La fotografía de las mujeres peladas en Montilla durante la guerra civil

Posted on 13 febrero, 2017 por arcangelbedmar

En la España franquista, durante la guerra civil y la posguerra, una de las formas de represión que se usó específicamente contra las mujeres consistió en el rapado de sus cabezas. Que sepamos, se conservan en España contadas fotografías que reflejen esta humillación, posiblemente solo ocho. De ellas, una individual se realizó en Marín (Pontevedra), otra a cuatro mujeres en Oropesa (Toledo) y otra, que es la que aparece más abajo, en el patio del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba). También la prensa malagueña y madrileña republicana en octubre y noviembre de 1936 publicó cinco fotografías de mujeres peladas en la zona franquista. En Internet y en las redes sociales se pueden encontrar bastantes fotos de mujeres peladas a las que se identifica como españolas, pero no lo son. Pertenecen a algunas de las 20.000 mujeres francesas a las que, tras la liberación de Francia en 1944, se les aplicó este castigo por el presunto delito de haber mantenido relaciones con soldados del Ejército invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Parece que la fotografía de las mujeres rapadas de Montilla salió publicada por primera vez en formato libro en 1985, en la obra de Francisco Moreno Gómez La guerra civil en Córdoba (1936-1939). A pesar de que es una foto impactante, pasó relativamente desapercibida en aquel momento. Con posterioridad, en el año 2001, yo la usé para la portada de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). La fotografía original me la facilitó la Biblioteca Manuel Ruiz Luque, la mayor biblioteca privada de Andalucía, que tiene su sede en Montilla. A partir de ahí la foto se expandió por Internet y por los medios de comunicación nacionales. También varios historiadores, como Paul Preston, y profesores de las universidades de Zaragoza y Valencia me la solicitaron y me pidieron información sobre ella para incluirla en sus publicaciones.

Montilla fue durante la II República un feudo socialista donde la izquierda siempre dobló en votos a la derecha, lo que no resultó un obstáculo para que cayera en poder de los militares sublevados el mismo día del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936. Esa noche la Guardia Civil acribilló a centenares de personas que se habían agrupado en las inmediaciones del ayuntamiento y se hizo con el control de la localidad sin resistencia. Además de sufrir la cárcel y la muerte, pues tres mujeres murieron tiroteadas en la madrugada del 19 de julio de 1936 y un mínimo de cuatro cayeron fusiladas durante los tres años de guerra (más al menos otros 93 varones), las mujeres republicanas de Montilla padecieron otras muchas humillaciones.

La fotografía de las mujeres peladas de Montilla representa una estampa trágica y dolorosa de principios del mes de agosto de 1936. En ella aparecen un varón y veinte mujeres, la mayoría jóvenes de poco más de 13 años de edad, que pertenecían al grupo de canto que ensayaba en la Casa del Pueblo. Sus actuaciones en el teatro solían ser muy concurridas debido a la numerosa militancia de la agrupación socialista de Montilla, la más importante del sur de Córdoba junto a la de Puente Genil. Estas muchachas eran militantes o simpatizantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, o pertenecían a familias de ideología izquierdista. A pesar de no haber cometido ningún delito, la Guardia Civil las detuvo en sus domicilios. Tras pasar la noche en la cárcel, dos barberos, a los que se llamó expresamente para realizar la tarea, les raparon la cabeza y les dejaron un pequeño mechón en la parte superior. También se las forzó a ingerir aceite de ricino con sopas de pan, para que con el laxante “arrojaran el comunismo del cuerpo”. Acompañadas por el director de la banda de música, Joaquín Gutiérrez Luque, conocido con el apodo del Bartolo, también pelado, las obligaron a pasear por las calles céntricas (entre ellas La Corredera) entre la mofa de sus verdugos.

Después vino la famosa fotografía en el patio del Ayuntamiento, en la que las obligaron a posar con el brazo alzado al estilo fascista. Desconocemos quién echó la foto y con qué finalidad. En ella, entre los rostros tristes y abatidos de estas mujeres, sobresalen unas pocas sonrisas tímidas y forzadas. También destaca la resignación con la que levantan el brazo, avergonzadas, reflejo del calvario que estaban viviendo. El suplicio acabó en la Casa del Pueblo, a donde los guardias civiles las llevaron para que en las cocinas guisaran para ellos como si fueran sus sirvientas. Allí, durante las cuatro o cinco horas en las que permanecieron retenidas, los llantos de estas muchachas se volvieron ya incontrolables, y decidieron dejarlas en libertad.

Gracias a la entrevista grabada el 4 de febrero de 2019 por el nieto de una de las muchachas peladas, Dolores Márquez Barranco, sabemos que un grupo de guardias civiles ejecutó la terrible agresión y que había paisanos acompañándolos. Otros testimonios bien informados hablan de que entre los instigadores se encontraba algún derechista conocido, como el tesorero de la Falange Paco Enríquez Leña. En ese momento la máxima autoridad militar de Montilla recaía en el capitán de la Guardia Civil Luis Canis Matute, quien había liderado el golpe de Estado en el pueblo días antes, y el alcalde impuesto por los golpistas era el capitán de Artillería retirado Rafael Jiménez-Castellanos Casaleiz. Entre los jefes militares parece que no hubo unanimidad en la aceptación de este castigo, pues el capitán de Infantería retirado Mariano Requena Cordón, instructor de las milicias cívicas que se crearon en el verano de 1936 para apoyar a las autoridades golpistas, se dice que abroncó a los guardias civiles por su autoría.

Cuando en el año 2000 inicié mis investigaciones sobre la guerra civil y la represión en Montilla, uno de mis objetivos se dirigió a poner nombre a estas mujeres y recuperar su historia. Algunas de ellas vivían entonces, no obstante resultó imposible entrevistarlas. Aun así, he identificado a unas cuantas gracias a diversos testimonios orales. Entre estas mujeres peladas se encontraban Manuela Herrador Espejo; Dolores López Márquez, viuda del guardia municipal Antonio Cardador Aguilar, acribillado en la madrugada del 19 de julio por la Guardia Civil; y la esposa de Manuel Alcaide Aguilar “Botón”, a la que se dice que detuvieron y raparon por la denuncia de un propietario falangista con el que se había negado a mantener relaciones sexuales.

También aparecen en la fotografía dos hijas de José Márquez Cambronero, alcalde socialista en 1920, el primero que hubo en un pueblo de Córdoba en el siglo XX, que en aquel momento se encontraba huido de Montilla y refugiado en Espejo. Los guardias civiles habían ido a su casa a detenerlo, y al no encontrarlo le pegaron un empujón a su esposa y la arrojaron al suelo. Las hijas de José Márquez Cambronero son Rosa Márquez Barranco, sentada la penúltima a la derecha, a quien le fusilaron el novio, apodado el Polvito, y Dolores, de 14 años, sentada la primera por la izquierda. Hemos podido dar nombre a otras dos jóvenes gracias al testimonio recibido en febrero de 2017 de Daniel Priego Lacosta, de orígenes montillanos y residente en Pamplona. Una es su abuela, Natividad Salido Cerezo, de 14 años, situada de pie la primera por la izquierda; y la segunda es Candelaria Priego, de 13 años, colocada en la parte central de la primera fila, sentada, con vestido negro. A Dolores Zafra Espejo, que está a la izquierda del músico, la hemos identificado gracias a su sobrino Jerónimo. Y por último, gracias a testimonio de una sobrina nieta, sabemos que Dolores Delgado Trapero es la segunda por la izquierda de la fila segunda. Era cuñada de Salvador Gómez Ponferrada, un guardia municipal socialista a quien fusilaron durante la guerra.

El rapado de las cabezas de las mujeres republicanas, o por ser familiares de varones republicanos sin que ellas mismas lo fueran, tenía una clara función represora y ejemplificadora, al eliminar uno de los símbolos más visibles de la feminidad: el pelo. Hasta que este crecía, la mujer debía ocultarse en su casa o tratar de taparse con un pañuelo, que a veces era arrancado por los falangistas por las calles para así aumentar su vergüenza. Está claro que este castigo tenía como objetivo no solo infligir un dolor momentáneo y físico, sino estigmatizar y humillar a la víctima. Además, se convertía en una clara muestra de lo que les podía esperar a las “rojas” o a todas aquellas mujeres que se atrevieran a poner en cuestión, aunque solo fuera verbalmente, los principios en los que se asentaba el nuevo Estado dictatorial.

la-memoria-de-las-rapadas-del-franquismo_detalle_articulo

Cuatro mujeres de Oropesa (Toledo) rapadas durante la guerra civil.

El rapado de las cabezas de las mujeres ha dejado pocos rastros documentales, aunque se aplicara de manera generalizada en casi todas las localidades de España. Por ejemplo, en los cinco pueblos del sur de Córdoba en los que he escrito libros sobre la represión hubo varios casos en todos ellos. Aun así, existen algunos casos salvajes y estremecedores, como el rescatado por el historiador José María García Márquez en un consejo de guerra del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Narra cómo a una mujer de Cazalla de la Sierra (Sevilla), apodada la Trufa, le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto de un cortijo, donde la intimidaron tendiéndola en el suelo, «obligándola a remangarse» y exhibir «sus partes genitales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció al falangista Joaquín Barragán Díaz para que pelara con ellas el vello de las partes genitales de la detenida, a lo que este se negó; entonces el sargento, malhumorado, ordenó lo antes dicho al guardia civil Cristóbal del Río, del puesto del Real de la Jara. Este obedeció y, efectuándolo con repugnancia, no pudo terminar, y entregó la tijera al jefe de la Falange de Brenes, que terminó la operación. Y entre este y el sargento terminaron pelándole la cabeza».

La represión que sufrieron las mujeres en la España franquista durante le guerra y la posguerra fue, en gran medida, sexuada. Es decir, recibieron castigos por su condición de mujeres, sin que estos mismos castigos se aplicaran a los hombres, al menos de manera habitual. Hablamos de vejaciones como el rapado de cabeza, forzarlas a ingerir aceite de ricino y desfilar por las calles, llevarlas a limpiar el cuartel de la Guardia Civil o la sede de la Falange, y detenerlas y torturarlas para que delataran a sus familiares varones que se habían escondido o habían huido. También debían sufrir comentarios soeces, amenazas de agresión sexual, abusos y violaciones, soportar el asedio de quienes les solicitaban favores sexuales a cambio de gestiones para favorecer a familiares encarcelados e incluso se les imponía la prohibición de llevar luto por sus seres queridos fusilados. Sobre muchas de estas mujeres, además, recayó el sustento familiar durante la guerra o la posguerra, pues sus maridos se encontraban presos, exiliados o habían sido fusilados.

Las autoridades militares franquistas fomentaban esta represión sexuada que en su aplicación más extrema incitaba a usar la violación y el abuso sexual como arma de guerra. Así lo manifestaba de manera grosera y sin tapujos Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur (la máxima autoridad militar de Andalucía), solo cinco días después de empezada la guerra civil, el 23 de julio de 1936, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

El 13 de octubre de 2010, la Junta de Andalucía decretó la posibilidad de que estas mujeres vejadas por el franquismo pudieran recibir una indemnización de 1.800 euros. La medida iba dirigida a las que “sufrieron represión en la guerra civil e inmediata posguerra mediante hechos que vulneraron su intimidad, honor y la propia imagen consistentes en el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la posterior sumisión a vergüenza pública”. El tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, cuando ya había fallecido la inmensa mayoría de ellas, pero también la vergüenza y el silencio posterior que acompañó a estas mujeres durante toda su vida motivó que solo unas pocas decenas (parece que su número no alcanzó las doscientas) se acogieran a esta medida. Solo tenemos constancia de que una mujer de Montilla lo hizo de las veinte que aparecen en la fotografía.

Nota final: el texto anterior se puede leer traducido al francés en el blog del escritor Floréal Melgar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La mujer pelada en Marín (Pontevedra) de la que se conserva fotografía fue Elsa Omil Torres, hija de un emigrante gallego en Boston, que pasaba unas vacaciones en casa de unos familiares republicanos cuando se produjo el golpe de Estado. Tras el rapado del pelo, solicitó en el Consulado el pasaporte para volver a Estados Unidos, pues tenía esa nacionalidad, y le sacaron la foto que aparece a la izquierda, que se usó en la prensa estadounidense para denunciar la represión que había sufrido. El testimonio en gallego de una familiar de esta mujer se recoge en la página Nomes y Voces. Agradezco a Víctor Alfonso Castro Martínez el que me haya facilitado esta información.

El historiador Manuel Almisas Albendiz publicó en 2017 un artículo muy valioso, titulado «Las mujeres rapadas por la represión franquista a través de la prensa republicana malagueña», en el que se incluyen cinco fotografías de mujeres peladas que aparecieron en la prensa malagueña y madrileña republicana en octubre y noviembre de 1936. Las fotografías, que sepamos, eran desconocidas por los historiadores hasta ahora. La foto de abajo, con la imagen de tres mujeres, es una de las cinco que ilustra el artículo. Fue publicada por el periódico madrileño Ahora el 9 de octubre de 1936.

Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río

Posted on 18 agosto, 2016 por arcangelbedmar

De izquierda a derecha, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José Gómez Gálvez, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

El 6 de agosto de 1936, a los pocos días del comienzo de la guerra civil española, una columna militar dirigida por el general José Enrique Varela Iglesias, afín a los sublevados, sacó a varias decenas de presos de la cárcel de Montilla, una localidad donde había triunfado el golpe de Estado el mismo 18 de julio. Entre los reclusos se encontraban 13 vecinos de Santa Cruz, una aldea perteneciente entonces a Montilla y hoy a Córdoba capital. Cuando llegaron a las inmediaciones del pueblo vecino de Castro del Río, los prisioneros fueron fusilados. El lugar preciso de su muerte y enterramiento lo obtuve de manera tardía y fortuita, en una conferencia que impartí en Castro del Río a finales de 2014. Al nombrar el hecho e indicar que de acuerdo con algunos testimonios las víctimas podrían estar inhumadas en la finca de Monterrite, un par de asistentes, Francisco Merino Cañasveras y Blas Criado, me corrigieron y me indicaron que más bien podría ser Santa Rita. Blas, que trabajaba en los años noventa en la televisión local, me señaló que en ese sitio se encontraron restos humanos, que parecían ser recientes, cuando se excavaron hoyos para la plantación de olivos, y que incluso grabaron imágenes de aquel acontecimiento. Con esta información en la mano, rápidamente me puse en contacto con Remedios Gómez Márquez, a la que conocí cuando aportó su testimonio sobre Santa Cruz para la cuarta edición de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), publicada en 2009. Con ella, y con algunos de sus hijos, había compartido charlas y había coincidido en múltiples ocasiones en Córdoba en actos de carácter histórico.

