Dirigentes y militantes del Partido Republicano Radical en Lucena (1931-1936)

La sección lucentina del Partido Republicano Radical se constituyó en 1910. Fue apadrinada por el abogado Emiliano Iglesias, quien dos años antes había sido uno de los fundadores del partido en España junto a su dirigente más conocido, el periodista Alejandro Lerroux, natural de La Rambla. El partido nació con un programa político extremista, anticlerical, obrerista, populista y antimilitarista, opuesto al nacionalismo catalán y a la intervención española en la guerra de Marruecos. Dos años después de su fundación, se integró en una Conjunción Republicano-Socialista que obtuvo ocho diputados en las Cortes, aunque su representación parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) resultó siempre exigua. Algo similar ocurrió en Lucena, donde los republicanos nunca obtuvieron diputados por el distrito electoral de la localidad. En cuanto a su presencia en el Ayuntamiento, consiguieron en noviembre de 1914 su primer concejal, el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que hasta 1922 revalidó su puesto en tres sucesivas convocatorias. Durante este periodo, en distintos momentos, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas lo acompañaron como ediles republicanos radicales.

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Sello del Centro Obrero Republicano de Lucena en 1932.

Tras la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), el gobierno del almirante Aznar intentó volver a la normalidad constitucional con la convocatoria de unas elecciones municipales, pero una alianza republicano-socialista consiguió la victoria en las capitales de provincia y en los núcleos urbanos. El rey Alfonso XIII, a quien se acusaba de haber faltado a sus deberes constitucionales por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera, se vio obligado a renunciar al trono. El nuevo gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora (de la Derecha Liberal Republicana) e integrado por republicanos de diversas tendencias y por socialistas, incluirá a dos ministros radicales, entre ellos al líder nacional Alejando Lerroux como ministro de Estado. Al igual que en otros lugares, la conjunción de republicanos y socialistas logró la victoria en Lucena en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, con el 64,82% de los votos. De los 18 concejales republicanos elegidos (frente a ocho monárquicos), siete pertenecían al partido radical: Domingo Cuenca Navajas, Juan Ruiz de Castroviejo López, Francisco Jiménez Gil, Anselmo Jiménez Alba, José López Jiménez, Amador Bergillos del Río y el presidente del partido, Javier Tubío, que asumiría la alcaldía el 17 de abril. El 6 de julio dimitió, y un socialista, Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, lo sustituyó en el cargo.

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Hoja de propaganda de los radicales lucentinos, fechada con probabilidad a finales de 1933-1934.

Poco tiempo después de la proclamación de la República, el Partido Republicano Radical inició un giro hacia posiciones políticas más conservadoras. Se evidenció de manera drástica cuando en diciembre de 1931 el presidente del gobierno, Manuel Azaña, que había llegado al cargo dos meses antes, realizó una renovación ministerial. Hasta ahora los radicales siempre habían participado en el gobierno, pero en ese momento dejaron de colaborar por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque pretendían convertirse en una alternativa real de poder desde la oposición, acentuando su carácter conservador y populista. Y en segundo término, porque estaban en desacuerdo con la política social y económica de los ministros socialistas. La Asamblea Nacional del Partido Republicano Radical, celebrada en octubre de 1932, significó un paso más en el proceso de derechización de este grupo político, al reclamar el fin de la participación de los socialistas en el Gobierno y el cese de la intervención del Estado en las relaciones laborales. El cambio ideológico motivó que antiguos monárquicos, aventureros políticos y personas ligadas a la oligarquía agraria encontraran rápido acomodo dentro del partido, lo que a su vez influyó en que el programa radical se fuera adaptando de manera progresiva a los intereses de esta nueva militancia.

En Lucena, el proceso de conversión hacia posturas más conservadoras no se realizó sin resistencias internas. A finales de verano de 1932 se produjo un enfrentamiento entre la directiva radical lucentina y Eloy Vaquero Cantillo, diputado y presidente del Comité Provincial, que deseaba imponer a una persona de su confianza como máximo dirigente del partido en la localidad. Las injerencias de Eloy Vaquero y el progresivo abandono de las esencias republicanas por parte del partido radical determinó la dimisión y la salida del presidente local, Javier Tubío, que en octubre de 1932 se incorporó al Consejo Nacional de Acción Republicana, la organización política del presidente del gobierno Manuel Azaña.

