Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabar la guerra civil española, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales cordobeses de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del juzgado se estableció en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo. Manuel Cubillo murió en 1973. Entre su legado, dejó una variada documentación oficial y unos escritos, de los que me cedió copia en 2015 su nieto Gabriel Caballero Cubillo. Estos escritos, con una pequeña biografía personal del juez y una breve introducción histórica, los publiqué en mi blog en junio de 2015 y pueden leerse en este enlace.

Ahora le toca el turno a la documentación judicial. En su origen era una enorme caja con cientos de documentos, pero a mis manos solo han llegado 66 hojas fechadas casi en su totalidad en 1939 y 1940. La inmensa mayoría son actas de declaraciones ante la Guardia Civil o ante Manuel Cubillo de detenidos y testigos, aunque también existen algunas listas de reclusos que elevan de manera significativa las cifras de presos aportadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943) y que serán motivo de una próxima entrada en este blog. De la documentación conservada he seleccionado tres historias principales: una denuncia contra siete vecinos, la aplicación de torturas en el cuartel de la Guardia Civil y una poesía escrita por un condenado a muerte.

En Baena, que en 1940 albergaba a 24.830 habitantes, la justicia militar se ejerció de manera muy rigurosa en la posguerra: 44 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, Jaén, Castro del Río y Córdoba; al menos 224 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; otros 20 murieron mientras se encontraban internados en cárceles y batallones de trabajadores; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 180 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión. Hemos de recordar que en la posguerra, a los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936. Por tanto, a través de los consejos de guerra, se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella.

El sumario de un consejo de guerra arrancaba con un atestado elaborado por el comandante de puesto de la Guardia Civil. El atestado se iniciaba tras la detención de algún “significado y peligroso marxista” o de “un sujeto revolucionario”, calificativos que por norma aparecían en las actas encabezando las diligencias, justo delante del nombre del encausado. La detención se practicaba en bastantes ocasiones como consecuencia de la denuncia de algún vecino, que a menudo aprovechaba para vengar viejas rencillas y enemistades con otros vecinos, para evitar pagar alguna deuda al denunciado o para castigar a las personas que más se habían destacado en el ámbito político y social durante la II República.

Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias en los consejos de guerra, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados. Estos informes comenzaban con una valoración genérica y peyorativa del encausado y con referencias continuas a su actuación antes del 18 de julio de 1936 (participación en huelgas, sobre todo), insistiendo en su filiación política, sindical e ideológica más que en demostrar los presuntos delitos que hubieran podido cometer (asesinatos, robos, destrucción de propiedades, etc.) durante la guerra, como ocurrió en la historia que expondremos a continuación.

Las denuncias a veces no seguían el cauce reglamentario y se remitían por el denunciante directamente al juez (o a algún conocido del juez) a través de una carta postal que podía ser anónima. Ignoramos si estas informaciones que se cursaban desde el ámbito privado incidían de alguna manera en la maquinaria judicial franquista. Entre los papeles de Manuel Cubillo se conservan varias de esas misivas, como la enviada por Francisco Pallarés Moreno, que tenía 33 años en 1939. Era hijo de Luis Pallarés Delsors, presidente en 1931 de la Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de España y gran empresario oleícola de Cabra con ramificaciones en otras localidades españolas. Un hermano de Francisco, Luis, teniente de complemento, fue uno de lo militares que se sumó a la sublevación militar en Cabra, localidad colindante con Baena, en julio de 1936. El 8 de julio de 1939 Francisco Pallarés le envío una carta a su amigo Domingo Tarifa Aranda, uno de vecinos que en julio de 1936 se había atrincherado en Baena con la Guardia Civil para apoyar el golpe de Estado. En ella le decía lo siguiente:

Mi querido amigo:

Mi Padre me hace envío de una carta que en Madrid y por pura coincidencia ha llegado a sus manos.

Me es grato adjuntársela, pues aunque no cabe duda de que la justicia de Franco habrá sido aplicada al firmante de la misma y a la mayoría de las personas que en ella se relacionan, si por cualquier causa hubieran escapado de ella, ahí va la prueba irrefutable de sus ideas.

Suyo buen amigo que le abraza.

Carta Pallarés

Copia de la carta original enviada por Francisco Pallarés Moreno.

La carta que adjuntaba Francisco Pallarés había sido enviada el 29 de abril de 1932 por el anarquista baenense Juan Misut Cañadilla al periodista y escritor Mauro Bajatierra, también libertario. Este había vivido una temporada en 1930 en el pueblo vecino de Castro del Río, lo que explicaría la relación entre ambos. En la misiva le informaba de “las malas artes que vienen empleando las autoridades y alcaldes con los obreros de Baena”, pues con motivo de la última huelga habían arrestado a “33 compañeros” de los que todavía quedaban seis presos. Juan Misut no aportaba ningún dato sobre esta huelga, ni siquiera la fecha, pero resultó una de las más importantes que vivió Baena durante la II República. Se inició el día 12 de abril y terminó el 18. Fue una huelga general, alentada por los anarquistas, y declarada ilegal por el gobernador civil. Grupos de piquetes recorrieron los cortijos para que los jornaleros se sumaran al paro e impedían salir a trabajar desde el pueblo a los campos. La Guardia Civil detuvo a algunos hombres y cuando intentó trasladarlos a la Prisión Provincial de Córdoba se reprodujeron los enfrentamientos, que causaron dos heridos. Juan Misut le pedía al periodista que hablara con el diputado del Congreso José Antonio Balbontín sobre estos arrestos y le diera publicidad en la prensa. Para ello, le enviaba los nombres de los seis detenidos y los hechos de que se les acusaban, aportándole a la vez lo que él denominaba “pruebas evidentes” que acreditaban su inocencia y los abusos que se habían cometido en su detención.

Aunque, como ya hemos señalado, desconocemos si la carta enviada por Francisco Pallarés incidió de alguna manera en el destino de los seis prisioneros y del remitente, a continuación publicamos los datos que hemos podido descubrir, a través de nuestras investigaciones, de cómo les fue aplicada a ellos o a sus hermanos la “justicia de Franco” en la posguerra:

  • Antonio Rodríguez Bonilla. Sin datos
  • Antonio Bernal Cordero, 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936.
  • José Domingo Ruiz Tapias, condenado a 12 años de cárcel.
  • Rafael Pérez Colomo, sometido a expediente de responsabilidades políticas. Su hermano José, de 23 años, soldado del Ejército republicano, falleció en el frente de Villaharta el 18 de abril de 1937. Su hermano Patricio, preso en el batallón de trabajadores 128 de Navarra. Su hermano Manuel, sometido a consejo de guerra.
  • Vicente Aguilera Pérez. Sin datos. Su hermano José, de 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 5 de septiembre de 1936.
  • Antonio Moral Carrillo, de 36 años, condenado a pena de muerte que le fue conmutada. Su hermano Emilio, de 33 años, condenado a 30 años de cárcel.
  • Juan Misut Cañadillas (firmante de la carta). Preso en el campo de concentración de Castuera (Badajoz) al finalizar la guerra civil. Su padre ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936. En los años ochenta del siglo pasado vivía en Manzanares (Ciudad Real).

Los juicios que sufrieron los republicanos en la España franquista se realizaban sin garantías para los procesados. Los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno y la instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Las torturas fueron una trágica realidad en los cuarteles de la Guardia Civil y en las cárceles franquistas, no sólo con la intención de arrancar de los presos las declaraciones que sus verdugos querían, sino también con la finalidad de castigar y humillar a los vencidos, quienes no tenían más remedio que delatar a su vez al primero que se les viniera a la cabeza con tal de acabar con su suplicio. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos y lo mismo ocurría en el cuartel de la aldea de Albendín, como ya documenté de manera sobrada en mi libro Baena roja y negra.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se conserva un acta que demuestra, según las declaraciones de un testigo, que se maltrataba a los presos con la intención de forzar sus declaraciones, sin importar que estas fueran falsas. El 26 de agosto de 1939, el sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Baena, Manuel Ramón Ramón, acompañado del guardia civil Pío Zarco Castillo, interrogó a Manuel Trujillo Priego “Vizco Trampa”, un albañil de 42 años, sobre su participación en la muerte del propietario Antonio Lara Vallejo, de 56 años. Este fue uno de los ocho asesinatos que se cometieron en las calles de Baena en la zona que estuvo controlada por el Comité, formado en su mayoría por anarquistas, que se había creado en el convento de San Francisco entre el 20 y el 28 de julio de 1936.

En su declaración, Manuel Trujillo manifestó que llegaron a su casa, sobre las seis horas del 28 de julio de 1936, unos muchachos de unos 14 o 15 años, que le dijeron que de parte del Comité fuera con ellos al convento de San Francisco. Allí le ordenaron que acompañara, junto a otros, a Joaquín Rojano Montes “Jiedes” para que detuviera a Antonio Lara Vallejo. Según su declaración, el propósito de Joaquín Rojano era “asesinarlo (…) por una cuenta que entre ellos tenían”, aunque él pudo convencerlo en un principio para que no lo hiciera. Sin embargo, al llegar a lo hondo de la Velilla Baja, esquina con la calle La Loca, Joaquín Rojano le disparó a Antonio Lara un tiro mortal en la nuca. Tras la detonación, se congregó mucha gente y el cadáver fue arrastrado con una soga al corralón de Dª Marina Ariza. Allí, juntó unas hierbas y le prendió fuego al cadáver. Tras la toma de Baena por una columna militar franquista el 28 de julio, Manuel Trujillo se puso de parte de los vencedores e ingresó en un batallón de voluntarios en Córdoba durante tres meses en 1936, hasta que se dio de baja y se dedicó a la albañilería para atender las necesidades de su familia.

Junto al acta de declaración de Manuel Trujillo se recoge también la del testigo José Navarro Triguero, un campesino de 25 años, domiciliado en la calle Matías Amo. La declaración se produce ante el juez Manuel Cubillo, que le pregunta “si se afirma y ratifica en las manifestaciones que el día 26 de los corrientes ha hecho contra Manuel Trujillo Priego que obran en el acta de información que antecede y a la que se he dado integra lectura”. José Navarro respondió que no, “porque es completamente incierto cuanto en ellas afirmó y pide permiso al Sr. Juez para poder exponerle con toda claridad lo ocurrido”. Ante el juez, José Navarro manifestó textualmente, según recoge el acta, lo que sigue:

Por estar detenido fue conducido al Cuartel de la Guardia Civil y al preguntarle el domicilio, le preguntaron si había tenido conocimiento de la muerte de D. Antonio Lara Vallejo, contestando que vive en la misma calle que ocurrió el hecho pero bastante más debajo de donde ocurrió y entonces fue interrogado de si había visto quemar el cadáver y ser cierto que este hecho lo había realizado Manuel Trujillo Priego. Allí estaba presente el Manuel Trujillo Priego al que habían maltratado bastante y como me amenazaron con hacerme lo mismo, ante el temor que me inspiraba contesté que sí a todo lo que me preguntaron con el ánimo de decirle la verdad al señor juez cuando fuera preguntado.

Es lo más cierto que yo no vi a dicho individuo en absoluto ni tengo conocimiento de que haya realizado tales hechos pues solo sé lo que sabe todo el mundo que acompañaba al grupo cuando tuvo lugar el asesinato, pero de rumor público se sabe que el que disparó fue el Giedes, no pudiendo ver nada desde mi casa por que (sic) está bastante lejos del lugar del hecho y juro repetidamente que no vi a Manuel Trujillo Priego en el acto que se le imputa.

Lo que en descargo de mi conciencia tengo que exponer y ahora la justicia que obre como tenga por conveniente.

Esto expresó en ello se afirma y ratifica y leida que le fue no la firma, por lo que estampa su huella dactilar del pulgar derecho, y lo hace S. Sª de que yo el secretario doy fe.

Ignoramos el destino de los dos protagonistas de esta historia, pues a ninguno de ellos los tenemos registrado como presos en la cárcel de Baena, a pesar de que según esta documentación oficial sí lo estuvieron. De Manuel Trujillo Priego se conserva sumario de su consejo de guerra, que no he consultado, en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se abrieron las diligencias en mayo de 1939 y se cerraron en mayo de 1944, cinco años después, lo que da a entender que fue sentenciado a una pena de varios años de cárcel. A quien acusan del asesinato, Joaquín Rojano Montes “Jiedes”, fue fusilado el 8 de noviembre de 1936 en Baena. Tenía 56 años y era anarquista. De él existe una pequeña ficha en mi libro Baena roja y negra (2ª edición, página 276), en la que se recogen otros testimonios de vecinos que le imputan ser el ejecutor del crimen.

El periódico Redención se fundó en el mismo mes en que acabó la guerra civil: abril de 1939. Era el único periódico de circulación carcelaria, pues los demás estaban prohibidos, por lo que se convirtió en un órgano de propaganda de la “labor patriótica” realizada en las prisiones franquistas y en una herramienta de adoctrinamiento dirigida a presos y familiares. Durante los primeros años de existencia, el semanario publicaba informaciones internacionales, crónicas pronazis y profascistas sobre la II Guerra Mundial­ y colaboraciones periodísticas de los reclusos —a los que se persuadía para que participaran de múltiples formas— en las que se ensalzaba la política penitenciaria del régimen.

Poesía José Peña - copia

Últimos versos de la poesía de José Peña Cabezas.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se encuentra una poesía, manuscrita sin fechar por José Peña Cabezas, acompañada de la siguiente nota: “Enterado por nuestro semanario Redención del libro de poesías que va a editar la redacción de dicho semanario, y acogiéndome a las Bases o Reglas, envío estas tres pequeñas composiciones por si tienen cabida en dicho libro, confesando que no soy poeta pero muy amante de la poesía. Perdonen mis faltas”. Es de suponer que si la poesía se hallaba entre los documentos de Manuel Cubillo se debe a que el juzgado paralizó su envío al semanario. José Peña, un campesino anarquista de 35 años, que había sido uno de los directivos del Ateneo Popular de Baena en 1931, permanecía en aquel momento preso en Castro del Río, donde sería fusilado el 10 de abril de 1940. Sus versos tienen escasa relevancia literaria, aunque es obvio que sí tienen valor sentimental e histórico. Nos muestran a una persona religiosa, atormentada y arrepentida de sus ideas, no sabemos si de manera sincera o en un intento de congraciarse con el nuevo Estado franquista para así evitar o aminorar la condena judicial que le podría recaer, algo que no consiguió. Esta es la poesía que intentó publicar:

Mi Confesión y Plegaria

Luchaban noche y día /  mi subsconsciente y consciente

ver cuál de los dos podía / tener razón más potente.

Mas, mi cerebro veía, / que yo era un delincuente,

por la fatal cobardía /  del “qué dirán” de la gente.

Viendo que era un enemigo / mi subconsciente conmigo

¿trucándome? mis sentimientos / pláceme ahora el castigo

a la vez que a Dios bendigo / con mis arrepentimientos.

Mis sentimientos soñaban / que las artes y las flores

con éxtasis admiraban / en los niños sus candores.

(…) papeles seductores / que por mis ojos pasaban

con diferentes colores / poco a poco, me cegaban.

Era joven todavía /cuando esto me ocurría

venciéndome el subconsciente / robándome la alegría,

soporté una elegía / por el ¡decir! de la gente.

Pero tú, mi buen señor, / que sabes de este arcano

porque fuiste el Creador / y del mundo eres el amo.

Perdona a este pecador / que con mi fe de cristiano

implora tu dulce amor / con tu imagen entre sus manos.

Y con tu poder divino / apartarás del camino

esos punzantes abrojos; / que insensibles, los ladinos,

hacen sangrar los destinos / y llorar a almas y ojos.

Aparte de estas tres historias anteriores que hemos seleccionado de la documentación de Manuel Cubillo, existen 14 más, algunas muy breves, que también publicamos a continuación. Se refieren a casos centrados principalmente en Baena, pero también afectan a otras localidades vecinas como Albendín, Luque o Castro del Río. Bastantes quedan fragmentadas e inconclusas, sin saber cuál es su remate. Abarcan una cierta variedad de temas (apropiación de los bienes de los vencidos, denuncias, declaraciones de acusados y testigos, etc.) y se pueden leer en este enlace.

