Antonio Buendía Aragón (1893-1972): un lucentino fundador del Partido Comunista Español

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Antonio Buendía Aragón en 1914, con veinte años.

Antonio Buendía Aragón nació en Lucena el 28 de junio de 1893, en el seno de una familia humilde. Sus padres, Ana Aragón Corpas y el estanquero Manuel Toribio Buendía Onieva, vivían en el número 39 de la calle Cabrillana. Según testimonios familiares tuvieron nueve hijos, de los que solo cuatro llegaron a la edad adulta. De pequeño, se encariñó con él la familia Fuillerat, formada por una tía y una sobrina, ricas propietarias agrícolas que habitaban en el número dos de la calle El Peso. Lo trataron como a un hijo, convivía con ellas y le costearon en Madrid los estudios de bachillerato en el instituto Cardenal Cisneros y en el liceo francés, y también la carrera de Derecho, que nunca llegó a ejercer.

La primera actividad política pública que conocemos de Antonio Buendía, cuando tenía 20 años, es su participación en el mitin del 1 de Mayo de 1913 en Lucena. Hacía pocos días que Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y de la UGT, había visitado la localidad y la organización local del partido se encontraba bastante revitalizada. La agrupación socialista de Lucena se había fundado en 1908, desapareció en 1914 y no se reconstituyó, junto a la Juventud Socialista, hasta junio de 1918. Poco tiempo antes, el 1 de marzo de 1918, Antonio Buendía había ingresado en la Agrupación Socialista de Madrid. En agosto, la Agrupación Socialista lucentina organizó en su sede una “Semana Roja” en la que Antonio Buendía intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo. Ese mismo año, representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en octubre en Madrid, bajo la presidencia de Pablo Iglesias. En febrero de 1919, con 25 años, se trasladó a Lucena e ingresó en la Agrupación Socialista de la localidad, por lo que el 30 de mayo de 1919 causó baja en el PSOE madrileño. La Agrupación Socialista de Lucena se convirtió durante aquellas fechas en una de las más nutridas de la provincia y, al igual que el resto de organizaciones sindicales cordobesas, vivió entre 1918 y 1921 (el llamado Trienio Bolchevique) un inmenso apogeo al calor de las esperanzas que había suscitado la revolución soviética en las clases trabajadoras. Su militancia se cifraba en 85 afiliados en 1918, 2.218 en 1919 y 200 en 1920.

La afiliación de Antonio Buendía al PSOE duró dos años escasos, ya que en 1920 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Español. Esta nueva organización se creó el 15 de abril en Madrid por la Federación de Juventudes Socialistas, descontentas con las tesis socialdemócratas del PSOE y partidarias de la adhesión a la Internacional Comunista, de carácter leninista. El 19 de marzo de 1921 se abrió el primer congreso del partido, en el que resultaría elegido miembro de su Comité Central y en el que participó con una tesis sobre la propaganda comunista y la preparación de los campesinos para la revolución. En noviembre, el partido se fusionó con el Partido Comunista Obrero Español (una escisión del PSOE surgida tras su III Congreso Extraordinario en abril) para formar el Partido Comunista de España. La andadura legal del PCE resultó muy corta, pues la dictadura implantada por el general Miguel Primo de Rivera, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923, clausuró sus sedes y declaró ilegales todas sus organizaciones. Es una incógnita el papel que jugó a partir de ese momento Antonio Buendía dentro del partido, pero a través de un informe emitido con posterioridad (el 31 de mayo de 1944), por la jefatura superior de la Policía de Madrid, sabemos que estuvo sometido a vigilancia a causa de su militancia comunista durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

En septiembre de 1926 Antonio Buendía, con 33 años, se inició en la masonería como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. La masonería estuvo muy poco implantada en la provincia cordobesa y en ese año solo acogía a 85 hermanos distribuidos en cuatro logias y dos triángulos (el triángulo es una pequeña organización masónica con al menos tres miembros). Buendía tomó el nombre simbólico de Babeuf, un revolucionario francés (1760-1797), defensor de la abolición de la propiedad privada y de la herencia, al que se considera uno de los precursores del comunismo. Antonio Buendía es el único caso constatado de masón comunista en la provincia de Córdoba. Aunque la masonería defendía principios laicos y anticlericales, y estaba extendida entre los militantes y dirigentes republicanos y socialistas, no era común encontrar a comunistas en sus filas. Estos acusaban a la masonería de organización “burguesa” y solían mantener posturas ateas, que casaban poco con la creencia masónica de la existencia de un ser superior hacedor del mundo. Cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo Isis Lucentino, Antonio Buendía, con el grado tercero, aparece entre sus cinco afiliados. Dirigía el triángulo el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que ejercía como venerable maestro del taller, del que también eran hermanos el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba y los propietarios Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez. Desconocemos hasta cuándo se prolonga la militancia masónica de Antonio Buendía, pero la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió el 23 de junio de 1934 al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, aún lo incluye en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la finca Huevos Fritos de Las Navas del Selpillar.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la sierra de Madrid.

En el ámbito personal, en fechas que no hemos podido concretar de los años veinte del siglo pasado, Antonio Buendía vivió dos experiencias importantes: fundó una familia y recibió una abultada herencia. En principio, comenzó a convivir con su paisana Adolfa Plata Navarro. Nunca se casó con ella y tuvieron tres hijas. La primogénita murió a los 12 años, en 1936, de una cardiopatía congénita. En 1927 nació Antonia, en Córdoba, y en 1929 Carmen, en Madrid. Cuando en 1931 Adolfa Plata se encontraba embarazada de gemelos, murió atropellada por un taxi. Por otro lado, al fallecer en Lucena hacia 1928 Francisca Eugenia Fuillerat Fuillerat, miembro de la familia que lo había acogido desde pequeño, Antonio Buendía se convirtió en heredero universal de su fortuna y en uno de los grandes propietarios agrícolas de Lucena, pues era el octavo mayor contribuyente por bienes rústicos en 1930. Entre las tierras heredadas se encontraban las fincas de olivar de El Contadero (1,42 ha) y la de Bellidos o Los Frailes (86.5 ha), que contenía una casa con molino aceitero y prensa hidráulica; el cortijo de Frías, en el término municipal de Cabra (130 ha); la finca Huevos Fritos, en la aldea de Las Navas del Selpillar (10,1 ha) y la hacienda Las Monjas (74,80 ha). Sus propiedades, por tanto, sobrepasaban las 250 hectáreas, cifra a partir de la cual se considera a un propietario como terrateniente.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El perfecto conocimiento que poseía Antonio Buendía de la lengua francesa y su amplia cultura le permitieron traducir al castellano al menos tres libros entre 1929 y 1930: Mi madre y yo a través de la revolución china (dos ediciones en 1929), escrito por Cheng Tcheng, de origen chino y uno de los fundadores del partido comunista francés; El fuego: Diario de una escuadra, (1930), un libro antimilitarista, basado en las experiencias en la Primera Guerra Mundial del autor, el escritor y periodista comunista francés Henri Barbusse; y El plan quinquenal de los soviets, (1930, con una segunda edición corregida y aumentada publicada en 1931), de Grigori Grinko, un alto cargo de la URSS. Las tres obras se publicaron por la editorial Cenit, creada a finales de 1928, y una de las empresas editoriales más importantes de España hasta el inicio de la guerra civil, con más de doscientos volúmenes editados, una buena parte de ellos de teoría marxista, temas revolucionarios y literatura proletaria. Durante la primera andadura de la editorial Cenit, Antonio Buendía mantuvo buenas relaciones con su director, el comunista Rafael Giménez Siles, y parece que en aquellos años también prestó dinero para apoyar el proyecto empresarial de Manuel Aguilar, que había creado la Editorial Aguilar en Madrid en 1923.

Adolfa Plata

Adolfa Plata Navarro, compañera de Antonio Buendía y madre de sus tres hijas.

Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930 y la corta “dictablanda” del general Dámaso Berenguer, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar decidió una vuelta pausada desde la dictadura a la normalidad constitucional por medio de unas elecciones. Comenzó por las elecciones municipales, que se celebrarían el 12 de abril de 1931, plegándose así a los deseos de los monárquicos partidarios de Alfonso XIII, que creían que podrían manipular con más facilidad estos comicios que los legislativos, pues confiaban en la tradicional fidelidad del voto rural, donde la maquinaria caciquil siempre había amañado los resultados. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían –como la mayoría de los ciudadanos– que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE (creado en la localidad en 1908, como ya hemos señalado) y el Partido Republicano Radical (constituido en Lucena en 1910), se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Bloque del Partido Social Democrático. También se incluyó en la lista a Antonio Buendía, quien al parecer se presentó bajo el paraguas del partido radical y no de manera abierta como candidato comunista, pues en este momento la política oficial del partido comunista, que apenas contabilizaba mil militantes en España, predicaba la no colaboración con los partidos “burgueses”, entre los que se alineaban los partidos republicanos. Aunque la candidatura republicana lucentina casi no pudo hacer propaganda, por no contar con un local adecuado hasta última hora, sí consiguió celebrar, a principios de abril, un gran mitin en la Era del Santo, al que asistieron unas tres mil personas. Presentó el acto Antonio Buendía, que informó de las trabas que había puesto el alcalde monárquico, Antonio del Pino Hidalgo, a la celebración del mitin, e intervinieron como oradores Antonio Villa, redactor jefe del periódico La Libertad; el catedrático Joaquín Nogueras; José Escudero, del comité central del Partido Republicano Radical Socialista; y el abogado socialista lucentino Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Las elecciones del 12 de abril de 1931 depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos, lo que permitió que Antonio Buendía resultara elegido concejal junto a sus cuatro compañeros masones del triángulo Isis Lucentino (uno de ellos, Javier Tubío Aranda, se convertiría en el nuevo alcalde republicano).

En el resto de España, sólo conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios. Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor –roja, amarilla y morada–, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la  Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora –sobre quien también recaía la jefatura del Estado–, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos.

A pesar de haber resultado elegido concejal, Antonio Buendía pasa la mayor parte de su mandato viviendo en Madrid con su familia, sin asistir a los plenos y casi sin participar en la política local. En la capital de España, aparece el 11 de febrero de 1933 como uno de los firmantes del Manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, junto a 91 escritores y profesionales de lo más granado de la intelectualidad española (Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Federico García Lorca, Ramón J. Sender, Jacinto Benavente, Clara Campoamor, etc.). Esta asociación, según recoge el manifiesto fundacional, “no tendrá más programa ni más bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la calumnia y la deformación”. Para conseguirlo, la asociación pensaba organizar una enorme campaña de conferencias, documentales sobre la URSS, proyecciones de películas de tipo informativo, publicaciones de libros, viajes de estudios, sesiones de radio, etc. La participación de Antonio Buendía en esta asociación le permitió mantener contacto con varios intelectuales, que iban su casa con frecuencia. Su hija Carmen recuerda haber estado varias veces sentada en las rodillas del poeta Federico García Lorca mientras este le contaba un cuento.

Las visitas de Antonio Buendía a Lucena en los años republicanos eran cada vez más cortas y esporádicas. Aun así, se vio implicado en la huelga de campesinos que se desarrolló en la localidad entre el 21 y el 23 de abril de 1933, en la que se pedía el cumplimiento de las bases de trabajo por los patronos y que se ocupase en el laboreo forzoso a los parados. El gobernador civil ordenó su apresamiento y fue trasladado a la cárcel de Rute en la madrugada del día 24, aunque al día siguiente quedó en libertad sin cargos.

Durante la II República no volvemos a tener noticias de Antonio Buendía hasta  el triunfo del Frente Popular, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas, en las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936. El nuevo gobierno frentepopulista ordenó la reposición de los ayuntamientos elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados en muchos lugares por las arbitrariedades de los distintos gobernadores civiles, como había ocurrido en Lucena. El gobernador civil de Córdoba nombró una Comisión Gestora municipal en Lucena el día 22 de febrero de 1936 en la que se incluía el nombre de Antonio Buendía como edil, pero este no se presentó para aceptar el cargo. Suponemos que Antonio Buendía tampoco se encontraba en Lucena cuando se creó la primera agrupación local del partido comunista el 31 de marzo de 1936 ni cuando el 16 de mayo se realizó en la Casa del Pueblo el primer acto preparatorio de la unificación de las Juventudes socialistas y comunistas lucentinas, que tomarían el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas al fusionarse al mes siguiente en toda España.

El golpe de Estado del 18 de julio triunfó en Lucena ese mismo día. En las jornadas siguientes, varios de los concejales y exconcejales socialistas y republicanos lucentinos, entre los que se encontraban todos los miembros del triángulo masónico Isis Lucentino, fueron detenidos y fusilados, y es muy probable que Antonio Buendía hubiera corrido el mismo trágico destino si no hubiera estado en ese momento residiendo en Madrid, en el número 27 de la calle Alberto Aguilera, su domicilio en la ciudad  desde 1931. Allí permaneció hasta noviembre, cuando la familia, para huir de los bombardeos de la aviación franquista, decidió marchar a Alicante. A esta ciudad llegaron la madre de Antonio Buendía, su hermana Araceli y su marido, su cuñada Araceli (hermana de su mujer) y sus dos hijas, Antonia y Carmen, pues la primogénita acababa de fallecer en Madrid. Antonio Buendía marchó a Valencia, adonde se había trasladado el gobierno republicano, y luego a Barcelona. De aquí hubo de exiliarse a Francia en 1939, junto a cientos de miles de españoles, tras la conquista de Cataluña por las tropas franquistas. Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, la familia de Antonio Buendía volvió a Madrid con sus hijas, donde les administraron el bautismo y la comunión al mismo tiempo, en consonancia con el ambiente nacional-católico que se impuso en la sociedad. En 1941 vivían en la calle Gaztambide y en 1945 se trasladaron a la calle Isaac Peral, un piso de alquiler que se convirtió en la residencia estable de las dos niñas y su tía Araceli Plata, que se ocupó ya definitivamente de ellas.

Al poco de producirse el golpe de Estado, en la España controlada por los sublevados se inició de manera institucional la represión económica en contra de los republicanos. El 13 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional (máximo órgano de gobierno) decretó la incautación de los bienes de los partidos y sindicatos que habían formado el Frente Popular, y encargaba a los generales jefes de los Ejércitos “tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del movimiento nacional”. El 20 de octubre de 1936, por mandato de la Comandancia Militar de Lucena al capitán de la caja de reclutas Juan Pedraza Luque, que actuó de juez instructor, se iniciaron las diligencias para la incautación de los bienes de Antonio Buendía. Con los datos recabados en el expediente instruido por el capitán Juan Pedraza, el 31 de diciembre de 1936 el Gobierno Militar de Córdoba emitió un informe para la Auditoría de Guerra en el que indicaba que “al encartado debe estimársele como ejecutor de actos contrarios al orden y culpable de actividades marxistas o de extrema izquierda”, por lo que proponía la incautación de sus bienes.

El 10 de enero de 1937, un decreto ley de la Junta Técnica de Estado, organismo que ejercía el gobierno en la zona franquista, establecía la creación de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado, con sede en Burgos, para investigar, inventariar y ocupar los bienes de las organizaciones proscritas y de los desafectos con la intención de enajenarlos o gravarlos. En cada capital de provincia se creó una Comisión Provincial de Incautación de Bienes, presidida por el gobernador civil. Un juez de carrera o militar, nombrado por la Comisión Provincial, se encargaba de instruir el expediente para declarar administrativamente la responsabilidad civil, pudiendo embargar los bienes del inculpado. Este proceso sancionador conculcaba garantías jurídicas tan elementales como el derecho a recurrir las sanciones.

La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Córdoba continuó, por tanto, la tramitación del expediente de Antonio Buendía, cuya instrucción realizó Manuel González Aguilar, juez de primera instancia interino de Lucena y teniente jurídico habilitado. El 23 de noviembre de 1937, este juez instructor acordó el “embargo de todos los bienes que posea Antonio Buendía Aragón, con el fin de asegurar en su día las responsabilidades que se le exijan por su oposición el Glorioso Movimiento Nacional” y nombró al teniente Rafael García Rey como administrador de los mismos.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria económica a los republicanos y a sus familias, que en muchas ocasiones ya habían sufrido la rapiña directa o los expedientes de incautación de bienes. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 325.000 expedientes, de los que 6.554 correspondieron a la provincia de Córdoba.

De los informes que se adjuntan en el expediente de responsabilidades políticas de Antonio Buendía, el más interesante es el de la jefatura superior de la Policía de Madrid, emitido el 31 de mayo de 1944, del que reproducimos un extracto:

Los informes político-sociales que existen en esta Dependencia son los siguientes: en época de la dictadura ya pertenecía al partido comunista y como tal estuvo vigilado. Personas que antes de la guerra frecuentaron su domicilio (Alberto Aguilera) han manifestado que en su biblioteca se encontraban libros de este tipo, y que una vez en la familia se dejó decir que tal hecho, así como su ideología, estaba influido por la participación en el negocio de la editorial que lanzaba dichos libros.

A juzgar por los informes se trata de persona inteligente, discreta y un tanto misteriosa, ya que no obstante conocer su matiz ideológico izquierdista en la vecindad nunca se pudieron conocer las actividades que desplegaba.

En la casa, donde había bastantes personas de derechas, ni denunció ni perjudicó a nadie, y solo hablan los informantes de que intervino a favor del portero cuando unos milicianos se lo llevaron a una checa con la intención de asesinarle, logrando que le pusieran en libertad. Otra familia de la casa que tiene un hijo “camisa vieja”, muy perseguido en periodo rojo, de nacionalidad cubana, dice que se encontraron al informado en Alicante, cuando ellos pretendían embarcar para La Habana, y como los rojos les pusiesen dificultades, creen, aunque no pudieran asegurarlo, que aquel interviniera en su favor, ya que al día siguiente pudieron marchar, dándoles toda clase de facilidades.

El 19 de junio de 1945, la sala del tribunal de Responsabilidades Políticas, siguiendo la petición fiscal, decretó “el sobreseimiento de este expediente y archivo sin declaración de sanción de responsabilidad política (…) acordando recobre la libre disposición de sus bienes si se le hubieran embargado”, ya que no aparecían “comprobados cargos de su responsabilidad política y actuación durante el Movimiento Nacional en su residencia en Madrid”.

Junto a la ley de Responsabilidades Políticas, a Antonio Buendía se le aplicó también otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Su expediente se abrió en julio de 1943. El 20 de octubre, el juez instructor Jesús Riaño Goiri dictó una orden de detención contra él por no haber comparecido en el procedimiento y, al no poderlo localizar, decretó continuar su procesamiento en rebeldía. El tribunal especial, presidido por el general Andrés Saliquet Zumeta y reunido en sesión secreta el 15 de septiembre de 1944, acordó adherirse en la sentencia a la petición del fiscal, que solicitaba 12 años y un día de cárcel con las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo del Estado y de organismos estatales o subvencionados.

Mientras era sometido en España a las leyes especiales de la dictadura franquista, Antonio Buendía seguía en el exilio. Había estado internado en los campos de concentración que se habilitaron en las playas del sur de Francia para los refugiados españoles hasta que consiguió salir hacia Buenos Aires, posiblemente desde Marsella y quizás en el mismo barco, el Mendoza, en el que viajaban el poeta Rafael Alberti y su mujer Mª Teresa León. De Argentina se dirigió en tren a Santiago de Chile. Allí se casó con Consuelo Nistal Martínez, que pertenecía a una saga de hermanos exiliados españoles que habían salido desde la Bretaña francesa para Chile, en el carguero Lipari, en febrero de 1940. Algunos de ellos eran de ideología socialista, como Luis y Alfredo (diputado por León en 1931 y cónsul de España en París al final de la guerra civil), y otros comunistas, como Elena, Celia y la propia Consuelo, que en 1940 tenía 35 años. Otro hermano, el comunista Luis, ya había fallecido en Rusia de muerte natural antes de 1940, y otro, César, murió de tuberculosis en las cárceles franquistas. Estos datos sobre la familia Nistal los he conocido gracias al testimonio de Nydia Nistal Alonso, una de las cinco hijas de Alfredo, exiliadas con él, que vive en Madrid y tiene 91 años. Ella retornó a España en 1982, junto a una hermana, huyendo de la dictadura de Pinochet, pues su familia se sentía vigilada, e incluso una sobrina había sido detenida y torturada. Además, el marido de Nydia trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de la ONU, y era compañero de trabajo y amigo íntimo de Carmelo Soria, el famoso diplomático exiliado español asesinado por agentes de la policía secreta de Pinochet en julio de 1976.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Durante su exilio en Chile, Antonio Buendía estuvo unos meses desterrado en la isla de Chiloé, ya que le aplicaron le Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que mantuvo prohibido el partido comunista entre 1948 y 1958. Antonio Buendía pudo contactar con su familia, que no sabía nada de él desde que abandonó España, a través de una carta que envió a una amiga común que vivía en Madrid. En 1953 sus dos hijas fueron a visitarlo. En el verano de 1956 Antonio Buendía y Consuelo Nistal se trasladaron de Chile a Francia, e hicieron escala en el puerto de Vigo. Su hija Carmen y su esposo viajaron desde Madrid para verlo y entregarle treinta mil pesetas, pero tuvieron un accidente y les robaron el dinero en la confusión del siniestro, así que no pudieron cumplir su objetivo. Desde París, en el año 1957 Antonio Buendía solicitó a las autoridades españolas la vuelta a España. El 22 de abril hay una petición de la Dirección General de Seguridad al jefe de servicio de ejecutorias del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo para consultar su situación legal y los inconvenientes para la repatriación, y el 3 de mayo se le responde que no existe impedimento para el regreso, “si bien tendrá que someterse a la jurisdicción de este organismo y al fallo, que en trámite de revisión, se dicte en las actuaciones”. En vista de que la contestación no le otorgaba la seguridad jurídica suficiente, decidió permanecer en su exilio parisino.

Consuelo Nistal y Sofía Velasco (1960) - copia

Consuelo Nistal y la niña Sofía Velasco, en Francia, en 1965.

Tenemos algunos datos de las actividades de Antonio Buendía en Francia gracias al diario ABC (9 de marzo de 1960) y a las investigaciones que en el Archivo Histórico del PCE ha realizado el madrileño Rafael Buhigas Jiménez, su sobrino bisnieto. En marzo de 1960, Buendía se vio inmerso en un proceso judicial en la región de París, por la tenencia de ejemplares de Mundo Obrero y otras publicaciones comunistas, que entonces estaban prohibidas en Francia, al igual que el partido. La redada supuso la detención de cincuenta militantes en varias regiones francesas (Toulouse, Marsella, Lyon, Tours, etc.) y golpeó gravemente a la organización del partido, que entonces contaba con unos dos mil afiliados en el exilio francés. En aquel momento Antonio Buendía servía de enlace con Chile y Méjico para el intercambio de publicaciones del PCE y trabajaba de corrector para Nuestras Ideas, una revista trimestral de ideas, política y cultura, en la que colaboraron múltiples intelectuales españoles, editada por el partido desde 1957 en Bruselas. Mientras, Consuelo militaba en la Unión de Mujeres de España, una organización de mujeres republicanas exiliadas próxima al PCE.

Tras la publicación de esta entrada del blog, nos hemos adentrado algo en la vida de Antonio Buendía y Consuelo Nistal en Francia a través del testimonio escrito de Sofía Velasco, que los conoció gracias a sus abuelos, también exiliados. Sofía, que en la actualidad vive en La Haya y que tenía 12 años en 1964, es nieta de Adolfo Velasco Arroyo, natural de Cabra, una localidad situada a diez kilómetros de Lucena; y de Josefa Hernández Zancajo, hermana de Carlos, diputado socialista por Madrid en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El matrimonio, exiliado también, poseía una casa en Eaubonne, a 15 kilómetros al norte de París. En el amplio jardín de la vivienda se reunían los domingos bastantes españoles (el pintor Pablo Coronado y su esposa Mausi, Pepe y Nati Romanos, Eduardo y Raymonde Box, Félix y Carmen Amade y otros). También acudían siempre Antonio y Consuelo, que vivían entonces en un hotel, ya que Antonio se resistía a comprar una vivienda. Años después adquiriría un pequeño piso en la calle Camille Desmoulins de la ciudad de Levallois-Perret.

Antonio Buendía y Aurora Velasco (1960)

Antonio Buendía y Aurora Velasco en el jardín de la casa de los abuelos de la niña en Eaubonne (Francia), en 1960.

Además de las conversaciones políticas que mantenían en la casa de Eaubonne, Sofía recuerda que Antonio Buendía contaba haber sido vecino del escritor Ramón María de Valle Inclán en Madrid, que sentía animadversión ideológica hacia el novelista Ramón J. Sénder y que hablaba de Unamuno como si lo hubiera conocido. Antonio y Consuelo mantenían una relación casi familiar con la familia Velasco Hernández, a la que visitaban con muchísima frecuencia. Se encariñaron con sus nietas (su hermana Pepa era el “ojito derecho” de Antonio, según el testimonio de Sofía), a las que con frecuencia regalaban libros comprados en la famosa Librería Española de Antonio Soriano, en la Rue de Seine de París, y alguna obra dedicada a puño y letra por el poeta y futuro premio nobel Pablo Neruda, con quien Antonio Buendía había forjado amistad durante su estancia en Chile. Algunos inviernos Antonio y Consuelo visitaban Rusia durante un mes, parece que invitados por Dolores Ibárruri (presidenta del Partido Comunista de España) o alguien de su entorno. También fueron en bastantes ocasiones, junto al grupo de exiliados que se reunían en la casa de Eaubonne, a colocar folletos del partido comunista en los asientos de los viajeros que salían desde la estación de París-Austerlitz, el gran enlace ferroviario de Francia con España en aquel entonces.

En 1963 Antonio Buendía intentó de nuevo entrar en España, pero tras interesarse por los inconvenientes para la repatriación, las autoridades españolas, a través de la Dirección General de Seguridad, le respondieron que su situación legal “no ha variado”. El regreso solo pudo ser posible tras el decreto del 1 de abril de 1969, que con motivo del treinta aniversario del final de la guerra civil declaraba prescritos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Antonio y Consuelo volvieron a España y vivieron unos meses en Madrid, pero al poco tiempo regresaron a Francia. Enfermo, y sabedor de su próximo final, Antonio Buendía decidió vender con suma rapidez y a bajo precio sus propiedades en España, entre las que destacaba el cortijo de Frías, de las que obtuvo veinticinco millones de pesetas en efectivo (a los pocos meses, el comprador las revendió por cuatro veces más). El dinero lo donó al Partido Comunista de España.

Antonio Buendía Aragón, en una foro de los últimos años de su vida.

Antonio Buendía Aragón, en una foto de los últimos años de su vida.

A principios de los años setenta el matrimonio se instaló en Rumanía, donde imperaba la dictadura comunista de Nicolae Ceaucescu, para “vivir de la solidaridad internacional”. En la capital rumana, Bucarest, Antonio Buendía falleció el 22 de marzo de 1972, a los 78 años, según publicó el 16 de abril el periódico oficial y clandestino del partido comunista, Mundo Obrero, e incluso ABC y La Vanguardia. Al funeral asistió una representación del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCE y una delegación del Comité Central del Partido Comunista Rumano. La viuda, Consuelo Nistal, decidió entonces salir de Rumanía y regresar a Chile, debido a su precaria situación económica. En el archivo del PCE se conservan los extractos de algunas cartas que su hermana Elena intercambia en 1973 con la dirección del partido para que le paguen el traslado, ya que ella no tenía medios materiales para hacerlo. Una de las cartas, escrita con familiaridad el 1 de abril, creemos que va dirigida a Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Consuelo, que sobrevivía gracias a una exigua pensión que le pasaba el Partido Comunista de España, murió a finales de los años ochenta, cuando tenía alrededor de noventa años, en el modesto piso que había compartido con Antonio Buendía en Levallois-Perret, ya que el golpe de Estado de Pinochet en septiembre de 1973 le impediría regresar a Chile.

Reconstruir la historia de Antonio Buendía ha sido una tarea muy espaciada en el tiempo. Cuando en el año 1997 encontré su nombre por primera vez en los libros, me sorprendió que existiera tan poca información a pesar de que había tenido una cierta relevancia en el panorama político de su época. La abogada Araceli Tubío Beato (hija de Javier Tubío, primer alcalde republicano de Lucena, fusilado en 1936) fue la primera persona que entrevisté que lo había conocido, y desde entonces solo dos personas más lograron darme algún dato puntual de él. Araceli Tubío solo logró recordar que era muy educado, que siempre le regalaba bombones, que hablaba francés a la perfección y que se exilió. Esa conversación ocurrió en abril de 1997 y ella tenía en aquel momento 84 años. Desde entonces, poca información más pude conseguir a pesar de mis afanes.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

La situación varió hace escasos meses. Su sobrino bisnieto, el ya aludido Rafael Buhigas, estudiante de Historia, se puso en contacto conmigo desde Madrid porque estaba también interesado en su biografía. En septiembre descubrió algunos documentos en el Archivo del PCE, que me envió y que me permitieron localizar a la poetisa chilena Freya Hödar Nistal, sobrina nieta de su viuda, que a su vez me facilitó el contacto con la familia Nistal en Madrid. A continuación, obtuve del Archivo Documental de la Memoria Histórica de Salamanca copia de los más de trescientos folios que ocupan sus expedientes de incautación de bienes, de responsabilidades políticas y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Los datos familiares que aparecían resultaron decisivos para encontrar en Madrid a dos nietas de Antonio Buendía, Sara y Elena Muñiz Buendía (hijas de Carmen), y a su hija Antonia, de 87 años, que me han aportado fotos y distintas informaciones que han servido para completar esta biografía. El testimonio escrito y las fotografías de Sofía Velasco, que como hemos señalado lo conoció de niña en París, han sido también imprescindibles. Con un extracto de los recuerdos de Elena Muñiz, nieta de Antonio Buendía, concluyo esta pequeña historia:

 Mi abuelo siempre me ha parecido un ejemplo muy cercano de que la posesión de bienes materiales no lleva necesariamente a la identificación con la clase dominante, como muchos sostienen en contra de la evidencia histórica. Yo lo vi pocas veces, y lo recuerdo como una persona de pequeño tamaño y fuerte presencia, magnético y con aspecto de hacer pocas concesiones, a pesar de la merma de los años. Alguien que, pese a haberse visto inmerso en las tremendas corrientes que sacudieron su siglo, había intentado mantener su rumbo y sus convicciones.

Listado de víctimas de la represión franquista en Iznájar

En la madrugada de 19 de julio de 1936 triunfó en la localidad cordobesa de Iznájar la sublevación militar, capitaneada por el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, comandante de puesto de la Guardia Civil, quien se incautó del Ayuntamiento y clausuró el Centro Obrero. A principios de agosto ejerció como comandante militar Carlos Galindo Casellas, secretario del Ayuntamiento de Rute y teniente de Caballería retirado. Las detenciones y los fusilamientos se iniciaron con rapidez, lo que causó una masiva huida de vecinos hacia la zona republicana. El historiador Francisco Moreno Gómez, en su obra La guerra civil en Córdoba 1936-1939 (página 117), publicada en el año 1985, indicaba que los fusilados por la represión franquista en Iznájar anotados en los libros de defunciones del Registro Civil, algunos de ellos bajo el concepto de “desaparecidos”, fueron 28 (25 en el pueblo y tres en Córdoba). Sin embargo, estimaba que el número de asesinados durante la guerra civil llegó a los 50, ya que muchos quedaron sin inscribir en el Registro, y citaba el caso de Manuel Escamilla Caballero, de la aldea del Barrio de San José, fusilado en Córdoba el 15 de febrero de 1937.

Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Fotografías en la lápida del cementerio de Iznájar de Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Cuando en mayo de 2007 publiqué la segunda edición de mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute 1936-1950, incluí algunos datos relativos a Iznájar, debido a que ambos municipios son colindantes y a que falangistas y guardias civiles de Rute habían colaborado en tareas represivas en Iznájar. Me serví de la ayuda de dos testimonios importantísimos. Uno de ellos fue el de Antonio Montilla Cordón, quien me escribió desde Calafell (Tarragona) en octubre de 2005 para contarme la historia de El Remolino, donde él nació. Antonio Montilla, un niño de 11 años en 1936, había sido testigo durante la guerra civil de la represión desatada en esa aldea por los falangistas y la Guardia Civil de Rute e Iznájar. El Remolino era en 1936 una de las 22 pedanías del municipio de Iznájar y tenía en aquel tiempo unos 300 habitantes. El testimonio de Antonio Montilla poseía un enorme valor ya que, tras la construcción del pantano de Iznájar en los años sesenta, El Remolino quedó inundado y todos sus habitantes se vieron forzados a emigrar, por lo que él temía que la historia oral de lo ocurrido en la aldea se perdiera para siempre. Por fortuna, el testimonio de Antonio Montilla tuvo una amplia difusión y fue publicado en libros y revistas como Cuadernos para el Diálogo. El texto del número de la revista se puede leer en este enlace.

Alfonso Rabasco Ortega

Alfonso Rabasco Ortega, de la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado en fecha indeterminada.

Sabemos muy poco de la represión desencadenada durante la guerra civil en Iznájar y en sus aldeas, por lo que la prodigiosa memoria de Antonio Montilla es de una gran importancia histórica. En El Remolino, como en muchos lugares de España, en 1936 no hubo una guerra en sentido estricto, sino que lo que en verdad se desató fue una cruel represión que no se podía justificar con el argumento de una violencia previa de los republicanos, pues en la aldea no se cometió ninguna tropelía en contra de nadie. No se puede afirmar que hubo guerra cuando a un lado estaban las fuerzas militares y paramilitares golpistas (guardias civiles y falangistas) que realizaban incursiones en las que de forma indiscriminada quemaban, violaban y mataban, y en el otro lado, como víctima, una población civil indefensa. En definitiva, lo ocurrido en El Remolino más que un hecho bélico es un típico ejemplo de barbarie colonial, de una represión ciega movida por la crueldad y el desprecio a la vida, con la aplicación de una violencia extrema y de castigos ejemplares.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Un año después de que Antonio Montilla Cordón aportara su testimonio, el historiador Francisco Espinosa Maestre me envió una copia de un sumario de un consejo de guerra localizado por el también historiador José María García Márquez en el archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa nº 327, legajo 162, expediente 6.590). Se trataba del juicio sumarísimo contra el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (conocido con el apodo de Periquillo el de la Carolina) a los que se acusaba de haber infringido el bando de declaración del estado de guerra en El Remolino el 31 de agosto de 1936. El documento tenía una importancia enorme. Por un lado, corroboraba documentalmente, y si cabe de manera más trágica aún, ciertos pasajes del testimonio de Antonio Montilla Cordón. Por otro lado, nos encontramos ante uno de los pocos casos en los que la justicia inició una actuación por los excesos cometidos por los derechistas, un hecho excepcional que resultó posible porque el denunciante era el jefe de la Falange de Iznájar, despechado por el asesinato de su tío (Antonio Conde Lucena), aunque esta circunstancia del parentesco la omitió en su denuncia. Al final, el proceso judicial es una muestra contundente de la actuación irregular y partidista de la maquinaria judicial franquista cuando un acusado afín a su ideología se veía involucrado en algún delito y, también, es un claro ejemplo de cómo las actuaciones judiciales amparaban la represión en contra de los republicanos. El análisis que realicé en su momento de este consejo de guerra también salió publicado en la revista Cuadernos para el Diálogo, y es posible consultarlo en este enlace.

Antonio Rabasco Ortega, de la la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Antonio Rabasco Ortega, de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Los datos aportados en el año 2005 por Antonio Montilla Cordón permitieron revisar al alza la cifra de 50 fusilados en Iznájar que el historiador Francisco Moreno Gómez había estimado como fiable veinte años antes. De los 13 asesinados que nombra Antonio Montilla en su testimonio, todos con nombres y apellidos, solo tres (Francisco Aguilera, Diego Rey y Diego Ayora) están inscritos en los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente legal para el estudio histórico de los fallecimientos. Una situación similar encontramos en Las Huertas de la Granja, otra pedanía de Iznájar sepultada hoy por las aguas del pantano. Gracias al testimonio de Domingo Rabasco Molina, recogido por mí en 2004, sabemos que allí se fusiló a siete personas, aunque solo dos aparecen en el Registro Civil (Antonio Rabasco Ortega, inscrito doblemente en los registros civiles de Iznájar y de Rute; y Rafael Cano Tenllado, en el de Iznájar). En total, en estas dos aldeas ya sumamos 20 asesinados, de los que nada más que cinco están anotados en el Registro Civil, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas.

Un porcentaje altísimo de víctimas mortales de la violencia franquista, como podemos ver en Iznájar y en otras muchas localidades, nunca se llegaron a inscribir en los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad. Toda dictadura, de izquierdas o de derechas, siempre ha intentado borrar las huellas de su violencia, y en esto el franquismo no fue una excepción. Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Cripta del cementerio con los restos de siete fusilados en 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres al cementerio se realizó en 1979.

Cripta con los restos de siete fusilados en 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres desde Encinas Reales al cementerio de Iznájar se realizó en 1979.

Iznájar fue un municipio pionero en la exhumación de los restos de los asesinados por los golpistas durante la guerra civil, lo que a su vez también nos ha facilitado el recuento del número de víctimas en el municipio. Durante el mandato del alcalde andalucista Manuel Llamas Sanjuán, en la temprana fecha del 23 de agosto de 1979 fueron trasladados a las 7,30 horas de la tarde, desde la Venta al cementerio de la localidad, los restos de siete iznajeños que habían sido fusilados el 13 de septiembre de 1936 en el pueblo cercano de Encinas Reales. Aunque hubo tres que no se pudo identificar, los nombres de los otros cuatro (Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero) aparecen en la cripta en la que están sepultados, junto a sus fotos y a la inscripción “asesinados por su condición de demócratas”. Ninguno de estos asesinados está inscrito en los libros de defunciones del Registro Civil, ni en Iznájar ni en Encinas Reales, el lugar donde les quitaron la vida.

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Nicho con los restos de cuatro asesinados el 27 de septiembre de 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres desde los cerrillos de Ventorros de Balerma al cementerio de Iznájar se produjo en 1980.

El 15 de agosto de 1980 se produjo un nuevo traslado de cadáveres de otros cuatro asesinados (Francisco González Caballero, hermano del alcalde republicano; Juan Rubio Hoyo; Juan Aguilera Puerto y Vicente González Ortiz, de 21 años) desde los cerrillos de Ventorros de Balerma, donde los habían fusilado el 27 de septiembre de 1936, al cementerio de Iznájar. De ellos, solo el último está asentado en el Registro Civil. Con los datos que poseemos, ya hemos superado la cifra de 50 asesinados que estimaba el historiador Francisco Moreno Gómez en 1985. Ahora mismo tenemos una relación nominal de 75 víctimas de la represión franquista durante la guerra en el municipio de Iznájar (en posguerra hay otras siete mas una en el campo nazi de Mauthausen), de las que 47 (más de un 62%) no están inscritas en el Registro Civil. Y estos datos se han alcanzado cuando solo se han recogido dos testimonios orales y únicamente se han cuantificado de manera detallada los asesinados en dos aldeas (faltan otras 20 por investigar detenidamente). Por desgracia, la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal referida a los años de guerra y posguerra, que nos podría servir de ayuda en nuestra labor de búsqueda de información sobre este tema, es escasa y está aún sin catalogar en parte, así que solo hemos podido extraer de ella datos muy concretos.

En el año 2014 el iznajeño Diego Ortiz Pacheco publicó un libro titulado El Pueblo habló. Pinceladas históricas en el que recoge muchos datos sobre Iznájar. Varios se refieren al año 1936 y se centran en la represión sufrida en el municipio tomando como fuente de información los testimonios orales aportados por varios vecinos desde los años noventa del siglo pasado. También incluye una magnífica fotografía, que es la que reproducimos en el lateral, en la que se puede ver el multitudinario funeral celebrado en memoria de los siete vecinos, ya citados con anterioridad, que fueron fusilados en Encinas Reales en septiembre de 1936 y enterrados en el cementerio de Iznájar el 23 de agosto de 1979 tras ser exhumados. Anotamos a continuación un resumen de la información sobre fusilamientos que aporta en su libro Diego Ortiz Pacheco porque nos da una idea de la magnitud de la violencia en los primeros meses de la contienda:

-Aldea Fuente del Conde: seis fusilados a mediados de septiembre.

-Carretera Iznájar-Loja: dos fusilados en agosto.

-Chaparral Alto: un hombre fusilado y enterrado en un majano en agosto.

-Cortijo de Los Chinarrales, detrás de la casa Calderón: fusilados Currito y Modesto en agosto.

-Aldea Arroyo de la Gata: varios asesinados en la finca Ventura.

-Aldea Juncares: en un lugar conocido como la Leva, en la sierra de las Ventanas, cinco fusilados en agosto.

-Aldea El Higueral; 14 personas muertas en el tiroteo de la toma del pueblo (20 de agosto) y dos fusilados.

-Aldea Cierzos y Cabreras: en la huerta de los Álamos, camino en dirección a Monte de las Monjas, fusilaron un hombre de apellido Tirado y apodado Cañas (¿podría ser Saturnino Tirado Luque?). En la cañada los Pozos fusilaron a un hombre apodado el Mono. A los hermanos Andrés y Felix Aguilera Arévalo los fusilaron en la Llaná. Todos los crímenes fueron en agosto.

-Aldea Arroyo Cerezo: seis personas obligadas a cavar su propia fosa y fusiladas en el puente de la Fraila; otras dos más allá de la cañada del cortijo Valenzuela (uno era de la aldea del Adelantado y se apellidaba Guerrero, el otro era de la aldea de Fuente del Conde). Los asesinatos se realizaron a mediados de agosto.

-Iznájar: Un hombre apodado el Brinzulo tiroteó y mató a Juan López, de apodo Chamol, residente en la aldea de Cierzos y Cabreras, al confundirlo con un “fascista” en la cuesta Marcelino en el mes de agosto.

-Aldea de El Remolino: en el mes de septiembre fusilaron a un hombre de apellido Guerrero en El Romeral; dos hermanos de apellido Aguilera en Las Lobas; cuatro (dos hermanos, Juan Harina y uno apodado Reyes) en la vertiente del cerro La Trujilla; a los hermanos Juan y Antonio Hinojosa Sánchez y a varios jóvenes más en el Camal, donde fueron obligados a cavar su tumba; a Diego Ayora en Encinas Reales (en el Registro Civil se anota su muerte en Córdoba).

-Iznájar: el 13 de septiembre, asesinados en Encinas Reales Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo, Fernando Osuna Caballero y cuatro más (posiblemente el ya citado Diego Ayora, de El Remolino, y otros tres jóvenes de Fuente del Conde). Otro consiguió huir y sobrevivir a una ráfaga de balas. El 23 de agosto de 1979 se les exhumó y enterró en el cementerio de Iznájar, como ya hemos contado con anterioridad.

-Ventorros de Balerma: fusilados en las canteras de al lado de la fuente La Teja los jóvenes iznajeños Francisco González Caballero, Vicente González Ortiz, Juan Aguilera Puerto, Juan Rubio Hoyo y cuatro más. Sus cuerpos fueron exhumados y trasladados a Iznájar el 15 de agosto de 1980, según ya hemos señalado.

 

Jacinto Sánchez Campillo, de 33 años, muerto en la Prisión Provincial de Córdoba el 13 de mayo de 1942.

Mientras los republicanos fusilados permanecían enterrados y ocultos en fosas comunes y en cunetas y descampados, la identificación y enterramiento digno de las víctimas ocasionadas por la represión republicana se convirtió en una prioridad para el franquismo tras la guerra civil. Con dinero público se estableció una política de Estado para que las víctimas mortales de la represión republicana fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron al menos dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de la Gobernación (esta última, sobre “inhumaciones y exhumaciones de cadáveres de asesinados por los rojos”). Aunque en Iznájar, como hemos visto, fue posible en los años ochenta del siglo XX que también los republicanos tuvieran ese derecho, hoy en día abordar esta cuestión suele causar enconadas controversias políticas. Sirva de ejemplo el debate ocurrido en el pleno municipal de Iznájar el 13 de enero de 2012, que se puede leer a partir de la página 13 de este enlace, sobre la propuesta de reprobación de un concejal por unas presuntas declaraciones vertidas sobre la búsqueda de “huesos” de los desaparecidos.

Teniendo en cuenta mis investigaciones y la bibliografía publicada hasta el momento, he elaborado una lista de 11 páginas con el nombre o el apodo de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Iznájar y sus aldeas (que albergaban un censo de 12.345 habitantes en 1940). Incluye, entre otros, a 75 fusilados en guerra, tres fusilados en posguerra, cuatro muertos en posguerra en las cárceles, una lista de presos, los nombres de combatientes republicanos fallecidos y desaparecidos en los frentes, 240 vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas, etc., junto a una tabla comparativa del número de víctimas mortales de la represión franquista y republicana en Iznájar, Córdoba, Andalucía y España. La relación completa de víctimas de Iznájar se puede leer en este enlace.

Antonio Montilla y Antonio González

De izquierda a derecha, Carmen Aragón Carrasquilla (fallecida, de Lucena), su esposo Antonio González Merino (fallecido, de Montilla, su padre y su tío murieron en el campo nazi de Mauthausen en 1941), Arcángel Bedmar (autor de este blog), Juana Aguilera Pacheco (fallecida) y su esposo Antonio Montilla Cordón (autor de las memorias de El Remolino a las que se hacen referencia en este artículo). La foto se realizó el 4 de noviembre de 2006 en Cornellá (Barcelona), durante mi intervención en la presentación del libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat, en el que los dos hombres aparecen como protagonistas.

Información complementaria

Listado de víctimas de la represión franquista en Nueva Carteya

La fuente imprescindible para adentrase en el conocimiento de la represión en Nueva Carteya durante la guerra civil es el historiador Francisco Moreno Gómez, en especial su libro 1936: el genocidio franquista en Córdoba. Gracias a él sabemos que Nueva Carteya fue una de las dos localidades de la campiña cordobesa, junto a Bujalance, donde la Guardia Civil no secundó el golpe de Estado, lo que motivó que el pueblo sufriera la incursión en poco más de un mes de tres columnas militares afectas a los militares sublevados con la intención de tomarlo.

El capitán dela Guardia Civil Francisco López Pastor mandaba la columna que el día 28 de agosto tomó Nueva Carteya.

El capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor mandaba la columna que el día 29 de agosto de 1936 tomó Nueva Carteya.

El 18 de julio de 1936 el alcalde en funciones era el socialista Juan Caballero. Para evitar que los derechistas locales pudieran apoyar el golpe de Estado, se detuvo a 37 de ellos y se les recluyó en la iglesia. El atardecer del día 20, entró una columna de militares y guardias civiles mandada por el teniente Machuca Báez, de la guardia de Asalto, que liberó a los presos y causó la primera víctima mortal entre la población. A la mañana siguiente, al retirarse hacia Córdoba, la columna arrastró consigo a las personas de derechas que quisieron acompañarla y a los guardias civiles del pueblo. Nueva Carteya siguió en manos republicanas, pero el 28 de julio pasó la columna militar del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, con moros de Regulares y legionarios, que iba camino de Baena (donde aquella misma tarde cometería una de las masacres más importantes de la guerra civil en la provincia) y mató en las calles y las casas a una docena de personas. Aunque comenzó la huida de muchos vecinos hacia localidades más seguras, el pueblo continuó bajo dominio republicano hasta el 29 de agosto, cuando lo tomaron, ya de manera definitiva, falangistas y guardias civiles de Cabra, al mando de los capitanes Ramón Escofet Espinosa y Francisco López Pastor.

La represión de los militares golpistas durante la guerra civil, según las estimaciones de Francisco Moreno Gómez, segó la vida de unas 80 personas. De ellas, solo 31 aparecen inscritas en los libros de defunciones del Registro Civil de Nueva Carteya y Córdoba. La identidad del resto (47 víctimas más), hasta sumar 78 nombres, se pudo conseguir en parte hace ya casi treinta años a través de los testimonios orales de testigos y familiares de las víctimas, y recientemente gracias a los expedientes de prisión del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, lo que ha permitido que hoy tengamos una idea aproximada (y mínima) del número de fusilados. Sin esa labor pionera de búsqueda y recopilación que llevó a cabo Francisco Moreno (frente a los partidarios del olvido y de no “remover el pasado”) es muy posible que esos datos se hubieran perdido para siempre, por lo que dentro de unos años cualquier historiador que se hubiera adentrado en la investigación de este tema llegaría a conclusiones erróneas y creería que las víctimas mortales de la represión franquista en Nueva Carteya fueron menos de la mitad de las reales, ya que en el Registro Civil solo están inscritos un 40% de los fusilados conocidos hasta el momento.

No hay que olvidar que la propia administración judicial franquista llegó a silenciar los fusilamientos, y catalogaba a los asesinados como desaparecidos a los que por muchos motivos no interesaba registrar o se inscribían falseando la causa de la muerte u otros datos personales. Al no existir casi nunca consejos de guerra antes de los fusilamientos, pues esta práctica judicial no se generalizó hasta abril de 1937, tampoco hubo registro oficial de ejecuciones, ya que en teoría éstas no se realizaban. De hecho, que sepamos, el único vecino que fue sometido a juicio durante la guerra civil fue el sargento comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Nueva Carteya, Fabián Rodríguez de la Calle, fusilado en Córdoba el 11 de diciembre de 1936 por no haber secundado el golpe militar. De este sargento se puede leer un magnífico artículo publicado por Antonio Merino Morales en la revista de feria de Nueva Carteya de 2014. Al igual que el sargento Fabián Rodríguez de la Calle, otros muchos vecinos de Nueva Carteya caerían fusilados por la Guardia Civil en Córdoba en el otoño de 1936 (por ejemplo, 11 el día 9 de diciembre y 17 el día 11) tras ser trasladados a las cárceles de la capital.

El impacto de la represión resultó tan brutal que muchas familias no inscribían a sus deudos “rojos” en el Registro por vergüenza o por temor a correr su misma suerte, de manera que nunca se producía el asiento si los familiares no lo intentaban, renunciaban a hacerlo ante las dificultades o emigraban de la localidad. En resumen, un porcentaje elevado de fusilados por los franquistas durante la guerra civil habría quedado sin registrar en muchos pueblos de Andalucía, y la gran mayoría de los que se inscribieron en los Registros Civiles se anotaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que hubieran sido asesinados. Con estos presupuestos, es evidente que nunca llegaremos a conocer el verdadero alcance numérico de la represión causada por los militares sublevados en Nueva Carteya. Sí sabemos que víctimas mortales de la represión republicana no hubo ninguna.

Teniendo en cuenta la bibliografía publicada hasta el momento, he elaborado una lista con el nombre o el apodo de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Nueva Carteya. Incluye los nombres de 80 fusilados en guerra y posguerra, un fallecido en prisión, un muerto en el campo nazi de Mauthausen, 19 presos y 86 vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. También añadimos los nombres de 14 combatientes republicanos muertos, desaparecidos e incapacitados en los frentes de guerra. El listado de víctimas se puede consultar en este enlace.

Fuentes sobre la guerra civil en Nueva Carteya:

  • Antonio Barragán Moriana, Control social y responsabilidades políticas, Córdoba (1936-1945), El Páramo, Córdoba, 2009, págs. 167-169, 170, 272, etc. En este libro aparece la relación de vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas.
  • José Luis Cervero, Los rojos de la Guardia Civil. Su lealtad a la República les costó la vida, La esfera de los libros, 2006, págs. 115-117. En este libro se narra el consejo de guerra llevado a cabo contra el sargento comandante del puesto de Nueva Carteya, Fabián Rodríguez de la Llave, que fue condenado a muerte y fusilado el 11 de diciembre de 1936 en el cuartel del Marrubial de Córdoba.
  • Joaquín Gil Honduvilla, Militares y sublevación. Córdoba y provincia 1936, Muñoz Moya Editores, Brenes, 2012, págs. 164-165.
  • Francisco Moreno Gómez, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Crítica, Barcelona, 2008, páginas 207-212.
  • Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la Guerra Civil, El Páramo, Córdoba, 2011. En las págs. 54-56 encontramos una pequeña historia de los tres maestros nacionales de Nueva Carteya fusilados en Córdoba: José González Cantillo, José Pérez Arenas y José Gómez Cárdenas.
  •  –Blog Disipar Tinieblas

Información (y poema) adicional

En julio de 2017, Antonio Aguilar, residente en Terrassa (Barcelona), que lleva años en contacto conmigo para esclarecer la muerte de su abuelo Antonio Caballero Cordón, vecino de Nueva Carteya y fusilado en Córdoba en diciembre de 1936, me envió este poema dedicado a su memoria. Su madre, ya fallecida, se realizó con 93 años la prueba de ADN a través del Programa de Identificación Genética de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura, coordinado por la Generalitat de Cataluña, con la intención de poder identificar el cadáver en el caso de que se iniciaran las exhumaciones de las fosas comunes de los cementerios de Córdoba.