En aquel momento de zozobra interna, las tres organizaciones políticas y sindicales lucentinas (Partido, Juventud y Centro Obrero) ligadas al radicalismo tenían su sede en el número 6 de la calle Pedro Angulo y, según el periódico Germinal (12 de enero de 1933), sus comités directivos eran los siguientes:

Comité político del Partido: Domingo Cuenca Navajas (presidente) José López Jiménez (vicepresidente), Anselmo Jiménez Alba (secretario), José Arjona Huertas (tesorero). Vocales: Francisco Jiménez Gil, Antonio Ramírez Varo, José Flores Jiménez, Miguel Segovia Covaleda y Antonio Molina Aragón.

Junta directiva del Centro de Obreros Republicanos: José López Jiménez (presidente) Francisco Alba Sánchez (vicepresidente), Rafael Cazorla Ávila (secretario), Antonio Ramírez Varo (tesorero), Francisco Verdejo Ordóñez (contador). Vocales: Antonio José Jiménez, Juan Rivas Lozano, Andrés Hinojosa Cañete, Francisco Bergillos Gálvez, Antonio José Flores Ramírez y Antonio Molina Aragón.

Comité de la Juventud Radical: Manuel Moreno Galzusta (presidente) Domingo Cuenca González (vicepresidente), Luis Rivas Valenzuela (secretario), José López García (tesorero). Vocales: Francisco Cuenca González, Rafael Jiménez Tenllado, Eduardo López González, Cándido Artacho Delgado y Pedro Linares García.

El enfrentamiento entre los dirigentes radicales lucentinos, de perfil más progresista, y el Comité Provincial, de talante más conservador, alcanzó su punto culminante el 13 de diciembre de 1932, cuando el abogado Rafael Ramírez Pazo, de 26 años, con autorización del Comité de Córdoba, creó una organización de la Juventud Republicana Radical en Lucena, a pesar de que ya existía una funcionando en ese momento. Al día siguiente, el comité local lucentino dio de baja en el partido a Rafael Ramírez por haber faltado a la disciplina interna. Sin embargo, el día 18 el Comité Provincial reaccionó con rapidez y dejó sin efecto la expulsión, autorizándole “a afiliar provisionalmente a cuantos lo deseen, tanto para el partido como para la Juventud”, lo que le permitiría captar a muchos seguidores y crear un censo de militantes a su medida que lo auparían en pocos meses como líder de los radicales en la localidad.

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Comité directivo del partido radical en Lucena en 1934. En el centro, el presidente Rafael Ramírez Pazo. A su izquierda, el tesorero Julián Sarabia.

La enemistad de algunos republicanos lucentinos con Rafael Ramírez Pazo era manifiesta y antigua. De hecho, el 14 de abril de 1932 había sido expulsado como socio del Centro de Obreros Republicanos por haber manifestado en repetidas ocasiones que “prefería una monarquía liberal a la República”. Sin embargo, apoyado por la dirección provincial, Rafael Ramírez ganaría el pulso a la “vieja guardia” radical lucentina que se había forjado en la lucha contra la monarquía alfonsina a principios del siglo XX. El día 12 de octubre de 1933, en una asamblea celebrada en la sede de la calle San Pedro, resultó elegido presidente del Centro Republicano Radical, concentrando todo el poder en sus manos, pues dejaron de funcionar de manera autónoma las secciones de la juventud y de los obreros, que pasaron a estar bajo la obediencia del Centro. La junta directiva la completaban José María Ranchal Gómez (vicepresidente), Paulino Requerey Sánchez (secretario), Julián Sarabia Urbano (tesorero), Pedro Reyes Osuna (bibliotecario), Antonio Hidalgo Bergillos (contador), y los vocales Salvador Vigo Ruiz, Manuel Maíllo Ruiz, Francisco Cobos Varo y Manuel González Moreno (periódico Ideal, 23 de octubre de 1933). Aunque no tenía cargo en la directiva, el abogado Miguel Víbora Blancas se convirtió en el referente principal de los radicales lucentinos a partir de ese momento. Solía presidir las mesas de las conferencias que se realizaban en la sede o fuera de ella, participaba en mítines y en actos, representaba a las delegaciones de los radicales lucentinos en otras localidades y servía de anfitrión en su domicilio a los jefes y candidatos provinciales del partido cuando visitaban Lucena.

