Antonio Buendía Aragón (1893-1972): un lucentino fundador del Partido Comunista Español

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Antonio Buendía Aragón en 1914, con veinte años.

Antonio Buendía Aragón nació en Lucena el 28 de junio de 1893, en el seno de una familia humilde. Sus padres, Ana Aragón Corpas y el estanquero Manuel Toribio Buendía Onieva, vivían en el número 39 de la calle Cabrillana. Según testimonios familiares tuvieron nueve hijos, de los que solo cuatro llegaron a la edad adulta. De pequeño, se encariñó con él la familia Fuillerat, formada por una tía y una sobrina, ricas propietarias agrícolas que habitaban en el número dos de la calle El Peso. Lo trataron como a un hijo, convivía con ellas y le costearon en Madrid los estudios de bachillerato en el instituto Cardenal Cisneros y en el liceo francés, y también la carrera de Derecho, que nunca llegó a ejercer.

La primera actividad política pública que conocemos de Antonio Buendía, cuando tenía 20 años, es su participación en el mitin del 1 de Mayo de 1913 en Lucena. Hacía pocos días que Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y de la UGT, había visitado la localidad y la organización local del partido se encontraba bastante revitalizada. La agrupación socialista de Lucena se había fundado en 1908, desapareció en 1914 y no se reconstituyó, junto a la Juventud Socialista, hasta junio de 1918. Poco tiempo antes, el 1 de marzo de 1918, Antonio Buendía había ingresado en la Agrupación Socialista de Madrid. En agosto, la Agrupación Socialista lucentina organizó en su sede una “Semana Roja” en la que Antonio Buendía intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo. Ese mismo año, representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en octubre en Madrid, bajo la presidencia de Pablo Iglesias. En febrero de 1919, con 25 años, se trasladó a Lucena e ingresó en la Agrupación Socialista de la localidad, por lo que el 30 de mayo de 1919 causó baja en el PSOE madrileño. La Agrupación Socialista de Lucena se convirtió durante aquellas fechas en una de las más nutridas de la provincia y, al igual que el resto de organizaciones sindicales cordobesas, vivió entre 1918 y 1921 (el llamado Trienio Bolchevique) un inmenso apogeo al calor de las esperanzas que había suscitado la revolución soviética en las clases trabajadoras. Su militancia se cifraba en 85 afiliados en 1918, 2.218 en 1919 y 200 en 1920.

La afiliación de Antonio Buendía al PSOE duró dos años escasos, ya que en 1920 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Español. Esta nueva organización se creó el 15 de abril en Madrid por la Federación de Juventudes Socialistas, descontentas con las tesis socialdemócratas del PSOE y partidarias de la adhesión a la Internacional Comunista, de carácter leninista. El 19 de marzo de 1921 se abrió el primer congreso del partido, en el que resultaría elegido miembro de su Comité Central y en el que participó con una tesis sobre la propaganda comunista y la preparación de los campesinos para la revolución. En noviembre, el partido se fusionó con el Partido Comunista Obrero Español (una escisión del PSOE surgida tras su III Congreso Extraordinario en abril) para formar el Partido Comunista de España. La andadura legal del PCE resultó muy corta, pues la dictadura implantada por el general Miguel Primo de Rivera, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923, clausuró sus sedes y declaró ilegales todas sus organizaciones. Es una incógnita el papel que jugó a partir de ese momento Antonio Buendía dentro del partido, pero a través de un informe emitido con posterioridad (el 31 de mayo de 1944), por la jefatura superior de la Policía de Madrid, sabemos que estuvo sometido a vigilancia a causa de su militancia comunista durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

En septiembre de 1926 Antonio Buendía, con 33 años, se inició en la masonería como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. La masonería estuvo muy poco implantada en la provincia cordobesa y en ese año solo acogía a 85 hermanos distribuidos en cuatro logias y dos triángulos (el triángulo es una pequeña organización masónica con al menos tres miembros). Buendía tomó el nombre simbólico de Babeuf, un revolucionario francés (1760-1797), defensor de la abolición de la propiedad privada y de la herencia, al que se considera uno de los precursores del comunismo. Antonio Buendía es el único caso constatado de masón comunista en la provincia de Córdoba. Aunque la masonería defendía principios laicos y anticlericales, y estaba extendida entre los militantes y dirigentes republicanos y socialistas, no era común encontrar a comunistas en sus filas. Estos acusaban a la masonería de organización “burguesa” y solían mantener posturas ateas, que casaban poco con la creencia masónica de la existencia de un ser superior hacedor del mundo. Cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo Isis Lucentino, Antonio Buendía, con el grado tercero, aparece entre sus cinco afiliados. Dirigía el triángulo el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que ejercía como venerable maestro del taller, del que también eran hermanos el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba y los propietarios Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez. Desconocemos hasta cuándo se prolonga la militancia masónica de Antonio Buendía, pero la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió el 23 de junio de 1934 al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, aún lo incluye en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la finca Huevos Fritos de Las Navas del Selpillar.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la sierra de Madrid.

En el ámbito personal, en fechas que no hemos podido concretar de los años veinte del siglo pasado, Antonio Buendía vivió dos experiencias importantes: fundó una familia y recibió una abultada herencia. En principio, comenzó a convivir con su paisana Adolfa Plata Navarro. Nunca se casó con ella y tuvieron tres hijas. La primogénita murió a los 12 años, en 1936, de una cardiopatía congénita. En 1927 nació Antonia, en Córdoba, y en 1929 Carmen, en Madrid. Cuando en 1931 Adolfa Plata se encontraba embarazada de gemelos, murió atropellada por un taxi. Por otro lado, al fallecer en Lucena hacia 1928 Francisca Eugenia Fuillerat Fuillerat, miembro de la familia que lo había acogido desde pequeño, Antonio Buendía se convirtió en heredero universal de su fortuna y en uno de los grandes propietarios agrícolas de Lucena, pues era el octavo mayor contribuyente por bienes rústicos en 1930. Entre las tierras heredadas se encontraban las fincas de olivar de El Contadero (1,42 ha) y la de Bellidos o Los Frailes (86.5 ha), que contenía una casa con molino aceitero y prensa hidráulica; el cortijo de Frías, en el término municipal de Cabra (130 ha); la finca Huevos Fritos, en la aldea de Las Navas del Selpillar (10,1 ha) y la hacienda Las Monjas (74,80 ha). Sus propiedades, por tanto, sobrepasaban las 250 hectáreas, cifra a partir de la cual se considera a un propietario como terrateniente.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El perfecto conocimiento que poseía Antonio Buendía de la lengua francesa y su amplia cultura le permitieron traducir al castellano al menos tres libros entre 1929 y 1930: Mi madre y yo a través de la revolución china (dos ediciones en 1929), escrito por Cheng Tcheng, de origen chino y uno de los fundadores del partido comunista francés; El fuego: Diario de una escuadra, (1930), un libro antimilitarista, basado en las experiencias en la Primera Guerra Mundial del autor, el escritor y periodista comunista francés Henri Barbusse; y El plan quinquenal de los soviets, (1930, con una segunda edición corregida y aumentada publicada en 1931), de Grigori Grinko, un alto cargo de la URSS. Las tres obras se publicaron por la editorial Cenit, creada a finales de 1928, y una de las empresas editoriales más importantes de España hasta el inicio de la guerra civil, con más de doscientos volúmenes editados, una buena parte de ellos de teoría marxista, temas revolucionarios y literatura proletaria. Durante la primera andadura de la editorial Cenit, Antonio Buendía mantuvo buenas relaciones con su director, el comunista Rafael Giménez Siles, y parece que en aquellos años también prestó dinero para apoyar el proyecto empresarial de Manuel Aguilar, que había creado la Editorial Aguilar en Madrid en 1923.

Adolfa Plata

Adolfa Plata Navarro, compañera de Antonio Buendía y madre de sus tres hijas.

Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930 y la corta “dictablanda” del general Dámaso Berenguer, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar decidió una vuelta pausada desde la dictadura a la normalidad constitucional por medio de unas elecciones. Comenzó por las elecciones municipales, que se celebrarían el 12 de abril de 1931, plegándose así a los deseos de los monárquicos partidarios de Alfonso XIII, que creían que podrían manipular con más facilidad estos comicios que los legislativos, pues confiaban en la tradicional fidelidad del voto rural, donde la maquinaria caciquil siempre había amañado los resultados. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían –como la mayoría de los ciudadanos– que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE (creado en la localidad en 1908, como ya hemos señalado) y el Partido Republicano Radical (constituido en Lucena en 1910), se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Bloque del Partido Social Democrático. También se incluyó en la lista a Antonio Buendía, quien al parecer se presentó bajo el paraguas del partido radical y no de manera abierta como candidato comunista, pues en este momento la política oficial del partido comunista, que apenas contabilizaba mil militantes en España, predicaba la no colaboración con los partidos “burgueses”, entre los que se alineaban los partidos republicanos. Aunque la candidatura republicana lucentina casi no pudo hacer propaganda, por no contar con un local adecuado hasta última hora, sí consiguió celebrar, a principios de abril, un gran mitin en la Era del Santo, al que asistieron unas tres mil personas. Presentó el acto Antonio Buendía, que informó de las trabas que había puesto el alcalde monárquico, Antonio del Pino Hidalgo, a la celebración del mitin, e intervinieron como oradores Antonio Villa, redactor jefe del periódico La Libertad; el catedrático Joaquín Nogueras; José Escudero, del comité central del Partido Republicano Radical Socialista; y el abogado socialista lucentino Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Las elecciones del 12 de abril de 1931 depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos, lo que permitió que Antonio Buendía resultara elegido concejal junto a sus cuatro compañeros masones del triángulo Isis Lucentino (uno de ellos, Javier Tubío Aranda, se convertiría en el nuevo alcalde republicano).

En el resto de España, sólo conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios. Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor –roja, amarilla y morada–, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la  Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora –sobre quien también recaía la jefatura del Estado–, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos.

A pesar de haber resultado elegido concejal, Antonio Buendía pasa la mayor parte de su mandato viviendo en Madrid con su familia, sin asistir a los plenos y casi sin participar en la política local. En la capital de España, aparece el 11 de febrero de 1933 como uno de los firmantes del Manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, junto a 91 escritores y profesionales de lo más granado de la intelectualidad española (Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Federico García Lorca, Ramón J. Sender, Jacinto Benavente, Clara Campoamor, etc.). Esta asociación, según recoge el manifiesto fundacional, “no tendrá más programa ni más bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la calumnia y la deformación”. Para conseguirlo, la asociación pensaba organizar una enorme campaña de conferencias, documentales sobre la URSS, proyecciones de películas de tipo informativo, publicaciones de libros, viajes de estudios, sesiones de radio, etc. La participación de Antonio Buendía en esta asociación le permitió mantener contacto con varios intelectuales, que iban su casa con frecuencia. Su hija Carmen recuerda haber estado varias veces sentada en las rodillas del poeta Federico García Lorca mientras este le contaba un cuento.

Las visitas de Antonio Buendía a Lucena en los años republicanos eran cada vez más cortas y esporádicas. Aun así, se vio implicado en la huelga de campesinos que se desarrolló en la localidad entre el 21 y el 23 de abril de 1933, en la que se pedía el cumplimiento de las bases de trabajo por los patronos y que se ocupase en el laboreo forzoso a los parados. El gobernador civil ordenó su apresamiento y fue trasladado a la cárcel de Rute en la madrugada del día 24, aunque al día siguiente quedó en libertad sin cargos.

Durante la II República no volvemos a tener noticias de Antonio Buendía hasta  el triunfo del Frente Popular, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas, en las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936. El nuevo gobierno frentepopulista ordenó la reposición de los ayuntamientos elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados en muchos lugares por las arbitrariedades de los distintos gobernadores civiles, como había ocurrido en Lucena. El gobernador civil de Córdoba nombró una Comisión Gestora municipal en Lucena el día 22 de febrero de 1936 en la que se incluía el nombre de Antonio Buendía como edil, pero este no se presentó para aceptar el cargo. Suponemos que Antonio Buendía tampoco se encontraba en Lucena cuando se creó la primera agrupación local del partido comunista el 31 de marzo de 1936 ni cuando el 16 de mayo se realizó en la Casa del Pueblo el primer acto preparatorio de la unificación de las Juventudes socialistas y comunistas lucentinas, que tomarían el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas al fusionarse al mes siguiente en toda España.

El golpe de Estado del 18 de julio triunfó en Lucena ese mismo día. En las jornadas siguientes, varios de los concejales y exconcejales socialistas y republicanos lucentinos, entre los que se encontraban todos los miembros del triángulo masónico Isis Lucentino, fueron detenidos y fusilados, y es muy probable que Antonio Buendía hubiera corrido el mismo trágico destino si no hubiera estado en ese momento residiendo en Madrid, en el número 27 de la calle Alberto Aguilera, su domicilio en la ciudad  desde 1931. Allí permaneció hasta noviembre, cuando la familia, para huir de los bombardeos de la aviación franquista, decidió marchar a Alicante. A esta ciudad llegaron la madre de Antonio Buendía, su hermana Araceli y su marido, su cuñada Araceli (hermana de su mujer) y sus dos hijas, Antonia y Carmen, pues la primogénita acababa de fallecer en Madrid. Antonio Buendía marchó a Valencia, adonde se había trasladado el gobierno republicano, y luego a Barcelona. De aquí hubo de exiliarse a Francia en 1939, junto a cientos de miles de españoles, tras la conquista de Cataluña por las tropas franquistas. Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, la familia de Antonio Buendía volvió a Madrid con sus hijas, donde les administraron el bautismo y la comunión al mismo tiempo, en consonancia con el ambiente nacional-católico que se impuso en la sociedad. En 1941 vivían en la calle Gaztambide y en 1945 se trasladaron a la calle Isaac Peral, un piso de alquiler que se convirtió en la residencia estable de las dos niñas y su tía Araceli Plata, que se ocupó ya definitivamente de ellas.

Al poco de producirse el golpe de Estado, en la España controlada por los sublevados se inició de manera institucional la represión económica en contra de los republicanos. El 13 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional (máximo órgano de gobierno) decretó la incautación de los bienes de los partidos y sindicatos que habían formado el Frente Popular, y encargaba a los generales jefes de los Ejércitos “tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del movimiento nacional”. El 20 de octubre de 1936, por mandato de la Comandancia Militar de Lucena al capitán de la caja de reclutas Juan Pedraza Luque, que actuó de juez instructor, se iniciaron las diligencias para la incautación de los bienes de Antonio Buendía. Con los datos recabados en el expediente instruido por el capitán Juan Pedraza, el 31 de diciembre de 1936 el Gobierno Militar de Córdoba emitió un informe para la Auditoría de Guerra en el que indicaba que “al encartado debe estimársele como ejecutor de actos contrarios al orden y culpable de actividades marxistas o de extrema izquierda”, por lo que proponía la incautación de sus bienes.

El 10 de enero de 1937, un decreto ley de la Junta Técnica de Estado, organismo que ejercía el gobierno en la zona franquista, establecía la creación de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado, con sede en Burgos, para investigar, inventariar y ocupar los bienes de las organizaciones proscritas y de los desafectos con la intención de enajenarlos o gravarlos. En cada capital de provincia se creó una Comisión Provincial de Incautación de Bienes, presidida por el gobernador civil. Un juez de carrera o militar, nombrado por la Comisión Provincial, se encargaba de instruir el expediente para declarar administrativamente la responsabilidad civil, pudiendo embargar los bienes del inculpado. Este proceso sancionador conculcaba garantías jurídicas tan elementales como el derecho a recurrir las sanciones.

La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Córdoba continuó, por tanto, la tramitación del expediente de Antonio Buendía, cuya instrucción realizó Manuel González Aguilar, juez de primera instancia interino de Lucena y teniente jurídico habilitado. El 23 de noviembre de 1937, este juez instructor acordó el “embargo de todos los bienes que posea Antonio Buendía Aragón, con el fin de asegurar en su día las responsabilidades que se le exijan por su oposición el Glorioso Movimiento Nacional” y nombró al teniente Rafael García Rey como administrador de los mismos.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria económica a los republicanos y a sus familias, que en muchas ocasiones ya habían sufrido la rapiña directa o los expedientes de incautación de bienes. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 325.000 expedientes, de los que 6.554 correspondieron a la provincia de Córdoba.

De los informes que se adjuntan en el expediente de responsabilidades políticas de Antonio Buendía, el más interesante es el de la jefatura superior de la Policía de Madrid, emitido el 31 de mayo de 1944, del que reproducimos un extracto:

Los informes político-sociales que existen en esta Dependencia son los siguientes: en época de la dictadura ya pertenecía al partido comunista y como tal estuvo vigilado. Personas que antes de la guerra frecuentaron su domicilio (Alberto Aguilera) han manifestado que en su biblioteca se encontraban libros de este tipo, y que una vez en la familia se dejó decir que tal hecho, así como su ideología, estaba influido por la participación en el negocio de la editorial que lanzaba dichos libros.

A juzgar por los informes se trata de persona inteligente, discreta y un tanto misteriosa, ya que no obstante conocer su matiz ideológico izquierdista en la vecindad nunca se pudieron conocer las actividades que desplegaba.

En la casa, donde había bastantes personas de derechas, ni denunció ni perjudicó a nadie, y solo hablan los informantes de que intervino a favor del portero cuando unos milicianos se lo llevaron a una checa con la intención de asesinarle, logrando que le pusieran en libertad. Otra familia de la casa que tiene un hijo “camisa vieja”, muy perseguido en periodo rojo, de nacionalidad cubana, dice que se encontraron al informado en Alicante, cuando ellos pretendían embarcar para La Habana, y como los rojos les pusiesen dificultades, creen, aunque no pudieran asegurarlo, que aquel interviniera en su favor, ya que al día siguiente pudieron marchar, dándoles toda clase de facilidades.

El 19 de junio de 1945, la sala del tribunal de Responsabilidades Políticas, siguiendo la petición fiscal, decretó “el sobreseimiento de este expediente y archivo sin declaración de sanción de responsabilidad política (…) acordando recobre la libre disposición de sus bienes si se le hubieran embargado”, ya que no aparecían “comprobados cargos de su responsabilidad política y actuación durante el Movimiento Nacional en su residencia en Madrid”.

Junto a la ley de Responsabilidades Políticas, a Antonio Buendía se le aplicó también otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Su expediente se abrió en julio de 1943. El 20 de octubre, el juez instructor Jesús Riaño Goiri dictó una orden de detención contra él por no haber comparecido en el procedimiento y, al no poderlo localizar, decretó continuar su procesamiento en rebeldía. El tribunal especial, presidido por el general Andrés Saliquet Zumeta y reunido en sesión secreta el 15 de septiembre de 1944, acordó adherirse en la sentencia a la petición del fiscal, que solicitaba 12 años y un día de cárcel con las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo del Estado y de organismos estatales o subvencionados.

Mientras era sometido en España a las leyes especiales de la dictadura franquista, Antonio Buendía seguía en el exilio. Había estado internado en los campos de concentración que se habilitaron en las playas del sur de Francia para los refugiados españoles hasta que consiguió salir hacia Buenos Aires, posiblemente desde Marsella y quizás en el mismo barco, el Mendoza, en el que viajaban el poeta Rafael Alberti y su mujer Mª Teresa León. De Argentina se dirigió en tren a Santiago de Chile. Allí se casó con Consuelo Nistal Martínez, que pertenecía a una saga de hermanos exiliados españoles que habían salido desde la Bretaña francesa para Chile, en el carguero Lipari, en febrero de 1940. Algunos de ellos eran de ideología socialista, como Luis y Alfredo (diputado por León en 1931 y cónsul de España en París al final de la guerra civil), y otros comunistas, como Elena, Celia y la propia Consuelo, que en 1940 tenía 35 años. Otro hermano, el comunista Luis, ya había fallecido en Rusia de muerte natural antes de 1940, y otro, César, murió de tuberculosis en las cárceles franquistas. Estos datos sobre la familia Nistal los he conocido gracias al testimonio de Nydia Nistal Alonso, una de las cinco hijas de Alfredo, exiliadas con él, que vive en Madrid y tiene 91 años. Ella retornó a España en 1982, junto a una hermana, huyendo de la dictadura de Pinochet, pues su familia se sentía vigilada, e incluso una sobrina había sido detenida y torturada. Además, el marido de Nydia trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de la ONU, y era compañero de trabajo y amigo íntimo de Carmelo Soria, el famoso diplomático exiliado español asesinado por agentes de la policía secreta de Pinochet en julio de 1976.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Durante su exilio en Chile, Antonio Buendía estuvo unos meses desterrado en la isla de Chiloé, ya que le aplicaron le Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que mantuvo prohibido el partido comunista entre 1948 y 1958. Antonio Buendía pudo contactar con su familia, que no sabía nada de él desde que abandonó España, a través de una carta que envió a una amiga común que vivía en Madrid. En 1953 sus dos hijas fueron a visitarlo. En el verano de 1956 Antonio Buendía y Consuelo Nistal se trasladaron de Chile a Francia, e hicieron escala en el puerto de Vigo. Su hija Carmen y su esposo viajaron desde Madrid para verlo y entregarle treinta mil pesetas, pero tuvieron un accidente y les robaron el dinero en la confusión del siniestro, así que no pudieron cumplir su objetivo. Desde París, en el año 1957 Antonio Buendía solicitó a las autoridades españolas la vuelta a España. El 22 de abril hay una petición de la Dirección General de Seguridad al jefe de servicio de ejecutorias del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo para consultar su situación legal y los inconvenientes para la repatriación, y el 3 de mayo se le responde que no existe impedimento para el regreso, “si bien tendrá que someterse a la jurisdicción de este organismo y al fallo, que en trámite de revisión, se dicte en las actuaciones”. En vista de que la contestación no le otorgaba la seguridad jurídica suficiente, decidió permanecer en su exilio parisino.

Consuelo Nistal y Sofía Velasco (1960) - copia

Consuelo Nistal y la niña Sofía Velasco, en Francia, en 1965.

Tenemos algunos datos de las actividades de Antonio Buendía en Francia gracias al diario ABC (9 de marzo de 1960) y a las investigaciones que en el Archivo Histórico del PCE ha realizado el madrileño Rafael Buhigas Jiménez, su sobrino bisnieto. En marzo de 1960, Buendía se vio inmerso en un proceso judicial en la región de París, por la tenencia de ejemplares de Mundo Obrero y otras publicaciones comunistas, que entonces estaban prohibidas en Francia, al igual que el partido. La redada supuso la detención de cincuenta militantes en varias regiones francesas (Toulouse, Marsella, Lyon, Tours, etc.) y golpeó gravemente a la organización del partido, que entonces contaba con unos dos mil afiliados en el exilio francés. En aquel momento Antonio Buendía servía de enlace con Chile y Méjico para el intercambio de publicaciones del PCE y trabajaba de corrector para Nuestras Ideas, una revista trimestral de ideas, política y cultura, en la que colaboraron múltiples intelectuales españoles, editada por el partido desde 1957 en Bruselas. Mientras, Consuelo militaba en la Unión de Mujeres de España, una organización de mujeres republicanas exiliadas próxima al PCE.

Tras la publicación de esta entrada del blog, nos hemos adentrado algo en la vida de Antonio Buendía y Consuelo Nistal en Francia a través del testimonio escrito de Sofía Velasco, que los conoció gracias a sus abuelos, también exiliados. Sofía, que en la actualidad vive en La Haya y que tenía 12 años en 1964, es nieta de Adolfo Velasco Arroyo, natural de Cabra, una localidad situada a diez kilómetros de Lucena; y de Josefa Hernández Zancajo, hermana de Carlos, diputado socialista por Madrid en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El matrimonio, exiliado también, poseía una casa en Eaubonne, a 15 kilómetros al norte de París. En el amplio jardín de la vivienda se reunían los domingos bastantes españoles (el pintor Pablo Coronado y su esposa Mausi, Pepe y Nati Romanos, Eduardo y Raymonde Box, Félix y Carmen Amade y otros). También acudían siempre Antonio y Consuelo, que vivían entonces en un hotel, ya que Antonio se resistía a comprar una vivienda. Años después adquiriría un pequeño piso en la calle Camille Desmoulins de la ciudad de Levallois-Perret.

Antonio Buendía y Aurora Velasco (1960)

Antonio Buendía y Aurora Velasco en el jardín de la casa de los abuelos de la niña en Eaubonne (Francia), en 1960.

Además de las conversaciones políticas que mantenían en la casa de Eaubonne, Sofía recuerda que Antonio Buendía contaba haber sido vecino del escritor Ramón María de Valle Inclán en Madrid, que sentía animadversión ideológica hacia el novelista Ramón J. Sénder y que hablaba de Unamuno como si lo hubiera conocido. Antonio y Consuelo mantenían una relación casi familiar con la familia Velasco Hernández, a la que visitaban con muchísima frecuencia. Se encariñaron con sus nietas (su hermana Pepa era el “ojito derecho” de Antonio, según el testimonio de Sofía), a las que con frecuencia regalaban libros comprados en la famosa Librería Española de Antonio Soriano, en la Rue de Seine de París, y alguna obra dedicada a puño y letra por el poeta y futuro premio nobel Pablo Neruda, con quien Antonio Buendía había forjado amistad durante su estancia en Chile. Algunos inviernos Antonio y Consuelo visitaban Rusia durante un mes, parece que invitados por Dolores Ibárruri (presidenta del Partido Comunista de España) o alguien de su entorno. También fueron en bastantes ocasiones, junto al grupo de exiliados que se reunían en la casa de Eaubonne, a colocar folletos del partido comunista en los asientos de los viajeros que salían desde la estación de París-Austerlitz, el gran enlace ferroviario de Francia con España en aquel entonces.

En 1963 Antonio Buendía intentó de nuevo entrar en España, pero tras interesarse por los inconvenientes para la repatriación, las autoridades españolas, a través de la Dirección General de Seguridad, le respondieron que su situación legal “no ha variado”. El regreso solo pudo ser posible tras el decreto del 1 de abril de 1969, que con motivo del treinta aniversario del final de la guerra civil declaraba prescritos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Antonio y Consuelo volvieron a España y vivieron unos meses en Madrid, pero al poco tiempo regresaron a Francia. Enfermo, y sabedor de su próximo final, Antonio Buendía decidió vender con suma rapidez y a bajo precio sus propiedades en España, entre las que destacaba el cortijo de Frías, de las que obtuvo veinticinco millones de pesetas en efectivo (a los pocos meses, el comprador las revendió por cuatro veces más). El dinero lo donó al Partido Comunista de España.

Antonio Buendía Aragón, en una foro de los últimos años de su vida.

Antonio Buendía Aragón, en una foto de los últimos años de su vida.

A principios de los años setenta el matrimonio se instaló en Rumanía, donde imperaba la dictadura comunista de Nicolae Ceaucescu, para “vivir de la solidaridad internacional”. En la capital rumana, Bucarest, Antonio Buendía falleció el 22 de marzo de 1972, a los 78 años, según publicó el 16 de abril el periódico oficial y clandestino del partido comunista, Mundo Obrero, e incluso ABC y La Vanguardia. Al funeral asistió una representación del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCE y una delegación del Comité Central del Partido Comunista Rumano. La viuda, Consuelo Nistal, decidió entonces salir de Rumanía y regresar a Chile, debido a su precaria situación económica. En el archivo del PCE se conservan los extractos de algunas cartas que su hermana Elena intercambia en 1973 con la dirección del partido para que le paguen el traslado, ya que ella no tenía medios materiales para hacerlo. Una de las cartas, escrita con familiaridad el 1 de abril, creemos que va dirigida a Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Consuelo, que sobrevivía gracias a una exigua pensión que le pasaba el Partido Comunista de España, murió a finales de los años ochenta, cuando tenía alrededor de noventa años, en el modesto piso que había compartido con Antonio Buendía en Levallois-Perret, ya que el golpe de Estado de Pinochet en septiembre de 1973 le impediría regresar a Chile.

Reconstruir la historia de Antonio Buendía ha sido una tarea muy espaciada en el tiempo. Cuando en el año 1997 encontré su nombre por primera vez en los libros, me sorprendió que existiera tan poca información a pesar de que había tenido una cierta relevancia en el panorama político de su época. La abogada Araceli Tubío Beato (hija de Javier Tubío, primer alcalde republicano de Lucena, fusilado en 1936) fue la primera persona que entrevisté que lo había conocido, y desde entonces solo dos personas más lograron darme algún dato puntual de él. Araceli Tubío solo logró recordar que era muy educado, que siempre le regalaba bombones, que hablaba francés a la perfección y que se exilió. Esa conversación ocurrió en abril de 1997 y ella tenía en aquel momento 84 años. Desde entonces, poca información más pude conseguir a pesar de mis afanes.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

La situación varió hace escasos meses. Su sobrino bisnieto, el ya aludido Rafael Buhigas, estudiante de Historia, se puso en contacto conmigo desde Madrid porque estaba también interesado en su biografía. En septiembre descubrió algunos documentos en el Archivo del PCE, que me envió y que me permitieron localizar a la poetisa chilena Freya Hödar Nistal, sobrina nieta de su viuda, que a su vez me facilitó el contacto con la familia Nistal en Madrid. A continuación, obtuve del Archivo Documental de la Memoria Histórica de Salamanca copia de los más de trescientos folios que ocupan sus expedientes de incautación de bienes, de responsabilidades políticas y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Los datos familiares que aparecían resultaron decisivos para encontrar en Madrid a dos nietas de Antonio Buendía, Sara y Elena Muñiz Buendía (hijas de Carmen), y a su hija Antonia, de 87 años, que me han aportado fotos y distintas informaciones que han servido para completar esta biografía. El testimonio escrito y las fotografías de Sofía Velasco, que como hemos señalado lo conoció de niña en París, han sido también imprescindibles. Con un extracto de los recuerdos de Elena Muñiz, nieta de Antonio Buendía, concluyo esta pequeña historia:

 Mi abuelo siempre me ha parecido un ejemplo muy cercano de que la posesión de bienes materiales no lleva necesariamente a la identificación con la clase dominante, como muchos sostienen en contra de la evidencia histórica. Yo lo vi pocas veces, y lo recuerdo como una persona de pequeño tamaño y fuerte presencia, magnético y con aspecto de hacer pocas concesiones, a pesar de la merma de los años. Alguien que, pese a haberse visto inmerso en las tremendas corrientes que sacudieron su siglo, había intentado mantener su rumbo y sus convicciones.

Nuevas historias de la represión franquista en Lucena

El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.

El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.

Cualquier estudio que intente reconstruir lo que sucedió en Lucena en los años de la República, la guerra civil y la primera posguerra se encontrará con una dificultad insalvable: todos los documentos relativos a este periodo que deberían conservarse en el Archivo Histórico Municipal se quemaron de manera intencionada, por los propios funcionarios, en los años setenta del siglo pasado. Solo se salvaron los libros de actas de los plenos. Este hecho sorprende a cualquier investigador, ya que si el franquismo lucentino no tenía nada que ocultar ni de lo que sentirse responsable, no se entiende que pusiera tanto interés en destruir las huellas de su pasado, esas que le hubieran permitido responder de todas sus actuaciones ante la historia. Al faltar la documentación municipal, las principales vías de información sobre la represión, desde el triunfo en la localidad del golpe de estado el mismo 18 de julio de 1936, se encuentran en los nuevos libros que se van editando, en los fondos del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla –donde se conservan los expedientes de consejos de guerra de los republicanos que fueron juzgados–, y en los testimonios de testigos, víctimas y familiares de los represaliados. Utilizando estas fuentes, voy a publicar algunas de las informaciones más interesantes que me han llegado en los últimos meses, y que completan  los datos que en su día aporté en mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939

Al terminar la guerra civil, España se convirtió en una inmensa cárcel para los republicanos. A finales de 1939 había 270.719 personas en las cárceles, según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia, sin contar a los 137.000 internados en los batallones de trabajadores y en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, a los reclusos de las prisiones habilitadas ni a los presos gubernativos de la Dirección General de Seguridad. La situación en las cárceles era aterradora, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias, de manera que los presos sin familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos y medicinas estaban casi abocados a la muerte. Sin embargo, esta ayuda familiar se vio muy dificultada porque el franquismo reglamentó como una forma más de castigo el “turismo penitenciario”, es decir, que los reclusos cumplieran sus condenas lejos de sus lugares de origen. A este exterminio masivo de presos que se desencadenó en la posguerra el historiador Francisco Moreno Gómez lo ha llamado “Auschwitz español”. Por ejemplo, en 1941, solo en la prisión de Córdoba, sin contar a los fusilados, murieron por hambre y enfermedades 502 presos de los entre 3.500 o 4.000 que albergaba.

Existen aún pocos estudios globales que aborden las cifras de la mortalidad causada en la primera posguerra por las inhumanas condiciones carcelarias y por la política penitenciaria del franquismo. Por ello, hasta el momento solo conocíamos la identidad de seis lucentinos que perecieron entre 1939 y 1942 en la prisión de Córdoba (Agustín Góngora Serrano, Francisco Mayorgas Hurtado, José González Román, Pedro Muñoz Burgos e Isidoro Valle Jiménez) y en la de Lucena (Rafael Ortega Olmo). Gracias al libro del historiador José María García Márquez, Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963), hemos descubierto los nombres de otros dos lucentinos que murieron en los centros de internamiento franquistas. Uno de ellos fue Juan Muñoz Cabeza, de 29 años, soltero, hijo de Juan y Josefa, que falleció en el campo de concentración de Las Arenas (en La Algaba, Sevilla) el 28 de abril de 1942. Según el historiador José Mª García Márquez, en Las Arenas hubo unos 300 recluidos, de los que murieron 144, casi la mitad, entre 1941 y 1942, lo que nos da una idea de la extrema dureza de este recinto penitenciario. Este campo se habilitó oficialmente para mendigos, que solían ser personas reducidas al hambre por la guerra, la represión, el destierro, el paro u otras circunstancias familiares o personales. En octubre de 2014 se iniciaron en el cementerio de La Algaba las labores de exhumación de los restos de estos prisioneros, unos trabajos que finalizarán en el verano de 2015, por lo que sería necesaria la localización de los familiares de Juan Muñoz Cabeza, si los hubiera, para poder identificar su cadáver. El otro fallecido fue el jornalero Gregorio Cortés Sánchez, de 56 años, que murió en la Prisión Provincial de Sevilla el 12 de abril de 1941, un año en el que perecieron también por hambre, enfermedades y privaciones otros 378 internos de esta cárcel.

Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).

Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).

Hemos podido localizar el sumario del Gregorio Cortés Sánchez en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 124, expediente 2.291), lo que nos ha permitido rastrear las circunstancias que le llevaron a prisión. Había estado encarcelado entre el 29 de julio y el 14 de noviembre de 1936 en represalia por la huida de Lucena a la zona republicana de un hijo –Felipe Cortés Cabello, militante del sindicato socialista UGT, que desapareció en el frente de guerra–. De nuevo, fue detenido el 23 de septiembre de 1937 por el cabo comandante de puesto de la Guardia Civil de Zambra, Antonio Muñoz Jiménez, y el guardia José Reina Cervera, tras una denuncia de Juan José Sánchez Redondo, vecino de Los Llanos de Don Juan. Este lo acusó de haber afirmado que el general jefe del Ejército de Sur, Gonzalo Queipo de Llano, era “un granuja” y que “estábamos todos engañados con ese Gonzalo de Sevilla y que en Lucena había quien estaba esperando el triunfo de los socialistas, que había quien tenía banderas preparadas para salir ese día a la calle a ponerlas, puesto que a los socialistas los tienen reconocidos veintisiete naciones extranjeras”. Aquel mismo día se hizo cargo del detenido Manuel Vargas Martín, alférez jefe de línea de la Guardia Civil de Lucena, que lo internó en la cárcel. El 13 de diciembre de 1937 se decidió su pase a la Prisión Provincial de Córdoba. El juicio se celebró el 22 de enero de 1938. El abogado defensor había solicitado la absolución, sin embargo el tribunal, presidido por el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo, aceptó la petición del fiscal, José Ramón de la Lastra y Hoces, que había considerado los hechos como un delito de “auxilio a la rebelión” y había pedido 12 años y un día de reclusión para el procesado. En 1939, mientras Gregorio Cortés se encontraba en la prisión de Sevilla, falleció su esposa, Josefa Campos León. En enero de 1940 se le conmutó la pena por seis años y un día, pero murió por miocardistis antes de ser liberado.

Cuando fue interrogado por la Guardia Civil el 23 de septiembre, Gregorio Cortés Sánchez manifestó que había comentado lo de los socialistas y las banderas porque se lo había escuchado referir tres días antes en una conversación al turronero Pedro Antonio Hinojosa Cuenca, de 27 años. Este fue citado a declarar al día siguiente y lo negó. Alegó que él solo había afirmado que la Sociedad de Naciones “estaba de parte nuestra, por lo que ganaríamos, que esto lo dijo queriendo decir que ganaría Franco, y que si otra cosa entendió el Gregorio Cortés lo interpretaría mal”. A pesar de sus aclaraciones, Pedro Antonio Hinojosa fue encarcelado hasta el 9 de octubre, fecha en la que quedó en libertad provisional, pero con la obligación de presentarse cada diez días en el juzgado. Mientras se instruía la causa judicial que se le abrió, falleció el 8 de febrero de 1938 por miocarditis, la misma enfermedad que llevaría a la tumba en la cárcel a Gregorio Cortés.

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Juan Delgado Baltanás.

En enero de 2014 contactó conmigo Juan Carlos Delgado Sánchez, residente en Mataró (Barcelona), que buscaba información sobre su abuelo, Juan Delgado Baltanás “Batato”. De un hermano de este, Francisco, ya di algunos datos en mi libro sobre Lucena, pues su expediente de consejo de guerra se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Francisco era militante de la UGT y tenía 36 años en 1936. A los pocos días de producirse el golpe de Estado, junto a otros lucentinos huyó a Puente Genil, y de aquí a Málaga cuando el 1 de agosto fue conquistada esta localidad por las tropas del comandante Castejón. Después se trasladó a Jaén, donde se alistó como voluntario en el Ejército republicano. Al finalizar la guerra y volver a Lucena lo juzgaron. El tribunal, presidido por el coronel Evaristo Peñalver Romo, no atendió la demanda de absolución del abogado defensor y lo condenó a 12 años y un día de cárcel, que fue la pena solicitada por el fiscal José Ramón de la Lastra y Hoces. Estuvo preso en la cárcel de Montilla, de donde salió en libertad condicional en agosto de 1940, al serle conmutada la pena por seis años de cárcel. Pudo abandonar la prisión mucho tiempo antes de lo previsto porque el franquismo ya había iniciado, con la creación de las Comisiones de Examen de Penas en enero de 1940, un proceso de excarcelaciones, de concesiones de libertad vigilada y de indultos, debido entre otros motivos a la necesidad de mano de obra libre para la reconstrucción del país, a los importantes gastos que suponían el abultado número de presos y a la amenaza de colapso administrativo que pendía sobre el organigrama judicial y penitenciario. Tras quedar en libertad, Francisco emigró a La Línea de la Concepción con su mujer, Carmen Córdoba Muñoz, y sus siete hijos.

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Carmen Arroyo Arroyo.

El hermano de Francisco, Juan Delgado Baltanás, de militancia comunista, tardó algo más en huir de Lucena en 1936, e incluso antes de marchar se afilió a la Falange con la intención de ocultar su ideología. Durante la contienda luchó en el Ejército republicano y en la posguerra lo condenaron a treinta años de cárcel. Sufrió prisión en El Puerto de Santa María, y de aquí lo trasladaron a la cárcel de Córdoba el 23 de noviembre de 1942, cuando tenía 36 años. Al ser liberado, fue desterrado de Lucena, así que se estableció en La Línea de la Concepción. Cuando Franco cerró la verja de Gibraltar en 1969, la familia mudó su residencia a Mataró, donde Juan Delgado murió en 1978. Su mujer, Carmen Arroyo Arroyo, que en 1936 tenía 24 años, fue una de las muchas mujeres de Lucena a las que raparon la cabeza, purgaron con el laxante aceite de ricino y pasearon por las calles para que sirviera de mofa entre sus verdugos. Además, la torturaron cortándole un pezón. El otro no se lo amputaron para que pudiera amamantar a su hijo Lorenzo, lactante en aquellos días. Carmen Arroyo falleció también en Mataró en 1992.

Luis Delgado Baltanas y Juana Sanchez 1957

Luis Delgado Baltanás y su mujer Juana Sánchez Aranda, en 1957.

Cuando Juan Carlos Delgado me escribió desde Mataró, me pidió que intentara averiguar si aún permanecía en Lucena algún descendiente de su tío abuelo Francisco. En ese momento no encontré a ningún familiar, pero más de dos años después, en abril de 2016, conseguí por fin localizar a una nieta, pues de los siete hijos de Francisco solo uno, de igual nombre, retornó a Lucena desde La Línea de la Concepción. Los demás se repartieron por distintas localidades (Víc, Marbella, Elche, Monturque). Al poner en contacto a Juan Carlos con su familia lucentina me aportó un dato curioso: Luis, hermano de Juan y Francisco Delgado Baltanás, es tío abuelo político del actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La relación familiar viene porque Luis se casó con Juana, hermana de Pedro Sánchez Aranda, que es el abuelo por línea paterna de Pedro Sánchez.

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Francisco Fernández Cordón en una fotografía de los años setenta del siglo XX.

El nombre de otro preso lucentino durante la posguerra, Francisco Fernández Cordón, lo he conocido gracias a Antonio Deza Romero, de Córdoba, que me ha facilitado en octubre de 2014 el consejo de guerra de su padre, el panadero Manuel Deza García, un guerrillero que murió en el cortijo Los Canónigos de Fuente Obejuna, el 15 de enero de 1946, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Manuel Deza había sido cabo en la misma unidad militar del Ejército franquista (4ª compañía del 9º batallón del regimiento de Infantería Granada nº 10) que el soldado Francisco Fernández Cordón, cuando el 13 de diciembre de 1937 decidieron pasarse juntos a zona republicana mientras luchaban en el frente de Peñarroya en las filas franquistas, en las que estaban enrolados de manera obligatoria desde que movilizaron a sus respectivas quintas. Ambos, al finalizar la guerra y por mandato del juez instructor Domingo Onorato Peña, fueron juzgados en la misma causa judicial. Francisco Fernández Cordón, de profesión jornalero, tenía 28 años en 1939, estaba casado con Mercedes Cruz, y según los informes del Ayuntamiento de Lucena había estado afiliado a la Agrupación Socialista. Tras la deserción del Ejército franquista, Francisco Fernández estuvo en Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Barcelona, donde se enroló en la 22 Brigada Mixta. Resultó herido en la cabeza en la batalla de Teruel en enero de 1938, y ya permaneció el resto de la guerra prestando servicios auxiliares en Barcelona.

Tras la caída de Barcelona en manos franquistas, Francisco Fernández Cordón pasó el 8 de febrero de 1939 la frontera francesa y dos días después regresó a España por Irún. Decidió entonces presentarse en Sevilla en la unidad militar donde había estado enrolado en el Ejército franquista, pero al hacerlo fue detenido e ingresado en la prisión de Ranilla. El 19 de julio lo trasladaron a la prisión cordobesa de Pueblonuevo para que quedara a disposición del juzgado militar nº 3 de Peñarroya. De aquí pasó a la prisión provincial de Córdoba, hasta que el 24 de febrero de 1942, alegando una larga enfermedad y el desamparo de su mujer y su hija, consiguió la libertad vigilada con la obligación de presentarse ante la Guardia Civil los días 1 y 15 de cada mes.  El 17 de marzo de 1943 fue sometido a consejo de guerra y condenado a treinta años de reclusión por haber desertado del Ejército franquista, aunque el fiscal había pedido la pena de muerte conmutada por 12 años de prisión. Presidía el tribunal el coronel Joaquín Camarero Arrieta y los vocales capitanes Sebastián Calderón Matute, Francisco Valls Poquet y Ángel Martínez Suárez. En julio se benefició de los indultos que el Gobierno había comenzado a aplicar a los miles de presos y le conmutaron al final la pena por 12 años y un día. En septiembre salió de la cárcel con prisión atenuada, pero con la obligación de presentarse al comandante de puesto de la Guardia Civil cada 15 días y siempre en días festivos.

Los datos personales que aparecen en el consejo de guerra de Francisco Fernández Córdón me permitieron localizar en Lucena a su hija primogénita, Mercedes, y obtener una foto de él. Gracias a esta información familiar sabemos que Francisco Fernández era socialista. Sin embargo, un informe del Ayuntamiento lo calificaba a la vez de socialista y militante de la anarquista Sociedad de Oficios Varios, lo que era muy común en los informes oficiales que aparecen en los consejos de guerra, incapaces de dictaminar en muchas ocasiones la verdadera filiación política de los acusados, así que resulta frecuente encontrar a personas acusadas de ser socialistas, comunistas y anarquistas a la vez. La hija de Francisco Fernández nos ha informado también de que fue maltratado tras su detención en Sevilla, que enfermó de tifus mientras estuvo preso en la cárcel de Córdoba y que contó con el favor en su proceso judicial del vicesecretario de la Audiencia Provincial de Córdoba, el lucentino Pedro Víbora Manjón-Cabeza, con el que su esposa había trabajado de empleada doméstica. Francisco Fernández murió en 1984 en Barcelona, aunque fue enterrado en el cementerio de Lucena.

Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.

Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.

La represión provocó que muchas personas, por distintos motivos (destierro, dificultades para encontrar trabajo, acoso social, etc.), no volvieran a sus localidades de origen al cumplir su condena en las cárceles, lo que conllevó que se convirtieran en desconocidas en la tierra que las vio nacer. Eso le ocurrió al lucentino Miguel Berjillos Gálvez. Supe de su existencia a través de Ismael Algarrada, residente en Torre del Mar. Me informó de que había una calle dedicada a él en Vélez-Málaga y me remitió a un artículo sobre su trayectoria vital, escrito por Antonio Jiménez, publicado en el Diario La Axarquía el 30 de noviembre de 2012. Miguel Berjillos era de ideología comunista y había estado recluido en la prisión de Málaga en la posguerra. En la cárcel conoció a una veleña, Carmela Díaz, una voluntaria que asistía a los presos sin familia en el lugar y con la que acabaría casándose. Miguel Berjillos rápidamente se integró en Vélez, donde se convirtió hasta su muerte en 1976 en una persona comprometida socialmente y en un incansable animador cultural en los campos pictórico, radiofónico y literario. Escribió tres libros: El Romancero de Vélez-Málaga, El alma de la Cueva de Nerja y La vida de Juan Breva.

A la derecha, Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.

A la derecha, el concejal de Izquierda Republicana Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.

Al pie del artículo del Diario La Axarquía aparecía un comentario de su nieto, Juan Manuel Muñoz Berjillos. Aunque solo se publicaba su nombre, conseguí localizarlo en julio de 2014 en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Gracias a él y a su madre, Araceli, he podido obtener datos y fotos no solo de su abuelo, sino de otros miembros de su familia significados políticamente, algunos de los cuales ya constaban en mi libro de Lucena. Araceli fue la única hija que tuvo Miguel Berjillos, fruto de su primer matrimonio con la lucentina Aurora Salazar Mency, que murió en 1938. Araceli tenía entonces tres años, así que una tía se hizo cargo de su crianza. A Miguel le sorprendió el golpe de Estado realizando el servicio militar en la zona que quedó en poder de los sublevados, así que luchó durante la contienda en el bando franquista. En la posguerra lo detuvieron por sus actividades políticas, sin que sepamos la fecha y el lugar exacto (es posible que en Rute), pues no hemos podido localizar su expediente del consejo de guerra. Estuvo encarcelado durante unos tres años en la prisión de El Dueso (en Santoña, Cantabria) y luego en la de Málaga. Al salir, se estableció ya definitivamente en Vélez.

Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.

Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.

El testimonio de Araceli Berjillos ha permitido también obtener algún dato más de sus tíos y de su abuelo, todos zapateros de profesión. Algunos aparecen en mi libro, pero con el apellido Berjillos escrito con “g”, que al parecer es la grafía correcta. A un hermano de Miguel, Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, que había portado en alguna ocasión las banderas de los gremios republicanos en las manifestaciones, lo fusilaron en Córdoba el 11 de noviembre de 1936, convirtiéndose así en una del más de centenar de víctimas mortales por la represión franquista en el municipio de Lucena en los tres años de guerra civil. Otro hermano, Francisco, había sido vocal de la Junta Directiva del Centro de Obreros Republicanos en 1933. En febrero de 1936, como consecuencia de las elecciones que dieron el triunfo en Lucena y en España a la candidatura del Frente Popular, se convirtió en  concejal por Izquierda Republicana. Tras el golpe de estado lo torturaron en el cuartel de la Guardia Civil (actual hotel Santo Domingo) delante de su padre, Francisco, al que habían encarcelado.

Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.

Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.

En mayo de 2014, desde Madrid, Eusebio Aguilera Díaz me escribió para decirme que el nombre de su abuelo Pedro Díaz Algar, un jornalero de 40 años, estaba equivocado en mi libro de Lucena, pues yo lo había identificado como Francisco. El error se produjo porque de los 11 fusilados que hubo en Las Navas del Selpillar solo cuatro están inscritos en el Registro Civil como difuntos. Los datos de los otros siete, entre los que se encuentra su abuelo, pude rescatarlos gracias a testimonios orales, una fuente de información que puede presentar lagunas en cuanto a recuerdos de personas o hechos. Si hace más de 15 años yo hubiera seguido el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas mortales de la represión franquista en Las Navas del Selpillar fueron cuatro y no 11, que es el número verdadero de asesinados.

En su escrito, Eusebio Aguilera se refiere a la posible exhumación de los restos de su abuelo –enterrado en un lugar desconocido como otros miles de republicanos asesinados–, ya que ese es uno de los anhelos de su madre. Es un deseo comprensible en una sociedad como la nuestra, donde el duelo por la muerte de un ser querido va acompañado de unos ritos entre los que se encuentra el entierro del cadáver en el cementerio en una tumba identificada. El franquismo era consciente de ello, por lo que no escatimó dinero público y estableció una política de Estado para que las víctimas mortales de la represión republicana fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación.

Me he permitido reproducir parte de la carta de Eusebio Aguilera. Está escrita en el mismo tono, sosegado y pacífico, de las muchas misivas que recibimos los historiadores que nos dedicamos al estudio de la represión. En su palabras no hay lugar para la revancha ni para reabrir las heridas del pasado, sino todo lo contrario. La única intención es curar y cerrar las heridas de las personas que, como su madre, todavía las tienen abiertas:

Mi llegada hasta usted es como consecuencia de que mi madre, ya muy mayor, es la última de los hijos vivos de mi abuelo, y lleva ya tiempo pidiéndome que intente buscar a su padre con el objetivo de enterrarle con su familia.

Soy consciente y así intento hacerla ver, que es tarea difícil, si bien y cuando le estuve leyendo algunos de los párrafos de su libro, de los hechos que ocurrieron en Las Navas del Selpillar, se puso a llorar, pues dichas historias son con las que había nacido.

  Efectivamente, mi abuelo reclamó unas jornadas que había dado, y ese fue todo su delito, y la única explicación que le dieron a mi abuela, cuando durante varios días estuvo llevándole la comida y ropa limpia, es que “tu marido donde está ya no le hace falta nada…”, y eso es cuanto sabemos de su desaparición.

   Por la lectura de su libro se podría interpretar que están en alguna fosa común del cementerio de Lucena ¿Ese punto se podría confirmar? Y si es así, en algún momento se ha barajado la posibilidad de entre los familiares de todos esos desaparecidos solicitar al Juzgado la exhumación de los cuerpos?

   Mi madre, la pobre, nos dice y nos repite que si pudiera sacar a su padre de donde estuviera sería lo más grande que podría hacer. Y francamente me siento obligado a intentar al menos hacer algo… pues como le digo con la lectura de su libro en lo concerniente a lo ocurrido en Las Navas se le puso el vello de punta, ya que algunas de esas historias son las que le contaba su madre y viejos del lugar de lo que allí pasó.

Por último, en cuanto a la contabilización de las víctimas mortales de la represión franquista en Lucena, hemos conocido por testimonios orales que Antonio Ortiz Ortega “El Seco Pesero” podría ser el nombre de una nueva víctima. De otras dos personas no hemos podido establecer a ciencia cierta que fueran fusiladas: Antonio Santaella Cañete y un varón de apellidos Muñoz Cabeza. De este último, gracias al testimonio de su sobrina nieta Lorena Raya Vicente, aportado en marzo de 2016 desde Castellón, conocemos su desaparición, pero no si fue a consecuencia de un hecho de guerra o de la represión, aunque esta última posibilidad es la más probable. A pesar de la coincidencia de apellidos, hemos comprobado que Muñoz Cabeza no es el lucentino que falleció en 1942 en el campo de concentración de La Algaba, del que hablamos al principio de esta entrada del blog. Lorena nos ha facilitado también el nombre del primer marido de su abuela, Miguel Pino Salcedo, que murió en el frente de batalla, sin embargo ignoramos si estuvo luchando a favor de la República o de los sublevados.

En este momento, y según mis investigaciones, las cifras de la represión franquista en el municipio de Lucena, sin contar los dos casos dudosos que hemos citado y a seis forasteros que mataron en el término municipal, se desglosan de la siguiente manera: al menos 124 fusilados (92 de Lucena, 21 de Jauja y 11 de Las Navas del Selpillar), a los que hay que añadir un mínimo de ocho personas que murieron en las cárceles en la posguerra. Los 132 nombres se pueden consultar consultar en este enlace.

En memoria del lucentino Juan Luna Delgado

El 9 de diciembre de 2013 falleció mi buen amigo Juan Luna Delgado, un hombre coherente, honesto, bondadoso, comprometido y un referente intelectual y político. Catorce años antes, un 9 de diciembre, se había terminado de imprimir su único libro, Artículos y ensayos políticos, coincidiendo con el 68 aniversario de la aprobación de la Constitución de la II República Española. En su memoria publico algunas fotos y mi intervención en la presentación de su libro, que se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lucena el día 18 de diciembre de 1999. En el acto participaron también el cronista oficial de la ciudad, Luisfernando Palma Robles, y la profesora de Lengua y Literatura Carmen Anisa Prieto. El texto de mi intervención fue el siguiente:

Presentación de "Artículos y ensayos políticos", el 18 de diciembre de 1999.

Presentación de “Artículos y ensayos políticos”, el 18 de diciembre de 1999.

En este tiempo de pensamiento único, moneda única y de cierta añoranza del partido único; en esta sociedad en la que el concepto de compromiso ha pasado de moda y en la que mezclar la crítica política con la literatura es una actividad que ha quedado en manos de unos cuantos “iluminados” que, al parecer, tienen mucho pasado y poco futuro; en esta Lucena del siglo XX en la que la Historia se está convirtiendo en historietas de fiestas divinas y humanas, ecos de sociedad y anécdotas insulsas, la publicación de Ensayos y Artículos Políticos es una bocanada de racionalidad, un acto de civismo, una llamada respetuosa a la cultura civil y a las conciencias cada vez más adormecidas de los ciudadanos.

La selección de artículos, conferencias y ensayos recogidos en este libro es el fruto de treinta años de la vida de una persona que ha dedicado su valía intelectual al compromiso político. Cuando Juan Luna se educó y comenzó a desarrollar su actividad profesional, la política era delito y pecado. La edición del Catecismo de la Doctrina Cristiana del padre Ripalda en 1944 recogía entre los principales errores condenados por la Iglesia el racionalismo, el marxismo y el liberalismo, y consideraba que eran nefastas las libertades de prensa, de enseñanza, de propaganda y de asociación. La dictadura de Franco formó a los españoles a través de la represión contra los demócratas, la prohibición de partidos y sindicatos, la ausencia de protección social y asistencia médica para los obreros del campo; recogiendo las palabras de Juan fue una época de luto, censura, miedo, escasez, racionamiento, estraperlo, analfabetismo y emigración.

Tras la presentación de “Artículos y ensayos políticos” en Montilla, el 4 de febrero del año 2000.

Hace unas semanas, al leer una obra de Nicolás Sartorius y Javier Alfaya titulada La memoria insumisa sobre la dictadura de Franco, a Juan, lector empedernido, le llamó la atención una frase: “Por el lenguaje se empiezan a perder las batallas de las ideas”. Aunque Juan la batalla del lenguaje la tiene ganada, y no hay más que leer su libro para saberlo, es verdad que la existencia de una amnesia colectiva y de un olvido consciente de lo que fueron periodos nefastos de nuestro reciente pasado ha conducido a que la democracia no haya conseguido arraigarse como debiera en las palabras, los hábitos y las actitudes sociales e institucionales.

El franquismo sociológico sobrevive solapado o a plena luz del día en ideas, símbolos y costumbres. Por ello, este libro es un continuo toque de atención, una atenta llamada sobre los peligros que esa pervivencia supone para la salud democrática de nuestra comunidad. Juan señala cómo la herencia de la dictadura se manifiesta en la omnipresencia del nacionalcatolicismo, ya que desde algunos sectores se pretende convertir a Lucena en poco menos que la reserva espiritual de occidente, o también en la existencia de placas con nombres de fascistas en sus calles, a pesar de que el pleno del Ayuntamiento lleva aprobadas dos resoluciones para que se eliminen. Es evidente que respecto a determinados asuntos nuestros gobernantes se esmeran en incumplir sus propias normas.

La desmemoria conduce a situaciones lamentables, pues los que más debieran  arriesgarse a poner el dedo en la llaga son los que más se desentienden. En 1941, la Corporación municipal decidió nombrar hijos predilectos a unas personas que desencadenaron el drama de la guerra y la represión en este pueblo. Hoy, después de veinte años de ayuntamientos democráticos, ninguna corporación, ni de derechas ni de izquierdas ni de centro, ha tenido la decencia democrática de revocar ese acuerdo. El respeto a la historia, como algunos piensan, no es el culto idolátrico ni el respeto absoluto a todo lo que nos legaron las generaciones anteriores, sino el deber de reparar en la medida de lo posible las injusticias históricas que nuestros antepasados cometieron. Los símbolos de una población deben ser aquellos que ensalzan los valores democráticos, la convivencia pacífica y los derechos humanos.

En la habitual tertulia de amigos de los jueves por la noche, en una fecha indeterminada de la primera década del 2000.

En la habitual tertulia de amigos de los jueves por la noche, en una fecha indeterminada de la primera década del 2000.

Leyendo Ensayos y Artículos Políticos aprendemos que sin pasado no hay presente. Todavía algunos reticentes se esfuerzan en airear que las cosas del pasado es mejor no recordarlas. Pero lo que ocurre es que en nuestra ciudad cuando se remueve el pasado es para perpetuar lo que el franquismo dejó “atado y bien atado”. Hace unos años, un alcalde socialista decidió trasladar al cementerio la llamada Cruz de los Caídos, monumento erigido en memoria de los lucentinos de derechas muertos en la guerra. Los gastos corrieron a cargo del Ayuntamiento. Sin embargo, no interesaba recordar que en la fosa común de ese mismo cementerio se encuentran apiñados los restos de otros muchos lucentinos socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos que murieron asesinados en sus tapias. Esos no tienen, ni por lo visto nunca tendrán, una simple placa que los recuerde. Parece que para nuestros gobernantes municipales no todos los muertos son iguales, o quizá que algunos muertos son más insignes y merecedores de respeto histórico que otros.

En esta Lucena oficial que se enorgullece de sus tradiciones, hay algunas que no interesa recordar, que no salen en los artículos, tertulias y programas de nuestros medios de comunicación, que no se conmemoran con centenarios ni quinarios. Con sus escritos, Juan enarbola esta tradición olvidada, porque recoge la ideología de ilustres figuras políticas –de las que Juan es además fiel heredero–, que fueron ejemplos de coherencia ética y de compromiso social y moral, que combatieron por una sociedad democrática y progresista y que en muchos casos dieron su vida por defender sus ideales.

Entre estas personalidades debemos recordar a Juan Otero que, como director del periódico La Voz de Lucena, pregonaba a principios de siglo los valores del laicismo frente a las poderosas fuerzas clericales. Al abogado Antonio Buendía Aragón, uno de los fundadores del Partido Comunista de España y miembro de su comité central, hombre de amplia cultura que tradujo al castellano obras francesas de temática política. A los dirigentes socialistas Manuel Burguillos Serrano y Rafael Lozano Córdoba, que se distinguieron por su enconada defensa de los derechos de los trabajadores en los años treinta. En los tiempos que corren, abarrotados de gestos vanos que desaparecen sin dejar huella, se olvidan actos simples de humanidad: la esposa del socialista Manuel Burguillos murió el 8 de noviembre con la pena lógica y silenciosa de que la figura de su marido, asesinado durante la guerra, no recibiera nunca ningún reconocimiento oficial o, al menos, un reconocimiento de aquellos que hoy dicen profesar su ideología. Por desgracia, se ve que en Lucena no hay término medio entre el olvido absoluto y la conmemoración abrumadora.

En la feria del Valle de septiembre de 1997, junto a un grupo de amigos.

En la feria del Valle de septiembre de 1997, junto a un grupo de amigos.

También, entre el elenco histórico de personajes lucentinos destacados y olvidados, hemos de señalar a los masones republicanos Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez. Al farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, prestigioso alcalde en 1936. A Javier Tubío Aranda, venerable maestro de la logia masónica “Isis Lucentino”, primer alcalde de la II República, candidato a Cortes y vocal del Consejo Nacional de Izquierda Republicana, el partido del presidente Manuel Azaña, de quien Juan Luna se declara un admirador confeso.

Ensayos y Artículos Políticos nos transmite una sana melancolía. Sus mensajes, llenos de ironía, prosa literaria e inteligencia, nos rememoran los discursos de aquellos viejos y nobles republicanos que, con su conciencia democrática y su humanismo civil, pretendían inculcar el afecto al educado laicismo y fomentaban los buenos modales, el interés por la lectura, la reverencia y el respeto hacia los espacios públicos, la preocupación por la cultura y la instrucción pública, que creían en el género humano y en el universalismo, y que huían de estrechas visiones pueblerinas y xenófobas, porque sabían que cada uno de nosotros somos forasteros en todos los pueblos del mundo menos en el que hemos nacido.

Frente al nuevo orden mundial, en que las decisiones económicas, militares y políticas se toman desde arriba por el capital, el Pentágono y las multinacionales, Juan Luna hace un análisis de la realidad vista desde abajo, desde la óptica de los que todavía creen en la supremacía de lo público sobre lo privado y de lo colectivo sobre lo individual. Juan toma partido por los trabajadores, las minorías, los jornaleros andaluces, los marginados del sistema. Es lógico, como demócrata convencido entiende que en España la historia de los demócratas –por mucho que ahora sea políticamente incorrecto manifestarlo– es la historia de los derrotados, del exilio, de los que pedían la paz y la palabra porque ambas le habían sido arrebatadas; es la historia de la España roja, amarilla y morada de Machado, de los que escribieron páginas de heroísmo, de batallas perdidas y de tristes derrotas.

Quizá haya alguien, pues voluntarios para ello nunca faltan, que caiga en la atrevida tentación de desmerecer esta obra, basándose en el falso presupuesto de que sus razonamientos son marxistas, de que hace unos análisis demasiado antiguos de una realidad moderna o de que utiliza una ideología trasnochada y recalcitrante. Parece que en este mundo global que nos ha tocado vivir, están “pasadas de moda” esas viejas ideas que buscaban la emancipación, que intentaban acabar con la opresión, la desigualdad, la injusticia y la alienación, y que buscaban la libertad, la igualdad, la fraternidad, el pacifismo y la justicia. Dicen que todo eso es utopía, que ha quedado antiguo.

Antonio Maíllo Cañadas, Antonio Muñoz "Ortega", Juan Luna Delgado y Arcángel Bedmar en 1997.

Antonio Maíllo Cañadas, Antonio Muñoz “Ortega”, Juan Luna Delgado y el autor de este blog en 1997.

Pedir las treinta y cinco horas semanales o reivindicar un andalucismo que no se reduzca al folklorismo, las romerías, las bodas de duquesas y toreros o las hinchadas que animan a la selección nacional de fútbol se considera que es de locos o de personas que aspiran a una patria imposible o a un reino que no es de este mundo. En nuestros días, lo moderno es el fin de la historia, los fondos reservados, las motos por las calles peatonales, los sueldos de los ejecutivos de Telefónica, los pisos a ochenta millones, las jornadas diarias de más de diez horas en una carpintería, las pateras, la cultura del “pelotazo”, la lástima por Pinochet, el programa “Furor” de Antena 3 Televisión y el liberalismo, que ya no es una ideología que defiende los derechos humanos y las libertades civiles, sino un sistema que quita los subsidios a los más necesitados.

Estamos asistiendo a una despolitización cada vez más acusada, y eso no es bueno. La política, es decir, la actividad o el arte de gobernar, de organizar y administrar lo público y lo estatal, y también la actividad del ciudadano corriente cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o cualquier otra forma, que no tiene porque ser la afiliación a un partido, es necesaria y fundamental para el feliz desenvolvimiento de una sociedad. Con la abolición de la política una comunidad firma su sentencia de muerte. La corrupción, los escándalos, el evidente alejamiento de algunos partidos de las necesidades de los ciudadanos o la aparente conversión de los partidos en máquinas de poder carentes de ideología, que se dedican más a gestionar que a gobernar, no deben servir de excusa para un alejamiento de los ciudadanos de la realidad política y de lo público, pues ese alejamiento y la incultura política subsiguiente nos pueden arrastrar simple y llanamente hacia el fantasma del fascismo.

Voy a terminar señalando cuál creo que es la principal virtud de Ensayos y Artículos Políticos: su labor pedagógica. Su lectura nos enseña que la política es un arte noble cuando se realiza con decencia y buena voluntad, que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es el más sano y principal deber cívico, que la libertad es la madre de todas las ideologías, que la igualdad y la justicia son los fines a los que debe tender toda sociedad y, finalmente, nos enseña que personas como Juan Luna, que tanto ha luchado en los duros años de la clandestinidad para que el sistema democrático que ahora disfrutamos sea una realidad; personas como Juan Luna, por su honradez, su coherencia, su humanismo y su valentía intelectual son un orgullo y un símbolo para Lucena.

Portada del libro "Artículos y ensayos políticos"

Portada del libro “Artículos y ensayos políticos”.

La depuración del profesorado en Lucena durante la guerra civil

18. Ricarda Ana

Ricarda Ana Cobacho Cañete, maestra del Centro Obrero Socialista de Jauja, fusilada en noviembre de 1936.

Durante la guerra civil en la provincia de Córdoba murieron asesinados en zona republicana 14 maestros nacionales. A su vez, como consecuencia de la represión franquista cayeron asesinados 22 maestros, cuatro profesores de educación secundaria y un número indeterminado de maestros de escuelas obreras y particulares. Entre estos últimos se encontraba Ricarda Ana Cobacho Cañete, de 36 años, maestra del Centro Obrero Socialista de la pedanía lucentina de Jauja, fusilada a principios de noviembre de 1936. Aparte de esta eliminación física, en la España franquista existió también una depuración administrativa que afectó a casi la totalidad del funcionariado y de los empleados de las administraciones públicas. La labor sancionadora se inició de manera inmediata. Solo 10 días después del golpe de Estado, el 28 de julio de 1936 el general Miguel Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional (organismo militar que asumió el poder en la zona sublevada), unificaba en un bando los emitidos con anterioridad y autorizaba la suspensión inmediata de los funcionarios que no prestaran auxilio a los rebeldes. A finales de agosto la Junta de Defensa Nacional ordenó de manera específica la depuración de los maestros alegando que la escuela debía “contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir”. La depuración se formalizó con el decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado (especie de primer gobierno franquista), que justificaba la depuración de todo el personal docente en el Magisterio debido a que había “estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional”.

Se crearon cuatro comisiones depuradoras: de profesorado universitario, escuelas de ingeniería y arquitectura, el restante personal (institutos, enseñanzas profesionales, etc.) y de maestros de educación primaria. Al profesorado se le podía denunciar por haber tenido actividad política o sindical, por su conducta privada, profesional o religiosa, o por otros motivos. Las sanciones consistían en traslados forzosos, separación definitiva del cuerpo, suspensión de empleo y sueldo, exclusión del concurso de traslados, jubilación, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Para aumentar el daño a los condenados, los separados del servicio no podrían ejercer tampoco su oficio ni asumir cargos en escuelas, academias particulares o instituciones ajenas al Estado.

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Retrato de Ángel Cruz Rueda, presidente de la Comisión depuradora provincial del profesorado de educación primaria. El cuadro se conserva en el Museo del IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Las comisiones depuradores de maestros y profesores de enseñanza secundaria tenían ámbito provincial y se encargaban de la investigación del profesorado, la instrucción del expediente y la propuesta de sanciones. La de Córdoba la presidía Ángel Cruz Rueda, director del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, y alcalde de esta localidad, por nombramiento de los militares golpistas, desde el 5 de agosto de 1936 hasta 1940. Estas comisiones provinciales trasladaban la propuesta de sanción a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, que era quien formalmente fallaba. El presidente de esta Comisión era desde octubre de 1936 el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán y Pemartín, quien consideraba que había que castigar a los profesores que habían optado “por lo antinacional, masónico, judío o marxista, o los que fueron causa de la revolución”. Pemán se encargó de desmantelar el sistema educativo republicano, al que consideraba un foco de formación de generaciones anárquicas y antipatriotas. Para Pemán la depuración era una “sagrada misión” de carácter no sólo “punitivo”, sino también “preventivo”, en la que no cabían ni “reprobables reservas mentales” ni “sentimentalismos extemporáneos”. La depuración del profesorado tenía como uno de sus objetivos extirpar de las escuelas la enseñanza laica o influenciada por las corrientes pedagógicas progresistas, e instaurar una educación acorde con los preceptos católicos. En el libro del catedrático de Ciencia Política Alberto Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la Tribu, publicado en 1999, el capítulo VI (páginas 235-269) desglosa, a través de su actitud y de su obra, el compromiso de Pemán con la dictadura franquista durante la guerra civil, hasta convertirse en el “juglar de la cruzada” (así le gustaba que lo llamaran), en un “intelectual orgánico” y en un “poeta del régimen”.

En la España franquista, se sancionó a un 25% de los maestros (unos 15.000, de los que unos 6.000 fueron separados definitivamente del cuerpo) y a un 38% del profesorado de enseñanza media. Gracias a las 767 páginas del libro del doctor en Historia Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la guerra civil, publicado en 2011, hemos podido conocer de manera muy pormenorizada cómo afectó este proceso a la provincia. En Córdoba, de los 814 maestros nacionales en plantilla en julio de 1936, se denunció a 291 (36% del total). En el caso de los maestros, la Comisión depuradora requería informes de, al menos, la alcaldía, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia o vecino de la localidad. Las principales denunciantes en la provincia fueron autoridades militares (185 denuncias), sacerdotes (159), vecinos (146) y ayuntamientos (130). De los maestros denunciados, 205 (25%) sufrieron la imputación de cargos por la Comisión depuradora. En Lucena se imputó a entre un 25-30% de los maestros, aunque solo se sancionó a entre el 6 y el 10% de la plantilla.

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José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, órgano encargado del proceso depurador.

En cuanto a la enseñanza secundaria, en 1936 existían en la provincia los institutos de Cordoba, Cabra, Peñarroya, La Rambla, Priego y Lucena. José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, en su afán de alejar la cultura del pueblo más llano y colocarla bajo el control de las órdenes religiosas y de la moral católica, dictó durante su mandato la clausura de numerosos institutos, dando el tiro de gracia a la política de creación de centros educativos impulsada por la II República. Decretó, el 14 de septiembre de 1937, el cierre de 38 institutos de enseñanza media, de manera en 1959 había en España solo 119 institutos, 32 menos que en 1936, según datos recopilados por el catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova. Entre los centros afectados por el cierre decretado por Pemán se encontraban los de Priego de Córdoba y Lucena. Este último, el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Barahona de Soto, se había inaugurado en noviembre de 1933 como Instituto Elemental gracias a los esfuerzos de numerosas personas y entidades de todos los ámbitos políticos y profesionales de la localidad. Jorge Villén Écija, abogado de Rute y secretario particular de Pemán, informaba en una carta enviada el 18 de octubre de 1937 a la Asociación Pro Instituto de Lucena de que “en un futuro, cuando se haga la reorganización total de la enseñanza y se creen Institutos verdad [sic] con su profesorado idóneo y sus materiales a propósito (bien distintos de esas parodias que se hacían), será la ocasión de trabajar para que Lucena –la de los dulces velones– tenga todo lo que se merece por su patriotismo y lealtad”.

La misiva en la que el secretario de Pemán anunciaba la clausura falseaba la realidad en la que había funcionado el instituto, con sede en la calle Condesa Carmen Pizarro (actual Conservatorio de Música), pues de acuerdo con las investigaciones de Juan Palma Robles publicadas en su libro Lucena Marista, el primer claustro de profesores, cuyo nombramiento apareció en la Gaceta de Madrid (1 de noviembre y 1 de diciembre de 1933), reunía a un grupo de profesionales cualificados, todos con una o dos licenciaturas universitarias. También la carta mentía en cuanto a los “materiales” con los que contaba el instituto, pues disponía de capacidad para 600 alumnos, despachos, salón de actos para conferencias y proyecciones, salas de estudio, aulas específicas (Dibujo, Filosofía, Geografía, Matemáticas, Francés, Literatura y Latín), laboratorio de Física y Química, museo de Historia Natural y una biblioteca de dos mil volúmenes en la que destacaba la colección de clásicos latinos (en un momento en el que Lucena no disfrutaba de biblioteca pública). El cierre del Instituto Barahona de Soto se prolongó tanto que hasta el curso 1973-1974 Lucena no disfrutaría de un centro de bachillerato propio.

Según el ya citado historiador Manuel Morente Díaz, en 1936 había 168 profesores de enseñanza media en la provincia de Córdoba. La plantilla del Instituto de Segunda Enseñanza Barahona de Soto la conformaban los siguientes profesores: José Arjona López (profesor de Geografía e Historia y director), Manuel Bonachera Arias (Ciencias Naturales), Bernardo Fernández Moreno (ayudante interino gratuito de idiomas), Juan Gómez Sánchez (Física y Química), Manuel González Aguilar (ayudante interino gratuito de la sección de Letras), Manuel Clemente Guayar Pérez (Latín y Filosofía), Francisco Lara Fernández (Lengua y Literatura), Felipe Moreno Lara (ayudante interino gratuito de la sección de Letras), Rafael Moreno Lara (ayudante interino gratuito de la sección de Ciencias), Bibiano Palma Garzón (Matemáticas), Fernando Peña Pastor (Dibujo), Albino Ramírez Ros (ayudante interino gratuito de Dibujo), Rafael Ureña González-Posada (profesor de Francés y secretario del instituto), Francisco Víbora Manjón-Cabeza (ayudante interino gratuito de la sección de Letras).

La Comisión depuradora provincial de enseñanzas medias, al igual que la de maestros de educación primaria, tenía ámbito provincial. Uno de sus cinco miembros directivos era el abogado Eulogio Roldán Carrillo, exconcejal durante la dictadura de Primo de Rivera y presidente de la derechista Acción Nacional en Lucena en 1931. Conocemos en Córdoba los datos de depuración de 144 profesores, de los que fueron denunciados el 57% y sancionados el 31%. En Lucena los sancionados fueron Juan Gómez Sánchez, Rafael Ureña González-Posada, Francisco Lara Fernández y Bernardo Fernández Moreno (el 28,5% de la plantilla). Todos fueron suspendidos de empleo y sueldo por el comandante militar de Lucena en octubre de 1936 y su cese apareció en el BOE del 28 de noviembre de 1936.

 Las investigaciones de Manuel Morente Díaz señalan que hubo varios profesores represaliados del Instituto Barahona de Soto. A Juan Gómez Sánchez se le acusó de pertenecer a Izquierda Republicana, por lo que estuvo cesado y suspendido de empleo y sueldo hasta 1938. A Rafael Ureña González-Posada le imputaron cinco cargos: afiliado y propagandista de Izquierda Republicana, falto de condiciones pedagógicas, lector asiduo de los periódicos republicanos Política y Heraldo de Madrid, estar a favor del Frente Popular (la coalición que ganó las elecciones en febrero de 1936) y glorificar la revolución de Asturias. Suspendido por la autoridad militar en octubre de 1936, en 1941 se le separó definitivamente de la enseñanza, hasta que en 1955 se le permitió la reincorporación, pero con el traslado a fuera de la provincia durante tres años y la inhabilitación para ejercer cargos directivos y de confianza. Francisco Lara Fernández fue acusado también de militar en Izquierda Republicana. El director del Instituto Barahona de Soto dijo de él que era “indigno de continuar formando conciencias españolas” y señaló que las monjas carmelitas y lo hermanos maristas se habían quejado y habían manifestado que los alumnos de ellos no volverían a sus clases. Se le acusó de izquierdismo, de haber sido favorecido por el Frente Popular y haber herido el sentimiento religioso y patriótico de los alumnos. Permaneció suspendido de empleo y sueldo desde octubre de 1936 hasta enero de 1939, cuando la resolución del expediente de depuración lo confirmó en sus derechos. Por último, a Bernardo Fernández Moreno, alcalde de Lucena desde el 23 de octubre de 1934 al 8 de enero de 1936, se le acusó de haber pertenecido al Partido Radical Socialista y luego al centrista Partido Republicano Radical, que controló en alianza con la derechista CEDA el Ayuntamiento lucentino en ese periodo. A pesar de sus antecedentes políticos moderados, en octubre de 1936 se le suspendió de empleo y sueldo y desconocemos si la sanción se revocó.

Debido a que la represión se convirtió en uno de los pilares en los que se sustentó la dictadura, para el profesorado sancionado por el franquismo el perdón no existió, algo que contrasta con la depuración que se llevó a cabo en la España republicana, donde un decreto del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1938 concedió un amplio indulto a todos los funcionarios civiles y militares que hubiesen sido sancionados en sus cargos. Los profesores separados del cuerpo por el franquismo hubieron de esperar, al menos, hasta la Ley de Amnistía de 1977 para ver reconocidos sus derechos.

Enlaces de interés:

 

Juan y Manuel González León: montillanos asesinados en el campo nazi de Mauthausen

Cuando se acercaba el final de la guerra civil, la caída de Cataluña en febrero de 1939 en manos de las tropas franquistas originó la trágica desbandada de unos 500.000 civiles y militares que atravesaron la frontera con Francia. De ellos, aproximadamente 200.000 quedaron para siempre en el exilio. Desarmados y vigilados por gendarmes y tropas coloniales, los refugiados españoles fueron hacinados en campos de concentración situados en las playas o en recintos improvisados, sin lugares de cobijo y rodeados de alambradas. Ante la inminencia de la II Guerra Mundial, el Gobierno francés obligó a los varones de entre 20 y 48 años a alistarse en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas unidades militarizadas en las que se encuadraron unos 80.000 españoles, de los que alrededor de 12.000 quedaron situados en la zona de la línea defensiva Maginot, en la frontera con Alemania, que pronto se convertiría en frente de guerra. En mayo de 1940, el ejército alemán invadió Francia y miles de exiliados republicanos alistados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros cayeron prisioneros de los nazis. En principio, se les encerró en recintos provisionales y, tras largas marchas a pie o en distintos medios de transporte, fueron internados en los stalags o campos de prisioneros de guerra situados por toda Alemania, bajo el control de la Gestapo (policía militar). A pesar de los requerimientos que realizó la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no realizaron gestiones para que a estos presos, algunos de ellos menores de edad, se les diera el status de prisioneros de guerra o se les pudiera repatriar, lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos. Unos 15.000 españoles terminaron internados en los campos nazis, donde murieron aproximadamente la mitad.

La mayoría de los españoles que sufrieron los campos nazis acabaron sometidos a trabajos forzados en las canteras de granito de Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria, por el que entre 1938 y 1945 pasaron unos 200.000 presos de diversas nacionalidades, de los que fallecieron alrededor de la mitad. Según los datos aportados por Carlos Hernández de Miguel en su imprescindible libro Los últimos españoles de Mauthausen, publicado en enero de 2015, existe constancia documental de que 9.328 españoles pasaron por los campos nazis. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334, lo que representa una tasa de mortalidad del 59%. Esa proporción se eleva al 64% si nos atenemos a las cifras de Mauthausen: 7.532 internados españoles de los que murieron 4.816. De acuerdo con el libro colectivo (Sandra Checa, Ángel del Río y Ricardo Martín) Andaluces en los campos de Mauthausen, de los españoles deportados a este campo, 1.494 eran andaluces y 336 de Córdoba. Cuando se liberó el campo el 5 de mayo de 1945 habían muerto alrededor de 1.000 andaluces –en su mayoría soldados y combatientes antifascistas con una media de edad de entre 20 y 30 años–, de los que 238 (más ocho desaparecidos) procedían de la provincia de Córdoba.

Portada de mi libro "Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944).

Portada de mi libro “Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944)”.

Al comenzar a recopilar documentación sobre la Segunda República y la guerra civil en Lucena, descubrí en el libro de Francisco Moreno Gómez, Córdoba en la posguerra. La represión y la guerrilla (1939-1950), que el lucentino Juan González León había muerto en enero de 1942 en el campo nazi de Mauthausen. Durante años intenté encontrar a sus descendientes para saber algo más de esta historia. No obstante, tuve que esperar a que me hablara de él en Montilla Francisco Carmona Priego “Ojos Claros”, quien había llegado a conocerlo. Francisco Carmona conocía también a sus hijos y, además, se encargó de localizar a decenas de víctimas de la represión franquista y a sus familiares con la intención de que sus testimonios aparecieran en mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). Pude charlar por teléfono con Antonio, uno de los hijos de Juan González León, el 20 de mayo de 2001. Me habló de su padre, de sus tíos maternos Luis y Francisco Merino Navarro que se habían exiliado en Francia, y me informó de que su tío paterno Manuel también había muerto en Mauthausen, algo que yo desconocía. Gracias a esta información pude contactar unos días después, el 7 de junio, también por teléfono, con su primo Rafael González Polonio, hijo de Manuel quien, aparte de hablarme de su padre, me contó que habían fusilado en Montilla en junio de 1941 a su tío político, Carlos García Herrador. Por fin, tras cuatro años de búsqueda y gracias al testimonio de la familia González, conseguí vertebrar la historia de los dos hermanos González León, víctimas de la barbarie nazi, y ponerle rostro a sus caras.

Juan y Manuel González León habían nacido en Lucena, pero se habían asentado desde pequeños con su familia en Montilla, un feudo histórico del socialismo cordobés, donde la izquierda había doblado en votos a la derecha en todas las elecciones celebradas durante la República. En Montilla el 18 de julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos y ciudades en los que triunfó con rapidez el golpe de Estado. Tras recibir órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, controló la localidad de manera violenta en la misma madrugada del día 19, lo que originó en los días siguientes la huida, en un pueblo que entonces tenía 20.000 habitantes, de miles de refugiados hacia la zona republicana. Como consecuencia de la sublevación militar los montillanos fieles a la República pagarían un enorme tributo de sangre: durante la guerra al menos 115 personas fueron asesinadas y 75 murieron en los frentes de batalla; en la posguerra hubo 15 fusilados, 438 encarcelados o represaliados, seis fallecidos en las cárceles, dos guerrilleros muertos y ocho hombres inmolados en el campo nazi de Mauthausen, entre los que se encontraban los hermanos Juan y Manuel González León.

Juan González León y, de izquierda a derecha), sus hijos Francisco, Josefa, Tránsito, Dolores y Antonio González Merino. La fotografía se realizó durante la guerra civil en Valdepeñas (Ciudad Real)

Juan González León y, de izquierda a derecha, sus hijos Francisco, Josefa, Tránsito, Dolores y Antonio González Merino. La fotografía se realizó durante la guerra civil en Valdepeñas (Ciudad Real).

Juan González León había tenido un alto compromiso político en Montilla, pues había sido secretario de las Juventudes Socialistas en 1931 y presidente de la Sociedad de Obreros y Empleados Municipales, afecta a la UGT. Cuando se produjo el golpe de Estado, Juan González huyó de Montilla con su mujer Dolores Merino Navarro y sus cinco hijos, atravesó distintos pueblos de las provincias de Córdoba y Jaén, y recaló en Valdepeñas (Ciudad Real), donde se alistó en el batallón de Félix Torres. Combatió en el frente de Valdemoro (Madrid) y, al caer Barcelona en manos franquistas, cruzó los Pirineos. En Francia, después de sufrir los campos de concentración, lo destinaron a una Compañía de Trabajadores Extranjeros en la línea defensiva Maginot. Tras la ocupación nazi, lo internaron en el Stalag XI B, situado en Fallingbostel (actual estado federal de la Baja Sajonia), donde ya había estado internado el exconcejal socialista montillano José Carrasco Navarro, asesinado también en el subcampo de Gusen. Desde allí lo deportaron a Mauthausen, el 27 de enero de 1941, junto a otros 1.505 prisioneros republicanos españoles, entre ellos el montillano Ángel Ramírez Muñoz y el catalán Francesc Boix, el famoso fotógrafo que testificó contra varios jerarcas nazis en el proceso de Núremberg. Ese mismo día comenzó el traslado de prisioneros españoles de Mauthausen a Gusen, adonde llegó el 17 de febrero junto al también montillano Luis Luque Espejo, y allí murió el 11 de enero de 1942, cuando hacía sólo cinco días que había cumplido los 42 años. El 8 de marzo de 1946, la agencia central de prisioneros de guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja informó a su esposa, Dolores Merino Navarro, de que se encontraba como fallecido en una lista elaborada por los exinternados en el campo nazi de Mauthausen, pero a la vez le decía que era la única información que poseía y advertía de que le resultaba “absolutamente imposible obtener otra indicación ni confirmación oficial”.

Manuel González León

Manuel González León

El hermano de Juan, Manuel González León, uno de los fundadores del partido comunista en Montilla, también tuvo que huir para evitar la represión. Al rancho de la sierra donde vivía llegaron un día de julio de 1936 unos falangistas preguntando por su paradero a su mujer, Encarnación Polonio Muñoz. Como él no se encontraba allí, a ella la amenazaron de muerte. Esa noche, la familia entera, con hermanos y sobrinos, huyó a lomos de tres bestias y se cobijó durante la guerra en Úbeda (Jaén). Manuel González, mientras tanto, alcanzó el grado de capitán en el ejército republicano. En el exilio, junto a su hermano Juan y dos hijos de su hermano Domingo (Manuel y Antonio, que retornarían a España al poco tiempo) sufrió los campos de concentración franceses de Barcarès y Saint Cyprien. En 1940 estaba enrolado junto a su hermano Juan en la 107 Compañía de Trabajadores Extranjeros, en una zona boscosa del norte del país, cuando los ocupantes nazis los apresaron y los separaron. A Manuel lo internaron en el Stalag VI C, cercano a Batthorn-Emsland, en la Baja Sajonia (Alemania), hasta que fue deportado a Mauthausen y luego a Gusen el 20 de octubre de 1941, en un convoy en el que también viajaban los montillanos Antonio Jordano Jordano, Miguel Torres Alcaide y Manuel Cerezo Rute (el único que sobrevivió). Manuel González falleció el 25 de noviembre de 1941, cuando tenía 31 años. La información que le facilitó la Cruz Roja a su viuda sobre su espeluznante destino resultó similar a la que ofrecieron de su hermano Juan, asesinado cuarenta y siete días después.

Con la nuera y las hijas de Juan González León, en Sant Joan Despí (19 de octubre de 2002).

Con la nuera y las hijas de Juan González León, en Sant Joan Despí (19 de octubre de 2002).

La historia de los hermanos González León se incluyó en mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). A su presentación, el 1 de diciembre de 2001, entre otros muchos familiares de represaliados montillanos venidos de diversos lugares, asistieron los cinco hijos de Juan González Léon y el hijo y el nieto de su hermano Manuel. Para ello, se trasladaron desde Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat, las localidades barcelonesas a donde había emigrado en los años cincuenta del siglo pasado. Nunca olvidaré lo que me dijo aquel día, nada más verme, una de las hijas de Juan González: “Hoy hemos venido a enterrar a mi padre”. Para muchos familiares de represaliados, unas simples hojas de papel pueden llegar a sustituir, de manera simbólica, a una tumba. Ya que no sabían donde reposaba su cadáver, al menos ahora existía un libro en el que aparecía su nombre, su foto y su historia. Por fin poseían algo material que perpetuaba la memoria de sus seres queridos. Era evidente que, para bastantes familiares de víctimas mortales de la represión franquista, la presentación del libro se transformó aquel día en una ceremonia de duelo público que nunca antes habían podido realizar.

Con Francisco Ruiz Acevedo (izq.) y Antonio (hijo de Juan González León), en Sant Joan Despí, el 19 de octubre de 2002.

Con Francisco Ruiz Acevedo (izq.) y Antonio (hijo de Juan González León), en Sant Joan Despí, el 19 de octubre de 2002.

El libro de Montilla se agotó en dos semanas y se reimprimió dos veces más en menos de medio año. Gracias a las gestiones del Centro de Estudios Comarcales del Bajo Llobregat y del historiador Jaume Claret Miranda, se realizó una presentación muy concurrida el 19 de octubre de 2002 en la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí, en concreto en el barrio de Las Planas, donde habita una comunidad montillana de miles de personas. Esta presentación me sirvió para agrandar la relación con los hijos y nietos de Juan y Manuel González León, y para conocer o ampliar la historia de otras víctimas montillanas de la represión franquista que habían emigrado allí (Miguel Feria Blanca, Antonio García Sánchez, Mariano Águila Nieto, Miguel Gómez Márquez, etc.). La relación con la familia González se fue afianzando tras la creación en mayo de 2005 de la Asociació per a la Memòria Històrica y Democràtica del Baix Llobregat, presidida por el incansable Francisco Ruiz Acevedo. Una de las múltiples actividades de esta asociación fue la edición del libro Peatones de la historia del Bajo Llobregat (testimonios y biografías). La obra se presentó el 4 de diciembre de 2006 en Cornellá de Llobregat por el conocido periodista Manuel Campo Vidal en un acto multitudinario, celebrado en el Ateneo Recreativo y Cultural, en el que yo fui uno de los conferenciantes. El libro, que contó con un segundo volumen, recoge las historias de personas que intervinieron, en esta comarca con una fuerte presencia inmigrante, en los movimientos sociales, sindicales y políticos antifranquistas. Entre las biografías se incluyen las de dos hijos de Juan y Manuel González León: Antonio González Merino (encarcelado durante tres meses en 1969 por su actividad sindical) y Rafael González Polonio, afiliados a la asociación, con unas trayectorias ligadas a Comisiones Obreras y al PSUC, la marca catalana del partido comunista. La asociación, muy activa en la defensa de la memoria democrática, ha sido responsable de la difusión de la historia de los dos padres y de los dos hijos a través de otros medios escritos, como la revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat y el libro Traumas. Niños de la guerra y el exilio. El testimonio de Rafael González Polonio también se grabó en formato audiovisual en el año 2009 para el archivo digital de la guerra civil y la dictadura franquista, promovido por la Universidad de California, y se incluyó en Memorias de las cenizas, un documental que se adentra en la historia de los más de 1.500 andaluces apresados en los campos nazis. Por desgracia, la repentina muerte de Rafael, el 4 de octubre de 2012, le impidió asistir a la presentación del documental en Barcelona. Su primo Antonio falleció unos años después, el 23 de septiembre de 2015.

1.En primera fila, Antonio González Merino (primero por la derecha) y Rafael González Polonio (cuarto por la derecha), en la visita realizada a Mauthausen a principios de mayo de 2005.

En primera fila, Antonio González Merino (primero por la derecha) y Rafael González Polonio (cuarto por la derecha), en la visita realizada a Mauthausen a principios de mayo de 2005.

En mayo de 2005 un grupo de familiares de asesinados en los campos nazis, militantes de organizaciones de recuperación de la memoria y cargos institucionales de la Junta de Andalucía viajaron cuatro días a Mauthausen, con motivo del sexagésimo aniversario de la liberación del campo nazi por la tropas aliadas. Por primera vez en la historia asistieron autoridades españolas, quienes a diferencia de las del resto de países europeos nunca habían participado. La representación española estuvo encabezada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Evangelina Navarro. El viaje lo organizó la Amical de Mauthausen, la asociación que agrupa a los exdeportados y a los familiares y amigos de las víctimas. Entre los viajeros se encontraban Antonio González Merino (hijo de Juan González León) y su mujer Carmen Aragón, Rafael González Polonio (hijo de Manuel González León) y su hijo Francisco José, y Antonio Carrasco López (nieto de José Carrasco Navarro, otro montillano asesinado en el campo). Hablé varias veces con Antonio González y su primo Rafael de este viaje, y éste me envió un amplio reportaje fotográfico suyo y otro de Antonio Carrasco López. Recuerdo la fuerte impresión que les produjo el viaje, lo que motivó que Rafael hiciera una profunda y sentida reflexión escrita, titulada “A la memoria de mi padre“, sobre aquella experiencia. Algunas de las emociones vividas quedan reflejadas en estos dos párrafos:

Rafael González Polonio, junto a su hijo Francisco, en un barracón de Mauthausen, con la foto de su padre y su tío.

Rafael González Polonio, junto a su hijo Francisco, en un barracón de Mauthausen, con la foto de su padre y su tío.

“En el año 2005 cumplí con un viejo sueño que había ido aplazando por diferentes motivos: fui a Mauthausen. También en esta ocasión mi hijo me acompañó. Mi hijo Francisco José desde muy joven se preocupó de saber qué había pasado con su abuelo, preguntó a su abuela o a mí, leyó las cartas y se define como un nieto orgulloso de su abuelo, de su trayectoria y de los principios y valores que defendió. Llegamos a Mauthausen un frío y lluvioso día del mes de mayo y lo primero que todos pensamos fue que si en primavera hacía tanto frío cómo sería aquello en invierno. Yo había leído libros, había visto documentales, pero estar allí era otra cosa, es muy difícil explicar lo que sentí, se mezclaron muchas sensaciones, rabia, dolor, impotencia, incredulidad, pena. Estábamos en uno de los barracones, miré a mi hijo y su cara era todo un poema, supongo que la mía no era diferente. Miré una de las fotos que había en la pared y me pareció o imaginé ver a mi padre, se me hizo un nudo en la garganta y estuve a punto de echarme a llorar. Íbamos mi hijo y yo por los barracones, cada uno por un lado y sin hablar, necesitábamos un poco de tiempo en soledad para digerir todo lo que estábamos viendo, todo lo que estábamos sintiendo. Llegamos al horno crematorio, había mucha gente y sin embargo el silencio era absoluto, el respeto era absoluto, los restos de miles y miles de seres humanos habían terminado en ese horno.

Fotografía de los hermanos González León, colocada en mayo de 2005, en la parte exterior del horno crematorio de Gusen.

Fotografía de los hermanos González León, colocada en mayo de 2005, en la parte exterior del horno crematorio de Gusen.

El día siguiente, sábado, estuvimos en Gusen, era el final del viaje, era el lugar donde mi padre término sus meses de sufrimiento. Entramos en el horno crematorio y me emocioné al pensar que probablemente los restos de mi padre se quemaron en él. Las paredes estaban llenas de placas, fotos y recordatorios que los familiares habían ido dejando, mi hijo empezó a buscar un sitio para colocar una foto que había preparado de su abuelo Manuel y su hermano Juan con una pequeña recordatoria. Encontramos un sitio en la parte posterior del horno, mi hijo comenzó a preparar la foto para pegarla en la pared, le temblaban las manos y cuando terminó de colocarla pasó su mano por encima suavemente, como intentando acariciar a su abuelo, estaba emocionado”.

Carta Manuel

Carta enviada por Manuel González León a su mujer Encarnación Polonio, fechada el 31 de agosto de 1939 en el campo de refugiados de Barcarés (Francia).

El viaje a Mauthausen de mayo de 2005 sirvió de idea para un libro fundamental sobre las víctimas de los campos nazis: Andaluces en los campos de Mauthausen, una cuidada y lujosa obra colectiva, editada por el Centro de Estudios Andaluces, de Sandra Checa, Ángel del Río y el fotógrafo Ricardo Martín. Esta publicación, además de incluir un importante contenido histórico y la lista de todos los andaluces prisioneros en el campo, analiza el impacto y la trascendencia que ha supuesto para las familias la pérdida de sus seres queridos, un apartado que ha sido tratado de forma magistral por el antropólogo Ángel del Río. Tres familias montillanas, las de José Carrasco Navarro y Juan y Manuel González León, aparecen en sus páginas narrando experiencias y recuerdos. Gracias a este libro, conocemos también en parte la abultada correspondencia que Manuel González mantuvo desde el exilio con su esposa Encarnación Polonio (hasta que lo trasladaron a Mauthausen, donde la correspondencia estaba prohibida y la familia pierde su rastro). Su hijo Rafael conservó las cartas y se las facilitó a Ángel del Río, quien incluyó algunos extractos de ellas en la obra (págs. 174-176). Hemos seleccionado los siguientes párrafos:

Manuel, nunca dejó de ejercer su condición de padre y de marido a pesar de las distancias y las circunstancias tan desfavorables, primero en los ignominiosos campos de refugiados franceses de Barcarès y Saint Cyprien durante el año de 1939; luego en una fría zona boscosa del norte de Francia en 1940; y finalmente, en un campo de prisioneros alemán en la Baja Sajonia. Sus palabras, en todo momento, desprenden un halo de ternura y sensibilidad encomiables. Trata, por todos los medios, de dar ánimo y coraje a su joven esposa con el fin de que pueda sacar a sus hijos hacia delante: “Encarnación, después de leer tu carta no puedes figurarte cuán orgulloso estoy de ti y más de tu buen estado de ánimo, yo por mi parte haré cuanto esté a mi alcance para ayudaros a vivir mientras llego a esa que no tardará mucho.” [Barcarès]; “Tu última carta la releo muchas veces y me produce una gran satisfacción ver que mis hijos tienen una madre con ánimos para trabajar para que no les falte pan.” [Barcarès].

En su afán de crear una imagen natural de tranquilidad, utiliza con recurrencia el humor y la ironía: “Claro como no hace uno nada en todo el día nada más que dormir y nadar, que va uno a terminar hecho un Anfibio” [Barcarès]; “Hoy mismo por ejemplo estoy de descanso, pues no trabajo porque estoy malo, mi enfermedad es aquí muy corriente se llama el Cuento, así que mañana a trabajar, después de haberte escrito, y a vivir la vida conforme venga, sin pensar en nada, si no es yo en ti, y en tu ánimo” [107 Compañía de Trabajadores Extranjeros, en lo sucesivo CTE].

En ocasiones, son necesarias las mentiras piadosas para mitigar el dolor que causa en su mujer, el estado de prisionero de guerra: “Pero tú no sufras por mi situación que es buena, así como la comida. Esta te la escribo, como de costumbre sentado en la cama. Si me vieras no me conocerías de gordísimo que estoy, es lástima que no pueda retratarme para mandarte la foto, pero en fin paciencia, esto va a durar poco, ahora se dice que pronto nos liberarán a los españoles. En otra anterior te decía que para las pascuas yo sería en esa, y pienso no equivocarme.” [Stalag VI C]

En ningún momento hay muestras de flaqueza y debilidad y siempre desborda optimismo. Sólo el frío, además de, lógicamente, la familia, es motivo de nostalgia: “…veo que ahí hace calor, esto me lo supongo, y siempre me digo que viva mi Andalucía, que por su clima y otras cosas, vale por todo lo que llevo recorrido.” [107 CTE]; “Encarnación no puedes figurarte lo que me acuerdo de ustedes y de la rica temperatura de mi Andalucía, tú no sabes el frío que hace por esta tierra.” [Stalag VI C].

Deseaba para su hijo los estudios que él nunca tuvo –sólo estudió la primaria–, pues entiende que la cultura es un valor fundamental: “…tú ponlo en la Escuela que aprenda a leer que es lo más útil para una persona. Aunque el juego es para los chiquillos como el sol para las plantas” [Barcarès].

Y, de manera relevante, los sentimientos de afecto y de amor están presentes en todas las cartas, muchas veces escritas en sentida prosa poética: “Quizá sea éste el motivo principal del porqué me acuerde tanto de ti, y de cuando yo, sin saber de la vida, jugaba con tu cariño en mis manos como el gato juega con la alimaña que se descuida, éste para terminarla, y yo jugaba, jugaba y repetía la jugada, qué alegría, qué tiempos. Siempre jugando, y cada día, tu cariño en mis manos seguía más bello, y yo más esclavo de él, era mi obra, era mi cariño, y al hablarte en mi interior de mi cariño, hablaba del tuyo, que ya es mío.” [107 CTE].

Rafael que, como su hijo Francisco Javier, ha leído en multitud de ocasiones las cartas de su padre, se emociona, especialmente, con una en la que relata un sueño donde aparece toda la familia en un día de feria andaluza. Con el emotivo sueño, Manuel hace una reflexión muy aguda sobre las causas por las que una persona resiste en circunstancias tan hostiles:

Te voy a contar un sueño que tuve hace dos noches. Ya estaba yo en esa, y era feria, por la tarde. Tú y yo vestíamos a los dos, y Antoñita te quería más a ti que a mí, y yo me reía porque veía que era propio, toda vez que a mí no me conocía, y cuando les arreglábamos, nos dispusimos a salir, y no sé lo que tú me dijiste, y yo digo bueno, pues para que otra vez no me digas eso, te arresto y no vienes a la feria.

Y Rafalito se reía mucho y decía, eso papá, eso, pero la niña estaba muy seria, y le dice a su hermano, ¿por qué te ríes y te alegras de que mamá no venga? Pues si mamá no viene, yo tampoco voy, a lo que el niño le dice, sí, tonta ven, que papá nos compra muchas cosas, y ante estas palabras, ella casi quería venir, y se queda muy fija mirándome, y me dice: Papá, ¿por qué no viene mamá? y también le compras a ella muchas cosas. Como yo no le contesté en seguida, va y me dice, llévala con nosotros y te quiero a ti como a mamá.

Y ante esto, en sueño, desperté casi llorando, y me decía, lo que pueden los hijos. Un buen rato me llevé sentado en la jergoneta, pensando en la realidad de este sueño, y en lo feliz que yo sería hoy, y lo bien que mi parejita se criaría a mi lado, esto me vuelve loco, y hay veces que no me quiero yo mismo.

Pero como siempre hay un algo que alimenta al hombre la ilusión en la vida, la fe en el porvenir, y el amor a mis seres más queridos, estas tres cosas son la base fundamental de que yo no haya perdido la cabeza, como la han perdido muchos ilusos”. [107 CTE].

Antonio González Merino (izq.) y su primo Rafael González Polonio depositan flores, en mayo de 2010, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Lucena, entre cuyos nombres se encuentran los de sus padres Juan y Manuel González León.

Antonio González Merino (izq.) y su primo Rafael González Polonio depositan flores, en mayo de 2010, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Lucena, entre cuyos nombres se encuentran los de sus padres Juan y Manuel González León.

En muchos países europeos que han sufrido regímenes fascistas ha existido una política de Estado consistente en la creación o mantenimiento de lugares de memoria explicativos de ese pasado totalitario (monumentos, nombres de calles, museos, conservación de campos de concentración, etc.). La función de estos lugares no es solo simbólica y memorialista, sino también educativa, moral y cívica. Es una forma, a través de la verdad y del recuerdo, de resarcir a las víctimas, de defender los valores democráticos, de asentar los derechos humanos y de que las nuevas generaciones conozcan su historia para que no vuelva a repetirse. En España esta política, que podríamos denominar de “justicia histórica”, ha resultado escasa y tardía. Además encuentra muchas reticencias entre un significado sector de la clase política que aún identifica olvido con reconciliación y memoria con venganza. No obstante, en el caso de los hermanos González León ha habido dos iniciativas institucionales muy loables en el ámbito de los lugares de memoria. Por un lado, en el año 2005 la construcción por el Ayuntamiento de Lucena de un monolito en el cementerio, con los nombres de las 123 víctimas mortales lucentinas conocidas hasta ese momento de la represión franquista, entre las que se incluyen los hermanos González León. Este gesto ha permitido algo común en una cultura como la nuestra, acostumbrada a enterrar a sus muertos en los cementerios: que sus hijos hayan venido en múltiples ocasiones a Lucena para dejarles flores y honrar su memoria ante el monumento.

Familiares de Juan y Manuel González León junto a la placa que da sus nombres a una calle de Montilla, el 15 de mayo de 2010.

Familiares de Juan y Manuel González León junto a la placa que da sus nombres a una calle de Montilla, el 15 de mayo de 2010.

La segunda iniciativa fue que el Ayuntamiento de Montilla, respondiendo de forma tardía a una petición de la familia realizada más de siete años antes, decidió dedicarles una plaza. El acto oficial se celebró el 15 de mayo de 2010, al día siguiente de la presentación publica de la nueva edición corregida y aumentada de mi libro sobre Montilla, y contó con la presencia de la familia González León y de los representantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal. Este acto se convirtió no solo en un reconocimiento a los hermanos González León, sino también a sus hijos y nietos por haber sabido mantener su memoria, ya que para los que sufrieron la represión una de las mayores justicias es el recuerdo. Una semana antes de que se les dedicara una plaza en Montilla, Rafael González Polonio había regresado a Mauthausen para satisfacer un deseo incumplido tras su primer viaje: colocar una placa permanente en una de las paredes. La placa, de color blanco y en letras negras, lleva la S de spanien enmarcada en un triángulo azul (símbolo cosido en su chaqueta que identificaba a los presos españoles) y el siguiente texto:

Nunca más. A la memoria de los hermanos Juan y Manuel González León, fallecidos en el campo de concentración de Gusen. Su familia no les olvida. Gusen, 7 de mayo de 2010

Rafael González Polonio coloca en Gusen una placa en recuerdo de su padre y su tío (7-5-2010).

Rafael González Polonio coloca en Gusen una placa en recuerdo de su padre y su tío, el 7 de mayo de 2010.

Documentación de interés: