La actuación de los tribunales militares en Jauja en la posguerra

En una anterior entrada del blog abordé la represión sufrida en la aldea lucentina de Jauja durante la Guerra Civil. En ella contaba que cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 la Guardia Civil del pueblo se concentró en Lucena. A los dos días, se creó una Comisión (a la que las autoridades franquistas denominaron Comité Revolucionario o Marxista), formada en su mayoría por miembros de la UGT y el PSOE, que se mantuvo fiel a la República y evitó los asesinatos, las detenciones y la violencia. Solo se produjo la recogida de trigo y aceite de tres cortijos para poder abastecer a las panaderías del pueblo y la incautación de las armas de algunos vecinos. El día 11 de agosto una columna del comandante Castejón tomó la localidad sevillana de Badolatosa, situada a solo un kilómetro de Jauja, y el estruendo de los disparos fue aterrador. El miedo se apoderó de la población y casi todo el mundo huyó al campo. El 13 de agosto tropas llegadas desde Lucena ocuparon la aldea, que estaba ya casi despoblada. A pesar de no haber existido una violencia previa por parte de los republicanos, se inició una ola de fusilamientos que se llevó por delante la vida de al menos 21 vecinos del alrededor de mil que vivían en la localidad. Muchos de los que escaparon para evitar la represión ya no volverían a sus hogares hasta finalizar la contienda el primero de abril de 1939.

Los huidos de Jauja tuvieron una trayectoria muy similar durante su estancia en la zona republicana. Los que se dirigieron al sur, a la provincia de Málaga, sufrieron en sus carnes a partir del 7 de febrero de 1937 la terrible desbandada de entre cien mil y ciento cincuenta mil personas desde esta ciudad hacia Almería. Se produjo por la carretera de la costa ante la ocupación de la ciudad por las tropas italianas aliadas de los franquistas. La odisea duró varios días y los bombardeos por mar y aire contra la columna de refugiados ocasionó entre tres mil y cinco mil muertos. Los que huyeron al norte, hacia Espejo, no lo tuvieron mejor. Tras la conquista del pueblo en septiembre de 1936, llegaron a Bujalance, que cayó en diciembre, y de ahí se encaminaron a la provincia de Jaén. Muchos se establecieron en Martos, donde vivieron en una gran casa situada en el número 23 de la calle Dolores Torres, habilitada para acoger a los refugiados. Como es de suponer, durante los tres años de guerra los varones jaujeños que estaban en edad militar fueron movilizados por el Ejército republicano y otros se alistaron voluntarios en sus filas.

Sello de la Falange de Jauja en 1939.

En el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla se conservan los sumarios de los consejos de guerra que afectaron a algunos jaujeños en la posguerra, lo que nos ha permitido reconstruir qué ocurrió en la aldea en julio y agosto de 1936 y cómo se aplicó allí la justicia militar, tras la victoria de Franco, a los que habían huido. Al acabar la guerra, los refugiados y los soldados y oficiales que habían servido en el Ejército republicano debían volver a sus localidades de origen y presentarse en las comandancias militares, en los ayuntamientos o en los cuarteles de la Guardia Civil. Aquí, cumpliendo las instrucciones del Cuartel General del Ejército del Sur, a cada retornado se le elaboraba una ficha clasificatoria en la que constaba de manera pormenorizada su identidad y su actuación política y social desde el 6 de octubre de 1934: localidades donde había residido, servicios prestados en el Ejército republicano y con qué graduación y en qué unidades, su militancia política y los cargos directivos que había ocupado en partidos y sindicatos, a quién había votado en las elecciones del 16 de febrero de 1936 y si había sido apoderado o interventor de algún partido, participación en delitos o hechos criminales o si conocían a alguien que los hubiera cometido, bienes que poseía, los nombres de las personas que podían responder de su actuación antes y después de la guerra, los documentos que presentaba si volvía de un campo de concentración y alguna otra información relevante.

Aparte de la ficha clasificatoria, la Guardia Civil elaboraba un atestado con el interrogatorio al que sometía al vecino retornado y además redactaba un informe sobre él. Ambos los firmaba el guardia segundo Andrés Luna Gómez, que ejercía también de comandante de puesto del cuartel. Esta información, junto a los informes preceptivos aportados por la alcaldía y el jefe local de la Falange (J. Santaella), más alguna otra diligencia, se enviaban a la Auditoría de Guerra de Córdoba, que era la que decidía el comienzo de un procedimiento sumarísimo de urgencia. En caso de que se iniciara, la Auditoría enviaba la documentación al abogado lucentino Manuel González Aguilar, oficial honorario del Cuerpo Jurídico Militar, que actuaba de juez instructor, ayudado por el secretario y falangista Antonio Roldán Maíllo. Tras el proceso de instrucción, el juez debía considerar si los hechos eran constitutivos de algún delito según el código de Justicia Militar y el bando que declaró el estado de guerra en julio de 1936. En caso de que así fuera, se nombraba el tribunal militar correspondiente y se fechaba la vista del consejo de guerra.

Casi todos los jaujeños sometidos a consejo de guerra acabaron juzgados el 12 de abril de 1940 en Lucena por el mismo tribunal. Estaba compuesto por el presidente, el coronel Ricardo Rivas Vilaró; los vocales capitanes Clemente Heras de Francisco, Pedro Fernández Ayllón y Antonio Pérez Gay; el fiscal Luis Mendieta Muñoz; el defensor Antonio Cruz; el relator Rodrigo Rodríguez Márquez y el ponente José Ramón de la Lastra y de Hoces. Era el típico tribunal militar politizado que actuó en la posguerra, integrado por un presidente y unos vocales sin formación en Derecho. Sus miembros llegaron a Lucena para la ocasión, emitieron las sentencias en pocas horas, sin tiempo real para analizar detenidamente las causas, y se marcharon nada más terminar su cometido. Todo el proceso judicial se realizaba sin las debidas garantías para los acusados, que permanecían en prisión durante meses, sin la asistencia de un abogado defensor, hasta que se celebraba la vista. A pesar de ello, la actuación de este tribunal resultó en general benevolente y los acusados se salvaron de ser condenados a penas de cárcel, algo que no ocurrió en otros muchos lugares donde se juzgaron hechos similares.

Todos los procesados que aparecen en esta historia habían sido militantes o dirigentes de la UGT y el PSOE. Al volver a Jauja en 1939 sufrieron palizas y malos tratos en el cuartel de la Guardia Civil, algo que varios de ellos reflejaron en sus declaraciones ante el juez instructor y que ya me contaron algunas de las personas a las que entrevisté, en febrero de 1997, para recabar información sobre lo sucedido en el pueblo durante la guerra y la posguerra. Aparte de las declaraciones de los inculpados y de los informes emitidos por la alcaldía, la Guardia Civil y el jefe local de la Falange, en los que por sistema se calificaba a los procesados como “elementos destacados”, “peligrosos”, “provocadores”, etc., también aparecen en los sumarios las declaraciones de algunos testigos y la del sacerdote de la parroquia, Ildefonso Villanueva Escribano, de 40 años y natural de Hinojosa del Duque. Este religioso había formado parte de una comisión que se creó en Jauja para negociar la entrada de las tropas de Lucena y rogar que se respetaran las vidas de los vecinos, pero no obtuvo una respuesta positiva. La declaración del sacerdote es invariable en todos los sumarios, pues es una copia de la que realizó en el juzgado de Lucena el 16 de agosto de 1939, y manifestaba lo siguiente:

Que durante el dominio marxista de Jauja, permaneció el que declara en dicha Aldea como párroco que es de la Iglesia de la repetida aldea. Que por nadie fue molestado durante dichos días no sufriendo tampoco ningún daño la Iglesia y que únicamente en una ocasión le advirtieron que a fin de evitar cualquier reacción convendría que no tocase a misa aunque dentro de la Iglesia hiciera lo que quisiera.

Que aunque él en aquellos momentos no pudo comprobarlo ha oído decir después a muchas personas que le merecen entero crédito que de Puente Genil y Málaga llegaron milicianos con ánimo de saquear y que preguntaron por el sacerdote negando los dirigentes de Jauja que se encontrase allí y disuadiéndolos del saqueo y oponiéndose al mismo que como dato curioso hace constar que estando un niño pequeño en la fuente llegaron hasta él unos milicianos preguntando por el cura respondiéndole el niño que allí no había cura.

Que desde luego todos los encartados de la aldea de Jauja eran de tendencias izquierdistas y que durante la época republicana los dirigentes de la aldea ordenaron retirar las cruces que en aquella había las cuales echaron al río y que asimismo se oponían a la celebración de matrimonios canónicos, pero que durante el dominio marxista su actuación y actitud fueron las que deja dichas y que desconoce la forma como hayan actuado después de marcharse de Jauja a raíz de la liberación.

La única violencia reseñable durante la guerra en Jauja fue cometida por los franquistas y no por los republicanos. Sin embargo, esta circunstancia no libró a estos de las torturas, la cárcel y los consejos de guerra al acabar la contienda. Prueba de ello es que el 24 de mayo de 1940 el comandante militar de Lucena ordenó el ingreso en la cárcel municipal lucentina, para ponerlos a disposición del juez instructor, de once vecinos: Francisco Sánchez León, el antiguo concejal socialista José Sánchez García “Rallao”, Fernando Gómez Carrasco, Antonio Cabello Carrasco, Juan Antonio Maíllo Romero, Juan Cobacho Cañete, Antonio Fuillerat Carrasco “Galo”, Rafael Torres González, Francisco Cañete Ruiz, Antonio García Carrasco y Francisco Jiménez Muñoz. De la mayoría de ellos, y de alguno que ingresó con posterioridad en la cárcel lucentina, haremos una breve reseña en las páginas siguientes. Aunque son historias individuales, nos dan una idea aproximada de los avatares que sufrieron también otros vecinos del pueblo que huyeron en 1936 y de los que no hemos conseguido obtener información por el momento.

Ficha clasificatoria de Antonio Cabello Carrasco.

El bracero Antonio Cabello Carrasco había sido alcalde pedáneo de Jauja entre 1931 y 1933 y vocal en 1936 de la junta directiva de la UGT. El 24 de mayo de 1939, próximo a cumplir los 50 años, ingresó en la prisión de Lucena. Estaba casado con Águeda Romero Gómez y tenía tres hijos. El atestado de la Guardia Civil lo acusaba de haber pertenecido a la Comisión que ordenó requisas en varios cortijos: 80 fanegas de trigo, por las que entregaron un vale, del caserío Mora, propiedad de los marqueses de las Torres de Orán (Manuel Fernández de Prada); 50 fanegas de trigo del cortijo El Canónigo, propiedad de la familia Matillas; y 60 arrobas de aceite de la casería propiedad del conde de Guadiana. Cuando el 5 de junio el juez instructor lo interrogó en Lucena y le preguntó si se ratificaba en la declaración que tenía prestada ante la guardia civil con anterioridad dijo que no, ya que “cuando le leyó el comandante de puesto lo que había escrito le dijo el que habla que eso no era lo que él había declarado y por temor a ser castigado como lo había sido el día anterior, tuvo que firmarlo”. Reconoció que “perteneció a la junta de hombres que se formó en Jauja para conseguir el orden y el respeto y que allí no ocurriera nada”, que fue la que ordenó recoger esos productos, pero con intención de pagarlos, algo a lo que no dio tiempo por las circunstancias bélicas. El día 11 de agosto huyó de Jauja, “temiendo al tiroteo de las fuerzas que entraban en Badolatosa”, hacia Villanueva de la Encarnación (creemos que es un error de transcripción y el pueblo es Villanueva de la Concepción, una localidad malagueña), donde estuvo 20 o 25 días. Pasó luego por Málaga, Almería, Murcia y Toledo. En esta última provincia trabajó en la vía de ferrocarril de Villacañas a Madrid y le sorprendió el fin de la guerra en Lillo. En el sumario del consejo de guerra se recogió la declaración del testigo Rafael Santaella Rodríguez, un bracero de 33 años, que dijo que lo vio armado en la carretera a la salida del pueblo, pero que “que como no hubo en Jauja detenciones, robos, ni asesinatos [el acusado] no tomó parte en dicha clase de actos”. En el juicio, celebrado el 12 de abril de 1940, fue absuelto (una petición que habían solicitado tanto el fiscal como el defensor) y ese mismo día salió en libertad, tras once meses de presidio.

Portada del sumario de Antonio García Carrasco.

Antonio García Carrasco, de 42 años, militante de la UGT, ingresó el 24 de mayo de 1939 en la cárcel de Lucena. Se le acusó de que el 21 de julio de 1936, en unión de otros vecinos armados con escopetas, le exigieron a Antonio Gómez García la entrega de una pistola. También se le imputó haber ocupado cargos en la directiva del PSOE y pertenecer al “comité marxista”. En su declaración ante el juez, quiso “hacer constar que ha declarado ante la Guardia Civil de Jauja pero que la declaración la firmó porque habiéndole pegado los guardias temía que de negarse a firmar le volvieran a pegar”. Para justificar su actuación ante las acusaciones, Antonio García manifestó que en los dos primeros días tras el 18 de julio los obreros comenzaron a recoger armas por su cuenta y que “para poner orden se formó una comisión de la que formó parte el declarante que consiguió que en Jauja no se cometieran asesinatos, ni robos ni ningún desmán”. Prueba de ello es que evitaron que un camión de milicianos que llegó de Málaga apresara al cura diciéndole que no estaba en la aldea, e impidieron que incendiaran la iglesia, asaltaran el cuartel de la Guardia Civil y la casa de Juan Vidal. En cuanto a la acusación de que había exigido a Antonio Gómez García que le entregara una pistola, alegó que solo había intervenido para evitar que nada ocurriera en una discusión que este tenía con otra persona, algo que fue confirmado por el propio Antonio Gómez cuando declaró como testigo el 16 de agosto de 1939.

Cuando las tropas militares sublevadas tomaron Badolatosa, Antonio García Carrasco se marchó al monte porque al haber sido miembro de la Comisión temía ser detenido. A primeros de septiembre se dirigió a Espejo y después a Montoro. Luego pasó a la ciudad de Jaén y a Martos, donde trabajó en una fábrica de aceite y construyendo trincheras. Allí se apuntó voluntario en las filas del Ejército republicano y sirvió como soldado en campos y cuarteles de aviación de Baeza, Linares y Guadix, donde le sorprendió el fin de la guerra en la aldea de Alcudia.

Aunque el juez instructor en su auto resumen consideró que las actuaciones de Antonio García debieran ser sancionadas, la Auditoría de Guerra de Córdoba estableció el 19 de enero de 1940 que no estaba acreditada la comisión de hechos delictivos, así que acordó el sobreseimiento de la causa. No obstante, señaló que “en vista de los antecedentes izquierdistas y de los servicios prestado por el inculpado durante la rebelión” era pertinente acordar su ingreso en un batallón de trabajadores en Rota durante doce meses. Como el traslado no se producía, el 11 de marzo Antonio García realizó un escrito al juez de batallones de trabajadores de Córdoba, Jaén y provincias respectivas en el que especificaba que se hallaba detenido desde el 24 de mayo de 1939, “ausente de su casa y familiares, y en la indigencia estos”, por lo que rogaba se le concediera “un respiro de libertad” para poder atender con “un trabajo laborioso a las necesidades extremadamente perentorias del que suscribe y familiares”, ya que tenía esposa, Guadalupe Cobacho Arjona, y dos hijos a los que mantener. El 16 de marzo, cuatro días después de presentar la solicitud, se le concedió la libertad condicional junto a Manuel Cobacho Osuna, Rafael Torres González y Antonio García Serrano. Antonio García tuvo la fortuna de que nunca llegó a entrar en el batallón de trabajadores, un lugar donde los internos eran sometidos a trabajos forzados, ya que estos recintos quedaron disueltos en 1940 y se suspendió el ingreso de los que estaban pendiente de internamiento.

Ficha clasificatoria de Rafael Torres González

El caso del presidente de la Agrupación Socialista de Jauja y miembro de la UGT, Rafael Torres González, campesino de 46 años, a quien le sorprendió el fin de la guerra en Alicante, es muy similar al anterior en la resolución judicial. Se le acusaba de haber amenazado al propietario José Santaella García “El Cota”, de 61 años, quien luego ejercería de primer alcalde franquista de Jauja en 1936, diciéndole que lo mataría si decidía salir del pueblo, una imputación que como veremos sería desmentida por el propio afectado. En su declaración ante el juez, el 12 de octubre de 1939, José Santaella manifestó que durante la “dominación marxista estuvo en su domicilio particular en concepto de detenido no porque hubiera recibido una orden expresa para ello sino porque de rumor público sabía que los dirigentes no querían que saliese de su casa y que de hacerlo igual hubiera corrido peligro (…) pero cree que en su actuación no influyó ni por consiguiente fue responsable Rafael Torres González”. El 4 de enero de 1940 se sobreseyeron las actuaciones judiciales pero la Auditoría de Guerra de Córdoba acordó su ingreso en un batallón de trabajadores durante seis meses “habida cuenta de los antecedentes izquierdistas y de los servicios prestados por el individuo durante la rebelión”. Como ocurrió en el caso antes señalado de Antonio García Carrasco, el 11 de marzo Rafael Torres envió un escrito al juez de batallones de trabajadores, rogando que se le concediera la libertad condicional con la finalidad de poder mantener a su mujer, María Osuna Maireles, y sus cuatro hijos, una petición que se aprobó cuatro días después. El 16 de abril la Jefatura de Batallones de Trabajadores propuso su libertad definitiva, ya que la edad tope para el ingreso era de 45 años y él tenía 47.

Ficha clasificatoria de Juan Antonio Maíllo Romero.

El agricultor Juan Antonio Maíllo Romero, de 39 años, era secretario de la UGT de Jauja desde abril de 1936. Al ocupar las tropas militares Badolatosa se salió del pueblo, “como hicieron todos”, y se escondió en la Solana, desde donde a través de Juan Gómez Torres le mandó un recado a su tío, Manuel Maíllo Osuna, preguntándole si regresaba. Este le recomendó que no lo hiciera, pues su vida podría correr peligro. Se fue a Bujalance y después a Martos. Ingresó como voluntario en el Ejército republicano el 16 de mayo de 1937 y sirvió durante toda la guerra en la Jefatura de Sanidad Militar de Carabineros de Madrid. Desde el 31 de agosto de 1938 estuvo destinado en Colmenar de Oreja, hasta que al acabar la contienda terminó internado en el campo de concentración de Tielmes de Tajuña. Ingresó en la cárcel de Lucena el 3 de junio de 1939. En la fase de instrucción de su causa judicial intervinieron como testigos los braceros Alfonso Gómez Torres, que lo calificó de “buena persona”, y José Conde Ramírez, que aunque no lo conocía señaló que no podía ser responsable de ningún delito ya que en Jauja no se cometieron “detenciones ni asesinatos”. La vista del juicio se celebró el 12 de abril de 1940 en Lucena y el tribunal decidió su absolución, que era lo solicitado por el fiscal y el defensor, por lo que fue puesto inmediatamente en libertad.

Ficha clasificatoria de Juan Cobacho Cañete.

Al igual que Juan Antonio Maíllo Romero, el agricultor Juan Cobacho Cañete, de 35 años, había sido secretario y contador de la UGT en Jauja y también fue procesado en posguerra. Se le acusó de haber hecho guardias a las órdenes del Comité y de “recoger armas a las personas de orden” en julio de 1936. En el interrogatorio a que lo sometió el juez instructor el 6 de junio de 1939 declaró que durante el dominio republicano de la aldea, aunque llevaba una “pistolilla”, “no hizo guardias sino que con otros elementos hacían el paripé de que Jauja estaba tomada por los obreros a fin de que los coches que pasaban de Málaga y Antequera no entrasen ni cometieran atropellos”. Tras la toma de Badolatosa, “se salió de Jauja hasta ver qué pasaba” y se escondió en unos montes. Añadió que tomó esa determinación porque había ido una comisión de Jauja a Lucena a comunicar a las autoridades que estaban “dispuestos a aceptar el régimen” a cambio de que se respetaran las vidas de los vecinos y “no les dieron muchas seguridades”. Además, indicó que “los huidos de Puente Genil y Herrera [localidades tomadas por los militares sublevados el 1 de agosto y el 31 de julio] contaban que los moros venían haciendo muchas cosas”, así que decidió marcharse a la localidad de Villanueva de Algaida, luego a Málaga, Almería y Baeza, donde se alistó como voluntario en el batallón Pablo Iglesias, que luego se encuadraría en la 25 Brigada Mixta. Él sirvió como cabo de milicias en los batallones 97 y 100, y permaneció en el frente cordobés de Pozoblanco durante toda la guerra. Al finalizar, se presentó a las tropas vencedoras en Villanueva de Córdoba y lo internaron en el campo de concentración de Castuera (Badajoz), uno de los más duros de la España franquista. Salió de allí en libertad condicional el 12 de mayo de 1939 con la obligación de presentarse en la comandancia militar o en la alcaldía de Jauja, a donde llegó el día 17. El 3 de junio ingresó en la cárcel de Lucena. En el proceso judicial, se recogen las declaraciones de dos testigos Alfonso Gómez Torres y José Conde Ramírez que certifican su “buena conducta” mientras vivió en la aldea. El 18 de noviembre de 1939 el Consejo de Guerra Permanente de Urgencia de Córdoba acordó el sobreseimiento de la causa, lo que fue aprobado por el auditor. Esto permitió a Juan Cobacho salir en libertad el 25 de enero de 1940.

Ficha clasificatoria de Fernando Gómez Carrasco.

El agricultor Fernando Gómez Carrasco, se apodaba “Berdolaga” según la documentación que hemos consultado. Tenía 34 años en 1939 y había sido tesorero de la UGT entre febrero y mayo de 1936. Cuando fue procesado en posguerra, declaró ante el juez que hizo guardias con una escopeta y que el 11 de agosto, al producirse la toma de Badolatosa, se salió de Jauja “como hizo todo el pueblo y que después no se atrevió a regresar por si le hacían algo”. Se refugió en El Chorro (una aldea perteneciente a Álora, en la provincia de Málaga) y luego en Martos. Trabajó en la estación hasta que en mayo de 1937 movilizaron a su quinta y sirvió como soldado en el 302 batallón de la 76 Brigada en el frente de Alcaudete, donde le sorprendió el fin de la guerra. Ingresó en la prisión de Lucena el 3 de junio de 1939. El propietario Francisco Fuillerat Carrasco, de 46 años, certificó como testigo su “buena conducta” en el sumario judicial. El 4 de enero de 1940, la Auditoría de Guerra de Córdoba dictaminó que “no estando acreditada la comisión de hechos delictivos [por el acusado] se sobreseen las actuaciones y por sus antecedentes izquierdistas y servicios prestados es pertinente acordar su ingreso en un batallón de trabajadores durante 12 meses”. El 29 de marzo se decretó su puesta en libertad y el 17 de abril salió de la cárcel. Al igual que en otros casos citados con anterioridad, Fernando Gómez no llegó a ingresar en el batallón de trabajadores debido a la disolución de estas unidades de internamiento, ya que fueron sustituidas por los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde se destinaba a los jóvenes que habían realizado en servicio militar durante la guerra en el Ejército republicano.

Ficha clasificatoria de Francisco Sánchez León.

El vocal de la junta directiva de la Agrupación Socialista de Jauja y militante de la UGT, Francisco Sánchez León, apodado “Veintiuno”, entró el 24 de mayo de 1936 en la cárcel de Lucena. Se le acusaba de haber ordenado la requisa de trigo y aceite de los tres cortijos que ya hemos citado con anterioridad. Cuando el juez instructor lo interrogó el 6 de junio de 1939 no se ratificó en las declaraciones que había prestado ante la Guardia Civil. Manifestó que él no se consideraba “responsable de los hechos que en la citada declaración constan, pero que la firmó porque había que firmar lo que el comandante de puesto quería”. Respecto a su actuación en las jornadas en que Jauja permaneció fiel a la República, especificó que “pasados dos o tres días de estallar el Movimiento, estando el pueblo de Jauja alborotado, se formó una comisión de hombres viejos para que velaran por el orden y no se cometieran atropellos y que la comisión acordó ir al cortijo mencionado [Caserío Mora] para comprar 80 fanegas de trigo siendo el declarante autorizado para ir con el camión”. Antes de llegar, con la finalidad de que no se asustaran, habló con el administrador del marqués. Le expuso “que iba a comprar ochenta fanegas de trigo y que se las pagaría cuando las fuerzas de Lucena se hicieran cargo de Jauja”, pues se iban a destinar para el pueblo. Añadió que ese trigo se había entregado a las panaderías sin que él ni nadie se aprovechara de él, y que sabía que fueron a por aceite y trigo a otros cortijos “con la intención de ser pagado”.

Francisco Sánchez permaneció en Jauja hasta el día 11 de agosto, junto a su mujer Dolores Romero Moreno y sus seis hijos. Según su declaración, “por la mañana una comisión formada por el padre cura [el párroco Ildefonso Villanueva Escribano] y Fernando Gómez vinieron a Lucena con un documento para decir que fueran allí las fuerzas a hacerse cargo de aquello”. Sin embargo, “por la tarde se presentaron otras fuerzas por el lado de Badolatosa, por lo que todo el mundo se salió, tanto los obreros como los patronos”. Él permaneció “once días en el campo dispuesto a entrar en Jauja de un día para otro, pero como vio que algunos de los que se presentaban se perdían” tuvo miedo y se marchó a Espejo, donde residió 12 días. Luego se refugió en Bujalance, que cayó en manos franquistas el 20 de diciembre de 1936, y en Martos. La actuación de Francisco Sánchez en Jauja vino avalada por el propietario Rafael López Ramos, de 32 años, que certificó que no se habían cometido saqueos ni asesinatos en la aldea. También testificó a favor de él Miguel Castillo Peinado, dueño del cortijo La Aguja de Martos, con el que había trabajado allí. Miguel Castillo concretó que Francisco Sánchez había residido antes en Chinchilla (Albacete) y que le había dicho que le “pesada haberse venido de Jauja”, pero que lo había hecho “por temor a que lo castigaran los nacionales”. El consejo de guerra contra Francisco Sánchez se celebró el 12 de abril de 1940 y el tribunal falló su absolución, solicitada también por el fiscal y el defensor.

El guardia municipal y militante de la UGT Manuel Cobacho Osuna “Manolón”, de 32 años, era hermano de Antonio, el primer alcalde republicano de Jauja en 1931. Según su declaración en el sumario del consejo de guerra, tras el 18 de julio de 1936 estuvo trabajando en la siega de la cebada de unas tierras arrendadas. Durante dos días prestó servicios en el Canal y “tenían por misión evitar que en Jauja ocurriera nada como en efecto lo consiguieron, pues allí no hubo ningún asesinato ni detención alguna ni saqueos, teniendo para ello que luchar bastante y oponerse a los individuos que de Málaga llegaban allí para marchar a Puente Genil, teniendo en uno de los casos que ocultar el que declara la presencia del sacerdote pues unos milicianos de Málaga pretendían llevárselo y el que declara negó repetidamente que dicho señor se encontrase en la aldea como en efecto se encontraba”. El día 11 de agosto se marchó a las Huertas Nuevas, que tenía arrendadas la familia, y el día 13, “motivado por las versiones que los que iban huyendo les contaban al pasar por la huerta” de lo que hacían las “fuerzas nacionales” huyó a El Chorro, donde trabajó vendiendo vino. En Jauja quedaron su mujer Concepción Osuna Quesada y sus dos hijos. En febrero de 1937 llegó a Martos y cuando en mayo de 1938 movilizaron su quinta se integró en un batallón en Valencia y prestó servicios en retaguardia en las localidades de Banifairó de los Valles y en Utiel. Al finalizar la guerra, lo recluyeron en el campo de concentración de Manzanares (Ciudad Real). Sobre la conducta de Manuel Cobacho, en la fase de instrucción del sumario se recogen los testimonios de varios vecinos: el industrial Antonio Fernández Romero, el bracero José María Gómez García, el propietario Adriano Hidalgo Bergillos y Rafael Santaella Rodríguez. Insisten en que en Jauja “no hubo detenciones de personas ni asesinatos” y únicamente refieren haberlo visto con miembros del Comité. Solo Francisco Chacón Santaella afirmó que se presentó en su casa con el uniforme de municipal, “acompañado de otros individuos también armados, obligándole a entregar una escopeta y un revolver que tenía”.

El consejo de guerra de Manuel Cobacho se celebró en Lucena el 25 de agosto de 1939 y los miembros del tribunal, salvo los vocales, eran distintos a los de otros juicios que afectaron a vecinos de Jauja. El presidente era el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo, el ponente Marcial Zurera Romero (natural de Aguilar de la Frontera), el defensor Antonio Torres Trigueros y el fiscal José Ramón de la Lastra y Hoces. Este último era marqués de Albudeyte y de Ugena de la Lastra, un abogado y terrateniente famoso por las duras condenas que exigía en los consejos de guerra, quien solicitó cadena perpetua para el acusado frente a la petición de absolución del defensor. El 4 de enero de 1940 la Auditoria de Guerra, al considerar que Manuel Cobacho no había cometido hechos delictivos, decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones y acordó su ingreso en un batallón de trabajadores durante doce meses, una pena que no cumplió por los motivos que ya hemos expuesto en casos similares.

 El tesorero de la UGT de 1931 a 1934, el bracero Francisco Cañete Ruiz, de 36 años, huyó de Jauja el día 11 de agosto. Pasó por Espejo, Bujalance y Martos, y terminó enrolado de voluntario en el Ejército de la República. Mientras estuvo fuera de Jauja, su familia sufrió un pequeño calvario, que conocemos gracias al testimonio que me aportó en octubre de 2007, a través de correo electrónico, su nieto Rafael Cañete Fuillerat. Al hermano pequeño de Francisco, Juan Antonio, de 18 años, la Guardia Civil lo detuvo y lo amenazó varias veces con matarlo si no les decía dónde se encontraba su hermano mayor. Incluso lo subieron en un coche para llevarlo a fusilar, pero un terrateniente falangista del pueblo, Francisco Palanca La Chica, con el que su padre había trabajado de manijero, lo salvó en última instancia. En el vehículo iba también un primo de Juan Antonio, ¿José? Ruiz “La Cuchibacha”, de unos 30 años y con varios hijos, al que mataron en Lucena. El 4 de noviembre fusilaron a la madre de Francisco, Rosalía Ruiz Cobacho “La del Fraile”, de 62 años, socialista como él, posiblemente en venganza por su huida. Juan Antonio, el hermano de Francisco, fue movilizado después por el Ejército franquista y luchó un año en el frente de Teruel (otro hermano, el anarquista Manuel, se encontraba combatiendo obligado también en las mismas filas). Tras una convalecencia en un hospital de Vigo decidió desertar y regresó a Jauja, un delito que estaba castigado con la pena de muerte. Su padre le aconsejó que se presentara de nuevo en su unidad militar y se libró de un juicio sumarísimo gracias a la intervención de un teniente legionario, aunque lo destinaron a operaciones de vanguardia hasta el fin de la guerra. Por otro lado, tras la vuelta de Francisco Cañete Ruiz a Jauja, se le acusó de haber pertenecido al Comité que se había constituido en la aldea y de haber requisado trigo y aceite en los tres cortijos ya conocidos, pero el 12 de abril de 1940 un tribunal en consejo de guerra dictó su absolución. Ese mismo día salió en libertad.

Ultimamos nuestro recorrido por la represión en posguerra con Antonio Fuillerat Carrasco “Galo”, un bracero de 37 años, que había sido presidente de la UGT y secretario del PSOE de Jauja. Cuando huyó, residió en Málaga, Almería, Murcia, Villarrobledo (Albacete) y Martos, hasta que se enroló voluntario en el Ejército republicano y luchó en el frente de Levante. Al acabar la contienda, lo internaron en el campo de concentración de Manzanares (Ciudad Real), de donde salió hacia Jauja el 12 de abril de 1939. En el consejo de guerra se le imputó haber pertenecido al Comité y haber amenazado de muerte al propietario Antonio Gómez García, algo que este negó con posterioridad. En el sumario judicial aparece la declaración del testigo Fernando Gómez Maireles, que afirmó que “durante la dominación marxista en la aldea de Jauja los dirigentes no se portaron mal” y que Antonio Fuillerat, José Sánchez García “Rallao” (antiguo concejal socialista) y Francisco Sánchez León “Veintinuo” habían intervenido para “echar a los milicianos de Málaga”. El 14 de octubre de 1939 Antonio Fuillerat quedó en libertad. En esta ocasión, por fortuna, hemos podido contar con un testimonio familiar de la misma persona que en el caso anterior, su nieto Rafael Cañete Fuillerat, que nos ha servido para completar su trayectoria vital a partir de aquel momento. Según sus palabras, tras salir de la cárcel, a su abuelo “los falangistas del pueblo le daban palizas por cualquier motivo, sobre todo cuando se emborrachaban, generalmente con la excusa de que tenía una máquina de escribir escondida en algún sitio. Debilitado por las palizas, los sinsabores y una enfermedad que pilló en la recogida del arroz, murió muy joven, a los 41 años. Su mujer, mi abuela, Isabel Gómez López, pasó varios días encerrada en el cuartel de la Guardia Civil, los falangistas la amenazaron con matarla y, finalmente ‘solo’ la raparon al cero”.

Información adicional: Antonio Velázquez Mateo, guardia civil en Jauja en 1936-1937. 

Antonio Velázquez Mateo, guardia civil en Jauja en 1936-1937

Una de las primeras medidas que tomaron los militares que apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue la emisión de un bando de guerra en el que imponían el código de justicia militar, el toque de queda, la prohibición de actividades políticas y sindicales y otras medidas de orden público y de control de la población que rompían con la legalidad constitucional vigente. El bando de guerra suponía que los militares se convertían en la máxima autoridad en el territorio que controlaban, lo que les permitía también destituir autoridades civiles (alcaldes, concejales, gobernadores, etc.) y nombrar otras nuevas que las sustituyeran. Todos estos actos de fuerza eran ilegales, ya que el artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 se llevaba preparando desde hacía tiempo. El 25 de mayo, dos meses antes de ejecutarse, el “director” de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, ya había advertido por escrito a los demás implicados que la acción debía ser en “extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”, y las mismas llamadas a la violencia encontramos en los bandos de guerra y en los decretos emitidos por los mandos sublevados del Ejército desde el 18 de julio. En un número importante de pueblos de España la única representación militar era la Guardia Civil, de manera que en los primeros meses de la contienda los comandantes de puesto de sus cuarteles disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas y poseían la máxima autoridad en materia de orden público, sin tener que dar cuentas a nadie o a casi nadie.

Muchos cuarteles de la Guardia Civil se convirtieron entonces en centros de detención y tortura, donde se decidía sobre la vida y la muerte, sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos cometidos por los que iban a ser fusilados. Ello explica que muchos comandantes de puesto de cuarteles de la Guardia Civil dejaran triste memoria en pueblos del sur de Córdoba, como los tenientes Pascual Sánchez Ramírez en Baena, Basilio Osado Salvador en Rute, Cristóbal Recuerda Jiménez en Fernán Núñez o Luis Castro Samaniego en Lucena. Lo mismo ocurrió con algunos guardias civiles, como Antonio Velázquez Mateo en Jauja.

Alumnos y profesores de la escuela de Jauja en 1934.

Jauja era una aldea de Lucena. En Lucena triunfó la sublevación desde el primer día, y pocas horas después, a las cinco de la mañana del 19 de julio, se impuso el bando de guerra. No ocurrió lo mismo en Jauja, situada al suroeste de Lucena, a 24 kilómetros, con una población mayoritariamente socialista y que en aquel tiempo rondaría los mil habitantes. Los guardias civiles de Jauja recibieron la orden de concentrarse con sus familias en la Comandancia de Lucena la misma tarde del 18 de julio, por lo que la aldea permaneció en zona republicana. Los republicanos jaujeños crearon entonces un Comité que se encargó del desarme de los vecinos que podrían apoyar la rebelión militar, de la requisa de bienes de algunos cortijos y de la organización de un servicio de guardias dentro del pueblo, pero en todo momento se evitaron las violencias, las detenciones y los fusilamientos.

Tras la caída de la localidad sevillana de Herrera (31 de julio) y de la cordobesa Puente Genil (1 de agosto) en manos de los militares rebeldes, los refugiados que escapaban y pasaban por Jauja iban contando las atrocidades cometidas en la conquista por las tropas moras llegadas de Marruecos. Para evitar una masacre similar en la aldea, el Comité decidió enviar una comisión para negociar con las autoridades militares de Lucena la rendición, sin embargo estas se negaron a llegar a un acuerdo que solo pedía que se respetaran las vidas de los habitantes de Jauja. El 11 de agosto las tropas franquistas tomaron la localidad sevillana de Badolatosa, situada a poco más de un kilómetro de Jauja, al otro lado del río Genil. En consecuencia, ante la inminente caída de la aldea y para evitar la posible represión, los republicanos jaujeños más significados huyeron hacia la zona republicana de Málaga y en el pueblo solo quedaron vecinos con nulo o escaso nivel de compromiso político y sindical.

La relativa calma que había vivido Jauja desde el comienzo de la guerra se rompió de forma brusca el 13 de agosto de 1936, cuando las fuerzas falangistas de Lucena tomaron el pueblo sin ninguna resistencia. A pesar de que no se le había causado daño físico a nadie durante los 26 días de dominio republicano, los golpistas no actuaron de la misma manera y la represión resultó muy dura. El cuartel de la Guardia Civil y la antigua Casa del Pueblo socialista se convirtieron en cárceles y se desencadenó una terrible ola de fusilamientos que se llevó al menos a 21 vecinos a la tumba en los alrededores de la localidad, en el cementerio, en Lucena y en la vecina Badolatosa. De ellos, solo 10 aparecen inscritos oficialmente como fallecidos en el Registro Civil. La identidad de los otros 11 se ha conseguido obtener a través de testimonios orales ya que, al igual que ocurrió en todas las zonas controlada por los franquistas, un gran número de represaliados (en Jauja, más de la mitad) no dejó huella documental alguna de su fallecimiento. El porcentaje de muertos, por tanto, resultó muy abultado en la aldea, pues alcanzó al 2,2 % de la población, cuando por ejemplo en el Madrid republicano ese porcentaje (incluidos los asesinados en Paracuellos) rondó el 0,6 %. Los nombres de las 21 víctimas mortales de Jauja que hasta el momento tenemos identificadas se pueden consultar en este enlace.

Ricarda Ana Cobacho Cañete, fusilada en noviembre de 1936.

Entre los fusilados se encontraban dos mujeres, de las que aportaremos algunos datos que nos facilitaron los nietos de ambas en 2007. A mediados del mes de octubre de 1936 detuvieron a la maestra del Centro Obrero Socialista Ricarda Ana Cobacho Cañete (de 36 años y con cuatro hijos, el mayor de 13 años), a su madre y a sus hermanas, en lo que parecía un acto de venganza por el apoyo público que habían mostrado, dos años antes, a la solicitud del concejal socialista de Jauja para que una partida económica del Ayuntamiento se destinara a la construcción de un grupo de escuelas en el pueblo en vez de al arreglo del cuartel de la Guardia Civil, propuesta esta última defendida por los propietarios agrícolas. Las mantuvieron presas varios días en el cuartel, donde las interrogaron, las raparon y las obligaron a tomar aceite de ricino. Las liberaron, pero al poco tiempo volvieron a detener a Ricarda Ana. En el cuartel sufrió interrogatorios brutales para que desvelara el paradero de sus hermanos Juan y Manuel, afiliados al sindicato socialista UGT, que habían huido del pueblo. Tras permanecer varios días presa, el guardia Velázquez, acompañado por un guardia apodado el Negro Gandul, y los requetés el Cota y el Mono, la condujeron al arroyo La Coja. Allí, un día indeterminado de comienzos de noviembre, un conocido de la familia encontró su cadáver, semienterrado y destrozado, pues al parecer había sido violada y le habían mutilado los pechos.

Una amiga de Ricarda Ana, Rosalía Ruiz Cobacho, de 62 años, que había soportado el cautiverio y las vejaciones con ella en la cárcel, cayó asesinada por uno o varios disparos a bocajarro en la cabeza en la calle Pleito, el 5 de noviembre, cuando se negó a dar un paso más en dirección al cementerio, donde iban a fusilarla. El nieto de Rosalía, Rafael Cañete Fuillerat me envió varios correos electrónicos en octubre de 2007 para contarme detalles de esta historia. Según me escribió, aunque reconocía que no sabía si era una leyenda o no, los tiros se produjeron cuando su abuela cogió desprevenido al guardia Velázquez, le apretó de un puñado los testículos, y le gritó: “Lo que más por culo me da es que me vaya a matar precisamente el tío más mierda de toda Jauja”. Su muerte pudo ser un acto de venganza por la huida del pueblo a zona republicana de su hijo mayor, Francisco Cañete Ruiz, de 36 años, secretario y contador de la UGT entre 1931 y 1934. A otro hijo, Juan Antonio, de 18 años, también lo detuvieron y lo amenazaron con matarlo si no desvelaba el paradero de su hermano, pero al final logró salvar su vida y debió luchar como soldado en el bando franquista, donde asimismo ya combatía su hermano Manuel, un anarquista al que la guerra le sorprendió realizando el servicio militar en África.

El teniente Rafael García Rey, juez instructor en la causa abierta contra el guardia Velázquez.

En febrero de 1997 realicé las primeras entrevistas para investigar la represión en Jauja durante la guerra civil y la posguerra. Los testimonios recogidos entonces, de personas que vivieron aquellos hechos con edad adulta, ya hablaban de la actitud violenta del guardia Antonio Velázquez Mateo y del clima de miedo que impuso entre la población. Su talante déspota nos ha quedado bien reflejado tras el descubrimiento hace unos meses, entre los más de 80.000 expedientes que se conservan en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, de una causa abierta contra él —causa 17, legajo 124, expediente 4.109— a consecuencia de las denuncias presentadas ante la Comandancia Militar de Lucena por cinco vecinos. En principio, el gobernador militar de Córdoba ordenó que se recabara información sobre las denuncias, así que el 5 de febrero de 1937 el comandante militar de Lucena, el capitán Juan Pedraza Luque, nombró juez instructor al teniente de Infantería de la caja de reclutas Rafael García Rey, a quien emplazó a trasladarse a Jauja para iniciar las investigaciones.

Para entender el contexto histórico de estas denuncias, hay que apuntar que en la España franquista solo carlistas (con sus milicias armadas, el requeté) y falangistas conservaron plena actividad política, ya que eran organizaciones que estaban estructuradas de manera paramilitar y contaban con capacidad de encuadramiento y movilización de voluntarios y combatientes. Los otros partidos de derechas quedaron aletargados, mientras los partidos del Frente Popular (republicanos, socialistas, comunistas) y de izquierdas, los sindicatos y los partidos nacionalistas quedaron prohibidos y sus bienes incautados. El 1 de abril de 1937 Franco emitió el decreto de unificación, de manera que todas las organizaciones adeptas a la sublevación militar se encuadraron en una sola organización: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, conocida popularmente como la Falange o el Movimiento Nacional, el único partido legal durante toda su dictadura.

Esquina del cuartel de la Guardia Civil en Jauja.

Dos escasos meses antes de que aconteciera la unificación, se produjeron las denuncias contra el guardia Velázquez, jefe de los requetés en la aldea por nombramiento del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. Fueron cinco los denunciantes, personas humildes y trabajadores del campo: Rafael García Pinto, de 35 años, Cristóbal Domínguez Martín, de 36 años, Manuel García Carrasco, de 35 años, Juan Sánchez Romero, de 27 años, y José Torres García, de la misma edad. Todos alegaban motivos más o menos similares. En su mayoría pertenecían a la Falange desde hacía tres o cuatro meses, pero exponían que el guardia civil Antonio Velázquez Mateo los había obligado a adherirse al requeté y a pagar la cuota de socio, sin admitir que pudieran darse de baja. Rafael García Pinto fue más explícito y afirmó que tuvo que afiliarse “por temor de ser objeto de un atropello de dicho guardia [ya] que el que no accede a sus deseos lo abofetea y castiga arbitrariamente”. Todos los denunciantes coincidían en que en la tarde del 2 de febrero de 1937, el guardia Antonio Velázquez los avisó para que se presentaran en la sede del requeté o en el casino Vidal, donde les advirtió que debían estar preparados para salir aquella misma noche a Córdoba a prestar servicio en una columna militar requeté, mandada por el coronel Luis Redondo, y que serían arrestados si se negaban. Los denunciantes se quejaban de “las amenazas y las coacciones” sufridas y de haber sido alistados en el requeté “a viva fuerza”. Así que por miedo a sufrir un “atropello” decidieron abandonar su trabajo, su casa y sus familias para pernoctar en Lucena y poder presentar al día siguiente una denuncia contra el guardia ante la autoridad militar.

Tras las diligencias practicadas, el juez instructor, el teniente Rafael García Rey, en su informe judicial estimó que la actuación del guardia Velázquez suponía un delito de atentado a las personas, por lo que el gobernador militar de Córdoba ordenó que se siguiera tramitando la causa. De nuevo, el juez instructor se trasladó a Jauja para seguir tomando declaración a testigos y denunciantes, que confirmaron en todos sus términos los contenidos de las denuncias.

El testigo José Cobacho Pérez, un bracero de 31 años, manifestó que pertenecía al requeté “por presión, ya que el declarante ni conocía el reglamento ni sabía qué era tal requeté y por miedo a dicho guardia [y] porque no fuera a vengarse por cualquier motivo injustificado firmó el documento” de afiliación. El denunciante Juan Sánchez Romero declaró que cuando se presentó el 2 de febrero en el casino donde estaba el guardia Velázquez con la intención de comunicarle que se quería dar de baja en el requeté para pasarse a la Falange, este le replicó: “¿Tan mal te ha ido en él?, yo siempre te he considerado y desde ahora en adelante el primero que salga para Córdoba serás tú, que eres un comunista malo”. A continuación ordenó que lo llevaran detenido al cuartel de la Guardia Civil, donde permaneció arrestado tres horas. Algunos miembros de la Comisión de Guerra del requeté, que se encontraban allí, consiguieron que el guardia Velázquez lo pusiera en libertad, pero antes tuvo que admitir que seguiría perteneciendo a la organización. Además, le advirtieron “que era una ignorancia pedir la baja, porque [para] cualquier cosa que se me presentara podían dar malos informes y me podían fusilar”. La Comisión de Guerra del requeté la formaban entonces Fernando Gómez Maireles (el de la Pala), Adriano Hidalgo Bergillos, Manuel López Conde (Manolito Perulo), Antonio Muñoz Graciano, Cristóbal Chamizo Márquez (el Panadero) y Antonio Fernández Romero.

José Torres García, denunciante también, manifestó que al desaparecer el grupo de Caballería formado en la aldea al ser tomada por los falangistas, el guardia Velázquez lo pasó al requeté “sin contar con su voluntad”, pues hubo de rellenar la ficha de militante por temor a que tomaran “represalias” contra él. En la misma línea se expresó otro denunciante, Manuel García Carrasco, diciendo que como “mi inscripción como requeté ha sido a voluntad del guardia civil Velázquez, y no de la mía propia, he solicitado la baja por instancia al jefe de dicha unidad en esta aldea y se han negado a admitirla de forma incorrecta y tirándome la instancia de referencia sin escucharme siquiera”. Otra testigo, María Jesús Pérez Velázquez, de 58 años y viuda, declaró que el día 2 de febrero se personó en su domicilio un requeté para avisar de que debían presentarse inmediatamente su hijo José Quesada Pérez y su yerno Vicente Maireles Carrasco, a los que se llevaron a Córdoba con cinco más, a pesar de que su yerno tenía esposa y cinco hijos y su hijo poseía una prórroga de incorporación al servicio militar por ser hijo de viuda pobre. Cuando fue a pedir explicaciones al cuartel al guardia Velázquez, este le respondió de manera altanera que protestara en Córdoba.

En su declaración ante el juez, el guardia civil Antonio Velázquez Mateo, de 33 años y natural de Sevilla, rechazó las acusaciones de que hubiera ejercido presión o amenazas para conseguir afiliados al requeté y afirmó que todos se habían adherido “a voluntad propia”. También negó que el día 2 de febrero obligara de forma violenta a que marcharan a Córdoba determinados jaujeños apuntados al requeté. Alegó que él solo cumplió las órdenes recibidas a través de un oficio del teniente coronel jefe de la organización, Luis Redondo, para que se incorporaran a una columna militar de voluntarios carlistas todos los militantes disponibles. Y terminó diciendo que de los 19 que avisó solo se personaron siete, pues el resto se trasladó a Lucena para presentar denuncia contra él ante el comandante militar de la plaza, al parecer incitados por el jefe local de la Falange José Santaella Rodríguez.

Las diligencias practicadas por el juez instructor se enviaron a la Auditoría de guerra de Sevilla, que el 9 de marzo de 1937 ordenó que se averiguara la “conducta social anterior a la fecha del Glorioso Alzamiento Nacional y primeros días desde su iniciación de los vecinos de dicha aldea Rafael García Prieto, Cristóbal Domínguez Martín, Juan Sánchez Romero, José Torres García, Manuel García Carrasco, José Quesada Pérez, José Cobacho Pérez y Vicente Maireles Carrasco”. La intención de la Auditoría era conocer si la denuncia podía ser fruto de un complot o se presentaba por personas no “adictas al Glorioso Movimiento Nacional”. También, la Auditoría solicitó que se tomara declaración al jefe local de la Falange, José Santaella Rodríguez, con la finalidad de descubrir si había incitado a los vecinos a presentar la denuncia contra el guardia.

Atendiendo a las indicaciones del auditor, el día 18 de marzo se constituyó de nuevo el juzgado en Jauja, esta vez en el domicilio del cura párroco, Ildefonso Villanueva Escribano, lo que nos demuestra la enorme influencia que el sector eclesiástico adquirió en la España franquista. Aun así, este sacerdote intentó siempre ser comedido y fiel a la verdad en sus declaraciones ante el juez, al menos en los testimonios que hasta ahora hemos podido leer de él en varios sumarios de consejos de guerra que se incoaron contra otros jaujeños en la posguerra. El juez dispuso que se buscara también a dos vecinos de “buena solvencia moral” para que testificaran en el caso, así que por iniciativa del cura se citó a Rafael Gómez Santaella y Juan Guerrero Cantero. Los tres testimonios resultaron muy similares, como veremos a continuación, ya que señalaron que los denunciantes eran buenas personas (a pesar de que todos habían militado con anterioridad en el partido socialista) y recalcaron que no se habían producido violencias en Jauja mientras la localidad estuvo en manos republicanas, es decir, hasta el 13 de agosto de 1936, fecha en la que fue ocupada por los falangistas llegados de Lucena.

El sacerdote Ildefonso Villanueva declaró que antes de la contienda “todo este personal figuraba en la Casa del Pueblo como socialista, que tampoco los he visto o los veo entrar en la iglesia, que la conducta de ellos es buena, tanto anterior como posterior al movimiento, y a pesar de haber estado afiliados como socialistas en las circunstancias actuales lo mismo estos que el resto de la aldea se hayan afiliados a Requeté y Falange”. El hortelano Juan Guerrero Cantero, de 55 años, manifestó que “en los primeros días del movimiento tanto ellos como los demás de la aldea no se metían con nadie a pesar de estar esto dominado por los elementos marxistas, y que al ser tomada esta aldea por las tropas se apuntaron casi todos a milicias, unos a Requeté y otros a Falange, considerándolos como buenas personas”. Por último, Rafael Gómez Santaella, de 47 años, explicó que conocía a los denunciantes, a los que calificó como “buenos muchachos”. Dijo que habían “pertenecido a la Casa del Pueblo como militantes del partido socialista, al que han pertenecido todos o casi todos de la aldea, pero que nunca se han distinguido en asuntos políticos, y que al iniciarse el movimiento salvador, se mantuvieron en el mismo estado que con anterioridad he dicho, pues en esta aldea a pesar de haber estado en poder de los elementos marxistas, no han ocurrido desmanes de ninguna clase, pues todos se imponían a que los elementos extraños entraran en la aldea, por cuyo motivo no ha pasado nada”.

Las declaraciones ante el juez instructor del jefe de la Falange, José Santaella Rodríguez, de 32 años, corroboraron de manera clara la versión de los denunciantes y los testigos. Manifestó que él nunca había forzado a los vecinos a que se adhirieran a la Falange ni había hablado nunca con ellos para que denunciaran al guardia Velázquez, pero que “los que mencionan anteriormente y otros más sí han sido incitados por el Guardia Civil Antonio Velázquez Mateo para que se afiliaran al Requeté, así como llevarlos a la fuerza al Cuartel para que firmaran la ficha de dicho organismo”.

Terminada la ronda de declaraciones, la causa se envió de nuevo a la Auditoría de guerra. Esta ordenó que se practicara un careo entre el jefe de la Falange y el guardia Velázquez, que se realizó en Lucena el 27 de abril de 1937, cuando el guardia ya se encontraba destacado en Alameda (Málaga). Tras esta nueva diligencia, la Auditoría emitió en Sevilla su dictamen definitivo el 18 de mayo de 1937. En él se señalaba lo siguiente:

Los hechos relatados no revisten caracteres de delito o falta grave, puesto que el nombrado guardia civil, al proceder como lo hizo, no pretendía otra cosa, como jefe que era de la organización del requeté, en la mencionada aldea, que procurar por todos los medios que los denunciantes, la mayoría de los cuales se encontraban en la aldea sin prestar servicio práctico alguno, coadyuvaran de una manera efectiva en la defensa de la Patria, tan necesitada de hombres jóvenes, haciéndoles incorporarse para marchar a Córdoba, no logrando conseguir que lo hicieran más que siete, pues los demás se quitaron de en medio y se marcharon a Lucena a denunciar el hecho que estimaban delictivo.

En su consecuencia y por todo lo expuesto sobreseo definitivamente la presente causa.

El 21 de junio de 1937 el juez instructor dispuso que se notificara la resolución al guardia Velázquez, que en aquel momento ejercía de cabo provisional y comandante de puesto de la Guardia Civil de Zambra, una aldea perteneciente a la localidad cordobesa de Rute. Esta resolución judicial es una muestra de la impunidad en la que se desenvolvían durante la guerra civil y la posguerra determinados miembros de las fuerzas de orden público, ya que podían cometer abusos y tomar decisiones arbitrarias sin que los afectados por ellas pudieran ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva y lograran encontrar amparo en las instituciones del Estado. Con posterioridad a los hechos que hemos relatado, el guardia Velázquez fue destinado de nuevo a Jauja. Ya envalentonado, y consciente de que su poder tenía pocos límites legales, siguió actuando de una manera aún más contundente que la que ya hemos relatado, según los testimonios orales que pudimos recoger a finales de la década de los noventa del siglo pasado.

Información adicional: La actuación de los tribunales militares en Jauja en la posguerra.

El trienio bolchevique en Lucena (1918-1920)

Entre 1918 y 1920 se vivió una gran conflictividad social en el sur de España. Estuvo motivada por la subida de los precios de los productos de primera necesidad, la existencia de una enorme masa de jornaleros sin tierra que constituían la mayoría de la población y vivían en condiciones miserables, una estructura de la propiedad latifundista y el fuerte aumento del asociacionismo y del activismo obrero. Para referirse a estos tres años, el notario de Bujalance Juan Díaz del Moral en su libro Historia de las agitaciones campesinas andaluzas acuñó el término de trienio bolchevista. Aludía con ello al influjo que la revolución de los bolcheviques rusos, en octubre de 1917, había tenido en la mentalidad de los campesinos de la época, esperanzados en que un proceso revolucionario similar de conquista del Estado por la clase obrera podría ser posible también en España. Según Díaz del Moral, que terminó de escribir su libro en 1923, 55.000 campesinos militaron en organizaciones obreras en 61 pueblos de la provincia cordobesa entre 1918 y 1919. En cuanto a la conflictividad social, el historiador Francisco Moreno Gómez señala que hubo en la provincia 93 huelgas en 1918 y 102 en 1919, lo que convierte a este periodo del reinado de Alfonso XIII en el más convulso del siglo XX en Córdoba, superando a los años de la II República (1931-1936).

En una anterior entrada de mi blog abordé el asunto de los inicios del movimiento obrero y del socialismo lucentino, que vivió continuos altibajos desde su nacimiento. Para Díaz del Moral, la debilidad del movimiento obrero en Lucena se explica porque la inmensa mayoría de los asalariados lucentinos contaban solo con un jornal como único ingreso, con lo que su situación económica y social —y su capacidad de resistencia ante una huelga, por ejemplo— era inferior a la que gozaban otros pueblos del centro de la campiña, donde abundaban colonos, arrendatarios y pequeños propietarios que mantenían un mayor nivel de vida y que, según él, fueron unos de los grandes impulsores de las movilizaciones que se vivieron en el trienio bolchevique.

Los orígenes del asociacionismo de los trabajadores lucentinos se remontan a la Liga Obrera, creada en marzo de 1904, y a la Agrupación Socialista de Lucena, fundada el 30 de junio de 1908, aunque la actividad de esta última duró solo un año. Tuvo un breve repunte en enero de 1913, con la creación del Centro de Obreros Socialistas, que decayó al año siguiente, y habrá que esperar a junio de 1918 para asistir a la nueva constitución de la Agrupación Socialista de Lucena, que alcanzó los 85 militantes durante aquel año.

La gran organización obrera del trienio bolchevique en Lucena fue la Unión Agrícola, que llegó a la cifra de 1976 afiliados en marzo de 1919, el 9% de los 21.029 habitantes de la localidad. En Jauja, los campesinos se agruparon en la Sociedad de Obreros Agricultores La Redención, fundada el 23 de octubre de 1918, que tenía su sede en el número 43 de la calle Iglesia. A comienzos del año siguiente contaba con unos doscientos socios (el 19% de los 1.038 residentes en la aldea) y en ella ejercía de secretario Antonio Cabello Carrasco y de presidente José Sánchez García “Rallao”, quien llegaría a ser concejal en 1931, al proclamarse la II República. Ambas organizaciones, la Unión Agrícola y La Redención, pertenecieron a la Federación Provincial de Sociedades Obreras Agrarias, auspiciada por el socialismo cordobés en abril de 1919. En consecuencia, tanto la organización lucentina como la jaujeña estuvieron vinculadas ideológicamente al PSOE y a la UGT, sin que aquí arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia.

El abogado lucentino Antonio Buendía Aragón representó a Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en Madrid en octubre de 1918 y jugó un papel muy destacado en las sociedades obreras del trienio bolchevique.

Durante el trienio bolchevique, el primer acto conocido de los socialistas lucentinos en 1918 fue la celebración en agosto de una Semana Roja, realizada al igual que en otras localidades españolas para conmemorar el primer aniversario de la huelga general de trabajadores del mismo mes del año anterior. Si seguimos a El Socialista, el periódico oficial del PSOE y del sindicato UGT, el día 14 de agosto el joven abogado Antonio Buendía Aragón intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo, el 15 le tocó el turno a Isidro Cárdenas hablando de “La lucha obrera” y el 16 hubo un mitin de las Juventudes Socialistas. En septiembre, las Juventudes celebraron actos de propaganda bajo la coordinación del periodista pontanés Gabriel Morón. En octubre, Antonio Buendía Aragón representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en Madrid bajo la presidencia de Pablo Iglesias. A finales de noviembre, Largo Caballero, secretario general de la UGT, protagonizó un mitin al que asistieron unas dos mil personas, según el Diario Liberal (9 de diciembre de 1918), y posiblemente ya aprovechó su visita para preparar su próxima candidatura al Congreso de los Diputados por el distrito de Lucena. La Agrupación socialista de Lucena fue capaz también de sacar un periódico en 1918, El Pueblo Libre, que solo llegó a editar su primer número el 5 de diciembre. En este año o el siguiente se adquirió además la Casa del Pueblo, que estaba situada en el mismo sitio que ahora: la esquina de la calle San Pedro con la calle Curados.

El inicio del movimiento obrero durante el trienio bolchevique lo marcó en la provincia de Córdoba el Congreso de Castro del Río, celebrado entre el 25 y el 27 de octubre de 1918, al que asistieron numerosas organizaciones de trabajadores de la provincia y limítrofes, la mayoría anarquistas. A los dos meses del Congreso de Castro, los socialistas lucentinos organizaron un Congreso comarcal de obreros agrícolas el 9  y el 10 de diciembre en el que participaron sociedades de veinte localidades que representaban a 10.500 trabajadores del campo. En las sesiones jugaron un papel fundamental el abogado lucentino Antonio Buendía Aragón y el dirigente socialista montillano Francisco Zafra Contreras. El motivo principal del Congreso, de acuerdo con el historiador Manuel Á. García Parody, fue abordar la cuestión, ya tratada en el Congreso de Castro, de si se debía dar prioridad o no a los jornaleros de la localidad frente a los forasteros a la hora de contratarlos. Al final, se decidió que los patronos podrían contratar a jornaleros de fuera siempre que estuvieran asociados y les pagaran un real de más. También se acordó en el Congreso, según recogió El Socialista, “enviar al ministro de la Gobernación un telegrama formulando la más enérgica protesta contra los atropellos de que se está haciendo víctimas a los trabajadores de Baena y Puente Genil por las autoridades puestas al servicio del caciquismo, que están encarcelando Directivas y clausurando Centros obreros, con menosprecio de los derechos de ciudadanía que las leyes conceden a los habitantes de un pueblo civilizado y democrático”.

Rafael Lozano Córdoba, uno de los firmantes, por la parte obrera, del pacto con la patronal agraria en diciembre de 1918.

En cuanto a los inicios de la conflictividad social durante el trienio bolchevique, Juan Díaz del Moral señala que hubo ya agitación obrera en Lucena en julio de 1918, y que a finales de octubre hubo huelgas en Lucena y otros cuatro pueblos. El día 3 de noviembre se inició un paro de trabajadores de todos los oficios en Lucena, sin previo aviso y sin que se presentaran demandas. El día 7 la huelga general paralizaba la vida de 34 pueblos de la campiña y en diciembre hubo huelga en otras 15 localidades. En medio de este clima de conflictividad, a finales de diciembre la Unión Agrícola de Lucena firmó unas bases de trabajo (especie de convenio colectivo) consideradas modélicas por el Instituto de Reformas Sociales. Entre otros acuerdos, en ellas se estableció que los trabajadores lucentinos tendrían preferencia sobre los forasteros en la contratación para las labores de la recogida de aceituna, que podrían venir desde los cortijos a Lucena cada quince días “para vestirse de limpio” y se estipularon salarios mínimos que iban desde las 3,50 pesetas que ganaba un vareador a las 1,75 que recibían las mujeres y los mayores de 14 años —en 1915 el kilo de pan valía en Lucena 95 céntimos, casi una peseta—. Este pacto de finales de diciembre se firmó por el alcalde, Antonio del Pino Hidalgo; en representación de los patronos lo suscribieron Pedro Jiménez Alba, Juan Fernández Villalta, Antonio M. Cabeza, José M. Mora, Rafael Díaz, Cristóbal Burgos y Aurelio Flores; y en representación de los obreros José López Antequera, Antonio Buendía Aragón, Juan Lozano Molero, Rafael Lozano Córdoba, Antonio Lozano Durán, Francisco Tienda Antequera y Antonio García Arjona.

El 11 y el 12 de febrero visitaron Lucena dos funcionarios del Instituto de Reformas Sociales, un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. Su llegada estuvo motivada por la alta conflictividad que afectaba a la provincia en el invierno de 1919 y tenía como misión elaborar un informe sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba. En la comisión obrera que se entrevistó con los dos delegados del Instituto figuraban un abogado y un farmacéutico (creemos que el socialista Antonio Buendía Aragón y el republicano Anselmo Jiménez Alba). En su intervención, la comisión acusó a los propietarios de intentar no cumplir lo pactado en el acuerdo patronal-obrero de finales de diciembre, por lo que tuvieron que ir a la huelga, y denunciaron que “domina en el pueblo una gran inmoralidad: los señoritos hacen lo que les viene en gana; se juega en los principales centros de reunión, y por leves motivos aprisionan a los obreros”.

Para la comisión obrera que se entrevistó con los funcionarios del Instituto, la causa del malestar de los trabajadores lucentinos residía en la “pésima administración municipal”, en los altos impuestos de consumos (cuyo cobro estaba cedido “a unos empresarios que esquilman al pueblo”), al abandono de algunas fincas como la del duque de Híjar que tenía 2.700 aranzadas de olivar sin cultivar, y a la especulación en los arriendos y en los precios de la tierra. La comisión consideraba que los remedios para estos problemas eran que se les cediera a los obreros —que desde al año anterior ya administraban una cooperativa agrícola— las tierras sin cultivar, que se suprimiera el impuesto de consumos que gravaba los productos alimenticios de primera necesidad y que se acabara con el caciquismo.

Por otro lado, la comisión patronal, aunque reconoció que el obrero lucentino era “de buena índole”, planteó a los delegados del Instituto de Reformas Sociales una visión de la realidad totalmente distinta. Los patronos manifestaron que las rentas que cobraban por los arriendos no eran tan altas como los obreros decían, que “los obreros gastan más en cosas superfluas y perjudiciales que los ricos (los zapateros y sastres venden más para aquellos que para estos)”, negaron que hubiera caciquismo y afirmaron que los “obreros trabajan tan poco que apenas dura cuatro horas su jornada”.

En teoría, el acuerdo de patronos y obreros firmado en Lucena a finales de diciembre tendría vigencia entre el 28 de diciembre de 1918 y el 13 de mayo de 1919. Sin embargo, a principios del año 1919,  una ola de frío con nevadas que impedían salir a los campos a trabajar y ganar el jornal, la carestía de los productos de primera necesidad, el desempleo y el incumplimiento de los patronos de las bases de trabajo firmadas con anterioridad motivaron huelgas en enero y febrero en muchos pueblos de la provincia, incluida Lucena. La crisis de subsistencias y el encarecimiento de productos de primera necesidad llegaron al límite de dejar sin trigo (y sin harina para hacer el pan) a Lucena a mediados del mes de mayo de 1919. El desabastecimiento de las panaderías lucentinas tuvo su origen en el egoísmo de los acaparadores del cereal, que querían especular con el producto, y solo se solucionó con el envío de trigo desde Badajoz. Ante la alta conflictividad social en la provincia, el gobernador militar decretó el estado de guerra el 29 de mayo, lo que supuso la detención de dirigentes obreros y republicanos y la clausura de numerosas Casas del Pueblo socialistas, entre ellas la de Lucena, cerrada el 16 de agosto de 1919. A pesar de estas medidas represivas, un informe del Instituto de Reformas Sociales señala que la agitación social continuó, pues hubo huelgas en 19 pueblos cordobeses en el segundo trimestre del año 1919.

El auge del asociacionismo obrero se manifestó también en el aumento de la participación política en los procesos electorales de los partidos antidinásticos, fundamentalmente republicanos y socialistas, durante el trienio bolquevique. En las elecciones generales de febrero de 1918 una coalición de republicanos, regionalistas y socialistas presentó candidatos en todos los distritos de la provincia. Por Lucena concurrió el abogado republicano Miguel Víbora Blancas, que fracasó ante la candidatura del liberal Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado  electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923, que había convertido a Lucena en su particular feudo electoral y caciquil. Debido a la inestabilidad política del momento y a los frecuentes cambios en el gobierno de la nación, hubo nuevas elecciones al año siguiente, el 1 de junio de 1919. Para ellas, una coalición de republicanos y socialistas presentó candidatos por todos los distritos de la provincia cordobesa. Por Lucena concurrió el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, que visitó en mayo la localidad, donde numeroso público lo recibió en la estación de ferrocarril.

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Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, presentó su candidatura de diputado por el distrito de Lucena en junio de 1919 y diciembre de 1920.

La campaña electoral se vio empañada porque el 29 de mayo de 1919 el gobernador militar, Francisco González de Uzqueta y Benítez, proclamó el estado de guerra en toda la provincia, por lo que quedaron limitadas las reuniones y las manifestaciones, y los sospechosos de alteración del orden fueron detenidos y desterrados, así que las elecciones se celebraron en la provincia con los centros obreros clausurados y con algunos candidatos en la cárcel. De los nueve diputados que se elegían en la provincia, los conservadores obtuvieron cinco, tres los liberales y uno los socialistas por el distrito de Montilla. En el distrito de Lucena, Largo Caballero, que consiguió 4.246 votos, quedó a poco más de 400 del incombustible candidato liberal, Martín Rosales Martel, que alcanzó los 4.680. Si nos atenemos a las localidades del distrito electoral lucentino, en Puente Genil, Encinas Reales y Monturque triunfó Largo Caballero; y Martín Rosales en Benamejí, Palenciana y Lucena. A pesar de la derrota, los socialistas casi triplicaron los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de febrero del año anterior.

El sistema político español del momento era el de la Restauración, ideado durante el reinado de Alfonso XII y que aún se mantenía en pleno reinado de Alfonso XIII. Se basaba en el turno en el poder de dos partidos, el liberal y el conservador, y en el falseamiento y la manipulación de las elecciones para asegurar esa alternancia, así que los abusos eran moneda corriente en los distritos electorales de la provincia. Largo Caballero manifestó que en Lucena hubo en coacciones sobre los electores, falseamiento de actas, atropellos de funcionarios, ofrecimientos de determinados porcentajes de votos en algunas secciones antes de celebrarse el acto electoral, etc. Los socialistas denunciaron la manipulación que sufrieron en los distritos de Córdoba capital, Lucena y Montilla, e incluso llegaron a informar al Tribunal Supremo. El periódico El Socialista, en su edición del 24 de junio de 1919, recogió los argumentos que utilizó Largo Caballero ante esta máxima instancia judicial. Los reproducimos a continuación, ya que constituyen un perfecto ejemplo del funcionamiento de la maquinaria caciquil y del fraude electoral en Lucena:

De seis Ayuntamientos que forman el distrito en cinco hay una fortísima organización socialista, y el sexto la organización que hay es sindicalista y acordó salir al campo y no votar el día de la elección.

Ha habido allí las coacciones normales, los ordinarios atropellos de orden procesal, tales como detenciones de notario y apoderados, la intervención del juez, que amenazaba a los que no votaran al duque de Almodóvar.

El jueves anterior a la elección se llevó a la cárcel a interventores y apoderados y a las Directivas de las Sociedades Obreras, a las que se paseó en cuerdas de presos por las calles de la población para atemorizar a los electores.

Esto ha pretendido explicarse inventando la posibilidad de un movimiento huelguístico. Pero esto es pueril, pues los contratos de trabajo estaban firmados ya. Y además, ¿por qué si esto era así se detuvo a electores republicanos que no eran obreros?

Pero a pesar de estos atropellos, la elección la tenía perdida el duque, y entonces llegaron a la coacción máxima, a tomar las calles de Lucena militarmente, con ametralladoras en las esquinas, para impedir que los campesinos pudieran entrar a la población a votar.

Los propios jefes de las fuerzas militares confesaban por la noche que estaban avergonzados del papel que se les había obligado a hacer.

Al año siguiente, en las elecciones a Cortes del 19 de diciembre de 1920, Largo Caballero presentó otra vez su candidatura para competir con el duque de Almodóvar del Valle por la circunscripción de Lucena, pero solo obtuvo 2.937 votos frente a los 5.909 del aristócrata. En solo un año los socialistas perdieron en la circunscripción 1.308 electores, si nos atenemos a las cifras aportadas por el historiador Antonio Barragán Moriana. Aunque en este descenso —vivido no solo en Lucena sino en las demás circunscripciones de la provincia— influyó el aumento de la abstención, es bastante probable que también incidieran los sucesos ocurridos con motivo de la gran huelga general que vivió Lucena a principios de noviembre de 1920, a la que haremos referencia más adelante.

En cuanto a las elecciones municipales, en febrero de 1920, tras una renovación parcial del Ayuntamiento, la coalición de socialistas y republicanos consiguió sentar a la vez cuatro concejales republicanos en el Consistorio: el perito mercantil Javier Tubío Aranda, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba —premio extraordinario de fin de carrera de su especialidad—, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas. A partir de este momento, la representación de republicanos y socialistas decayó. Tras las elecciones municipales de febrero de 1922, la cifra de ediles republicanos bajó a dos (solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez). Los socialistas, que ya no iban en alianza con los republicanos, presentaron a cuatro candidatos (Francisco de Paula Muñoz Cañete, Rafael Lozano Córdoba, Francisco Cobos Varo y José López Antequera), pero no obtuvieron ninguna concejalía.

Tras la fuerte agitación de 1919, con al menos 102 huelgas en la provincia de Córdoba, el año 1920, último del trienio bolchevique, resultó más tranquilo. Se debió al agotamiento de las sociedades obreras después de años de lucha, a la represión de las autoridades contra las sociedades obreras y a las campañas de los sindicatos católicos agrarios apoyados por la patronal (en Lucena funcionaba el Círculo Católico de San Agustín, decano de los de su clase en la provincia). Aun así, en el mes de junio de 1920 se iniciaban paros en Lucena y Cabra, y el día 8 la sociedad de agricultores La Redención de Jauja envió un telegrama al Ministerio de Gracia y Justicia en el que protestaba contra la condena impuesta por sus actividades políticas y sindicales a Gabriel Morón, dirigente socialista de Puente Genil, por la Audiencia Provincial de Córdoba.

El conflicto más importante que sufrió Lucena durante el trienio bolchevique aconteció casi a su final, cuando ya el impulso del movimiento obrero iba decayendo a pasos agigantados en toda la provincia. El 4 de noviembre de 1920 se inició una huelga de agricultores lucentinos para pedir el aumento del jornal diario a entre 4,50 y 5 pesetas. La prensa provincial cordobesa, como La Voz (el día 5) y Diario de Córdoba (el día 7), se hizo eco del paro obrero de manera breve, sin embargo El Socialista le dedicó dos artículos (los días 10 y 13), de los que el segundo —que reproducimos íntegro al final de esta entrada del blog— es una detallada crónica de lo acontecido aderezada con un análisis de la situación política en la localidad. Según este periódico, la causa de la huelga había sido la actitud del alcalde del partido liberal, Antonio del Pino Hidalgo —a quien nunca citan por el nombre—, que se había negado a la petición de los trabajadores de convocar a los patronos para negociar las condiciones de trabajo y también se había opuesto a que se repartiera una hoja pública en la que se explicaban las demandas obreras. La intención del alcalde era echar un pulso a la socialista Unión Agrícola con la finalidad de derrotarla y de restar apoyos a la candidatura de Largo Caballero para las elecciones del próximo 19 de diciembre. Con ello, se allanaba el camino a la reelección como diputado del duque de Almodóvar del Valle, correligionario político del alcalde y eterno candidato de los liberales por el distrito de Lucena desde principios del siglo XX.

El día 5 la Guardia Civil detuvo a 125 hombres. La mayoría, atados codo con codo, quedaron expuestos a la entrada de Lucena, hasta que al día siguiente el gobernador civil decretó su libertad. Paralelamente, los dirigentes obreros trataban de calmar los ánimos de los más exaltados, pues el día de la detención estaba reunida la comisión obrera con los patronos en el ayuntamiento, mientras miles de personas se hallaban en los alrededores esperando los resultados de la cita. La huelga ya se había extendido por la localidad y habían cerrado los comercios y las tabernas. También, según el Diario de Córdoba, “grupos de mujeres habían obligado a varias sirvientas a salir de las casas en las que se hallaban colocadas” para que se sumaran al paro.

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Con este titular encabezó el periódico El Socialista la noticia que publicó, el 13 de noviembre de 1920, sobre la huelga de Lucena.

El día 6 el alcalde emitió un bando prohibiendo la concentración de grupos de personas en las calles y las reuniones en el Centro obrero. Una comisión de obreros se dirigió entonces a la casa del alcalde, custodiada por seis parejas de guardias civiles, que estaba situada en la esquina de la plaza del Coso con la calle Juan Valera (actual edificio de Videoluc). Le solicitaron que se les dejara reunirse para poder debatir qué contestar a la propuesta de los patronos, con los que habían acordado citarse al día siguiente, a lo que se negó. Cuando los miembros de la comisión se dirigieron a la Casa del Pueblo a comunicar la decisión del alcalde, se presentó la Guardia Civil y la Municipal que los expulsó de malos modos. El día 7 de noviembre, 150 guardias civiles llegaron de refuerzo a Lucena para garantizar el orden público. A las diez de la mañana, tal y como habían acordado con anterioridad, patronos y obreros se reunieron en el Ayuntamiento y llegaron a un acuerdo para las bases de trabajo al aceptar los patronos las demandas de los trabajadores. La huelga había llegado a su fin. El triunfo sindical no tuvo su correspondencia política, pues como hemos señalado con anterioridad, Largo Caballero no consiguió ser elegido diputado por la circunscripción de Lucena al mes siguiente.

Finalizado el trienio bolchevique, desde 1921 hubo un descenso cada vez mayor de la agitación social debido a que se siguió aplicando una fuerte represión contra el movimiento obrero y a la desaparición de la gran mayoría de las sociedades anarquistas, que habían sido las más combativas durante los años precedentes. El golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923 y su posterior dictadura, la persecución de anarquistas y comunistas y la actitud de colaboración del socialismo español con el régimen dictatorial influyeron también en una pacificación temporal. De hecho, dirigentes obreros lucentinos que habían tenido una especial relevancia durante el trienio bolchevique, como Rafael Lozano Córdoba y el abogado Antonio Buendía Aragón, participaron en el banquete de homenaje a Primo de Rivera, al que asistieron tres mil personas (63 de ellas lucentinas), que tuvo lugar en Córdoba el 24 de mayo de 1925, e incluso Rafael Lozano, presidente del Centro Obrero desde al menos 1923, realizó un brindis en honor del dictador (según informó el periódico Lucena en su edición del 30 de mayo de 1925). La Agrupación socialista de Lucena ya había dejado de tener actividad desde antes de la dictadura de Primo de Rivera hasta que fue refundada en octubre de 1929, bajo la presidencia de Luis Fuentes Flores, por los agricultores de la sociedad obrera que aún pervivía en la Casa del Pueblo. Sin embargo, habrá que esperar a los meses anteriores a la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, para que el movimiento obrero lucentino adquiera nuevos bríos.

Información complementaria:

El origen del socialismo en Lucena. Cartas de Pablo Iglesias a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo (1910-1913)

A comienzos del siglo XX se vivió en la provincia de Córdoba un auge del asociacionismo obrero que se manifestó también en Lucena, una localidad que en el año 1900 albergaba a 21.179 habitantes (la mitad que ahora). En aquel momento, la actividad económica más importante y la gran fuente de riqueza era la agricultura. En el campo cordobés hubo dos factores que ejercieron una influencia decisiva en el nacimiento de la actividad sindical. Por un lado, la estructura de la propiedad de la tierra, concentrada en manos de un número reducido de personas, a las que las clases populares llamaban señoritos o patronos. Por otro lado, la miseria de los jornaleros, que constituían la inmensa mayoría de la población activa y sobrevivían con sueldo escaso, paro estacional, jornadas laborales de sol a sol y condiciones de trabajo abusivas. En aquellos años no existía un salario mínimo o contratos de trabajo estables, ni seguros sociales o de desempleo que pudieran remediar la angustiosa situación de los trabajadores agrícolas.

El movimiento obrero socialista en la provincia de Córdoba está muy bien estudiado por Manuel Á. García Parody, así que podemos rastrear sus inicios en Lucena gracias a su libro, publicado en 2002, Los orígenes del socialismo en Córdoba (1893-1931), al periódico El Socialista y a algunos ejemplares de la prensa local y provincial. En Lucena la actividad sindical tuvo raíces socialistas, sin que arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia como Castro del Río, Espejo, Baena, etc. No obstante, tanto el socialismo como el anarquismo eran ideologías minoritarias a principios del siglo XX, con escasa capacidad de influencia política o sindical. En aquel tiempo, el sistema político español, de corte caciquil, se basaba en la manipulación electoral y en la alternancia pactada en el gobierno de dos partidos, el liberal y el conservador. Lucena constituía un feudo liberal dominado por  Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado  electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923.

Lucena entró en el siglo XX con el recuerdo de los graves episodios de crisis de subsistencias sufridos en los últimos años del siglo anterior. En el invierno de 1895 el temporal de lluvias había causado destrozos en caminos y fincas, hundió viviendas e impidió salir a trabajar a los campos —el día que no se trabajaba no se cobraba—, por lo que la miseria invadió a las clases populares de la población. En enero de 1897 un nuevo temporal de lluvias y la falta de trabajo motivaron que el Ayuntamiento, con la ayuda de donativos de particulares, abriera un comedor de caridad donde un guiso de garbanzos y habichuelas con doscientos gramos de pan se servía por solo 10 céntimos. La situación se complicó en la primavera a causa de la sequía. El día 20 de abril unas 1.500 personas, incluidas mujeres y niños harapientos, se manifestaron ante el Ayuntamiento para pedir “trabajo o auxilios para mejorar situación tan angustiosa”, según recoge el libro de actas municipales. Al día siguiente, el alcalde, José de Mora Madroñero, relató en una sesión municipal lo ocurrido durante la tarde anterior y se refirió a “los desmanes cometidos por las turbas en este edificio, cuya planta baja invadieron a las nueve de la noche disparando armas de fuego, lanzando pedradas, destruyendo y quemando listas electorales y documentos varios, así como quinqués, sillas y otros efectos”. A la mañana siguiente intervino la Guardia Civil para restablecer el orden. Además, para calmar los ánimos, el Ayuntamiento dispuso con rapidez el reparto de los obreros parados entre los “propietarios pudientes”, para que los emplearan en las faenas agrícolas a cambio de un sueldo diario de una peseta, al que el Ayuntamiento contribuiría pagando un real más.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que nada más comenzar el siglo XX, en el año 1901, se produjera el primer intento de crear una asociación obrera en Lucena, aunque no llegaría a cuajar. Según publicó el semanario El Adalid Lucentino, el 15 de abril se repartió una hoja, con el título de “La Liga de Obreros de Lucena”, que abogaba por la unión de los trabajadores para lograr un aumento de su salario, invitaba a los obreros manuales a afiliarse y llamaba a una junta general para el primer domingo de mayo. El periódico, católico y afín al partido conservador, aunque defendía el derecho de asociación, veía con recelo el nacimiento de esta nueva organización, a la que señalaba como “posiblemente socialista”, y esperaba que no acabaran “seducidos nuestros braceros, gente de suyo incauta y sencilla, con la apariencia de soñadas reivindicaciones, que no están fundadas en la justicia y el derecho”.

Si la Liga Obrera no fructificó, no ocurrió lo mismo con otras organizaciones de trabajadores. En junio y julio de 1902 se crearon las sociedades de Albañiles, Zapateros y Veloneros. Esta última protagonizó una huelga en julio y agosto por el despido de 11 obreros de los 50 que trabajaban en los Talleres Rueda y Muñoz. Los veloneros pedían un contrato de trabajo por dos años, no ser empleados en tareas distintas a su oficio, igualdad de salario en todos los talleres y el aumento del sueldo en un 25%.

Según Juan Díaz del Moral, en su célebre obra Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, publicada en 1928, la primera gran organización sindical de los trabajadores del campo lucentino, la Liga Obrera de Lucena, se fundó en marzo de 1904. El Adalid Lucentino ya contaba el 24 de abril que se había celebrado “en el Gran Teatro un mitin de ideas socialistas, en el que los oradores improvisaron con sobradas energías, ocupándose del tema de siempre, de los burgueses y, como postre, de la religión”. El periódico, escandalizado, afirmaba que “mientras en esas reuniones se despotrique de lo lindo y no haya quien lo impida y a la prensa no se le imponga fuerte mordaza es imposible evitar la degeneración de la patria”.

El Adalid Lucentino publicó el 31 de julio de 1904 otra información relativa a la Liga Obrera. Exponía que desde hacía unos días circulaba entre la población una hoja dirigida por su junta directiva a los trabajadores del campo. En esta noticia, el semanario mostró un talante más conciliador. Señalaba que la “solución práctica del problema agrario se encuentra dentro de las sabias enseñanzas de la Iglesia Católica”. No obstante, sin estar de acuerdo con “la dureza y términos en que está redactado el escrito” de la Liga, el periódico reconocía “con los obreros del campo, la necesidad de que sean corregidos los abusos y desmanes que en la hoja se anotan y que así mismo la verdadera justicia reclama el aumento de jornales, siempre que haya la debida proporción con las horas de trabajo, que hasta el momento ha dejado mucho que desear”. Durante el año 1904 la Liga Obrera se expandió con rapidez ya que en noviembre alcanzó los 420 afiliados.

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Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE (1879) y de la UGT (1888).

En el año 1905 la Liga mantuvo una gran actividad reivindicativa, motivada por la enorme subida de los precios de los alimentos y porque las lluvias a comienzos de año y una pertinaz sequía después impidieron salir a trabajar durante meses a los jornaleros. Juan Chicano se convirtió en el primer presidente de la Liga y en corresponsal en El Socialista, el órgano de prensa del PSOE y de la UGT. En su edición del 6 de enero de 1905, el periódico indicaba que la Liga Obrera de Lucena celebraba reuniones los domingos por la tarde, que abría todas las noches y los días en que no había faena. La Liga pretendió crear una comisión de patronos y obreros para tratar las tarifas de jornales que se pagarían aquel año, pero los patronos se negaron y comenzaron a contratar a jornaleros forasteros —a los que pagaban sueldos más baratos— para no atenerse a las tarifas que había establecido la propia Liga, que iban de 1,50 a 2,50 pesetas por día, dependiendo del mes y del tipo de trabajo. Estos salarios eran muy bajos en relación al coste de la vida. Según un informe remitido ese año de 1905 por el Instituto de Reformas Sociales al Ayuntamiento de Lucena, la alimentación diaria de un obrero se situaba entre 0,48 y 0,65 céntimos de peseta y el gasto anual de una familia obrera alcanzaba de 751 a 800 pesetas, así que la propuesta salarial de la Liga Obrera no se podía considerar abusiva ni disparatada.

En el mes de marzo de 1905 la Liga celebró un mitin, presidido por Juan Chicano, para conmemorar el aniversario de su fundación. En él, si seguimos a El Socialista, “pusieron de relieve la explotación de que son víctimas los obreros y la urgencia de que éstos se unan para combatirla; censuraron el clericalismo, que ayuda en su labor a la clase explotadora; criticaron a las autoridades por la escasa atención que prestan a lo que conviene a los trabajadores, mientras andan vivas cuando tienen que favorecer los intereses patronales; encarecieron a todos a la unión y recomendaron la constancia para alcanzar que no se prive del trabajo a los de la localidad, dándoselo a los de fuera de ella”. El día 26 de marzo hubo otro mitin contra el hambre, en demanda de trabajo y el abaratamiento de los precios.

En abril de 1905 la Liga organizó un ciclo de conferencias sobre diversas materias, como el significado de la manifestación del Primero de Mayo —Día Internacional de los Trabajadores— que en Lucena resultó muy concurrida. Participaron 3.000 personas, según El Socialista, encabezadas por una bandera roja. Reivindicaron la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de un salario mínimo, una caja de retiro (pensión de jubilación) para los obreros ancianos y la supresión del destajo, un sistema de contratación en el que el sueldo dependía del rendimiento del trabajador y no de la jornada laboral que realizara. En la navidad de 1905 la Liga celebró un mitin en el Llano de las Tinajerías, al que asistieron solo ochenta personas, según publicó La Voz, el órgano de prensa del partido liberal lucentino, aunque sus informaciones hay que tomarlas con cautela debido a la animadversión que demostraba el periódico hacia esta organización obrera.

En 1906 no tenemos noticias de la Liga Obrera, pues su presidente y corresponsal en El Socialista, Juan Chicano, sería expulsado de la organización, aunque lo readmitieron con posterioridad. En 1907 la Liga celebró el Primero de Mayo, unos días después de la fecha, con un acto en el que se ensalzó el socialismo y se recomendó el alejamiento del vino y las tabernas. En octubre la Liga organizó una reunión de propaganda socialista para explicar las ventajas del asociacionismo y una asamblea para condenar la intervención de España en la guerra de Marruecos. En diciembre tuvo lugar una velada societaria y un mitin en el que intervino Juan Díaz, el nuevo presidente de la Liga. Este, en febrero de 1908 publicó un manifiesto en El Socialista en el que condenaba la campaña “rastrera” de los patronos, el clero y el periódico La Voz en contra de la Liga, que en vez de dañarla había servido según él para robustecerla, pues ya contaba con 1.000 socios. Su fuerza numérica le permitió poder negociar con los patronos la reglamentación del trabajo, el salario y otras conquistas laborales. En el manifiesto, Juan Díaz señalaba que la unión de los trabajadores era lo que había permitido conseguir algunas mejoras, pero que se debía pasar a la acción política: “No estemos ni un día más fuera del PS y de la UGT. Querer es poder. Demostremos a la burguesía de este pueblo que si ella tiene lo de la de todas partes, el dinero, nosotros tenemos la fuerza de los brazos, y que con ellos es preciso contar hoy. Vamos a unirnos todos los que trabajan por la emancipación para hacer lo propio nosotros, demostrando a los caciques que no nos intimidan…”. Sus palabras terminaban con las proclamas de “¡Viva la Unión!” y “¡Viva el Socialismo!”.

Las palabras de Juan Díaz llamando a la participación política resultaron premonitorias, pues solo cuatro meses después, el 30 de junio de 1908, se fundó la Agrupación Socialista de Lucena, presidida por Benito Durán y ligada al PSOE. Fue la primera de la provincia tras la de Córdoba capital, que se había creado en 1893. Por su parte, la Liga Obrera cambiará su nombre por el de Sociedad de Obreros Agrícolas, y seguirá presidida por Juan Díaz. Ambas entidades mantuvieron una fuerte vinculación, como lo demuestra su participación conjunta en un mitin el 1 de noviembre en el que intervinieron José López Antequera, Bujalance Mora, Juan Leiva e Isidro Cárdenas.

A partir de 1909 tenemos noticias escasísimas del sindicalismo obrero lucentino, a pesar de que existe una etapa de expansión en varios pueblos cercanos, como Montilla, al igual que en la campiña cordobesa y en la sierra. Sin embargo, en las elecciones municipales del 2 de mayo de 1909 resultó elegido concejal el abogado Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que jugaría un papel importante en la reorganización del socialismo local. Desconocemos la lista política de la que formaba parte. Según el periódico El Defensor de Córdoba, en estas elecciones salieron elegidos en Lucena nueve concejales conservadores, seis liberales y un independiente, pero no da el nombre de ninguno de ellos. Intuimos que él era el independiente. Se presentó por el distrito quinto, que incluía las zonas de las calles Cervantes, Flores de Negrón, Mesón, Arévalo y Viana. Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo se mantuvo en el cargo de concejal poco más de dos años, hasta las elecciones del 12 de noviembre de 1911, que renovaron parcialmente la Corporación y en las que resultaron elegidos trece concejales liberales y uno conservador.

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En su edición del 30 de junio de 2011, El Socialista recoge el donativo de 3 pesetas de F. A. López desde Lucena.

Francisco de Asís López pertenecía a una familia de profesionales de posición acomodada. Su padre, Miguel López y López, al parecer había sido alcalde de Lucena. Francisco se casó con Antonia, hija del rico propietario José de Mora Madroñero, al que ya hemos citado como alcalde en la década de los noventa del siglo XIX. José de Mora era el cuarto mayor contribuyente de Lucena por bienes rústicos, urbanos e industriales, y curiosamente compartiría algún tiempo el cargo de concejal con su yerno en la misma legislatura. Francisco de Asís López tuvo siete hijos y vivía en el número 10 de la calle Pedro Angulo. Su buena situación económica le permitió remitir dinero con asiduidad para las colectas organizadas por El Socialista en aquellos años por distintos motivos (convertir este periódico semanal en diario, para el mantenimiento del diputado del PSOE, etc.).

Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo.

Durante su permanencia en el Consistorio lucentino, el abogado Francisco de Asís López se manifestó como un concejal muy activo y comprometido. Intervino en reiteradas ocasiones en los plenos y planteó varias mociones, tenidas en cuenta pocas veces por el alcalde y los miembros de la Corporación. Por ejemplo, en la sesión del 21 de junio de 1911, “el Ayuntamiento, sin debate alguno, en votación nominal y con el único voto en contra del señor López, acordó no tomar en consideración” las 17 peticiones que había presentado. Esa situación de rechazo a sus propuestas se intensificó en el año 1911. Aun así, intentó fiscalizar la labor del Ayuntamiento, con escaso éxito, y se interesó en repetidas ocasiones por el contrato de alumbrado público y, sobre todo, por el del arriendo del cobro de consumos y arbitrios locales, que estaba en manos de Félix Aznar y León, antiguo concejal del partido conservador, contra el que inició una enorme batalla jurídica. El impuesto de consumos gravaba los productos de primera necesidad, como la carne y el aceite, y afectaba especialmente a las clases populares. Su cobro se solía arrendar a particulares, que adelantaban el dinero a los ayuntamientos y luego se encargaban del cobro a los ciudadanos, lo que era motivo de frecuentes abusos y fraudes, de ahí la insistencia de Francisco de Asís López en controlar este arriendo.

Las intervenciones de Francisco de Asís López en el pleno municipal muestran en general un talante social y progresista, como podemos ver a continuación a través de algunas de sus propuestas:

  • Una de las primeras peticiones que cursa, junto al concejal Antonio Víbora Blancas, es que las sesiones de pleno del Ayuntamiento se fijen por las noches con el fin de darles “mayor publicidad, facilitando la concurrencia del vecindario, especialmente de la clase obrera que por sus ocupaciones no puede ordinariamente presenciarlas siendo de día”. Los plenos solían hacerse siempre los lunes por la mañana, cuando los vecinos estaban en sus trabajos, lo que les impedía asistir y ser testigos de las decisiones del pleno y del gobierno municipal. (1 de enero de 1910).
  • Petición para que se convoque una reunión del Ayuntamiento “con los médicos titulares y los farmacéuticos que vienen suministrando medicinas para la asistencia domiciliara de los enfermos pobres a fin de estudiar en ella la forma en que se lleva este importantísimo servicio, los medios para mejorarlo y si es o no suficiente la cantidad consignada en el presupuesto para mejorarla”. (30 de marzo de 1910).
  • Celebrar el centenario del 15 de septiembre de 1810, con la intención de conmemorar la “lucha heroica” y la “capitulación honrosa” del vecindario de Lucena con las tropas francesas durante la guerra de la Independencia. La petición es aceptada por unanimidad y se constituirá una comisión de concejales para organizarla, de la que él formará parte. (10 de mayo de 1910).
  • Moción para que el Ayuntamiento “corrija las extralimitaciones y abusos que la compañía suministradora de fluido eléctrico viene cometiendo con sus abonados”, un asunto en el que insistirá en distintas ocasiones. (8 de junio de 1910).
  • “Que se gire por el ayuntamiento una visita de inspección al local hoy de su pertenencia en que se hallan instaladas el depósito municipal y la prisión preventiva del partido, cuyas malas condiciones de salubridad e higiene denuncio solemnemente”. (8 de junio de 1919).
  • Separación del cargo de administrador y de capellán de la Obra Pía de Nuestra Señora de Araceli, que hasta el momento recaían en un sacerdote, de manera que al ser el Ayuntamiento patrono de la Fundación pudiera nombrar al administrador entre los recaudadores de impuestos municipales, mientras la elección del capellán se reservaría al obispo. (4 de julio de 1910).
  • Destinar “500 pesetas para socorrer a los mineros de Bilbao que han paralizado sus trabajos declarándose en huelga” del presupuesto que había consignado en el Ayuntamiento para ferias. (10 de agosto de 1910).
  • Proposición para que la jornada diaria de los trabajadores municipales no exceda de las ocho horas, su sueldo mínimo sea de 1.75 pesetas por día de trabajo, que desde octubre a mayo las oficinas municipales se abran desde las 11 a las 17 horas y desde las 20 a las 22; y en los demás meses desde las 8 a las 13 y desde las 18 a las 21. (2 de noviembre de 1910).
  • Proposición para que todos los empleados y funcionarios municipales, salvo los manuales, “sean de buena e intachable conducta”, tengan “instrucción, o sea, saber leer y escribir” y no estén procesados ni hayan sufrido condena de arresto mayor. (30 de noviembre de 1910).
carta-escaneada

Carta, con fecha del 18 de julio de 1910, escrita por Pablo Iglesias, ya diputado en las Cortes, a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo.

Mientras permaneció de concejal y en fechas posteriores Francisco de Asís López mantuvo una intensa correspondencia con Pablo Iglesias, el fundador del PSOE en 1879 y de la UGT en 1888. Pablo Iglesias, con 59 años, se había convertido en 1910 en el primer diputado del PSOE de la historia tras ser elegido por Madrid en las elecciones de mayo, a las que se presentó dentro de una candidatura de Conjunción republicano-socialista. Conservamos copia de 24 misivas, todas manuscritas menos una redactada a máquina, enviadas por Pablo Iglesias a Francisco de Asís López. Las originales fueron donadas en mano por su hijo Miguel a Felipe González en la sede del partido de la calle Ferraz de Madrid antes de que este llegara a la presidencia del Gobierno en 1982, por tanto se conservan en la Fundación Pablo Iglesias de Madrid, donde se almacena el archivo histórico más importante del socialismo español. La primera carta tiene fecha de 18 de julio de 1910, un par de meses después de que Pablo Iglesias resultara elegido diputado, y la última de 8 de febrero de 1913. Este periodo casi coincide en el tiempo con la presidencia en el Gobierno de España del liberal José Canalejas (9 de febrero de 1910 a 12 de noviembre de 1912). La línea vehicular de las cartas es el interés de Pablo Iglesias en que en Lucena se cree una agrupación socialista. Hemos de tener en cuenta que la otra gran ideología opositora al sistema político de la Restauración, el republicanismo, ya contaba en Lucena con una agrupación local del Partido Republicano Radical, que había sido inaugurada por el diputado Emiliano Iglesias en 1910. Parece también que uno de los dirigentes del comité ejecutivo de la Conjunción republicano-socialista, el republicano Rodrigo Soriano, visitó Lucena en alguna ocasión. A ambos los nombra Pablo Iglesias en sus cartas.

La insistencia de Pablo Iglesias y el trabajo de Francisco de Asís López dieron sus frutos. Después de cuatro años de inactividad, en 1913 resurgió la actividad sindical lucentina. En enero se creó el Centro de Obreros Socialistas, que pronto ingresaría en el PSOE, y una Sociedad de Albañiles, que se integraría en la UGT. En el Centro de Obreros Socialistas, José López Antequera ejerció de presidente, Juan Antonio Funes de secretario y R. Ranchal de tesorero —con este último, según manifiesta en sus cartas a Francisco de Asís López, Pablo Iglesias también mantuvo correspondencia—. El 25 de abril Pablo Iglesias visitó Lucena para pronunciar un mitin, al que asistió numeroso público, dentro de la gira que realizó por varios pueblos cordobeses aquella primavera (Puente Genil, Montilla, Rute, Belmez, Córdoba capital), lo que insufló nuevos ánimos al socialismo local.

Una semana después se celebró el Primero de Mayo de 1913, con un  mitin en el que intervinieron Beato Franco, Antonio Montilla y el abogado Antonio Buendía Aragón. En mayo y junio se constituyeron varias sociedades obreras: la de Tinajeros, Pintores, Blanqueadores y similares, Metalúrgicos y Carpinteros. Esta última inició una huelga en mayo para pedir la jornada laboral de 9 horas y el aumento de sueldo si se trabajaba los domingos, que se consideraban no laborables por ley desde 1904. En 1914 se creó una sección de las Juventudes Socialistas y, como actividad destacada a comienzos de año, hubo una campaña de recogida de firmas, que alcanzó 966 adhesiones, en contra de la guerra en el protectorado de Marruecos. El gobierno había instaurado recientemente el servicio militar obligatorio y los sindicatos, el PSOE y los partidos republicanos se posicionaron en contra de esta intervención en el territorio marroquí, pues entendían que solo servía para defender los intereses de empresarios y militares.

En marzo de 1915 la Sociedad de Albañiles, afecta a la UGT, inició una campaña contra el precio de los alquileres, los artículos de primera necesidad y del pan, que se vendía en Lucena a 0,95 pesetas el kilo, cuando el sueldo diario de un jornalero de enero a junio de ese año era de dos pesetas, solo el doble de lo que valía un kilo de pan. En el manifiesto que lanzó esta organización obrera a la opinión pública para denunciar la situación señalaba lo siguiente: “Y nosotros, que somos la inmensa mayoría, el origen del derecho, ¿debemos tolerar cobardemente que esta injusta sociedad nos pague nuestra vida, pletórica de sufrimientos, con una muerte cruel, inhumana, aniquilándonos por hambre? Querer es poder. Y unámonos todos y acabemos de una vez con esta cuadrilla de acaparadores sin conciencia que comercian con el hambre de nuestros hijos”. El 1 de abril se celebró en el casino de Sociedades Obreras una asamblea, donde se acordó “enviar una protesta enérgica contra las autoridades locales por la pasividad irritante que vienen observando en estas circunstancias”.

El día 9 de septiembre de 1915 el Centro de Obreros Socialistas celebró un mitin de propaganda. El dirigente Antonio Montilla alertó de que “el indiferentismo y la apatía [de los trabajadores] es culpa de que los burgueses empleen sobre ellos una explotación tan inicua y vergonzosa”. En el mismo acto, el trabajador agrícola y presidente de la Sociedad, José López Antequera, manifestó lo beneficioso que sería para todos los trabajadores el que se afiliaran al Centro. Sin embargo, la actividad del Centro de Obreros Socialistas resultó cada vez menor. Habrá que esperar a los años del llamado “Trienio Bolchevique” en Andalucía (1918-1920) para que el socialismo lucentino irrumpa con nuevas fuerzas, de lo que es muestra evidente que, según Díaz del Moral, en marzo de 1919 la Agrupación Socialista de Lucena alcanzara los 1.976 militantes y la de Jauja sumara 200. Pero este nuevo periodo ya será materia de una nueva entrada del blog.

Para finalizar, he de agradecer a Antonia López Moscoso, nieta de Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que me haya facilitado la fotografía y algunos datos biográficos de su abuelo para completar esta historia. Las veinticuatro cartas que le remitió Pablo Iglesias se pueden leer en este enlace.