La renovación en octubre de la directiva de los radicales lucentinos estaba relacionada con la preparación de las próximas elecciones a Cortes, convocadas para el 19 de noviembre de 1933. En la provincia de Córdoba, los radicales, en unión del Partido Republicano Progresista del presidente de la República, Alcalá-Zamora, se presentaron con la Coalición Republicana Cordobesa, con un programa centrista “en defensa del orden, de la libertad y de la agricultura”. En Lucena esta candidatura quedó tercera, con el 17,94% de los votos, pues el triunfo fue para la derechista Acción Popular (36,36%), con los comunistas (24,84%) como segunda fuerza. En la provincia de Córdoba ganó también la derecha, seguida de socialistas, republicanos y comunistas.

Como ningún candidato había logrado en la provincia el 40% de los votos en esta primera convocatoria, la ley electoral obligaba a una segunda vuelta, que se celebraría el 3 de diciembre. La derecha concurrió con una gran coalición unitaria que se denominó Candidatura Antimarxista (Acción Popular, radicales, agrarios y progresistas), que en Lucena obtuvo una abultada victoria con 5.347 votos (58,61%), seguida del PSOE con 2.376 (25,85%) y los comunistas (13,88%). En España ocurrió algo similar. Los grandes triunfadores fueron la derechista CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, donde se integraba Acción Popular) y los radicales, mientras el PSOE quedó tercero. En consecuencia, los radicales y la CEDA, de manera independiente, en coalición entre ellos o con otros partidos, controlarían el gobierno de la nación hasta diciembre de 1935, lo que permitiría al líder radical Alejandro Lerroux presidir varios gabinetes ministeriales de los diez que hubo en ese corto periodo de tiempo.

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Portada del diario La Voz con dos fotografías de los asistentes a una conferencia en el Centro Republicano de Lucena  (24 de febrero de 1934).

En la provincia de Córdoba, una práctica común durante el bienio radical-cedista fue la sustitución de los ayuntamientos controlados por la izquierda utilizando como pretexto “cuestiones administrativas” o cualquier incidente social o religioso. Sin embargo, esta medida se debía también a que estos ayuntamientos actuaban en muchos lugares como protectores del proletariado rural en asuntos como la defensa de los salarios y de las condiciones legales de trabajo y, por tanto, de freno ante los posibles abusos patronales. En Lucena, los miembros de la corporación municipal habían sido votados por los ciudadanos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y el alcalde era el abogado Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, un antiguo socialista que ya no militaba en el PSOE. Ello no resultó un obstáculo para que el Ayuntamiento fuera destituido de manera fulminante por el gobernador civil, el radical José Gardoqui, el 15 de octubre de 1934. Rápidamente comenzaron las conversaciones de los comités locales del Partido Republicano Radical y de la derechista Acción Popular para constituir la nueva Comisión Gestora municipal. El 22 de octubre, el gobernador nombró a los nuevos concejales: nueve del Partido Republicano Radical, ocho de Acción Popular (CEDA) y uno del derechista partido agrario. Al día siguiente y tras las respectivas votaciones, según el libro de actas municipales el Ayuntamiento se constituyó de la siguiente manera:

Alcalde, Bernardo Fernández Moreno (radical, aunque había sido un antiguo militante del Partido Republicano Radical Socialista); primer teniente, Rafael Ramírez Pazo (radical); segundo teniente, Joaquín Galindo Cuadra (CEDA); tercer teniente, Andrés Trujillo Cuenca (CEDA); cuarto teniente, José Moreno Lara (CEDA); quinto teniente, Pedro González Nadal (radical); primer síndico, Antonio Sánchez Córdoba (CEDA); segundo síndico, Eduardo Rueda Lara (radical); concejales, Julián Sarabia Urbano (radical), Tomás Fernández Alba (radical), Antonio Bujalance Jiménez (radical), Pedro Reyes Osuna (radical), Juan Ávila Fernández (radical), Juan Cañete Viso (agrario), Pedro Osuna Bergillos (CEDA), José Fernández de Villalta y Díaz (CEDA), Andrés Hidalgo Moreno (CEDA) y Pedro Rueda Lara (CEDA).

Este Ayuntamiento permaneció activo hasta el 7 de enero de 1936, cuando ante las profundas divergencias entre la CEDA y los radicales, y la consiguiente dificultad para formar un gobierno que tuviera suficiente apoyo parlamentario, el presidente de la República decidió disolver las Cortes y convocar elecciones legislativas para el 16 de febrero. El mismo día en que Alcalá-Zamora firmó el decreto de disolución, el gobernador civil de Córdoba, Antonio Cardero, utilizando una particular maniobra política que se repetiría en otros ayuntamientos españoles, destituyó a la Comisión Gestora municipal de Lucena y nombró para reemplazarla a miembros del Partido Republicano Progresista. Su objetivo era favorecer en la inminente convocatoria electoral los intereses de esta opción política centrista, a la que pertenecía el presidente de la República, Alcalá-Zamora.