Remedios Gómez había nacido en la aldea de Santa Cruz. Allí, el 20 de julio de 1936, solo dos días después del golpe de Estado, unos militares detuvieron a su hermano Antonio, de 17 años entonces (aparece en la fotografía de arriba), y a su padre, Juan José Gómez Gálvez, apodado Bandurria, de 46 años, junto a otros 11 vecinos. Todos estuvieron retenidos en el patio del cuartel de la Guardia Civil del vecino pueblo de Espejo, a pleno sol y amarrados de dos en dos, hasta que los trasladaron a Montilla dos días después. El padre y el hermano de Remedios iban en el grupo de presos sacados de esta cárcel y fusilados en Castro del Río por la columna del general Varela el 6 de agosto. La madre de Remedios, Dolores Márquez, como casi toda la población de Santa Cruz, huyó a finales de septiembre de la aldea tras su toma por las fuerzas franquistas del comandante Sagrado. Se refugió en Torredelcampo (Jaén), situado en zona republicana, donde los cuatro niños menores, entre los que se encontraba Remedios, estuvieron a punto de ser enviados a Rusia porque ella enfermó. Cuando regresaron a su domicilio en la posguerra se encontraron con que había sido ocupado por un falangista y que todos los muebles y enseres habían desaparecido, incluidas las bandurrias que el padre tocaba y por las que recibía el apodo. El falangista les cedió una habitación para que se cobijaran, pero siguió ocupando la casa como si fuera de su propiedad hasta que le apeteció. A varias mujeres y a las madres y esposas de los vecinos que habían sido asesinados al comienzo de la contienda, como le sucedió a la madre de Remedios, los falangistas les ordenaban que barrieran la plaza del pueblo para humillarlas públicamente y a algunas les raparon la cabeza y les dieron aceite de ricino. La familia de Remedios pudo sobrevivir pasando muchas calamidades y miserias, y se vio obligada a emigrar a Córdoba capital.

Cuando conocí a Remedios, uno de sus deseos, defendido con una entereza y una dignidad envidiables para su edad, era localizar los restos de su hermano y de su padre para darles digna sepultura, así que le propuse que iniciara los trámites legales para la búsqueda, pues según la información que obtuve en mi conferencia podrían estar enterrados en Santa Rita. En enero de 2015, elaboré un informe histórico, que puede leerse en este enlace, para avalar la solicitud que realizaron ella y los familiares de algunos de estos fusilados de Santa Cruz a la entonces Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, con la intención de que aprobara el inicio de los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la guerra civil. Año y medio después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó que la indagación, localización, exhumación e identificación genética de las posibles víctimas enterradas en la fosa común de Santa Rita sería incluida en las actuaciones que se llevarían a cabo en los próximos meses en 37 localidades andaluzas.

Respecto a las exhumaciones de víctimas de la guerra civil, hemos de recordar que los restos de las víctimas de la represión republicana, con dinero público, fueron sacados de las fosas comunes, identificados e inhumados en cementerios, según establecieron al menos dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y de 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación franquista. Tras estas fechas de la primera posguerra, 33.815 cadáveres (de ellos, 21.423 identificados), la inmensa mayoría de combatientes, se exhumaron y se enterraron con posterioridad en el Valle de los Caídos. No ocurrió igual con las víctimas de la represión franquista. Aunque hubo exhumaciones puntuales de fosas comunes durante la Transición, llevadas a cabo por los familiares de manera privada, hasta el año 2000 no se inició la primera exhumación científica de víctimas republicanas en Priaranza del Bierzo (León), donde se identificaron 13 cadáveres. Desde esa fecha y hasta el año 2018, se abrieron 740 fosas comunes y se recuperaron más de 9.000 cadáveres, gracias sobre todo al impulso de las asociaciones de memoria histórica, según un informe elaborado para el Ministerio de Justicia por un grupo de 11 expertos coordinados por el forense Francisco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En nuestro país hay contabilizadas 2.382 fosas de víctimas de la represión franquista aún sin excavar que albergarían más de 45.000 cadáveres.

En los últimos años, distintos organismos de la ONU han recordado al gobierno de España que el Derecho Internacional Humanitario recoge que la búsqueda, identificación y entrega a sus familiares de los restos mortales de los fallecidos y desaparecidos en un conflicto armado, sea internacional o una guerra civil, es una obligación de los estados, y también establece el derecho de las familias a saber qué les ocurrió, a rememorarlos y a recuperar sus restos. Estas obligaciones de los gobiernos y los derechos de las familias son de carácter universal y no prescriben con el tiempo. La finalidad es acabar con el dolor y la angustia de los familiares hasta que encuentran el cuerpo de su ser querido, que es la única manera de cerrar las heridas que aún permanecían abiertas.

La intervención arqueológica realizada en la finca Santa Rita de Castro del Río resultó acertada. En junio de 2017 ya se habían localizado en el terreno los restos, en la mayoría de los casos minúsculos, de entre 12 y 14 varones, casi todos menores de veinte años. El informe arqueológico final, difundido por la Junta de Andalucía a principios de enero de 2018, se puede leer en este enlace. Por fortuna, el análisis genético realizado por la Universidad de Granada para lograr la identificación de los cadáveres fue positivo para una de las familias implicadas y para Remedios Gómez, que ha logrado rescatar los restos de su padre, pero no los de su hermano. Los restos de este y de otros muchos fusilados allí posiblemente acabaron metidos en sacos de abono, tras aparecer durante la excavación de los hoyos para la plantación de olivas en la finca en los años noventa del siglo pasado. La Guardia Civil abrió un atestado tras el hallazgo, pero en la actualidad ha sido imposible encontrarlo ni localizar el lugar a donde fueron a parar los sacos con los restos de esas víctimas, a pesar de las gestiones realizadas por personas e instituciones como la propia alcaldía de Castro del Río, en manos de José Luis Caravaca Crespo cuando se realizó la excavación. En aquel momento no era una prioridad para las autoridades públicas (ni estatales, ni autonómicas ni municipales) la búsqueda de los restos de las víctimas de la contienda, así que es muy posible que hayamos perdido el rastro de ellos para siempre.

Aunque el resultado del proceso que estamos analizando haya sido positivo, también resultó muy largo, pues desde que las familias solicitaron oficialmente la búsqueda trascurrieron cuatro años y ocho meses, lo que nos indica la lentitud con la que funciona la maquinaria administrativa autonómica que se encarga del tema, y más teniendo en cuenta que entre los demandantes de estas exhumaciones hay personas de muy avanzada edad. Después de tanto tiempo esperando, el día 19 de octubre de 2019, en una ceremonia familiar y privada a la que fui invitado a asistir en el cementerio de Castro del Río, los arqueólogos encargados de la excavación, Jesús Román Román y Juan Manuel Guijo Mauri, le entregaron a Remedios Gómez una pequeña caja de madera. Contenía minúsculos y escasos restos de su padre, ya que las labores agrícolas en la finca habían desperdigado y destruido los huesos, inhumados por sus verdugos casi a ras de tierra. En aquel momento, su emoción, su nerviosismo y su agradecimiento a todos los que la habíamos ayudado después de tantos años de búsqueda eran patentes. Por fin ella y su familia cerraban una de las tantas heridas abiertas por la represión y por la guerra civil española. El cuerpo de su padre ahora podrá descansar en paz, no donde sus asesinos lo habían arrojado, sino enterrado con dignidad junto a su esposa en el cementerio de San Rafael de Córdoba, la ciudad donde reside la familia.

Fotografía realizada el 9 de noviembre de 2014 por Rafael González en la que aparezco con Remedios Gómez Márquez.

El campo de concentración de prisioneros de guerra de Lucena (1938-1939)

Posted on 27 mayo, 2016 por arcangelbedmar

Responder

Durante la Guerra Civil y en la primera posguerra, los campos de concentración de prisioneros de guerra se utilizaron en la España franquista para internar, clasificar, reeducar y distribuir hacia otros destinos a los soldados republicanos que caían prisioneros o se entregaban voluntariamente, y también a los civiles y militares que llegaban evadidos desde la zona republicana. Las primeras instrucciones para la actuación con los prisioneros de guerra se emitieron en diciembre de 1936 y a partir de agosto de 1937 se encargaría de esta cuestión la Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros, un organismo que dependía directamente del Cuartel General del Generalísimo, es decir, del propio Francisco Franco.

Prisioneros del campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) en una fecha indeterminada.

Tras su apresamiento en los frentes de guerra por las tropas franquistas, los mandos y los soldados republicanos eran normalmente conducidos a un campo provisional, donde se les tomaba la filiación y se les interrogaba. De allí, en trasportes que solían ser vagones de carga, sufrían un nuevo traslado a un campo estable para ser clasificados. Si al prisionero se le encontraba alguna responsabilidad política o militar, se le trasladaba a una cárcel y se le sometía a juicio sumarísimo, en el que podía ser condenado a muerte. Si se le consideraba adepto al Movimiento Nacional (porque hubiera sido reclutado a la fuerza o no se encontrara cargo contra él) se le reintegraba en el Ejército franquista o se le dejaba en libertad si no pertenecía a reemplazos movilizados hasta el momento. Si se le consideraba “dudoso”, indiferente o poco afecto al Movimiento Nacional, se mantenía su reclusión en el campo de concentración o se le destinaba a partir de agosto de 1937, sin sentencia judicial previa y como mano de obra forzada y militarizada, a los batallones de trabajadores –reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores–, donde era sometido a trabajos forzados en fortificaciones militares y en obras públicas y privadas (pantanos, canales, ferrocarriles, carreteras, minas, puertos, edificios, etc.). Esta modalidad de trabajo esclavo se mantuvo bastantes años, de manera que según cifras oficiales en julio de 1942 aún quedaban 45.457 presos encuadrados en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

Prisioneros de guerra en Santander (1937).

Los prisioneros de guerra en la España franquista no fueron tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1929 –a pesar de que Franco manifestó a la Cruz Roja que se guiaría por ella– que establecía un trato humanitario para los internos y la prohibición de infligirles sufrimientos, violencias, insultos, etc. Por el contrario, acabaron hacinados en campos de concentración en malas condiciones higiénicas, mal alimentados, obligados a trabajos forzosos, torturados, castigados, y en ocasiones exterminados en asesinatos extrajudiciales. Según las instrucciones emitidas en septiembre de 1937 por la Inspección de los Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra y Batallones de Trabajadores, los presos tenían restringidas las visitas y la correspondencia –que era censurada– y se les prohibía hablar con las fuerzas de vigilancia, recibir paquetes de comida o la lectura de la prensa. Además, dentro del proceso de reeducación política que padecían, estaban obligados a saludar a las autoridades y a la bandera con el brazo alzado al estilo fascista, y a dar vivas a Franco y a España al formar y romper filas o con motivo de cualquier evento. En cuanto a las actividades que desarrollaban, una buena parte del día los prisioneros permanecían de pie y en posición de firmes: para los recuentos, la instrucción, escuchar los discursos y las lecturas de las leyes penales, cantar los himnos patrióticos o para la celebración de la misa de los domingos. La consideración que merecían los prisioneros de guerra republicanos para las autoridades franquistas la reflejó de manera clara el máximo responsable de la Inspección de Campos, Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, en la “Memoria Crítica”, de 1938, con estas palabras: “Frente al Ejército Nacional no se alza otro Ejército, sino una horda de asesinos y forajidos, y junto a ellos, y como menos culpables, unos bellacos engañados por una propaganda infame».

Prisioneros desfilando en el campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) en fecha indeterminada.

Conforme las tropas franquistas avanzaban en sus conquistas, el número de prisioneros aumentó con rapidez, sobre todo en 1938. En febrero de 1939, según cifras oficiales, se alcanzaba la cifra de 237.102 internados en los campos. Si nos atenemos a las investigaciones de Carlos Hernández de Miguel, publicadas en 2019 en un libro imprescindible de más de 500 páginas, Los campos de concentración de Franco, en España existieron cerca 296 campos de concentración entre 1936 y 1947 (51 de ellos en Andalucía) por los que pasaron entre 700.000 y un millón de prisioneros. Las víctimas mortales directas serían unas 10.000. Andalucía fue un lugar de internamiento de prisioneros durante toda la guerra, pero en especial desde 1939, pues los campos del norte de España se encontraban desbordados.

El historiador Francisco Navarro López, en su libro Cautivos en Córdoba (1937-1942), publicado a finales de 2018, analiza de manera detallada los 13 campos de concentración de la provincia de Córdoba, bastantes de ellos desconocidos hasta ahora, por los que pasaron 32.283 prisioneros contabilizados y 61.645 estimados. También describe las 28 unidades cordobesas de trabajos forzados en las que hubo 11.386 cautivos, sobre todo recluidos en batallones de trabajadores. En Lucena existió un campo de concentración en el que estuvieron internados, según Francisco Navarro, 967 prisioneros contabilizados y 2.000 estimados, aunque su capacidad era para solo 300.

La andadura del campo de concentración de Lucena comenzó el 12 de julio de 1938, cuando llegaron 194 prisioneros custodiados por fuerzas de la Guardia Civil. Todos procedían del campo de concentración de Córdoba. Durante ese mes hubo 10 bajas entre los presos, de las que seis fueron por ingresos en el hospital militar de Lucena, que se encontraba en la actual residencia de ancianos de San Juan de Dios. Desconocemos si alguno de ellos falleció en este recinto sanitario.

El 1 de octubre de 1938 el campo albergaba ya a 229 presos, y en los días siguientes se sumaron otros 69, de los que 66 procedían del campo de concentración de Córdoba, que funcionaba desde 1937 y se convirtió en el gran suministrador de internos para el de Lucena. En total, durante este mes de octubre, pasaron por el campo de concentración de Lucena 292 reclusos, entre los que se produjeron 158 bajas que se distribuyeron de la siguiente manera: 59 internos fueron liberados; 77 engrosaron las filas del Ejército franquista en los frentes de guerra (regimiento de Infantería Oviedo, Regimiento Pavía nº 7 y un batallón de Bandera de la Falange); 14 acabaron en el Batallón de Trabajadores 103, sometidos a trabajos forzados en las obras del aeropuerto de Málaga; mientras que dos terminaron ingresados en la Prisión Provincial, otros dos en el campo de concentración de Córdoba y tres pasaron por el Tribunal Médico de la misma ciudad.

En julio de 1939 todavía quedaban 121 presos en el campo de concentración de Lucena, cuando hacía ya tres meses que había finalizado la Guerra Civil. El día 8 el campo dejó de funcionar. Tuvo por tanto una andadura corta, de solo un año. El destino de la mayoría de los prisioneros fue el campo de concentración de Montilla. No obstante, 30 quedaron libres, uno pasó al campo de concentración de Córdoba, otro a la prisión de Córdoba y otro a la de Linares (Jaén).

No sabemos a ciencia cierta el lugar exacto donde se ubicó el campo de concentración de Lucena pero, según hemos podido deducir del testimonio del médico lucentino Juan Luna Delgado –ya fallecido–, creemos que tuvo su sede en las escuelas de San Antonio de Padua del convento de los franciscanos, un recinto que había servido de prisión al comienzo de la Guerra Civil y que en junio de 1938 albergaba a 320 alumnos según el periódico local Ideales en su edición del día 13. Era un edificio espacioso y con agua corriente, pero aun así no contaba con la infraestructura necesaria (camas, utensilios de cocina, servicios higiénicos, lavandería, etc.) para alojar a tanta población reclusa. Por ello, con la intención de habilitarlo para los prisioneros de guerra, el Ayuntamiento aprobó en su sesión plenaria del 14 de julio de 1938 una ampliación del presupuesto para obras, construcción de hornillas, elevación de la pared medianera del convento, colocación de pavimentos y otras reformas. El comandante jefe del campo fue Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería retirado y comandante militar de Lucena. De la administración económica se encargó el teniente Rafael García Rey, secretario de la Caja de Recluta de Lucena. El Estado pagaba 1,65 pesetas diarias para la manutención alimenticia de cada uno de los presos.

La documentación relativa a 132 campos de concentración y 541 batallones de trabajadores se localiza en los fondos del Tribunal de Cuentas conservados desde 2010 en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. En abril de 2016 el historiador Francisco Navarro López me cedió la lista con los nombres de 257 presos que pasaron por el campo de Lucena. Sus nombres y apellidos, copiados textualmente, se pueden consultar en este enlace.

Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después

Posted on 7 abril, 2016 por arcangelbedmar

Juan Zafra Raigón, desaparecido cuando lo detuvieron en Montilla en 1936.

En diciembre de 2015, Miguel Guillén Burguillos me escribió un mensaje de correo electrónico desde Mataró (Barcelona), su ciudad de nacimiento y de residencia. Miguel procede de una familia de emigrantes andaluces afincados en Cataluña en los años sesenta del siglo pasado. Por parte de madre, su abuela Gabriela era originaria de Montilla y su abuelo Antonio de Lucena. Había leído mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), y me pedía ayuda para localizar a uno de los hermanos de su abuela, Juan Zafra Raigón. Lo habían detenido en Montilla, que había quedado en manos de los golpistas desde el 18 de julio de 1936, y desde entonces estaba desaparecido. Por tanto, desconocían si había sido fusilado o había conseguido sobrevivir. La única noticia, confusa y poco creíble, sobre su posible paradero les vino de otro hermano, Antonio, que se exilió en 1939 en Francia y estableció allí su residencia definitiva hasta su muerte. Al intentar recabar información en tiempos de Franco en un consulado español en Francia, le dijeron que los datos que poseían sobre Juan eran confidenciales, así que la familia creyó –aunque sin ningún fundamento que lo avalase– que podría estar refugiado en Suiza.

Desgraciadamente, no pude ayudar a Miguel Guillén en la búsqueda de su tío abuelo por las enormes dificultades que presenta la investigación de este caso. Además, su nombre no está incluido en la lista de los 148 víctimas mortales que tenemos catalogadas hasta el momento de la represión franquista en Montilla ni entre los 438 vecinos –Montilla tenía unos 19.500 habitantes en 1936– que sufrieron internamiento en cárceles u otras formas de represión durante la guerra y la posguerra. En consecuencia, Juan Zafra Raigón continua siendo en este momento una de las muchas decenas de miles de personas desaparecidas, de las que no se tiene constancia de su paradero ni se ha encontrado su cadáver, a consecuencia de la represión franquista durante la contienda civil.

Antonio Burguillos Serrano en una fotografía de la década de 1970.

En la primera conversación telefónica que tuvimos sobre este asunto, Miguel Guillén me contó otra historia. Como su abuelo materno, Antonio, era lucentino, había leído también mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939. En él, a Miguel le había llamado la atención que entre la lista de fusilados en 1936 apareciera Manuel Burguillos Serrano, que se apellidaba igual que su abuelo y cuya fotografía mostraba un enorme parecido físico con él mismo, según apreciaron con sorpresa hasta sus propios padres. Me pidió, por tanto, si podría averiguar si ese hombre podría ser hermano de su abuelo, quien les había contado que tenía un hermano y una hermana en Lucena pero nunca les dio información sobre ellos. Su abuelo se había marchado solo, sin su familia, a trabajar desde Lucena a Montilla con menos de 20 años, a finales de la década de 1920. En 1965, junto a su mujer, Gabriela, y sus hijos, había emigrado a la localidad barcelonesa de Mataró, donde murió en 1976, con 66 años.

Manuel Burguillos Serrano, concejal en 1931 y vicepresidente del PSOE de Lucena en 1936.

El presunto hermano de Antonio, Manuel Burguillos Serrano, había nacido en Lucena el 11 de marzo de 1905. Tenía una formación autodidacta y era jornalero de profesión, por lo que sufrió las miserables condiciones de vida de los trabajadores del campo andaluz de los años veinte y treinta del siglo pasado. A través de su propia experiencia vital, de su talante generoso con los que aún eran más pobres que él y de las tertulias organizadas en el patio de su casa, al calor de la lectura del periódico El Socialista, tomó conciencia de la necesidad de combatir las injusticias de su tiempo. El salto de Manuel Burguillos al Consistorio local se produjo en las elecciones del 14 de abril de 1931, al resultar elegido concejal en la triunfante candidatura republicana, que obtuvo en Lucena el 64,82% de los votos frente al 35,18% conseguido por los monárquicos. Solo dos días después se proclamaba la II República en toda España. Su labor como concejal socialista en el Ayuntamiento se puede resumir en tres ejes prioritarios: defensa a ultranza de los derechos y de la dignidad de la clase obrera, reivindicación del laicismo y denuncia constante de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que se oponían a las reformas del régimen republicano. El 15 de octubre de 1934 la Corporación Municipal lucentina fue destituida de manera arbitraria por el gobernador civil y Manuel Burguillos dejó de ser concejal. A partir de entonces su actividad política se centró en la agrupación local del PSOE, de la que llegó a ser vicepresidente en 1936.

Foto Manuel Burguillos (Libro familia 2)

Manuel Burguillos, cuando tenía 27 años.

La rebelión militar del 18 de julio 1936, que triunfó en Lucena ese mismo día, tuvo trágicas consecuencias para Manuel Burguillos. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas –en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes– y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes. De los concejales socialistas elegidos en las elecciones de 1931, al menos cuatro serían pronto fusilados: Rafael Lozano Córdoba (de 72 años), Antonio Palomino Luque, José López Antequera y Manuel Burguillos Serrano. El 27 de julio unos falangistas se presentaron en la casa de Manuel Burguillos, en el número 52 de la calle Rute. Al no encontrarlo allí, pues se hallaba trabajando, le dejaron el aviso de que se personase ante la autoridad militar “solo para hacerle unas preguntas”. Cuando regresó, su esposa, consciente del peligro que se cernía sobre él, le propuso la huida hacia Jaén, que se encontraba en zona republicana. Él se negó, alegando que no había cometido ningún delito y que su conciencia estaba tranquila. Se presentó a la citación y quedó detenido en el acto. Su confianza en las buenas intenciones de sus verdugos le traicionó. Estuvo internado en el convento de San Francisco, convertido en prisión, y en la madrugada del 19 de agosto de 1936 lo fusilaron, junto con veinticuatro personas más, en las tapias del cementerio de Lucena. Tenía entonces 31 años. Dejó dos huérfanos, Antonio, de tres años, y Carmen, próxima a cumplir los dos.

En una foto de cuando tenía 23 años, Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

Recabando datos para mi libro sobre Lucena, logré entrevistar en los meses de marzo y abril de 1997 a la viuda de Manuel Burguillos, Luisa Baena Mármol, quien ya había cumplido los 88 años y parecía una mujer muy vivaz. En la conversación definió a su marido, con el que se había casado el 30 de abril de 1932, como un hombre inteligente, bueno y, sobre todo, cariñoso. Se apreciaba que había estado muy enamorada de él y era evidente que se sintió bastante reconfortada e ilusionada aportando sus recuerdos. A pesar del tiempo transcurrido desde la guerra, mantenía una memoria prodigiosa. Aún se emocionaba, hasta llegar a las lágrimas, enumerando los nombres de varios fusilados –entre ellos un primo hermano– y contando que escondió en su propia casa a tres hermanos (Rafael, Miguel y Antonio Sánchez) para evitar su detención en una de las numerosas redadas acontecidas en la calle Rute. Como nota curiosa, he de señalar que en la pared del rellano de la escalera de su antigua vivienda todavía conservaba un cuadro con la imagen de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y del sindicato socialista UGT, que había conseguido ocultar detrás de una lámina de la Virgen durante la guerra y la dictadura de Franco. Condicionada por sus trágicas circunstancias familiares y aconsejada por el cura de la parroquia del Carmen, Luisa se volvió a casar el 27 de noviembre de 1939, tuvo tres hijos más (Luis, Araceli y Ana), perdió el contacto con la familia de su antiguo marido y enviudó de nuevo en 1970. Murió el 8 de noviembre de 1999, dos años después de que yo la entrevistara.

Dos meses antes de que me escribiera Miguel Guillén desde Mataró, conocí a un nieto de Manuel Burguillos Serrano, de igual nombre y primer apellido, porque se me presentó por la calle. Me habló de que estaba interesado en localizar y exhumar los restos de su abuelo –una solicitud que ya ha cursado a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía– y nos intercambiamos los números de teléfono. Esta casualidad permitió que pudiera consultarle las dudas que me planteaba Miguel Guillén. Miguel sabía que los padres de su abuelo se llamaban Araceli y Antonio. Manuel buscó en el libro de familia de su abuelo y los padres se llamaban igual. También preguntó a su tía Carmen, y ella le dijo que mantenía un recuerdo lejano de la existencia de un tío en Montilla. Miguel me envió también una foto de su abuelo Antonio que fue determinante. En cuanto Manuel la vio, descubrió el enorme parecido físico con su padre, Antonio, ya fallecido. El misterio estaba resuelto: Manuel y Antonio Burguillos Serrano eran hermanos. A los pocos días, la curiosidad llevó a Miguel, politólogo de profesión, a realizar otro descubrimiento importante: encontró en el diario ABC una nota mortuoria de Araceli Burguillos Serrano, de 88 años, fallecida el 23 de abril de 1996 en Madrid, el lugar donde su abuelo les había referido que había emigrado su hermana.

La pregunta que surge de inmediato es por qué Antonio Burguillos Serrano nunca hablaba de su hermana ni de su hermano fusilado en Lucena. El origen podría estar en su personalidad callada, hermética y dedicada al trabajo. O puede que ese silencio se debiera al desarraigo familiar, al deseo de olvidar, al miedo, a tratar de evitar que sus hijos pudieran correr la misma suerte que su hermano por “meterse en política” o a cualquier otro motivo desconocido. Tampoco sabemos si ese silencio, en una persona de ideología socialista, fue voluntario o forzado por determinadas circunstancias. Sea como fuere, el olvido y el pasado familiar oculto del abuelo han sido sustituidos ahora por la memoria de uno de sus catorce nietos. Al menos, en este caso, una historia que hunde una parte de sus raíces en el drama represivo de la guerra civil española tiene un final feliz. Esta semana, solo cuatro meses después de que me escribiera, Miguel Guillén Burguillos visita Lucena por primera vez en su vida para conocer el lugar donde nació su abuelo y donde aún viven los descendientes de su tío abuelo, con los que aún no había mantenido ningún contacto, pues yo he servido en todo momento de intermediario con ellos. Esta es la fotografía, de ayer mismo, 6 de abril de 2016, que da fe del esperado encuentro familiar.

De izquierda a derecha, Manuel Jiménez Burguillos, Miguel Guillén Burguillos y los hermanos Manuel y Carmen Burguillos Castillo.

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Posted on 2 noviembre, 2015 por arcangelbedmar

Responder

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)

Posted on 23 noviembre, 2014 por arcangelbedmar

Aunque Montilla ya había conocido una enorme represión tras el triunfo del golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como la “política de la venganza”: exilio, campos de concentración, batallones de trabajo, torturas, consejos de guerra, cárceles, fusilamientos, depuraciones, responsabilidades políticas… En un auténtico desprecio por la suerte de los vencidos, no hubo reconciliación ni amnistía ni perdón. La dictadura, imbuida de militarismo y fascismo, olvidó el lema de “Si no has cometido crímenes, no tienes nada que temer”, y desde el principio la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la misma estructura política del régimen.

