Presentación del libro: Lucena 1900-1945. Movimiento obrero, republicanismo y represión política

A continuación publico el texto de mi intervención en la presentación de mi último libro, Lucena 1900-1945. Movimiento obrero, republicanismo y represión política, que se celebró en la Casa de los Mora el día 8 de julio de 2021. El vídeo íntegro de la presentación se ha obtenido del canal de Youtube del periódico digital Lucena Hoy y se puede visualizar en este enlace.  

 

Portada del libro.

El libro que hoy presentamos es una selección de artículos de mi blog a los que he añadido un capítulo nuevo. El blog nació hace ocho años, en julio de 2013, y en él se han publicado 59 entradas. En la actualidad acumula 258.000 visitas, una cifra bastante elevada si tenemos en cuenta que su ámbito de estudio se centra en pueblos del sur de Córdoba como Lucena, Baena, Montilla, Rute, Fernán Núñez, Iznájar y otros. La mayoría de las entradas se refieren a Lucena, una localidad a la que en 1998 dediqué mi primer libro, Lucena: de la II República a la Guerra Civil, del que con rapidez se agotaron dos ediciones. En el año 2000 vería la luz un segundo título, República, guerra y represión. Lucena 1931-1939, que revisaba y ampliaba de manera significativa lo publicado con anterioridad. Esta obra recibió también una magnífica acogida y se imprimieron tres ediciones, la última en 2010, corregida y aumentada. Desde entonces, todas mis investigaciones sobre Lucena se han difundido a través del blog.

En septiembre del año 2020 la Diputación Provincial de Córdoba convocó unas ayudas en materia de Memoria Democrática a las que podían concurrir los ayuntamientos. La delegación de Archivo, Publicaciones y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Lucena decidió acogerse a ellas para editar un libro que recopilara los artículos de mi blog relacionados con esa temática. Desde la entidad municipal se entendía que era una manera de que mis investigaciones llegaran a personas que por su edad o circunstancias tenían dificultad para relacionarse con el mundo digital o simplemente preferían la lectura en papel en lugar de en una pantalla. La concejalía consideraba además que así se facilitaba el acceso conjunto a la información que contenía el blog, lo que a su vez podría ayudar a difundirlo de un modo diferente y entre nuevos lectores.

El libro se ha estructurado en tres bloques temáticos que comienzan con los inicios del movimiento obrero en nuestra localidad. A principios del siglo XX se vivió en la provincia de Córdoba un auge del sindicalismo que se manifestó también en Lucena, que en el año 1900 albergaba a 21.179 habitantes (la mitad que ahora). En aquel momento, la actividad económica más importante y la gran fuente de riqueza era la agricultura. En el campo cordobés hubo dos factores que ejercieron una influencia decisiva en el nacimiento de la actividad sindical. Por un lado, la concentración de la propiedad de la tierra en manos de un número reducido de personas, a las que las clases populares llamaban señoritos o patronos. Por otro lado, la miseria de los jornaleros, que constituían la inmensa mayoría de la población y sobrevivían con un sueldo escaso y sometidos al paro estacional, a unas jornadas laborales de sol a sol y a unas condiciones de trabajo abusivas. En aquellos años no existían, como ahora, un salario mínimo o contratos de trabajo estables, ni seguros sociales o de desempleo que pudieran remediar la angustiosa situación de los trabajadores agrícolas.

En Lucena la actividad sindical tuvo raíces socialistas, sin que aquí arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia como Castro del Río, Espejo, Baena, etc. Las primeras organizaciones de trabajadores vieron la luz en el verano de 1902, cuando se crearon las sociedades de Albañiles, Zapateros y Veloneros. La primera gran organización sindical de los trabajadores del campo lucentino, la Liga Obrera, se fundó en 1904, y el 30 de junio de 1908 nació la Agrupación Socialista, aunque su actividad solo duró un año. Fue la primera de la provincia tras la de Córdoba capital, que se había creado en 1893.

En mayo de 1909 resultó elegido concejal el abogado Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que jugaría un papel importante en la reorganización del socialismo local. Francisco de Asís López mantuvo una intensa correspondencia durante cuatro años con Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y de la UGT, que se había convertido en 1910 en el primer diputado del partido socialista de la historia. Conservamos copia de 24 cartas enviadas por Pablo Iglesias a Francisco de Asís López, y todas se publican en el libro. Las originales fueron donadas en mano por su hijo Miguel a Felipe González en la sede del partido de la calle Ferraz de Madrid antes de que este llegara a la presidencia del Gobierno en 1982.

Foto: Lucena Hoy.

El movimiento obrero y el socialismo lucentino vivieron continuos altibajos desde su nacimiento. Tras desaparecer la Agrupación Socialista en 1909, en enero de 1913 se creó el Centro de Obreros Socialistas, que decayó al año siguiente, y habrá que esperar a junio de 1918 para asistir a la nueva constitución de la Agrupación Socialista, que alcanzó los 85 militantes durante aquel año. La gran organización obrera en Lucena del denominado Trienio Bolchevique, un periodo de nuestra historia que abarca de 1918 a 1920, fue la Unión Agrícola, que llegó a tener 1.976 afiliados en marzo de 1919, el 9% de los 21.029 habitantes de la localidad. En Jauja, los campesinos se agruparon en la Sociedad de Obreros Agricultores La Redención, que en 1919 contaba con unos doscientos socios, que representaban el 19% de los 1.038 residentes en la aldea. En el periodo del Trieno Bolchevique, al que dedicamos el capítulo 2 del libro, el auge del asociacionismo obrero se manifestó además en el aumento de la participación política de los partidos antidinásticos, fundamentalmente republicanos y socialistas. Así, por el distrito electoral de Lucena, en las elecciones a Cortes de 1919 llegó a concurrir el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, que a punto estuvo de conseguir un acta de diputado.

Durante los años del Trienio Bolchevique destacó el joven abogado Antonio Buendía Aragón, en quien centramos el capítulo 3. Antonio Buendía representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en octubre de 1918 en Madrid, bajo la presidencia de Pablo Iglesias. La afiliación de Antonio Buendía al PSOE duró dos años escasos, ya que en 1920 fue uno de los fundadores y luego miembro del Comité Central del Partido Comunista Español, una organización que al fusionarse en 1921 con el Partido Comunista Obrero Español dio lugar a la creación del Partido Comunista de España. El perfecto conocimiento que poseía Antonio Buendía de la lengua francesa y su amplia cultura le permitieron traducir al castellano al menos tres libros entre 1929 y 1930.

Foto: Lucena Hoy.