El Partido Republicano Radical llegó a las elecciones de febrero de 1936 salpicado por dos enormes escándalos de corrupción (casos estraperlo y Nombela), que empezaron a salir a la luz cuatro meses antes e implicaban de lleno a Alejandro Lerroux (entonces presidente del gobierno), un político casi siempre rodeado de negocios turbios, sobornos y corruptelas. Es muy posible que estos escándalos, que fueron un golpe de muerte para el partido, influyeran de manera decisiva en la nueva división que sufrieron los radicales lucentinos a principios de 1936. El sector más derechista y afín a Lerroux se organizó bajo la presidencia del abogado y dirigente patronal José Burgos Rubio, que estaba acompañado en el Comité local por Antonio Hidalgo Bergillos (vicepresidente), Francisco Maíllo Rivert (tesorero), Francisco de Paula Cuenca Burgos (secretario) y los vocales José Álvarez Lozano, Rafael Fernández, Agustín Pino García, Antonio Gómez Ramírez, Juan Rodríguez y Antonio Carmona  (periódico La Voz, 21 de enero de 1936).

En paralelo, el sector más centrista del partido en Lucena, seguidor del diputado radical cordobés Joaquín de Pablo Blanco, se escindió, creando una agrupación republicana autónoma liderada por el abogado Miguel Víbora Blancas, y en la que ejercía de secretario Rafael Ramírez Pazo, quien había presidido el partido radical en Lucena hasta este momento. Esta crisis interna, aparte de por razones ideológicas, quizás también tuviera que ver con que la dirección nacional del Partido Republicano Radical no había apoyado el gobierno del liberal centrista Manuel Portela Valladares —desautorizó a los dos ministros radicales integrados en él—, que se constituyó el 15 de diciembre de 1935 y que nombró a Miguel Víbora gobernador civil de Badajoz. En ese mismo gobierno participó como ministro de Agricultura e Industria Joaquín de Pablo, el referente político de los escindidos radicales lucentinos, quien ya había abandonado el partido en octubre de 1935.

Al contrario de lo que habían hecho en 1933, las derechas no organizaron un frente común para las elecciones de febrero de 1936, debido a las desconfianzas entre ellas y a que algunas de sus tendencias aspiraban claramente a destruir la República para establecer un régimen dictatorial. En Córdoba, por ejemplo, presentaron cuatro candidaturas: Candidatura Antirrevolucionaria (CEDA, Partido Republicano Progresista y monárquicos de Renovación Española), Candidatura de Alianza Republicana (Partido Republicano Conservador y Partido Republicano Radical), Falange Española y la católica Acción Obrerista.

Las izquierdas se organizaron en 1936 en el Frente Popular, una coalición en la que convivían el PSOE, la UGT, las Juventudes Socialistas, Unión Republicana, Izquierda Republicana, el PCE, el Partido Sindicalista y el POUM. En Lucena (y en otros lugares de España), dos de los partidos que integraban el Frente Popular estaban liderados o tenían entre sus miembros más destacados a antiguos dirigentes radicales. Nos referimos, por un lado, a Unión Republicana, presidida por Domingo Cuenca Navajas (presidente del partido en Lucena entre 1932 y 1933), seguidor del grupo de disidentes que, encabezados por Diego Martínez Barrio, en mayo de 1934 había abandonado la obediencia radical en protesta por su progresiva derechización. El otro partido en el que encontramos a antiguos dirigentes radicales es Izquierda Republicana, fundada en abril de 1934 a partir de Acción Republicana. Entre ellos podemos citar a Javier Tubío Aranda (presidente de los radicales en 1931-1932), José López Jiménez, Francisco Alba Sánchez y Rafael Cazorla Ávila.