En condiciones inhumanas, los que habían perdido la guerra recorrieron en aquellos años cárceles y otros establecimientos penitenciarios. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos –de los cuales 23.232 eran mujeres– según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles –de ellos, 11.688 mujeres– todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España, que empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción en carreteras y pantanos. Entre 1944 y 1948 más de un millón de familias tenía aún a uno de sus miembros en prisión o en libertad condicional

Al acabar la guerra, el 1 de abril de 1939, el más de un millón de refugiados civiles que había en la España republicana debió emprender el regreso a donde residían antes del 18 de julio de 1936. Los combatientes republicanos que habían sobrevivido o no habían huido a Francia volvieron también libres o con salvoconductos desde los campos de concentración que se habían habilitado por toda España, donde se hacinaban más de medio millón de hombres en 1939, tras haber pasado por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias. El control sobre los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen.

Después de casi tres años de ausencia, los refugiados montillanos regresaban a sus casas a pie, en bestias de carga, en coches de viajeros o en tren. A la incertidumbre y a las penurias del regreso se añadían las últimas experiencias vividas, ya que a menudo los métodos para expulsar a los asilados de las poblaciones de acogimiento resultaban expeditivos. De madrugada echaron a la familia del socialista Juan de la Torre Requena del cuartel donde se había cobijado con otros montillanos durante la guerra en Torreblascopedro (Jaén). Cuando la Guardia Civil ocupó la localidad, simplemente les espetó: “Váyanse, esto es nuestro”. En la misma provincia, a la familia Gómez Márquez la expulsaron del cuartel de Jabalquinto en medio de los cánticos y la euforia de las mujeres derechistas que se arremolinaban en la calle. Tres días tuvieron que aguardar a la intemperie a que apareciera el sucio tren de mercancías que los trasladó a Montilla. Asimismo, la familia Ruz Morales tardó cuatro días en llegar también en un tren de mercancías desde Murcia, alimentándose sólo de azúcar, la única comida que poseían.

49.El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

Aparte de los refugiados y de los soldados republicanos que volvían libres a Montilla, otros vecinos fueron reclamados por el juzgado local cuando se encontraban internados en campos de concentración o en cárceles. A algunos los trajeron desde Alicante, en cuyo puerto se habían aglomerado más de 15.000 personas en un último y desesperado intento de escapar de España en unos barcos que nunca llegarían. Una delegación de guardias montillanos se trasladó expresamente a las prisiones de la ciudad levantina para arrastrar hasta Montilla a los comandantes del Ejército republicano Juan Córdoba Zafra (concejal y secretario local de las JSU) y Manuel Alcaide Aguilar (expresidente de la Casa del Pueblo), al concejal de Izquierda Republicana Francisco Merino Delgado y al alcalde socialista Manuel Sánchez Ruiz. También se encontraba allí Francisco Hidalgo Luque, que se había integrado en el grupo de resistentes, capitaneados por Manuel García Espejo, que se había creado en la sierra en los primeros días de la guerra, y luego en la compañía de milicianos, formada por el también montillano Juan Córdoba Zafra, en Bujalance. Tras luchar en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Teruel y Valencia, Francisco Hidalgo acabó en el puerto de Alicante, donde arrojó al mar una maleta con tres millones de pesetas –que custodiaba porque tenía el grado de teniente pagador– para evitar que cayera en manos de los franquistas. Lo internaron en el castillo de Santa Bárbara, sin mantas para protegerse del frío, y sometido a los malos tratos de los guardianes, quienes para aumentar el sufrimiento de los presos ante las bajas temperaturas los rociaban con cubos de agua, hasta que lo trasladaron a la cárcel de Montilla el 28 de julio de 1939.

27.Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Francisco Urbano Baena escapó con 14 años de Montilla y se alistó en el Ejército republicano. Estuvo internado en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Otros ni siquiera pudieron llegar a Montilla, como Francisco Urbano Baena “El Duende”, que tenía tan solo 14 años cuando huyó a Espejo con su primo Luis Pérez Baena “Niño Ríos”, de la misma edad. Tras recorrer Castro, Bujalance, Villa del Río y Andújar, Francisco Urbano acabó su periplo en Arjonilla (Jaén). Consiguió alistarse en el Ejército republicano y, al finalizar la guerra, lo detuvieron junto a sus compañeros. Un capitán del Ejército franquista le ordenó que volviera desde Arjonilla a Montilla, y que se presentara ante la Guardia Civil. En el camino de regreso, fue arrestado en Villa del Río y confinado en Córdoba en un vagón de tren que lo trasladó al campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga), donde había sólo una fuente de agua para que bebieran los seis mil prisioneros que allí se hacinaban. Su familia obtuvo un aval para que lo sacaran del campo, pero al ser menor de edad las autoridades militares decidieron internarlo en un correccional en Burgos. Sin embargo, el padre de Francisco Urbano, que en sus frecuentes visitas había colmado de regalos a un sargento del campo, consiguió que este hablara con el capitán y que, por fin, lo liberaran.

Los refugiados, harapientos, llenos de parásitos y derrotados física y moralmente, regresaron a Montilla en tren en su mayoría. Apostados en los andenes, guardias municipales, guardias civiles y voluntarios –que no faltaban para este menester– realizaban una primera labor de identificación, registro y humillación de los que llegaban. Personajes como “El Mellao”, “El Bravo”, “El Borrico”, “El Cojo Púa”, “El Regaera”, Paco Enríquez Leña y Mariano Luque Pardo “El Pulga” destacaron en estas labores. Dirigentes izquierdistas y mandos militares republicanos se convirtieron en el objetivo más codiciado y su apresamiento provocaba palabras de euforia de los captores. Desde la estación, como si de un espectáculo público se tratara, los conducían a pie a la sede de la Comandancia en la calle Ancha o al cuartel de la Guardia Civil para ser interrogados.

Rafael Ruiz Luque arribó desde Campo de Criptana (Ciudad Real). En Montilla ya habían fusilado a un hermano y otro había muerto en el frente. Tras recibir la orden de presentarse en Montilla y sufrir múltiples vicisitudes por la falta de medios de transporte, llegó a la estación de Córdoba, donde se encontró con un cuñado suyo requeté, quien le advirtió de que lo esperaban en Montilla para fusilarlo. Cuando entró en la localidad decidió bajarse del vagón por la parte de atrás para que no lo descubrieran. Después se presentó ante la Guardia Civil, en el cuartelillo de la calle Ancha, donde le tomaron declaración. Al manifestar que vivía en El Coto –una zona con fuerte tradición izquierdista–, un guardia comentó a los otros: “Ya sabes lo que tienes que hacer, que hay muchos mascando tierra por menos que ese”. Por suerte, la recomendación no se cumplió.

63.El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

Antonio García Hidalgo, apresado en Toro (Zamora) y en la cárcel de Montilla.

Si en un primer momento alguno pasaba desapercibido, bien porque no hubiera sido reconocido o porque se hubiera apeado intencionadamente del vagón antes de llegar, a las pocas horas recibía en su domicilio la ingrata visita del guardia correspondiente que le conminaba a acompañarle. Eso le ocurrió al socialista Antonio García Hidalgo, un joven agricultor al que la sublevación le había sorprendido de permiso del servicio militar en Montilla. No volvió a su acuartelamiento, sino que se alistó en las milicias de Espejo, y combatió en Pozoblanco y Alcázar de San Juan. En el exilio, permaneció internado en los campos de concentración del sur de Francia, por lo que decidió regresar a España. Aquí fue encarcelado en el campo de concentración de Toro (Zamora), hasta que la familia le buscó un aval que le permitió volver. En la estación de Montilla consiguió escabullirse y pasar desapercibido, pero al día siguiente lo detuvieron en su domicilio y lo trasladaron a la cárcel. Como había guardias y vecinos delatores por todas partes, era casi imposible que nadie reconociera a los que volvían aunque trataran de ocultarse.

Cuando un refugiado o un antiguo combatiente republicano se presentaba o era llevado detenido al cuartel de la Guardia Civil, el comandante de puesto lo interrogaba y elaboraba un atestado sobre sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra. Tras estas primeras diligencias, el comandante podía decretar la prisión para el acusado y elevaba las actuaciones practicadas al juez de instrucción. El juez instructor solicitaba unos breves informes de los encartados a la Guardia Civil, la Falange y la alcaldía, en los que siempre se realizaban imputaciones muy genéricas, casi idénticas para todos los acusados, independientemente de los delitos que presuntamente hubieran cometido. En estos informes se catalogaba a los encausados con expresiones peyorativas como “conducta moral pésima”, “antecedentes malos”, “conducta política social indeseable”, “socialista de cuidado”, “sinvergüenza”, “provocador de las personas de orden”, “saqueador”, etc. Incluso a Aurelio Casas Córdoba se le llegó a imputar ser “ateo de nacimiento”. Sin embargo, escaseaban las acusaciones concretas, ya que a la mayoría se les solía inculpar de manera genérica por su labor durante la República (participación en huelgas, mítines, militancia y cargos políticos y sindicales), su actuación durante los sucesos del 18 de julio de 1936, su integración en las partidas de huidos en la sierra o sus servicios y graduación en el Ejército republicano. Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados.

El juez instructor continuaba el sumario tomando declaración a los testigos y denunciantes (si existían), que acudían a testificar por iniciativa propia o porque eran propuestos por la alcaldía y la Guardia Civil. Con estas nuevas actuaciones elaboraba un auto de procesamiento que se basaba en el atestado de la Guardia Civil y en los informes que le habían proporcionado esta y la alcaldía. En esta fase de la instrucción, solía ratificar la prisión para el imputado y le comunicaba el derecho a elegir abogado defensor –una figura que se limitaba casi siempre en los juicios a pedir el grado de pena inferior al que había solicitado el fiscal–, aunque el recluso solía escoger siempre al que le tocara en turno. Tras el auto de procesamiento, el juez realizaba nuevas declaraciones indagatorias a los testigos y al encartado, y a continuación elaboraba un auto resumen en el que incluía las diligencias practicadas hasta el momento.

Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por un tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Montilla expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba cuando terminaba su actuación. Los juicios, en muchas ocasiones eran colectivos, sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que demuestra que no había un objetivo probatorio y que, por supuesto, no existía una justicia personalizada. Las vistas se celebraban en el salón de plenos del ayuntamiento montillano, donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las posibles víctimas como de los acusados, para que el escarmiento fuera lo más ejemplar posible.

El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

Muy fácil fue en aquellas circunstancias obtener de los presos los testimonios que sus captores querían. Los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades, por lo que las torturas, las palizas y los malos tratos fueron una práctica normal y generalizada en las prisiones montillanas según nos confirman múltiples testimonios. De acuerdo con el testimonio de su esposa, a Francisco Córdoba Gálvez “Arrobeta” lo golpearon, colgado de los brazos, hasta que perdió el conocimiento. Según las manifestaciones de su hija, a Emilio Montoro Delgado lo torturó un cabo de la Guardia Civil, en las dependencias del juzgado militar, después de obligarlo a desvestirse. A Rafael García Espejo, aparte de propinarle continuas palizas, le arrancaron el bigote. A Manuel Ruz Aguilar lo apaleron varias veces atado a una higuera. Antonio Pérez Lao “El Seguro” llegó a la prisión con una pierna rota, pero el estar herido no impidió que recibiera malos tratos. Nada más salir de la cárcel, fue ingresado en un hospital, aunque no consiguió recuperarse y murió en 1943. Su padre había sido fusilado seis años antes.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. En aquel momento existían cárceles en el depósito municipal, en el actual juzgado (dirigida por Mariano Varo Espejo) y un campo de concentración para prisioneros de guerra (soldados republicanos apresados por las tropas franquistas) en las escuelas del convento de San Luis, que en abril de 1939 albergaba a 412 hombres. Durante todo su periodo de funcionamiento entre 1938 y octubre de 1939, por el campo de concentración de Montilla pasaron 2.120 prisioneros contabilizados, todos forasteros, aunque el número estimado de los internados dentro de sus muros en ese periodo es de unos 6.000, según datos extraídos del libro Cautivos en Córdoba (1938-1942), del historiador aguilarense Francisco Navarro López, publicado en 2018.

Junto a los prisioneros de guerra, en San Luis se internó a partir de 1939 a otros 661 reclusos por razones políticas, de los que 254 eran de Montilla (15 acabarían fusilados) y el resto de localidades del sur de Córdoba. Estos últimos arribaron en tres grandes remesas. En la primera, el 1 de octubre de 1939, llegaron 150 reclusos de la cárcel de Fernán Núñez. En la segunda, el 4 de mayo de 1940, vinieron 161 prisioneros de tres cárceles: Cabra (vecinos de Doña Mencía, Nueva Carteya, Cabra y Zuheros), Lucena (vecinos de Priego de Córdoba) y Priego de Córdoba (vecinos de Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar). En la tercera y última remesa, el 24 de julio de 1940, les tocó el turno a otros 77 presos de la cárcel de Lucena (vecinos de Iznájar, Luque, Lucena, Rute y Valenzuela). De otras localidades ingresaron 19 internos en distintas fechas. Por tanto, no menos de 661 presos políticos pasaron de manera “oficial” por Montilla entre abril de 1939 y octubre de 1940. Sin embargo, esta es una cifra mínima, pues hubo muchos montillanos que sufrieron cautividad en el pueblo y nunca llegaron a ser inscritos en las fichas de prisión.

Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

La cárcel de las escuelas de San Luis tenía graves problemas de salubridad e higiene. El hacinamiento conllevaba que un importante número de detenidos durmiera a la intemperie en el patio de prisión, por donde corrían las ratas. Los presos se alimentaban en buena medida de lo que las familias les facilitaban. Aquellos que no poseían la fortuna de tener cerca a sus allegados se veían obligados a vivir de la caridad de sus compañeros de presidio o a esperar que cada cierto tiempo les llegaran los envíos de comida desde sus domicilios en los pueblos de alrededor. Las familias de los reclusos, que con frecuencia vivían de la caridad y de la mendicidad, y que a menudo estaban encabezadas por mujeres con hijos y ancianos a su cargo, debían añadir a la esforzada lucha por su subsistencia diaria la manutención de sus padres, hijos y hermanos encarcelados, en un periodo de racionamiento, carestía y estraperlo. Los familiares que residían fuera de Montilla tenían que realizar largas caminatas, a pie o en bestias de carga, con los pocos avituallamientos que podían conseguir para evitar que sus allegados murieran de hambre en los calabozos. Igual calvario debían soportar los parientes de los montillanos recluidos en otros lugares. Por ejemplo, el secretario de las Juventudes Socialistas, Juan Córdoba Zafra, detenido en Alicante, le rogaba a su familia en junio de 1936 que cada semana le enviara un paquete de comida por ferrocarril, además de un paquete con un kilo de cuartillas de papel, dos lápices, algunas novelas, sellos y dinero. Cuando lo trasladaron a la cárcel de Montilla, las peticiones en sus cartas incluían también productos de higiene

Desde la cárcel de Montilla salieron en 1940 dos grandes expediciones de presos a otros lugares de internamiento. La primera expedición, el 21 de mayo, tenía como destino un batallón de trabajadores en Rota, donde los reclusos debían trabajar en obras civiles o fortificaciones militares. La segunda expedición, el 25 de septiembre, de reclusos condenados a treinta años de cárcel, recaló en la prisión gaditana de El Puerto de Santa María. Poco después, entre el 17 y el 19 de octubre de 1940, se efectuó el trasporte de todos los presos en Montilla a Córdoba capital, al igual que ocurrió con los detenidos en otras cárceles de la provincia. Todos estos reclusos llegaron a la prisión habilitada, situada en la carretera de Los Pedroches, que se había construido con rapidez para reforzar a la Prisión Provincial ubicada en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Cuando entraron los presos la nueva prisión no estaba terminada, las ventanas carecían de cristales, las naves y las galerías se hallaban expuestas al viento y los servicios higiénicos no eran suficientes para los tres mil reclusos iniciales, que alcanzarían los cuatro mil al poco tiempo, según datos aportados por el historiador Francisco Moreno Gómez.

El traslado de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. Cinco pesetas de la época valía un billete del tren (al que llamaban el Corto) que realizaba el recorrido entre la estación de Montilla y la de Córdoba, lo que suponía un gasto extraordinario para unas personas ya de por sí depauperadas. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (seis de ellas montillanas) debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente.

A continuación publicamos los nombres de los 646 presos que sufrieron cárcel en Montilla. De ellos, 239 eran montillanos. Otros 407 procedían de los siguientes pueblos cordobeses: Fernán Núñez (150 presos), Doña Mencía (62), Iznájar (36), Luque (24), Priego de Córdoba (16), Nueva Carteya (16), Zuheros (15), Cabra (14), Carcabuey (12), Lucena (12), Rute (9), Valenzuela (8), Fuente Tójar (7), Almedinilla (7), y otras localidades (19). Añadimos también una lista con otros 203 nombres de montillanos represaliados en la posguerra (presos en campos de concentración, cárceles, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, depurados, exiliados, sometidos a expedientes de responsabilidades políticas y un elevado número de huidos de los que distintos juzgados solicitaban informes). Los enlaces son los siguientes:

Nota: para elaborar la información de esta entrada del blog he usado, entre otras fuentes históricas, los testimonios orales, recogidos en el año 2001, de los montillanos José de la Torre León, José Ruz Morales, Antonio Hidalgo Salido, Francisco Urbano Baena, Rafael Ruiz Luque, Rafael García Hidalgo, Rosario García Espinosa, José Ruz Morales, Jesús Aguilar Hidalgo y Jacinto Pérez Delgado (este último, en Sant Joan Despí, Barcelona).

FOTOGRAFÍAS DE REPRESALIADOS MONTILLANOS

20.Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

32.Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

Miguel García Ruiz, soldado en la defensa antiaérea republicana. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

33.Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

34.José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

75.José Gómez Márquez, primero por la derecha en ambas fotos, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

José Gómez Márquez, primero por la derecha, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

55.El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

43.Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del Ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Víctimas mortales de la represión en Montilla durante la guerra civil y la posguerra

Posted on 13 noviembre, 2014 por arcangelbedmar

El triunfo de la sublevación militar del general Queipo de Llano en Sevilla el 18 de julio de 1936 condicionó de forma decisiva los sangrientos acontecimientos posteriores en la provincia cordobesa. A las dos y media de la tarde Queipo telefoneó al también conspirador coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, jefe del cuartel de Artillería de Córdoba, para que iniciara la rebelión. A las tres, Cascajo le comunicó al gobernador civil republicano Rodríguez de León el alzamiento militar de Queipo y le advirtió de sus propias intenciones de proclamar el estado de guerra y de asumir el mando del gobierno cordobés. A las cinco, el coronel Cascajo ya leía el bando de guerra en el patio del cuartel de Artillería en medio de la euforia de los derechistas y terratenientes armados que allí se habían congregado. Entre ellos se encontraba el carlista José Mª de Alvear y Abaurrea –hijo mayor del montillano conde de la Cortina, Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina–, quien se convertiría pronto en vocal de la nueva Comisión Gestora de la Diputación.

En Montilla, el 18 de julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos cordobeses donde triunfó con rapidez la sublevación militar. Tras recibir desde la capital órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, se hizo aquel mismo día con el control de la localidad. La violencia usada en los primeros momentos por los sublevados, la nula resistencia ofrecida por los republicanos en las horas siguientes y la huida de miles de personas hacia la localidad vecina de Espejo permitirían a los guardias civiles y a los derechistas armados controlar a los casi veinte mil habitantes de la localidad sin demasiados problemas. A las 9 de la mañana del 19 de julio, el gobernador militar rebelde telegrafiaba desde Córdoba al capitán de la Guardia Civil para que se incautase del Ayuntamiento y declarara el estado de guerra. En cumplimiento de esta orden, José Cubero Blanco, sargento del regimiento de Infantería de Cádiz número 33, de permiso de verano en Montilla, se encargó en la misma mañana de la alcaldía. Al día siguiente, se emitió el bando de guerra.

36.Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad Obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

A partir de ese momento la Comandancia Militar de Montilla, principal órgano de donde emanaban las órdenes represivas, permaneció bajo la jefatura de oficiales que con anterioridad ya habían demostrado su valía en el uso de la fuerza, lo que garantizó que la localidad fuera gobernada con mano de hierro en los años de la contienda. El día 1 de septiembre de 1936, el general Queipo de Llano nombró comandante militar al capitán de Infantería retirado Mariano Requena Cordón, quien ya había sido designado el 8 de octubre de 1934 delegado de Orden Público de la localidad por el comandante militar de la provincia Ciriaco Cascajo –principal artífice de la rebelión del 18 de julio en Córdoba–. En octubre de 1936, cuando Mariano Requena se incorporó al ejército, lo sustituyó el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, quien también había dirigido la represión en Montilla tras los sucesos de octubre de 1934 y había abanderado la insurrección golpista en Cabra en 1936. Luis Canis Matute, el capitán que se había sublevado y había emitido el bando de guerra en Montilla, volvió a ser la máxima autoridad militar en agosto de 1937, hasta que fue relevado al año siguiente por el también capitán de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego. Este tenía, asimismo, la experiencia de haber dirigido la rebelión y la represión en Lucena, donde era conocido con el apodo de «Teniente Polvorilla. La sede de la comandancia se instaló en septiembre de 1936 en la calle Teniente Gracia, en una casa donada por Juan Luque Cabello. Con posterioridad se trasladó a la calle San Francisco Solano.

La “dialéctica de los puños y de las pistolas” de la que había hablado José Antonio Primo de Rivera, en lo que se considera el acto de fundación de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933, tuvo una ocasión de oro para aplicarse en la Montilla que vivió bajo el yugo del bando de guerra. Mientras la sangre corría, no hubo ni juicios ni consejos de guerra ni ninguna argucia legal que intentase justificar la masacre. El bando de guerra permitió las detenciones masivas, las torturas sistemáticas y las ejecuciones irregulares en las tapias del cementerio, en los caminos y en los campos. Cayeron víctimas de la matanza socialistas y afiliados a los gremios de la Casa del Pueblo, militantes de las JSU, comunistas, cargos políticos y sindicales, funcionarios desafectos, espiritistas, personas que se habían significado en la defensa de los derechos de los trabajadores y en las reclamaciones laborales o que habían sido concejales. Pero también se exterminó a personas apolíticas o que tuvieron la mala suerte de verse envueltas, por simples circunstancias de la vida, en el rápido torbellino de la muerte que atrapó a la población. Tan urgente resultó el vendaval represivo que la inmensa mayoría de las víctimas cayó en los tres primeros meses de la contienda. A partir de octubre de 1936 sólo conocemos el fusilamiento de cuatro personas, dos de ellas en Córdoba.

37.José Gama Rodríguez, primer presidente de las Juventudes Socialistas cuando se fundaron en 1927. Vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

José Gama Rodríguez, vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

Los militares implicados en la conspiración tenían muy claro que la violencia iba a ser una de sus principales armas para asegurarse el éxito del golpe de estado. En los documentos que circulaban entre ellos desde meses antes de la rebelión se incitaba a la utilización de una represión indiscriminada para eliminar a los posibles opositores. El general Emilio Mola Vidal, director de la trama castrense, en una “instrucción reservada” enviada a los demás insurrectos el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes del golpe de estado, ya les advertía de que la acción tendría que ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”, y el 30 de junio decía, textualmente, que debían “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. En consecuencia, la violencia fue una táctica ejercida por los sublevados desde el primer el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península y los republicanos no habían movido ni un solo dedo para oponerse a ella, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban aplicar durante los tres años siguientes.

Voceros de la sangre y de “echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanismo, filantropía y demás tópicos masónicos” –como había dicho el gobernador de Burgos y coronel golpista Marcelino Gavilán– no faltarían entre los mandos militares sublevados en aquellos primeros días de la guerra. El general Franco en su bando de guerra del 18 de julio exigía “inexcusablemente que los castigos sean ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Nueve días después, el 27 de julio, en una entrevista, cuando el periodista Jay Allen le advirtió de que para conseguir sus objetivos tendría que “matar a media España”, él respondió que los lograría al “precio” que fuera. Mientras tanto, en el sur, el general Queipo de Llano, en su alocución radiada del 26 de agosto, proclamó que quedarían borradas las palabras “perdón” y “amnistía”. El joven montillano José Cobos Jiménez, delegado de prensa y propaganda del sindicato falangista universitario, reflejaría también esta cultura de la muerte, influida por la luz de la fusilería, con estas palabras: “Falange no puede vivir de la tolerancia, su función primera ha de ser la imposición, de despertar inquietudes. No caben en ella las habilidades cautelosas ni las retiradas prudentes. Su táctica es ir a buscar el peligro, pelear y morir; ofrendar víctimas y hacerlas, porque sólo la sangre fecunda las grandes ideas” (revista Yugo, 30 de septiembre de 1937).

16.Un patrono denunció al ferroviario socialista José Algaba Rodríguez. Murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

El ferroviario socialista José Algaba Rodríguez murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

En Montilla, a la represión desatada por los golpistas locales se añadió la de distintas columnas militares que, a su paso por la localidad, se otorgaban el privilegio de colaborar en la necesaria labor de limpieza de los “elementos marxistas” y de los “rojos”. Debido a su posición estratégica en la campiña, Montilla se convirtió en un continuo ir y venir de tropas españolas y extranjeras en su labor de conquista de los pueblos de alrededor. Sólo en los primeros días de la guerra pasaron, entre otras, las columnas de Sáenz de Buruaga (28 de julio a Baena y 22 de septiembre a Espejo), la del comandante de Infantería Rafael Corrales Romero y del capitán de corbeta Ramón de Carranza (1 de agosto a Puente Genil), la del comandante del Tercio Pedro Pimentel Zayas (5 de agosto) y la del general Varela (6 de agosto a Castro del Río y 11 de agosto a Antequera). Aparte de las columnas militares que llegaron del exterior, el teniente de la Guardia Civil Cristóbal Recuerda Jiménez –que había abanderado la sublevación en el vecino pueblo de Fernán Núñez– realizó también algunas incursiones represivas en tierras montillanas durante el verano de 1936.

Sin embargo, a pesar de la oleada de fusilamientos que sufrió la población montillana, de forma oficial las autoridades mantuvieron una ignorancia continua y calculada sobre la represión mortal que ellas mismas estimulaban, ejercían y protegían, imponiendo el silencio o las falsedades. Cuando Francisca López Luque inició los trámites para la inscripción de la muerte de su marido Francisco Jordano Panadero en el Registro Civil, el juzgado pidió un informe a la alcaldía. El jefe de Policía, Rafael Sotelo Tejada, contestó en un escrito que “fue encontrado muerto en este término municipal y en la fecha indicada tal vez al tener un encuentro con la fuerza pública”. Similar respuesta encontró Josefa González Vega cuando, en julio de 1937, promovió la inscripción de la defunción de su esposo, el también fusilado Antonio Arcos Real. De nuevo Rafael Sotelo volvió a emitir un informe, el 10 de julio, en el que se reconocía que el 8 de septiembre de 1936 “salió en compañía de otros para la capital, por orden de la autoridad militar, ignorándose lo que haya ocurrido después y el lugar donde se encuentra”. La misma negación de la barbarie represiva se mantuvo durante la posguerra. En julio de 1941, en un informe que emitió la alcaldía sobre Luis León Espejo para el juzgado de responsabilidades políticas, al referirse a su hijo Juan León Arroyo, se decía que “se desconoce su paradero”, cuando en realidad había sido fusilado.

18.El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado en las tapias del cementerio el 8 de septiembre de 1936.

El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado el 8 de septiembre de 1936.

El tema de los desaparecidos nos conduce a la cuestión de las cifras, de la cuantificación de la represión. Difícil, por no decir imposible, es establecer una relación aproximada de las víctimas de la represión golpista. Todas las inhumaciones fueron ilegales, ya que en los libros del cementerio de Montilla no aparece inscrito como enterrado ni uno solo de los ejecutados durante la guerra. Tampoco los libros de los registros civiles, fuentes naturales para el estudio de las defunciones, son unos documentos fiables a la hora de concretar el número total de asesinados, ya que la administración judicial se dejó en manos de leales al nuevo régimen, lo que explica muchas carencias legales. Por otro lado, el impacto psicológico de la represión fue tan brutal que muchas familias no inscribían a sus allegados por el temor a padecer la misma desgracia. El miedo y la dictadura pervivieron durante muchos años, de manera que la inscripción no se materializaba si los familiares no lo intentaban o renunciaban ante las dificultades, el desconocimiento, la incultura o porque emigraban de la localidad, lo que explica que en bastantes pueblos de Córdoba solo conste en el Registro una parte mínima de las víctimas de la represión.

Durante los tres años de guerra se inscribieron en el Registro Civil de Montilla solo 19 fusilados (seis en 1936, ocho en 1937, uno en 1938 y cuatro en 1939). Pero, que sepamos, todos los fusilamientos (menos cuatro) se produjeron entre los meses de julio y septiembre de 1936. Por tanto, la inmensa mayoría de las inscripciones se realizaron fuera de plazo legal, en la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, muchos años después de que se produjeran los fallecimientos. Incluso tras la Ley de pensiones de guerra para viudas, de 18 de septiembre de 1979, se anotaron dos nuevos nombres, el de Manuel Párraga Osuna (en abril de 1981) y el de un vecino de Castro del Río, José Víctor Parrado Rodríguez (en diciembre de 1981), de 35 años, fusilado a las siete de la mañana del 16 de octubre de 1936.

Los registros tampoco son fiables a la hora de estudiar detalles históricos o personales importantes de los fusilados, como el lugar de la defunción, la fecha o su oficio, que en muchas ocasiones se falseaba (a los funcionarios nunca se les registraba con su profesión). Por ejemplo, de los cinco inscritos como fusilados en la entonces aldea montillana de Santa Cruz, sólo uno consta con la fecha exacta del fallecimiento. Además, siempre se utilizaba un eufemismo para ocultar la verdadera causa de la muerte. En los abatidos por los disparos de la Guardia Civil en la madrugada del 19 de julio de 1936 aparece como causa “hemorragia interna”. En los demás se escribe “por disparo de arma de fuego” o “en un encuentro con la fuerza pública con motivo del glorioso movimiento salvador de España”, aunque en los inscritos a finales de los años cuarenta ya aparece la expresión “por aplicación del bando de guerra”, es decir, por fusilamiento sin juicio previo.

El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936.

Hemos localizado en la correspondencia de la alcaldía algunos documentos que hacen referencia a la magnitud del reinado del terror, aunque son poco clarificadores. Según comunicó el alcalde de Montilla al gobernador –en un informe elaborado con la ayuda del cura, el médico y el maestro más antiguo de la localidad– el 9 de enero de 1937 existían “como consecuencia de los actuales acontecimientos 70 viudas pobres, 89 ancianos impedidos para el trabajo y 65 mujeres abandonadas por sus maridos con 200 hijos”. El 17 de agosto el alcalde volvía a informar de que el Comedor de Caridad, las Conferencias de San Vicente de Paul y el Ropero de Nuestra Señora del Rosario socorrían diariamente a 50 mujeres y 205 niños de «rojos». El primer documento, en el que se habla de 70 viudas pobres, podría ser indicativo de por dónde iban las cifras en aquel momento, sin embargo hay que tener en cuenta que un buen número de fusilados eran jóvenes solteros por lo que el número de víctimas podría ser muy superior.

Juan Zafra Raigón, desaparecido en el verano de 1936.

Es bastante complicado determinar el número total de víctimas de la represión franquista en Montilla. El 25 de septiembre de 1936, el periódico El Socialista ya hablaba de 120 fusilados para esas fechas. El historiador Francisco Moreno Gómez estableció, en 1985, un balance global estimado de 150 asesinados. Seis años después, en 1991, el escritor local Julián Ramírez Pino, subjefe de los balillas –rama infantil de la Falange– al comienzo de la contienda, no creía que el volumen de muertos superara los 60. Según nuestras investigaciones, la cifra mínima de asesinados identificados de Montilla (domiciliados en la localidad) durante la guerra fue de 101 y en la entonces aldea montillana de Santa Cruz de 15, lo que suma un total de 116. De ellos, solo 76 (65,52%) constan en el Registro Civil, frente a 40 (34,48%) que no se han inscrito, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos provinciales y locales, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas. Por ello, el número de víctimas que nosotros aportamos, el de 116, con nombres y apellidos, sería una cifra mínima debido a todas las argumentaciones que ya hemos expuesto con anterioridad.

El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

En su obra editada a finales de 2008, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Francisco Moreno Gómez, sitúa la cifra total de asesinados en 200 personas, una estimación que podría acercarse a la realidad. Hay que tener en cuenta que existen periodos en los que en el Registro Civil solo se inscribe un muerto por día, lo que reflejaría un número elevado de fusilamientos, pues las “sacas” siempre solían ser colectivas. Además, las carencias del Registro Civil son muy evidentes en cuanto al número de víctimas anotadas. De los quince fusilados de la aldea de Santa Cruz solo se anotan cinco; de la saca en la que perecieron cinco personas el 11 de agosto únicamente aparece Antonio Rodas Castro “El Cuqui”; de la del 31 de julio, en la que murieron trece personas (tres de ellas de Espejo) solo encontramos a tres, etc. El Registro no recoge tampoco la magnitud de la masacre de entre veinte y cincuenta presos ejecutada por el general Varela en un olivar de Castro del Río el día 6 de agosto, ni los dos fusilamientos colectivos de montillanos en la cuesta del Espino (uno de doce personas, realizado entre el 18 y el 26 de julio de 1936, y otro de doce el 5 de agosto), cuyos cadáveres fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Montemayor. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, la cifra de decenas de miles de desaparecidos de la represión franquista en España.

En mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1943), cuya última edición es de 2019, pude rescatar la historia, a través de recuerdos y documentos familiares, de bastantes montillanos represaliados. Tras su publicación, aún sigo recibiendo testimonios que nos describen de manera pormenorizada las circunstancias que envolvieron la muerte de muchas personas. Uno de ellos me llegó a través una carta enviada por Antonio Salas Tejada de sobre su bisabuela Carmen Mesa Carmona, fusilada con 54 años el 12 de agosto de 1936, de la que he entresacado estas interesantes palabras de manera casi textual:

Mi bisabuela Carmen no tenía militancia política y ni siquiera tenía participación en la vida política y social de Montilla. El motivo de su detención, al parecer, fue el hecho de que su hijo (mi abuelo materno), Antonio Tejada Mesa, funcionario de la sección municipal de arbitrios del Ayuntamiento, después del 18 de julio, no se presentó en el Ayuntamiento a trabajar, por lo que lo incluyeron en una lista de personas a represaliar. Mi bisabuela Carmen residía junto a su marido y sus hijos, como aparceros, en una finca en la Sierra de Montilla. A principios de agosto, decidió ir a Montilla a por provisiones. Al entrar en el pueblo por la fuente de Santa María, un tal El Mellao, armado con escopeta y apostado en ese lugar, con otras personas (no identificadas), con las órdenes de controlar a quienes entraban o salían de Montilla, la identificó como la madre de Antonio Tejada Mesa, empleado del Ayuntamiento “fugado”, y la detuvo.

La noticia de la detención llegó a la familia al final del día. Todos permanecieron en la finca que tenían en aparcería a la espera de noticias. Carmen estuvo cuatro días detenida y una hermana suya, que vivía en el pueblo, se encargaba de llevarle cada día la comida hasta que, al cuarto día de cautiverio, un individuo le dijo “que se llevase la comida de vuelta, que ya no hacía falta”. No se sabe dónde fue asesinada, quiénes la mataron ni donde está enterrada, aunque la familia siempre dio por hecho que fue fusilada en las tapias del cementerio, por guardias civiles y enterrada en una fosa común en el mismo lugar de su ejecución.

Al día siguiente, el mayor de los hijos de Carmen, Antonio, tomó la decisión de marchar por la noche a la vecina localidad de Espejo con su mujer, sus hijos, su padre y sus hermanos y hermanas pequeños. Antonio padecía una enfermedad de los vasos sanguíneos y desde finales de los años 20 estaba siendo tratado por el doctor Gregorio Marañón, en Madrid. Consiguió un informe médico-militar declarando su inutilidad para el ejército, lo cual le permitió no ser movilizado y, por tanto, seguir al lado de su familia durante los tres años que duró la guerra y anduvieron como refugiados por distintos lugares de la provincia de Jaén hasta abril de 1939, momento en el que tuvieron que regresar a Montilla. Para poder regresar con su familia a Montilla tuvo que conseguir un salvoconducto del jefe de la Falange de la localidad. Al llegar a Montilla, no tenía trabajo, había perdido su condición de funcionario municipal, las propiedades de la familia habían pasado a otras manos, el dinero que tenían ahorrado ya no era válido… Pero esto ya es otra historia. Antonio Tejada Mesa y su familia salieron adelante, pero, a pesar de toda su lucha, murió a los 86 años sin saber dónde estaba enterrada su madre.

Aunque Montilla ya había conocido los rigores de la “cultura política de la sangre” –tomo la expresión de Alberto Reig Tapia– que se había impuesto en la población tras el triunfo del golpe en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado a otras localidades o se habían enrolado como combatientes en el Ejército republicano. “La justicia se cumplirá. No os quepa duda [de] que se cumplirá. Y será inexorable”, advertía el periódico montillano Patria, en la fecha temprana del 17 de octubre de 1937. Anticipándose al fin de la guerra, la publicación falangista ya amenazaba del destino que les esperaba a los que volvían. Inexorable, contundente y vengativa fue, en verdad, la justicia militar que se aplicó en Montilla.

Según nuestras investigaciones –a través de los libros de defunciones del Registro Civil, las fichas de la prisión y las fuentes orales y bibliográficas– 15 vecinos (13 en la localidad y dos en Córdoba) murieron fusilados tras la guerra. Otros dos montillanos, pero residentes en Palma del Río y Alcalá la Real (Jaén), fueron también pasados por las armas. Asimismo, otros nueve forasteros (de Fernán Núñez, Castro del Río, Nueva Carteya y Doña Mencía) cayeron inmolados en las tapias del cementerio. Algunas personas nos han informado de que se realizó en la localidad alguna ejecución extrajudicial, sin embargo no hemos podido confirmar este extremo. Las cifras que aportamos corroboran plenamente las investigaciones sobre la represión en la posguerra publicadas por Francisco Moreno Gómez, el único historiador que ha realizado un estudio conjunto de los fusilamientos dentro de la provincia de Córdoba.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades franquistas, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. Para albergar al gran número de presos se habilitó durante la guerra una nueva prisión en las escuelas del convento de San Luis, donde en 1939 había internados 646 reclusos, de los que 239 eran de Montilla. Completaba a las que ya existían en el depósito municipal y en el actual juzgado, ésta última dirigida por Mariano Varo Espejo. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernán Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas.

Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

El trasporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Según el Registro Civil de Córdoba, estudiado por Francisco Moreno Gómez, seis montillanos murieron en estas prisiones. A estos hay que sumar otros ocho montillanos exiliados en Francia que acabaron apresados por los nazis y exterminados en el campo austriaco de Mauthausen. Dos de ellos, los hermanos Juan y Manuel González León, tienen dedicada una antigua entrada en este blog que puede leerse en este enlace.

Los nombres de las víctimas de la represión en Montilla, junto a los de los soldados fallecidos en los frentes y los de los vecinos muertos en los bombardeos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

13.Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Entre 1919 y 1920 estuvo preso por su participación en las huelgas de campesinos. Vocal obrero suplente en el grupo de Agricultura y Alimentación del Instituto de Reformas Sociales (1920-1924). Concejal (1915-1923) y alcalde (1931-1934) de Montilla. Fue uno de los creadores de la poderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (rama agraria de la UGT), en la que representó a Andalucía. Vocal de la Junta y del Instituto de Reforma Agraria (1931-1933). Diputado por la provincia de Córdoba (1931-1933), en las Cortes participó en las comisiones de Fomento-Obras Públicas y Agricultura. Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Diputado a Cortes por la provincia de Córdoba (1931-1933). Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

Rafael Baena Cruz, fusilado en fecha indeterminada del verano de 1936.

El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

José Ruiz Lucena, fusilado el 14 de agosto de 1936.

23.El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

38.En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa anticlerical. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

42.Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fusilado el 16 de mayo de 1940.

Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fue fusilado el 16 de mayo de 1940.

José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

68.El jefe de milicias Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Líder de la resistencia antifascista en los primeros días de la guerra, alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

66.Manuel Sánchez Ruiz durante la Republica fue secretario de las Juventudes Socialistas de Montilla y de la poderosa sociedad local campesina La Parra Productiva ––creada en 1913 y adscrita a la socialista Unión General de Trabajadores–, secretario provincial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (la sección agraria de la UGT) y alcalde del Frente Popular. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

66. Manuel Sánchez Ruiz, alcalde del Frente Popular en 1936. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

En el centro, Francisco Solano Portero Márquez, con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

Francisco Solano Portero Márquez con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

88.De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz, que se refugiaron con su madre en Torredelcampo (Jaén) durante la guerra. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

Manuel Castillo Almedina (original) - copia

Manuel Castillo Almedina (derecha), de 21 años, fusilado el 16 de octubre de 1936. Su padre, José Andrés, había sido fusilado en agosto.

Con la bandera de las Juventudes Socialistas al fondo, aparecen Francisco García Carrasco (de pie, primero por la izquierda), fusilado el 31 de julio de 1936; delante de él, el diputado a Cortes entre 1931-1933 Francisco Zafra Contreras, fusilado el 28 de julio de 1936; y Juan González León (de pie, tercero por la izquierda). asesinado en el campo nazi de Mauthausen el 11 de enero de 1942.

Juan y Manuel González León: montillanos asesinados en el campo nazi de Mauthausen

Posted on 25 agosto, 2013 por arcangelbedmar

Cuando se acercaba el final de la guerra civil, la caída de Cataluña en febrero de 1939 en manos de las tropas franquistas originó la trágica desbandada de unos 500.000 civiles y militares que atravesaron la frontera con Francia. De ellos, aproximadamente 200.000 quedaron para siempre en el exilio. Desarmados y vigilados por gendarmes y tropas coloniales, los refugiados españoles fueron hacinados en campos de concentración situados en las playas o en recintos improvisados, sin lugares de cobijo y rodeados de alambradas. Ante la inminencia de la II Guerra Mundial, el Gobierno francés obligó a los varones de entre 20 y 48 años a alistarse en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas unidades militarizadas en las que se encuadraron unos 80.000 españoles, de los que alrededor de 12.000 quedaron situados en la zona de la línea defensiva Maginot, en la frontera con Alemania, que pronto se convertiría en frente de guerra. En mayo de 1940, el ejército alemán invadió Francia y miles de exiliados republicanos alistados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros cayeron prisioneros de los nazis. En principio, se les encerró en recintos provisionales y, tras largas marchas a pie o en distintos medios de transporte, fueron internados en los stalags o campos de prisioneros de guerra situados por toda Alemania, bajo el control de la Gestapo (policía militar). A pesar de los requerimientos que realizó la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no realizaron gestiones para que a estos presos, algunos de ellos menores de edad, se les diera el status de prisioneros de guerra o se les pudiera repatriar, lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos. Unos 15.000 españoles terminaron internados en los campos nazis, donde murieron aproximadamente la mitad.