En 1931 Antonio Buendía estableció su residencia en Madrid, donde le sorprendió el golpe de Estado de julio de 1936. En 1939 salió hacia el exilio francés y consiguió llegar a Chile, desde donde se trasladaría a Francia en 1956. En el país vecino sirvió de enlace con Chile y Méjico para el intercambio de publicaciones del partido comunista y trabajó de corrector para Nuestras Ideas, una revista trimestral de ideas, política y cultura, editada en Bruselas, en la que colaboraron múltiples intelectuales españoles. En los años setenta Antonio Buendía se instaló en la capital rumana, Bucarest, el lugar en el que moriría en 1972. Antes había vendido todas sus tierras, ya que era un gran terrateniente agrícola, y donó el dinero al partido comunista. La noticia de su fallecimiento fue publicada incluso por los periódicos ABC y La Vanguardia en plena dictadura de Franco, lo que da idea de la relevancia que tuvo dentro del comunismo español.

El republicanismo fue la principal minoría de oposición en el Parlamento español durante el reinado de Alfonso XIII, que comenzó en 1902. Los republicanos se presentaron a menudo a las elecciones coaligados con el PSOE, tuvieron una fuerza importante en las zonas urbanas y aglutinaron en su seno a un amplio sector de la burguesía progresista y de las clases populares. Como el sistema político de la Restauración se basaba en el fraude electoral y el turno pactado entre los dos grandes partidos monárquicos, liberales y conservadores, la implantación del republicanismo resultó más dificultosa en el ámbito rural, donde la libertad de voto era menor y la influencia caciquil más acusada. Precisamente por ello, en Lucena uno de los objetivos del republicanismo fue la lucha política contra Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado liberal por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados en sucesivas elecciones desde 1905 a 1923, dos veces ministro y cabeza visible en la localidad del sistema político que los antimonárquicos querían enterrar.

La sección lucentina del Partido Republicano Radical, al que dedicamos el capítulo 5, se constituyó en Lucena en 1910. El partido nació con un programa político anticlerical, obrerista, populista y antimilitarista que se moderaría en los años treinta del siglo pasado. En Lucena los republicanos nunca obtuvieron diputados por el distrito electoral durante el reinado de Alfonso XIII. No obstante, en el Ayuntamiento consiguieron en noviembre de 1914 su primer concejal, el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que hasta 1922 revalidó su puesto en tres sucesivas convocatorias. Durante este periodo, en distintos momentos, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas lo acompañaron como ediles republicanos.

Tras la dictadura del general Primo de Rivera, que duró desde 1923 hasta 1930, el gobierno del almirante Aznar intentó volver a la normalidad constitucional con la convocatoria de unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Los resultados dieron la victoria a una alianza republicano-socialista en las capitales de provincia y en los núcleos urbanos, por lo que el rey Alfonso XIII se vio obligado a renunciar al trono. La conjunción de republicanos y socialistas logró una arrolladora victoria en Lucena en estas elecciones con el 64,82% de los votos. Frente a siete concejales monárquicos, salieron elegidos 18 concejales republicanos. Javier Tubío Aranda, a quien dedicamos el capítulo 4 del libro, asumiría la alcaldía de Lucena el 17 de abril, aunque el 6 de julio dimitió. Un socialista, el abogado Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, que años después acabaría como alto cargo regional de la Falange, lo sustituyó en el cargo.

Es muy difícil encontrar listados de militantes de los partidos y sindicatos que quedaron proscritos durante el franquismo, pues sus archivos fueron incautados por las autoridades militares, se ocultaron o se destruyeron. Por ello, es una suerte que podamos contar con una relación de socios del Centro Republicano Radical de Lucena, posiblemente del año 1934. Se conservaba entre los papeles personales del presidente del partido entre octubre de 1933 y enero de 1935, el abogado Rafael Ramírez Pazo, de los que poseo una copia cedida de manera generosa por su hija Araceli a principios de 2016. En la lista de afiliados aparecen 116 varones, identificados por el nombre, la edad, la profesión y el domicilio.

En la etapa de la II República, entre los años 1931 y 1936, las organizaciones de izquierda y las distintas ramas del republicanismo congregaron el apoyo de buena parte de la población lucentina, según se puede observar en sus nutridas listas de militantes. Aun así, como en todo sistema democrático en el que los gobiernos dependen de la voluntad libre de los ciudadanos expresada en las urnas, los resultados electorales fueron variando en este periodo. Si las elecciones del 12 de abril de 1931 otorgaron una amplia victoria a las candidatura republicano-socialista, y las elecciones legislativas del 30 de junio ofrecieron el triunfo al PSOE con el 52,10% de los sufragios, los resultados dieron un vuelco en las dos elecciones legislativas de los años posteriores. En diciembre de 1933 la derechista Coalición Antimarxista logró el respaldo del 58,61% del electorado lucentino y el 16 de febrero de 1936 se produjo un nuevo cambio al sumar el 53,66% de apoyos el Frente Popular, una amplia coalición de fuerzas republicanas y de izquierda en la que convivían principalmente Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PSOE y el partido comunista, unas organizaciones de las que se pueden consultar sus listados de cientos de militantes en el capítulo 6.

El contexto internacional en el que se desarrolló la II República Española no era propicio para las libertades y el pluralismo. De los 28 regímenes democráticos que existían en Europa en 1920 solo pervivían 12 en 1938. Los otros 16 habían sido sustituidos, a través de golpes de Estado, por dictaduras y sistemas autoritarios de corte derechista o fascista que invocaron el peligro de una posible o supuesta revolución socialista o comunista, que nunca se produjo, para justificar su ascenso al poder. Algo similar ocurrió en España. Aunque en el gobierno del Frente Popular no había en 1936 ni un solo ministro socialista o comunista, y este último partido solo tenía 17 de los 473 diputados en las Cortes, un golpe de Estado terminó con el primer intento serio de democratización, con todos los defectos que tuviera, que vivió nuestro país en el siglo XX.

Las personas de hace ochenta años en general no vivían ni entendían la democracia en los mismos precisos términos que nosotros en la actualidad. Por tanto, la República española resultó todo lo democrática que podía llegar a ser en los años treinta, y más si la comparamos con una Europa en la que se vivían las dictaduras de Stalin en la Unión Soviética, de Hitler en Alemania, o de Mussolini en Italia. La República española no fue peor ni distinta que la mayoría de las democracias europeas de aquella época con problemas similares, lo que la diferencia de ellas es que aquí hubo un golpe de estado que perseguía suprimir las reformas económicas, sociales y culturales que la República había iniciado en 1931. Y ese golpe no se produjo porque la República no fuera lo suficientemente democrática según los parámetros de la época, sino porque un grupo de militares sublevados apoyados por monárquicos, carlistas y falangistas, y con la colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, quería imponer una dictadura.

