La fotografía de las mujeres peladas en Montilla durante la guerra civil

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En la España franquista, durante la guerra civil y la posguerra una de las formas de represión que se usó específicamente contra las mujeres consistió en el rapado de sus cabezas. Que sepamos, se conservan en España solo tres fotografías que reflejen esta humillación. Una se realizó en Marín (Pontevedra), otra en Oropesa (Toledo) y la última, que es la que aparece más arriba, en el patio del ayuntamiento de Montilla (Córdoba). En Internet y en las redes sociales se pueden encontrar bastantes fotos de mujeres peladas a las que se identifica como españolas, pero no lo son. Pertenecen a algunas de las 20.000 mujeres francesas a las que, tras la liberación de Francia en 1944, se les aplicó este castigo por el presunto delito de haber mantenido relaciones con soldados del Ejército invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Parece que la fotografía de las mujeres rapadas de Montilla salió publicada por primera vez en formato libro en 1985, en la obra de Francisco Moreno Gómez La guerra civil en Córdoba (1936-1939). A pesar de que es una foto impactante, pasó relativamente desapercibida en aquel momento. Con posterioridad, en el año 2001, yo la usé para la portada de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). La fotografía original me la facilitó la Biblioteca Manuel Ruiz Luque, la mayor biblioteca privada de Andalucía, que tiene su sede en Montilla. A partir de ahí la foto se expandió por Internet y por los medios de comunicación nacionales. También varios historiadores, como Paul Preston, y profesores de las universidades de Zaragoza y Valencia me la solicitaron y me pidieron información sobre ella para incluirla en sus publicaciones.

Montilla fue durante la II República un feudo socialista donde la izquierda siempre dobló en votos a la derecha, lo que no resultó un obstáculo para que cayera en poder de los militares sublevados el mismo día del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936. Esa noche la Guardia Civil acribilló a centenares de personas que se habían agrupado en las inmediaciones del ayuntamiento y se hizo con el control de la localidad sin resistencia. Además de sufrir la cárcel y la muerte, pues tres mujeres murieron tiroteadas en la madrugada del 19 de julio de 1936 y un mínimo de cuatro cayeron fusiladas durante la guerra (más al menos otros 111 varones), las mujeres republicanas de Montilla padecieron otras humillaciones.

La fotografía de las mujeres peladas de Montilla representa una estampa trágica y dolorosa de principios del mes de agosto de 1936. En ella aparecen un hombre y veinte mujeres, la mayoría jóvenes de poco más de 13 años de edad. Pertenecían al grupo de canto que ensayaba en la socialista Casa del Pueblo, o eran militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas o familiares de varones izquierdistas, pero no habían cometido ningún delito. Tras ser arrestadas, se les rapó la cabeza y se las forzó a ingerir aceite de ricino con sopas de pan, para que con el laxante “arrojaran el comunismo del cuerpo”. Acompañadas por el director de la banda de música, Joaquín Gutiérrez Luque (el Bartolo), también pelado, las obligaron a pasear por las calles saludando con el brazo en alto, al estilo fascista, y cantando el himno falangista, el Cara al Sol, entre la mofa de sus verdugos. En la fotografía, entre los rostros tristes y abatidos de estas mujeres, sobresalen unas pocas sonrisas tímidas y forzadas. También destaca la resignación con la que levantan el brazo, avergonzadas, reflejo del calvario que estaban viviendo. A algunas de estas mujeres se les dejaba un pequeño mechón de pelo en la cabeza en el que luego se les colocaba un lacito con los colores de la bandera monárquica.

Desconocemos quiénes fueron los autores o responsables directos de este suplicio, si militares, guardias civiles, carlistas o falangistas; y tampoco sabemos quién echó la foto y con qué finalidad. En ese momento la máxima autoridad militar de Montilla recaía en el capitán de la Guardia Civil Luis Canis Matute, quien había liderado el golpe de Estado en el pueblo días antes, y el alcalde impuesto por los golpistas era el capitán de Artillería retirado Rafael Jiménez-Castellanos Casaleiz.

Cuando en el año 2000 inicié mis investigaciones sobre la guerra civil y la represión en Montilla, uno de mis objetivos se dirigió a poner nombre a estas mujeres y recuperar su historia. Algunas de ellas vivían entonces, no obstante resultó imposible entrevistarlas. Aun así, identifiqué a unas cuantas gracias a diversos testimonios orales. Entre estas mujeres peladas se encontraban Manuela Herrador Espejo; la viuda del guardia municipal Antonio Cardador Aguilar, acribillado en la madrugada del 19 de julio por la Guardia Civil; la esposa de Manuel Alcaide Aguilar “Botón”, a la que al parecer detuvieron y raparon por la denuncia de un propietario falangista con el que se había negado a mantener relaciones sexuales; y dos hijas de José Márquez Cambronero, alcalde socialista en 1920, el primero que hubo en un pueblo de Córdoba en el siglo XX. Las hijas de José Márquez son Rosa, sentada la penúltima a la derecha, y Dolores, sentada la primera por la izquierda. Hemos podido dar nombre a otras dos jóvenes gracias al testimonio de Daniel Priego, de orígenes montillanos y residente en Pamplona. Una es su abuela, Natividad Salido Cerezo, de 14 años, situada de pie la primera por la izquierda; y la segunda es Candelaria Priego, de 13 años, colocada en la parte central de la primera fila, sentada, con vestido negro. A Dolores Zafra Espejo, que está a la izquierda del músico, la hemos identificado gracias a su sobrino Jerónimo. Y por último, Dolores Delgado Trapero es la segunda por la izquierda de la fila segunda.

El rapado de las cabezas de las mujeres republicanas, o por ser familiares de varones republicanos sin que ellas mismas lo fueran, tenía una clara función represora y ejemplificadora, al eliminar uno de los símbolos más visibles de la feminidad: el pelo. Hasta que este crecía, la mujer debía ocultarse en su casa o tratar de taparse con un pañuelo, que a veces era arrancado por los falangistas por las calles para así aumentar su vergüenza. Está claro que este castigo tenía como objetivo no solo infligir un dolor momentáneo y físico, sino estigmatizar y humillar a la víctima. Además, se convertía en una clara muestra de lo que les podía esperar a las “rojas” o a todas aquellas mujeres que se atrevieran a poner en cuestión, aunque solo fuera verbalmente, los principios en los que se asentaba el nuevo Estado dictatorial.

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Cuatro mujeres de Oropesa (Toledo) rapadas durante la guerra civil.

El rapado de las cabezas de las mujeres ha dejado pocos rastros documentales, aunque se aplicara de manera generalizada en casi todas las localidades de España. Por ejemplo, en los cinco pueblos del sur de Córdoba en los que he escrito libros sobre la represión hubo varios casos en todos ellos. Aun así, existen algunos casos salvajes y estremecedores, como este rescatado por el historiador José María García Márquez en un consejo de guerra del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Narra cómo a una mujer de Cazalla de la Sierra (Sevilla), apodada la Trufa, le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto de un cortijo, donde la intimidaron tendiéndola en el suelo, “obligándola a remangarse” y exhibir ”sus partes genitales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció al falangista Joaquín Barragán Díaz para que pelara con ellas el vello de las partes genitales de la detenida, a lo que este se negó; entonces el sargento, malhumorado, ordenó lo antes dicho al guardia Civil Cristóbal del Río, del puesto del Real de la Jara. Este obedeció y, efectuándolo con repugnancia, no pudo terminar, y entregó la tijera al jefe de la Falange de Brenes, que terminó la operación. Y entre este y el sargento terminaron pelándole la cabeza”

La represión que sufrieron las mujeres en la España franquista durante le guerra y la posguerra fue, en gran medida, sexuada. Es decir, recibieron castigos por su condición de mujeres, sin que estos  mismos castigos se aplicaran a los hombres, al menos de manera habitual. Hablamos de vejaciones como el rapado de cabeza, forzarlas a ingerir aceite de ricino y desfilar por las calles, llevarlas a limpiar el cuartel de la Guardia Civil o la sede de la Falange, utilizar detenciones y torturas para que delataran a sus familiares varones que se habían escondido o habían huido, comentarios soeces, amenazas de agresión sexual, abusos y violaciones, soportar el asedio de quienes les solicitaban favores sexuales a cambio de gestiones para favorecer a familiares encarcelados e incluso la prohibición de llevar luto por sus seres queridos fusilados. Sobre muchas de estas mujeres, además, recayó el sustento familiar durante la guerra o la posguerra, pues sus maridos se encontraban presos o habían sido fusilados.

Las autoridades militares franquistas fomentaban esta represión sexuada que en su aplicación más extrema incitaba a usar la violación y el abuso sexual como arma de guerra. Así lo manifestaba de manera grosera y sin tapujos Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur (la máxima autoridad militar de Andalucía), solo cinco días después de empezada la guerra civil, el 23 de julio de 1936, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

El 13 de octubre de 2010, la Junta de Andalucía decretó la posibilidad de que estas mujeres vejadas por el franquismo pudieran recibir una indemnización de 1.800 euros. La medida iba dirigida a las que “sufrieron represión en la guerra civil e inmediata posguerra mediante hechos que vulneraron su intimidad, honor y la propia imagen consistentes en el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la posterior sumisión a vergüenza pública”. El tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, cuando ya habían fallecido la inmensa mayoría de ellas, pero también la vergüenza y el silencio posterior que acompañó a estas mujeres durante toda su vida motivó que solo unas pocas decenas (parece que su número no alcanzó las doscientas) se acogieran a esta medida.

Nota final: esta entrada de de mi blog se puede leer traducida al francés en el blog del escritor Floréal Melgar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

elsa-omil-torres-copiaLa mujer pelada en Marín (Pontevedra) de la que se conserva fotografía fue Elsa Omil Torres, hija de un emigrante gallego en Boston, que pasaba unas vacaciones en casa de unos familiares republicanos cuando se produjo el golpe de Estado. Tras el rapado del pelo, solicitó en el Consulado el pasaporte para volver a Estados Unidos, pues tenía esa nacionalidad, y le sacaron la foto que aparece a la izquierda, que se usó en la prensa estadounidense para denunciar la represión que había sufrido. El testimonio en gallego de una familiar de esta mujer se recoge en la página Nomes y Voces. Agradezco a Víctor Alfonso Castro Martínez el que me haya facilitado esta información.

Tras la publicación de esta entrada de mi blog, Manuel Almisas Albendiz me envió el 17 de octubre de 2017 un articulo muy valioso, titulado “Las mujeres rapadas por la represión franquista a través de la prensa republicana malagueña”, en el que se incluyen cinco fotografías de mujeres peladas que aparecieron en la prensa malagueña y madrileña republicana en octubre y noviembre de 1936. Las fotografías, que sepamos, eran desconocidas por los historiadores hasta ahora. La foto de abajo, con la imagen de tres mujeres, es una de las cinco que ilustra el artículo. Fue publicada por el periódico madrileño Ahora el 9 de octubre de 1936.

 

Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río

88. Antonio Gómez Márquez

De izquierda a derecha, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José Gómez Gálvez, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

El 6 de agosto de 1936, a los pocos días del comienzo de la guerra civil española, una columna militar dirigida por el general José Enrique Varela Iglesias sacó a varias decenas de presos de la cárcel de Montilla, una localidad donde había triunfado la sublevación golpista el mismo 18 de julio. Cuando llegaron a las inmediaciones del pueblo vecino de Castro del Río, los prisioneros fueron fusilados y enterrados posiblemente en una fosa común que podría estar situada en la finca Santa Rita. En enero de 2015, elaboré un informe histórico para avalar la solicitud que realizaron los familiares de algunos de estos fusilados a la Dirección General de Memoria Democrática, con la intención de que este organismo, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, aprobara el inicio de los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la guerra civil de acuerdo con la normativa legal vigente. Año y medio año después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado que la indagación, localización, exhumación e identificación genética (si procede) de las víctimas enterradas en esta posible fosa común está incluida en las actuaciones que la Dirección General de Memoria Democrática va a llevar a cabo en los próximos meses en 37 localidades andaluzas. Debido a la importancia de esta decisión administrativa y a la repercusión que ha tenido la noticia, he decidido sacar a la luz en esta entrada del blog el informe histórico que entregué a las familias. Puede leerse en este enlace. 

Respecto a las exhumaciones de víctimas de la guerra civil, hemos de recordar que los restos de las víctimas de la represión republicana, con dinero público, fueron sacados de las fosas comunes, identificados e inhumados en cementerios, según establecieron al menos dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y de 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación franquista. Tras estas fechas, más de treinta mil cadáveres se exhumaron y se enterraron también en el Valle de los Caídos. No ocurrió igual con las víctimas de la represión franquista. Aunque hubo exhumaciones puntuales de fosas comunes durante la Transición, llevadas a cabo por los familiares de manera privada, hasta el año 2000 no se inició la primera exhumación científica de víctimas republicanas en Priaranza del Bierzo (León), donde se identificaron 13 cadáveres. Desde esa fecha y hasta el año 2012, según el recuento global que publicó la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han realizado 332 intervenciones y se han recuperado los restos óseos de 6.300 desaparecidos. En nuestro país hay contabilizadas 2.382 fosas de víctimas de la represión franquista aún sin excavar que albergarían más de 45.000 cadáveres.

En los últimos años, distintos organismos de la ONU han recordado al gobierno de España que el Derecho Internacional Humanitario recoge que la búsqueda, identificación y entrega a sus familiares de los restos mortales de los fallecidos y desaparecidos en un conflicto armado, sea internacional o una guerra civil, es una obligación de los estados, y también establece el derecho de las familias a saber qué les ocurrió, a rememorarlos y a recuperar sus restos. Estas obligaciones de los gobiernos y los derechos de las familias son de carácter universal y no prescriben con el tiempo. La finalidad es acabar con el dolor y la angustia de los familiares hasta que encuentran el cuerpo de su ser querido, que es la única manera de cerrar las heridas que aún permanecían abiertas.

Y como es un deber cerrar las heridas que aún permanecen abiertas y estamos hablando de derechos humanos, estimo que es de justicia concluir esta entrada del blog con la fotografía que viene a continuación, realizada el 9 de noviembre de 2014 por Rafael González. En ella aparezco con Remedios Gómez Márquez, a la que conocí cuando aportó su testimonio para la cuarta edición de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), publicada en 2009. Con ella, y con algunos de sus hijos, he compartido charlas y he coincidido en múltiples ocasiones en Córdoba en actos de carácter histórico. Nació en Santa Cruz, una aldea perteneciente en 1936 al término municipal de Montilla y hoy al de Córdoba capital. Allí, el 20 de julio de 1936, solo dos días después del golpe de Estado, detuvieron a su hermano Antonio, de 17 años entonces (aparece en la fotografía de arriba) y a su padre, Juan José Gómez Gálvez “Bandurria”, de 46 años. Los dos iban en el grupo de presos sacados de la cárcel de Montilla y fusilados en Castro del Río por la columna del general Varela el 6 de agosto.

Remedios Gómez tiene 84 años en la actualidad, y es una de las personas que, con una entereza y una dignidad envidiables, aún busca los restos, para darles digna sepultura, de su hermano y de su padre. Sus esperanzas, junto a las de otras familias, están puestas en este momento en que la intervención programada en Castro del Río por la Dirección General de Memoria Democrática culmine con éxito. Si así fuera, sé que sería uno de los momentos más emotivos y felices de su vida. Con fecha de 23 de junio de 2017 ya se habían localizado en el terreno los restos de al menos 12 personas y se inició el proceso de identificación. En este enlace se puede ver la noticia que publicaba el periódico Montilla Digital al respecto.

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El campo de concentración de prisioneros de guerra de Lucena (1938-1939)

Durante la guerra civil y en la primera posguerra, el campo de concentración de prisioneros de guerra fue el lugar utilizado en la España franquista para internar, clasificar, reeducar y distribuir hacia otros destinos a los soldados republicanos que caían prisioneros o se entregaban voluntariamente y a los civiles y militares que llegaban evadidos desde la zona republicana. Las primeras instrucciones para la actuación con los prisioneros de guerra se emitieron en diciembre de 1936 y a partir de agosto de 1937 se encargaría de esta cuestión la Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros, un organismo que dependía directamente del Cuartel General del Generalísimo, es decir, del propio Francisco Franco.

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Prisioneros del campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) en una fecha indeterminada.