La mayoría de los españoles que sufrieron los campos nazis acabaron sometidos a trabajos forzados en las canteras de granito de Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria, por el que entre 1938 y 1945 pasaron unos 200.000 presos de diversas nacionalidades, de los que fallecieron alrededor de la mitad. Según los datos aportados por Carlos Hernández de Miguel en su imprescindible libro Los últimos españoles de Mauthausen, publicado en enero de 2015, existe constancia documental de que 9.328 españoles pasaron por los campos nazis. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334, lo que representa una tasa de mortalidad del 59%. Esa proporción se eleva al 64% si nos atenemos a las cifras de Mauthausen: 7.532 internados españoles de los que murieron 4.816. De acuerdo con el libro colectivo (Sandra Checa, Ángel del Río y Ricardo Martín) Andaluces en los campos de Mauthausen, de los españoles deportados a este campo, 1.494 eran andaluces y 336 de Córdoba. Cuando se liberó el campo el 5 de mayo de 1945 habían muerto alrededor de 1.000 andaluces –en su mayoría soldados y combatientes antifascistas con una media de edad de entre 20 y 30 años–, de los que 238 (más ocho desaparecidos) procedían de la provincia de Córdoba.

Portada de mi libro «Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944)».

Al comenzar a recopilar documentación sobre la Segunda República y la guerra civil en Lucena, descubrí en el libro de Francisco Moreno Gómez, Córdoba en la posguerra. La represión y la guerrilla (1939-1950), que el lucentino Juan González León había muerto en enero de 1942 en el campo nazi de Mauthausen. Durante años intenté encontrar a sus descendientes para saber algo más de esta historia. No obstante, tuve que esperar a que me hablara de él en Montilla Francisco Carmona Priego “Ojos Claros”, quien había llegado a conocerlo. Francisco Carmona conocía también a sus hijos y, además, se encargó de localizar a decenas de víctimas de la represión franquista y a sus familiares con la intención de que sus testimonios aparecieran en mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). Pude charlar por teléfono con Antonio, uno de los hijos de Juan González León, el 20 de mayo de 2001. Me habló de su padre, de sus tíos maternos Luis y Francisco Merino Navarro que se habían exiliado en Francia, y me informó de que su tío paterno Manuel también había muerto en Mauthausen, algo que yo desconocía. Gracias a esta información pude contactar unos días después, el 7 de junio, también por teléfono, con su primo Rafael González Polonio, hijo de Manuel quien, aparte de hablarme de su padre, me contó que habían fusilado en Montilla en junio de 1941 a su tío político, Carlos García Herrador. Por fin, tras cuatro años de búsqueda y gracias al testimonio de la familia González, conseguí vertebrar la historia de los dos hermanos González León, víctimas de la barbarie nazi, y ponerle rostro a sus caras.

Juan y Manuel González León habían nacido en Lucena, pero se habían asentado desde pequeños con su familia en Montilla, un feudo histórico del socialismo cordobés, donde la izquierda había doblado en votos a la derecha en todas las elecciones celebradas durante la República. En Montilla el 18 de julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos y ciudades en los que triunfó con rapidez el golpe de Estado. Tras recibir órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, controló la localidad de manera violenta en la misma madrugada del día 19, lo que originó en los días siguientes la huida, en un pueblo que entonces tenía 20.000 habitantes, de miles de refugiados hacia la zona republicana. Como consecuencia de la sublevación militar los montillanos fieles a la República pagarían un enorme tributo de sangre: durante la guerra al menos 115 personas fueron asesinadas y 75 murieron en los frentes de batalla; en la posguerra hubo 15 fusilados, 438 encarcelados o represaliados, seis fallecidos en las cárceles, dos guerrilleros muertos y ocho hombres inmolados en el campo nazi de Mauthausen, entre los que se encontraban los hermanos Juan y Manuel González León.

Juan González León y, de izquierda a derecha, sus hijos Francisco, Josefa, Tránsito, Dolores y Antonio González Merino. La fotografía se realizó durante la guerra civil en Valdepeñas (Ciudad Real).

Juan González León había tenido un alto compromiso político en Montilla, pues había sido secretario de las Juventudes Socialistas en 1931 y presidente de la Sociedad de Obreros y Empleados Municipales, afecta a la UGT. Cuando se produjo el golpe de Estado, Juan González huyó de Montilla con su mujer Dolores Merino Navarro y sus cinco hijos, atravesó distintos pueblos de las provincias de Córdoba y Jaén, y recaló en Valdepeñas (Ciudad Real), donde se alistó en el batallón de Félix Torres. Combatió en el frente de Valdemoro (Madrid) y, al caer Barcelona en manos franquistas, cruzó los Pirineos. En Francia, después de sufrir los campos de concentración, lo destinaron a una Compañía de Trabajadores Extranjeros en la línea defensiva Maginot. Tras la ocupación nazi, lo internaron en el Stalag XI B, situado en Fallingbostel (actual estado federal de la Baja Sajonia), donde ya había estado internado el exconcejal socialista montillano José Carrasco Navarro, asesinado también en el subcampo de Gusen. Desde allí lo deportaron a Mauthausen, el 27 de enero de 1941, junto a otros 1.505 prisioneros republicanos españoles, entre ellos el montillano Ángel Ramírez Muñoz y el catalán Francesc Boix, el famoso fotógrafo que testificó contra varios jerarcas nazis en el proceso de Núremberg. Ese mismo día comenzó el traslado de prisioneros españoles de Mauthausen a Gusen, adonde llegó el 17 de febrero junto al también montillano Luis Luque Espejo, y allí murió el 11 de enero de 1942, cuando hacía sólo cinco días que había cumplido los 42 años. El 8 de marzo de 1946, la agencia central de prisioneros de guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja informó a su esposa, Dolores Merino Navarro, de que se encontraba como fallecido en una lista elaborada por los exinternados en el campo nazi de Mauthausen, pero a la vez le decía que era la única información que poseía y advertía de que le resultaba “absolutamente imposible obtener otra indicación ni confirmación oficial”.

Manuel González León

El hermano de Juan, Manuel González León, uno de los fundadores del partido comunista en Montilla, también tuvo que huir para evitar la represión. Al rancho de la sierra donde vivía llegaron un día de julio de 1936 unos falangistas preguntando por su paradero a su mujer, Encarnación Polonio Muñoz. Como él no se encontraba allí, a ella la amenazaron de muerte. Esa noche, la familia entera, con hermanos y sobrinos, huyó a lomos de tres bestias y se cobijó durante la guerra en Úbeda (Jaén). Manuel González, mientras tanto, alcanzó el grado de capitán en el ejército republicano. En el exilio, junto a su hermano Juan y dos hijos de su hermano Domingo (Manuel y Antonio, que retornarían a España al poco tiempo) sufrió los campos de concentración franceses de Barcarès y Saint Cyprien. En 1940 estaba enrolado junto a su hermano Juan en la 107 Compañía de Trabajadores Extranjeros, en una zona boscosa del norte del país, cuando los ocupantes nazis los apresaron y los separaron. A Manuel lo internaron en el Stalag VI C, cercano a Batthorn-Emsland, en la Baja Sajonia (Alemania), hasta que fue deportado a Mauthausen y luego a Gusen el 20 de octubre de 1941, en un convoy en el que también viajaban los montillanos Antonio Jordano Jordano, Miguel Torres Alcaide y Manuel Cerezo Rute (el único que sobrevivió). Manuel González falleció el 25 de noviembre de 1941, cuando tenía 31 años. La información que le facilitó la Cruz Roja a su viuda sobre su espeluznante destino resultó similar a la que ofrecieron de su hermano Juan, asesinado cuarenta y siete días después.

Con la nuera y las hijas de Juan González León, en Sant Joan Despí (19 de octubre de 2002).

La historia de los hermanos González León se incluyó en mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). A su presentación, el 1 de diciembre de 2001, entre otros muchos familiares de represaliados montillanos venidos de diversos lugares, asistieron los cinco hijos de Juan González Léon y el hijo y el nieto de su hermano Manuel. Para ello, se trasladaron desde Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat, las localidades barcelonesas a donde había emigrado en los años cincuenta del siglo pasado. Nunca olvidaré lo que me dijo aquel día, nada más verme, una de las hijas de Juan González: “Hoy hemos venido a enterrar a mi padre”. Para muchos familiares de represaliados, unas simples hojas de papel pueden llegar a sustituir, de manera simbólica, a una tumba. Ya que no sabían donde reposaba su cadáver, al menos ahora existía un libro en el que aparecía su nombre, su foto y su historia. Por fin poseían algo material que perpetuaba la memoria de sus seres queridos. Era evidente que, para bastantes familiares de víctimas mortales de la represión franquista, la presentación del libro se transformó aquel día en una ceremonia de duelo público que nunca antes habían podido realizar.

Con Francisco Ruiz Acevedo (izq.) y Antonio (hijo de Juan González León), en Sant Joan Despí, el 19 de octubre de 2002.

El libro de Montilla se agotó en dos semanas y se reimprimió dos veces más en menos de medio año. Gracias a las gestiones del Centro de Estudios Comarcales del Bajo Llobregat y del historiador Jaume Claret Miranda, se realizó una presentación muy concurrida el 19 de octubre de 2002 en la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí, en concreto en el barrio de Las Planas, donde habita una comunidad montillana de miles de personas. Esta presentación me sirvió para agrandar la relación con los hijos y nietos de Juan y Manuel González León, y para conocer o ampliar la historia de otras víctimas montillanas de la represión franquista que habían emigrado allí (Miguel Feria Blanca, Antonio García Sánchez, Mariano Águila Nieto, Miguel Gómez Márquez, etc.). La relación con la familia González se fue afianzando tras la creación en mayo de 2005 de la Asociació per a la Memòria Històrica y Democràtica del Baix Llobregat, presidida por el incansable Francisco Ruiz Acevedo. Una de las múltiples actividades de esta asociación fue la edición del libro Peatones de la historia del Bajo Llobregat (testimonios y biografías). La obra se presentó el 4 de diciembre de 2006 en Cornellá de Llobregat por el conocido periodista Manuel Campo Vidal en un acto multitudinario, celebrado en el Ateneo Recreativo y Cultural, en el que yo fui uno de los conferenciantes. El libro, que contó con un segundo volumen, recoge las historias de personas que intervinieron, en esta comarca con una fuerte presencia inmigrante, en los movimientos sociales, sindicales y políticos antifranquistas. Entre las biografías se incluyen las de dos hijos de Juan y Manuel González León: Antonio González Merino (encarcelado durante tres meses en 1969 por su actividad sindical) y Rafael González Polonio, afiliados a la asociación, con unas trayectorias ligadas a Comisiones Obreras y al PSUC, la marca catalana del partido comunista. La asociación, muy activa en la defensa de la memoria democrática, ha sido responsable de la difusión de la historia de los dos padres y de los dos hijos a través de otros medios escritos, como la revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat y el libro Traumas. Niños de la guerra y el exilio. El testimonio de Rafael González Polonio también se grabó en formato audiovisual en el año 2009 para el archivo digital de la guerra civil y la dictadura franquista, promovido por la Universidad de California, y se incluyó en Memorias de las cenizas, un documental que se adentra en la historia de los más de 1.500 andaluces apresados en los campos nazis. Por desgracia, la repentina muerte de Rafael, el 4 de octubre de 2012, le impidió asistir a la presentación del documental en Barcelona. Su primo Antonio falleció unos años después, el 23 de septiembre de 2015.

1.En primera fila, Antonio González Merino (primero por la derecha) y Rafael González Polonio (cuarto por la derecha), en la visita realizada a Mauthausen a principios de mayo de 2005.

En primera fila, Antonio González Merino (primero por la derecha) y Rafael González Polonio (cuarto por la derecha), en la visita realizada a Mauthausen a principios de mayo de 2005.

En mayo de 2005 un grupo de familiares de asesinados en los campos nazis, militantes de organizaciones de recuperación de la memoria y cargos institucionales de la Junta de Andalucía viajaron cuatro días a Mauthausen, con motivo del sexagésimo aniversario de la liberación del campo nazi por la tropas aliadas. Por primera vez en la historia asistieron autoridades españolas, quienes a diferencia de las del resto de países europeos nunca habían participado. La representación española estuvo encabezada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Evangelina Navarro. El viaje lo organizó la Amical de Mauthausen, la asociación que agrupa a los exdeportados y a los familiares y amigos de las víctimas. Entre los viajeros se encontraban Antonio González Merino (hijo de Juan González León) y su mujer Carmen Aragón, Rafael González Polonio (hijo de Manuel González León) y su hijo Francisco José, y Antonio Carrasco López (nieto de José Carrasco Navarro, otro montillano asesinado en el campo). Hablé varias veces con Antonio González y su primo Rafael de este viaje, y éste me envió un amplio reportaje fotográfico suyo y otro de Antonio Carrasco López. Recuerdo la fuerte impresión que les produjo el viaje, lo que motivó que Rafael hiciera una profunda y sentida reflexión escrita, titulada «A la memoria de mi padre«, sobre aquella experiencia. Algunas de las emociones vividas quedan reflejadas en estos dos párrafos:

Rafael González Polonio, junto a su hijo Francisco, en un barracón de Mauthausen, con la foto de su padre y su tío.

