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Las exhumaciones en 1979 y 1980 de fusilados en Iznájar durante la Guerra Civil

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Desde el final de la Guerra Civil en 1939, la identificación y enterramiento digno de las víctimas mortales ocasionadas por la violencia republicana, a las que se identificó como mártires y “Caídos por Dios y por España”, se convirtió en una prioridad para la dictadura franquista. Con dinero público se estableció una política de Estado para que fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron al menos dos Órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de la Gobernación (esta última, sobre “Inhumaciones y exhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos«). A la vez, durante cuarenta años, los cuerpos de los republicanos fusilados durante la guerra y la primera posguerra permanecieron enterrados y ocultos en fosas comunes de cementerios, cunetas y descampados, sin que sus familias tuvieran la oportunidad y el derecho de recuperar sus restos.

Tras la muerte de Franco en 1975, los familiares de las víctimas republicanas se armaron de valor en algunas localidades, y en medio de una democracia incipiente acechada por múltiples peligros, decidieron recuperar los restos de sus seres queridos. Para conseguirlo, solicitaron permisos a los alcaldes y se encargaron ellos mismos, con sus propias manos, de la extracción de los cadáveres. Estas exhumaciones tempranas, como es obvio, se realizaban de manera rudimentaria y no seguían los métodos de excavación e identificación científicos, que no se comenzaron a aplicar por primera vez hasta el año 2000 en una fosa común en Priaranza del Bierzo (León). Desde ese año se han rescatado unos 18.000 cuerpos, pero la inmensa mayoría de ellos están sin identificar. De hecho, entre los 8.941 cuerpos rescatados entre 2019 y 2025 solo se ha identificado a 70.

En plena transición democrática, la localidad cordobesa de Iznájar fue una de las pioneras en la exhumación, en los años 1979 y 1980, de los restos de los asesinados por los golpistas durante la guerra. En la madrugada de 19 de julio de 1936 había triunfado en el pueblo la sublevación militar, capitaneada por el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, comandante de puesto de la Guardia Civil, y con rapidez comenzaron las detenciones y los fusilamientos. Al igual que ocurrió en otros muchos lugares, en Iznájar un porcentaje altísimo de asesinados nunca se llegó a inscribir en los libros de defunciones de los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad, de manera que a la desaparición física de estas personas se añadía su desaparición documental e histórica. Aun así, y según se puede consultar en una entrada anterior de este blog, ahora mismo poseemos una relación parcial e incompleta de 86 víctimas mortales de la represión franquista durante la guerra en el municipio, de las que 37 (43%) no están inscritas en el Registro Civil. Iznájar albergaba a 12.345 habitantes en 1940.

Las exhumaciones de Iznájar se realizaron gracias al empuje de las familias y por el apoyo decidido del primer alcalde de la democracia elegido en 1979, el andalucista Manuel Llamas Sanjuán, que se encargó de tramitar las autorizaciones ante instancias superiores. Es de resaltar que todo aquel proceso se desarrolló con normalidad, aunque esta cuestión desde hace algunos años suele causar enconadas controversias políticas. Sirva de ejemplo el debate ocurrido en el pleno municipal de Iznájar del 13 de enero de 2012, sobre la propuesta de reprobación de un concejal por unas presuntas declaraciones, que se consideraron poco respetuosas, sobre la búsqueda de “huesos” de los desaparecidos.

Uno de los argumentos que utilizan los que se oponen a que las familias de los represaliados republicanos puedan recuperar sus restos, es que hay que “dejar descansar a los muertos en paz”, sin entender que un fallecido descansa en paz cuando reposa de manera decorosa donde deciden sus familiares, no en la fosa donde lo arrojaron sus verdugos tras asesinarlo. “Enterrar a los muertos”, que es una obra de misericordia de la tradición católica muy arraigada en nuestra cultura, supone sepultar de manera digna a los difuntos para que sus allegados puedan recordarlos y honrarlos. En el caso de los represaliados durante la guerra y la posguerra, la localización de sus restos supone para muchas familias el cierre de una herida y la finalización de un duelo incompleto transmitido de generación en generación a través de una memoria heredada.

Para tratar de reconstruir cómo se realizaron las exhumaciones en Iznájar hemos acudido, entre otras fuentes de información, a dos testigos presenciales. Por un lado, a Paqui Rosúa Granados, con quien hablamos el 15 de mayo de 2025. Es sobrina de Antonio Granados Ginés, uno de los exhumados en 1979. Por otro lado, el 17 de junio del mismo año recogimos las palabras de Diego Ortiz Pacheco, sobrino político de Francisco González Caballero, desenterrado en 1980.

La exhumación de 1979

Cripta con los restos de los siete fusilados trasladados al cementerio de Iznájar desde Encinas Reales en 1979.

A principios de septiembre de 1936 detuvieron a Antonio Granados Ginés, que tenía entonces 33 años. Vivía con su mujer, que estaba embarazaba, y los dos hijos de ambos. Se ganaba la vida trabajando de albañil, era socialista y militaba en el sindicato UGT. Cuando la procesión de la Virgen de la Piedad, patrona del pueblo, pasó el día 8 por una calle cercana a la cárcel municipal, se comentó que los carceleros lo sacaron junto a un grupo de prisioneros para que vieran a la Virgen y les advirtieron que sería la última vez que lo harían. Su trágica amenaza se cumplió con rapidez. El día 13 se los llevaron en un camión y los fusilaron. En aquella saca iban también Fernando Osuna Caballero, de 33 años y con un hijo, Antonio Llamas Hidalgo, de 17 años, el empleado municipal Adolfo Torrubia Cruz y tres hombres más. Entre los asesinos se encontraban un taxista, un personaje que ostentó altos cargos municipales durante el franquismo, un labrador que vivía en las afueras y se cree que también un cuñado de este, ya que al día siguiente de la masacre llevaba salpicaduras de sangre en sus zapatillas de campesino. Se dijo que uno de los cuatro le cortó la mano al escribiente del Ayuntamiento Adolfo Torrubia, antes de asesinarlo, porque había redactado escritos a favor de la Ley de Reforma Agraria. También se rumoreó que los verdugos, cuando volvieron de cumplir su cometido y para celebrar la matanza, se dirigieron al bar del padre de uno de ellos y pidieron siete vasos de vino, el mismo número de personas que habían acribillado.

Entre los asesinados hemos indicado que se encontraba Antonio Llamas Hidalgo, que solo tenía 17 años y pertenecía a una familia muy humilde, cuyos miembros se acostaban con frecuencia sin cenar porque carecían de comida. Gracias al testimonio de una sobrina hemos sabido que pudieron influir varias causas en su detención, a pesar de su corta edad y de que no tenía militancia política conocida. El primero es que durante unos días vendió prensa republicana y obrera con el único fin de ganar algo de dinero que se llevaba de comisión con cada periódico vendido. En otra ocasión, junto a un grupo de jornaleros, trabajó con un señorito de Iznájar que se negó a pagarle el sueldo que establecían las bases de trabajo, así que lo denunciaron en el Jurado Mixto, el organismo que se encargaba de los pleitos laborales. Por último, una vez se disfrazó en Carnaval con un trapo rojo en el cuello, pero porque era lo primero que encontró en su casa para ponerse, no para utilizarlo como símbolo político izquierdista. Cualquiera de estos hechos, u otros parecidos, eran motivo entonces para terminar fusilado en la zona controlada por los militares que se habían sublevado contra la República.