 

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

4. Milicianos El Alcaparro

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

5. Juventudes Libertarias

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

9. Yuste Álvarez, Alfonso

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

10. García Crespo, Andrés

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez.

Manuel Cubillo Jiménez nació en el año 1900 en el seno de una familia humilde de la localidad cordobesa de Baena. Su padre era herrero, profesión en la que él también trabajó en su juventud. Por las noches, con enorme esfuerzo y autodisciplina, se preparó por libre la carrera de Derecho, unos estudios que había comenzado tardíamente y que terminaría con 29 años. En 1936 ocupaba el cargo de secretario de la Comunidad de Labradores de Baena, desde donde al parecer colaboró en los preparativos del golpe de estado del 18 de julio. En concreto se encargó de conseguir, en los meses previos a la sublevación militar, permisos de armas para derechistas, propietarios agrícolas y guardias jurados que trabajaban a sus órdenes. Así lo indica el teniente Fernando Rivas Gómez, en un artículo titulado La defensa de Baena, publicado en 1972, durante la dictadura franquista, en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, páginas 65-66. Fernando Rivas apunta que “el teniente jefe de la Línea de la Guardia Civil, don Pascual Sánchez Ramírez, recientemente había realizado una campaña para dotar de armas a las personas de orden, procurándoles nombramientos de guardias particulares jurados, a fin de que pudieran poseer armas, tarea en la que le secundó Manuel Cubillo, secretario de la Comunidad de Labradores”.

Sáenz de Buruaga (Nuevo)

El coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga comandaba las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936.

La sublevación de la Guardia Civil de Baena, comandada por el ya citado teniente Pascual Sánchez Ramírez, contó a partir del 18 de julio de 1936 con el apoyo de un nutrido grupo de paisanos que se atrincheraron en al menos catorce puestos de defensa en la parte alta del pueblo. Sus fuerzas sumaban unos 230 hombres, entre los que se encontraba Manuel Cubillo, que ejerció su labor en el cuartel. Durante diez días se enfrentaron a un abultado número de resistentes antifascistas, en su inmensa mayoría obreros afectos a la anarquista CNT, que en respuesta a la sublevación militar se organizaron con rapidez, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban el pueblo, que entonces contaba con algo más de veintiún mil habitantes. El día 28 de julio, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, para apoyar a los golpistas, dio un vuelco a la situación. Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron una carnicería contra la población civil indefensa en las calles, las casas y sobre todo, en el Paseo, donde decenas de hombres fueron asesinados de un tiro en la nuca tras ser obligados a postrarse boca abajo formando filas en el suelo.

La consecuencia inmediata de la matanza que perpetraron las tropas de Sáenz de Buruaga cuando entraron en Baena fue la cruel venganza ocurrida en el convento de San Francisco, donde el Comité que habían creado los republicanos, compuesto en su inmensa mayoría por anarquistas, mantenía presos a bastantes derechistas y, sobre todo, a familiares de los que se habían sublevado y atrincherado con la Guardia Civil. En este asunto de los rehenes apresados en el convento de San Francisco debemos hacer dos precisiones. La primera es que esta práctica la inició la Guardia Civil el día 19 con el apresamiento de familiares de dirigentes anarquistas, y la segunda es que el Comité actuó de la misma manera pero con posterioridad, dos días después, cuando el teniente Pascual Sánchez Ramírez amenazó con asesinar a los rehenes que él mantenía en su poder. El día 27 de julio el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente Pascual Sánchez Ramírez se negó.

Hasta el día 28 de julio, se había respetado la vida de los detenidos en el convento, salvo en el caso de Antonio Galisteo Navarro. Sin embargo, la sangrienta entrada en Baena de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga causó una trágica escalada de violencia. Como respuesta a los asesinatos cometidos por los militares golpistas horas antes en el pueblo, en medio de la confusión que se vivió entonces en el edificio del convento, y después de que huyeran la inmensa mayoría de los miembros del Comité y los cientos de aterrados vecinos que se habían refugiado dentro, se produjo la masacre de los rehenes por un reducido grupo de exaltados, al anochecer del día 28, cuando las fuerzas de Sáenz de Buruaga atacaron el edificio. Según el Registro Civil y la variada documentación sobre el asunto que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Baena, en el convento de San Francisco asesinaron a 73 personas, bastantes de ellas a golpes de hacha, pues los atrincherados carecían de munición. Otras 81, entre las que se contaban 10 heridas, consiguieron sobrevivir. Entre los asesinados se encontraba la mujer de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, y tres de sus hijos: Manuel, de siete años; Marina, de cinco; y Rafael, de tres. Manuel Cubillo tenía entonces 36 años y solo le quedaron vivos dos hijos: Rosalina, de ocho años, a la que el Comité habían permitido salir del convento días antes porque se había fracturado un brazo; y Antonio, de pocos meses, que tampoco se encontraba en el edificio.

16.Los cadáveres de Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento, por orden del gabinete civil de la II División Militar, para sacarles esta fotografía que luego sería publicada con fines propagandísticos.

Los cadáveres de la esposa de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento.

La propaganda franquista puso mucho interés en que los crímenes cometidos en el convento de San Francisco, debido al dramatismo que encerraban, traspasaran las fronteras de la provincia y se conocieran con rapidez en ámbitos más amplios. La primera referencia fotográfica sobre los crímenes de San Francisco apareció en un librito editado en otoño de 1936 con el largo título de Estado Español. Tercer avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del centro y mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado gobierno de Madrid. Una de las fotos de Baena que aparece es la de un ataúd con los restos mortales de Concepción Pérez Baena y dos de sus hijos pequeños. Se tenía tanto interés en que esta última imagen saliera en el libro que el gabinete civil de la Segunda División Orgánica, con sede en Sevilla, llegó al extremo de exhumar expresamente los tres cadáveres, el 28 de diciembre de 1936, a los cinco meses de su enterramiento, para realizarles la fotografía con fines propagandísticos.

Tras la entrada de las tropas de Sáenz de Buruaga, Baena permaneció durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamó “zona nacional”, la parte de España controlada por los militares golpistas. En un primer momento, en esta zona la represión física contra de los republicanos se ejerció a través de la aplicación del bando de guerra, que significaba el fusilamiento sin juicio previo. Al menos 369 baenenses murieron asesinados en el pueblo de esta manera durante los tres años de guerra, casi todos en el verano de 1936.

Tras finalizar la contienda el 1 de abril de 1939, la maquinaria judicial se puso en marcha muy pronto en Baena contra las 2.174 personas mayores de edad que, según el libro de presentados de la “zona roja” que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, habían huido en el verano de 1936 a la zona republicana y ahora regresaban oficialmente como vencidos. Se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías para los procesados y los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la guerra y había soportado ya una atroz represión durante tres años, todavía existieran en 1939, según el historiador Francisco Moreno Gómez, nada menos que 35 juzgados militares, unos 20 en la capital y un mínimo de 15 en los pueblos, y eso sin contar los juzgados de responsabilidades políticas y de persecución de huidos.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabada la guerra, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. A sus órdenes actuaron los oficiales jurídicos habilitados Manuel Criado Valenzuela y Luis Córdoba García, ambos abogados y secretarios respectivos de los ayuntamientos de Castro del Río y Baena. Los tres se repartieron equitativamente el territorio asignado, con una zona de acción propia, aunque la dirección recayó en Manuel Cubillo. La jefatura quedó establecida en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo.

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Manuel Cubillo Jiménez, de pie, el tercero por la derecha.

La elección de estos jueces por la Auditoría de Guerra no fue casual, pues para garantizar que la actuación judicial resultara implacable hubo bastante interés, y no sólo en Baena, en que los jueces militares fueran familiares de personas que habían padecido la represión republicana. Por tanto, uno de los principios generales del Derecho, el que impide ser juez y parte en un asunto, se conculcaba para garantizar que la imparcialidad no existiera y que primara el principio de venganza sobre el de justicia. Manuel Cubillo, como ya hemos señalado, tenía a su mujer y a tres de sus hijos entre los asesinados en el convento de San Francisco, además de al marido de su cuñada Marina, el escribiente del Ayuntamiento Juan Cassani Soler, muerto a los 33 años. Las hermanas de este también habían estado presas en el convento, y una de ellas, Victoria, había perdido allí a su esposo, Agustín Valverde Villarreal, jefe de telégrafos. La relación de Manuel Cubillo con su familia política, golpeada por la represión como él mismo, se acentuaría al casarse con su antes citada cuñada Marina, hermana de su mujer, con la que tuvo cuatro hijos más. Las trágicas circunstancias familiares que habían vivido él y su nueva esposa incidirían en su personalidad, por lo que dedicó todas sus energías a investigar las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Buscar y castigar a los asesinos de sus allegados y de los otros vecinos que cayeron víctimas de la represión izquierdista se convirtieron en un objetivo vital que pudo satisfacer en parte tras su nombramiento como juez militar. La responsabilidad moral y penal por estos crímenes cometidos en Baena la amplió, como podemos ver a través de su actuación judicial, también hacia los republicanos y la República, un régimen al que consideraba causante de la guerra civil.

La justicia militar se ejerció en Baena de manera muy dura e implacable en la posguerra: 44 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, Jaén, Castro del Río y Córdoba; al menos 224 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 180 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión.

En 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, Manuel Cubillo redactó unas páginas que dividió en dos partes. La primera parte comenzaba en junio de 1928, con la descripción pormenorizada de un viaje en tren junto a otros alumnos que iban a examinarse por libre de varias asignaturas a la Facultad de Derecho de Murcia. Entre ellos se encontraban Manuel Piedrahita Ruiz, futuro periodista y uno de los asesinados en el convento de San Francisco el 28 de julio de 1936, y el conquense Luis Rius Zunón, quien en junio de 1936 sería nombrado gobernador civil republicano de Jaén. Desde sus primeros renglones, Manuel Cubillo se nos muestra como un católico devoto, de ideología antirrepublicana y conservadora, admirador de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, orgulloso de haber sacado una carrera universitaria a pesar de sus orígenes humildes y crítico con los prejuicios sociales y las actitudes elitistas de la clase señoritil baenense.

En septiembre de 1929 Manuel Cubillo finalizó sus estudios de Derecho. Tras haber estado destinado en el Ayuntamiento cordobés de Encinas Reales, comenzó a trabajar de secretario en el Ayuntamiento de Doña Mencía –una localidad situada a poco más de una decena de kilómetros de Baena y que no llega a identificar por el nombre en sus escritos–, donde “padeció la proclamación de la República” y durante cinco meses una alcaldía comunista. “Asqueado del cariz que tomaba la política en España”, en una fecha indeterminada pero posterior a septiembre de 1931, decidió dejar su plaza y regresar a Baena para ejercer la abogacía, una profesión en la que “adquirió fe en la justicia y la perdió en los clientes”, ya que muchos de ellos ni le agradecían su trabajo ni se lo pagaban. También, “por espíritu cristiano, por espíritu de clase (…) sirvió a los menesterosos cuando su reclamación era justa” en los jurados mixtos, creados por la República a finales de noviembre de 1931 para tratar de evitar la conflictividad laboral. Estos organismos estaban presididos por un representante de la administración, formados por representantes de obreros y patronos, y se encargaban de regular las condiciones de trabajo y de sancionar las infracciones.

El haber defendido reclamaciones de los trabajadores en los jurados mixtos le supuso “el recelo de las clases pudientes, que por el solo hecho de defender a los obreros ya clasificaban al abogado en el casillero de sus enemigos”. Sin embargo, ese recelo se disipó con prontitud. Aunque desconocemos desde qué fecha concreta, en mayo de 1934 ya trabajaba de secretario de la Hermandad de Labradores de Baena, la entidad que agrupaba a los patronos agrarios y que estaba ligada a las clases altas y a la derecha, aunque Manuel Cubillo nos la presente como un “organismo apolítico”. Prueba de esa estrecha ligazón es que en estos momentos la Hermandad de Labradores la presidía Pedro Luque Garrido, concejal en el Ayuntamiento de la derechista Acción Popular, vicepresidente de este partido en Baena en 1935 y uno de los hombres que se atrincheró con la Guardia Civil en julio de 1936 para apoyar el golpe de estado.

La segunda parte del relato de Manuel Cubillo comienza en 1936, en la antesala de la guerra civil. En breves renglones nos presenta a Baena como un pueblo “envenenado por las doctrinas marxistas”, algo incierto porque en Baena imperaba el ideario anarquista entre la clase obrera desde hacía muchos años. El socialismo y el comunismo, las dos principales tendencias que bebían de las fuentes marxistas, tenían una implantación discreta, a pesar de que ejercía de alcalde del Frente Popular el socialista Antonio de los Ríos Urbano. Aun así, en aquella época era común entre las personas de ideología conservadora calificar como marxista todo pensamiento, partido o sindicato que tuviera relación con la izquierda y con la República, sin distinguir entre unas ideologías y otras.

Manuel Cubillo nos muestra a Baena en 1936 con un clima social enrarecido, en el que “el odio se respiraba por todas partes”, “el rencor crecía” y “la tragedia se presentía”. Sin embargo, no aporta ningún dato concreto que ilustre sus afirmaciones. Es cierto que el clima social en Baena resultó tenso durante el periodo de gobierno del Frente Popular, entre febrero y julio de 1936, y en otros periodos de su historia reciente, pero fue a causa de la injusta situación de los miles de jornaleros del campo, azotados por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Agravaba el panorama una estructura de la propiedad latifundista, ya que existían en el pueblo 27 fincas de más de 250 hectáreas. En un par de meses hubo dos huelgas generales: una entre el 14 y el 19 de abril y la otra entre el 20 y el 22 de junio, convocadas por la anarquista Sociedad de Oficios Varios. Los motivos principales de las huelgas fueron la negociación de las bases de trabajo y el paro, agravado por el exceso de lluvias y porque los patronos contrataban a muchos jornaleros forasteros mientras los del pueblo estaban desempleados, lo que había originado, el 4 de junio, el envío de una carta del alcalde al presidente de la patronal agraria para recordarle la obligación de cumplir la normativa legal vigente, boicoteada por algunos propietarios. Poco después, el 10 de julio una caravana de doscientos labradores acudió en masa ante el gobernador civil Antonio Rodríguez de León, de Unión Republicana, para protestar por las exigencias laborales de los obreros, que estaban entorpeciendo la recolección.

Respecto a esta conflictividad social en Baena (y en el resto de España), hemos de señalar que no solo se origina por las huelgas y las reivindicaciones laborales de los obreros, sino también y en gran medida por el boicot de la clase patronal –entre la que se incluía la Comunidad de Labradores en la que Manuel Cubillo ejercía de secretario– a las leyes agrarias republicanas y a las bases de trabajo (salarios, comidas, horarios, etc.) establecidas por los jurados mixtos. De ello da buena fe Alfonso Torrico Lomeña, nacido en 1927, que estuvo ligado a la alta administración franquista y fue autor del libro Baena durante durante la Segunda República. Sus Ayuntamientos, publicado en 2008. En las páginas 53 y 54 señala que “el paro obrero, en muchas ocasiones obedecía más que a razones de tipo económico (…) a cuestiones personales de los propietarios contrariados por alguna reclamación o por no votar [el obrero] la candidatura indicada; en definitiva, por motivaciones políticas (.) La iniciativa, en la contratación, siempre estaba en manos del patrono. Al ser la oferta de trabajo abundante, aquel [el patrono] siempre imponía sus condiciones, salvo en época de cosecha abundante”.

De la intransigencia patronal nos informa también uno de los líderes sindicalistas de Baena durante la República, Juan Misut Cañadilla, que remitió en enero de 1983 una detallada carta sobre este asunto al historiador Francisco Moreno Gómez. Este la publicaría íntegra en las páginas 363-365 de su obra 1936: el genocidio franquista en Córdoba, y de ella hemos extraído estos párrafos en los que se muestran la sumisión y la explotación que sufrían los obreros:

Aquellos señores que … se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús … escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas, y preferían pagar cinco mil duros a un abogado antes que un real a los jornaleros (.) Con esta patronal teníamos que luchar para conseguir una pequeña mejora en la situación caótica de los trabajadores del campo. Ellos [los patronos] tenían el poder, la influencia (aún con la República) y el dinero; nosotros solo teníamos dos o tres mil jornaleros a nuestras espaldas, a los que teníamos que frenar, pues la desesperación de no poder dar de comer a sus hijos hace a los hombres fieras” (.) En las pocas veces (dos o tres) que fui en comisión a discutir con la patronal, jamás se puso en el tapete otra cuestión que la salarial; no se hablaba nunca de la comida ni de las horas de trabajo, pues todo iba incluido en el Artículo ‘Usos y costumbres de la localidad’, que no era otra cosa que trabajar a riñón partido de sol a sol, o ampliado por los capataces lameculos, desde que se veía hasta que no se veía.

Manuel Cubillo nos transmite, nada más comenzar la segunda parte de su relato, uno de los grandes mitos históricos del franquismo: que el asesinato de José Calvo Sotelo, al que considera un “proto-mártir”, estuvo “organizado por los poderes” y fue el detonante último del enfrentamiento civil. Calvo Sotelo era uno de los líderes de la extrema derecha monárquica y en dos ocasiones, a mediados de junio y el 1 de julio, ya había hecho alarde público del fascismo en las Cortes. En la noche del 12 de julio de 1936 unos pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Tejada, y dos meses antes, otro amigo del teniente, el capitán Carlos Faraudo, había muerto en las mismas circunstancias. Varios compañeros suyos decidieron vengar a las pocas horas su asesinato, así que detuvieron a Calvo Sotelo. Cuando estaba siendo trasladado a la Dirección General de Seguridad uno de los guardias lo mató de repente de dos disparos. Aunque el sucesor político de Calvo Sotelo, el conde de Vallellano, denunció el día 15 de julio en la Diputación Permanente de las Cortes el asesinato de Calvo Sotelo como un “crimen de Estado”, el Gobierno no estuvo implicado en el asunto, ya que el Consejo de Ministros condenó el asesinato, declaró que habría una investigación pública y detuvo a varios guardias de asalto.

Tampoco el asesinato de Calvo Sotelo causó o precipitó la guerra civil. Cuando se produjo, los militares conspiradores llevaban meses preparando la sublevación. De hecho, las famosas instrucciones del general Emilio Mola, el “director” de la conspiración, a los demás conjurados tienen fecha de mayo de 1936 y hacía un mes que estaba contratado el avión británico, el Dragon Rapide, que llegaría a Las Palmas de Gran Canaria el día 14 de julio para transportar a Franco al Protectotado de Marruecos, donde iba a ponerse al frente del Ejército rebelde de África. La fecha del inicio del golpe de Estado quizás esté más relacionada, como ha señalado el historiador Ángel Viñas, con los contratos que los monárquicos españoles, con el probable conocimiento de Calvo Sotelo, firmaron el 1 de julio con la Italia fascista de Mussolini para comprar una enorme cantidad de material bélico (aviones, bombas, ametralladoras, proyectiles, etc.) que serviría para apoyar la campaña bélica que preparaban. Aunque Manuel Cubillo nos hable de que la rebelión militar tenía como fin la defensa de la patria ante el “poder extranjero que subyugaba a España”, son precisamente los golpistas los primeros que estaban aliados desde hacía tiempo con una potencia extranjera para que interviniera en nuestro país –los contactos de la extrema derecha española con la Italia de Mussolini comienzan en 1934–, con lo que acaban pecando de lo que acusaban falsamente a la República.

Manuel Cubillo indica que “no sabía nada del movimiento que se preparaba, pues siempre viví alejado de la política”. Esto contrasta con lo que afirma el teniente Fernando Rivas en el artículo que citamos al principio y con algunas de las amistades que frecuentaba, al menos en Jaén. Durante su visita a la ciudad, dos días antes del golpe de estado, para defender ante el gobernador civil los intereses de unos amigos suyos labradores en Alcaudete, su acompañante era falangista. Y habla también del tropiezo con “un buen amigo”, Carmelo Torres, jefe local de la Falange en la ciudad, que dedicó buena parte de su inmensa fortuna a la divulgación de las doctrinas de José Antonio Primo de Rivera. Carmelo Torres pertenecía, junto al presidente de la Federación Provincial de Labradores y otros falangistas, a la “Junta del Alzamiento” que se había constituido en el mes de junio de manera clandestina en Jaén para apoyar el levantamiento militar, según indica el historiador Luis Miguel Sánchez Tostado..

En sus escritos, Manuel Cubillo aborda también la sublevación de la Guardia Civil en Baena el 18 de julio de 1936, el apoyo que le prestan algunos civiles como él, y los avatares que sufren durante los enfrentamientos. Cita la masacre del convento de San Francisco y la muerte allí de sus familiares, pero no hace referencia a los asesinatos –que él debió presenciar en parte– cometidos con anterioridad por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y la feroz represión que se desata a partir de ese momento en Baena, un fenómeno que se prolongará hasta avanzada la posguerra. En páginas posteriores, tampoco encontramos ninguna alusión a su oficio de juez militar. Ese olvido de las víctimas causadas por los que habían combatido en su mismo bando y también la ocultación de su propio protagonismo en la justicia militar franquista contrasta sobremanera con el párrafo último de sus escritos, que es una llamada imperativa al recuerdo del “proto-mártir D. José Calvo Sotelo y de todos los caídos de la Cruzada”.

Manuel Cubillo indica que no guarda rencor hacia los asesinos de los suyos. Sin embargo, en 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, sí se nos muestra dolorido por el trato que le habían dado los que lucharon junto a él durante la contienda y lamenta que tanto la Comunidad de Labradores como el Estado no le hayan agradecido su “sufrimiento por España”. Ante tanta ingratitud, solo se siente bien pagado por Dios, que lo ha bendecido con una nueva familia y con un “caudal de fe”. De manera pesimista y bastante amarga, concluye que la sangre de sus familiares no ha servido para conseguir la paz social y para que…

los hombres fueran más buenos y las futuras generaciones más felices (…) Las clases pudientes no han aprendido la lección. El egoísmo de unos y el odio de los otros aún están latentes, y la brecha sigue abierta (…) También veo conductas de nuestra parte sembradoras de nuevas discordias, al burlar los preceptos de las leyes sociales protectoras de una clase a la que falta todo, en beneficio de otra clase a la que todo le sobra, y ante este contraste, el dolor del sacrificio me duele más, porque lo peor del sacrificio es que sea estéril.

Los escritos de Manuel Cubillo Jiménez, que murió en 1973, me los ha proporcionado su nieto Gabriel Caballero Cubillo, miembro de la familia que más sufrió la represión republicana en Baena durante la guerra civil (cuatro familiares por parte de la madre y dos por parte del padre murieron asesinados en el convento de San Francisco). Debo agradecerle que me haya aportado también alguna información personal sobre su abuelo y unas fotografías que me ha ayudado a completar estas páginas. Además, me ha entregado una variada documentación judicial que conservaba y que con probabilidad será materia de una nueva entrada de este blog. Los escritos íntegros de Manuel Cubillo Jiménez, con notas al pie redactadas por mí, se pueden leer en este enlace.