En Lucena, el Frente Popular ganó las elecciones del 16 de febrero de 1936 con 5.905 votos (53%) seguido de la coalición de derechas con 4.217 (38,32%), de la candidatura de Joaquín de Pablo Blanco con 838 (7,63%) y de la Alianza Republicana en la que se integraban los radicales, que solo obtuvo 43 votos (0,39%), a pesar de que en sus listas aparecía como candidato el abogado y olivarero lucentino José Burgos Rubio, presidente del partido radical en la localidad. La victoria en la provincia y en España también recayó en el Frente Popular. Como en Lucena, en el conjunto nacional la debacle de los radicales resultó tremenda: solo obtuvieron cinco diputados y el 1,1% de los votos, e incluso Lerroux no pudo renovar su acta de diputado. Abrumado por el veredicto de las urnas, el jefe histórico de los radicales cordobeses, Eloy Vaquero Cantillo (exalcalde de Córdoba en 1931, dos veces ministro en 1935 y diputado entre 1931 y 1936), al conocer los resultados, la misma noche del 16 de febrero se exilió a Gibraltar y no volvió más a España.

Aunque el Partido Republicano Radical ya estaba casi desaparecido del mapa político, la sublevación militar del 18 de julio de 1936 solo sirvió para certificar su extinción. Su líder histórico, Alejandro Lerroux, con 72 años, estaba al tanto de la inminente rebelión, pues sus contactos con los militares conspiradores le habían puesto sobre aviso, así que el 17 de julio salió de su casa de San Rafael (Segovia) con destino a Portugal. Durante la contienda escribió cartas aduladoras a Franco con la esperanza de poder regresar y después de la guerra publicó unas memorias en las que justificaba el golpe militar. Volvió a España en 1947 y murió dos años más tarde. Mientras, durante la guerra y la posguerra, en Lucena y en España, muchos radicales trataron de pasar desapercibidos y de borrar su pasado, que podría resultar peligroso en aquellas circunstancias. Otros, ya fuera por convencimiento, por miedo o como un mero mecanismo de supervivencia, se convirtieron en colaboradores de las nuevas autoridades, alcanzaron cargos políticos, judiciales y administrativos relevantes, e incluso no tuvieron escrúpulos en colaborar de alguna manera en la represión. La peor parte se la llevaron los que habían emigrado con anterioridad desde las filas radicales a las de Unión Republicana e Izquierda Republicana, dos de las fuerzas integradas en el Frente Popular. Varios de ellos, como el alcalde de Lucena en 1936, Anselmo Jimémez Alba, y los concejales Javier Tubío Aranda, Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez, acabaron fusilados.

Es muy difícil encontrar listados de militantes de los partidos y sindicatos que quedaron proscritos durante el franquismo, pues sus archivos fueron incautados por las autoridades militares, se ocultaron, se destruyeron o desaparecieron. Por ello, es una suerte que podamos contar con una relación de afiliados del Partido Republicano Radical de Lucena. Se conservaba entre los papeles personales del presidente del partido entre octubre de 1933 y enero de 1935, el abogado Rafael Ramírez Pazo, de los que poseo una copia que me cedió de manera generosa su hija Araceli a principios de 2016. Los folios originales no llevan fecha, pero entendemos que se sitúan cronológicamente en el periodo de la presidencia de Rafael Ramírez. En la lista aparecen 116 varones, identificados por el nombre, la edad, el domicilio y la profesión. En cuanto a su actividad laboral, predominaban los obreros (42 afiliados), propietarios (15) e industriales (9). La lista completa, por orden alfabético, se puede consultar en este enlace.

13. Comida republicana

Comensales en una reunión republicana, posiblemente en 1932, antes de que comenzaran las divisiones dentro del partido radical en Lucena. Sentados, de izquierda a derecha: Rafael Ramírez Pazo, presidente del Partido Republicano Radical (PRR) entre 1933-1936; Anselmo Jiménez Alba, secretario del PRR en 1932, alcalde de Lucena por Unión Republicana en 1936; Domingo Cuenca Navajas, presidente del PRR en 1932-1933 y de Unión Republicana en 1934, concejal y diputado provincial en 1936; Javier Tubío Aranda, presidente del PRR en 1931  y alcalde, presidente de Izquierda Republicana en 1934, concejal en 1936; José López Jiménez, presidente del Centro de Obreros Republicanos en 1932 y concejal en 1936; un desconocido; y José Arjona Huertas, vocal de la Unión Republicana. De pie: Francisco Verdejo Ordóñez, vocal de Unión Republicana en 1936 (primero por la izquierda); Domingo Cuenca González, concejal en 1936 de Unión Republicana (cuarto por la izquierda); José Cámara Ruiz, Izquierda Republicana (quinto por la izquierda); Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”, vicepresidente de Unión Republicana en 1936 (séptimo por la izquierda); Rafael Cazorla Ávila “El Tornerazo”, secretario del Centro Obrero Republicano en 1932 y militante de Izquierda Republicana en 1936 (cuarto por la derecha); Flores “El Moreno” (primero por la derecha).