El iznajeño Juan Osuna Caballero siempre recordó con dolor que a su hermano Fernando lo habían asesinado el 13 de septiembre de 1936. Él mismo también sufrió la represión, ya que permaneció tres años encarcelado en la posguerra junto a su paisano Diego Campillos González. Así que en 1979, cuando hacía poco más de tres años que había muerto el jefe del Estado Francisco Franco, y amparándose en el precario clima de libertades que trajo la nacida democracia, decidió buscar los restos de su hermano y de los que habían sido fusilados con él. Para descubrir el lugar de la ejecución, abordó a un conocido falangista, Pedro Doncel Quintana, apodado Periquillo el de la Carolina, que le manifestó que él no había intervenido en esas muertes. Le aconsejó que le preguntara al conductor del camión en el que los trasladaron, que fue quien le indicó el sitio con exactitud. Este hombre en más de una ocasión transportó a los que iban a ser fusilados en las tapias del cementerio de la vecina localidad de Encinas Reales. Normalmente él sabía quiénes eran las víctimas, aunque procedieran de las aldeas, ya que era conductor. Sin embargo, al tener que llevar a este grupo, que conocidos suyos, sintió un repentino cargo de conciencia y cuando se acercaban al cementerio optó por no continuar la marcha. Los verdugos decidieron entonces bajar allí mismo a los presos y los fusilaron en una cuneta al lado de la carretera.

Juan Osuna, cuando supo el lugar exacto de enterramiento de su hermano Fernando, y en representación además de las familias de los tres fusilados con él que nombramos con anterioridad, intentó conseguir los permisos legales para la exhumación. Se dirigió al alcalde Manuel Llamas Sanjuán, que contactó a su vez con el alcalde de Encinas Reales. Este solicitó autorización al director provincial de Salud, que el 6 de agosto de 1979 se la concedió.

Antonio Granados Ginés, uno de los iznajeños exhumados en 1979.

Con el permiso legal en la mano, los familiares de los asesinados, provistos de picos, palas y espuertas, se encaminaron en dos coches al sitio que les había indicado el conductor del camión, situado al lado de una cuneta en la carretera de Encinas Reales. Mientras se encontraban allí, tuvieron la suerte de que se aproximó un hombre de esa localidad. Les contó que él tenía 15 años cuando se produjeron los asesinatos. Como trabajaba de cabrero con su padre y se encontraban en el campo, al poco rato del fusilamiento vieron los cadáveres, se apenaron de las víctimas y decidieron enterrarlas, de manera que les señaló el lugar exacto donde lo hicieron. Facilitó la tarea de localización que el punto donde se hallaban los cuerpos se había mantenido sin arar durante todo este tiempo y fue señalado con unas piedras encima. En aquel momento pasó casualmente por allí una excavadora. El hombre de Encinas Reales conocía al conductor, y le dijo que hiciera el favor de meter la pala en la tierra. Con la primera excavada ya aparecieron huesos, así que de inmediato le indicaron que parara para poder proseguir la labor con sus propias manos. Según manifiesta nuestra informante, lo que vieron allí “fue horroroso”. En su narración textual del momento afirma lo siguiente: “Eso no se lo deseo yo a mi peor enemigo. El olor era insoportable y me revolvió el cuerpo. Estuve más que un mes que solo podía alimentarme de zumos”.

En la fosa aparecieron siete cadáveres y muchísimas balas muy bien conservadas. De tres de los cuerpos no se supo nunca su identidad, aunque decían que dos de los exhumados podrían ser de Ventorros de Balerma, una aldea iznajeña. La identificación, en un momento en que no existían las pruebas de ADN, se produjo porque se encontró una petaca que los hermanos de Antonio Granados Ginés identificaron como suya (esta petaca se la llevaron los hijos de Antonio como doloroso recuerdo a Igualada, el pueblo de Barcelona a donde habían emigrado hacía muchísimos años). También supieron que habían acertado en la búsqueda de los restos porque uno de los asesinados, Antonio Torrubia Cruz, era muy alto, y uno de los cuerpos encontrados destacaba sobremanera en largura sobre los demás.

Fotografías en la lápida del cementerio de Iznájar de Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Como ya hemos señalado, el proceso de extracción de los restos fue manual y los depositaron en cuatro ataúdes que se llevaron al cementerio de Encinas Reales. Al día siguiente, 23 de agosto de 1979, se realizó el traslado a Iznájar por medio de una empresa funeraria. Pararon a la entrada del pueblo y la comitiva, integrada por cientos de vecinos en silencio, inició a las siete y media de la tarde el recorrido por la calle Córdoba en medio del respeto de las personas que se encontraban a su paso. No hubo ninguna vigilancia especial de las fuerzas de orden público ni presencia destacada de la Guardia Civil. Como Juan Osuna tenía amistad con el cura, los féretros entraron en la Iglesia y se les ofreció una misa antes de darles “cristiana sepultura”, según consta en la esquela mortuoria que se difundió para avisar del sepelio. Luego se les enterró en el cementerio en el mismo nicho, con los cuatro nombres de los vecinos identificados, sus fotos y la inscripción de “asesinados por su condición de demócratas”. De las cuatro víctimas, solo Fernando Osuna Caballero está inscrito oficialmente en el Registro Civil de Iznájar, pero muchísimos años después de que lo mataran. La anotación se realizó el 26 de mayo de 1953 y bajo el concepto de “desaparecido”, no como el de fallecido. De los otros seis no existe ninguna constancia documental de su asesinato.

La exhumación de una fosa común casi siempre lleva aparejada la reconstrucción de la biografía de las víctimas encontradas, el recuerdo del sufrimiento que padecieron sus familiares y la descripción de los odios y miserias humanas que surgieron alrededor de estos asesinatos. En este proceso de memoria, debemos señalar que cuando detuvieron a Antonio Granados Ginés, sus hermanos se dirigieron a pedir ayuda a unos primos hermanos por parte de madre, destacados falangistas, pero se la negaron, así que rompieron la relación familiar con ellos para siempre. Los padres de Antonio Granados, que vivían en la plaza Nueva, tras su fusilamiento debieron abandonar su domicilio. Habitar allí resultaba peligroso porque todos los días los balillas de la Falange se dedicaban a apedrear las macetas de flores que tenían en el poyo cercano a la casa. El dolor y el miedo se acentuaron porque un día se presentó allí un conocido falangista. Les advirtió de que no se oyeran voces ni llantos por la muerte de su hijo sino querían ir “por el mismo camino que él”. Carmen, la madre de Antonio Granados, siempre vivió con la pena profunda de no saber dónde habían enterrado a su hijo, y se preguntaba continuamente, entre lloros, dónde estarían sus “huesitos”, porque su deseo era tenerlos algún día “recogiditos”. También una hermana de Antonio, Dolores, cuando ya estaba anciana y en silla de ruedas, se negó a que el párroco la confesara. Argumentó que en su casa había pasado una desgracia muy grande y por ese motivo ella “ni olvidada ni perdonaba”.