Hechos y perspectiva histórica de la guerra civil en Baena

PORT BAENA ROJA Y NEGRA

El 28 de julio de 1936 se produjo en Baena uno de los hechos más trágicos de la guerra civil en la provincia de Córdoba. La entrada de una columna militar sublevada, al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, originó una matanza en las calles y en el Paseo que tuvo como respuesta el asesinato de los presos que los republicanos mantenían como rehenes en el convento de San Francisco. En noviembre de 2008 publiqué un libro, que se centraba en estos temas y en otros ocurridos en el pueblo durante la contienda: Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). En 2013, en esta entrada del blog traté de aportar la nueva información (testimonial, documental y bibliográfica) que había surgido desde entonces. Solo cinco meses después salió la segunda edición de mi libro sobre Baena, en la que ya incluí de manera detallada parte de lo publicado aquí. Por ello, he decidido reelaborar los contenidos originales de esta entrada, manteniendo los testimonios de los familiares de las víctimas de la represión que me llegaron a través del correo electrónico antes de que apareciera la segunda edición del libro. Para situarse en el entorno histórico de los hechos que narran las familias, resulta imprescindible la lectura previa de este texto titulado “La represión en Baena durante la guerra civil y la posguerra“, donde hay una visión de conjunto sobre lo sucedido en el pueblo en guerra y posguerra.

Entre los testimonios recibidos sobre Baena, Antonio Ramírez de las Morenas (por desgracia ya fallecido) me envió desde Barcelona un escrito muy valioso y detallado, una auténtica joya para un historiador. Siendo niño presenció, junto a su hermano Rafael y a su madre, cómo los falangistas y la Guardia Civil entraron en su domicilio y al ver dos retratos de los militares Fermín Galán y García Hernández (fusilados por su implicación en el fracasado levantamiento republicano de 1930) obligaron a la dueña de la casa, su abuela, que estaba semiparalítica, a que se los comiera. Me informó también de que la edad de su padre José Ramírez Melendo cuando fue asesinado el 28 de julio en el Paseo era de 44 años y no de 54, con lo que existe una equivocación en el Registro Civil. Además, su tío Francisco de las Morenas Molina murió fusilado el 28 o 29 de julio de 1936 y no aparece inscrito en el Registro Civil, al igual que ocurre con su primo Antonio de las Morenas Lara, fallecido en el frente. Otro tío, hermano de su padre, Andrés Ramírez Melendo, de 41 años, era cabo de la guardia municipal. Al encontrarse enfermo, no se reintegró al servicio hasta el día 31 de julio. Al presentarse, el teniente Pascual Sánchez Ramírez le ordenó que volviera a su casa y se pusiera el uniforme. Cuando regresó, le pegó un tiro sin mediar palabra (de acuerdo con el testimonio que le trasmitió a su viuda José Ávalo, testigo del hecho, que no pudo hacer nada para evitar su muerte). Su tía Victoria de las Morenas Molina sufrió escarnio público, pues le raparon el pelo y la obligaron a tomar aceite de ricino. Su delito había sido enarbolar la bandera republicana en una manifestación tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1926. Antes, le habían fusilado el 29 de julio de 1936 a su hijo Francisco Pérez de las Morenas, de 26 años, tampoco inscrito en el Registro Civil.

La madre de nuestro informante, Carmen de las Morenas Molina, tras el asesinato de su marido José Ramírez Melendo, quedó al cuidado de sus tres hijos menores (los dos mayores, Vicente y Francisco Ramírez de las Morenas huyeron a zona republicana y se alistaron como soldados). Para poder subsistir, trabajó de limpiadora por la mañana en el café El Ideal, donde iban los piquetes después de los fusilamientos a emborracharse y escenificar lo que acababan de ejecutar. La dueña del bar, al percatarse de la situación, se apiadó de ella y cuando llegaban los matarifes, para que no los viera, la entraba a las estancias interiores. Cuando terminó la guerra, regresaron sus dos hijos mayores, Vicente y Francisco. Vicente estuvo preso en un campo de concentración en Alicante. Francisco regresó con una herida de bala en la cabeza. Las curas las recibió en su casa, pues un practicante amigo, por temor a que lo detuvieran, le recomendó que no fuera a la Casa de Socorro. Había huido de Baena el 29 de julio de 1936, tras haber estado buscando en el cementerio el cuerpo de su padre entre la pila de cadáveres carbonizados y recibir la noticia de que habían matado a toda su familia. Tenía 14 años en 1936, así que mintió sobre su edad para conseguir servir en el cuerpo de carabineros de la República. Antonio Ramírez de las Morenas me señaló también en su testimonio que, a pesar de que yo recojo en el libro un informe del comandante militar que calificaba la escuela del maestro Pavón Gónzález como “anti-patriota y anti-religiosa e inmoral”, este profesor era “muy querido y preciado entre los jóvenes de Baena, se dedicaba a enseñar a leer y escribir y las cuatro reglas lo más correctamente posible. Las clases las daba en su casa a última hora de la tarde para que pudieran asistir los jóvenes después de su jornada laboral, y por lo visto su labor fue muy efectiva”. En contraposición me cita al maestro Fernando de la Torre, apodado “El Carlista”, que sacó a los niños a la calle para pedir el fusilamiento del líder anarquista José Joaquín Gómez Tienda, el Transío, que fue ejecutado en junio de 1939.

Antonio Bazuelo Alarcón, fusilado en 1936.

Antonio Bazuelo Alarcón, fusilado en 1936.

Alberto Bazuelo Jabalquinto, desde Valencia, me envió la historia de su abuelo Antonio Bazuelo Alarcón. Era guarda rural y había denunciado a un señorito porque una piara de cerdos de su propiedad se había metido en una finca ajena. Tras el golpe de Estado, un capataz del señorito lo reconoció mientras hacía guardia en el castillo, así que fue detenido. Podría haber huido la noche en que lo trasladaban en un camión junto a otros presos, según le contó a la familia en la posguerra uno de ellos, que consiguió escapar saltando. Él se negó alegando que no había cometido ningún delito y que por ello no le harían nada. El destino del camión era el cementerio, donde lo fusilaron con sus compañeros en una fecha indeterminada según la familia, pero que el Registro Civil sitúa el 19 de agosto de 1936.

Mariano Ortega Bazuelo, bisnieto del fusilado Antonio Bazuelo Alarcón, citado en el párrafo anterior, a través del testimonio que a lo largo de su vida le legó su tía abuela Rosario Vallejo Amo, realiza unas aportaciones muy interesantes sobre la muerte de su bisabuela Rafaela Amo Arrabal (madre de Rosario) y de varios de sus familiares. Vivían en una calle que desembocaba en la calle Tinte desde la calle Cantarerías de la Fuente de Baena. Era la primera zona por la que entraron las tropas sublevadas de la columna del coronel  Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936. Al escuchar los disparos huyeron a resguardarse en una casa de la calle Llaneta. En el camino hacia la casa mataron a Félix Vallejo Amo, hijo de Rafaela, y junto a un pairón cercano a la calle Llaneta a la propia Rafaela Amo, que llevaba en brazos a su hija menor de tan solo unos meses, Concha. A la casa consiguieron llegar el marido de Rafaela (Manuel Vallejo), la hija mayor, Rosario, de 20 años, que llevaba en sus brazos a otra hermana de cerca de dos años, y el resto de los hermanos (menos uno, Manolo). Estuvieron todos refugiados durante unas horas, hasta que amainaron los disparos. Entonces pudieron salir y rescatar a Concha, que se encontraba en el suelo al lado del cadáver de su madre y que a consecuencia de la caída quedó sorda de un oído. Volvieron a refugiarse en la casa de la calle Llaneta, pero las otras personas que estaban allí escondidas temían que los lloros continuos de la niña los delataran a todos, por lo que debieron regresar de nuevo a su casa. Allí habían quedado los padres de Manuel Vallejo, que al ser ancianos no habían podido huir y se habían escondido en una cueva al final del patio, donde los hallaron muertos de un tiro en la cabeza. La casa se la encontraron saqueada.

A otro hijo de Rafaela, Manolo Vallejo Amo, lo apresaron aquel 28 de julio de 1936, al igual que a otros cientos de vecinos. Su hermana Rosario pidió ayuda al señorito con el que trabajaba de criada para que intercediera por él. Se dirigieron a la cárcel y al que sacaron fue a su tío Francisco Vallejo Amo, de iguales apellidos. Ella tuvo que decir que él no era a quien buscaban. Liberaron entonces al hermano, al que dieron el pañuelo sellado que lo avalaba. A lo largo de su vida, Rosario “se justificaba una y otra vez al contarlo con lágrimas en los ojos, pues tuvo que condenar a su tío para salvar a su hermano, pero no podía hacer otra cosa, el señorito sólo había intercedido por uno”. A este Francisco Vallejo Amo lo cito en mi libro como hijo de Rafaela, aunque en realidad era hermano de su marido. Para colmo de males, también cayó asesinado un hermano de Rafaela, José. Aquel 28 de julio, el cadáver de Rafaela lo retiraron del medio de la calle “como si fuera un perro” y allí permaneció hasta que lo llevaron al cementerio.

José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano.

José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano.

José Alba Gálvez, desde Vélez-Málaga, me mandó copia de unos documentos relativos al proceso judicial de su padre, José Alba Rosales, fallecido en 1987. En su carta, José Alba Gálvez me señala que la historia de su padre en su casa era un “tema tabú”, “del que no se hablaba”, hasta la aprobación de la Ley 37/1984, que reconocía derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil habían sido miembros de las fuerzas armadas republicanas. Con el testimonio de su padre y la búsqueda de documentación supieron que había sido militante de la CNT, soldado republicano desde agosto de 1936 y miembro del XIV Cuerpo del Ejército Guerrillero, conocido popularmente como “Niños de la Noche”. En el segundo semestre de 1938, José Alba Rosales ingresó en la Escuela Popular de Guerra de Paterna y alcanzó el grado de teniente. Prestó servicios a partir de entonces en Valencia, y una de sus últimas misiones fue escoltar a altos mandos del Gobierno republicano hasta Cartagena para exiliarse. Al acabar la guerra lo encarcelaron en Valencia, pero pudo huir y regresó a Baena andando o como polizón en trenes. Intentó pasar desapercibido hasta que lo detuvo la Guardia Civil debido a una posible delación de un excompañero de Valenzuela. Tras ser juzgado, lo condenaron en octubre de 1939 a reclusión perpetua, una pena conmutada por 20 años de reclusión en 1943, y fue indultado en marzo de 1948. Durante esos años sufrió prisión en Castro del Río, Córdoba, El Puerto de Santa María y Barbastro, y fue sometido a trabajos forzados en un destacamento penal en Noales (Huesca), de donde salió en libertad condicional en julio de 1943.

Mariano Padillo Pavón, combatiente contra los nazis en la II Guerra Mundial.

Mariano Padillo Pavón, combatiente contra los nazis en la II Guerra Mundial.

Manuel Padillo Moreno, residente en Valencia, me llamó para contarme que también entre la lista de las personas que aparecían en mi libro se encontraban su padre Mariano Padillo Pavón y su tío Miguel, pero la burocracia franquista erró en su edad y en su identificación, ya que los denomina Juan y Francisco. Mariano, de 26 años, huyó de Baena con su mujer, sus tres hijos, su madre y sus hermanos y se refugió en Castro del Río. Junto a sus hermanos Miguel y José, todos anarquistas, se alistó en el Ejército republicano (otro hermano, Domingo, aún era muy pequeño). Mariano cayó preso de los franquistas y lo internaron en el campo de concentración de prisioneros de guerra de Miranda de Ebro (Burgos), de donde consiguió escapar y reintegrarse en las filas republicanas. Tras la huida, volvió a encontrarse con su familia, a la que trasladó a Valencia y luego a Alcoy (Alicante). Cuando a finales de enero de 1939 se produjo la caída de Barcelona y la consiguiente desbanda hacia Francia de cientos de miles de personas, Mariano cruzó la frontera y fue internado en un campo de concentración, mientras su hermano José, con el que había compartido unidad militar, decidió quedarse en España (fue fusilado en Baena el 22 de junio de 1939). El Gobierno francés ofreció a los antiguos combatientes republicanos que permanecieron en Francia enrolarse en Batallones de Marcha (tropas auxiliares del ejército galo), en las Compañías de Trabajadores Extranjeros –unidades militarizadas de unos 250 hombres mandadas por oficiales franceses– en las que se debían encuadrar obligatoriamente todos los varones de entre 20 y 48 años y que llegaron a acoger a 80.000 españoles, o en la Legión Extranjera, cuerpo en el que se alistó Mariano Padillo y alrededor de seiscientos refugiados españoles que fueron trasladados a Argelia y terminarían luchando a favor de los aliados durante la II Guerra Mundial. Al acabar la guerra, permaneció en el exilio en Francia toda su vida.

StanbrookExiliados acabaron también Manuel y Antonio Soriano López, de la familia conocida con el apodo de los Capacheros, de 32 y 30 años en 1939, según el testimonio de Paul Herrera, nieto de Antonio y residente en Saint Gely du Fesc (Francia). Los dos hermanos habían luchado como soldados del ejército republicano y Antonio, que alcalzó el grado de sargento en la 210 Brigada Mixta, consiguió sobrevivir a dos heridas de bala en la cabeza que le supusieron la pérdida de un trozo de cráneo. Paul Herrera me envió varias fotos de su abuelo Antonio, otra del carguero inglés Stambrook en el que huyeron desde el puerto de Alicante, y un escrito enviado el 2 de abril por el capitán del barco, Archibald Dickson, al periódico londinense The Sunday Dispacht, donde narra cómo se produjo la evacuación y cuál era la situación de los refugiados en ese momento. A finales de marzo de 1939, los puertos de la costa levantina se convirtieron en la última esperanza para los que querían huir de España. El 28 de marzo, cuatro días antes de que acabara la guerra, miles de personas aguardaban en los muelles de Alicante, sin embargo el puerto se encontraba bloqueado por la armada franquista y la aviación alemana, lo que impidió la llegada de los barcos contratados por el gobierno republicano para facilitar la evacuación.

Antonio Soriano López y su hija Antonia (segunda por la derecha).

Antonio Soriano López, exiliado en Argelia, y sus hijas Annie y Antonia (primera y segunda por la derecha).

El Stambroock consiguió evitar el cerco y zarpar con entre 2.638 y 3.028 personas a bordo, superando con creces su capacidad, lo que le obligó a navegar escorado y por debajo de la línea de flotación. El barco llegó a Orán (Argelia) en la tarde del 29 de marzo y quedó anclado en el puerto, con sus pasajeros hacinados, sin poder entrar en los muelles hasta el 6 de abril. Solo se permitió el desembarco de mujeres y niños, mientras los varones hubieron de permanecer a bordo. Unos quinientos pasajeros fueron internados en un campo de concentración y el resto solo fue liberado el 1 de mayo tras el pago a las autoridades de 170.000 francos a través del SERE, el organismo republicano de ayuda a los refugiados controlado por el gobierno en el exilio de Juan Negrín. Antonio Soriano López vivió en Argelia hasta su independencia en 1962, cuando hubo de trasladarse junto a cientos de miles de refugiados a Francia. Allí falleció en 1989. Tras la muerte de Franco, visitó a sus familiares en varias ocasiones en Barcelona, donde se habían asentado.

Teresa 1

Teresa Soriano López (fila inferior, quinta por la derecha) en la prisión de Málaga.

La familia de los Capacheros, adepta a la CNT, sufrió de lleno la represión franquista. Fueron encarcelados los padres, Ana López y Francisco Soriano. En cuanto a los hijos, Antonio y Manolo se exiliaron, como hemos señalado en el párrafo anterior; Francisco murió luchando en las posguerra en la guerrilla antifranquista en Obejo el 18 de agosto de 1940; y acabaron en prisión Carmen, José (interno en El Puerto de Santa María en 1938), Tomás (condenado a 14 años de cárcel) y Teresa Soriano López. Esta, con 19 años, se había refugiado durante la guerra en las localidades cordobesas de Castro del Río y Cañete de las Torres, en Alcoy (Alicante) y Granátula (Ciudad Real). Gracias a la documentación que nos ha aportado desde Montgat (Barcelona) su hijo Manuel Padilla Soriano sabemos que la apresaron el 25 de abril de 1939 en Baena, donde pasó seis meses en la cárcel de la Plaza Vieja hasta que fue trasladada a Córdoba y juzgada en consejo de guerra el 24 de octubre. La condenaron a 30 años, de los que más de cinco estuvo interna en la prisión del Instituto Geriátrico Penitenciario de Málaga. Obtuvo la libertad condicional el 24 de diciembre de 1945 y la definitiva el 28 de agosto de 1964. Por el testimonio y la documentación aportada por el hijo de Teresa he conocido que en la cárcel de Baena su madre compartió celda con Manuela Porcuna Jiménez, de 18 años. Las dos aparecen en mi libro como personas de las que los jueces militares piden informes a partir de 1938, pero no como presas, que es lo que en verdad fueron. Son casos similares al de José Alba Rosales, que he citado con anterioridad, y ejemplos de las limitaciones que ofrece la documentación de la Administración franquista a la hora de estudiar el verdadero alcance de la represión en lo que se refiere al número de presos y fusilados, ya que muchos de ellos no aparecen en la documentación que hemos podido localizar hasta el momento.

Felipe Priego Jiménez y su esposa Guadalupe Valenzuela García.

Felipe Priego Jiménez (fusilado el 22 de junio de 1939) y su esposa Guadalupe Valenzuela García.

Desde Leganés (Madrid), una extensa y emotiva carta de Mari Carmen Priego Benito, plagada de sentimientos y recuerdos, me permitió conocer los detalles de la vida de los familiares de su abuelo, Felipe Priego Jiménez, el Pescadero, de 29 años y de ideología socialista, tras su fusilamiento el 22 de junio de 1939 en Baena. Su viuda, Guadalupe Valenzuela García, sufrió el expolio de sus bienes (dinero, joyas, cubertería de plata), pues era una familia acomodada. Murió en 1943, a los 37 años, y los tres hijos huérfanos (Cecilia, Manuel y Ana) se repartieron entre sus tíos en una época de calamidades y miserias en la que la supervivencia era muy difícil.

José Lara Díaz, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

Carmen Gómez Lara, residente en Zaragoza, me advirtió que su abuelo José Lara Díaz, de 43 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936, trabajaba como empleado de banco y no de campesino, que es la profesión que se le atribuye erróneamente en el libro de defunciones del Registro Civil. También me informó de que además de asesinarlo detuvieron a dos de sus hijos, que fueron liberados gracias a que su mujer había sido madre de leche de una hija de don Fernando, un señorito que medió para que los soltaran.

En una extensa y amena conversación, en marzo de 2013 Pedro Alcalá me indicó que en mi libro nombraba a su tío Nicolás Alcalá Espinosa como víctima de la represión republicana sin aportar más información, salvo que murió en otra localidad. Eso se explica porque su tío no está inscrito como fallecido en el Registro Civil de Baena, y su nombre y apellidos, sin ninguna alusión a su relevancia política, aparecen solo en una ocasión en los siete informes oficiales sobre víctimas de la violencia republicana que se conservan en el Archivo Histórico Municipal. Por fortuna, la carencia de datos he podido subsanarla en parte. Nicolás Alcalá era doctor en Derecho por la Universidad Central de Madrid. Aprobó las oposiciones a notaría en 1910 y consiguió plaza en los años veinte en Madrid, donde estableció su residencia. Allí perteneció a la tertulia del filósofo Ortega y Gasset y visitaba con asiduidad la Institución Libre de Enseñanza, ya que su hermano Pedro estudiaba en la Residencia de Estudiantes. Militó en la Derecha Liberal Republicana y fue vocal de la Comisión Jurídica Asesora que colaboró en la redacción del proyecto de Constitución de 1931. Como propietario agrario ejerció de presidente de la Asociación Nacional de Olivareros y participó en diversos congresos y reuniones patronales. Entre noviembre de 1933 y enero de 1936 fue diputado por Jaén del Partido Republicano Radical. En las Cortes participó en las comisiones de Agricultura y Reforma Constitucional, e intervino en varios debates parlamentarios, casi siempre sobre asuntos económicos o relacionados con problemas agrarios. Para las elecciones a Cortes de febrero de 1936 intentó repetir candidatura en Jaén, pero se opuso la derechista CEDA, que iba en coalición con los radicales en esa provincia. Tras el golpe de Estado, fue apresado en Madrid, internado en la checa de la calle Marqués de Riscal (dependiente de la 1ª Compañía de enlace del Ministerio de la Gobernación) y asesinado el 19 de septiembre de 1936, cuando tenía 51 años. El nombre de Nicolás Alcalá Espinosa aparece en la Causa General, el extenso proceso de investigación iniciado en 1940 y terminado veinte años después por el Ministerio de Justicia franquista para recoger por escrito la represión republicana.

Miguel González Jiménez, fusilado el 26 de agosto de 1936.

Miguel Ángel Lara González, desde L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) me envió, junto a un mensaje animoso y cordial, la foto de su abuelo, el campesino Miguel González Jiménez, fusilado el 26 de agosto de 1939 en Baena, aunque por desgracia no me pudo aportar más datos biográficos sobre su pasado.

El día 31 de julio de 1936 el teniente Pascual Sánchez Ramírez, comandante militar de Baena, organizó una columna de apoyo con víveres y municiones a la Guardia Civil de Luque, que se había sublevado el día 18, había apresado a algunos obreros y dominaba la localidad. Sabemos que en Luque el teniente repitió la misma táctica represiva que había usado en Baena. Ordenó sacar a los presos que la Guardia Civil tenía en su poder desde el día 18 y los fusiló en la plaza del pueblo. En la página 20 del libro Memorias de un luqueño. La vida de Ángel Marchena se relata este hecho. Ángel Marchena tenía 11 años entonces. A pesar de su corta edad, había sido apresado en venganza por la huida de su padre a zona republicana y en la cárcel veía como “sacaban gente que no volvía”. La llegada del teniente a la cárcel de Luque, donde él se encontraba prisionero, la narra de la siguiente manera:

“Vimos que entraba el teniente de la Guardia Civil de Baena, Pascual Sánchez creo que se llamaba… y con una pistola ametralladora nos amenazaba gritando que nos iba a matar a todos. Recuerdo que con una voz ronca decía: Esta mañana he matado a doscientos y ahora a los que aquí estáis… Pero gracias a las mujeres de los guardias civiles de Luque que se hincaron de rodillas ante el criminal del teniente nos salvamos… pero aquel asesino había venido a matar y no se conformó, así que ordenó que sacaran a unos pocos. Desde aquella noche volvieron a repetir la operación cada dos o tres semanas y, en cada una de las sacas se llevaban a ocho o diez personas… No recuerdo los nombres de aquellos hombres, pero todavía hoy tengo muy presentes sus caras”.

Por último, las víctimas ocasionadas por la represión franquista en Baena siguen aumentando debido a la aparición de nuevas fuentes escritas y orales, algo que no ocurre con las víctimas de la represión republicana, ya que éstas se anotaron en los libros de defunciones de los registros civiles, según una Orden de 29 de abril de 1940, como “asesinados por los rojos” y “muertos gloriosamente por Dios y por España”. Hemos encontrado algunas referencias más, aunque imprecisas, a la matanza causada en las calles y el Paseo tras la entrada de las tropas de Sáenz de Buruaga el día 28 de julio. En el libro, Apuntes para una historia silenciada. Luchas campesinas en Andalucía: Almedinilla durante la guerra civil, de Ignacio Muñiz Jaén, se recogen los testimonios de dos personas (páginas 67 y 74-75). Una, Rafael Malagón “El Mocho”, de Almedinilla, consiguió huir de un camión en el que trasladaban desde la cárcel de Priego a varios presos para fusilarlos en Monturque. Se dirigió a Baena y se acercó “a un cortijo donde había una mujer y unos muchachos, y [ella] me contó lo que había ocurrido allí. Por lo visto habían entrado los moros y habían matado a no sé cuántos…”. La otra persona, José Moreno Salazar, que vivía en Bujalance, narra que “una noche la calma se acaba cuando llega un grupo de refugiados procedentes de Baena, distante 15 kilómetros de Bujalance. Demacrados, el espanto reflejado en sus rostros, cuentan que han salvado la vida por los pelos. Los fascistas han fusilado en un rato a más de 100 obreros en la plaza del pueblo”.


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