«En el año 2005 cumplí con un viejo sueño que había ido aplazando por diferentes motivos: fui a Mauthausen. También en esta ocasión mi hijo me acompañó. Mi hijo Francisco José desde muy joven se preocupó de saber qué había pasado con su abuelo, preguntó a su abuela o a mí, leyó las cartas y se define como un nieto orgulloso de su abuelo, de su trayectoria y de los principios y valores que defendió. Llegamos a Mauthausen un frío y lluvioso día del mes de mayo y lo primero que todos pensamos fue que si en primavera hacía tanto frío cómo sería aquello en invierno. Yo había leído libros, había visto documentales, pero estar allí era otra cosa, es muy difícil explicar lo que sentí, se mezclaron muchas sensaciones, rabia, dolor, impotencia, incredulidad, pena. Estábamos en uno de los barracones, miré a mi hijo y su cara era todo un poema, supongo que la mía no era diferente. Miré una de las fotos que había en la pared y me pareció o imaginé ver a mi padre, se me hizo un nudo en la garganta y estuve a punto de echarme a llorar. Íbamos mi hijo y yo por los barracones, cada uno por un lado y sin hablar, necesitábamos un poco de tiempo en soledad para digerir todo lo que estábamos viendo, todo lo que estábamos sintiendo. Llegamos al horno crematorio, había mucha gente y sin embargo el silencio era absoluto, el respeto era absoluto, los restos de miles y miles de seres humanos habían terminado en ese horno.

Fotografía de los hermanos González León, colocada en mayo de 2005, en la parte exterior del horno crematorio de Gusen.

El día siguiente, sábado, estuvimos en Gusen, era el final del viaje, era el lugar donde mi padre término sus meses de sufrimiento. Entramos en el horno crematorio y me emocioné al pensar que probablemente los restos de mi padre se quemaron en él. Las paredes estaban llenas de placas, fotos y recordatorios que los familiares habían ido dejando, mi hijo empezó a buscar un sitio para colocar una foto que había preparado de su abuelo Manuel y su hermano Juan con una pequeña recordatoria. Encontramos un sitio en la parte posterior del horno, mi hijo comenzó a preparar la foto para pegarla en la pared, le temblaban las manos y cuando terminó de colocarla pasó su mano por encima suavemente, como intentando acariciar a su abuelo, estaba emocionado».

Carta enviada por Manuel González León a su mujer Encarnación Polonio, fechada el 31 de agosto de 1939 en el campo de refugiados de Barcarés (Francia).

El viaje a Mauthausen de mayo de 2005 sirvió de idea para un libro fundamental sobre las víctimas de los campos nazis: Andaluces en los campos de Mauthausen, una cuidada y lujosa obra colectiva, editada por el Centro de Estudios Andaluces, de Sandra Checa, Ángel del Río y el fotógrafo Ricardo Martín. Esta publicación, además de incluir un importante contenido histórico y la lista de todos los andaluces prisioneros en el campo, analiza el impacto y la trascendencia que ha supuesto para las familias la pérdida de sus seres queridos, un apartado que ha sido tratado de forma magistral por el antropólogo Ángel del Río. Tres familias montillanas, las de José Carrasco Navarro y Juan y Manuel González León, aparecen en sus páginas narrando experiencias y recuerdos. Gracias a este libro, conocemos también en parte la abultada correspondencia que Manuel González mantuvo desde el exilio con su esposa Encarnación Polonio (hasta que lo trasladaron a Mauthausen, donde la correspondencia estaba prohibida y la familia pierde su rastro). Su hijo Rafael conservó las cartas y se las facilitó a Ángel del Río, quien incluyó algunos extractos de ellas en la obra (págs. 174-176). Hemos seleccionado los siguientes párrafos:

Manuel, nunca dejó de ejercer su condición de padre y de marido a pesar de las distancias y las circunstancias tan desfavorables, primero en los ignominiosos campos de refugiados franceses de Barcarès y Saint Cyprien durante el año de 1939; luego en una fría zona boscosa del norte de Francia en 1940; y finalmente, en un campo de prisioneros alemán en la Baja Sajonia. Sus palabras, en todo momento, desprenden un halo de ternura y sensibilidad encomiables. Trata, por todos los medios, de dar ánimo y coraje a su joven esposa con el fin de que pueda sacar a sus hijos hacia delante: “Encarnación, después de leer tu carta no puedes figurarte cuán orgulloso estoy de ti y más de tu buen estado de ánimo, yo por mi parte haré cuanto esté a mi alcance para ayudaros a vivir mientras llego a esa que no tardará mucho.” [Barcarès]; “Tu última carta la releo muchas veces y me produce una gran satisfacción ver que mis hijos tienen una madre con ánimos para trabajar para que no les falte pan.” [Barcarès].

En su afán de crear una imagen natural de tranquilidad, utiliza con recurrencia el humor y la ironía: “Claro como no hace uno nada en todo el día nada más que dormir y nadar, que va uno a terminar hecho un Anfibio” [Barcarès]; “Hoy mismo por ejemplo estoy de descanso, pues no trabajo porque estoy malo, mi enfermedad es aquí muy corriente se llama el Cuento, así que mañana a trabajar, después de haberte escrito, y a vivir la vida conforme venga, sin pensar en nada, si no es yo en ti, y en tu ánimo” [107 Compañía de Trabajadores Extranjeros, en lo sucesivo CTE].

En ocasiones, son necesarias las mentiras piadosas para mitigar el dolor que causa en su mujer, el estado de prisionero de guerra: “Pero tú no sufras por mi situación que es buena, así como la comida. Esta te la escribo, como de costumbre sentado en la cama. Si me vieras no me conocerías de gordísimo que estoy, es lástima que no pueda retratarme para mandarte la foto, pero en fin paciencia, esto va a durar poco, ahora se dice que pronto nos liberarán a los españoles. En otra anterior te decía que para las pascuas yo sería en esa, y pienso no equivocarme.” [Stalag VI C]

En ningún momento hay muestras de flaqueza y debilidad y siempre desborda optimismo. Sólo el frío, además de, lógicamente, la familia, es motivo de nostalgia: “…veo que ahí hace calor, esto me lo supongo, y siempre me digo que viva mi Andalucía, que por su clima y otras cosas, vale por todo lo que llevo recorrido.” [107 CTE]; “Encarnación no puedes figurarte lo que me acuerdo de ustedes y de la rica temperatura de mi Andalucía, tú no sabes el frío que hace por esta tierra.” [Stalag VI C].

Deseaba para su hijo los estudios que él nunca tuvo –sólo estudió la primaria–, pues entiende que la cultura es un valor fundamental: “…tú ponlo en la Escuela que aprenda a leer que es lo más útil para una persona. Aunque el juego es para los chiquillos como el sol para las plantas” [Barcarès].

Y, de manera relevante, los sentimientos de afecto y de amor están presentes en todas las cartas, muchas veces escritas en sentida prosa poética: “Quizá sea éste el motivo principal del porqué me acuerde tanto de ti, y de cuando yo, sin saber ná de la vida, jugaba con tu cariño en mis manos como el gato juega con la alimaña que se descuida, éste para terminarla, y yo jugaba, jugaba y repetía la jugada, qué alegría, qué tiempos. Siempre jugando, y cada día, tu cariño en mis manos seguía más bello, y yo más esclavo de él, era mi obra, era mi cariño, y al hablarte en mi interior de mi cariño, hablaba del tuyo, que ya es mío.” [107 CTE].

Rafael que, como su hijo Francisco Javier, ha leído en multitud de ocasiones las cartas de su padre, se emociona, especialmente, con una en la que relata un sueño donde aparece toda la familia en un día de feria andaluza. Con el emotivo sueño, Manuel hace una reflexión muy aguda sobre las causas por las que una persona resiste en circunstancias tan hostiles:

Te voy a contar un sueño que tuve hace dos noches. Ya estaba yo en esa, y era feria, por la tarde. Tú y yo vestíamos a los dos, y Antoñita te quería más a ti que a mí, y yo me reía porque veía que era propio, toda vez que a mí no me conocía, y cuando les arreglábamos, nos dispusimos a salir, y no sé lo que tú me dijiste, y yo digo bueno, pues para que otra vez no me digas eso, te arresto y no vienes a la feria.

Y Rafalito se reía mucho y decía, eso papá, eso, pero la niña estaba muy seria, y le dice a su hermano, ¿por qué te ríes y te alegras de que mamá no venga? Pues si mamá no viene, yo tampoco voy, a lo que el niño le dice, sí, tonta ven, que papá nos compra muchas cosas, y ante estas palabras, ella casi quería venir, y se queda muy fija mirándome, y me dice: Papá, ¿por qué no viene mamá? y también le compras a ella muchas cosas. Como yo no le contesté en seguida, va y me dice, llévala con nosotros y te quiero a ti como a mamá.

Y ante esto, en sueño, desperté casi llorando, y me decía, lo que pueden los hijos. Un buen rato me llevé sentado en la jergoneta, pensando en la realidad de este sueño, y en lo feliz que yo sería hoy, y lo bien que mi parejita se criaría a mi lado, esto me vuelve loco, y hay veces que no me quiero yo mismo.

Pero como siempre hay un algo que alimenta al hombre la ilusión en la vida, la fe en el porvenir, y el amor a mis seres más queridos, estas tres cosas son la base fundamental de que yo no haya perdido la cabeza, como la han perdido muchos ilusos”. [107 CTE].

Antonio González Merino (izq.) y su primo Rafael González Polonio depositan flores, en mayo de 2010, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Lucena, entre cuyos nombres se encuentran los de sus padres Juan y Manuel González León.

En muchos países europeos que han sufrido regímenes fascistas ha existido una política de Estado consistente en la creación o mantenimiento de lugares de memoria explicativos de ese pasado totalitario (monumentos, nombres de calles, museos, conservación de campos de concentración, etc.). La función de estos lugares no es solo simbólica y memorialista, sino también educativa, moral y cívica. Es una forma, a través de la verdad y del recuerdo, de resarcir a las víctimas, de defender los valores democráticos, de asentar los derechos humanos y de que las nuevas generaciones conozcan su historia para que no vuelva a repetirse. En España esta política, que podríamos denominar de “justicia histórica”, ha resultado escasa y tardía. Además encuentra muchas reticencias entre un significado sector de la clase política que aún identifica olvido con reconciliación y memoria con venganza. No obstante, en el caso de los hermanos González León ha habido dos iniciativas institucionales muy loables en el ámbito de los lugares de memoria. Por un lado, en el año 2005 la construcción por el Ayuntamiento de Lucena de un monolito en el cementerio, con los nombres de las 123 víctimas mortales lucentinas conocidas hasta ese momento de la represión franquista, entre las que se incluyen los hermanos González León. Este gesto ha permitido algo común en una cultura como la nuestra, acostumbrada a enterrar a sus muertos en los cementerios: que sus hijos hayan venido en múltiples ocasiones a Lucena para dejarles flores y honrar su memoria ante el monumento.

Familiares de Juan y Manuel González León junto a la placa que da sus nombres a una calle de Montilla, el 15 de mayo de 2010.

La segunda iniciativa fue que el Ayuntamiento de Montilla, respondiendo de forma tardía a una petición de la familia realizada más de siete años antes, decidió dedicarles una plaza. El acto oficial se celebró el 15 de mayo de 2010, al día siguiente de la presentación publica de la nueva edición corregida y aumentada de mi libro sobre Montilla, y contó con la presencia de la familia González León y de los representantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal. Este acto se convirtió no solo en un reconocimiento a los hermanos González León, sino también a sus hijos y nietos por haber sabido mantener su memoria, ya que para los que sufrieron la represión una de las mayores justicias es el recuerdo. Una semana antes de que se les dedicara una plaza en Montilla, Rafael González Polonio había regresado a Mauthausen para satisfacer un deseo incumplido tras su primer viaje: colocar una placa permanente en una de las paredes. La placa, de color blanco y en letras negras, lleva la S de spanien enmarcada en un triángulo azul (símbolo cosido en su chaqueta que identificaba a los presos españoles) y el siguiente texto:

Nunca más. A la memoria de los hermanos Juan y Manuel González León, fallecidos en el campo de concentración de Gusen. Su familia no les olvida. Gusen, 7 de mayo de 2010

Rafael González Polonio coloca en Gusen una placa en recuerdo de su padre y su tío (7-5-2010).

Rafael González Polonio coloca en Gusen una placa en recuerdo de su padre y su tío, el 7 de mayo de 2010.

Documentación de interés:

Listado de montillanos muertos y sobrevivientes en Mauthausen
«A la memoria de mi padre«, escrito de Rafael González Polonio, hijo de Manuel González León (2005).
Vídeo homenaje a Antonio González Merino, hijo de Juan González León, estrenado en Sant Joan Despí (Barcelona) el 27 de noviembre de 2015, dos meses después de su muerte.
Los deportados españoles en Mauthausen y los datos que deberían estar en los libros de historia, artículo del periodista Carlos Hernández publicado el 26 de enero de 2016.
Las pruebas de la responsabilidad franquista en la desportación de españoles a los campos nazis, a 75 años de su liberación, artículo del periodista Carlos Hernández de Miguel publicado el 4 de mayo de 2020.
Los últimos españoles de Mauthausen y del resto de campos nazis, documental dirigido por Carlos Hernández de Miguel, 1 de mayo de 2020.

	arcangelbedmar en Listado de víctimas mortales d…
	Dolores Galisteo en Listado de víctimas mortales d…
	arcangelbedmar en Listado de víctimas mortales d…
	Maria Dolores Galist… en Listado de víctimas mortales d…
	Catorce Republicanos… en Baena, tercer municipio cordob…

Blog de Arcángel Bedmar

Archivo de la etiqueta: Montilla

La fotografía de las mujeres peladas en Montilla durante la guerra civil

Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río

El campo de concentración de prisioneros de guerra de Lucena (1938-1939)

Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)

Víctimas mortales de la represión en Montilla durante la guerra civil y la posguerra

Juan y Manuel González León: montillanos asesinados en el campo nazi de Mauthausen

Share this:

Me gusta esto:

Share this:

Me gusta esto:

Share this:

Me gusta esto:

Share this:

Me gusta esto:

Share this:

Me gusta esto:

Share this:

Me gusta esto:

Share this:

Me gusta esto:

Share this:

Me gusta esto: