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Las exhumaciones en 1979 y 1980 de fusilados en Iznájar durante la Guerra Civil

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Desde el final de la Guerra Civil en 1939, la identificación y enterramiento digno de las víctimas mortales ocasionadas por la violencia republicana, a las que se identificó como mártires y “Caídos por Dios y por España”, se convirtió en una prioridad para la dictadura franquista. Con dinero público se estableció una política de Estado para que fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron al menos dos Órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de la Gobernación (esta última, sobre “Inhumaciones y exhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos«). A la vez, durante cuarenta años, los cuerpos de los republicanos fusilados durante la guerra y la primera posguerra permanecieron enterrados y ocultos en fosas comunes de cementerios, cunetas y descampados, sin que sus familias tuvieran la oportunidad y el derecho de recuperar sus restos.

Tras la muerte de Franco en 1975, los familiares de las víctimas republicanas se armaron de valor en algunas localidades, y en medio de una democracia incipiente acechada por múltiples peligros, decidieron recuperar los restos de sus seres queridos. Para conseguirlo, solicitaron permisos a los alcaldes y se encargaron ellos mismos, con sus propias manos, de la extracción de los cadáveres. Estas exhumaciones tempranas, como es obvio, se realizaban de manera rudimentaria y no seguían los métodos de excavación e identificación científicos, que no se comenzaron a aplicar por primera vez hasta el año 2000 en una fosa común en Priaranza del Bierzo (León). Desde ese año se han rescatado unos 18.000 cuerpos, pero la inmensa mayoría de ellos están sin identificar. De hecho, entre los 8.941 cuerpos rescatados entre 2019 y 2025 solo se ha identificado a 70.

En plena transición democrática, la localidad cordobesa de Iznájar fue una de las pioneras en la exhumación, en los años 1979 y 1980, de los restos de los asesinados por los golpistas durante la guerra. En la madrugada de 19 de julio de 1936 había triunfado en el pueblo la sublevación militar, capitaneada por el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, comandante de puesto de la Guardia Civil, y con rapidez comenzaron las detenciones y los fusilamientos. Al igual que ocurrió en otros muchos lugares, en Iznájar un porcentaje altísimo de asesinados nunca se llegó a inscribir en los libros de defunciones de los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad, de manera que a la desaparición física de estas personas se añadía su desaparición documental e histórica. Aun así, y según se puede consultar en una entrada anterior de este blog, ahora mismo poseemos una relación parcial e incompleta de 86 víctimas mortales de la represión franquista durante la guerra en el municipio, de las que 37 (43%) no están inscritas en el Registro Civil. Iznájar albergaba a 12.345 habitantes en 1940.

Las exhumaciones de Iznájar se realizaron gracias al empuje de las familias y por el apoyo decidido del primer alcalde de la democracia elegido en 1979, el andalucista Manuel Llamas Sanjuán, que se encargó de tramitar las autorizaciones ante instancias superiores. Es de resaltar que todo aquel proceso se desarrolló con normalidad, aunque esta cuestión desde hace algunos años suele causar enconadas controversias políticas. Sirva de ejemplo el debate ocurrido en el pleno municipal de Iznájar del 13 de enero de 2012, sobre la propuesta de reprobación de un concejal por unas presuntas declaraciones, que se consideraron poco respetuosas, sobre la búsqueda de “huesos” de los desaparecidos.

Uno de los argumentos que utilizan los que se oponen a que las familias de los represaliados republicanos puedan recuperar sus restos, es que hay que “dejar descansar a los muertos en paz”, sin entender que un fallecido descansa en paz cuando reposa de manera decorosa donde deciden sus familiares, no en la fosa donde lo arrojaron sus verdugos tras asesinarlo. “Enterrar a los muertos”, que es una obra de misericordia de la tradición católica muy arraigada en nuestra cultura, supone sepultar de manera digna a los difuntos para que sus allegados puedan recordarlos y honrarlos. En el caso de los represaliados durante la guerra y la posguerra, la localización de sus restos supone para muchas familias el cierre de una herida y la finalización de un duelo incompleto transmitido de generación en generación a través de una memoria heredada.

Para tratar de reconstruir cómo se realizaron las exhumaciones en Iznájar hemos acudido, entre otras fuentes de información, a dos testigos presenciales. Por un lado, a Paqui Rosúa Granados, con quien hablamos el 15 de mayo de 2025. Es sobrina de Antonio Granados Ginés, uno de los exhumados en 1979. Por otro lado, el 17 de junio del mismo año recogimos las palabras de Diego Ortiz Pacheco, sobrino político de Francisco González Caballero, desenterrado en 1980.

La exhumación de 1979

Cripta con los restos de los siete fusilados trasladados al cementerio de Iznájar desde Encinas Reales en 1979.

A principios de septiembre de 1936 detuvieron a Antonio Granados Ginés, que tenía entonces 33 años. Vivía con su mujer, que estaba embarazaba, y los dos hijos de ambos. Se ganaba la vida trabajando de albañil, era socialista y militaba en el sindicato UGT. Cuando la procesión de la Virgen de la Piedad, patrona del pueblo, pasó el día 8 por una calle cercana a la cárcel municipal, se comentó que los carceleros lo sacaron junto a un grupo de prisioneros para que vieran a la Virgen y les advirtieron que sería la última vez que lo harían. Su trágica amenaza se cumplió con rapidez. El día 13 se los llevaron en un camión y los fusilaron. En aquella saca iban también Fernando Osuna Caballero, de 33 años y con un hijo, Antonio Llamas Hidalgo, de 17 años, el empleado municipal Adolfo Torrubia Cruz y tres hombres más. Entre los asesinos se encontraban un taxista, un personaje que ostentó altos cargos municipales durante el franquismo, un labrador que vivía en las afueras y se cree que también un cuñado de este, ya que al día siguiente de la masacre llevaba salpicaduras de sangre en sus zapatillas de campesino. Se dijo que uno de los cuatro le cortó la mano al escribiente del Ayuntamiento Adolfo Torrubia, antes de asesinarlo, porque había redactado escritos a favor de la Ley de Reforma Agraria. También se rumoreó que los verdugos, cuando volvieron de cumplir su cometido y para celebrar la matanza, se dirigieron al bar del padre de uno de ellos y pidieron siete vasos de vino, el mismo número de personas que habían acribillado.

Entre los asesinados hemos indicado que se encontraba Antonio Llamas Hidalgo, que solo tenía 17 años y pertenecía a una familia muy humilde, cuyos miembros se acostaban con frecuencia sin cenar porque carecían de comida. Gracias al testimonio de una sobrina hemos sabido que pudieron influir varias causas en su detención, a pesar de su corta edad y de que no tenía militancia política conocida. El primero es que durante unos días vendió prensa republicana y obrera con el único fin de ganar algo de dinero que se llevaba de comisión con cada periódico vendido. En otra ocasión, junto a un grupo de jornaleros, trabajó con un señorito de Iznájar que se negó a pagarle el sueldo que establecían las bases de trabajo, así que lo denunciaron en el Jurado Mixto, el organismo que se encargaba de los pleitos laborales. Por último, una vez se disfrazó en Carnaval con un trapo rojo en el cuello, pero porque era lo primero que encontró en su casa para ponerse, no para utilizarlo como símbolo político izquierdista. Cualquiera de estos hechos, u otros parecidos, eran motivo entonces para terminar fusilado en la zona controlada por los militares que se habían sublevado contra la República.

El iznajeño Juan Osuna Caballero siempre recordó con dolor que a su hermano Fernando lo habían asesinado el 13 de septiembre de 1936. Él mismo también sufrió la represión, ya que permaneció tres años encarcelado en la posguerra junto a su paisano Diego Campillos González. Así que en 1979, cuando hacía poco más de tres años que había muerto el jefe del Estado Francisco Franco, y amparándose en el precario clima de libertades que trajo la nacida democracia, decidió buscar los restos de su hermano y de los que habían sido fusilados con él. Para descubrir el lugar de la ejecución, abordó a un conocido falangista, Pedro Doncel Quintana, apodado Periquillo el de la Carolina, que le manifestó que él no había intervenido en esas muertes. Le aconsejó que le preguntara al conductor del camión en el que los trasladaron, que fue quien le indicó el sitio con exactitud. Este hombre en más de una ocasión transportó a los que iban a ser fusilados en las tapias del cementerio de la vecina localidad de Encinas Reales. Normalmente él sabía quiénes eran las víctimas, aunque procedieran de las aldeas, ya que era conductor. Sin embargo, al tener que llevar a este grupo, que conocidos suyos, sintió un repentino cargo de conciencia y cuando se acercaban al cementerio optó por no continuar la marcha. Los verdugos decidieron entonces bajar allí mismo a los presos y los fusilaron en una cuneta al lado de la carretera.

Juan Osuna, cuando supo el lugar exacto de enterramiento de su hermano Fernando, y en representación además de las familias de los tres fusilados con él que nombramos con anterioridad, intentó conseguir los permisos legales para la exhumación. Se dirigió al alcalde Manuel Llamas Sanjuán, que contactó a su vez con el alcalde de Encinas Reales. Este solicitó autorización al director provincial de Salud, que el 6 de agosto de 1979 se la concedió.

Antonio Granados Ginés, uno de los iznajeños exhumados en 1979.

Con el permiso legal en la mano, los familiares de los asesinados, provistos de picos, palas y espuertas, se encaminaron en dos coches al sitio que les había indicado el conductor del camión, situado al lado de una cuneta en la carretera de Encinas Reales. Mientras se encontraban allí, tuvieron la suerte de que se aproximó un hombre de esa localidad. Les contó que él tenía 15 años cuando se produjeron los asesinatos. Como trabajaba de cabrero con su padre y se encontraban en el campo, al poco rato del fusilamiento vieron los cadáveres, se apenaron de las víctimas y decidieron enterrarlas, de manera que les señaló el lugar exacto donde lo hicieron. Facilitó la tarea de localización que el punto donde se hallaban los cuerpos se había mantenido sin arar durante todo este tiempo y fue señalado con unas piedras encima. En aquel momento pasó casualmente por allí una excavadora. El hombre de Encinas Reales conocía al conductor, y le dijo que hiciera el favor de meter la pala en la tierra. Con la primera excavada ya aparecieron huesos, así que de inmediato le indicaron que parara para poder proseguir la labor con sus propias manos. Según manifiesta nuestra informante, lo que vieron allí “fue horroroso”. En su narración textual del momento afirma lo siguiente: “Eso no se lo deseo yo a mi peor enemigo. El olor era insoportable y me revolvió el cuerpo. Estuve más que un mes que solo podía alimentarme de zumos”.

En la fosa aparecieron siete cadáveres y muchísimas balas muy bien conservadas. De tres de los cuerpos no se supo nunca su identidad, aunque decían que dos de los exhumados podrían ser de Ventorros de Balerma, una aldea iznajeña. La identificación, en un momento en que no existían las pruebas de ADN, se produjo porque se encontró una petaca que los hermanos de Antonio Granados Ginés identificaron como suya (esta petaca se la llevaron los hijos de Antonio como doloroso recuerdo a Igualada, el pueblo de Barcelona a donde habían emigrado hacía muchísimos años). También supieron que habían acertado en la búsqueda de los restos porque uno de los asesinados, Antonio Torrubia Cruz, era muy alto, y uno de los cuerpos encontrados destacaba sobremanera en largura sobre los demás.

Fotografías en la lápida del cementerio de Iznájar de Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Como ya hemos señalado, el proceso de extracción de los restos fue manual y los depositaron en cuatro ataúdes que se llevaron al cementerio de Encinas Reales. Al día siguiente, 23 de agosto de 1979, se realizó el traslado a Iznájar por medio de una empresa funeraria. Pararon a la entrada del pueblo y la comitiva, integrada por cientos de vecinos en silencio, inició a las siete y media de la tarde el recorrido por la calle Córdoba en medio del respeto de las personas que se encontraban a su paso. No hubo ninguna vigilancia especial de las fuerzas de orden público ni presencia destacada de la Guardia Civil. Como Juan Osuna tenía amistad con el cura, los féretros entraron en la Iglesia y se les ofreció una misa antes de darles “cristiana sepultura”, según consta en la esquela mortuoria que se difundió para avisar del sepelio. Luego se les enterró en el cementerio en el mismo nicho, con los cuatro nombres de los vecinos identificados, sus fotos y la inscripción de “asesinados por su condición de demócratas”. De las cuatro víctimas, solo Fernando Osuna Caballero está inscrito oficialmente en el Registro Civil de Iznájar, pero muchísimos años después de que lo mataran. La anotación se realizó el 26 de mayo de 1953 y bajo el concepto de “desaparecido”, no como el de fallecido. De los otros seis no existe ninguna constancia documental de su asesinato.

La exhumación de una fosa común casi siempre lleva aparejada la reconstrucción de la biografía de las víctimas encontradas, el recuerdo del sufrimiento que padecieron sus familiares y la descripción de los odios y miserias humanas que surgieron alrededor de estos asesinatos. En este proceso de memoria, debemos señalar que cuando detuvieron a Antonio Granados Ginés, sus hermanos se dirigieron a pedir ayuda a unos primos hermanos por parte de madre, destacados falangistas, pero se la negaron, así que rompieron la relación familiar con ellos para siempre. Los padres de Antonio Granados, que vivían en la plaza Nueva, tras su fusilamiento debieron abandonar su domicilio. Habitar allí resultaba peligroso porque todos los días los balillas de la Falange se dedicaban a apedrear las macetas de flores que tenían en el poyo cercano a la casa. El dolor y el miedo se acentuaron porque un día se presentó allí un conocido falangista. Les advirtió de que no se oyeran voces ni llantos por la muerte de su hijo sino querían ir “por el mismo camino que él”. Carmen, la madre de Antonio Granados, siempre vivió con la pena profunda de no saber dónde habían enterrado a su hijo, y se preguntaba continuamente, entre lloros, dónde estarían sus “huesitos”, porque su deseo era tenerlos algún día “recogiditos”. También una hermana de Antonio, Dolores, cuando ya estaba anciana y en silla de ruedas, se negó a que el párroco la confesara. Argumentó que en su casa había pasado una desgracia muy grande y por ese motivo ella “ni olvidada ni perdonaba”.

Respecto a los ejecutores de aquellos asesinatos, se cuenta que uno de ellos, cuando ya estaba anciano, decía que se le aparecía por las noches la imagen de Antonio Granados Ginés. También se sabe que otro de los que había participado en los fusilamientos, el día del entierro en Iznájar de las víctimas, se marchó del pueblo a una vivienda que tenía en la costa de Málaga y no regresó hasta dos o tres días después.

La exhumación de 1980

Lápida del nicho en el cementerio de Iznájar con los restos de ocho fusilados en 1936 que fueron trasladados desde Ventorros de Balerma en 1980.

Francisco González Caballero era hermano del alcalde republicano de Iznájar. En julio de 1936 tenía 27 años y vivía en el número 24 de la calle Antigua junto a su mujer María Ortiz Padilla y sus hijos María Francisca y Diego. El 27 de septiembre lo fusilaron con otros siete hombres en Ventorros de Balerma, una aldea que se reparte entre los municipios de Iznájar y Loja. Los mataron al lado de la Cantera, en la fuente de Alcántara, en el término de Loja. Tras la dictadura de Franco, su hijo Diego decidió enterrarlo dignamente. Gracias a su tío Juan Diego, hermano de su madre, que había trabajado de cabrero en Ventorros, sabía perfectamente el sitio donde lo habían asesinado. En 1980 solicitó el permiso para la exhumación al alcalde Manuel Llamas Sanjuán, que se encargó de tramitarlo legalmente. Cuando consiguió la autorización, junto a su tío Juan Diego y otros vecinos de Iznájar, se dirigió al lugar donde se encontraba la fosa. Comenzaron a cavar, aunque en principio sin resultados. En un huertecillo colindante había un hombre mayor, llamado Antonio, que al verlos se les acercó y les preguntó qué hacían. Se lo contaron y les comentó que estaban en el punto exacto, pero que el lugar se había colmado de tierra con el paso de los tractores de labranza, por lo que había alcanzado una altura de casi dos metros sobre el nivel que tenía en 1936. También les dijo que él presenció los asesinatos porque estaba en ese momento en una choza situada cerca del huerto. Tenía entonces 14 años y junto a su tío vio un camión que traía ocho presos. Unos hombres armados, entre los que se encontraba un conocido represor que luego fue guardia municipal en la posguerra, los bajaron. En frente de ellos los ataron con cuerdas de un chaparro a otro. Los verdugos, cuya identidad les reveló, se colocaron en la carretera. Desde allí comenzaron a disparar mientras se entretenían tomando unas copas de aguardiente.

El hombre les contó que, tras presenciar los asesinatos, sufrieron una impresión tan enorme que su tío se metió en la cama y falleció a los 14 días. Y él, hasta la noche en que se casó con 28 años, debió dormir con su madre, ya que quedó tan traumatizado que al acostarse sentía pánico porque le venía a la mente la imagen de la masacre. Les especificó además que entre los cadáveres debía aparecer el de un hombre muy alto y con el brazo quebrado, de apellido Perea o Espinar, que se había encarado con los asesinos. Les había gritado que si tenían huevos que lo soltaran y pelearan mano a mano. Como respuesta, uno de los matarifes le dio un golpe con el mosquetón y le fracturó el brazo.

Delantera de la comitiva del entierro en Iznájar de los fusilados exhumados en 1980.

Cuando por fin dieron con los cadáveres, estaban enterrados en posturas grotescas, tirados de cualquier manera, y todos los cráneos presentaban un tiro de gracia. Entre los huesos aparecieron muchas balas de mosquetón y máuser, y varias monedas. Para la identificación de los cuerpos contaron con la ayuda del Perlo, el enterrador de Iznájar, que al ver los huesos iba especificando si el hombre era alto o bajo, u otros datos de su físico que ayudaban a saber quién podría ser. A uno lo identificaron por un diente de oro. A Francisco González Caballero porque al ser zapatero llevaba unos zapatos de calidad, y se conservaban como si lo hubieran enterrado hacía poco tiempo. Al hombre de apellido Perea o Espinar por la largura de sus huesos.

Tras la extracción de los cuerpos se llevaron en sacos individualizados a la iglesia de Ventorros de Balerma, donde permanecieron tres o cuatro días. Y desde allí, el 15 de agosto de 1980, los trasladaron en ataúdes a la plaza de la Venta de Iznájar para salir hacia la calle Córdoba. El entierro fue multitudinario, de lo que dan fe las dos fotografías que publicamos en esta entrada del blog. Ninguno de los nombrados como verdugos por Antonio, el adolescente de 14 años que había presenciado los asesinatos en Ventorros, pisó ese día a la calle.

Comitiva del entierro en Iznájar de los fusilados exhumados en 1980.

Con la intención de localizar a los familiares de las ocho víctimas se realizó un enorme esfuerzo. El alcalde Manuel Llamas Sanjuán alertó a los alcaldes pedáneos de las aldeas para que ayudaran en la búsqueda. Y Diego González Ortiz, el promotor de la exhumación, logró contactar con los hijos o familiares de todas las víctimas. Cuatro se desentendieron del asunto por miedo, ya que la dictadura hacía poco más de cuatro años que había acabado y su sombra permanecía. En la lápida del nicho del cementerio de Iznájar en el que están enterrados los ocho fusilados, con la inscripción de “asesinados por su condición de demócratas”, se anotan cuatro nombres. De los cuatro, Juan Aguilera Puerto no está inscrito en el Registro Civil. Los que sí aparecen, asentados muchos años después de su asesinato y bajo el concepto de desaparecidos y no de fallecidos, como en realidad lo estaban, son las tres víctimas siguientes:

  • Francisco González Caballero, hijo de Francisco y María, 27 años, campesino, casado con María Ortiz Padilla, hijos: Mª Francisca y Diego, “su desaparición se dice ocurrió el día 27 de septiembre de 1936 de su domicilio de Iznájar calle Antigua nº 24”, inscrito en el Registro el 4 de mayo de 1955.
  • Vicente González Ortiz, de la aldea de El Adelantado, hijo de Bernardo y María, 21 años, desapareció de su domicilio el 20 de septiembre de 1936, inscrito en el Registro el 21 de febrero de 1948.
  • Juan Rubio Hoyo, hijo de Andrés y María, 30 años, casado con Carmen Cano Aguilera, hijos: Andrés y Mª Josefa, desaparecido 15 de agosto de 1936, inscrito en el Registro el 26 de mayo de 1953.

Información adicional:

Diario de operaciones del teniente Carlos Galindo Casellas. Los primeros meses de la guerra civil en Rute, Iznájar y localidades vecinas

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Carlos Galindo Casellas nació el 17 de marzo de 1902 en Ronda (Málaga). Se casó en 1928 con Rosa Osuna Ardizone y no tuvo hijos. Según su hoja matriz de servicios que se conserva en el Archivo General Militar de Segovia (sección CG, legajo G-17), con 18 años marchó voluntario al servicio militar, que realizó en Melilla, y participó en varios combates y operaciones militares en Marruecos, donde obtuvo dos medallas de guerra. Alcanzó el grado de teniente de Caballería y pasó a la reserva en junio de 1932. Como era además abogado, el 26 de febrero de 1936 comenzó a trabajar de secretario del Ayuntamiento del pueblo cordobés de Rute, tras haber ocupado plaza en otros municipios españoles como Priego (Cuenca), San José (Ibiza), Falset (Tarragona) e Iznatoraf (Jaén)). Cuando se produjo la sublevación militar del 18 de julio apoyó el golpe de Estado y comenzó a redactar un “Diario de Operaciones y notas” hasta pocos días antes de su fallecimiento en el frente de Monterrubio de la Serena (Badajoz), el 23 de julio de 1938. Tenía al morir 36 años.

Esquela mortuoria de Carlos Galindo publicada en el periódico ABC el 23 de julio de 1939, primer aniversario de su muerte.

El diario de Carlos Galindo, que abarca 111 páginas, de las que las primeras 85 aparecen mecanografiadas y el resto manuscritas, ha sido localizado en el Museo del Ejército de Toledo (Inf. 26.322) por el historiador toledano Roberto Félix García, quien generosamente me ha cedido el contenido para su publicación. Sus páginas son una radiografía de las operaciones de guerra que tuvieron lugar en Rute, Iznájar —fue nombrado comandante militar del pueblo en agosto— y otras localidades aledañas de las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. Es un documento extraordinario y muy valioso porque nos permite conocer qué estrategias y fuerzas se organizaron diariamente para la defensa de Rute e Iznájar y para la conquista de las localidades y tierras vecinas. Aun así, hemos de tener en cuenta a la hora de leerlo que estos diarios militares son, en determinadas ocasiones, textos en los que se ensalzan y magnifican las hazañas propias (como cuando  habla del intento republicano de tomar Iznájar el 10 de agosto de 1936), se ocultan hechos, se inventan otros y se recurre a la falsedad o las medias verdades si es necesario.

El diario comienza el 17 de julio de 1936 en Rute, cuando ante las noticias de que se había producido una sublevación militar en las zonas españolas del norte de África, Carlos Galindo contacta con el jefe de la Falange (posiblemente Manuel Villén Roldán) para organizar el apoyo al golpe de Estado en el pueblo. El día 18, sábado, la rebelión se extiende a la Península y a las tres de la mañana del 19 el alférez Basilio Osado Labrador, comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil, proclama el bando de guerra y detiene a los concejales y a los líderes de los sindicatos y los partidos del Frente Popular, la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes del 16 de febrero y que controlaba el Ayuntamiento. Rápidamente crean una guardia cívica en Rute y en la aldea de Las Lagunillas, y una escuadra de la Falange —la Falange también se organiza en las aldeas que unen Rute con Lucena—, que comienza a operar en aquellos días en los caminos y aldeas hacia Iznájar y la cercana localidad malagueña de Cuevas de San Marcos. Para responder al golpe de Estado, muchos vecinos de Rute siguen la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España. Otros muchos, para escapar de la represión, comienzan a huir a la sierra de Rute. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados.

Como en Rute y las localidades vecinas triunfó el golpe gracias al apoyo de la Guardia Civil y la situación estaba controlada, el día 2 de agosto el comandante militar de Rute y jefe de línea de la Guardia Civil, el alférez Basilio Osado, ordena a Carlos Galindo que se encargue de la defensa de Iznájar, situada a unos 20 kilómetros. Allí, el comandante de puesto de la Guardia Civil, el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, les pedía ayuda, pues se temía un ataque republicano desde sus aldeas o desde las localidades vecinas de Loja (Granada) o Cuevas de San Marcos (Málaga). Nada más llegar a Iznájar, Carlos Galindo organiza con rapidez guardias cívicas y de Falange, destituye la Corporación municipal, nombra una nueva Gestora para administrar el Ayuntamiento y encarcela a los dirigentes frentepopulistas.

La represión fue muy dura en Iznájar durante esos meses de verano y principios del otoño. Tenemos documentado el fusilamiento de al menos 75 personas, la mayoría identificadas por informaciones aportadas por sus familias, de las que solo 28 han dejado rastro documental de su muerte en los libros oficiales de defunciones del Registro Civil, donde es obligatorio inscribir a los que fallecen. No obstante, por las incursiones en las aldeas iznajeñas que continuamente refiere el diario de Carlos Galindo, y la forma en que se llevaron a cabo, es de suponer que la aplicación del “bando de guerra”, es decir, los fusilamientos, tuvieron que ser mucho más numerosos. Sin embargo, y por desgracia, no hemos realizado una investigación profunda sobre esta cuestión en el municipio a través de testimonios orales, que es la fuente fundamental de recopilación de los nombres de las víctimas cuando los documentos escritos escasean o no son lo suficientemente esclarecedores. Que solo una de cada tres víctimas mortales esté inscrita en los libros de defunciones del Registro Civil en Iznájar deja claro el nivel de ocultación (algo normal en cualquier dictadura) que tuvo la represión franquista, y demuestra la importancia que tiene la investigación histórica para conocer el verdadero alcance y la magnitud de esta violencia.

Iznájar, la aldea próxima de la Celada y algunas cortijadas están, desde el 18 de julio de 1936, en manos de los que respaldan la sublevación militar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la mayoría de las otras 21 aldeas que conformaban el municipio —muchas están hoy ocultas bajo las aguas del pantano—. En estos núcleos, al no existir un cuartel de la Guardia Civil que apoyara el golpe de Estado, los vecinos se mantuvieron fieles a la República a pesar de no contar con apoyo militar para organizar su defensa. Las fuerzas de Carlos Galindo tienen como principal objetivo el control de esas aldeas para alejar el peligro republicano de Iznájar y, lo más importante, para asegurar las comunicaciones directas entre las ciudades de Córdoba y Granada, pues ambas capitales de provincia estaban dominadas por los militares rebeldes.

El hecho más grave al que se tuvo que enfrentar Carlos Galindo fue el ataque fracasado de fuerzas republicanas a Iznájar por las lomas de la Cuesta Colorá el 10 de agosto de 1936. Prueba de la importancia que le da a este hecho es que al final de su diario recoge transcritas las noticias grandilocuentes que publicaron los periódicos Ideal de Granada (1 de octubre) y La Voz de Córdoba (26 de agosto) sobre el asalto. Sin embargo, el hecho no ocurrió como él lo cuenta ni el intento de conquista fue tal. Según recoge el iznajeño Diego Ortiz Pacheco en su libro El pueblo habló. Pinceladas históricas (páginas 54 y 55), editado en 2014, como las fuerzas de Carlos Galindo habían cortado el Puente de Hierro, los republicanos no pudieron pasar con camiones, así que algunos soldados a pie se apostaron en la Cuesta Colorá y en cerro Hachuelo, desde donde tiraron algunos tiros al aire y se retiraron.

El testimonio de Manuel Llamas Sanjuán, antiguo alcalde andalucista de Iznájar, que recogí en 2004, hablaba también de que estas fuerzas republicanas solo hicieron un par de disparos y que uno dio en la entrada del cementerio, así que coincide en lo fundamental con el libro de Diego Ortiz. Ambos señalan que la causa de que los republicanos no entraran en Iznájar y se retiraran sin intentarlo se debió a que las  tropas las mandaba un capitán iznajeño, Francisco Alcántara Cañas, apodado Larita, quien temía las represalias que pudiera sufrir su familia y el daño que se le podía causar al pueblo. De hecho, dos días después de que los republicanos se retiraran sin plantear batalla, pelaron en Iznájar a los padres del capitán Francisco Alcántara, los purgaron con aceite de ricino y los pasearon por las calles para que sirvieran de mofa.

El 21 de agosto Carlos Galindo es nombrado de manera efectiva comandante militar de Iznájar, convirtiéndose en la máxima autoridad de la localidad. Para el día 23 ya tenía organizadas unas abultadas fuerzas en el pueblo, según un cuadro que conserva al final en su diario. Contaba entonces con 16 guardias civiles y 444 falangistas armados de manera variopinta (fusiles, mosquetones, carabinas, rifles y sobre todo escopetas), a los que hay que añadir 206 voluntarios posiblemente encuadrados en la Guardia Cívica (el municipio tenía unos 12.000 habitantes). En cuanto a municiones, destacaban 16 cajas para fusil, 6.500 cartuchos de escopeta y 1.567 para armas largas. Disponía también de 345 pistolas y revólveres y 1.800 cartuchos. Y para el transporte usaban 14 camiones, siete coches, una moto, 43 mulos y nueve caballos.

Con esta gruesa maquinaria bélica, el día 29 de agosto sus fuerzas comenzaron a ocupar la aldea de El Remolino, donde con anterioridad habían incendiado muchas casas para castigar a la población civil. Durante su incursión realizaron algunos fusilamientos y hubo abusos y violaciones de mujeres. Este episodio histórico ya pude analizarlo en 2005 gracias al testimonio de Antonio Montilla Cordón, uno de los habitantes de la aldea, que fue publicado por la revista Cuadernos para el Diálogo en 2007. Hemos de tener en cuenta que los asesinatos en El Remolino no se producen como respuesta a una violencia física previa de los republicanos, pues en las zonas y aldeas de Iznájar controladas por ellos no se ejecutó ningún fusilamiento durante aquellos meses. Un caso ejemplar en este sentido es el del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos, muy citado en el diario de Carlos Galindo, donde en los dos meses de dominio republicano no se mató a nadie y tras su ocupación por fuerzas de Iznájar y de Lucena se fusiló al menos a 55 personas según la lista publicada por el estudioso local José Terrón Arjona en su libro Memoria sin sombra, editado en 2011.

En el diario de Carlos Galindo hay continuas referencias a los saqueos realizados por los republicanos en los cortijos, aunque no sabemos sí eso ocurrió en verdad en las aldeas de Iznájar. El pillaje es harto frecuente en un clima de enfrentamiento bélico y de calamidad pública, cuando se desbaratan los mecanismos de orden público y no existen autoridades que mantengan la ley. En bastantes ocasiones, esas requisas se produjeron porque hubo que asegurar el abastecimiento de alimentos para la población en un estado de guerra. Muchas personas no podían salir a trabajar a los campos por la inseguridad que se respiraba y el peligro que suponía, y había que alimentarlas. Otros vecinos se ofrecieron al servicio de la causa republicana, y no trabajaban ya en labores agrícolas por lo que no podían llevar un salario a sus casas. Con una buena parte de la población, jornalera y campesina, que vivía en unos niveles de auténtica supervivencia desde antes de que comenzara la contienda, la requisa de alimentos era el método más rápido y fácil de obtener alimentos. De hecho, las fuerzas de Carlos Galindo aplicaron el mismo método de requisa en las tierras conquistadas por ellos (hay referencias en su diario a requisas de caballos el 13 de octubre y de automóviles el 18 de noviembre), aunque él no lo detalle. Además, los bienes de los que huían fueron saqueados de sus casas (camas, ajuares, máquinas de coser, etc.) y se abrieron también oficialmente multitud de expedientes de incautación de bienes aquel mismo verano contra vecinos de ideología republicana.

Un caso documentado de rapiña de las fuerzas de Carlos Galindo ocurrió en El Higueral. Él dice en su diario que lo que ellos requisaron allí había sido a su vez robado con anterioridad por los republicanos en los cortijos, pero no es cierto, pues eran bienes legítimos de las familias de la aldea. El iznajeño Diego Ortiz Pacheco lo cuenta en parte en su libro ya citado (página 57) tomando como fuente el testimonio de varios vecinos de El Higueral, que ya había sido tomado con anterioridad por la Guardia Civil de Priego. Refiriéndose al primer día de la entrada de los «fascistas» desde Iznájar, relata: «…matar no mataron, pero estuvieron todo el día paseándose por la calle con los caballos. Se llevaron las bebidas del bar y todo el comestible de la tienda. Iban borrachos como cabras, echándole los caballos a los niños. A una mujer le levantaron el vestido. Uno de ellos se llamaba Rodrigo [posiblemente el guardia Rodrigo Salas Bote, responsable de varios fusilamientos en la aldea de El Remolino], otro, después fue municipal…».

La toma de la localidad malagueña de Villanueva de Tapia el día 30 de agosto por el general Varela, afín a los sublevados, aleja el peligro republicano de las cercanías de Iznájar y facilita que en el mes de septiembre las fuerzas de voluntarios y falangistas de Carlos Galindo realicen un auténtico paseo militar victorioso por la zona: el 1 ocupan las aldeas y cortijadas de Arroyo Cerezo, Cruz de Algaida, Gata, Gorgos y Adelantado; el día 3 Los Pechos, Fuente del Conde y Alcudilla; el 6 El Higueral; el 9 los Ventorros de Balerma; el 15 la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos (junto a una columna de caballería de Lucena) y el 22 de septiembre la aldea de Fuentes de Cesna, perteneciente al municipio granadino de Algarinejo. A finales del mes de septiembre sus fuerzas junto a las de otras localidades cordobesas intentan la toma de la localidad jienense de Alcalá la Real y el día 1 de octubre llegan a sus aldeas de Hortichuela y Las Pilas. Como consecuencia de los éxitos obtenidos, el día 7 de octubre el jefe provincial de las milicias de Falange Española de las JONS nombró a Carlos Galindo inspector delegado de esas milicias en el sector sur de la provincia, con acción sobre las localidades de Cabra, Doña Mencía, Nueva Carteya, Zuheros, Lucena, Encinas Reales, Rute y Benamejí.

Hoja manuscrita por Carlos Galindo en la que solicita su ascenso a capitán.

A principios de octubre de 1936 Carlos Galindo comienza a incluir en su diario referencias a las malas relaciones con el comandante de puesto de la Guardia Civil de Iznájar, el sargento Jerónimo Rivero, y con el alférez Basilio Osado, que cumple igual función en Rute —a este último lo define como “un perfecto idiota y un burro” en una entrada de su diario de 27 de mayo de 1937—. Las causas de estas desavenencias no están claras, aunque él culpa a los “elementos caciquiles” de Iznájar, que influyen en el sargento, y a la maldad de ambos mandos, a los que califica de “canallas”, cobardes y “envidiosos”. Una denuncia del primero origina el 20 de octubre el cese de Carlos Galindo como comandante militar de Iznájar por el gobernador militar de Córdoba y, en consecuencia, su reingreso como secretario del Ayuntamiento de Rute. Se lamenta de que nadie va a despedirlo cuando se marcha de Iznájar, salvo dos personas, y desconocemos cuál es la razón, pues el día 14 de agosto se había iniciado una recogida de firmas para agradecerle su labor en el pueblo a la que se sumaron unas doscientas personas (no se añadieron más porque él ordenó parar la iniciativa).

Los motivos por los que en solo dos meses la figura de Carlos Galindo pasa, ante la opinión pública iznajeña, de la aclamación a la ignorancia son un misterio por ahora. Según algunos testimonios, tendría que ver con el alcance de la represión por él ejercida o permitida, que llegó a escandalizar hasta a los propios derechistas del pueblo. Prueba de ello es que el día 2 de septiembre el jefe de la Falange en la localidad, Salvador Luque García, denunció en la Comandancia Militar de Lucena el fusilamiento de su tío Antonio Conde Luque y tres vecinos más por el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (Periquillo el de la Carolina) en la aldea de El Remolino, mientras estaban borrachos. Además, ese día, intentaron mutilar los cadáveres, abusaron de una mujer y realizaron otros desmanes (este episodio se narra en un artículo de mi autoría publicado por la revista Cuadernos para el Diálogo en el año 2007).

Sepulcro de Carlos Galindo en el cementerio de Rute.

A partir de su cese como comandante militar de Iznájar, Carlos Galindo comienza a maniobrar para denunciar ante varios mandos militares superiores la situación de acoso que él estima que sufre. Consigue reunirse con el gobernador militar de Córdoba, Ciriaco Cascajo, y envía un telegrama al general Gonzalo Queipo de Llano, la máxima autoridad militar de Andalucía en la zona franquista. Su intención es integrarse como oficial del Ejército en el cuerpo de Regulares —formado por tropas marroquíes indígenas—, lo que consigue a principios de diciembre de 1936 al ser destinado al 5º Tabor (escuadrón) de Infantería de Regulares de Melilla. Sus primeros combates serán en al frente de Madrid y en septiembre de 1937 pasará a Teruel. En enero de 1938 le comunican su ascenso a capitán en el 2º Tabor de Regulares de Melilla y su diario ya no se conserva a máquina, sino manuscrito. El 14 de junio de 1938 es el último día que escribe y el 23 de julio, con 36 años, encontró la muerte en Monterrubio de la Serena (Badajoz), en el frente de Extremadura. El Registro Civil de Rute señala como fecha de la muerte el día 22, con 26 años, pero está equivocado en la fecha y la edad. El día 28 el Ayuntamiento de Rute inició una suscripción popular, a la que aportó 300 pesetas, para costear un panteón en el cementerio parroquial, muy mal conservado en la actualidad, en el que aparece inscrito como “caído por Dios y por España”.

Carlos Galindo era una persona con bastante preparación intelectual, según se puede observar en su diario, algo lógico teniendo en cuenta que poseía la carrera de abogado. Desconocemos si en ello influyeron también sus orígenes familiares. Sabemos que un hermano, Antonio (fallecido en 1992), al que nombra varias veces, llegó a ser general de brigada de Infantería y gobernador militar de Ceuta, Gran Canaria y Cáceres durante el franquismo, además de pintor y escritor. La esposa de Antonio, la canaria María de las Mercedes Ortoll Vintró, fue una popular escritora de novelas rosas entre 1930 y 1963. En 1966, a ambos los nombraron miembros de la Academia Cultural y Social de París. Por otro lado, la viuda de Carlos Galindo, Rosa Osuna Ardizone, poseía en los años sesenta del siglo pasado una administración de loterías en el Paseo de las Delicias de Madrid. Ignoramos si fue una concesión por ser viuda de militar caído en el frente.

A continuación publicamos la primera parte del diario de Carlos Galindo, la referida a Rute e Iznájar, que abarca desde el 17 de julio al 7 de diciembre de 1936. Son 23 folios pasados a ordenador. Se ha respetado el texto original, incluidos los escasos signos de puntuación, y solo se han corregido contadas faltas de ortografía, se han eliminado algunas mayúsculas que antes eran de uso común y se han revisado los nombres de las aldeas (a El Remolino lo llama Remolinos, a Solerche, Solerches, etc.). El diario se puede leer en este enlace.

Información complementaria:

Listado de víctimas de la represión franquista en Iznájar

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En la madrugada de 19 de julio de 1936 triunfó en la localidad cordobesa de Iznájar la sublevación militar, capitaneada por el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, comandante de puesto de la Guardia Civil, quien se incautó del Ayuntamiento y clausuró el Centro Obrero. A principios de agosto ejerció como comandante militar Carlos Galindo Casellas, secretario del Ayuntamiento de Rute y teniente de Caballería retirado. Las detenciones y los fusilamientos se iniciaron con rapidez, lo que causó una masiva huida de vecinos hacia la zona republicana. El historiador Francisco Moreno Gómez, en su obra La guerra civil en Córdoba 1936-1939 (página 117), publicada en el año 1985, indicaba que los fusilados por la represión franquista en Iznájar anotados en los libros de defunciones del Registro Civil, algunos de ellos bajo el concepto de “desaparecidos”, fueron 28 (25 en el pueblo y tres en Córdoba). Sin embargo, estimaba que el número de asesinados durante la guerra civil llegó a los 50, ya que muchos quedaron sin inscribir en el Registro, y citaba el caso de Manuel Escamilla Caballero, de la aldea del Barrio de San José, fusilado en Córdoba el 15 de febrero de 1937.

Cuando en mayo de 2007 publiqué la segunda edición de mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute 1936-1950, incluí algunos datos relativos a Iznájar, debido a que ambos municipios son colindantes y a que falangistas y guardias civiles de Rute habían colaborado en tareas represivas en Iznájar. Me serví de la ayuda de dos testimonios importantísimos. Uno de ellos fue el de Antonio Montilla Cordón, quien me escribió desde Calafell (Tarragona) en octubre de 2005 para contarme la historia de El Remolino, donde él nació. Antonio Montilla, un niño de 11 años en 1936, había sido testigo durante la guerra civil de la represión desatada en esa aldea por los falangistas y la Guardia Civil de Rute e Iznájar. El Remolino era en 1936 una de las 22 pedanías del municipio de Iznájar y tenía en aquel tiempo unos 300 habitantes. El testimonio de Antonio Montilla poseía un enorme valor ya que, tras la construcción del pantano de Iznájar en los años sesenta, El Remolino quedó inundado y todos sus habitantes se vieron forzados a emigrar, por lo que él temía que la historia oral de lo ocurrido en la aldea se perdiera para siempre. Por fortuna, el testimonio de Antonio Montilla tuvo una amplia difusión y fue publicado en libros y revistas como Cuadernos para el Diálogo. El texto del número de la revista se puede leer en este enlace.

Alfonso Rabasco Ortega

Alfonso Rabasco Ortega, de la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado en fecha indeterminada.

Sabemos muy poco de la represión desencadenada durante la guerra civil en Iznájar y en sus aldeas, por lo que la prodigiosa memoria de Antonio Montilla es de una gran importancia histórica. En El Remolino, como en muchos lugares de España, en 1936 no hubo una guerra en sentido estricto, sino que lo que en verdad se desató fue una cruel represión que no se podía justificar con el argumento de una violencia previa de los republicanos, pues en la aldea no se cometió ninguna tropelía en contra de nadie. No se puede afirmar que hubo guerra cuando a un lado estaban las fuerzas militares y paramilitares golpistas (guardias civiles y falangistas) que realizaban incursiones en las que de forma indiscriminada quemaban, violaban y mataban, y en el otro lado, como víctima, una población civil indefensa. En definitiva, lo ocurrido en El Remolino más que un hecho bélico es un típico ejemplo de barbarie colonial, de una represión ciega movida por la crueldad y el desprecio a la vida, con la aplicación de una violencia extrema y de castigos ejemplares.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Un año después de que Antonio Montilla Cordón aportara su testimonio, el historiador Francisco Espinosa Maestre me envió una copia de un sumario de un consejo de guerra localizado por el también historiador José María García Márquez en el archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa nº 327, legajo 162, expediente 6.590). Se trataba del juicio sumarísimo contra el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (conocido con el apodo de Periquillo el de la Carolina) a los que se acusaba de haber infringido el bando de declaración del estado de guerra en El Remolino el 31 de agosto de 1936. El documento tenía una importancia enorme. Por un lado, corroboraba documentalmente, y si cabe de manera más trágica aún, ciertos pasajes del testimonio de Antonio Montilla Cordón. Por otro lado, nos encontramos ante uno de los pocos casos en los que la justicia inició una actuación por los excesos cometidos por los derechistas, un hecho excepcional que resultó posible porque el denunciante era el jefe de la Falange de Iznájar, despechado por el asesinato de su tío (Antonio Conde Lucena), aunque esta circunstancia del parentesco la omitió en su denuncia. Al final, el proceso judicial es una muestra contundente de la actuación irregular y partidista de la maquinaria judicial franquista cuando un acusado afín a su ideología se veía involucrado en algún delito y, también, es un claro ejemplo de cómo las actuaciones judiciales amparaban la represión en contra de los republicanos. El análisis que realicé en su momento de este consejo de guerra también salió publicado en la revista Cuadernos para el Diálogo, y es posible consultarlo en este enlace.

Antonio Rabasco Ortega, de la la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Antonio Rabasco Ortega, de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Los datos aportados en el año 2005 por Antonio Montilla Cordón permitieron revisar al alza la cifra de 50 fusilados en Iznájar que el historiador Francisco Moreno Gómez había estimado como fiable veinte años antes. De los 13 asesinados que nombra Antonio Montilla en su testimonio, todos con nombres y apellidos, solo algunos están inscritos en los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente legal para el estudio histórico de los fallecimientos. Una situación similar encontramos en Las Huertas de la Granja, otra pedanía de Iznájar sepultada hoy por las aguas del pantano. Gracias al testimonio de Domingo Rabasco Molina, recogido por mí en 2004, sabemos que allí se fusiló a siete personas. En total, en estas dos aldeas ya sumamos 20 asesinados, de los que solo una parte está anotada en el Registro Civil, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas.

Un porcentaje altísimo de víctimas mortales de la violencia franquista, como podemos ver en Iznájar y en otras muchas localidades, nunca se llegaron a inscribir en los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad. Toda dictadura, de izquierdas o de derechas, siempre ha intentado borrar las huellas de su violencia, y en esto el franquismo no fue una excepción. Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Iznájar fue un municipio pionero en la exhumación de los restos de los asesinados por los golpistas durante la guerra civil, lo que a su vez también nos ha facilitado el recuento del número de víctimas en el municipio. Durante el mandato del alcalde andalucista Manuel Llamas Sanjuán, en la temprana fecha del 23 de agosto de 1979 fueron trasladados los restos de siete iznajeños que habían sido fusilados el 13 de septiembre de 1936 en el pueblo cercano de Encinas Reales. Aunque hubo tres que no se pudo identificar, los nombres de los otros cuatro (Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero) aparecen en la cripta en la que están sepultados. Solo el último de estos fusilados aparece inscrito en los libros de defunciones del Registro Civil de Iznájar.

El 15 de agosto de 1980 se produjo un nuevo traslado de cadáveres de otros cuatro asesinados (Francisco González Caballero, hermano del alcalde republicano; Juan Rubio Hoyo; Juan Aguilera Puerto y Vicente González Ortiz) desde los cerrillos de Ventorros de Balerma, donde los habían fusilado el 27 de septiembre de 1936, al cementerio de Iznájar. De ellos, uno no está asentado en el Registro Civil.

Jacinto Sánchez Campillo, de 33 años, muerto en la Prisión Provincial de Córdoba el 13 de mayo de 1942.

Con los datos que poseemos, ya hemos superado la cifra de 50 asesinados que estimaba el historiador Francisco Moreno Gómez en 1985. Ahora mismo tenemos una relación nominal de 86 víctimas de la represión franquista durante la guerra en el municipio de Iznájar, de las que 37 (43%) no están inscritas en el Registro Civil. En la posguerra hay otras 14 víctimas, más una asesinada en el campo nazi de Mauthausen. Y estos datos se han alcanzado cuando solo se han recogido dos testimonios orales y únicamente se han cuantificado de manera detallada los asesinados en dos aldeas (faltan otras 20 por investigar detenidamente). Por desgracia, la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal referida a los años de guerra y posguerra, que nos podría servir de ayuda en nuestra labor de búsqueda de información sobre este tema, es escasa y está aún sin catalogar en parte, así que solo hemos podido extraer de ella datos muy concretos.

En el año 2014 el iznajeño Diego Ortiz Pacheco publicó un libro titulado El Pueblo habló. Pinceladas históricas en el que recoge muchos datos sobre Iznájar. Varios se refieren al año 1936 y se centran en la represión sufrida en el municipio tomando como fuente de información los testimonios orales aportados por varios vecinos desde los años noventa del siglo pasado. Anotamos a continuación un resumen de la información sobre fusilamientos que aporta en su libro Diego Ortiz porque nos da una idea de la magnitud de la violencia en los primeros meses de la contienda:

-Aldea Fuente del Conde: seis fusilados a mediados de septiembre.

-Carretera Iznájar-Loja: dos fusilados en agosto.

-Chaparral Alto: un hombre fusilado y enterrado en un majano en agosto.

-Cortijo de Los Chinarrales, detrás de la casa Calderón: fusilados Currito y Modesto en agosto.

-Aldea Arroyo de la Gata: varios asesinados en la finca Ventura.

-Aldea Juncares: en un lugar conocido como la Leva, en la sierra de las Ventanas, cinco fusilados en agosto.

-Aldea El Higueral; 14 personas muertas en el tiroteo de la toma del pueblo (20 de agosto) y dos fusilados.

-Aldea Cierzos y Cabreras: en la huerta de los Álamos, camino en dirección a Monte de las Monjas, fusilaron un hombre de apellido Tirado y apodado Cañas (¿podría ser Saturnino Tirado Luque?). En la cañada los Pozos fusilaron a un hombre apodado el Mono. A los hermanos Andrés y Felix Aguilera Arévalo los fusilaron en la Llaná. Todos los crímenes fueron en agosto.

-Aldea Arroyo Cerezo: seis personas obligadas a cavar su propia fosa y fusiladas en el puente de la Fraila; otras dos más allá de la cañada del cortijo Valenzuela (uno era de la aldea del Adelantado y se apellidaba Guerrero, el otro era de la aldea de Fuente del Conde). Los asesinatos se realizaron a mediados de agosto.

-Aldea de El Remolino: en el mes de septiembre fusilaron a un hombre de apellido Guerrero en El Romeral; dos hermanos de apellido Aguilera en Las Lobas; cuatro (dos hermanos, Juan Harina y uno apodado Reyes) en la vertiente del cerro La Trujilla; a los hermanos Juan y Antonio Hinojosa Sánchez y a varios jóvenes más en el Camal, donde fueron obligados a cavar su tumba; a Diego Ayora en Encinas Reales (en el Registro Civil se anota su muerte en Córdoba).

-Iznájar: el 13 de septiembre, asesinados en Encinas Reales Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo, Fernando Osuna Caballero y cuatro más (posiblemente el ya citado Diego Ayora, de El Remolino, y otros tres jóvenes de Fuente del Conde). Otro consiguió huir y sobrevivir a una ráfaga de balas. El 23 de agosto de 1979 se les exhumó y enterró en el cementerio de Iznájar, como ya hemos contado con anterioridad.

-Ventorros de Balerma: fusilados en las canteras de al lado de la fuente La Teja los jóvenes iznajeños Francisco González Caballero, Vicente González Ortiz, Juan Aguilera Puerto, Juan Rubio Hoyo y cuatro más. Sus cuerpos fueron exhumados y trasladados a Iznájar el 15 de agosto de 1980, según ya hemos señalado.

Teniendo en cuenta mis investigaciones y la bibliografía publicada hasta el momento, he elaborado un informe de 26 páginas con el nombre o el apodo de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Iznájar y sus aldeas, que albergaban un censo de 12.345 habitantes en 1940. Incluye, entre otros, a 86 fusilados en guerra, cinco fusilados en posguerra, nueve muertos en posguerra en las cárceles, varias listas de presos y de sometidos a procedimientos judiciales con más de un centenar de nombres, 13 combatientes republicanos fallecidos, 233 vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas, etc.. A continuación, incluimos un listado con los nombres de las dos víctimas de la represión republicana, los soldados del Ejército franquista caídos en los frentes y los voluntarios en la División Azul. Finalizamos con una tabla comparativa del número de víctimas mortales de la represión franquista y republicana en Iznájar, Córdoba, Andalucía y España. La relación completa de víctimas de Iznájar se puede consultar en este enlace.

Antonio Montilla y Antonio González

De izquierda a derecha, Carmen Aragón Carrasquilla (de Lucena), su esposo Antonio González Merino (de Montilla, su padre y su tío murieron en el campo nazi de Mauthausen en 1941), Arcángel Bedmar (autor de este blog), una desconocida y Antonio Montilla Cordón (autor de las memorias de El Remolino a las que se hacen referencia en este artículo). La foto se realizó el 4 de noviembre de 2006 en Cornellá (Barcelona), durante mi intervención en la presentación del libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat, en el que los dos hombres salen como protagonistas. Todos los que aparecen en la foto, salvo el autor del blog, han fallecido.

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