Tras su apresamiento en los frentes de guerra por las tropas franquistas, los mandos y los soldados republicanos eran normalmente conducidos a un campo provisional, donde se les tomaba la filiación y se les interrogaba. De allí, en trasportes que solían ser vagones de carga, sufrían un nuevo traslado a un campo estable para ser clasificados. Si al prisionero se le encontraba alguna responsabilidad política o militar, se le trasladaba a una cárcel y se le sometía a juicio sumarísimo, en el que podía ser condenado a muerte. Si se le consideraba adepto al Movimiento Nacional (porque hubiera sido reclutado a la fuerza o no se encontrara cargo contra él) se le reintegraba en el Ejército franquista o se le dejaba en libertad si no pertenecía a reemplazos movilizados hasta el momento. Si se le consideraba “dudoso”, indiferente o poco afecto al Movimiento Nacional, se mantenía su reclusión en el campo de concentración o se le destinaba a partir de agosto de 1937, sin sentencia judicial previa y como mano de obra forzada y militarizada, a los batallones de trabajadores –reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores–, donde era sometido a trabajos forzados en fortificaciones militares y en obras públicas y privadas (pantanos, canales, ferrocarriles, carreteras, minas, puertos, edificios, etc.). Esta modalidad de trabajo esclavo se mantuvo bastantes años, de manera que según cifras oficiales en julio de 1942 aún quedaban 45.457 presos encuadrados en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

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Prisioneros de guerra en Santander (1937)

Los prisioneros de guerra en la España franquista no fueron tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1929 –a pesar de que Franco manifestó a la Cruz Roja que se guiaría por ella– que establecía un trato humanitario para los internos y la prohibición de infligirles sufrimientos, violencias, insultos, etc. Por el contrario, acabaron hacinados en campos de concentración en malas condiciones higiénicas, mal alimentados, obligados a trabajos forzosos, torturados, castigados, y en ocasiones exterminados en asesinatos extrajudiciales. Según las instrucciones emitidas en septiembre de 1937 por la Inspección de los Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra y Batallones de Trabajadores, los presos tenían restringidas las visitas y la correspondencia –que era censurada– y se les prohibía hablar con las fuerzas de vigilancia, recibir paquetes de comida o la lectura de la prensa. Además, dentro del proceso de reeducación política que padecían, estaban obligados a saludar a las autoridades y a la bandera al estilo fascista – “con la mano extendida”–, y a dar vivas a Franco y a España al formar y romper filas y con motivo de cualquier evento. En cuanto a las actividades que desarrollaban, una buena parte del día los prisioneros permanecían de pie y en posición de firmes: para los recuentos, la instrucción, escuchar los discursos y las lecturas de las leyes penales, cantar los himnos patrióticos o para la celebración de la misa de los domingos. La consideración que merecían los prisioneros de guerra republicanos para las autoridades franquistas la reflejó de manera clara el máximo responsable de la Inspección de Campos, Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, en la “Memoria Crítica”, de 1938, con estas palabras: Frente al Ejército Nacional no se alza otro Ejército, sino una horda de asesinos y forajidos, y junto a ellos, y como menos culpables, unos bellacos engañados por una propaganda infame”. 

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Prisioneros desfilando en el campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) en fecha indeterminada.

Conforme las tropas franquistas avanzaban en sus conquistas, el número de prisioneros aumentó con rapidez, sobre todo en 1938. En febrero de 1939, según cifras oficiales, se alcanzaba la cifra de 237.102 internados en los campos. De acuerdo con las datos facilitados por el historiador Javier Rodrigo (Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947), existieron 104 campos de concentración estables y 84-86 provisionales, por los que pasaron entre 370.000 y 500.000 prisioneros de guerra y refugiados. Andalucía fue un lugar de internamiento de prisioneros durante toda la guerra, pero en especial desde 1939, pues los campos del norte de España se encontraban desbordados. A finales de abril de 1939, si seguimos las cifras publicadas por Javier Rodrigo, en la provincia de Córdoba existían 21.964 prisioneros distribuidos en los campos de Aguilar de la Frontera (233 presos), Cerro Muriano (236), Córdoba (854), La Granjuela (8.142), Los Blázquez (4.142), Lucena (305), Montilla (412) y Valsequillo (764). En 17 pueblos de la provincia de Córdoba, según relata el historiador José Luis Gutiérrez Molina, un mínimo de 8.167 prisioneros de guerra procedentes de los campos de concentración y encuadrados en batallones de trabajadores y destacamentos penales, trabajaron forzosamente entre 1936 y 1939 en arreglos de carreteras, fortificaciones, construcciones de pistas, alcantarillado, minas, ferrocarriles, etc.

La andadura del campo de concentración de Lucena comenzó el 12 de julio de 1938, cuando llegaron 194 prisioneros custodiados por fuerzas de la Guardia Civil. Procedían del campo de concentración de Córdoba. Durante ese mes hubo 10 bajas entre los presos, de las que seis fueron por ingresos en el hospital militar de Lucena, que se encontraba en la actual residencia de ancianos de San Juan de Dios. Desconocemos si alguno de ellos falleció en el recinto hospitalario.

El 1 de octubre de 1938 el campo albergaba ya a 229 presos, y en los días siguientes se sumaron otros 69, de los que 66 procedían del campo de concentración de Córdoba, que funcionaba desde 1937 y que se convirtió en el gran suministrador de internos para el de Lucena. En total, durante este mes, pasaron por el campo de concentración de Lucena 292 reclusos, entre los que se produjeron 158 bajas que se distribuyeron de la siguiente manera: 59 internos fueron liberados; 77 engrosaron las filas del Ejército franquista en los frentes de guerra (regimiento de Infantería Oviedo, Regimiento Pavía nº 7 y un batallón de Bandera de la Falange); 14 acabaron en el Batallón de Trabajadores 103, sometidos a trabajos forzados en las obras del aeropuerto de Málaga; mientras que dos terminaron ingresados en la Prisión Provincial, otros dos en el campo de concentración de Córdoba y tres pasaron por el Tribunal Médico de Córdoba.

En julio de 1939 todavía quedaban 121 presos en el campo de concentración de Lucena, cuando hacía ya tres meses que había finalizado la guerra civil. El día 8 de julio el campo dejó de funcionar. Tuvo por tanto una andadura corta, de solo un año. El destino de la mayoría de los prisioneros fue el campo de concentración de Montilla, no obstante 30 quedaron libres, uno pasó al campo de concentración de Córdoba, otro a la prisión de Córdoba y otro a la de Linares (Jaén).

No sabemos a ciencia cierta el lugar exacto donde se ubicó el campo de concentración de Lucena pero, según hemos podido deducir del testimonio del médico lucentino Juan Luna Delgado –ya fallecido–, creemos que tuvo su sede en las escuelas del convento de los padres franciscanos, un recinto que había servido de prisión al comienzo de la guerra civil. Era un edificio espacioso y con agua corriente, pero aun así no contaba con la infraestructura necesaria (camas, utensilios de cocina, servicios higiénicos, lavandería, etc.) para albergar a tanta población reclusa. El comandante jefe del campo fue Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería retirado y comandante militar de Lucena. De la administración económica se encargó el teniente Rafael García Rey. El Estado pagaba 1,65 pesetas diarias para la manutención alimenticia de cada uno de los presos.

La información relativa al campo de concentración de prisioneros de Lucena me la ha facilitado en abril de 2016 el investigador Francisco Navarro López, de Aguilar de la Frontera, y está extraída de los fondos documentales del Tribunal de Cuentas, referidos a 132 campos de concentración y 541 batallones de trabajadores, que se conservan desde 2010 en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. La lista alfabética con los nombres de 258 presos que pasaron por el campo se puede consultar en este enlace.

Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después

Juan Zafra Raigón (2)

Juan Zafra Raigón, desaparecido cuando lo detuvieron en Montilla en 1936.

En diciembre de 2015, Miguel Guillén Burguillos me escribió un mensaje de correo electrónico desde Mataró (Barcelona), su ciudad de nacimiento y de residencia. Miguel procede de una familia de emigrantes andaluces afincados en Cataluña en los años sesenta del siglo pasado. Por parte de madre, su abuela Gabriela era originaria de Montilla y su abuelo Antonio de Lucena. Había leído mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), y me pedía ayuda para localizar a uno de los hermanos de su abuela, Juan Zafra Raigón. Lo habían detenido en Montilla, que había quedado en manos de los golpistas desde el 18 de julio de 1936, y desde entonces estaba desaparecido. Por tanto, desconocían si había sido fusilado o había conseguido sobrevivir. La única noticia, confusa y poco creíble, sobre su posible paradero les vino de otro hermano, Antonio, que se exilió en 1939 en Francia y estableció allí su residencia definitiva hasta su muerte. Al intentar recabar información en tiempos de Franco en un consulado español en Francia, le dijeron que los datos que poseían sobre Juan eran confidenciales, así que la familia creyó –aunque sin ningún fundamento que lo avalase– que podría estar refugiado en Suiza.

Desagraciadamente, no pude ayudar a Miguel Guillén en la búsqueda de su tío abuelo por las enormes dificultades que presenta la investigación de este caso. Además, su nombre no está incluido en la lista de los 148 víctimas mortales que tenemos catalogadas hasta el momento de la represión franquista en Montilla ni entre los 438 vecinos –Montilla tenía unos 19.500 habitantes en 1936– que sufrieron internamiento en cárceles u otras formas de represión durante la guerra y la posguerra. En consecuencia, Juan Zafra Raigón continua siendo en este momento una de las muchas decenas de miles de personas desaparecidas, de las que no se tiene constancia de su paradero ni se ha encontrado su cadáver, a consecuencia de la represión franquista durante la contienda civil.

Antonio Burguillos Serrano.

Antonio Burguillos Serrano en una fotografía de la década de 1970.

En la primera conversación telefónica que tuvimos sobre este asunto, Miguel Guillén me contó otra historia. Como su abuelo materno, Antonio, era lucentino, había leído también mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939. En él, a Miguel le había llamado la atención que entre la lista de fusilados en 1936 apareciera Manuel Burguillos Serrano, que se apellidaba igual que su abuelo y cuya fotografía mostraba un enorme parecido físico con él mismo, según apreciaron con sorpresa hasta sus propios padres. Me pidió, por tanto, si podría averiguar si ese hombre podría ser hermano de su abuelo, quien les había contado que tenía un hermano y una hermana en Lucena pero nunca les dio información sobre ellos. Su abuelo se había marchado solo, sin su familia, a trabajar desde Lucena a Montilla con menos de 20 años, a finales de la década de 1920. En 1965, junto a su mujer, Gabriela, y sus hijos, había emigrado a la localidad barcelonesa de  Mataró, donde murió en 1976, con 66 años.

Manuel Burguillos Serrano.

Manuel Burguillos Serrano, concejal en 1931 y vicepresidente del PSOE de Lucena en 1936.

El presunto hermano de Antonio, Manuel Burguillos Serrano, había nacido en Lucena el 11 de marzo de 1905. Tenía una formación autodidacta y era jornalero de profesión, por lo que sufrió las miserables condiciones de vida de los trabajadores del campo andaluz de los años veinte y treinta del siglo pasado. A través de su propia experiencia vital, de su talante generoso con los que aún eran más pobres que él y de las tertulias organizadas en el patio de su casa, al calor de la lectura del periódico El Socialista, tomó conciencia de la necesidad de combatir las injusticias de su tiempo. El salto de Manuel Burguillos al Consistorio local se produjo en las elecciones del 14 de abril de 1931, al resultar elegido concejal en la triunfante candidatura republicana, que obtuvo en Lucena el 64,82% de los votos frente al 35,18% conseguido por los monárquicos. Solo dos días después se proclamaba la II República en toda España. Su labor como concejal socialista en el Ayuntamiento se puede resumir en tres ejes prioritarios: defensa a ultranza de los derechos y de la dignidad de la clase obrera, reivindicación del laicismo y denuncia constante de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que se oponían a las reformas del régimen republicano. El 15 de octubre de 1934 la Corporación Municipal lucentina fue destituida de manera arbitraria por el gobernador civil y Manuel Burguillos dejó de ser concejal. A partir de entonces su actividad política se centró en la agrupación local del PSOE, de la que llegó a ser vicepresidente en 1936.

Foto Manuel Burguillos (Libro familia 2)

Manuel Burguillos, cuando tenía 27 años.

La rebelión militar del 18 de julio 1936, que triunfó en Lucena ese mismo día, tuvo trágicas consecuencias para Manuel Burguillos. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas –en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes– y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes. De los concejales socialistas elegidos en las elecciones de 1931, al menos cuatro serían pronto fusilados: Rafael Lozano Córdoba (de 72 años), Antonio Palomino Luque, José López Antequera y Manuel Burguillos Serrano. El 27 de julio unos falangistas se presentaron en la casa de Manuel Burguillos, en el número 52 de la calle Rute. Al no encontrarlo allí, pues se hallaba trabajando, le dejaron el aviso de que se personase ante la autoridad militar “solo para hacerle unas preguntas”. Cuando regresó, su esposa, consciente del peligro que se cernía sobre él, le propuso la huida hacia Jaén, que se encontraba en zona republicana. Él se negó, alegando que no había cometido ningún delito y que su conciencia estaba tranquila. Se presentó a la citación y quedó detenido en el acto. Su confianza en las buenas intenciones de sus verdugos le traicionó. Estuvo internado en el convento de San Francisco, convertido en prisión, y en la madrugada del 19 de agosto de 1936 lo fusilaron, junto con veinticuatro personas más, en las tapias del cementerio de Lucena. Tenía entonces 31 años. Dejó dos huérfanos, Antonio, de tres años, y Carmen, próxima a cumplir los dos.

Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

En una foto de cuando tenía 23 años, Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

Recabando datos para mi libro sobre Lucena, logré entrevistar en los meses de marzo y abril de 1997 a la viuda de Manuel Burguillos, Luisa Baena Mármol, quien ya había cumplido los 88 años y parecía una mujer muy vivaz. En la conversación definió a su marido, con el que se había casado el 30 de abril de 1932, como un hombre inteligente, bueno y, sobre todo, cariñoso. Se apreciaba que había estado muy enamorada de él y era evidente que se sintió bastante reconfortada e ilusionada aportando sus recuerdos. A pesar del tiempo transcurrido desde la guerra, mantenía una memoria prodigiosa. Aún se emocionaba, hasta llegar a las lágrimas, enumerando los nombres de varios fusilados –entre ellos un primo hermano– y contando que escondió en su propia casa a tres hermanos (Rafael, Miguel y Antonio Sánchez) para evitar su detención en una de las numerosas redadas acontecidas en la calle Rute. Como nota curiosa, he de señalar que en la pared del rellano de la escalera de su antigua vivienda todavía conservaba un cuadro con la imagen de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y del sindicato socialista UGT, que había conseguido ocultar detrás de una lámina de la Virgen durante la guerra y la dictadura de Franco. Condicionada por sus trágicas circunstancias familiares y aconsejada por el cura de la parroquia del Carmen, Luisa se volvió a casar el 27 de noviembre de 1939, tuvo tres hijos más (Luis, Araceli y Ana), perdió el contacto con la familia de su antiguo marido y enviudó de nuevo en 1970. Murió el 8 de noviembre de 1999, dos años después de que yo la entrevistara.

Dos meses antes de que me escribiera Miguel Guillén desde Mataró, conocí a un nieto de Manuel Burguillos Serrano, de igual nombre y primer apellido, porque se me presentó por la calle. Me habló de que estaba interesado en localizar y exhumar los restos de su abuelo –una solicitud que ya ha cursado a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía– y nos intercambiamos los números de teléfono. Esta casualidad permitió que pudiera consultarle las dudas que me planteaba Miguel Guillén. Miguel sabía que los padres de su abuelo se llamaban Araceli y Antonio. Manuel buscó en el libro de familia de su abuelo y los padres se llamaban igual. También preguntó a su tía Carmen, y ella le dijo que mantenía un recuerdo lejano de la existencia de un tío en Montilla. Miguel me envió también una foto de su abuelo Antonio que fue determinante. En cuanto Manuel la vio, descubrió el enorme parecido físico con su padre, Antonio, ya fallecido. El misterio estaba resuelto: Manuel y Antonio Burguillos Serrano eran hermanos. A los pocos días, la curiosidad llevó a Miguel, politólogo de profesión, a realizar otro descubrimiento importante: encontró en el diario ABC una nota mortuoria de Araceli Burguillos Serrano, de 88 años, fallecida el 23 de abril de 1996 en Madrid, el lugar donde su abuelo les había referido que había emigrado su hermana.

La pregunta que surge de inmediato es por qué Antonio Burguillos Serrano nunca hablaba de su hermana ni de su hermano fusilado en Lucena. El origen podría estar en su personalidad callada, hermética y dedicada al trabajo. O puede que ese silencio se debiera al desarraigo familiar, al deseo de olvidar, al miedo, a tratar de evitar que sus hijos pudieran correr la misma suerte que su hermano por “meterse en política” o a cualquier otro motivo desconocido. Tampoco sabemos si ese silencio, en una persona de ideología socialista, fue voluntario o forzado por determinadas circunstancias. Sea como fuere, el olvido y el pasado familiar oculto del abuelo han sido sustituidos ahora por la memoria de uno de sus catorce nietos. Al menos, en este caso, una historia que hunde una parte de sus raíces en el drama represivo de la guerra civil española tiene un final feliz. Esta semana, solo cuatro meses después de que me escribiera, Miguel Guillén Burguillos visita Lucena por primera vez en su vida para conocer el lugar donde nació su abuelo y donde aún viven los descendientes de su tío abuelo, con los que aún no había mantenido ningún contacto, pues yo he servido en todo momento de intermediario con ellos. Esta es la fotografía, de ayer mismo, 6 de abril de 2016, que da fe del esperado encuentro familiar.

Familia Burguillos Lucena

De izquierda a derecha, Manuel Jiménez Burguillos, Miguel Guillén Burguillos y los hermanos Manuel y Carmen Burguillos Castillo.

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

4. Milicianos El Alcaparro

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

5. Juventudes Libertarias

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

9. Yuste Álvarez, Alfonso

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

10. García Crespo, Andrés

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)

Aunque Montilla ya había conocido una enorme represión tras el triunfo del golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como la “política de la venganza”: exilio, campos de concentración, batallones de trabajo, torturas, consejos de guerra, cárceles, fusilamientos, depuraciones, responsabilidades políticas… En un auténtico desprecio por la suerte de los vencidos, no hubo reconciliación ni amnistía ni perdón. La dictadura, imbuida de militarismo y fascismo, olvidó el lema de “Si no has cometido crímenes, no tienes nada que temer”, y desde el principio la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la misma estructura política del régimen. Prueba de ello es que había 507.000 prisioneros en los campos de concentración en 1939. En las cárceles permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado a otras localidades o se habían enrolado como combatientes del Ejército republicano. Temerosos, los refugiados regresaban a pie o en cualquier medio de tracción desde los lugares en que se habían refugiado en la contienda. A la incertidumbre y a las penurias del regreso se añadían las últimas experiencias vividas, ya que a menudo los métodos para expulsar a los asilados de las poblaciones de acogimiento resultaban expeditivos. De madrugada echaron a la familia del socialista Juan de la Torre Requena del cuartel donde se había cobijado con otros montillanos durante la guerra en Torreblascopedro (Jaén). Cuando la Guardia Civil ocupó la localidad, simplemente les espetó: “Váyanse, esto es nuestro”. En la misma provincia, a la familia Gómez Márquez la expulsaron del cuartel de Jabalquinto en medio de los cánticos y la euforia de las mujeres derechistas que se arremolinaban en la calle. Tres días tuvieron que aguardar a la intemperie a que apareciera el sucio tren de mercancías que los trasladó a Montilla. Asimismo, la familia Ruz Morales tardó cuatro días en llegar también en un tren de mercancías desde Murcia, alimentándose sólo de azúcar, la única comida que poseían.

49.El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

Los soldados y militares republicanos volvieron a Montilla desde los campos de concentración que se habían habilitado por toda España, enviados por las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados establecidas en las distintas provincias. Otros fueron reclamados por el juzgado local cuando se encontraban internados en los campos de concentración o interceptados por las fuerzas de orden público cuando atravesaban distintas localidades. A algunos los trajeron desde Alicante, en cuyo puerto se habían aglomerado más de 15.000 personas en un último y desesperado intento de escapar de España en unos barcos que nunca llegarían. Una delegación de guardias montillanos se trasladó expresamente a las prisiones de la ciudad levantina para arrastrar hasta Montilla a los comandantes del ejército republicano Juan Córdoba Zafra y Manuel Alcaide Aguilar, al concejal Francisco Merino Delgado y al alcalde Manuel Sánchez Ruiz. También se encontraba allí Francisco Hidalgo Luque, que se había integrado en el grupo de resistentes, capitaneados por Manuel García Espejo, que se había creado en la sierra en los primeros días de la guerra, y luego en la compañía de milicianos, formada por el también montillano Juan Córdoba Zafra, en Bujalance. Tras luchar en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Teruel y Valencia, Francisco Hidalgo acabó en el puerto de Alicante, donde arrojó al mar una maleta con tres millones de pesetas –que custodiaba porque tenía el grado de teniente pagador– para evitar que cayera en manos de los franquistas. Lo internaron en el castillo de Santa Bárbara, sin mantas para protegerse del frío, y sometido a los malos tratos de los guardianes, quienes para aumentar el sufrimiento de los presos ante las bajas temperaturas los rociaban con cubos de agua, hasta que lo trasladaron a la cárcel de Montilla el 28 de julio de 1939.

27.Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Otros ni siquiera pudieron llegar a Montilla, como Francisco Urbano Baena “El Duende”, que tenía tan sólo 14 años cuando huyó a Espejo con su primo Luis Pérez Baena “Niño Ríos”, de la misma edad. Tras recorrer Castro, Bujalance, Villa del Río y Andújar, Francisco Urbano acabó su periplo en Arjonilla (Jaén). Consiguió alistarse en el Ejército republicano y, al finalizar la guerra, lo detuvieron junto a sus compañeros. Un capitán del Ejército franquista le ordenó que volviera desde Arjonilla a Montilla, y que se presentara ante la Guardia Civil. En el camino de regreso, fue arrestado en Villa del Río y confinado en Córdoba en un vagón de tren que lo trasladó al campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga), donde había sólo una fuente de agua para que bebieran los seis mil prisioneros que allí se hacinaban. Su familia obtuvo un aval para que lo sacaran del campo, pero al ser menor de edad las autoridades militares decidieron internarlo en un correccional en Burgos. Sin embargo, el padre de Francisco Urbano, que en sus frecuentes visitas había colmado de regalos a un sargento del campo, consiguió que éste hablara con el capitán y que, por fin, lo liberaran.

La mayoría de los refugiados regresaron a Montilla en tren. Apostados en los andenes, guardias municipales, guardias civiles y voluntarios –que no faltaban para este menester– realizaban una primera labor de identificación, registro y humillación de los que llegaban. Personajes como “El Mellao”, “El Bravo”, “El Borrico”, “El Cojo Púa”, “El Regaera”, Paco Enríquez Leña y Mariano Luque Pardo “El Pulga” destacaron en estas labores. Dirigentes izquierdistas y mandos militares republicanos se convirtieron en el objetivo más codiciado y su apresamiento provocaba palabras de euforia de los captores. Desde la estación, como si de un espectáculo público se tratara, los conducían a pie a la sede de la Comandancia en la calle Ancha o al cuartel de la Guardia Civil para ser interrogados.

Rafael Ruiz Luque arribó desde Campo de Criptana (Ciudad Real). En Montilla ya habían fusilado a un hermano y otro había muerto en el frente. Tras recibir la orden de presentarse en Montilla y sufrir múltiples vicisitudes por la falta de medios de transporte, llegó a la estación de Córdoba, donde se encontró con un cuñado suyo requeté, quien le advirtió de que lo esperaban en Montilla para fusilarlo. Cuando entró en la localidad decidió bajarse del vagón por la parte de atrás para que no lo descubrieran. Después se presentó ante la Guardia Civil, en el cuartelillo de la calle Ancha, donde le tomaron declaración. Al manifestar que vivía en El Coto –una zona con fuerte tradición izquierdista–, un guardia comentó a los otros: “Ya sabes lo que tienes que hacer, que hay muchos mascando tierra por menos que ése”. Por suerte, la recomendación no se cumplió.

63.El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

Todos los que regresaron a Montilla desde la zona republicana debían presentarse ante la Guardia Civil, que elaboraba un breve informe sobre sus antecedentes, conducta y actividades político sociales –antes y después del comienzo de la guerra–. Si después de declarar salían en libertad, recibían la orden tajante de no frecuentar lugares públicos y de no permanecer por la noche en las calles. Otros muchos quedaban detenidos y eran trasladados a la cárcel. Si en un primer momento alguno pasaba desapercibido, bien porque no hubiera sido reconocido o porque se hubiera apeado intencionadamente del vagón antes de llegar, a las pocas horas recibía en su domicilio la ingrata visita del guardia correspondiente que le conminaba a acompañarle. Eso le ocurrió a Antonio García Hidalgo, un joven al que la sublevación le había sorprendido de permiso del servicio militar en Montilla. No volvió a su acuartelamiento, sino que se alistó en las milicias de Espejo, y combatió en Pozoblanco y Alcázar de San Juan. En el exilio, permaneció internado en los campos de concentración del sur de Francia, por lo que decidió regresar a España. Aquí fue encarcelado en el campo de concentración de Toro (Zamora), hasta que la familia le buscó un aval que le permitió volver. En la estación de Montilla consiguió escabullirse y pasar desapercibido, pero al día siguiente lo detuvieron en su domicilio y lo trasladaron a la cárcel.

Desde algún tiempo antes del primero de abril de 1939, la Auditoría de Guerra del Ejército de Operaciones del Sur, los juzgados militares, la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados de distintas localidades (Deusto, Granada, Málaga, etc.) y los campos de concentración de prisioneros de guerra no paraban de solicitar informes “de conducta moral y política” de los cientos de montillanos huidos. En respuesta, las autoridades  redactaban minúsculos certificados, apenas unos renglones, en los que se catalogaba a los encausados con expresiones peyorativas como “conducta moral pésima”, “antecedentes malos”, “conducta política social indeseable”, “socialista de cuidado”, “sinvergüenza”, “provocador de las personas de orden”, “saqueador”, etc. Incluso a Aurelio Casas Córdoba se le imputaba ser “ateo de nacimiento”. Sin embargo, escaseaban las acusaciones concretas, pues a la mayoría de ellos se les solía inculpar genéricamente de haber participado en los sucesos del 18 de julio, de haber integrado las partidas de huidos en la sierra o de haber colaborado en la detención de derechistas.

56.El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

Muy fácil fue en aquellas circunstancias obtener de los presos los testimonios que sus captores querían. Los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades, por lo que las torturas, las palizas y los malos tratos fueron una práctica normal y generalizada en las prisiones montillanas según nos confirman múltiples testimonios. De acuerdo con el testimonio de su esposa, a Francisco Córdoba Gálvez “Arrobeta” lo golpearon, colgado de los brazos, hasta que perdió el conocimiento. Según las manifestaciones de su hija, a Emilio Montoro Delgado lo torturó un cabo de la Guardia Civil, en las dependencias del juzgado militar, después de obligarle a desvestirse. A Rafael García Espejo, aparte de propinarle continuas palizas, le arrancaron el bigote. A Manuel Ruz Aguilar lo apaleron varias veces atado a una higuera. Antonio Pérez Lao “El Seguro” llegó a la prisión con una pierna rota, pero el estar herido no impidió que recibiera malos tratos. Nada más salir de la cárcel, fue ingresado en un hospital, aunque no consiguió recuperarse y murió en 1943. Su padre había sido fusilado seis años antes.

Los juicios se celebraban en el salón de plenos del ayuntamiento, para que el escarmiento resultara lo más público y ejemplar posible. Invocando una clara “justicia al revés”, aquellos que se habían sublevado sin atender a las leyes civiles y al código militar procesaban por rebeldes a los que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana. Los consejos de guerra montillanos se convirtieron en una venganza para castigar a quienes más se habían destacado en la lucha social y política durante la República, a los que habían desertado de sus unidades militares para integrarse en las filas republicanas o habían alcanzado alguna graduación en el Ejército durante la contienda. La acusación se basaba fundamentalmente en declaraciones de propietarios agrícolas o en informes elaborados por la Falange, la Guardia Civil y el Ayuntamiento que insistían en los antecedentes políticos del reo y en sus “ideas extremistas” y que muchas veces eran hasta incapaces de determinar la filiación política del encausado. No solían aportar testimonios de testigos directos o fiables de los hechos que se imputaban, pero eso no evitó que bastantes procesados acabaran condenados a pena de muerte.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. Para albergar al gran número de presos se habilitó durante la guerra una nueva prisión en las escuelas del convento de San Luis, donde en 1939 había internados 646 reclusos, de los que 239 eran de Montilla. Completaba a las que ya existían en el depósito municipal y en el actual juzgado, ésta última dirigida por Mariano Varo Espejo. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernán Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas.

53.Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

El hacinamiento en la prisión del convento de San Luis era tal que un importante número de detenidos debía dormir a la intemperie en el patio de prisión, por donde corrían las ratas. Los presos se alimentaban de lo que las familias les facilitaban. Aquéllos que no poseían la fortuna de tener cerca a sus allegados se veían obligados a vivir de la caridad de sus compañeros de presidio o a esperar que cada cierto tiempo les llegaran los envíos de comida desde sus domicilios en los pueblos de alrededor. Las familias de los reclusos, que con frecuencia vivían de la caridad y de la mendicidad, y que a menudo estaban encabezadas por mujeres con hijos y ancianos a su cargo, debían añadir a la esforzada lucha por su subsistencia diaria la manutención de sus padres, hijos y hermanos encarcelados, en un periodo de racionamiento, carestía y estraperlo. Los familiares que residían fuera de Montilla tenían que realizar largas caminatas, a pie o en bestias de carga, con los pocos avituallamientos que podían conseguir para evitar que sus allegados murieran de hambre en los calabozos. Igual calvario debían soportar los parientes de los montillanos recluidos en otros lugares. Por ejemplo, el secretario de las Juventudes Socialistas, Juan Córdoba Zafra, detenido en Alicante, le rogaba a su familia en junio de 1936 que cada semana le enviara un paquete de comida por ferrocarril, además de un paquete con un kilo de cuartillas de papel, dos lápices, algunas novelas, sellos y dinero. Cuando lo trasladaron a la cárcel de Montilla, las peticiones en sus cartas incluían también productos de higiene.

El trasporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. Cinco pesetas de la época valía un billete del tren (al que llamaban “El Corto”) que realizaba el recorrido entre la estación de Montilla y la de Córdoba, lo que suponía un gasto extraordinario para unas personas ya de por sí depauperadas. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (seis de ellos montillanos) debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente.

A continuación publicamos los nombres de los 646 presos que sufrieron cárcel en Montilla, de los que 239 eran montillanos y 407 forasteros: Fernán Núñez (150 presos), Doña Mencía (62), Iznájar (36), Luque (24), Priego de Córdoba (16), Nueva Carteya (16), Zuheros (15), Cabra (14), Carcabuey (12), Lucena (12), Rute (9), Valenzuela (8), Fuente Tójar (7), Almedinilla (7), y otras localidades (19). Añadimos también una lista con otros 200 nombres de montillanos represaliados en la posguerra (presos en campos de concentración, cárceles, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, depurados, exiliados, sometidos a expedientes de responsabilidades políticas y un elevado número de huidos de los que distintos juzgados solicitaban informes). Los enlaces son los siguientes:

Nota: para elaborar la información de esta entrada del blog he usado los testimonios orales, recogidos en el año 2001, de los montillanos José de la Torre León, José Ruz Morales, Antonio Hidalgo Salido, Francisco Urbano Baena, Rafael Ruiz Luque, Rafael García Hidalgo, Rosario García Espinosa, José Ruz Morales, Jesús Aguilar Hidalgo y Jacinto Pérez Delgado (este último, en Sant Joan Despí, Barcelona).

OTRAS FOTOGRAFÍAS

20.Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

32.Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

33.Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

34.José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

60.El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

75.José Gómez Márquez, primero por la derecha en ambas fotos, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

José Gómez Márquez, primero por la derecha, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

55.El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

43.Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del Ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Víctimas mortales de la represión en Montilla durante la guerra civil y la posguerra

El triunfo de la sublevación militar del general Queipo de Llano en Sevilla el 18 de julio de 1936 condicionó de forma decisiva los sangrientos acontecimientos posteriores en la provincia cordobesa. A las dos y media de la tarde Queipo telefoneó al también conspirador coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, jefe del cuartel de Artillería de Córdoba, para que iniciara la rebelión. A las tres, Cascajo le comunicó al gobernador civil republicano Rodríguez de León el alzamiento militar de Queipo y le advirtió de sus propias intenciones de proclamar el estado de guerra y de asumir el mando del gobierno cordobés. A las cinco, el coronel Cascajo ya leía el bando de guerra en el patio del cuartel de Artillería en medio de la euforia de los derechistas y terratenientes armados que allí se habían congregado, entre ellos el carlista José Mª de Alvear y Abaurrea –hijo mayor del montillano conde de la Cortina, Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina–, quien se convertiría en vocal de la nueva Comisión Gestora de la Diputación.

En Montilla, el 18 de julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos cordobeses donde triunfó con rapidez la sublevación militar. Tras recibir desde la capital órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, se hizo aquel mismo día con el control de la localidad. La violencia usada en los primeros momentos por los sublevados, la nula resistencia ofrecida por los republicanos en las horas siguientes y la huida de miles de personas hacia la localidad vecina de Espejo permitirían a los guardias civiles y a los derechistas armados controlar a los casi veinte mil habitantes de la localidad sin demasiados problemas. A las 9 de la mañana del 19 de julio, el gobernador militar rebelde telegrafiaba desde Córdoba al capitán de la Guardia Civil para que se incautase del Ayuntamiento y declarara el estado de guerra. En cumplimiento de esta orden, José Cubero Blanco, sargento del regimiento de Infantería de Cádiz número 33, de permiso de verano en Montilla, se encargó en la misma mañana de la alcaldía. Al día siguiente, se emitió el bando de guerra.

36.Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad Obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

A partir de ese momento la Comandancia Militar de Montilla, principal órgano de donde emanaban las órdenes represivas, permaneció bajo la jefatura de oficiales que con anterioridad ya habían demostrado su valía en el uso de la fuerza, lo que garantizó que la localidad fuera gobernada con mano de hierro en los años de la contienda. El día 1 de septiembre de 1936, el general Queipo de Llano nombró comandante militar al capitán de Infantería retirado Mariano Requena Cordón, quien ya había sido designado el 8 de octubre de 1934 delegado de Orden Público de la localidad por el comandante militar de la provincia Ciriaco Cascajo –principal artífice de la rebelión del 18 de julio en Córdoba–. En octubre de 1936, cuando Mariano Requena se incorporó al ejército, lo sustituyó el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, quien también había dirigido la represión en Montilla tras los sucesos de octubre de 1934 y había abanderado la insurrección golpista en Cabra en 1936. Luis Canis Matute, el capitán que se había sublevado y había emitido el bando de guerra en Montilla, volvió a ser la máxima autoridad militar en agosto de 1937, hasta que fue relevado al año siguiente por el también capitán de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego. Este tenía, asimismo, la experiencia de haber dirigido la rebelión y la represión en Lucena, donde era conocido con el apodo de “Teniente Polvorilla”. La sede de la comandancia se instaló en septiembre de 1936 en la calle Teniente Gracia, en una casa donada por Juan Luque Cabello. Con posterioridad se trasladó a la calle San Francisco Solano.

La “dialéctica de los puños y de las pistolas” de la que había hablado José Antonio Primo de Rivera, en lo que se considera el acto de fundación de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933, tuvo una ocasión de oro para aplicarse en la Montilla que vivió bajo el yugo del bando de guerra. Mientras la sangre corría, no hubo ni juicios ni consejos de guerra ni ninguna argucia legal que intentase justificar la masacre. El bando de guerra permitió el “terror caliente” de las detenciones masivas, las torturas sistemáticas y las ejecuciones irregulares en las tapias del cementerio, en los caminos y en los campos. Cayeron víctimas de la matanza socialistas y afiliados a los gremios de la Casa del Pueblo, militantes de las JSU, comunistas, cargos políticos y sindicales, funcionarios desafectos, espiritistas, personas que se habían significado en la defensa de los derechos de los trabajadores y en las reclamaciones laborales o que habían sido concejales. Pero también se exterminó a personas apolíticas o que tuvieron la mala suerte de verse envueltas, por simples circunstancias de la vida, en el rápido torbellino de la muerte que atrapó a la población. Tan urgente resultó el vendaval represivo que la inmensa mayoría de las víctimas cayó en los tres primeros meses de la contienda. A partir de octubre de 1936 sólo conocemos el fusilamiento de cuatro personas, dos de ellas en Córdoba.

37.José Gama Rodríguez, primer presidente de las Juventudes Socialistas cuando se fundaron en 1927. Vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

José Gama Rodríguez, vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

Los militares implicados en la conspiración tenían muy claro que la violencia iba a ser una de sus principales armas para asegurarse el éxito del golpe de estado. En los documentos que circulaban entre ellos desde meses antes de la rebelión se incitaba a la utilización de una represión indiscriminada para eliminar a los posibles opositores. El general Emilio Mola Vidal, director de la trama castrense, en una “instrucción reservada” enviada a los demás insurrectos el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes del golpe de estado, ya les advertía de que la acción tendría que ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”, y el 30 de junio decía, textualmente, que debían “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. En consecuencia, la violencia fue una táctica ejercida por los sublevados desde el primer el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban aplicar durante los tres años siguientes.

Voceros de la sangre y de “echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanismo, filantropía y demás tópicos masónicos” –como había dicho el gobernador de Burgos y coronel golpista Marcelino Gavilán– no faltarían entre los mandos militares sublevados en aquellos primeros días de la guerra. El general Franco en su bando de guerra del 18 de julio exigía “inexcusablemente que los castigos sean ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días más tarde, en una entrevista periodística respondió que estaba dispuesto a conseguir sus objetivos “al precio que sea”, aunque tuviera que fusilar a media España. Mientras, en el sur, el general Queipo de Llano, en su alocución radiada del 26 de agosto, proclamó que quedarían borradas las palabras “perdón” y “amnistía”. El joven montillano José Cobos Jiménez, delegado de prensa y propaganda del sindicato falangista universitario, reflejaría también esta cultura de la muerte, influida por la luz de la fusilería, con estas palabras: “Falange no puede vivir de la tolerancia, su función primera ha de ser la imposición, de despertar inquietudes. No caben en ella las habilidades cautelosas ni las retiradas prudentes. Su táctica es ir a buscar el peligro, pelear y morir; ofrendar víctimas y hacerlas, porque sólo la sangre fecunda las grandes ideas” (revista Yugo, 30 de septiembre de 1937).

16.Un patrono denunció al ferroviario socialista José Algaba Rodríguez. Murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

Un patrono denunció al ferroviario socialista José Algaba Rodríguez. Murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

En Montilla, a la represión desatada por los golpistas locales se añadió la de distintas columnas militares que, a su paso por la localidad, se otorgaban el privilegio de colaborar en la necesaria labor de limpieza de los “elementos marxistas” y de los “rojos”. Debido a su posición estratégica en la campiña, Montilla se convirtió en un continuo ir y venir de tropas españolas y extranjeras en su labor de conquista de los pueblos de alrededor. Sólo en los primeros días de la guerra pasaron, entre otras, las columnas de Sáenz de Buruaga (28 de julio a Baena y 22 de septiembre a Espejo), la del comandante de Infantería Rafael Corrales Romero y del capitán de corbeta Ramón de Carranza (1 de agosto a Puente Genil), la del comandante del Tercio Pedro Pimentel Zayas (5 de agosto)  y la del general Varela (6 de agosto a Castro del Río y 11 de agosto a Antequera). Aparte de las columnas militares que llegaron del exterior, el teniente de la Guardia Civil Cristóbal Recuerda Jiménez –que había abanderado la sublevación en el vecino pueblo de Fernán Núñez– realizó también algunas incursiones represivas en tierras montillanas durante el verano de 1936.

Sin embargo, a pesar de la oleada de fusilamientos que sufrió la población montillana, de forma oficial las autoridades mantuvieron una ignorancia continua y calculada sobre la represión mortal que ellas mismas estimulaban, ejercían y protegían. Cuando Francisca López Luque inició los trámites para la inscripción de la muerte de su marido Francisco Jordano Panadero en el Registro Civil, el juzgado pidió un informe a la alcaldía. El jefe de Policía, Rafael Sotelo Tejada, contestó en un escrito que “fue encontrado muerto en este término municipal y en la fecha indicada tal vez al tener un encuentro con la fuerza pública”. Similar respuesta encontró Josefa González Vega cuando, en julio de 1937, promovió la inscripción de la defunción de su esposo, el también fusilado Antonio Arcos Real. De nuevo Rafael Sotelo volvió a emitir un informe, el 10 de julio, en el que se reconocía que el 8 de septiembre de 1936 “salió en compañía de otros para la capital, por orden de la autoridad militar, ignorándose lo que haya ocurrido después y el lugar donde se encuentra”. La misma negación de la barbarie represiva se mantuvo durante la posguerra. En julio de 1941, en un informe que emitió la alcaldía sobre Luis León Espejo para el juzgado de responsabilidades políticas, al referirse a su hijo Juan León Arroyo, se decía que “se desconoce su paradero”, cuando en realidad había sido fusilado.

18.El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado en las tapias del cementerio el 8 de septiembre de 1936.

El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado en las tapias del cementerio el 8 de septiembre de 1936.

El tema de los desaparecidos nos conduce a la cuestión de las cifras, de la cuantificación de la represión. Difícil, por no decir imposible, es establecer una relación aproximada de las víctimas de la represión golpista, pues si los “rojos” no valían nada vivos, menos contaban después de muertos. Todas las inhumaciones fueron ilegales, ya que en los libros del cementerio de Montilla no aparece inscrito como enterrado ni uno solo de los ejecutados durante la guerra. Tampoco los libros de los registros civiles, fuentes naturales para el estudio de las defunciones, son unos documentos fiables a la hora de concretar el número total de asesinados, ya que la administración judicial se dejó en manos de leales al nuevo régimen, lo que explica muchas carencias legales. Por otro lado, el impacto sicológico de la represión fue tan brutal que muchas familias no inscribían a sus deudos “rojos” por el temor a padecer la misma desgracia. El miedo y la dictadura pervivieron durante muchos años, de manera que la inscripción no se materializaba si los familiares no lo intentaban o renunciaban ante las dificultades, el desconocimiento, la incultura o porque emigraban de la localidad, lo que explica que en bastantes pueblos de Córdoba solo conste en el Registro un tercio de las víctimas de la represión.

Durante los tres años de guerra se inscribieron en el Registro Civil de Montilla solo 19 fusilados (seis en 1936, ocho en 1937, uno en 1938 y cuatro en 1939). Pero, que sepamos, todos los fusilamientos (menos cuatro) se produjeron entre los meses de julio y septiembre de 1936. Por tanto, la inmensa mayoría de las inscripciones se realizaron fuera de plazo, en la década de los cuarenta y cincuenta, muchos años después de que se produjeran los fallecimientos. Incluso tras la Ley de Amnistía de octubre de 1977 se anotaron dos nuevos nombres, el de Manuel Párraga Osuna (en abril de 1981) y el de un vecino  de Castro del Río, José Víctor Parrado Rodríguez (en diciembre de 1981), de 35 años, fusilado a las siete de la mañana del 16 de octubre.

Los registros tampoco son fiables a la hora de estudiar detalles históricos o personales importantes de los fusilados, como el lugar de la defunción, la fecha o su oficio, que en muchas ocasiones se falseaba (a los funcionarios nunca se les registraba con su profesión). Por ejemplo, de los cinco inscritos como fusilados en la entonces aldea montillana de Santa Cruz, sólo uno consta con la fecha exacta del fallecimiento. Además, siempre se utilizaba un eufemismo para ocultar la verdadera causa de la muerte. En los abatidos por los disparos de la Guardia Civil en la madrugada del 19 de julio aparece como causa “hemorragia interna”. En los demás se escribe “por disparo de arma de fuego” o “en un encuentro con la fuerza pública con motivo del glorioso movimiento salvador de España”, aunque en los inscritos a finales de los años cuarenta ya aparece la expresión “por aplicación del bando de guerra”.

17.El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936 en la vereda de Los Limones.

El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936 en la vereda de Los Limones.

Hemos localizado en la correspondencia de la alcaldía algunos documentos que hacen referencia a la magnitud del reinado del terror, auque son poco clarificadores. Según comunicó el alcalde al gobernador –en un informe elaborado con la ayuda del cura, el médico y el maestro más antiguo de la localidad– el 9 de enero de 1937 existían “como consecuencia de los actuales acontecimientos 70 viudas pobres, 89 ancianos impedidos para el trabajo y 65 mujeres abandonadas por sus maridos con 200 hijos”. El 17 de agosto el alcalde volvía a informar de que el Comedor de Caridad, las Conferencias de San Vicente de Paul y el Ropero de Nuestra Señora del Rosario socorrían diariamente a 50 mujeres y 205 niños de “rojos”. El primer documento, en el que se habla de 70 viudas pobres, podría ser indicativo de por dónde iban las cifras en aquel momento, sin embargo hay que tener en cuenta que un buen número de fusilados eran jóvenes solteros por lo que el número de víctimas podría ser muy superior.

Juan Zafra Raigón

Juan Zafra Raigón, desaparecido en el verano de 1936.

Es bastante complicado determinar el número total de víctimas de la represión fascista en Montilla. El 25 de septiembre de 1936, el periódico El Socialista ya hablaba de 120 fusilados para esas fechas. El historiador Francisco Moreno Gómez en su libro La Guerra Civil en Córdoba estableció, en 1985, un balance global estimado de 150 muertos. Seis años después, en 1991, el escritor local Julián Ramírez Pino, subjefe de los balillas –rama infantil de la Falange– al comienzo de la contienda, no creía que el volumen de muertos superara los 60. Según mis investigaciones, la cifra mínima de asesinados identificados en Montilla durante la guerra fue de 118 personas. De ellas, sólo 78 constan en el Registro Civil, frente a 40 que no se han inscrito (más de un tercio del total), lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos provinciales y locales, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas. Por ello, el número de víctimas que nosotros aportamos, el de 118, con nombres y apellidos, no reflejaría el verdadero alcance de la represión, debido a todas las argumentaciones que ya hemos expuesto con anterioridad. Tras la publicación de la última edición de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), en el año 2009, he podido añadir algunos nombres al grupo de asesinados montillanos, como los de Salvador Gómez Ponferrada y José Gázquez Quiles, cuya identidad he logrado recuperar gracias al testimonio de sus nietos Auxi Gómez (residente en Pozuelo de Alarcón) y Jesús Gázquez (residente en Almería). También se ha sumado  el nombre de Juan Zafra Raigón, desaparecido en el verano de 1936, a través del testimonio aportado desde Mataró (Barcelona) de su sobrino nieto Miguel Guillén Burguillos.

40.El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

En su reciente obra, editada a finales de 2008, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Francisco Moreno Gómez, sitúa la cifra total de asesinados en 200 personas, una estimación que creemos que se acerca más a la realidad. Hay que tener en cuenta que existen periodos en los que en el Registro sólo se inscribe un muerto por día, lo que reflejaría un número elevado de fusilamientos, pues las “sacas” siempre solían ser colectivas. Además, las carencias del Registro Civil son muy evidentes en cuanto al número de víctimas anotadas. De los 12 fusilados de la aldea de Santa Cruz sólo se anotan cinco; de la saca en la que perecieron cinco personas el 11 de agosto sólo aparece Antonio Rodas Castro “El Cuqui”; de la del 31 de julio, en la que murieron 13 personas (tres de ellas de Espejo) sólo encontramos a tres, etc. El Registro no recoge tampoco la magnitud de la masacre de entre 20 y 50 presos ejecutada por el general Varela en Castro del Río el día 6 de agosto, ni los dos fusilamientos colectivos de montillanos en la cuesta del Espino (uno de 12 personas, realizado entre el 18 y el 26 de julio de 1936, y otro de 12 el 5 de agosto), cuyos cadáveres fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Montemayor. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, la cifra de decenas de miles de desaparecidos de la represión franquista en España.

Aunque Montilla ya había conocido los rigores de la “cultura política de la sangre” –tomo la expresión de Alberto Reig Tapia– que se había impuesto en la población tras el triunfo del golpe en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado a otras localidades o se habían enrolado como combatientes en el Ejército republicano. “La justicia se cumplirá. No os quepa duda [de] que se cumplirá. Y será inexorable”, advertía el periódico montillano Patria, en la fecha temprana del 17 de octubre de 1937. Anticipándose al fin de la guerra, la publicación falangista ya amenazaba del destino que les esperaba a los que volvían. Inexorable, contundente y vengativa fue, en verdad, la justicia militar que se aplicó en Montilla. Según nuestras investigaciones –a través de los libros de defunciones del Registro Civil, las fichas de la prisión y las fuentes orales y bibliográficas– 15 vecinos (13 en la localidad y dos en Córdoba) murieron fusilados tras la guerra. Otros dos montillanos, pero residentes en Palma del Río y Alcalá la Real (Jaén), fueron también pasados por las armas. Asimismo, otros nueve forasteros (de Fernán Núñez, Castro del Río, Nueva Carteya y Doña Mencía) cayeron inmolados en las tapias del cementerio. Algunas personas nos han informado de que se realizó en la localidad alguna ejecución extrajudicial, sin embargo no hemos podido confirmar este extremo. Las cifras que aportamos corroboran plenamente las investigaciones sobre la represión en la posguerra publicadas por Francisco Moreno Gómez, el único historiador que ha realizado un estudio conjunto de los fusilamientos dentro de la provincia de Córdoba.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades franquistas, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. Para albergar al gran número de presos se habilitó durante la guerra una nueva prisión en las escuelas del convento de San Luis, donde en 1939 había internados 646 reclusos, de los que 239 eran de Montilla. Completaba a las que ya existían en el depósito municipal y en el actual juzgado, ésta última dirigida por Mariano Varo Espejo. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernán Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas.

44.Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

El trasporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Según el Registro Civil de Córdoba, estudiado por Francisco Moreno Gómez, seis montillanos murieron en estas prisiones. A estos hay que sumar otros nueve montillanos exiliados en Francia que acabaron apresados por los nazis y exterminados en el campo austriaco de Mauthausen. Dos de ellos, los hermanos Juan y Manuel González León, tienen dedicada una antigua entrada en este blog que puede leerse en este enlace.

Los nombres de las víctimas de la represión en Montilla, junto a los de los soldados fallecidos en los frentes y los de los vecinos muertos en los bombardeos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

FOTOGRAFÍAS DE OTRAS VÍCTIMAS

13.Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Entre 1919 y 1920 estuvo preso por su participación en las huelgas de campesinos. Vocal obrero suplente en el grupo de Agricultura y Alimentación del Instituto de Reformas Sociales (1920-1924). Concejal (1915-1923) y alcalde (1931-1934) de Montilla. Fue uno de los creadores de la poderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (rama agraria de la UGT), en la que representó a Andalucía. Vocal de la Junta y del Instituto de Reforma Agraria (1931-1933). Diputado por la provincia de Córdoba (1931-1933), en las Cortes participó en las comisiones de Fomento-Obras Públicas y Agricultura. Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Diputado a Cortes por la provincia de Córdoba (1931-1933). Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

14. Rafael Baena Cruz

Rafael Baena Cruz, fusilado en fecha indeterminada del verano de 1936.

15.El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

23.El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

38.En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa anticlerical. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

42.Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fusilado el 16 de mayo de 1940.

Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fue fusilado el 16 de mayo de 1940.

48.José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

68.El jefe de milicias Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Líder de la resistencia antifascista en los primeros días de la guerra, alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

66.Manuel Sánchez Ruiz durante la Republica fue secretario de las Juventudes Socialistas de Montilla y de la poderosa sociedad local campesina La Parra Productiva ––creada en 1913 y adscrita a la socialista Unión General de Trabajadores–, secretario provincial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (la sección agraria de la UGT) y alcalde del Frente Popular. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

66. Manuel Sánchez Ruiz, alcalde del Frente Popular en 1936. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

En el centro, Francisco Solano Portero Márquez, con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

Francisco Solano Portero Márquez con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

88.De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz, que se refugiaron con su madre en Torredelcampo (Jaén) durante la guerra. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

29. Juventudes Socialistas

Con la bandera de las Juventudes Socialistas al fondo, aparecen Francisco García Carrasco (de pie, primero por la izquierda), fusilado el 31 de julio de 1936; delante de él, el diputado a Cortes entre 1931-1933 Francisco Zafra Contreras, fusilado el 28 de julio de 1936; y Juan González León (de pie, tercero por la izquierda). asesinado en el campo nazi de Mauthausen el 11 de enero de 1942.