La II República española tuvo que enfrentarse desde su proclamación, el 14 de abril de 1931, a una variada gama de fuerzas políticas y sindicales que eran antisistema y antidemocráticas, y a una permanente amenaza de golpe militar apoyado por los partidos de extrema derecha. Durante la República las tramas antirrepublicanas dentro del Ejército estuvieron protagonizadas fundamentalmente por la Unión Militar Española, una organización clandestina integrada por mandos militares ultraconservadores que compartían bastantes objetivos con los fascismos italiano y alemán como eran la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario. En 1934 y 1935 hubo varios planes de rebelión, que no llegaron a materializarse, liderados por los generales Yagüe o Fanjul. La victoria del Frente Popular el 16 de febrero de 1936 aceleró la conspiración, de manera que pocos meses después, el 1 de julio, los monárquicos españoles contrataron con la Italia fascista de Mussolini la compra de una enorme cantidad de material bélico de primer nivel, valorado en 339 millones de euros actuales, para respaldar una sublevación militar que finalmente comenzaría el día 17 en los territorios españoles del norte de África.

Como consecuencia del golpe de estado del 18 de julio de 1936, dos Españas, la España republicana y la España franquista, se enfrentaron en una cruenta guerra civil. Durante los tres años de enfrentamiento murieron en los frentes de batalla unos 300.000 soldados y en los bombardeos fallecieron unas 12.000 personas. Aparte, en aquellos tres años de guerra, decenas de miles de personas inocentes, que no habían cometido ningún delito, murieron a consecuencia de la represión en la España republicana y en la franquista, en su mayoría por fusilamientos.

La represión franquista y la republicana durante la guerra civil no fueron iguales. En la zona franquista la violencia se programó con antelación y fue alentada desde los mismos centros del poder y por los mandos militares como una política de Estado. Por el contrario, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado y fue protagonizada por grupos de exaltados en medio del clima de descontrol del orden público que se vivió en los primeros meses de la contienda. Además, en la zona republicana muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos, una circunstancia que no se solía dar en la España franquista. Esto explica en parte que el número de víctimas mortales de la represión fuera muy distinto en las dos zonas. En este momento hay contabilizadas en España 140.159 víctimas republicanas frente a 49.367 franquistas, de acuerdo con un estudio global del historiador Francisco Espinosa Maestre. En Andalucía las diferencias aumentan, y se contabilizan 51.090 víctimas republicanas frente a 8.356 franquistas. Por último, en la provincia de Córdoba, hubo 11.582 muertos republicanos en guerra y posguerra frente a 2.346 franquistas, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez.

La rebelión militar comenzó en Córdoba capital a las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División —que comprendía las ocho provincias andaluzas— recibió en el cuartel de Artillería, la mayor unidad militar de la ciudad, una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Hemos de recordar, pues parece que este hecho se olvida con frecuencia, que todos estos actos de fuerza protagonizados por los militares golpistas eran ilegales, ya que el artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España.

Las llamadas de los militares rebeldes en Córdoba encontraron un amplio eco ya que se sublevaron los cuarteles de la Guardia Civil de 47 de los 75 pueblos de la provincia. En Lucena, el golpe militar contra la República se materializó a las 5 de la mañana del 19 de julio de 1936, cuando el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Recluta y ejercía de comandante militar, emitió el bando de guerra. La represión comenzó esa madrugada con las detenciones practicadas por la Guardia Civil, dirigida por el teniente Luis Castro Samaniego, en el ayuntamiento y en la Casa del Pueblo, y las realizadas con posterioridad en varios domicilios de la población. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas, en una ciudad que entonces rondaba los 30.000 habitantes, y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes, por lo que hubo que habilitar hasta seis cárceles, incluidos dos conventos, el de San Agustín y el de San Francisco, y la antigua plaza de toros. Desde estos centros de reclusión, muchos de los detenidos fueron trasladados al cementerio y a otros lugares del término municipal o a Córdoba capital para ser fusilados y enterrados en fosas comunes.

Para entender esta masacre, no debemos olvidar que el director de la conspiración militar en España, el general Emilio Mola Vidal, ya había advertido a los militares conjurados el 25 de mayo, dos meses antes del golpe de Estado, que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que “serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. En consecuencia, la violencia sería una táctica ejercida por los sublevados desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península y los republicanos no habían movido ni un solo dedo para oponerse a ella, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar durante los tres años siguientes en todos los lugares que iban conquistando.

Foto: Lucena Hoy.

Con estos datos previos, el término preciso para referirnos a lo que sucedió en Lucena entre 1936 y 1939 no es el de guerra civil, sino el de represión, pues en la localidad no hubo resistencia armada al golpe de Estado, combates u operaciones militares. Cuantificar la represión franquista en Lucena es tan dificultoso como en el resto de España, ya que un buen número de víctimas mortales no ha dejado ningún rastro en la documentación oficial de los libros de defunciones del Registro Civil o de los libros de enterramientos de los cementerios. Ello se debe a que desde el primer momento hubo un enorme interés en esconder la represión, algo que siempre han procurado las dictaduras, de izquierdas o de derechas, a lo largo de la historia. Además, el miedo, el desconocimiento, las dificultades burocráticas y la emigración a otros lugares impidieron o dificultaron que los familiares de los asesinados pudieran inscribirlos en el Registro Civil, que es la fuente imprescindible para el estudio de los fallecimientos en una localidad.

Todas las inscripciones de fusilados en el Registro Civil de Lucena se realizaron fuera del plazo legal, muchos años después de que se produjeran las muertes. Durante los tres años de guerra solo se anotaron cuatro víctimas en el Registro y hubo bastantes inscripciones a partir de 1980 (un 15,87% del total de inscritos) acogiéndose a la Ley de 18 de septiembre de 1979, emitida por el gobierno de Adolfo Suárez, sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Todas estas carencias explican que en el Registro estén inscritas solo 69 víctimas mortales de la represión franquista en el municipio de Lucena mientras que otras 63 (casi el 48% del total) nunca se llegaron a anotar de manera oficial. La identidad de estas últimas se ha obtenido en buena medida a través de testimonios orales aportados por familiares, algunos de los cuales están hoy aquí presentes en este acto, y con probabilidad sus nombres se hubieran perdido si no se hubiera sido por ellos. Este proceso de recogida y difusión de los recuerdos entra en el campo de la memoria histórica, y a pesar de las insuficiencias que pueda presentar, es una manera aceptable de acercarnos a un asunto en el que otras fuentes documentales manifiestan evidentes lagunas.