Respecto a los ejecutores de aquellos asesinatos, se cuenta que uno de ellos, cuando ya estaba anciano, decía que se le aparecía por las noches la imagen de Antonio Granados Ginés. También se sabe que otro de los que había participado en los fusilamientos, el día del entierro en Iznájar de las víctimas, se marchó del pueblo a una vivienda que tenía en la costa de Málaga y no regresó hasta dos o tres días después.

La exhumación de 1980

Lápida del nicho en el cementerio de Iznájar con los restos de ocho fusilados en 1936 que fueron trasladados desde Ventorros de Balerma en 1980.

Francisco González Caballero era hermano del alcalde republicano de Iznájar. En julio de 1936 tenía 27 años y vivía en el número 24 de la calle Antigua junto a su mujer María Ortiz Padilla y sus hijos María Francisca y Diego. El 27 de septiembre lo fusilaron con otros siete hombres en Ventorros de Balerma, una aldea que se reparte entre los municipios de Iznájar y Loja. Los mataron al lado de la Cantera, en la fuente de Alcántara, en el término de Loja. Tras la dictadura de Franco, su hijo Diego decidió enterrarlo dignamente. Gracias a su tío Juan Diego, hermano de su madre, que había trabajado de cabrero en Ventorros, sabía perfectamente el sitio donde lo habían asesinado. En 1980 solicitó el permiso para la exhumación al alcalde Manuel Llamas Sanjuán, que se encargó de tramitarlo legalmente. Cuando consiguió la autorización, junto a su tío Juan Diego y otros vecinos de Iznájar, se dirigió al lugar donde se encontraba la fosa. Comenzaron a cavar, aunque en principio sin resultados. En un huertecillo colindante había un hombre mayor, llamado Antonio, que al verlos se les acercó y les preguntó qué hacían. Se lo contaron y les comentó que estaban en el punto exacto, pero que el lugar se había colmado de tierra con el paso de los tractores de labranza, por lo que había alcanzado una altura de casi dos metros sobre el nivel que tenía en 1936. También les dijo que él presenció los asesinatos porque estaba en ese momento en una choza situada cerca del huerto. Tenía entonces 14 años y junto a su tío vio un camión que traía ocho presos. Unos hombres armados, entre los que se encontraba un conocido represor que luego fue guardia municipal en la posguerra, los bajaron. En frente de ellos los ataron con cuerdas de un chaparro a otro. Los verdugos, cuya identidad les reveló, se colocaron en la carretera. Desde allí comenzaron a disparar mientras se entretenían tomando unas copas de aguardiente.

El hombre les contó que, tras presenciar los asesinatos, sufrieron una impresión tan enorme que su tío se metió en la cama y falleció a los 14 días. Y él, hasta la noche en que se casó con 28 años, debió dormir con su madre, ya que quedó tan traumatizado que al acostarse sentía pánico porque le venía a la mente la imagen de la masacre. Les especificó además que entre los cadáveres debía aparecer el de un hombre muy alto y con el brazo quebrado, de apellido Perea o Espinar, que se había encarado con los asesinos. Les había gritado que si tenían huevos que lo soltaran y pelearan mano a mano. Como respuesta, uno de los matarifes le dio un golpe con el mosquetón y le fracturó el brazo.

Delantera de la comitiva del entierro en Iznájar de los fusilados exhumados en 1980.

Cuando por fin dieron con los cadáveres, estaban enterrados en posturas grotescas, tirados de cualquier manera, y todos los cráneos presentaban un tiro de gracia. Entre los huesos aparecieron muchas balas de mosquetón y máuser, y varias monedas. Para la identificación de los cuerpos contaron con la ayuda del Perlo, el enterrador de Iznájar, que al ver los huesos iba especificando si el hombre era alto o bajo, u otros datos de su físico que ayudaban a saber quién podría ser. A uno lo identificaron por un diente de oro. A Francisco González Caballero porque al ser zapatero llevaba unos zapatos de calidad, y se conservaban como si lo hubieran enterrado hacía poco tiempo. Al hombre de apellido Perea o Espinar por la largura de sus huesos.

Tras la extracción de los cuerpos se llevaron en sacos individualizados a la iglesia de Ventorros de Balerma, donde permanecieron tres o cuatro días. Y desde allí, el 15 de agosto de 1980, los trasladaron en ataúdes a la plaza de la Venta de Iznájar para salir hacia la calle Córdoba. El entierro fue multitudinario, de lo que dan fe las dos fotografías que publicamos en esta entrada del blog. Ninguno de los nombrados como verdugos por Antonio, el adolescente de 14 años que había presenciado los asesinatos en Ventorros, pisó ese día a la calle.

Comitiva del entierro en Iznájar de los fusilados exhumados en 1980.

Con la intención de localizar a los familiares de las ocho víctimas se realizó un enorme esfuerzo. El alcalde Manuel Llamas Sanjuán alertó a los alcaldes pedáneos de las aldeas para que ayudaran en la búsqueda. Y Diego González Ortiz, el promotor de la exhumación, logró contactar con los hijos o familiares de todas las víctimas. Cuatro se desentendieron del asunto por miedo, ya que la dictadura hacía poco más de cuatro años que había acabado y su sombra permanecía. En la lápida del nicho del cementerio de Iznájar en el que están enterrados los ocho fusilados, con la inscripción de “asesinados por su condición de demócratas”, se anotan cuatro nombres. De los cuatro, Juan Aguilera Puerto no está inscrito en el Registro Civil. Los que sí aparecen, asentados muchos años después de su asesinato y bajo el concepto de desaparecidos y no de fallecidos, como en realidad lo estaban, son las tres víctimas siguientes:

  • Francisco González Caballero, hijo de Francisco y María, 27 años, campesino, casado con María Ortiz Padilla, hijos: Mª Francisca y Diego, “su desaparición se dice ocurrió el día 27 de septiembre de 1936 de su domicilio de Iznájar calle Antigua nº 24”, inscrito en el Registro el 4 de mayo de 1955.
  • Vicente González Ortiz, de la aldea de El Adelantado, hijo de Bernardo y María, 21 años, desapareció de su domicilio el 20 de septiembre de 1936, inscrito en el Registro el 21 de febrero de 1948.
  • Juan Rubio Hoyo, hijo de Andrés y María, 30 años, casado con Carmen Cano Aguilera, hijos: Andrés y Mª Josefa, desaparecido 15 de agosto de 1936, inscrito en el Registro el 26 de mayo de 1953.