En memoria del lucentino Juan Luna Delgado

El 9 de diciembre de 2013 falleció mi buen amigo Juan Luna Delgado, un hombre coherente, honesto, bondadoso, comprometido y un referente intelectual y político. Catorce años antes, un 9 de diciembre, se había terminado de imprimir su único libro, Artículos y ensayos políticos, coincidiendo con el 68 aniversario de la aprobación de la Constitución de la II República Española. En su memoria publico algunas fotos y mi intervención en la presentación de su libro, que se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lucena el día 18 de diciembre de 1999. En el acto participaron también el cronista oficial de la ciudad, Luisfernando Palma Robles, y la profesora de Lengua y Literatura Carmen Anisa Prieto. El texto de mi intervención fue el siguiente:

Presentación de "Artículos y ensayos políticos", el 18 de diciembre de 1999.

Presentación de “Artículos y ensayos políticos”, el 18 de diciembre de 1999.

En este tiempo de pensamiento único, moneda única y de cierta añoranza del partido único; en esta sociedad en la que el concepto de compromiso ha pasado de moda y en la que mezclar la crítica política con la literatura es una actividad que ha quedado en manos de unos cuantos “iluminados” que, al parecer, tienen mucho pasado y poco futuro; en esta Lucena del siglo XX en la que la Historia se está convirtiendo en historietas de fiestas divinas y humanas, ecos de sociedad y anécdotas insulsas, la publicación de Ensayos y Artículos Políticos es una bocanada de racionalidad, un acto de civismo, una llamada respetuosa a la cultura civil y a las conciencias cada vez más adormecidas de los ciudadanos.

La selección de artículos, conferencias y ensayos recogidos en este libro es el fruto de treinta años de la vida de una persona que ha dedicado su valía intelectual al compromiso político. Cuando Juan Luna se educó y comenzó a desarrollar su actividad profesional, la política era delito y pecado. La edición del Catecismo de la Doctrina Cristiana del padre Ripalda en 1944 recogía entre los principales errores condenados por la Iglesia el racionalismo, el marxismo y el liberalismo, y consideraba que eran nefastas las libertades de prensa, de enseñanza, de propaganda y de asociación. La dictadura de Franco formó a los españoles a través de la represión contra los demócratas, la prohibición de partidos y sindicatos, la ausencia de protección social y asistencia médica para los obreros del campo; recogiendo las palabras de Juan fue una época de luto, censura, miedo, escasez, racionamiento, estraperlo, analfabetismo y emigración.

Tras la presentación de “Artículos y ensayos políticos” en Montilla, el 4 de febrero del año 2000.

Hace unas semanas, al leer una obra de Nicolás Sartorius y Javier Alfaya titulada La memoria insumisa sobre la dictadura de Franco, a Juan, lector empedernido, le llamó la atención una frase: “Por el lenguaje se empiezan a perder las batallas de las ideas”. Aunque Juan la batalla del lenguaje la tiene ganada, y no hay más que leer su libro para saberlo, es verdad que la existencia de una amnesia colectiva y de un olvido consciente de lo que fueron periodos nefastos de nuestro reciente pasado ha conducido a que la democracia no haya conseguido arraigarse como debiera en las palabras, los hábitos y las actitudes sociales e institucionales.

El franquismo sociológico sobrevive solapado o a plena luz del día en ideas, símbolos y costumbres. Por ello, este libro es un continuo toque de atención, una atenta llamada sobre los peligros que esa pervivencia supone para la salud democrática de nuestra comunidad. Juan señala cómo la herencia de la dictadura se manifiesta en la omnipresencia del nacionalcatolicismo, ya que desde algunos sectores se pretende convertir a Lucena en poco menos que la reserva espiritual de occidente, o también en la existencia de placas con nombres de fascistas en sus calles, a pesar de que el pleno del Ayuntamiento lleva aprobadas dos resoluciones para que se eliminen. Es evidente que respecto a determinados asuntos nuestros gobernantes se esmeran en incumplir sus propias normas.