La lista de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena, que aparece detallada en el capítulo 9, comencé a elaborarla en 1997 y desde entonces su número y la información que poseemos sobre los fallecidos han aumentado considerablemente, como se puede comprobar en el capítulo 11 dedicado a las nuevas historias que han aparecido en los últimos años. Por tanto, si en 1997 hubiéramos decidido no investigar sobre este asunto y seguir el consejo de los defensores del olvido y de “no remover el pasado”, hoy todavía seguiríamos creyendo que las víctimas de la represión en Lucena fueron la mitad de las reales, con lo que habríamos hecho un flaco favor a la verdad histórica y al derecho que tiene una sociedad a conocer su pasado.

Foto Lucena Hoy

Según los datos que poseemos en la actualidad, y que podrían variar en cualquier momento en función de nuevos hallazgos, la represión causó en Lucena durante la guerra 100 muertos, a los que hay que sumar 21 en la aldea de Jauja y 11 en Las Navas del Selpillar, lo que nos da una cifra total de 132 víctimas para el municipio. Hay otras dos víctimas dudosas. Además, seis forasteros cayeron fusilados en el término municipal. Por último, en la posguerra murieron en las cárceles al menos otros siete lucentinos por hambre, enfermedades y privaciones. Aunque es muy complicado identificar a todas estas víctimas y saber dónde las enterraron, en diciembre de 2017, tras una labor de búsqueda realizada en el cementerio de Lucena por un equipo arqueológico patrocinado por la Junta de Andalucía y en el que colaboraron de manera altruista cuatro jóvenes lucentinos, se localizaron los cuerpos de cinco varones con signos de torturas y muertos por arma de fuego. Desconocemos en este momento, tres años y medio después de todo aquello, si el proceso de identificación genética de los restos hallados ha culminado con éxito, pues a varias familias les tomaron pruebas de ADN con la intención de confrontarlo con el de los huesos encontrados.

El capítulo 10 del libro está dedicado a una presunta lista negra de la guerra civil encontrada en Lucena en la que se anotan 49 personas identificadas por nombres, apodos u otras referencias. Una lista negra es una relación de personas que por algún motivo están excluidas o discriminadas. Desde que apareció el movimiento obrero en el siglo XIX, determinados patronos se pasaban entre ellos o a través de sus asociaciones listas negras de trabajadores a los que, debido a su ideología política o su militancia sindical, se recomendaba no contratar con la intención de doblegarlos por el hambre. En la Guerra Civil española se relacionaba casi siempre una lista negra, tanto en zona republicana como en zona franquista, con personas que debían ser investigadas, encarceladas o fusiladas. Es muy difícil descubrir una lista negra original, porque era un documento privado o administrativo que pasaba de mano en mano con una finalidad poco ética e ilegal, y que por tanto se quería mantener oculto ante los ojos de los ciudadanos, así que este hallazgo es muy valioso y llamativo.

Cualquier estudio que intente reconstruir lo que sucedió en Lucena en los años de la República, la Guerra Civil y la primera posguerra se encontrará con una dificultad insalvable: todos los documentos relativos a este periodo que deberían conservarse en el Archivo Histórico Municipal se quemaron de manera intencionada en los años setenta del siglo XX. Parece claro que el objetivo era borrar un pasado que podría resultar incómodo para determinadas personas que habían tenido un papel activo en la represión o en la vida política, por lo que solo se salvaron los libros de actas de los plenos y pocos documentos más. Desconocemos si esa destrucción tuvo que ver con la orden que dio Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior de la UCD en 1977, de acabar con miles de documentos relacionados con el franquismo y relativos a Falange, la Guardia Civil, las prisiones, etc.

Al faltar los fondos municipales, bastantes de las historias que narramos en el libro se han podido reconstruir, como podemos observar en varios capítulos, gracias a los importantes descubrimientos realizados en los últimos años en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y sobre todo en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, abierto a los investigadores en 1997, donde se conservan los sumarios de los consejos de guerra a los que fueron sometidos miles de republicanos andaluces durante la Guerra Civil y la posguerra. En este último archivo, por ejemplo, hemos encontrado unas interesantes diligencias informativas que pueden dar una idea aproximada del alcance estremecedor que tuvo la represión aplicada por la justicia militar. Las diligencias se refieren al teniente coronel Juan Tormo Revelo, que era comandante militar de Lucena en julio de 1936, y en agosto ya ejercía como miembro de los tribunales que intervinieron en los consejos de guerra celebrados en Sevilla y luego en Málaga. En esa documentación manifiesta que, entre agosto de 1936 y junio de 1937, él mismo ya llevaba “sentenciados a la pena capital y ejecutados 1.012 canallas rojos”, lo que nos da una media de tres condenas a muerte al día si incluimos sábados y domingos.

La actuación de los tribunales militares contra vecinos de Lucena y Jauja huidos tras la sublevación del 18 de julio y retornados al finalizar la contienda guerra ocupan dos capítulos del libro, el 13 y el 15. Estos tribunales estaban politizados e integrados por un presidente y unos vocales sin formación en Derecho, pues solo era obligatorio que la tuviera el fiscal. Para los procesos se estableció un juzgado especial permanente en el número 19 de la calle El Agua. Los miembros del tribunal, todos oficiales del Ejército, llegaban a Lucena para la ocasión, emitían las sentencias en pocas horas, sin tiempo real para analizar detenidamente las causas, y se marchaban nada más terminar su cometido. En los consejos de guerra la indefensión del encausado, sometido a prisión y a torturas desde un primer momento, era absoluta y todo el proceso judicial se realizaba sin las debidas garantías. Eso explica que muchos de los condenados debieron soportar condenas de años de cárcel solo por su militancia en partidos políticos y sindicatos, o por haber luchado en las filas del Ejército republicano.

En dos capítulos del libro, el 14 y el 15, se trata la represión sufrida en la aldea lucentina de Jauja durante la guerra y la posguerra. Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 la Guardia Civil del pueblo, comandada por Antonio Velázquez Mateo, se concentró en Lucena, así que allí no triunfó la sublevación militar en un primer momento. A los dos días, se creó en la aldea una Comisión, formada en su mayoría por militantes de la UGT y el PSOE, que se mantuvo fiel a la República y evitó los asesinatos, las detenciones y la violencia. El día 11 de agosto una columna del comandante Castejón tomó la localidad sevillana de Badolatosa, situada a solo un kilómetro de Jauja, y el estruendo de los disparos fue aterrador. El miedo se apoderó de la población y casi todo el mundo huyó al campo. El 13 de agosto tropas llegadas desde Lucena ocuparon la aldea, que estaba ya casi despoblada. A pesar de no haber existido una violencia previa por parte de los republicanos, se inició una terrible ola de fusilamientos que se llevó por delante la vida de al menos 21 vecinos del poco más de mil que vivían en la localidad. Muchos de los que escaparon para evitar la represión ya no volverían a sus hogares hasta finalizar la contienda, lo que no los libraría de ser sometidos a consejos de guerra sumarísimos en la posguerra.

Cuando hablamos de la represión relacionada con la Guerra Civil siempre pensamos en la violencia física, sobre todo en los fusilamientos. Pero hubo otras represiones en los ámbitos económico, cultural, ideológico o educativo, entre otros, de las que damos cuenta en distintos capítulos, como el 7 y el 17. Así el Carnaval, una fiesta de profunda raigambre popular y cuya celebración está documentada de forma escrita desde el siglo XIX en nuestra localidad, se prohibió debido a su carácter transgresor y crítico, a que se alejaba de los cánones religiosos y porque solo se toleraban las tradiciones relacionadas con las celebraciones católicas. También el discurso del odio y de la deshumanización de los que se creía diferentes estuvo muy presente en los años de la guerra y la posguerra. Recogiendo el viejo ideario antisemita de la Edad Media, incluso en la prensa lucentina que se autodefinía como católica, a menudo encontramos noticias y artículos en los que se difundía un mensaje de hostilidad hacia los judíos que, salvando las distancias, nos recuerdan el furibundo mensaje racista que lanzaba la Alemania nazi en aquel momento.

La represión en la enseñanza, que abordamos en el capítulo 16, la relacionamos con la corta trayectoria del Instituto Barahona de Soto, creado en 1933 y que solo sobrevivió seis años. En 1931 el único instituto de enseñanza media que existía en el sur de Córdoba era el Aguilar y Eslava de Cabra. Los lucentinos que querían estudiar el bachillerato en su provincia solo tenían la opción de matricularse en este centro, o en el Provincial de Córdoba capital. En su afán por universalizar el derecho a la educación y de acercar la cultura a los ciudadanos, la II República creó miles de aulas e inauguró nuevos institutos de enseñanza media en las ciudades con gran número de escolares. Lucena fue una de las ciudades beneficiadas pero todo se trucó a partir de la sublevación militar de julio de 1936. En principio, un tercio de los profesores del instituto, debido a sus ideas políticas, fue sancionado y suspendido de empleo y sueldo por las comisiones depuradoras creadas durante el mandato del poeta José María Pemán como secretario de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, una especie de primer gobierno franquista. Por otro lado, la apertura del instituto de Lucena rompía el monopolio educativo que tenía el instituto de Cabra en el sur de Córdoba y suponía una enorme competencia a la hora de atraer al alumnado. En consecuencia, el alcalde de Cabra, que a la vez era director del instituto de su pueblo, presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en la provincia y además estaba muy bien relacionado con las altas esferas educativas, apoyó su cierre. Por último, el golpe definitivo vino con la Ley de Bases para la Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938, que entre otras medidas depuró el sistema educativo republicano y cerró sus institutos, ya que consideraba que estos centros habían tenido como principal objetivo sustituir “la enseñanza dada por las órdenes religiosas”. Esta nueva ley apostó por un modelo de enseñanza que significó el retraimiento de la escuela pública en beneficio de la escuela privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, lo que explica que en 1959 hubiera en España solo 119 institutos, 32 menos que en 1936.

Tras hacer un recorrido por los capítulos que componen mi libro, me van a permitir ahora, para finalizar, una breve reflexión. La historia no solo consiste en narrar gestas y periodos gloriosos que nos llenan de orgullo y satisfacción, sino que es mucho más amplia e incluye episodios que a veces nos pueden resultar incómodos o poco agradables. Sin embargo, la obligación del historiador es recuperar el pasado en su integridad, ya que es su oficio y su obligación, sin atender a silencios, miedos, censuras ni a opiniones interesadas. Los historiadores no somos culpables ni de lo que ocurrió ni de lo que hicieron nuestros antepasados, y nos limitamos a constatar lo sucedido a través de un análisis riguroso de los documentos y de las fuentes históricas. Nuestra principal labor social consiste en tratar de difundir la verdad demostrable de los hechos y que su conocimiento sirva, como una lección didáctica y también ética, para cerrar heridas, fomentar la convivencia democrática, aprender de lo positivo y tratar de que no se repita lo negativo. Atendiendo a estos principios, en las páginas del libro que hoy presentamos el lector encontrará unas investigaciones, iniciadas hace ya un cuarto de siglo, que le pueden ayudar a conocer mejor la historia de Lucena y de los lucentinos.

Dirigentes y militantes del Partido Republicano Radical en Lucena (1931-1936)

La sección lucentina del Partido Republicano Radical se constituyó en 1910. Fue apadrinada por el abogado Emiliano Iglesias, quien dos años antes había sido uno de los fundadores del partido en España junto a su dirigente más conocido, el periodista Alejandro Lerroux, natural de La Rambla. El partido nació con un programa político extremista, anticlerical, obrerista, populista y antimilitarista, opuesto al nacionalismo catalán y a la intervención española en la guerra de Marruecos. Dos años después de su fundación, se integró en una Conjunción Republicano-Socialista que obtuvo ocho diputados en las Cortes, aunque su representación parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) resultó siempre exigua. Algo similar ocurrió en Lucena, donde los republicanos nunca obtuvieron diputados por el distrito electoral de la localidad. En cuanto a su presencia en el Ayuntamiento, consiguieron en noviembre de 1914 su primer concejal, el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que hasta 1922 revalidó su puesto en tres sucesivas convocatorias. Durante este periodo, en distintos momentos, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas lo acompañaron como ediles republicanos radicales.

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Sello del Centro Obrero Republicano de Lucena en 1932.

Tras la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), el gobierno del almirante Aznar intentó volver a la normalidad constitucional con la convocatoria de unas elecciones municipales, pero una alianza republicano-socialista consiguió la victoria en las capitales de provincia y en los núcleos urbanos. El rey Alfonso XIII, a quien se acusaba de haber faltado a sus deberes constitucionales por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera, se vio obligado a renunciar al trono. El nuevo gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora (de la Derecha Liberal Republicana) e integrado por republicanos de diversas tendencias y por socialistas, incluirá a dos ministros radicales, entre ellos al líder nacional Alejando Lerroux como ministro de Estado. Al igual que en otros lugares, la conjunción de republicanos y socialistas logró la victoria en Lucena en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, con el 64,82% de los votos. De los 18 concejales republicanos elegidos (frente a ocho monárquicos), siete pertenecían al partido radical: Domingo Cuenca Navajas, Juan Ruiz de Castroviejo López, Francisco Jiménez Gil, Anselmo Jiménez Alba, José López Jiménez, Amador Bergillos del Río y el presidente del partido, Javier Tubío, que asumiría la alcaldía el 17 de abril. El 6 de julio dimitió, y un socialista, Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, lo sustituyó en el cargo.