Información adicional:

La actuación de los tribunales militares en Jauja en la posguerra

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En una anterior entrada del blog abordamos la represión sufrida en la aldea lucentina de Jauja durante la Guerra Civil. En ella contábamos que cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 la Guardia Civil del pueblo se concentró en Lucena. A los dos días, se creó una Comisión (a la que las autoridades franquistas denominaron Comité Revolucionario o Marxista), formada en su mayoría por miembros de la UGT y el PSOE, que se mantuvo fiel a la República y evitó los asesinatos, las detenciones y la violencia. Solo se produjo la recogida de trigo y aceite de tres cortijos para poder abastecer a las panaderías del pueblo y la incautación de las armas de algunos vecinos. El día 11 de agosto una columna del comandante Castejón tomó la localidad sevillana de Badolatosa, situada a solo un kilómetro de Jauja, y el estruendo de los disparos fue aterrador. El miedo se apoderó de la población y casi todo el mundo huyó al campo. El 13 de agosto tropas llegadas desde Lucena ocuparon la aldea, que estaba ya casi despoblada. A pesar de no haber existido una violencia previa por parte de los republicanos, se inició una ola de fusilamientos que se llevó por delante la vida de al menos 21 vecinos del alrededor de mil que vivían en la localidad. Muchos de los que escaparon para evitar la represión ya no volverían a sus hogares hasta finalizar la contienda el primero de abril de 1939.

Los huidos de Jauja tuvieron una trayectoria muy similar durante su estancia en la zona republicana. Los que se dirigieron al sur, a la provincia de Málaga, sufrieron en sus carnes a partir del 7 de febrero de 1937 la terrible desbandada de entre cien mil y ciento cincuenta mil personas desde esta ciudad hacia Almería. Se produjo por la carretera de la costa ante la ocupación de la ciudad por las tropas italianas aliadas de los franquistas. La odisea duró varios días y los bombardeos por mar y aire contra la columna de refugiados ocasionó entre tres mil y cinco mil muertos. Los que huyeron al norte, hacia Espejo, no lo tuvieron mejor. Tras la conquista del pueblo en septiembre de 1936, llegaron a Bujalance, que cayó en diciembre, y de ahí se encaminaron a la provincia de Jaén. Muchos se establecieron en Martos, donde vivieron en una gran casa situada en el número 23 de la calle Dolores Torres, habilitada para acoger a los refugiados. Durante los tres años de guerra los varones jaujeños huidos que estaban en edad militar fueron movilizados por el Ejército republicano y otros se alistaron voluntarios en sus filas.

Sello de la Falange de Jauja en 1939.

En el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla se conservan los sumarios de los consejos de guerra que afectaron a algunos jaujeños en la posguerra, lo que nos ha permitido reconstruir qué ocurrió en la aldea en julio y agosto de 1936 y cómo se aplicó allí la justicia militar, tras la victoria de Franco, a los que habían escapado. Al acabar el conflicto bélico, los refugiados y los soldados y oficiales que habían servido en el Ejército republicano debían volver a sus localidades de origen y presentarse en las comandancias militares, en los ayuntamientos o en los cuarteles de la Guardia Civil. Aquí, cumpliendo las instrucciones del Cuartel General del Ejército del Sur, a cada retornado se le elaboraba una ficha clasificatoria en la que constaba de manera pormenorizada su identidad y su actuación política y social desde el 6 de octubre de 1934: localidades donde había residido, servicios prestados en el Ejército republicano y con qué graduación y en qué unidades, su militancia política y los cargos directivos que había ocupado en partidos y sindicatos, a quién había votado en las elecciones del 16 de febrero de 1936 y si había sido apoderado o interventor de algún partido, participación en delitos o hechos criminales o si conocían a alguien que los hubiera cometido, bienes que poseía, los nombres de las personas que podían responder de su actuación antes y después de la guerra, los documentos que presentaba si volvía de un campo de concentración y alguna otra información relevante.

Aparte de la ficha clasificatoria, la Guardia Civil elaboraba un atestado con el interrogatorio al que sometía al vecino retornado y además redactaba un informe sobre él. Ambos los firmaba el guardia segundo Andrés Luna Gómez, que ejercía también de comandante de puesto del cuartel. Esta documentación, junto a los informes preceptivos aportados por la alcaldía y el jefe local de la Falange (J. Santaella), más alguna otra diligencia, se enviaban a la Auditoría de Guerra de Córdoba, que era la que decidía el comienzo de un procedimiento sumarísimo de urgencia. En caso de que se iniciara, la Auditoría remitía la documentación al abogado Manuel González Aguilar, residente en Lucena y oficial honorario del Cuerpo Jurídico Militar, que actuaba de juez instructor, ayudado por el secretario y falangista Antonio Roldán Maíllo. Tras el proceso de instrucción, el juez debía considerar si los hechos eran constitutivos de algún delito según el código de Justicia Militar y el bando que declaró el estado de guerra en julio de 1936. En caso de que así fuera, se nombraba el tribunal militar correspondiente y se fechaba la vista del consejo de guerra.

Casi todos los jaujeños sometidos a consejo de guerra acabaron juzgados el 12 de abril de 1940 en Lucena por el mismo tribunal. Estaba compuesto por el presidente, el coronel Ricardo Rivas Vilaró; los vocales capitanes Clemente Heras de Francisco, Pedro Fernández Ayllón y Antonio Pérez Gay; el fiscal Luis Mendieta Muñoz; el defensor Antonio Cruz; el relator Rodrigo Rodríguez Márquez y el ponente y aristócrata José Ramón de la Lastra y Hoces. Era el típico tribunal militar politizado que actuó en la posguerra, integrado por un presidente y unos vocales sin formación en Derecho. Sus miembros llegaron a Lucena para la ocasión, emitieron las sentencias en pocas horas, sin tiempo real para analizar detenidamente las causas, y se marcharon nada más terminar su cometido. Todo el proceso judicial se realizaba sin las debidas garantías para los acusados, que permanecían en prisión durante meses, sin la asistencia de un abogado defensor, hasta que se celebraba la vista. A pesar de ello, la actuación de este tribunal resultó en general benevolente y los acusados se salvaron de ser condenados a penas de cárcel, algo que no ocurrió en otros muchos lugares donde se juzgaron hechos similares.