La desmemoria conduce a situaciones lamentables, pues los que más debieran  arriesgarse a poner el dedo en la llaga son los que más se desentienden. En 1941, la Corporación municipal decidió nombrar hijos predilectos a unas personas que desencadenaron el drama de la guerra y la represión en este pueblo. Hoy, después de veinte años de ayuntamientos democráticos, ninguna corporación, ni de derechas ni de izquierdas ni de centro, ha tenido la decencia democrática de revocar ese acuerdo. El respeto a la historia, como algunos piensan, no es el culto idolátrico ni el respeto absoluto a todo lo que nos legaron las generaciones anteriores, sino el deber de reparar en la medida de lo posible las injusticias históricas que nuestros antepasados cometieron. Los símbolos de una población deben ser aquellos que ensalzan los valores democráticos, la convivencia pacífica y los derechos humanos.

En la habitual tertulia de amigos de los jueves por la noche, en una fecha indeterminada de la primera década del 2000.

En la habitual tertulia de amigos de los jueves por la noche, en una fecha indeterminada de la primera década del 2000.

Leyendo Ensayos y Artículos Políticos aprendemos que sin pasado no hay presente. Todavía algunos reticentes se esfuerzan en airear que las cosas del pasado es mejor no recordarlas. Pero lo que ocurre es que en nuestra ciudad cuando se remueve el pasado es para perpetuar lo que el franquismo dejó “atado y bien atado”. Hace unos años, un alcalde socialista decidió trasladar al cementerio la llamada Cruz de los Caídos, monumento erigido en memoria de los lucentinos de derechas muertos en la guerra. Los gastos corrieron a cargo del Ayuntamiento. Sin embargo, no interesaba recordar que en la fosa común de ese mismo cementerio se encuentran apiñados los restos de otros muchos lucentinos socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos que murieron asesinados en sus tapias. Esos no tienen, ni por lo visto nunca tendrán, una simple placa que los recuerde. Parece que para nuestros gobernantes municipales no todos los muertos son iguales, o quizá que algunos muertos son más insignes y merecedores de respeto histórico que otros.

En esta Lucena oficial que se enorgullece de sus tradiciones, hay algunas que no interesa recordar, que no salen en los artículos, tertulias y programas de nuestros medios de comunicación, que no se conmemoran con centenarios ni quinarios. Con sus escritos, Juan enarbola esta tradición olvidada, porque recoge la ideología de ilustres figuras políticas –de las que Juan es además fiel heredero–, que fueron ejemplos de coherencia ética y de compromiso social y moral, que combatieron por una sociedad democrática y progresista y que en muchos casos dieron su vida por defender sus ideales.

Entre estas personalidades debemos recordar a Juan Otero que, como director del periódico La Voz de Lucena, pregonaba a principios de siglo los valores del laicismo frente a las poderosas fuerzas clericales. Al abogado Antonio Buendía Aragón, uno de los fundadores del Partido Comunista de España y miembro de su comité central, hombre de amplia cultura que tradujo al castellano obras francesas de temática política. A los dirigentes socialistas Manuel Burguillos Serrano y Rafael Lozano Córdoba, que se distinguieron por su enconada defensa de los derechos de los trabajadores en los años treinta. En los tiempos que corren, abarrotados de gestos vanos que desaparecen sin dejar huella, se olvidan actos simples de humanidad: la esposa del socialista Manuel Burguillos murió el 8 de noviembre con la pena lógica y silenciosa de que la figura de su marido, asesinado durante la guerra, no recibiera nunca ningún reconocimiento oficial o, al menos, un reconocimiento de aquellos que hoy dicen profesar su ideología. Por desgracia, se ve que en Lucena no hay término medio entre el olvido absoluto y la conmemoración abrumadora.

En la feria del Valle de septiembre de 1997, junto a un grupo de amigos.

En la feria del Valle de septiembre de 1997, junto a un grupo de amigos.

También, entre el elenco histórico de personajes lucentinos destacados y olvidados, hemos de señalar a los masones republicanos Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez. Al farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, prestigioso alcalde en 1936. A Javier Tubío Aranda, venerable maestro de la logia masónica “Isis Lucentino”, primer alcalde de la II República, candidato a Cortes y vocal del Consejo Nacional de Izquierda Republicana, el partido del presidente Manuel Azaña, de quien Juan Luna se declara un admirador confeso.

Ensayos y Artículos Políticos nos transmite una sana melancolía. Sus mensajes, llenos de ironía, prosa literaria e inteligencia, nos rememoran los discursos de aquellos viejos y nobles republicanos que, con su conciencia democrática y su humanismo civil, pretendían inculcar el afecto al educado laicismo y fomentaban los buenos modales, el interés por la lectura, la reverencia y el respeto hacia los espacios públicos, la preocupación por la cultura y la instrucción pública, que creían en el género humano y en el universalismo, y que huían de estrechas visiones pueblerinas y xenófobas, porque sabían que cada uno de nosotros somos forasteros en todos los pueblos del mundo menos en el que hemos nacido.

Frente al nuevo orden mundial, en que las decisiones económicas, militares y políticas se toman desde arriba por el capital, el Pentágono y las multinacionales, Juan Luna hace un análisis de la realidad vista desde abajo, desde la óptica de los que todavía creen en la supremacía de lo público sobre lo privado y de lo colectivo sobre lo individual. Juan toma partido por los trabajadores, las minorías, los jornaleros andaluces, los marginados del sistema. Es lógico, como demócrata convencido entiende que en España la historia de los demócratas –por mucho que ahora sea políticamente incorrecto manifestarlo– es la historia de los derrotados, del exilio, de los que pedían la paz y la palabra porque ambas le habían sido arrebatadas; es la historia de la España roja, amarilla y morada de Machado, de los que escribieron páginas de heroísmo, de batallas perdidas y de tristes derrotas.

Quizá haya alguien, pues voluntarios para ello nunca faltan, que caiga en la atrevida tentación de desmerecer esta obra, basándose en el falso presupuesto de que sus razonamientos son marxistas, de que hace unos análisis demasiado antiguos de una realidad moderna o de que utiliza una ideología trasnochada y recalcitrante. Parece que en este mundo global que nos ha tocado vivir, están “pasadas de moda” esas viejas ideas que buscaban la emancipación, que intentaban acabar con la opresión, la desigualdad, la injusticia y la alienación, y que buscaban la libertad, la igualdad, la fraternidad, el pacifismo y la justicia. Dicen que todo eso es utopía, que ha quedado antiguo.

Antonio Maíllo Cañadas, Antonio Muñoz "Ortega", Juan Luna Delgado y Arcángel Bedmar en 1997.

Antonio Maíllo Cañadas, Antonio Muñoz “Ortega”, Juan Luna Delgado y el autor de este blog en 1997.

Pedir las treinta y cinco horas semanales o reivindicar un andalucismo que no se reduzca al folklorismo, las romerías, las bodas de duquesas y toreros o las hinchadas que animan a la selección nacional de fútbol se considera que es de locos o de personas que aspiran a una patria imposible o a un reino que no es de este mundo. En nuestros días, lo moderno es el fin de la historia, los fondos reservados, las motos por las calles peatonales, los sueldos de los ejecutivos de Telefónica, los pisos a ochenta millones, las jornadas diarias de más de diez horas en una carpintería, las pateras, la cultura del “pelotazo”, la lástima por Pinochet, el programa “Furor” de Antena 3 Televisión y el liberalismo, que ya no es una ideología que defiende los derechos humanos y las libertades civiles, sino un sistema que quita los subsidios a los más necesitados.

Estamos asistiendo a una despolitización cada vez más acusada, y eso no es bueno. La política, es decir, la actividad o el arte de gobernar, de organizar y administrar lo público y lo estatal, y también la actividad del ciudadano corriente cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o cualquier otra forma, que no tiene porque ser la afiliación a un partido, es necesaria y fundamental para el feliz desenvolvimiento de una sociedad. Con la abolición de la política una comunidad firma su sentencia de muerte. La corrupción, los escándalos, el evidente alejamiento de algunos partidos de las necesidades de los ciudadanos o la aparente conversión de los partidos en máquinas de poder carentes de ideología, que se dedican más a gestionar que a gobernar, no deben servir de excusa para un alejamiento de los ciudadanos de la realidad política y de lo público, pues ese alejamiento y la incultura política subsiguiente nos pueden arrastrar simple y llanamente hacia el fantasma del fascismo.

Voy a terminar señalando cuál creo que es la principal virtud de Ensayos y Artículos Políticos: su labor pedagógica. Su lectura nos enseña que la política es un arte noble cuando se realiza con decencia y buena voluntad, que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es el más sano y principal deber cívico, que la libertad es la madre de todas las ideologías, que la igualdad y la justicia son los fines a los que debe tender toda sociedad y, finalmente, nos enseña que personas como Juan Luna, que tanto ha luchado en los duros años de la clandestinidad para que el sistema democrático que ahora disfrutamos sea una realidad; personas como Juan Luna, por su honradez, su coherencia, su humanismo y su valentía intelectual son un orgullo y un símbolo para Lucena.

Portada del libro "Artículos y ensayos políticos"

Portada del libro “Artículos y ensayos políticos”.