batalla del Ebro. El pequeño Miguel fue bautizado en el sur de Francia. Tras la deportación del padre, la esposa y el hijo regresaron a Baena, y al poco tiempo emigraron a Málaga, donde Miguel reside en este momento.

También a través de un informe sobre niños huérfanos pobres, elaborado por la Policía municipal de Baena en mayo de 1940 y que se conserva en el Archivo Histórico Municipal, hemos podido rastrear la situación familiar del citado José Bonilla Horcas, casado con Francisca, con la que tenía una hija llamada Josefa Bonilla Pérez. En marzo de 2015, tras la publicación de esta entrada del blog, se puso en contacto conmigo una nieta de José Bonilla, residente en Roquetas de Mar (Almería), que me ha facilitado la fotografía y algunos datos biográficos de su abuelo. Aparte de Josefa, José tenía otros dos hijos: Francisca y Miguel. Mientras él estuvo enrolado en el Ejército republicano, la familia estuvo refugiada en Toledo y en Manzanares (Ciudad Real). La esposa de José, Francisca Pérez Rojas, también tuvo un hermano muerto en la guerra, pero no hemos podido dilucidar si a causa de la represión o en el frente.

José Cruz Navas 1

José Cruz Navas, de 31 años, muerto en Gusen el 16 de octubre de 1941.

Asímismo, tras la publicación de este artículo del blog ha contactado conmigo, en marzo de 2015, Celia Ochavo Cruz, residente en Barcelona y sobrina nieta de otro de los deportados de Angulema, José Cruz Navas, fallecido en Gusen. Gracias a una información que Celia ha obtenido del historiador Benito Bermejo, extraída del archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, sabemos que su tío se alistó de miliciano en el Quinto Regimiento, un cuerpo militar de voluntarios creado a comienzos de la guerra civil a iniciativa del PCE y las Juventudes Socialistas Unificadas. Tras Celia, otro sobrino de José Cruz, de igual nombre y apellido, residente en Madrid, escribió en septiembre de 2015 un comentario que puede leerse debajo de esta entrada del blog. Eso me permitió contactar con él, conseguir una foto de su tío y poner en relación a ambas ramas de la familia, que pudieron conocerse en persona al mes siguiente en la ciudad de Barcelona.

Antonio Ortega Torres, de 22 años, asesinado en Gusen el 15 de septiembre de 1941.

Antonio Ortega Torres, de 23 años, asesinado en Gusen el 15 de septiembre de 1941.

El 27 de enero de 1941, otros tres baenenses llegaron a Mauthausen desde el stalag XI-B, situado en Fallingbostel (actual estado federal de la Baja Sajonia), en un convoy de 1.506 prisioneros republicanos españoles, entre los que se encontraba el catalán Francesc Boix, quien fue autor de las más conocidas fotos del campo y testificaría contra varios jerarcas nazis en el proceso de Nuremberg –es muy recomendable la biografía de este personaje escrita en 2002 por el historiador Benito Bermejo–. Uno de los baenenses era Antonio Castilla Muñoz, que murió en Gusen en noviembre. A los otros dos, Felipe Quesada Pescador y Francisco Fuentes Ruiz, los únicos baenenses que quedaban ya vivos en Mauthausen, parece que los trasladaron el 8 de noviembre de 1942 al campo de Dachau, en las cercanías de la ciudad alemana de Múnich. El primero moriría allí dos días después y del segundo, que tenía entonces 23 años, desconocíamos su destino destino final, que suponíamos trágico, ya que el traslado de ambos prisioneros a Dachau pudo ser ficticio. Muchos de los que en el registro del campo de Mauthausen aparecen como trasladados a Dachau fueron conducidos en realidad para su ejecución a las cámaras de gas del cercano castillo de Hartheim. Así ocurrió, por ejemplo, con un transporte de 45 presos (31 españoles, cuatro judíos holandeses, ocho polacos y dos alemanes) ocurrido el día 14 de agosto de 1941. En el castillo de Hartheim se asesinó a unas 30.000 personas en 55 meses de funcionamiento.

En el párrafo anterior he señalado que el destino de Francisco Fuentes Ruiz pudo ser trágico, pues era lo que se sospechaba cuando escribí este texto en septiembre de 2013. Sin embargo, el 7 de mayo de 2014 recibí un mensaje de correo electrónico desde Francia que me especificaba lo siguiente:

Afortunadamente el destino de Francisco Fuentes Ruiz no fue trágico. Sobrevivió y salió del campo de Dachau. Fue liberado el 3 de mayo 1945. Llegó a Paris el 24/05/1945 y después fue a  Toulouse el 15/06/1945. En septiembre fue a trabajar a Auzat (Ariège) y el 06/08/1946 en Pamiers (Ariège) en la fábrica metalúrgica hasta el año 1976 cuando se jubiló. En Pamiers se casó con una francesa en 1947. De ese matrimonio nacieron un hijo y una hija.  Soy ese hijo, Henri Fuentes. Mi padre vivió una larga y feliz vida con nietas y bisnietos hasta el año 2012.

Este mensaje me llenó de satisfacción como historiador, pero a la vez me hizo reflexionar sobre la injusticia del olvido. El único baenense que consiguió sobrevivir durante cuatro años y cuatro meses en los campos de exterminio nazis murió hace solo dos años en Francia –donde se asentó definitivamente en el exilio– sin que supiéramos de su existencia y sin que, en consecuencia, hayamos podido recoger su testimonio vital. Esta circunstancia es un ejemplo claro de las carencias que, por desgracia, han presentado la investigación histórica y las políticas de memoria democrática en nuestro país.

Hemos podido completar con posterioridad la biografía de Francisco Fuentes gracias a la labor investigadora de la ya citada Celia Ochavo, sobrina nieta del también preso José Cruz Navas, que ha obtenido las fichas de varios deportados baenenses a través de la sección dedicada a las víctimas de la persecución nazi del Servicio Internacional de Búsquedas de la UNESCO. Francisco Fuentes fue deportado, entre el 14 y el 24 de marzo de 1944, desde Dachau al campo de Natzweiler, en la provincia de Alsacia (actual Francia), donde trabajó en el comando exterior de Neckarelz. En este campo hubo 44.623 internados, de los que murieron entre 12.000 y 25.000, en gran medida por los abusos en el trabajo, malnutrición y las torturas de las SS. La mayoría  de los presos eran polacos, soviéticos, franceses, húngaros y alemanes, aunque se contabilizan también 80 españoles.  Ante el avance de las tropas aliadas, en septiembre de 1944 los presos de este campo fueron trasladados a otros recintos. Francisco Fuentes llegó de nuevo a Dachau el 2 de abril de 1945, y un mes más tarde el campo, que había llegado a albergar a más de 200.000 prisioneros, sería liberado por las tropas norteamericanas.

Antonio Navarro Ortiz, de 46 años, asesinado en Gusen el 20 de junio de 1941.

Antonio Navarro Ortiz, de 46 años, asesinado en Gusen el 20 de junio de 1941.

Aparte de los ya señalados, otros cinco baenenses perdieron la vida en el complejo de Mauthausen a lo largo de 1941. En el castillo de Hartheim perecieron dos: Antonio Campos Sánchez, que había llegado a Mauthausen el 13 de diciembre de 1940 en un convoy de 846 españoles procedentes de un stalag en Estrasburgo; y Antonio Pérez Baena, que tuvo la desgracia de ser el primer baenense internado en Mauthausen el 13 de agosto de 1940. Por otro lado, en el subcampo de Gusen murieron Antonio Ortega Torres, de 23 años, el más joven de los baenenses internados; y Antonio Navarro Ortiz, el mayor de ellos, con 46 años, que había llegado a Mauthausen el 25 de enero en un convoy de 775 españoles procedentes del stalag VIII-C de la ciudad alemana de Trier (o Tréveris). De ambos poseemos fotografías entregadas por sus familiares. La de Antonio Ortega me la facilitó José de las Morenas Lara en 2006 para que se publicara en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). La de Antonio Navarro Ortiz la he recibido a finales de este mes de agosto de 2013, junto a otra documentación personal, de su nieta Carmen Pérez Navarro, residente en Barcelona, pues su viuda y los cinco hijos emigraron de Baena.

Según los datos aportados por Carlos Hernández de Miguel en su imprescindible libro Los últimos españoles de Mauthausen, publicado en enero de 2015, existe constancia documental de que 9.328 españoles pasaron por los campos nazis. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334, lo que representa una tasa de mortalidad del 59%. Esa proporción se eleva al 64% si nos atenemos a las cifras de Mauthausen: 7.532 internados españoles de los que murieron 4.816. De acuerdo con el libro colectivo (Sandra Checa, Ángel del Río y Ricardo Martín) Andaluces en los campos de Mauthausen, de los españoles deportados a este campo, 1.494 eran andaluces y 336 de Córdoba. Cuando se liberó el campo el 5 de mayo de 1945 habían muerto alrededor de 1.000 andaluces –en su mayoría soldados y combatientes antifascistas con una media de edad de entre 20 y 30 años–, de los que 238 (más ocho desaparecidos) procedían de la provincia de Córdoba. Baena, con 13 vecinos asesinados, es el quinto municipio cordobés en número de víctimas mortales en los campos de exterminio nazis, detrás de Posadas, con 17 asesinados; Córdoba capital, con 15; y Fuenteobejuna y Palma del Río, ambos con 14.

"Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras" dice la enorme pancarta escrita en español, inglés y ruso que se colocó sobre la portada del campo central. Fue desplegada a la llegada de las tropas americanas el 5 de mayo de 1945.

“Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras” dice la enorme pancarta escrita en español, inglés y ruso que se colocó sobre la portada del campo central de Mauthausen. Fue desplegada a la llegada de las tropas americanas el 5 de mayo de 1945.

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