Todos los procesados que aparecen en esta historia habían sido militantes o dirigentes de la UGT y el PSOE. Al volver a Jauja en 1939 sufrieron palizas y malos tratos en el cuartel de la Guardia Civil, algo que varios de ellos reflejaron en sus declaraciones ante el juez instructor y que ya me contaron algunas de las personas a las que entrevisté, en febrero de 1997, para recabar información sobre lo sucedido en el pueblo durante la guerra y la posguerra. Aparte de las declaraciones de los inculpados y de los informes emitidos por la alcaldía, la Guardia Civil y el jefe local de la Falange, en los que por sistema se calificaba a los procesados como “elementos destacados”, “peligrosos”, “provocadores”, etc., también aparecen en los sumarios las declaraciones de algunos testigos y la del sacerdote de la parroquia, Ildefonso Villanueva Escribano, de 40 años y natural de Hinojosa del Duque. Este religioso había formado parte de una comisión creada en Jauja para negociar la entrada de las tropas de Lucena y rogar que se respetaran las vidas de los vecinos, pero no obtuvo una respuesta positiva. La declaración del sacerdote es invariable en todos los sumarios, pues es una copia de la que realizó en el juzgado de Lucena el 16 de agosto de 1939, y manifestaba lo siguiente:

Que durante el dominio marxista de Jauja, permaneció el que declara en dicha Aldea como párroco que es de la Iglesia de la repetida aldea. Que por nadie fue molestado durante dichos días no sufriendo tampoco ningún daño la Iglesia y que únicamente en una ocasión le advirtieron que a fin de evitar cualquier reacción convendría que no tocase a misa aunque dentro de la Iglesia hiciera lo que quisiera.

Que aunque él en aquellos momentos no pudo comprobarlo ha oído decir después a muchas personas que le merecen entero crédito que de Puente Genil y Málaga llegaron milicianos con ánimo de saquear y que preguntaron por el sacerdote negando los dirigentes de Jauja que se encontrase allí y disuadiéndolos del saqueo y oponiéndose al mismo que como dato curioso hace constar que estando un niño pequeño en la fuente llegaron hasta él unos milicianos preguntando por el cura respondiéndole el niño que allí no había cura.

Que desde luego todos los encartados de la aldea de Jauja eran de tendencias izquierdistas y que durante la época republicana los dirigentes de la aldea ordenaron retirar las cruces que en aquella había las cuales echaron al río y que asimismo se oponían a la celebración de matrimonios canónicos, pero que durante el dominio marxista su actuación y actitud fueron las que deja dichas y que desconoce la forma como hayan actuado después de marcharse de Jauja a raíz de la liberación.

La única violencia reseñable durante la guerra en Jauja fue cometida por los franquistas y no por los republicanos. Sin embargo, esta circunstancia no libró a estos de las torturas, la cárcel y los consejos de guerra al acabar la contienda. Prueba de ello es que el 24 de mayo de 1940 el comandante militar de Lucena ordenó el ingreso en la cárcel municipal lucentina, para ponerlos a disposición del juez instructor, de once vecinos: Francisco Sánchez León, el antiguo concejal socialista José Sánchez García “Rallao”, Fernando Gómez Carrasco, Antonio Cabello Carrasco, Juan Antonio Maíllo Romero, Juan Cobacho Cañete, Antonio Fuillerat Carrasco “Galo”, Rafael Torres González, Francisco Cañete Ruiz, Antonio García Carrasco y Francisco Jiménez Muñoz. De la mayoría de ellos, y de alguno que ingresó con posterioridad en la cárcel lucentina, haremos una breve reseña en las páginas siguientes. Aunque son historias individuales, nos dan una idea aproximada de los avatares que sufrieron también otros vecinos del pueblo que huyeron en 1936 y de los que no hemos conseguido obtener información por el momento.

Ficha clasificatoria de Antonio Cabello Carrasco.

El bracero Antonio Cabello Carrasco había sido alcalde pedáneo de Jauja entre 1931 y 1933 y vocal en 1936 de la junta directiva de la UGT. El 24 de mayo de 1939, próximo a cumplir los 50 años, ingresó en la prisión de Lucena. Estaba casado con Águeda Romero Gómez y tenía tres hijos. El atestado de la Guardia Civil lo acusaba de haber pertenecido a la Comisión que ordenó requisas en varios cortijos: 80 fanegas de trigo, por las que entregaron un vale, del caserío Mora, propiedad de los marqueses de las Torres de Orán (Manuel Fernández de Prada); 50 fanegas de trigo del cortijo El Canónigo, propiedad de la familia Matillas; y 60 arrobas de aceite de la casería propiedad del conde de Guadiana. Cuando el 5 de junio de 1939 el juez instructor interrogó a Antonio Cabello en Lucena y le preguntó si se ratificaba en la declaración que tenía prestada ante la Guardia Civil con anterioridad dijo que no, ya que “cuando le leyó el comandante de puesto lo que había escrito le dijo el que habla que eso no era lo que él había declarado y por temor a ser castigado como lo había sido el día anterior, tuvo que firmarlo”. Reconoció que “perteneció a la junta de hombres que se formó en Jauja para conseguir el orden y el respeto y que allí no ocurriera nada”. Indicó que esa junta ordenó recoger algunos productos, pero con intención de pagarlos, algo a lo que no dio tiempo por las circunstancias bélicas. El día 11 de agosto de 1936 huyó de Jauja, “temiendo al tiroteo de las fuerzas que entraban en Badolatosa”, hacia Villanueva de la Encarnación (creemos que es un error de transcripción y el pueblo es Villanueva de la Concepción, una localidad malagueña), donde estuvo 20 o 25 días. Pasó luego por Málaga, Almería, Murcia y Toledo. En esta última provincia trabajó en la vía de ferrocarril de Villacañas a Madrid y le sorprendió el fin de la contienda en Lillo. En el sumario del consejo de guerra se recogió la declaración del testigo Rafael Santaella Rodríguez, un bracero de 33 años, que dijo que lo vio armado en la carretera a la salida del pueblo, pero que “que como no hubo en Jauja detenciones, robos, ni asesinatos [el acusado] no tomó parte en dicha clase de actos”. En el juicio, celebrado el 12 de abril de 1940, fue absuelto (una petición que habían solicitado tanto el fiscal como el defensor) y ese mismo día salió en libertad, tras once meses de presidio.

Portada del sumario de Antonio García Carrasco.

Antonio García Carrasco, de 42 años, militante de la UGT, ingresó el 24 de mayo de 1939 en la cárcel de Lucena. Se le acusó de que el 21 de julio de 1936, en unión de otros vecinos armados con escopetas, le exigieron a Antonio Gómez García la entrega de una pistola. También se le imputó haber ocupado cargos en la directiva del PSOE y pertenecer al “comité marxista”. En su declaración ante el juez instructor, quiso “hacer constar que ha declarado ante la Guardia Civil de Jauja pero que la declaración la firmó porque habiéndole pegado los guardias temía que de negarse a firmar le volvieran a pegar”. Para justificar su actuación ante las acusaciones, Antonio García manifestó que en los dos primeros días tras el 18 de julio de 1936 los obreros comenzaron a recoger armas por su cuenta y que “para poner orden se formó una comisión de la que formó parte el declarante que consiguió que en Jauja no se cometieran asesinatos, ni robos ni ningún desmán”. Prueba de ello es que evitaron que un camión de milicianos que llegó de Málaga apresara al cura diciéndole que no estaba en la aldea, e impidieron que incendiaran la iglesia, asaltaran el cuartel de la Guardia Civil y la casa de Juan Vidal. En cuanto a la acusación de que había exigido a Antonio Gómez García que le entregara una pistola, alegó que solo había intervenido para evitar que nada ocurriera en una discusión que este tenía con otra persona, algo que fue confirmado por el propio afectado cuando declaró como testigo el 16 de agosto de 1939.

Cuando las tropas militares sublevadas tomaron Badolatosa, Antonio García Carrasco se marchó al monte porque al haber sido miembro de la Comisión temía ser detenido. A primeros de septiembre se dirigió a Espejo y después a Montoro. Luego pasó a la ciudad de Jaén y a Martos, donde trabajó en una fábrica de aceite y construyendo trincheras. Allí se apuntó voluntario en las filas del Ejército republicano y sirvió como soldado en campos y cuarteles de aviación de Baeza, Linares y Guadix, donde le sorprendió el fin de la guerra en la aldea de Alcudia.

Aunque el juez instructor en su auto resumen consideró que las actuaciones de Antonio García debieran ser sancionadas, la Auditoría de Guerra de Córdoba estableció el 19 de enero de 1940 que no estaba acreditada la comisión de hechos delictivos, así que acordó el sobreseimiento de la causa. No obstante, señaló que “en vista de los antecedentes izquierdistas y de los servicios prestados por el inculpado durante la rebelión” era pertinente acordar su ingreso en un batallón de trabajadores en Rota durante doce meses. Como el traslado no se producía, el 11 de marzo Antonio García realizó un escrito al juez de Batallones de Trabajadores de Córdoba, Jaén y provincias respectivas en el que especificaba que se hallaba detenido desde el 24 de mayo de 1939, “ausente de su casa y familiares, y en la indigencia estos”, por lo que rogaba se le concediera “un respiro de libertad” para poder atender con “un trabajo laborioso a las necesidades extremadamente perentorias del que suscribe y familiares”, ya que tenía esposa, Guadalupe Cobacho Arjona, y dos hijos a los que mantener. El 16 de marzo, cuatro días después de presentar la solicitud, se le concedió la libertad condicional junto a Manuel Cobacho Osuna, Rafael Torres González y Antonio García Serrano. Antonio García Carrasco tuvo la fortuna de que nunca llegó a entrar en el batallón de trabajadores, un lugar donde los internos eran sometidos a trabajos forzados, ya que estos recintos quedaron disueltos en 1940 y se suspendió el ingreso de los que estaban pendientes de internamiento.

Ficha clasificatoria de Rafael Torres González

El caso del presidente de la Agrupación Socialista de Jauja y miembro de la UGT, Rafael Torres González, campesino de 46 años, a quien le sorprendió el fin de la guerra en Alicante, es muy similar al anterior en la resolución judicial. Se le acusaba de haber amenazado al propietario José Santaella García “El Cota”, de 61 años, quien luego ejercería de primer alcalde franquista de Jauja en 1936, diciéndole que lo mataría si decidía salir del pueblo, una imputación que como veremos sería desmentida por el propio afectado. En su declaración ante el juez, el 12 de octubre de 1939, José Santaella manifestó que durante la “dominación marxista estuvo en su domicilio particular en concepto de detenido no porque hubiera recibido una orden expresa para ello sino porque de rumor público sabía que los dirigentes no querían que saliese de su casa y que de hacerlo igual hubiera corrido peligro (…) pero cree que en su actuación no influyó ni por consiguiente fue responsable Rafael Torres González”. El 4 de enero de 1940 se sobreseyeron las actuaciones judiciales pero la Auditoría de Guerra de Córdoba acordó su ingreso en un batallón de trabajadores durante seis meses “habida cuenta de los antecedentes izquierdistas y de los servicios prestados por el individuo durante la rebelión”. Como ocurrió en el caso antes señalado de Antonio García Carrasco, el 11 de marzo Rafael Torres envió un escrito al juez de Batallones de Trabajadores, rogando que se le concediera la libertad condicional con la finalidad de poder mantener a su mujer, María Osuna Maireles, y sus cuatro hijos, una petición que se aprobó cuatro días después. El 16 de abril la Jefatura de Batallones de Trabajadores propuso su libertad definitiva, ya que la edad tope para el ingreso era de 45 años y él tenía 47.

Ficha clasificatoria de Juan Antonio Maíllo Romero.

El agricultor Juan Antonio Maíllo Romero, de 39 años, era secretario de la UGT de Jauja desde abril de 1936. Al ocupar las tropas militares Badolatosa se salió del pueblo, “como hicieron todos”, y se escondió en la Solana, desde donde a través de Juan Gómez Torres le mandó un recado a su tío, Manuel Maíllo Osuna, preguntándole si regresaba. Este le recomendó que no lo hiciera, pues su vida podría correr peligro. Se fue a Bujalance y después a Martos. Ingresó como voluntario en el Ejército republicano el 16 de mayo de 1937 y sirvió durante toda la guerra en la Jefatura de Sanidad Militar de Carabineros de Madrid. Desde el 31 de agosto de 1938 estuvo destinado en Colmenar de Oreja, hasta que al acabar la contienda quedó internado en el campo de concentración de Tielmes de Tajuña. Ingresó en la cárcel de Lucena el 3 de junio de 1939. En la fase de instrucción de su causa judicial intervinieron como testigos los braceros Alfonso Gómez Torres, que lo calificó de “buena persona”, y José Conde Ramírez, que aunque no lo conocía señaló que no podía ser responsable de ningún delito ya que en Jauja no se cometieron “detenciones ni asesinatos”. La vista del juicio se celebró el 12 de abril de 1940 en Lucena y el tribunal decidió su absolución, que era lo solicitado por el fiscal y el defensor, así que fue puesto inmediatamente en libertad.

Ficha clasificatoria de Juan Cobacho Cañete.

Al igual que Juan Antonio Maíllo Romero, el agricultor Juan Cobacho Cañete, de 35 años, había sido secretario y contador de la UGT en Jauja y también fue procesado en posguerra. Se le acusó de haber hecho guardias a las órdenes del Comité y de “recoger armas a las personas de orden” en julio de 1936. En el interrogatorio a que lo sometió el juez instructor el 6 de junio de 1939 declaró que durante el dominio republicano de la aldea, aunque llevaba una “pistolilla”, “no hizo guardias sino que con otros elementos hacían el paripé de que Jauja estaba tomada por los obreros a fin de que los coches que pasaban de Málaga y Antequera no entrasen ni cometieran atropellos”. Tras la toma de Badolatosa, “se salió de Jauja hasta ver qué pasaba” y se escondió en unos montes. Añadió que tomó esa determinación porque había ido una comisión de Jauja a Lucena a comunicar a las autoridades que estaban “dispuestos a aceptar el régimen” a cambio de que se respetaran las vidas de los vecinos y “no les dieron muchas seguridades”. Además, indicó que “los huidos de Puente Genil y Herrera [localidades tomadas por los militares sublevados el 1 de agosto y el 31 de julio de 1936] contaban que los moros venían haciendo muchas cosas”, así que decidió marcharse a la localidad de Villanueva de Algaidas, luego a Málaga, Almería y Baeza, donde se alistó como voluntario en el batallón Pablo Iglesias, que luego se encuadraría en la 25 Brigada Mixta. Él sirvió como cabo de milicias en los batallones 97 y 100, y permaneció en el frente cordobés de Pozoblanco durante toda la guerra. Al finalizar, se presentó a las tropas vencedoras en Villanueva de Córdoba y lo internaron en el campo de concentración de Castuera (Badajoz), uno de los más duros de la España franquista. Salió de allí en libertad condicional el 12 de mayo de 1939 con la obligación de presentarse en la comandancia militar o en la alcaldía de Jauja, a donde llegó el día 17. El 3 de junio ingresó en la cárcel de Lucena. En el proceso judicial, se recogen las declaraciones de dos testigos, Alfonso Gómez Torres y José Conde Ramírez que certifican su “buena conducta” mientras vivió en la aldea. El 18 de noviembre de 1939 el Consejo de Guerra Permanente de Urgencia de Córdoba acordó el sobreseimiento de la causa, lo que fue aprobado por el auditor. Esto permitió a Juan Cobacho salir en libertad el 25 de enero de 1940.

Ficha clasificatoria de Fernando Gómez Carrasco.

El agricultor Fernando Gómez Carrasco, se apodaba “Berdolaga” según la documentación que hemos consultado. Tenía 34 años en 1939 y había sido tesorero de la UGT entre febrero y mayo de 1936. Cuando fue procesado en posguerra, declaró ante el juez que hizo guardias con una escopeta y que el 11 de agosto de 1936, al producirse la toma de Badolatosa, se salió de Jauja “como hizo todo el pueblo y que después no se atrevió a regresar por si le hacían algo”. Se refugió en El Chorro (una aldea perteneciente a Álora, en la provincia de Málaga) y luego en Martos. Trabajó en la estación hasta que en mayo de 1937 movilizaron a su quinta y sirvió como soldado en el 302 batallón de la 76 Brigada en el frente de Alcaudete, donde le sorprendió el fin de la guerra. Ingresó en la prisión de Lucena el 3 de junio de 1939. El propietario Francisco Fuillerat Carrasco, de 46 años, certificó como testigo su “buena conducta” en el sumario judicial. El 4 de enero de 1940, la Auditoría de Guerra de Córdoba dictaminó que “no estando acreditada la comisión de hechos delictivos [por el acusado] se sobreseen las actuaciones y por sus antecedentes izquierdistas y servicios prestados es pertinente acordar su ingreso en un batallón de trabajadores durante 12 meses”. El 29 de marzo se decretó su puesta en libertad y el 17 de abril salió de la cárcel. Al igual que en otros casos citados con anterioridad, Fernando Gómez no llegó a ingresar en el batallón de trabajadores debido a la disolución de estas unidades de internamiento, ya que fueron sustituidas por los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde se destinaba a los jóvenes que habían realizado el servicio militar durante la guerra en el Ejército republicano.

Ficha clasificatoria de Francisco Sánchez León.

El vocal de la junta directiva de la Agrupación Socialista de Jauja y militante de la UGT, Francisco Sánchez León, apodado “Veintiuno”, entró el 24 de mayo de 1936 en la cárcel de Lucena. Se le acusaba de haber ordenado la requisa de trigo y aceite de los tres cortijos que ya hemos citado con anterioridad. Cuando el juez instructor lo interrogó el 6 de junio de 1939 no se ratificó en las declaraciones que había prestado ante la Guardia Civil. Manifestó que él no se consideraba “responsable de los hechos que en la citada declaración constan, pero que la firmó porque había que firmar lo que el comandante de puesto quería”. Respecto a su actuación en las jornadas en que Jauja permaneció fiel a la República, especificó que “pasados dos o tres días de estallar el Movimiento, estando el pueblo de Jauja alborotado, se formó una comisión de hombres viejos para que velaran por el orden y no se cometieran atropellos y que la comisión acordó ir al cortijo mencionado [Caserío Mora] para comprar 80 fanegas de trigo siendo el declarante autorizado para ir con el camión”. Antes de llegar, con la finalidad de que no se asustaran, habló con el administrador del marqués. Le expuso “que iba a comprar ochenta fanegas de trigo y que se las pagaría cuando las fuerzas de Lucena se hicieran cargo de Jauja”, pues se iban a destinar para el pueblo. Añadió que ese trigo se había entregado a las panaderías sin que él ni nadie se aprovechara de él, y que sabía que fueron a por aceite y trigo a otros cortijos “con la intención de ser pagado”.

Francisco Sánchez permaneció en Jauja hasta el día 11 de agosto de 1936, junto a su mujer Dolores Romero Moreno y sus seis hijos. Según su declaración, “por la mañana una comisión formada por el padre cura [el párroco Ildefonso Villanueva Escribano] y Fernando Gómez vinieron a Lucena con un documento para decir que fueran allí las fuerzas a hacerse cargo de aquello”. Sin embargo, “por la tarde se presentaron otras fuerzas por el lado de Badolatosa, por lo que todo el mundo se salió, tanto los obreros como los patronos”. Él permaneció “once días en el campo dispuesto a entrar en Jauja de un día para otro, pero como vio que algunos de los que se presentaban se perdían” tuvo miedo y se marchó a Espejo, donde residió 12 días. Luego se refugió en Bujalance, que cayó en manos franquistas el 20 de diciembre de 1936, y en Martos. La actuación de Francisco Sánchez en Jauja vino avalada por el propietario Rafael López Ramos, de 32 años, que certificó que no se habían cometido saqueos ni asesinatos en la aldea. También testificó a favor de él Miguel Castillo Peinado, dueño del cortijo La Aguja de Martos, con el que había trabajado allí. Miguel Castillo concretó que Francisco Sánchez había residido antes en Chinchilla (Albacete) y que le había dicho que le “pesaba haberse venido de Jauja”, pero que lo había hecho “por temor a que lo castigaran los nacionales”. El consejo de guerra contra Francisco Sánchez se celebró el 12 de abril de 1940 y el tribunal falló su absolución, solicitada también por el fiscal y el defensor.

El guardia municipal y militante de la UGT Manuel Cobacho Osuna “Manolón”, de 32 años, era hermano de Antonio, el primer alcalde republicano de Jauja en 1931. Según su declaración en el sumario del consejo de guerra, tras el 18 de julio de 1936 estuvo trabajando en la siega de la cebada de unas tierras arrendadas. Durante dos días prestó servicios en el Canal y “tenían por misión evitar que en Jauja ocurriera nada como en efecto lo consiguieron, pues allí no hubo ningún asesinato ni detención alguna ni saqueos, teniendo para ello que luchar bastante y oponerse a los individuos que de Málaga llegaban allí para marchar a Puente Genil, teniendo en uno de los casos que ocultar el que declara la presencia del sacerdote pues unos milicianos de Málaga pretendían llevárselo y el que declara negó repetidamente que dicho señor se encontrase en la aldea como en efecto se encontraba”. El día 11 de agosto se marchó a las Huertas Nuevas, que tenía arrendadas la familia, y el día 13, “motivado por las versiones que los que iban huyendo les contaban al pasar por la huerta” de lo que hacían las “fuerzas nacionales” huyó a la aldea de El Chorro, donde trabajó vendiendo vino. En Jauja quedaron su mujer Concepción Osuna Quesada y sus dos hijos.

En febrero de 1937 Manuel Cobacho llegó a Martos, y cuando en mayo de 1938 movilizaron su quinta se integró en un batallón en Valencia y prestó servicios en retaguardia en las localidades de Banifairó de los Valles y en Utiel. Al finalizar la guerra, lo recluyeron en el campo de concentración de Manzanares (Ciudad Real). Sobre la conducta de Manuel Cobacho, en la fase de instrucción del sumario se recogieron los testimonios de varios vecinos. El industrial Antonio Fernández Romero, el bracero José María Gómez García, el propietario Adriano Hidalgo Bergillos y Rafael Santaella Rodríguez insistieron en que en Jauja “no hubo detenciones de personas ni asesinatos” y únicamente refirieron haberlo visto con miembros del Comité. Solo Francisco Chacón Santaella afirmó que se presentó en su casa con el uniforme de municipal, “acompañado de otros individuos también armados, obligándole a entregar una escopeta y un revólver que tenía”.

El consejo de guerra de Manuel Cobacho se celebró en Lucena el 25 de agosto de 1939 y los miembros del tribunal, salvo los vocales, eran distintos a los de otros juicios que afectaron a vecinos de Jauja. El presidente era el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo, el ponente Marcial Zurera Romero (natural de Aguilar de la Frontera), el defensor Antonio Torres Trigueros y el fiscal José Ramón de la Lastra y Hoces. Este último era marqués de Albudeyte y de Ugena de la Lastra, un abogado y terrateniente famoso por las duras condenas que exigía en los consejos de guerra, quien solicitó cadena perpetua para el acusado frente a la petición de absolución del defensor. El 4 de enero de 1940 la Auditoria de Guerra, al considerar que Manuel Cobacho no había cometido hechos delictivos, decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones y acordó su ingreso en un batallón de trabajadores durante doce meses, una pena que no cumplió por los motivos que ya hemos expuesto en casos similares.

 El tesorero de la UGT de 1931 a 1934, el bracero Francisco Cañete Ruiz, de 36 años, huyó de Jauja el día 11 de agosto de 1936. Pasó por Espejo, Bujalance y Martos, y terminó enrolado de voluntario en el Ejército de la República. Mientras estuvo fuera de Jauja, su familia sufrió un pequeño calvario, que conocemos gracias al testimonio que me aportó en octubre de 2007 y en junio de 2021 su sobrino Rafael Cañete Fuillerat. Al hermano pequeño de Francisco, Juan Antonio (padre de nuestro informante), de 18 años, la Guardia Civil lo detuvo y lo amenazó varias veces con matarlo si no decía dónde se encontraba su hermano mayor. Incluso lo subieron en un coche para llevarlo a fusilar, pero un terrateniente falangista del pueblo, Francisco Palanca La Chica, con el que su padre había trabajado de manijero, lo salvó en última instancia. En el vehículo iba también un primo de Juan Antonio, ¿José? Ruiz “La Cuchibacha”, de unos 30 años y con varios hijos, al que mataron en Lucena. El 5 de noviembre fusilaron a la madre de Francisco, Rosalía Ruiz Cobacho “La del Fraile”, de 62 años, socialista como él, posiblemente en venganza por su huida. Juan Antonio, el hermano de Francisco, fue movilizado después por el Ejército franquista y luchó un año en el frente de Teruel (otro hermano, el anarquista Manuel, se encontraba combatiendo obligado también en las mismas filas). Tras una convalecencia en un hospital de Vigo decidió desertar y regresó a Jauja, un delito que estaba castigado con la pena de muerte. Su padre le aconsejó que se presentara de nuevo en su unidad militar y se libró de un juicio sumarísimo gracias a la intervención de un teniente legionario, aunque lo destinaron a operaciones de vanguardia hasta el fin de la guerra. Por otro lado, tras la vuelta de Francisco Cañete Ruiz a Jauja, se le acusó de haber pertenecido al Comité que se había constituido en la aldea y de haber requisado trigo y aceite en los tres cortijos ya conocidos, pero el 12 de abril de 1940 un tribunal en consejo de guerra dictó su absolución. Ese mismo día salió en libertad.

Ultimamos nuestro recorrido por la represión en posguerra con Antonio Fuillerat Carrasco “Galo”, un bracero de 37 años, que había sido presidente de la UGT y secretario del PSOE de Jauja. Cuando huyó, residió en Málaga, Almería, Murcia, Villarrobledo (Albacete) y Martos, hasta que se enroló voluntario en el Ejército republicano y luchó en el frente de Levante. Al acabar la contienda, lo internaron en el campo de concentración de Manzanares (Ciudad Real), de donde salió hacia Jauja el 12 de abril de 1939. En el consejo de guerra se le imputó haber pertenecido al Comité y haber amenazado de muerte al propietario Antonio Gómez García, algo que este negó con posterioridad. En el sumario judicial aparece la declaración del testigo Fernando Gómez Maireles, que afirmó que “durante la dominación marxista en la aldea de Jauja los dirigentes no se portaron mal” y que Antonio Fuillerat, José Sánchez García “Rallao” (antiguo concejal socialista) y Francisco Sánchez León “Veintiuno” habían intervenido para “echar a los milicianos de Málaga”. El 14 de octubre de 1939 Antonio Fuillerat quedó en libertad. En esta ocasión, por fortuna, hemos podido contar con un testimonio familiar de la misma persona que en el caso anterior, su nieto Rafael Cañete Fuillerat, que nos ha servido para completar su trayectoria vital a partir de aquel momento:

Tras salir de la cárcel, a mi abuelo los falangistas del pueblo le daban palizas por cualquier motivo, sobre todo cuando se emborrachaban, generalmente con la excusa de que tenía una máquina de escribir escondida en algún sitio. Debilitado por las palizas, los sinsabores y una enfermedad que pilló en la recogida del arroz, murió muy joven, a los 41 años. Su mujer, mi abuela, Isabel Gómez López, pasó varios días encerrada en el cuartel de la Guardia Civil, los falangistas la amenazaron con matarla y, finalmente, ‘solo’ la raparon al cero.

 

Información adicional: Antonio Velázquez Mateo, guardia civil en Jauja en 1936-1937.