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Hoja de propaganda de los radicales lucentinos, fechada con probabilidad a finales de 1933-1934.

Poco tiempo después de la proclamación de la República, el Partido Republicano Radical inició un giro hacia posiciones políticas más conservadoras. Se evidenció de manera drástica cuando en diciembre de 1931 el presidente del gobierno, Manuel Azaña, que había llegado al cargo dos meses antes, realizó una renovación ministerial. Hasta ahora los radicales siempre habían participado en el gobierno, pero en ese momento dejaron de colaborar por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque pretendían convertirse en una alternativa real de poder desde la oposición, acentuando su carácter conservador y populista. Y en segundo término, porque estaban en desacuerdo con la política social y económica de los ministros socialistas. La Asamblea Nacional del Partido Republicano Radical, celebrada en octubre de 1932, significó un paso más en el proceso de derechización de este grupo político, al reclamar el fin de la participación de los socialistas en el Gobierno y el cese de la intervención del Estado en las relaciones laborales. El cambio ideológico motivó que antiguos monárquicos, aventureros políticos y personas ligadas a la oligarquía agraria encontraran rápido acomodo dentro del partido, lo que a su vez influyó en que el programa radical se fuera adaptando de manera progresiva a los intereses de esta nueva militancia.

En Lucena, el proceso de conversión hacia posturas más conservadoras no se realizó sin resistencias internas. A finales de verano de 1932 se produjo un enfrentamiento entre la directiva radical lucentina y Eloy Vaquero Cantillo, diputado y presidente del Comité Provincial, que deseaba imponer a una persona de su confianza como máximo dirigente del partido en la localidad. Las injerencias de Eloy Vaquero y el progresivo abandono de las esencias republicanas por parte del partido radical determinó la dimisión y la salida del presidente local, Javier Tubío, que en octubre de 1932 se incorporó al Consejo Nacional de Acción Republicana, la organización política del presidente del gobierno Manuel Azaña.

En aquel momento de zozobra interna, las tres organizaciones políticas y sindicales lucentinas (Partido, Juventud y Centro Obrero) ligadas al radicalismo tenían su sede en el número 6 de la calle Pedro Angulo y, según el periódico Germinal (12 de enero de 1933), sus comités directivos eran los siguientes:

Comité político del Partido: Domingo Cuenca Navajas (presidente) José López Jiménez (vicepresidente), Anselmo Jiménez Alba (secretario), José Arjona Huertas (tesorero). Vocales: Francisco Jiménez Gil, Antonio Ramírez Varo, José Flores Jiménez, Miguel Segovia Covaleda y Antonio Molina Aragón.

Junta directiva del Centro de Obreros Republicanos: José López Jiménez (presidente) Francisco Alba Sánchez (vicepresidente), Rafael Cazorla Ávila (secretario), Antonio Ramírez Varo (tesorero), Francisco Verdejo Ordóñez (contador). Vocales: Antonio José Jiménez, Juan Rivas Lozano, Andrés Hinojosa Cañete, Francisco Bergillos Gálvez, Antonio José Flores Ramírez y Antonio Molina Aragón.

Comité de la Juventud Radical: Manuel Moreno Galzusta (presidente) Domingo Cuenca González (vicepresidente), Luis Rivas Valenzuela (secretario), José López García (tesorero). Vocales: Francisco Cuenca González, Rafael Jiménez Tenllado, Eduardo López González, Cándido Artacho Delgado y Pedro Linares García.

El enfrentamiento entre los dirigentes radicales lucentinos, de perfil más progresista, y el Comité Provincial, de talante más conservador, alcanzó su punto culminante el 13 de diciembre de 1932, cuando el abogado Rafael Ramírez Pazo, de 26 años, con autorización del Comité de Córdoba, creó una organización de la Juventud Republicana Radical en Lucena, a pesar de que ya existía una funcionando en ese momento. Al día siguiente, el comité local lucentino dio de baja en el partido a Rafael Ramírez por haber faltado a la disciplina interna. Sin embargo, el día 18 el Comité Provincial reaccionó con rapidez y dejó sin efecto la expulsión, autorizándole “a afiliar provisionalmente a cuantos lo deseen, tanto para el partido como para la Juventud”, lo que le permitiría captar a muchos seguidores y crear un censo de militantes a su medida que lo auparían en pocos meses como líder de los radicales en la localidad.

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Comité directivo del partido radical en Lucena en 1934. En el centro, el presidente Rafael Ramírez Pazo. A su izquierda, el tesorero Julián Sarabia.

La enemistad de algunos republicanos lucentinos con Rafael Ramírez Pazo era manifiesta y antigua. De hecho, el 14 de abril de 1932 había sido expulsado como socio del Centro de Obreros Republicanos por haber manifestado en repetidas ocasiones que “prefería una monarquía liberal a la República”. Sin embargo, apoyado por la dirección provincial, Rafael Ramírez ganaría el pulso a la “vieja guardia” radical lucentina que se había forjado en la lucha contra la monarquía alfonsina a principios del siglo XX. El día 12 de octubre de 1933, en una asamblea celebrada en la sede de la calle San Pedro, resultó elegido presidente del Centro Republicano Radical, concentrando todo el poder en sus manos, pues dejaron de funcionar de manera autónoma las secciones de la juventud y de los obreros, que pasaron a estar bajo la obediencia del Centro. La junta directiva la completaban José María Ranchal Gómez (vicepresidente), Paulino Requerey Sánchez (secretario), Julián Sarabia Urbano (tesorero), Pedro Reyes Osuna (bibliotecario), Antonio Hidalgo Bergillos (contador), y los vocales Salvador Vigo Ruiz, Manuel Maíllo Ruiz, Francisco Cobos Varo y Manuel González Moreno (periódico Ideal, 23 de octubre de 1933). Aunque no tenía cargo en la directiva, el abogado Miguel Víbora Blancas se convirtió en el referente principal de los radicales lucentinos a partir de ese momento. Solía presidir las mesas de las conferencias que se realizaban en la sede o fuera de ella, participaba en mítines y en actos, representaba a las delegaciones de los radicales lucentinos en otras localidades y servía de anfitrión en su domicilio a los jefes y candidatos provinciales del partido cuando visitaban Lucena.

La renovación en octubre de la directiva de los radicales lucentinos estaba relacionada con la preparación de las próximas elecciones a Cortes, convocadas para el 19 de noviembre de 1933. En la provincia de Córdoba, los radicales, en unión del Partido Republicano Progresista del presidente de la República, Alcalá-Zamora, se presentaron con la Coalición Republicana Cordobesa, con un programa centrista “en defensa del orden, de la libertad y de la agricultura”. En Lucena esta candidatura quedó tercera, con el 17,94% de los votos, pues el triunfo fue para la derechista Acción Popular (36,36%), con los comunistas (24,84%) como segunda fuerza. En la provincia de Córdoba ganó también la derecha, seguida de socialistas, republicanos y comunistas.

Como ningún candidato había logrado en la provincia el 40% de los votos en esta primera convocatoria, la ley electoral obligaba a una segunda vuelta, que se celebraría el 3 de diciembre. La derecha concurrió con una gran coalición unitaria que se denominó Candidatura Antimarxista (Acción Popular, radicales, agrarios y progresistas), que en Lucena obtuvo una abultada victoria con 5.347 votos (58,61%), seguida del PSOE con 2.376 (25,85%) y los comunistas (13,88%). En España ocurrió algo similar. Los grandes triunfadores fueron la derechista CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, donde se integraba Acción Popular) y los radicales, mientras el PSOE quedó tercero. En consecuencia, los radicales y la CEDA, de manera independiente, en coalición entre ellos o con otros partidos, controlarían el gobierno de la nación hasta diciembre de 1935, lo que permitiría al líder radical Alejandro Lerroux presidir varios gabinetes ministeriales de los diez que hubo en ese corto periodo de tiempo.

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Portada del diario La Voz con dos fotografías de los asistentes a una conferencia en el Centro Republicano de Lucena  (24 de febrero de 1934).

En la provincia de Córdoba, una práctica común durante el bienio radical-cedista fue la sustitución de los ayuntamientos controlados por la izquierda utilizando como pretexto “cuestiones administrativas” o cualquier incidente social o religioso. Sin embargo, esta medida se debía también a que estos ayuntamientos actuaban en muchos lugares como protectores del proletariado rural en asuntos como la defensa de los salarios y de las condiciones legales de trabajo y, por tanto, de freno ante los posibles abusos patronales. En Lucena, los miembros de la corporación municipal habían sido votados por los ciudadanos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y el alcalde era el abogado Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, un antiguo socialista que ya no militaba en el PSOE. Ello no resultó un obstáculo para que el Ayuntamiento fuera destituido de manera fulminante por el gobernador civil, el radical José Gardoqui, el 15 de octubre de 1934. Rápidamente comenzaron las conversaciones de los comités locales del Partido Republicano Radical y de la derechista Acción Popular para constituir la nueva Comisión Gestora municipal. El 22 de octubre, el gobernador nombró a los nuevos concejales: nueve del Partido Republicano Radical, ocho de Acción Popular (CEDA) y uno del derechista partido agrario. Al día siguiente y tras las respectivas votaciones, según el libro de actas municipales el Ayuntamiento se constituyó de la siguiente manera:

Alcalde, Bernardo Fernández Moreno (radical, aunque había sido un antiguo militante del Partido Republicano Radical Socialista); primer teniente, Rafael Ramírez Pazo (radical); segundo teniente, Joaquín Galindo Cuadra (CEDA); tercer teniente, Andrés Trujillo Cuenca (CEDA); cuarto teniente, José Moreno Lara (CEDA); quinto teniente, Pedro González Nadal (radical); primer síndico, Antonio Sánchez Córdoba (CEDA); segundo síndico, Eduardo Rueda Lara (radical); concejales, Julián Sarabia Urbano (radical), Tomás Fernández Alba (radical), Antonio Bujalance Jiménez (radical), Pedro Reyes Osuna (radical), Juan Ávila Fernández (radical), Juan Cañete Viso (agrario), Pedro Osuna Bergillos (CEDA), José Fernández de Villalta y Díaz (CEDA), Andrés Hidalgo Moreno (CEDA) y Pedro Rueda Lara (CEDA).

Este Ayuntamiento permaneció activo hasta el 7 de enero de 1936, cuando ante las profundas divergencias entre la CEDA y los radicales, y la consiguiente dificultad para formar un gobierno que tuviera suficiente apoyo parlamentario, el presidente de la República decidió disolver las Cortes y convocar elecciones legislativas para el 16 de febrero. El mismo día en que Alcalá-Zamora firmó el decreto de disolución, el gobernador civil de Córdoba, Antonio Cardero, utilizando una particular maniobra política que se repetiría en otros ayuntamientos españoles, destituyó a la Comisión Gestora municipal de Lucena y nombró para reemplazarla a miembros del Partido Republicano Progresista. Su objetivo era favorecer en la inminente convocatoria electoral los intereses de esta opción política centrista, a la que pertenecía el presidente de la República, Alcalá-Zamora.

El Partido Republicano Radical llegó a las elecciones de febrero de 1936 salpicado por dos enormes escándalos de corrupción (casos estraperlo y Nombela), que empezaron a salir a la luz cuatro meses antes e implicaban de lleno a Alejandro Lerroux (entonces presidente del gobierno), un político casi siempre rodeado de negocios turbios, sobornos y corruptelas. Es muy posible que estos escándalos, que fueron un golpe de muerte para el partido, influyeran de manera decisiva en la nueva división que sufrieron los radicales lucentinos a principios de 1936. El sector más derechista y afín a Lerroux se organizó bajo la presidencia del abogado y dirigente patronal José Burgos Rubio, que estaba acompañado en el Comité local por Antonio Hidalgo Bergillos (vicepresidente), Francisco Maíllo Rivert (tesorero), Francisco de Paula Cuenca Burgos (secretario) y los vocales José Álvarez Lozano, Rafael Fernández, Agustín Pino García, Antonio Gómez Ramírez, Juan Rodríguez y Antonio Carmona  (periódico La Voz, 21 de enero de 1936).

En paralelo, el sector más centrista del partido en Lucena, seguidor del diputado radical cordobés Joaquín de Pablo Blanco, se escindió, creando una agrupación republicana autónoma liderada por el abogado Miguel Víbora Blancas, y en la que ejercía de secretario Rafael Ramírez Pazo, quien había presidido el partido radical en Lucena hasta este momento. Esta crisis interna, aparte de por razones ideológicas, quizás también tuviera que ver con que la dirección nacional del Partido Republicano Radical no había apoyado el gobierno del liberal centrista Manuel Portela Valladares —desautorizó a los dos ministros radicales integrados en él—, que se constituyó el 15 de diciembre de 1935 y que nombró a Miguel Víbora gobernador civil de Badajoz. En ese mismo gobierno participó como ministro de Agricultura e Industria Joaquín de Pablo, el referente político de los escindidos radicales lucentinos, quien ya había abandonado el partido en octubre de 1935.

Al contrario de lo que habían hecho en 1933, las derechas no organizaron un frente común para las elecciones de febrero de 1936, debido a las desconfianzas entre ellas y a que algunas de sus tendencias aspiraban claramente a destruir la República para establecer un régimen dictatorial. En Córdoba, por ejemplo, presentaron cuatro candidaturas: Candidatura Antirrevolucionaria (CEDA, Partido Republicano Progresista y monárquicos de Renovación Española), Candidatura de Alianza Republicana (Partido Republicano Conservador y Partido Republicano Radical), Falange Española y la católica Acción Obrerista.

Las izquierdas se organizaron en 1936 en el Frente Popular, una coalición en la que convivían el PSOE, la UGT, las Juventudes Socialistas, Unión Republicana, Izquierda Republicana, el PCE, el Partido Sindicalista y el POUM. En Lucena (y en otros lugares de España), dos de los partidos que integraban el Frente Popular estaban liderados o tenían entre sus miembros más destacados a antiguos dirigentes radicales. Nos referimos, por un lado, a Unión Republicana, presidida por Domingo Cuenca Navajas (presidente del partido en Lucena entre 1932 y 1933), seguidor del grupo de disidentes que, encabezados por Diego Martínez Barrio, en mayo de 1934 había abandonado la obediencia radical en protesta por su progresiva derechización. El otro partido en el que encontramos a antiguos dirigentes radicales es Izquierda Republicana, fundada en abril de 1934 a partir de Acción Republicana. Entre ellos podemos citar a Javier Tubío Aranda (presidente de los radicales en 1931-1932), José López Jiménez, Francisco Alba Sánchez y Rafael Cazorla Ávila.

En Lucena, el Frente Popular ganó las elecciones del 16 de febrero de 1936 con 5.905 votos (53%) seguido de la coalición de derechas con 4.217 (38,32%), de la candidatura de Joaquín de Pablo Blanco con 838 (7,63%) y de la Alianza Republicana en la que se integraban los radicales, que solo obtuvo 43 votos (0,39%), a pesar de que en sus listas aparecía como candidato el abogado y olivarero lucentino José Burgos Rubio, presidente del partido radical en la localidad. La victoria en la provincia y en España también recayó en el Frente Popular. Como en Lucena, en el conjunto nacional la debacle de los radicales resultó tremenda: solo obtuvieron cinco diputados y el 1,1% de los votos, e incluso Lerroux no pudo renovar su acta de diputado. Abrumado por el veredicto de las urnas, el jefe histórico de los radicales cordobeses, Eloy Vaquero Cantillo (exalcalde de Córdoba en 1931, dos veces ministro en 1935 y diputado entre 1931 y 1936), al conocer los resultados, la misma noche del 16 de febrero se exilió a Gibraltar y no volvió más a España.

Aunque el Partido Republicano Radical ya estaba casi desaparecido del mapa político, la sublevación militar del 18 de julio de 1936 solo sirvió para certificar su extinción. Su líder histórico, Alejandro Lerroux, con 72 años, estaba al tanto de la inminente rebelión, pues sus contactos con los militares conspiradores le habían puesto sobre aviso, así que el 17 de julio salió de su casa de San Rafael (Segovia) con destino a Portugal. Durante la contienda escribió cartas aduladoras a Franco con la esperanza de poder regresar y después de la guerra publicó unas memorias en las que justificaba el golpe militar. Volvió a España en 1947 y murió dos años más tarde. Mientras, durante la guerra y la posguerra, en Lucena y en España, muchos radicales trataron de pasar desapercibidos y de borrar su pasado, que podría resultar peligroso en aquellas circunstancias. Otros, ya fuera por convencimiento, por miedo o como un mero mecanismo de supervivencia, se convirtieron en colaboradores de las nuevas autoridades, alcanzaron cargos políticos, judiciales y administrativos relevantes, e incluso no tuvieron escrúpulos en colaborar de alguna manera en la represión. La peor parte se la llevaron los que habían emigrado con anterioridad desde las filas radicales a las de Unión Republicana e Izquierda Republicana, dos de las fuerzas integradas en el Frente Popular. Varios de ellos, como el alcalde de Lucena en 1936, Anselmo Jiménez Alba, y los concejales Javier Tubío Aranda, Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez, acabaron fusilados.

Es muy difícil encontrar listados de militantes de los partidos y sindicatos que quedaron proscritos durante el franquismo, pues sus archivos fueron incautados por las autoridades militares, se ocultaron, se destruyeron o desaparecieron. Por ello, es una suerte que podamos contar con una relación de afiliados del Partido Republicano Radical de Lucena. Se conservaba entre los papeles personales del presidente del partido entre octubre de 1933 y enero de 1935, el abogado Rafael Ramírez Pazo, de los que poseo una copia cedida de manera generosa por su hija Araceli a principios de 2016 que me ha permitido completar algunas de las informaciones anteriores. Los folios originales no llevan fecha, pero entendemos que se sitúan cronológicamente en el periodo de la presidencia de Rafael Ramírez. En la lista aparecen 116 varones, identificados por el nombre, la edad, el domicilio y la profesión. En cuanto a su actividad laboral, predominaban los obreros (42 afiliados), propietarios (15) e industriales (9). La lista completa, por orden alfabético, se puede consultar en este enlace.

13. Comida republicana

Comensales en una reunión republicana, posiblemente en 1932, antes de que comenzaran las divisiones dentro del partido radical en Lucena. Sentados, de izquierda a derecha: Rafael Ramírez Pazo, presidente del Partido Republicano Radical (PRR) entre 1933-1936; Anselmo Jiménez Alba, secretario del PRR en 1932, alcalde de Lucena por Unión Republicana en 1936; Domingo Cuenca Navajas, presidente del PRR en 1932-1933 y de Unión Republicana en 1934, concejal y diputado provincial en 1936; Javier Tubío Aranda, presidente del PRR en 1931  y alcalde, presidente de Izquierda Republicana en 1934, concejal en 1936; José López Jiménez, presidente del Centro de Obreros Republicanos en 1932 y concejal en 1936; un desconocido; y José Arjona Huertas, vocal de la Unión Republicana. De pie: Francisco Verdejo Ordóñez, vocal de Unión Republicana en 1936 (primero por la izquierda); Domingo Cuenca González, concejal en 1936 de Unión Republicana (cuarto por la izquierda); José Cámara Ruiz, Izquierda Republicana (quinto por la izquierda); Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”, vicepresidente de Unión Republicana en 1936 (séptimo por la izquierda); Rafael Cazorla Ávila “El Tornerazo”, secretario del Centro Obrero Republicano en 1932 y militante de Izquierda Republicana en 1936 (cuarto por la derecha); Flores “El Moreno” (primero por la derecha).