El baenense Rafael Monroy Roldán, salvado de una condena a muerte en la posguerra

El cuartel de la Guardia Civil y el Paseo de Baena en una foto de la época.

La Guardia Civil de Baena respaldó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 aquella misma tarde, cuando ocupó el Ayuntamiento, la Telefónica y el Centro Obrero. A la mañana siguiente, el teniente y comandante de puesto Pascual Sánchez Ramírez proclamó el bando de guerra. Ante la resistencia encontrada entre la población y la clase obrera, mayoritariamente anarquista, comenzaron los enfrentamientos y 230 guardias civiles y derechistas se atrincheraron en unos 14 puestos de defensa. El 28 de julio estaban próximos a sucumbir, pero al mediodía vino en su ayuda desde Córdoba una columna militar al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. Esta columna militar, en la que se integraban legionarios y moros mercenarios marroquíes, causó uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil en la provincia. Además de masacrar a la población civil en la calle y en las casas, arrastraron a muchos hombres al Paseo, en el  centro del pueblo, adonde se les asesinó de un tiro en la nuca tras haberles obligado a tumbarse boca abajo formando filas. La matanza continuó con los mismos parámetros en la mañana del día siguiente y se llevó por delante la vida de un mínimo de 135 personas en solo 24 horas.

El campesino Rafael Monroy Roldán salió huyendo despavorido de Baena, al igual que sus dos hermanos, su hermana, su cuñado y varios miles de vecinos (la localidad tenía por entonces algo más de 23.000 habitantes), cuando la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga entró en el pueblo. En 1937 ya estaba luchando en la 88 Brigada Mixta del Ejército republicano, en la que hubo una compañía formada casi en exclusiva por hombres anarquistas de Baena. En septiembre, con solo 19 años, Rafael Monroy ingresó en la Escuela Popular de Guerra de Paterna (Valencia), de donde salió con el grado de teniente el 12 de abril de 1938. Fue destinado a la 35 División Internacional. Al despistarse junto a su ayudante de la compañía en la que servía como oficial de enlace, cayó prisionero de las tropas franquistas el 15 de noviembre de 1938, cuando las fuerzas republicanas se replegaban derrotadas por el puente de Flix (Tarragona) tras cinco meses de combates en la larga y sangrienta batalla del Ebro.

Lo internaron en el campo de concentración del antiguo convento de San Marcos de León, uno de los célebres recintos represivos de la España franquista. El 26 de diciembre de 1938 fue interrogado por el capitán Miguel Carmona Marbán, juez instructor jefe de Información de Prisioneros y Evadidos del Gobierno Militar. En su declaración se autoinculpó de múltiples delitos y de haber participado en los asesinatos cometidos en el convento y asilo de San Francisco de Baena, uno de los hechos más terribles ocurridos en el pueblo durante la guerra civil.

El 21 de julio los republicanos habían ocupado el convento de San Francisco, donde crearon un Comité formado en su mayoría por anarquistas. Desde allí coordinaron la resistencia contra la sublevación militar, aunque contaban con muy pocas armas, salvo útiles de labranza, hachas y algunas escopetas requisadas en los cortijos. El convento sirvió también de prisión para bastantes derechistas y familiares de los que se habían sublevado con la Guardia Civil, una medida que se tomó por el Comité en respuesta a la amenaza del teniente Pascual Sánchez Ramírez de asesinar a los republicanos y familiares de republicanos que la Guardia Civil mantenía como rehenes en su poder. El día 27 el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente se negó. El día 28, después de que llegaran al convento las noticias de la matanza cometida por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga en el Paseo, en represalia se produjo el asesinato de 73 rehenes (otros 81 consiguieron sobrevivir), entre ellos siete mujeres y tres niños hermanos. Fue un crimen vengativo y despiadado, realizado por un número muy reducido de hombres armados con hachas y pistolas, en medio del descontrol del momento, mientras las fuerzas de paisanos y guardias civiles dirigidas por el capitán Adolfo del Ríos intentaban tomar el edificio y los miembros del Comité, los resistentes republicanos y los cientos de vecinos que se habían refugiado en la parte baja del edificio huían en desbandada por una tapia trasera.

Cuando lo interrogaron en León en diciembre de 1938, Rafael Monroy se autoinculpó de haber participado en la detención y asesinato de los internados en el convento de San Francisco y de haber abusado sexualmente en el patio, junto a otros miembros del Comité, de diez jóvenes muchachas. También citó los nombres de los miembros del Comité y a una serie de mujeres implicadas en los crímenes. En concreto, manifestó que la Adelilla “con una navaja barbera se ensañó con algunos de los presos cortándoles sus partes” después de muertos. Aparte de los anteriores delitos, Rafael Monroy se autoinculpó de haber participado en los asaltos a casas y tiendas de comestibles y de que asesinó el día 26 de julio de 1936 al cura don Lucas (a pesar de que no había ningún cura asesinado en Baena con ese nombre).

El teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez, abanderado de la sublevación militar en Baena el 18 de julio de 1936.

Rafael Monroy realizó estas declaraciones forzado por las torturas. Eso manifestó su esposa, Josefa Pérez Rojano, ya fallecida, a la que entrevisté por primera vez en abril de 2014. Ella tenía entonces 89 años y una perfecta salud mental. Esta mujer, que en aquellas fechas aún no conocía a su marido, fue una testigo privilegiada de lo ocurrido en julio de 1936 en Baena, así que aportaré unos breves detalles de su testimonio. Josefa y su madre, Rosario Rojano Argudo, permanecieron atrincheradas junto a otros derechistas y propietarios —junto a los “señoritos”, fueron las palabras textuales de ella— en uno de los puestos de defensa de la Guardia Civil situado en la residencia de ancianos del Divino Maestro. Desde allí vieron subiendo por la Calzada dos camiones de hombres obligados a saludar con el brazo en alto, al estilo fascista, y detrás de ellos, también arrestados, grandes filas de cinco personas con pañuelos blancos, que se dirigían al Paseo custodiados por las fuerzas de Sáenz de Buruaga. Ante aquella estampa, su madre se lazó a la búsqueda de su hermano y de su sobrino, ya que no tenían noticias de ellos y temía que les hubiera ocurrido algo. Al llegar al Paseo, donde ya había comenzado la matanza con tiros en la nuca, un moro arrojó a su madre al suelo, totalmente ensangrentado, con la intención de pegarle un tiro, sin saber quién era y sin importarle que hubiera sido la cocinera de un puesto de defensa de la Guardia Civil en los días anteriores.

Como otros vecinos, Rosario Rojano solo se pudo salvar de la muerte por la intervención de un propietario agrario, que junto a guardias civiles y derechistas eran los encargados de hacer una rápida selección allí mismo sobre el terreno. A ella la avaló —o “garantizó”, que era la palabra usada en la época— Manuel Torres, ante las protestas del teniente Pascual Sánchez Ramírez, que decía “que no había que salvar a tantos”. Mientras estuvo retenida en la plaza, aún tuvo la oportunidad de ver en el suelo el cuerpo de una mujer arrojada desde la azotea del cuartel. Era una de las personas que la Guardia Civil había mantenido como rehenes durante los días anteriores, a los que ahora exterminaban lanzándolos desde las alturas.

Como hemos señalado con anterioridad, Josefa Pérez también nos relató que su futuro marido, Rafael Monroy, había sufrido torturas y palizas en el convento de San Marcos de León, donde el frío y las ratas hacían estragos. Las torturas eran utilizadas en los recintos penitenciarios franquistas no solo para castigar a los presos, sino para forzar delaciones y declaraciones al gusto de los verdugos, sin importar que fueran o no verdaderas. Así que era muy común que muchos acusados se desdijeran de ellas en presencia del juez, aunque sin denunciar abiertamente que habían sido torturados. Eso hizo Rafael Monroy tras su traslado desde León a la cárcel de Córdoba. Al ser interrogado por el juez el 17 de febrero de 1939, manifestó que lo único cierto de su declaración anterior era que estuvo en la 88 Brigada y en la Escuela de Paterna, y “que es incierto cuanto demás consta en la misma, que no fue directivo del Comité no tomando parte en ninguno de los hechos que se expresan y cuya declaración prestó en un momento de inconsciencia por los frecuentes interrogatorios a que fue sometido no conociendo a las personas que expresa la misma”. Remarcó que no intervino ni presenció los hechos de los que se había autoinculpado, pues no había salido de la casa en aquellos días, y citó a algunos testigos de descargo con la intención de que corroboraran sus declaraciones.

Para continuar la instrucción del proceso, el juez militar del juzgado nº 8 de Córdoba, Gregorio Prados Ramos, mandó una orden a la Guardia Civil de Baena para que se investigaran los nombres de las personas citadas por Rafael Monroy como miembros del Comité. En la contestación, fechada el 23 de febrero de 1939, la Guardia Civil indicó que aunque la mayoría eran de izquierdas a ninguno se le relacionaba con los hechos. En cuanto a otras personas denunciadas por Rafael Monroy, por este informe nos hemos enterado de que les “fue aplicado el bando de guerra por su oposición al triunfo del Movimiento Nacional” a Rafael Cabezas Ramírez el Sabio, la Chata, la Jaramolla y a Josefa Pulido López, a la que señalaban como presidenta de la organización anarquista FAI o de las Juventudes Libertarias. De estas cuatro personas, solo a una, La Jaramolla, la teníamos identificada como fusilada hasta el momento. Esto confirma, como ya hemos puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, que una buena parte de las víctimas de la represión franquista no dejó huella documental alguna ni se inscribió en los libros de defunciones de los registros civiles, por lo que llegar a conocer sus nombres es imposible y siempre estaremos hablando de cifras mínimas de fallecidos (365 víctimas mortales de la represión franquista hemos conseguido identificar hasta el momento en Baena durante la guerra).

Aparte del informe de la Guardia Civil, el juez recabó el testimonio de testigos de los delitos por los que Rafael Monroy se había autoinculpado. En general, estos testimonios avalaban su inocencia. Los que presenciaron la muerte del párroco de Santa María la Mayor, Bartolomé Carrillo, no lo situaban en el lugar del asesinato el día 26 de julio de 1936, y señalaron como responsable “a un tal Fontiveros”. En cuanto a los supervivientes del convento de San Francisco, Manuel Valle Pizarro, Manuel Bujalance Tarifa y Juan Navas Ariza, afirmaron que mientras estuvieron presos oyeron llamar al Caragato (apodo por el que se conocía a toda la familia de Rafael), sin que pudieran afirmar que fuera él. Juan Navas dijo que si lo viera lo reconocería, sin embargo el juez no ordenó una rueda de reconocimiento. El 11 de julio de 1940, Rafael Monroy volvió a ser interrogado por el juez. Tenía entonces 22 años, llevaba casi dos años preso y hacía año y medio que no le habían tomado declaración. De nuevo, negó todas las acusaciones, añadió que “no intervino en ningún hecho delictivo de los cometidos en aquellos días en Baena” y propuso varios testigos de descargo, a los que el juez ignoró.

Las imputaciones que realizó Rafael Monroy bajo torturas en León tuvieron unas consecuencias nefastas para una de las personas a las que citó: Adela Marín Membiela, la Adelilla, madre soltera de 44 años, ya que el juez ordenó su ingreso en la prisión provincial de Córdoba el 24 de febrero de 1939. Cuando la interrogaron pocos días después, manifestó que el 28 de julio de 1936, para protegerse del tiroteo de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga, se refugió al igual que cientos de vecinos en el convento de San Francisco. Allí permaneció debajo de una escalera, con su hijo de ocho años, hasta que lo tomaron al día siguiente. En su declaración, negó que realizara los hechos que le imputaban ni que los presenciara, ya que en San Francisco “había una multitud de gente que de un lado a otro corrían” y era imposible ver nada. Aunque el informe que presentaron la Guardia Civil y la alcaldía al juzgado señalaba que “es de opinión pública” que Adela Marín se ensañó con los presos, eso no se confirmó en la ronda de interrogatorios a los supervivientes de la matanza, pues ninguno recordaba haberla visto en el convento. Solo Juan Navas Ariza manifestó que la vio en las dependencias examinando las cestas de comida que los familiares les llevaban a los prisioneros.

A Rafael Monroy y a Adela Marín los juzgaron juntos en Córdoba el 23 de julio de 1940. Presidía el tribunal el coronel de Caballería Carlos Palanca y Martínez Fortún, un gran propietario agrícola natural de la aldea lucentina de Jauja. En la vista, el fiscal, Serafín Martínez Torres, pidió muerte por garrote vil para los dos, y el defensor, Calle Belmonte, reclusión perpetua. A ambos los condenaron a pena de muerte. A Rafael por haber participado en los crímenes de San Francisco, la violación de una joven, la muerte de un sacerdote y haber sido teniente del Ejército republicano. A Adela Marín la condenaron por haber intervenido en los asesinatos de San Francisco, aunque a ella le conmutaron la pena por reclusión militar perpetua.

Durante la guerra y la posguerra, los consejos de guerra de la España franquista se realizaban sin garantías para los acusados. Los tribunales no eran independientes pues estaban politizados, eran nombrados por el Gobierno y estaban formados por militares. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados de los encausados, quienes siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. En 1939 la posibilidad de revisión de los procesos judiciales o de las sentencias era prácticamente nula, entre otros motivos porque la ejecución del inculpado se producía a las pocas semanas de haber sido condenado. A partir del 9 de enero de 1940, una Orden sobre “detenciones y encarcelamientos” permitió la posibilidad de revisión de sentencia, que se podía ejercer por los mismos interesados sin necesidad de abogado o procurador. No obstante, en la mayoría de las ocasiones en las que vecinos de Baena se acogieron a este derecho el resultado fue negativo, pues las auditorías nunca iniciaron diligencias para atender la demanda (43 baenenses cayeron fusilados en la posguerra tras ser condenados a muerte en consejos de guerra).

Ana, la hermana monja de Rafael.

En el caso de Rafael Monroy hubo un factor determinante que jugó a su favor: tenía una hermana, Ana, que era monja en el convento de las Hijas del Patrocinio de María en Lucena, una localidad situada a una treintena de kilómetros de Baena. Ella contactó allí con un teniente jurídico, que era padre de un alumno suyo, que se encargó de guiar los trámites necesarios y de mover hilos para conseguir el indulto a cambio de 300 pesetas (el sueldo diario de un jornalero era de cinco), un dinero que el padre, Ramón Monroy Alarcón, de condición humilde, tuvo que pedir prestado. Ello explica que el sumario del consejo de guerra de Rafael Monroy, que se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 1.226, expediente 30.173) sea tan voluminoso (342 páginas) y con tantas diligencias judiciales. Es un expediente atípico, pues la maquinaria judicial de la época no solía ser tan escrupulosa, y muchos consejos de guerra eran un mero trámite donde no había afán por investigar los hechos y la culpabilidad del acusado ya se daba por supuesta.

El 3 de agosto de 1940, solo once días después de la condena a muerte, el padre de Rafael envió una carta al auditor de guerra en la que lamentaba el error judicial habido con su hijo, pues “no se movió en absoluto de su domicilio” y “en absoluto es incapaz de realizar ningún acto delictivo y mucho menos un asesinato”. Además, señalaba que el día de los crímenes de San Francisco, a las cinco de la tarde salió del pueblo con su hija Dolores y su marido y pernoctó en una huerta distante a más de cinco kilómetros. Ramón explicaba en su carta que “aunque con dolor lo exprese, bien pudiera haber habido confusión con otro hijo mío”, y apuntaba que ocho personas y las propias monjas del convento podían confirmar su versión de los hechos.

Además de esta carta al auditor de guerra, Ramón Monroy envió veinte días después, el 23 de agosto de 1940, otra misiva al teniente general de la Segunda División Militar, con sede en Sevilla. En ella le hablaba de que tenía una hija monja y de que otros dos sufrieron la “ponzoña del veneno revolucionario” (Manuel, ya condenado a 12 años y un día de cárcel, y Antonio, que “desgraciadamente figuró como secuaz de la horda”). Su argumento es que había habido una confusión en la identificación de sus hijos, aunque señalaba que la “audacia de esta confesión no puede nunca llegar al extremo de atribuir a este último [Antonio] todos y cada uno de los cargos que a Rafael le aparecen”. Para avalar su solicitud de revisión del caso, Ramón presentó ocho declaraciones escritas, autentificadas por la jefatura local de la Falange de Baena, que situaban a su hijo Rafael en la huerta de las Peñuelas o de Fernando el Soldado en el momento en que se produjeron los asesinatos de San Francisco.

La petición de Ramón Monroy surtió efecto un par de meses después. El auditor de guerra emitió un informe, el 28 de octubre de 1940, en el que señalaba que en el procedimiento del consejo de guerra de Rafael se observaban “defectos procesales que por su importancia implican vicios de nulidad, tales son: no estar identificada la verdadera personalidad del procesado y si fue en efecto miembro del comité o si era un hermano suyo, también de apodo Caragato, llamado Antonio, que al parecer se halla en un campo de concentración en Rentería. Por todo ello, tengo el honor de proponer la devolución de lo actuado y que el juez instructor subsane los defectos expresados practicando las diligencias necesarias para identificar la personalidad del condenado”.

Tras el mandato del auditor, el juez instructor de Córdoba inició nuevas diligencias. En principio, tomó declaración el 22 de mayo de 1941 a dos monjas supervivientes de la matanza del convento de San Francisco: Exaltación Sarrigorri y Julia Lerena Ramírez. Las dos señalaron que quien se reunía con los miembros del Comité era Antonio, de 19 años, a quien sor Exaltación definía como un “individuo alto, de pésimos antecedentes e instintos sanguinarios”. También indicaron que en los primeros días visitó el convento un hermano de Antonio, al que pusieron de guardián en las puertas, que se “portó perfectamente con las religiosas de la comunidad”. Este otro hermano, del que las religiosas hablaban tan bien y desconocían su nombre, era Manuel, condenado a 12 años de reclusión en julio de 1940, que cumpliría en las cárceles de Astorga (León), Burgos, Córdoba y El Puerto de Santa María (Cádiz) hasta que obtuvo la libertad condicional en enero de 1943.

En su declaración, la monja Julia Lerena añadió que no tenía “conocimiento de que se cometieran abusos deshonestos con las mujeres que había detenidas” en el convento. Los posibles abusos sexuales o maltratos contra las presas fueron desmentidos también de manera categórica por otra testigo, Isabel López Priego, que había conseguido sobrevivir escondida debajo de una cama de la habitación donde estaba recluida en el convento. Manifestó “que no conoce a ninguno de los llamados Caragatos, ni a la llamada Adela Marín Membiela, y que solamente veía entrar a la Capachera y su hija, las que se limitaban a entrar a llevar las comidas, sin que les hicieran objeto de maltrato alguno. Que desde luego, ni la dicente, ni ninguna de las otras mujeres que estaban detenidas en San Francisco fueron objeto de abuso deshonesto alguno ni de malos tratos de obra, limitándose los rojos a obligarlas a que portearan el agua de un nacimiento que había en el sitio llamado San Marcos”.

Aparte de estas declaraciones que desmentían que hubiera habido abusos sexuales o violaciones en el convento, otros testimonios recabados por el nuevo juez instructor también respaldaban la inocencia de Rafael Monroy. Todos lo situaban huido de Baena, en la huerta de Fernando el Soldado, durante la tarde y la noche del día 28 de julio de 1936, así que era imposible que hubiera participado en los asesinatos, pues según informes emitidos en julio de 1942 por el comandante de puesto de la Guardia Civil y el alcalde los crímenes de San Francisco se habían producido entre las 20 y las 23 horas. Unos meses antes, el 16 de enero de 1942, el juez instructor y teniente de Caballería Bernardo Cruz Vázquez ya había emitido un informe en el que, a la luz de todo lo investigado, exponía que el “verdadero dirigente” y miembro del Comité en San Francisco no era Rafael, sino su hermano Antonio. Además, otro informe emitido por la Falange afirmaba que Rafael era de la CNT, pero de “buena conducta, trabajador”, y que “durante el Movimiento no intervino en nada, marchó con su familia al campo, sin que se tengan noticias [de que] interviniera en ningún hecho delictivo”.

Mientras se producía la nueva fase de instrucción del proceso judicial, Rafael Monroy sufrió la política franquista del “turismo penitenciario”, que consistía en trasladar a los presos a localidades muy alejadas de sus lugares de residencia, lo que impedía el contacto con sus familias y dificultaba enormemente los envíos de comida, muy necesarios para la supervivencia en las cárceles. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir y más del doble si lleva una actividad moderada, por lo que surgían enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Rafael Monroy pasó el 1 de julio de 1941 desde la cárcel de Córdoba a la Prisión Central de Astorga (León), a finales de año a la de Burgos y de aquí lo trasladaron de nuevo a la Prisión Provincial de Córdoba al año siguiente para estar a disposición del juez que llevaba su caso.

Cuando testificó de nuevo en Córdoba ante el juez instructor Bernardo Cruz Vázquez, el 4 de agosto de 1942, más de dos años después de haber sido condenado a muerte, Rafael Monroy ya fue más explícito manifestando que los “castigos” y las “coacciones” de la Guardia Civil en León le habían obligado autoinculparse y a acusar a otros, y que todo era falso. Dijo, textualmente, “que cuando le tomaron declaración en el campo de prisioneros fue coaccionado por la Guardia Civil para que firmase la declaración y ante el temor de que lo volviesen a castigar más puso la firma y rúbrica sin saber el contenido de la declaración, como así mismo fue obligado a declarar que Adela Marín Membiela, la Chata y la Jaramolla tomaron parte en dichos crímenes, cuando él no estaba allí ni sabe si las mismas estaban o no, pero que por quitarse el castigo de encima pronunció sus nombres que fueron los primeros que le vinieron a la imaginación”.

Antonio, hermano de Rafael.

Aprovechando este interrogatorio, el juez instructor intentó conocer el paradero de Antonio, el hermano de Rafael con el que al parecer se le había confundido. Rafael le manifestó al juez que sabía por otro recluso, Antonio Muñoz González, preso con él en ese momento en Córdoba, que había estado recluido en un batallón de trabajadores en Guipúzcoa en 1940, de donde desapareció. El juez interrogó al preso informante aquel mismo día. Este le manifestó que Antonio Monroy, de 22 años entonces, se encontraba con él en el Batallón de Trabajadores nº 142 de Guipúzcoa cuando se evadió con tres hombres más el día 4 de febrero de 1940, y nunca se supo más de él aunque salieron los guardias a buscarlos. La información oficial que el juez obtuvo sobre Antonio Monroy no aportó nuevos datos al respecto, solo información sobre su pasado. Según un informe de la Jefatura de Campos de Concentración de Prisioneros y Presentados de noviembre de 1942, Antonio Monroy había servido en la 189 Brigada Mixta del Ejército republicano, estuvo internado al finalizar la guerra en el campo de concentración cordobés de La Granjuela, de donde pasó al de Rota (Cádiz) el 5 de agosto de 1939, y el 26 del mismo año y mes a Miranda de Ebro (Burgos). Lo que le ocurrió tras su evasión del campo, situado en el pueblo de Rentería, sigue siendo un misterio para su familia y para la historia.

Como la instrucción del proceso judicial se iba alargando, en septiembre de 1942 apareció un nuevo juez en escena, Manuel Yuste Cubero. Este convocó una rueda de reconocimiento con siete presos de aspecto semejante y vestidos de similar forma que Rafael Monroy. Los dos supervivientes de la matanza del convento de San Francisco que asistieron a ella, Manuel Salamanca Ayala y Juan Navas Ariza, no lo reconocieron como una de las personas que estuviera en el convento o participara en los asesinatos. Ante las pruebas tan contundentes que avalaban su inocencia, el fiscal emitió un informe en el que reconocía que el acusado “no intervino en los hechos y que su actuación se limitó a ingresar en el Ejército marxista, donde alcanzó la graduación de teniente”. En vista del informe, el juez decretó el 29 de septiembre de 1943 la libertad provisional de Rafael Monroy. Para entonces llevaba preso casi cuatro años, desde el 15 de noviembre de 1938, y había cumplido los 25 años de edad en la cárcel.

La vista del nuevo consejo de guerra contra Rafael Monroy y Adela Marín Membiela —quien ya había pasado por la prisión Central de Burgos y se encontraba ahora otra vez en la de Córdoba— se celebró el 29 de julio de 1944. El tribunal estuvo presidido por el coronel de Artillería José Jaudenes Rey y lo componían los vocales capitanes Federico Fraile Letona, Juan Castellano Villalta y José Salguero Castro. El fiscal Isidoro Valverde Meana pidió quince años de cárcel para los dos acusados, y el defensor, el teniente de Artillería José Baena Rodríguez, la absolución para Adela Marín y seis años y un día para Rafael Monroy. Se les condenó a ambos a doce años y un día por el delito de auxilio a la rebelión, a pesar de que el propio tribunal reconoció que la única actuación de Rafael Monroy había sido luchar en el Ejército republicano y alcanzar el grado de teniente, sin intervenir en hechos delictivos. No tuvo que ingresar de nuevo en la cárcel, al igual que Adela Marín, y permaneció en libertad vigilada, que le obligaba a presentarse cada cierto tiempo en el cuartel, hasta que el 20 de diciembre de 1948 se le concedió el indulto definitivo.

Al ser liberado, Rafael Monroy se estableció en Baena, en la calle Pavones, pero no le daban trabajo debido a sus antecedentes. Lo encontró como contable en una almazara en Luque y en 1949 emigró a Barcelona. Con la llegada de la democracia perteneció a la Asociación de Militares de la República y a mediados de los años ochenta regresó a Baena, donde falleció.

Rafael Monroy Roldán y Josefa Pérez Rojano, casados el 16 de julio de 1945 en la iglesia de Guadalupe de Baena.

Rafael Monroy se había casado en julio de 1945, en la Iglesia de Guadalupe, con Josefa Pérez, a quien entrevisté en abril de 2014, como he señalado con anterioridad. Esta mujer me relató el primer caso de presunto robo de bebé que he escuchado en mis veinte años de entrevistas como historiador. En 1954 ella volvió sola desde Barcelona con la intención de dar a luz en Baena, donde residía su familia, pues su marido no pudo acompañarla por motivos laborales. Cuando ingresó en el hospital de Jesús Nazareno le preguntaron en reiteradas ocasiones y con insistencia por su esposo, y contestó que no había podido acompañarla porque él trabajaba en Barcelona. Su hija nació con normalidad y sana. Ella pudo verla y al poco rato se llevaron al bebé al cuarto de al lado. Horas después le dijeron que la niña había fallecido de repente y que habían aprovechado la muerte de otra persona, de la que no le aportaron su identidad, para enterrarla en su mismo féretro, con la intención de evitar trastornos y gastos a la familia. Josefa Pérez, por tanto, no pudo ver el cadáver de su hija y siempre sospechó que había algo raro en este caso. De hecho, hace pocos años, la familia comprobó que la muerte de la niña no había sido inscrita en los libros de defunciones del Registro Civil de Baena ni su nombre aparecía en los libros de cementerio como enterrada en Baena.

En este asunto concurren varias características comunes con otros casos ya documentados de padres que sufrieron robos de niños recién nacidos durante los años de la posguerra y de la dictadura franquista: familia con antecedentes republicanos, mujer que da a luz sola sin familiares directos que la acompañen, insistencia previa y reiterada de las monjas en saber dónde se encontraba el padre, ocultación del cadáver del bebé e inhumación irregular. Basándose en esos indicios, su hija Ana presentó una denuncia en 2015 que no prosperó, ya que fue archivada en junio de 2016.

Soldados lucentinos fallecidos durante la guerra civil

En los estudios que se realizan sobre la guerra civil, los historiadores tendemos a dar más relevancia a las víctimas mortales de la represión que a los muertos en acciones de guerra o en los frentes de batalla, a pesar de que se calcula que suman unos 300.000 fallecidos entre soldados republicanos y franquistas. Identificar los soldados o combatientes de una localidad fallecidos en la guerra es muy complicado porque con frecuencia la inscripción de su muerte se realizaba en el Registro Civil de la localidad donde se producía, no en la de residencia, así que para contabilizarlos tendríamos que recorrer los registros civiles de muchísimos lugares de España.

Francisco Jiménez Cantero, de 34 años, fallecido el 1 de agosto de 1936 en Puente Genil.

Cuando escribí mi primer libro sobre la guerra y la represión en Lucena, en el año 1998, ya comencé e recopilar los nombres de los soldados lucentinos muertos en los frentes de guerra, pero solo pude descubrir los del bando franquista, ya que los datos que aportaban los libros de defunciones del Registro Civil se referían en exclusiva a ellos. Creemos que nunca se registraron en Lucena los soldados que murieron prestando servicio para la República, o al menos esta circunstancia no se anotó cuando se realizó su inscripción. Según el Registro Civil de Lucena, 38 hombres (entre los que se incluyen uno de Jauja y dos de Las Navas del Selpillar) murieron en acciones de guerra. Sin embargo, a través de las fichas de afiliación a la Falange, del periódico local Ideales y de los testimonios orales obtuve los nombres de otros diez que no aparecían anotados en el Registro Civil. En total, 48 muertos en acciones de guerra mientras luchaban como combatientes o soldados del Ejército franquista.

Portada del periódico Ideales dedicada a varios lucentinos muertos en el Ejército franquista (11 de octubre de 1937).

Esta lista ha quedado totalmente desfasada en julio de 2017 debido a que el lucentino Francisco Morales me ha enviado una copia de un documento original sin fecha, extraído de los papeles de su abuelo José Morales Mellado, titulado “Relación nominal de los Caídos en esta población durante el Glorioso Movimiento Nacional”, con 115 nombres, aunque existen ocho hombres que no aparecen en ella y que yo tenía identificados. Se añaden también a esta relación dos nombres más obtenidos de los listados del Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid no registrados hasta el momento por mí, con lo que el número total de fallecidos enrolados en el Ejército franquista alcanzaría los 125. A este Santuario de la Gran Promesa, al final de la contienda, desde todas las diócesis españolas se llevaron en peregrinación los listados de los “mártires de la Santa Cruzada”, es decir, los soldados del Ejército franquista difuntos y los asesinados por la represión republicana, sin diferenciar en muchas ocasiones a unos de otros. Una página en Internet, “Los otros nombres. Héroes y mártires (1936-1939)” ha publicado los nombres custodiados en el Santuario sin apenas revisarlos, de manera que de nuevo no distingue a los difuntos en combate de los que fueron víctimas de la represión. También da lugar a otras confusiones históricas, ya que hay repeticiones de nombres (por ejemplo, la misma víctima está apuntada en municipios distintos, en el que residía y en el que murió) e incluso anota a fallecidos luchando en Rusia en la División Azul a partir de 1941.

Durante la guerra civil y la dictadura de Franco se denominaba “Caídos por Dios y por España” a todos los que habían perdido la vida a consecuencia de la represión republicana o luchando en las filas sublevadas. El primer homenaje que recibían los que habían fallecido con el “nombre de Dios y de España en los labios” –así se refería el periódico católico lucentino Ideales en su edición del 11 de octubre de 1937 a los soldados del bando franquista muertos en los frentes– era un entierro multitudinario (costeado por el Ayuntamiento, incluida la sepultura y el traslado de restos), con oficios religiosos, coronas de laurel, cierre de comercios, suspensión de espectáculos públicos, himnos con el brazo extendido, vivas y desfiles a los que asistían las autoridades civiles, militares y eclesiásticas –estas, en algunas ocasiones, con cruces alzadas–.

Antonio Escudero Jiménez, de 54 años, fallecido el 21 de octubre de 1936 en Castro del Río.

De la importancia que adquirían los homenajes a los soldados fallecidos puede servir de ejemplo el que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1937, Día de los Difuntos, cuando la Falange local rindió homenaje a sus “caídos” en el frente. Se celebró en la iglesia de Dios Padre, de la que se había hecho cargo la Sección Femenina, la organización de mujeres falangistas. Allí se instaló un catafalco cubierto con la bandera nacional y de la Falange, y sobre ellas una boina roja, un gorro de falangista y otro de soldado. Al pie, se colocó un cuadro con los soldados fallecidos rodeado por una corona de laurel y crisantemos blancos. Durante 24 horas falangistas y requetés carlistas hicieron guardia de honor, y se celebraron misas con la asistencia de las autoridades civiles y militares. El reconocimiento público también les llegó a los soldados “caídos” con la construcción de la Cruz de los Caídos en el llanete de Santo Domingo (trasladada con la llegada de la democracia a la explanada del cementerio, donde todavía se conserva sin signos políticos) o por medio de los nombres de nueve calles que aún se mantienen en el barrio de la Calzada: José Morillo Beato, Teniente Aguilar Cañete, Alférez Díaz Sánchez, Julián Guardeño Cañete, Rafael Navarro Linares, Rafael Valverde Montes, Antonio Calvo Sánchez, Antonio Escudero Jiménez y José Nieto Muñoz, este último fallecido mientras luchaba en la División Azul en 1942.

José Díaz Roldán, de 18 años, desapareció el 23 de septiembre de 1936 en la aldea de Santa Cruz.

Las recompensas para los excombatientes del Ejército franquista no solo fueron simbólicas, sino que también se materializaron en beneficios económicos. En el mes de julio de 1939, 452 hombres (285 subsidiarios y 167 adicionales) cobraban en Lucena el subsidio al excombatiente, lo que suponía un gasto para el Estado de 72.435 pesetas. Este subsidio se destinaba a ayudar, durante un periodo máximo de cuatro meses, desde la fecha de su desmovilización hasta su incorporación al trabajo, a los soldados que habían luchado en el bando franquista. También la Ley de 25 de agosto de 1939, de la Jefatura del Estado, reservaba el 80% de las plazas en la Administración para las personas del “bando nacional” (excombatientes, excautivos, mutilados, etc.), medida que se amplió a la empresa privada, con lo que antiguos servidores del nuevo régimen prácticamente coparon todos los puestos de trabajo públicos. En Lucena se adelantaron incluso a la Ley: en el mes de mayo de ese mismo año, ya encontramos solicitudes de excombatientes (avaladas por la Falange local) que, alegando su condición, solicitaban ocupar plazas en la Administración municipal.

Cruz de los Caídos, en memoria de los soldados lucentinos del bando franquista, que existía en la esquina de la plaza de los Maristas.

Cuando hablamos del Ejército republicano o del Ejército franquista hemos de tener en cuenta que los soldados que fallecieron mientras estaban alistados en ellos no tenían por qué tener esa ideología. Es verdad que algunos lucentinos, más concienciados políticamente o forzados por las circunstancias, marcharon voluntarios o se integraron en las unidades cívicas al servicio de los militares sublevados, como el Escuadrón de Caballistas Aracelitanos, que actuaron al comienzo de la contienda en incursiones en localidades de alrededor (Puente Genil, Castro del Río, Espejo, Cuevas de San Marcos, etc.). Sin embargo, la inmensa mayoría fueron movilizados por su quinta y no tenían más opción que cumplir con el llamamiento, con independencia de su ideología política. Esto explica que se produjeran con posterioridad deserciones en las líneas de frente o que soldados de ideologías republicanas o de izquierdas, como el socialista Luis Cordón Serrano, fallecieran luchando en el Ejército sublevado. La identidad de los 125 combatientes y soldados lucentinos del Ejército franquista muertos por acciones de guerra o en los frentes de batalla, más la de otros 12 soldados forasteros fallecidos o enterrados en la localidad, se puede consultar en este enlace. 

En el centro Pedro Durán Ibáñez en una fotografía de los años sesenta del siglo XX. Desertó del Ejército franquista al republicano, por lo que sufrió prisión en la posguerra.

En cuanto a los lucentinos que fallecieron en los frentes de guerra luchando a favor de la República poseemos muy pocos datos. Su número tuvo que ser muy reducido en comparación con los que defendieron la causa contraria. Como Lucena quedó bajo el dominio de los militares sublevados desde el primer día del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936, solo tuvieron ocasión de alistarse o de servir en el Ejército republicano los mozos que en ese momento realizaban el servicio militar en esa zona, los que se encontraban allí por algún motivo y los que huyeron de Lucena, Jauja y Las Navas del Selpillar a la España republicana por el temor a la represión. Entre estos últimos encontramos a varios lucentinos que llegaron a tener grado en el Ejército republicano (los tenientes Gregorio Cabezas Cañete y José Lara Ayala, el cabo Juan Cobacho Cañete y el sargento Juan Antonio Cortés Jiménez, muerto en Villa del Río) o que fueron simples soldados (Francisco Delgado Baltanás, Antonio Fuillerat Carrasco, etc.). También hubo soldados lucentinos que desertaron del Ejército franquista y se pasaron al republicano (Juan Delgado Baltanás, Francisco Fernández Cordón, José Cárdenas Ortega, Pedro Durán Ibáñez, etc.), aunque esta operación, al igual que ser prófugo (no presentarse a filas), era arriesgada porque estaba castigada con la pena de muerte.

Tenemos constancia además de que tres de los republicanos que huyeron de Lucena (el guardia municipal socialista Blas Baltanás Peláez, de 36 años; el comunista Juan Pedro Muñoz Repullo, de 37 años; y Felipe Cortés Cabello, comunista o socialista, y presidente de la Sociedad de Agricultores) no volvieron nunca y es posible que murieran como combatientes (Juan Pedro Muñoz parece que falleció en un hospital militar en Lucena del Cid, Castellón). Existen además otras dos hombres, Antonio Santaella Cañete y un varón de apellidos Muñoz Cabeza, desaparecidos durante la guerra civil, de los que ignoramos si murieron en el frente o fusilados. Por último, gracias a un reciente estudio del historiador José María García Márquez, conocemos una relación de siete soldados republicanos lucentinos muertos o desaparecidos, que se puede consultar en este enlace.

 

 

Víctimas mortales de la represión franquista en Cabra durante la guerra civil y la posguerra

Francisco Rojas López, alcalde republicano de Cabra hasta el 18 de julio de 1936.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 triunfó en Cabra con rapidez, al igual que en todas las localidades de la Subbética cordobesa. El 19 por la tarde, el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, siguiendo las órdenes recibidas desde Córdoba —donde también se habían hecho con el control los militares insurrectos— emitió el bando de guerra y destituyó el Ayuntamiento republicano, que estaba presidido por Francisco Rojas López, de Izquierda Republicana. La sublevación contó desde el primer momento en Cabra con el apoyo de los falangistas, del requeté carlista y de algunos militares, como el comandante de Caballería retirado Ramón Escofet Espinosa y el teniente de complemento Luis Pallarés Moreno. La nueva corporación municipal se constituyó el 5 de septiembre, presidida por Ángel Cruz Rueda, director del instituto Aguilar y Eslava, y en ella ejercían como gestores el médico Carlos Escofet Espinosa, los hermanos José y Ramiro Benítez Cubero, Luis Albendea Rivas, Manuel Escudero Carrasco y Manuel Muñiz López-Cordón.

El capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, comandante militar de Cabra tras el golpe de Estado.

En Cabra no hubo resistencia al golpe de Estado, lo que no impidió que se desatara una gran oleada represiva. Para entenderla, hay que tener en cuenta que dos meses antes de la rebelión, el director de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, en las “instrucciones reservadas” emitidas a los otros militares conjurados ya había advertido textualmente de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En consecuencia, las llamadas a la violencia serían generalizadas desde el mismo 18 de julio. El general Franco, en su bando de guerra de aquel día, exigía “inexcusablemente que los castigos” fueran “ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días después, el 27, en una entrevista, cuando el periodista Jay Allen le advirtió de que para conseguir sus objetivos tendría que “matar a media España”, él respondió que los lograría al “precio” que fuera. La llamada a la violencia fue tan descarada que el día 23 de julio, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur, incitaba al uso de la violación como arma de guerra de la siguiente manera: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

En los lugares de España que quedaron en poder de los sublevados se siguieron fielmente estos mandatos represivos de las autoridades militares, y Andalucía fue la comunidad donde con mayor virulencia se aplicaron. Aquí, la represión franquista segó la vida de 47.399 personas frente a las 8.367 víctimas mortales causadas por la represión republicana, de acuerdo con las cifras publicadas por el historiador Francisco Espinosa Maestre en el libro Violencia roja y azul. España 1936-1950 (página 78) en el año 2010. Mientras, en la provincia de Córdoba la represión franquista ocasionó 11.582 muertos y la republicana 2.346, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez. Este último autor es el referente fundamental para el estudio de la guerra y la represión en nuestra provincia desde que iniciara sus publicaciones sobre el tema, en el año 1982, con varias monografías. Este asunto lo aborda, por ejemplo, en uno de sus últimos libros, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, publicado en 2008, del que hemos extraído en buena medida la información sobre Cabra (páginas 268-273).

Zona del cementerio de Cabra, hace unos años, donde se cree que se sitúa la fosa común de los fusilados durante la guerra civil.

Según las estimaciones de Francisco Moreno, la represión franquista segó en Cabra la vida de unas setenta personas, aunque algunos testimonio orales hablan de hasta cien muertos. Este historiador consultó los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente natural para conocer el número de fallecidos durante un periodo histórico, y contabilizó a 28 víctimas entre los años 1936 y 1950 “a consecuencia de la fenecida guerra contra el marxismo”. En el Registro Civil de Córdoba capital hay registradas siete personas más, incluidas dos mujeres. Todas estas víctimas se inscribieron fuera del plazo legal para hacerlo, años después de que se produjeran las muertes. Por otro lado, en los expedientes de prisión de la cárcel de Córdoba que se conservan en el Archivo Histórico Provincial se anotan otros seis fallecidos, no contabilizados por Francisco Moreno, todos caídos en una saca el 7 de noviembre de 1936. También conocemos, por medio de testimonios orales, a otras 12 personas por datos incompletos o apodos, por lo que la cifra documentada y mínima por el momento es de 53 fusilados en 1936.

Los libros de defunciones de los registros civiles presentan múltiples lagunas y no reflejan la realidad represiva de aquellos años, pues muchos de los asesinados se inscribieron falseando la causa de la defunción o se quedaron sin anotar, debido a que las familias no realizaron el trámite por miedo, por las trabas burocráticas o porque emigraron de la localidad. Es decir, que en muchas localidades el Registro Civil no recoge ni la mitad de los nombres de los fusilados (en Cabra no están registrados 18 de los al menos 53 asesinados, un 33%). Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos para siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Miguel Moreno Antequera, de 52 años, fusilado el 24 de agosto de 1936 en el término de Monturque. Sobrevivió y fue rematado.

Si sus familiares no asentaban a los fusilados en el Registro Civil, conocer su identidad es hoy en día muy complicado, porque han desaparecido los testigos y porque los asesinados no dejaron rastro documental alguno, ya que no tuvieron juicio previo ni tampoco se anotaron en los libros de cementerios, pues eran enterrados de manera ilegal. Por ello resulta tan valioso que en 1983 el historiador Francisco Moreno Gómez recibiera el testimonio de dos vecinos de Cabra, Jaime Pérez-Aranda Rojas y José Moreno Peña, que le aportaron nombres e información sobre lo ocurrido. Este último, además, le entregó una lista, a la que hemos hecho referencia anteriormente, de 12 nombres o apodos de personas que no estaban inscritas en el Registro Civil. En Cabra los presos eran sacados desde la cárcel de la calle Cervantes para ser fusilados en el cementerio y en las carreteras, sobre todo en la de Monturque, en la que iba de esta localidad a Lucena y en Córdoba capital, una ciudad donde cayeron abatidos alrededor de un tercio de ellos. En el testimonio que aportaron al historiador Francisco Moreno los dos vecinos antes citados, le hablaron de un gran fusilamiento en esta carretera de Monturque el día 25 de agosto de 1936 en el que perecieron 17 hombres. Dos de ellos quedaron vivos y se refugiaron en un cortijo donde los curaron, pero los descubrieron y los llevaron a rematar de nuevo. Uno se llamaba Miguel Moreno Antequera, de 52 años de edad. Otro, Antonio Morillo, que era cabrero, sobrevivió y pasó a zona republicana.

El tema de la represión franquista en Cabra, que estaba recluido fundamentalmente en los libros de historia y en la memoria de los familiares de las víctimas, recobró vida con la Orden de 24 de marzo de 2017 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la indagación-localización, exhumación e identificación genética de los restos humanos de posibles fosas comunes en Monturque. Esta Orden respondía a la petición de un par de familias egabrenses a la Dirección General de Memoria Democrática. La intervención, que se inició en el mes de junio de 2017, no tuvo éxito en la zona de la finca de la Estacada de los Muertos (adonde llevaron a fusilar también a gente de la zona de Priego de Córdoba), pero sí en una antigua cantera limítrofe entre los términos municipales de Monturque y Lucena. Con el permiso de los dueños de la finca, hoy convertida en olivar, el equipo de  excavación estuvo dirigido por el arqueólogo Andrés Fernández Martín. También contó con el apoyo material y humano de Ayuntamiento de Monturque y de su alcaldesa, Tere Romero, y de las orientaciones del Francisco Luque Jiménez, cronista local y autor del libro Monturque durante la guerra civil (1936-1939), publicado en 2009.

De la fosa de Monturque se extrajeron siete cuerpos a los que en este momento se les está realizando un estudio antropológico que permita su identificación. Aquellas familias que consideren o sospechen que los restos de sus seres queridos podrían haber estado ahí sepultados, deben de ponerse en contacto con la delegación en Córdoba de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. La oficina provincial de atención a las víctimas la dirige Manuel Aguilar Germán. Su teléfono es 600 163 510. Su correo electrónico: maguilar@gmail.com. La dirección de la oficina en Córdoba es: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. C/ San Felipe Neri nº 5. Debería dirigirse a este organismo cualquier familiar de fusilado (sea de Cabra o no) con la finalidad de solicitar una prueba de ADN que pase a formar parte del banco de muestras que se está recogiendo para futuras identificaciones. Hemos de tener en cuanta que en el mes de noviembre de 2018 comenzarán las intervenciones también en las fosas comunes de los dos cementerios de Córdoba (San Rafael y Nuestra Señora de la Salud), donde se encuentran enterrados bastantes egabrenses represaliados. Por ello, las muestras de ADN recogidas a los familiares serán fundamentales para poder poner nombre y apellidos a los restos humanos que se recuperen.

Restos de siete personas encontrados en la fosa común de la carretera de Monturque a Lucena. Foto: Arcángel Bedmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de los al menos 53 egabrenses fusilados en 1936, la represión franquista segó la vida de un mínimo de nueve vecinos más en posguerra. Dos cayeron fusilados en Castro del Río y Córdoba (1.102 personas murieron fusiladas en la provincia de Córdoba tras la guerra civil). Otros seis egebrenses murieron en las dos prisiones de Córdoba capital: la provincial y la habilitada en la carretera de Los Pedroches. La mortalidad entre los internos fue extrema en estas dos cárceles cordobesas. Según las investigaciones de Francisco Moreno Gómez, solo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (756 murieron hasta 1950) de las 3.500 o 4000 que había internadas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho, en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. Para entender estas cifras, hemos de tener en cuenta que, según cifras oficiales, en las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde eran sometidos a trabajos forzados.

El casi medio millón de refugiados que salió de España hacia el exilio en 1939 no tuvo mejor destino que muchos de los que se quedaron aquí. Al menos 14.617 refugiados murieron en los campos de concentración franceses de hambre, frío y enfermedades en los seis meses posteriores a la guerra civil. Otros 9.328 españoles acabaron internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334. La mayoría de los españoles apresados por los nazis en Francia acabaron en Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria. Se calcula que entre 1938 y 1945 murieron allí un mínimo de 127.767 personas de diversas nacionalidades, según un estudio oficial austriaco, aunque algunos investigadores sitúan las cifras en varias decenas de miles más.

De los fallecidos en los campos nazis, 238 procedían de la provincia de Córdoba (más ocho desaparecidos). Uno era vecino de Cabra y se llamaba Luis Romero Rubio, por lo que nos detendremos algo en su odisea. Al igual que otros 80.000 españoles se había alistado en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas unidades militarizadas de unos 250 hombres mandadas por oficiales franceses en las que se debían encuadrar de manera obligatoria todos los varones de entre 20 y 48 años que se encontraban en los campos de concentración franceses.

Luis Romero Rubio, junto a otros 12.000 españoles, fue destinado a la zona de la línea defensiva Maginot y tras la invasión alemana cayó capturado por los nazis entre el 20 y el 26 de junio de 1940 en Sant-Dié, una localidad del Departamento de Vosgos, situado en el noreste de Francia. Hasta el 11 de diciembre permaneció en el campo francés de prisioneros de guerra V-D de Estrasburgo, de donde partió el 11 de diciembre en tren, sin saber su destino, junto a un contingente en el que marchaban 847 españoles. Los deportados viajaron en vagones dedicados al transporte de ganado, sin comida ni bebida, sin poder dormir y haciendo sus necesidades dentro del propio vagón. El convoy llegó tres días y dos noches después, cerca de las dos de la madrugada del 13 de diciembre, a la estación de Mauthausen. Desde allí, con una temperatura que rondaba los 20-25 grados bajo cero, bajo la vigilancia de las SS (la policía del partido nazi) y sus perros, comenzaron a andar entre la nieve hacia el campo de exterminio, situado a unos seis kilómetros. Varios españoles, debilitados por el viaje, murieron en el trayecto. Ya en el recinto, los obligaron a desnudarse, los ducharon con agua helada, los raparon, los desinfectaron y les entregaron el uniforme a rayas en el que aparecía un triángulo azul de apátrida y una “s” de color blanco de spanien (español).

De los 847 españoles que viajaron en este convoy, el 59% no logró sobrevivir al infierno nazi antes de la liberación del campo en mayo de 1945. Entre los fallecidos se encontraba Luis Romero, que murió en el subcampo de Steyr el 23 de octubre de 1942, con 45 años. A pesar de los requerimientos que realizó en varias ocasiones la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no se preocuparon de que a estos españoles presos en los stalag y en los campos nazis se les pudiera repatriar o se les diera el estatus de prisioneros de guerra (condición que poseían según la Convención de Ginebra), lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El testimonio de Antonio Cruz Navas sobre la matanza del 29 de julio de 1936 en Baena

La rebelión militar contra la II República comenzó en Córdoba capital a las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División —que comprendía las ocho provincias andaluzas— recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de Correos, Telégrafos y Telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas para sumarse a la rebelión encontraron un amplio eco, pues la sublevación triunfó en 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

Siguiendo el mandato recibido desde Córdoba, en la tarde noche del sábado 18 de julio se organizaron en Baena patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el Ayuntamiento, el edificio de la Telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe de Estado se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los cortijos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. Tras varios días de refriegas, el 28 de julio los golpistas estaban próximos a sucumbir. Sin embargo, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos.

Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena el 28 de julio de 1936 no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron en las calles y en las casas una auténtica carnicería contra la población civil indefensa. De hecho, sus acciones (el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población civil) hoy se catalogarían como crímenes de guerra. Esta represión salvaje, premeditada y ejercida por los mandos militares, seguía la consigna del director de la conspiración, el general Emilio Mola, que ya había advertido dos meses antes del golpe de Estado de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. Un documento del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 105, expediente 2.951) nos da idea del terror que se vivió en Baena aquel 28 de julio a través del testimonio, recogido solo trece días después, de dos jóvenes mujeres que se encontraban en el hospital recuperándose de las heridas del ataque:

Declaración de Rosa Peña Rodríguez, de 17 años: “Fue herida el día 28 de julio último encontrándose en casa de su tía donde llegó un moro tirando tiros, tal vez también alguna bomba, siendo alcanzada en la pierna derecha. Que en la misma casa mataron también a dos o tres hombres e hirieron a otra mujer. Manifiesta que desde la casa en que se encontraba no se hizo disparo alguno por la gente de la misma pues no tenían armas”.

Declaración de Remedios Portero Amo, de 20 años: “Fue herida el día 28 de julio por tres moros que llegaron a su casa tirando tiros, hiriendo a la declarante en ambas piernas, matando a su hermano, a su cuñado y a otras dos mujeres de la calle que se encontraban en la casa. Que no hubo refriega en la calle entre la fuerza pública y los paisanos. Que dichos moros después de ocurrir lo ya manifestado se llevaron todo lo que tenían en la casa incluso el pan y el dinero sin poder precisar la cantidad”.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena.

Además de dedicarse a rapiñar y asesinar, las fuerzas del coronel Eduardo Sáenz Buruaga avanzaron por el pueblo apresando a muchos vecinos, a los que arrastraron por las calles y concentraron en el Paseo, donde los obligaron a ponerse boca abajo en el suelo, formando filas. A ellos se les añadieron otros muchos que se congregaron allí porque se dio la orden general de que todos los varones subieran con un pañuelo blanco. En la plaza se realizó una rápida selección. Unos conseguían, a través de sus ruegos o de un golpe de suerte, ser avalados —o “garantizados”, que es la palabra precisa que recoge siempre la documentación de la época— por algún guardia civil o vecino de derechas, les ponían un sello en el pañuelo blanco que debían usar como brazalete y quedaban libres. Sin embargo, los que no lograban el aval recibían un disparo en la nuca. Asesinaron también a los rehenes que el teniente mantenía en el cuartel, cuyos cuerpos arrojaron desde la azotea. Desconocemos el número exacto de personas que murieron ese día. Muchos de estos fallecidos, como ocurrió con una buena parte de las víctimas de la represión franquista en toda España, quedaron sin inscribir en los libros de defunciones del Registro Civil de Baena, que señala la muerte de 135 personas entre el 19 y el 29 de julio de 1936 en una localidad que entonces tenía algo más de 23.000 habitantes (nuestras investigaciones han documentado la existencia de al menos 369 víctimas mortales de la represión franquista durante toda la guerra, más 77 en posguerra, lo que suma 446 fallecidos).

La matanza del Paseo tuvo un efecto colateral terrible en el convento de San Francisco, donde se encontraban recluidos derechistas y familiares de los que se habían sublevado con la Guardia Civil. Estos apresamientos se habían realizado días antes por decisión del Comité republicano, formado en su mayoría por anarquistas, en respuesta a la amenaza del teniente Pascual Sánchez Ramírez de asesinar a los rehenes y familiares de republicanos que él mantenía en su poder. El día 27 el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente se negó. El día 28 por la noche, después de la matanza cometida por las tropas del general Sáenz de Buruaga en el Paseo, en venganza se produjo el asesinato en el convento de San Francisco de 73 rehenes (otros 81 consiguieron sobrevivir), un abominable crimen realizado por un número reducido de desalmados en medio del descontrol del momento, mientras las fuerzas de Sáenz de Buruaga intentaban tomar el convento y los republicanos huían en desbandada.

Volviendo a la represión cometida por los militares sublevados, hasta hace muy poco se pensaba que en el Paseo de Baena solo hubo una gran matanza, durante el 28 de julio de 1936, cuando la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga tomó el pueblo. Sin embargo, esa historia cambió en el año 2014 gracias a las memorias redactadas en 1942 por un testigo, Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil y comandante de puesto en la pedanía baenense de Albendín. Por su testimonio tuvimos la primera noticia escrita de que el día 29 de julio de 1936 hubo en el Paseo de Baena una carnicería similar a la del día anterior. El cabo Manuel Hernández se refería a lo ocurrido ese día de esta manera:

Por la mañana siguiente, día 29, se hizo una terrible selección del personal que durante la noche anterior llenó el edificio del Ayuntamiento. Para ello, y como si de una feria de ganados se tratase, se iban colocando en dos grandes filas aquellos desgraciados. Otros convecinos suyos llamaban a uno y decían: “Este allí”. Allí era su posible salvación, porque engrosaba una hilera de los que en el cuartel se les estampaba en un pañuelo sujeto al brazo el sello del Puesto, salvoconducto que de momento los hacía libres, sin perjuicio de ulteriores resultas. De otros decían: “Este ahí”. Este ahí era la escalinata del Paseo, en cuyas gradas esperaban ansiosos de sangre cuatro moros que apenas daban tiempo al elegido para echarse de bruces sobre la arena según la prisa que tenían por dispararle el tiro en la nuca sin necesidad de apuntar…

El testimonio del cabo Manuel Hernández, el único que teníamos hasta ahora de la masacre del 29 de julio, se ha visto corroborado por un cuaderno de memorias redactado por Antonio Cruz Navas y que me ha entregado su nieta Celia Ochavo Cruz, residente en Barcelona. Antonio nació en Baena en 1905 y con cinco años comenzó a trabajar en el campo, sin ir a la escuela. De formación autodidacta, intentó ser cartero, pero al final consiguió una plaza de manguero (persona encargada de manejar las mangas o bocas de riego) en el Ayuntamiento. Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenía 30 años y vivía en una casa en el Arco de la Villa. Su mujer se llamaba Manuela Cobo Pérez y tenían entonces cuatro hijos: José, Vicente, Trinidad y Antonio.

Antonio Cruz Navas durante la realización del servicio militar.

Antonio Cruz Navas escribe sus memorias en abril de 1983, 46 años después de que ocurrieran los hechos a que nos referimos, cuando él tenía 76 años. Ello explica que cometa un error en la fecha de la entrada de la columna de Sáenz de Buruaga en Baena, que sitúa el día 27. Así que cuando se refiere en su cuaderno a lo sucedido al día siguiente, el 28, está claro que en realidad está hablando del 29, pues dice que él no sale a la calle hasta un día después de la entrada de “los moros” en Baena. Su testimonio, que tiene rasgos bastante dramáticos, resulta muy fiable porque no solo es testigo, sino también víctima en los sucesos que narra. De hecho, consigue salvar la vida por un golpe de suerte. No tuvo la misma fortuna su vecino Rafael Arroyo, uno de los asesinados el 29 de julio. No sabíamos de su muerte hasta que él lo cita, lo que demuestra una vez más que muchas de las víctimas de la represión franquista no han dejado rastro documental alguno y que conocer su identidad es una tarea muy complicada.

En esta entrada del blog solo vamos a recoger las palabras de Antonio referidas al periodo comprendido entre el 18 de julio, fecha del golpe militar, y el 6 de agosto de 1936. Este día, una columna republicana del general José Miaja intentó tomar Baena, pero las tropas recibieron la orden de retirada al día siguiente por la mañana y la localidad ya quedó de manera definitiva, durante los tres años de guerra, en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

La caligrafía de Antonio resulta a veces complicada, aunque hemos conseguido entender casi todo lo que escribe. A la hora de publicar su texto hemos realizado algunas modificaciones en sus palabras, como la eliminación de las faltas de ortografía, la colocación de tildes y la sustitución en varias ocasiones de la conjunción copulativa “y”, que él utiliza continuamente para unir unas frases con otras, por comas o puntos. El testimonio de Antonio es el siguiente:

Con fecha 18 de julio de 1936 estalló el Movimiento Nacional y en la tarde del 18, cuando terminé la faena, me fui a mi casa como de costumbre, sin yo saber nada. Por la mañana, cuando intenté salir de casa se me hizo imposible porque nos encontrábamos entre dos fuegos. Pensamos todos los vecinos del barrio pasarnos al Horno de las Monjas, que era un edificio más grande y estábamos más reservados de las balas, y allí estuvimos sin salir para nada hasta el 28 de julio del mismo mes y año. El 27 fue cuando entraron los moros en Baena y hasta el 28 por la mañana no pude salir. Tenía que presentarme al que hacía como comandante de puesto [de la Guardia Civil] y yo, como funcionario del Ayuntamiento, tenía que presentarme y me presenté. Iba conmigo Santiago Albendín Triguero.

Al llegar al Arco de la Carrera nos tropezamos con un grupo de cuatro muy bien armados con rifles. Nos pusieron manos en alto y nos encerraron en el ayuntamiento.  Antes de entrar en el ayuntamiento había una casa que no pude precisar los difuntos que había y después por las ventanas se veían muchos cadáveres, y uno fusilando continuamente muchos más. Dentro del ayuntamiento nos encontramos un número muy grande que tampoco puedo [decir] las personas que nos encontrábamos. Tenían unas listas que los iban nombrando y los sacaban y en el paseo los obligaban a que se tendieran boca abajo y les daban un tiro en la nuca. Cuando se les terminaron las listas, abrieron las puertas del ayuntamiento y nos pusieron en cuatro filas la calle arriba que pasábamos de la posada de la Carrera. Un grupo de paisanos y con ellos dos guardias civiles nos hacían que dijéramos a voces lo que ellos querían. El que callaba y no decía lo que ellos querrían lo sacaban de la fila y lo obligaban a que se tendiera boca abajo delante de nosotros y le daban el tiro en la nuca.

Cuando se cansaron íbamos uno a uno entrando en el cuartel para que nos pusieran un sello de garantía y el que no tenía quien lo garantizara lo apartaban del pelotón para fusilarlo. Cuando por mi turno entré en el cuartel me presenté a un guardia joven de un cuerpo móvil de la Guardia Civil. Me preguntó que a mí quién me garantizaba. Le contesté que si él no sabía quién yo era, que me había visto todos los días y que esto sería suficiente. Me contestó muy serio que yo sería uno de los muchos y me apartó al pelotón de los que fusilaban. Encontrándome en dicho pelotón, los sacaban sin saber adónde y estos no tenían vuelta. Estando en el pelotón pasó por delante de nosotros un cabo de la Guardia Civil que se llamaba el cabo Hernández [José Hernández Conesa]. Se encontraba con nosotros un tal Rafael Arroyo, vecino mío de toda la vida. Dijo que tenía sed y el cabo le contestó que él le traería agua. Al rato volvió y preguntó que quién era el señor que tenía sed, que saliera del pelotón. Salió y con un garrote que tenía en la mano le dio en la frente y de allí se lo llevaron al camión de los difuntos, y yo esperando que conmigo hicieran lo mismo.

En aquel momento pasó por delante de nosotros un tal Rafael Tejero, que era el sacristán de la parroquia mayor. Me preguntó que qué hacía yo en aquel pelotón y le contesté que no sabía. Él me contestó que yo tranquilo, que a mí no me pasaba nada. Al cabo de mucho rato se presentó un brigada de la Guardia Civil que últimamente había estado en Baena de puesto y en aquella fecha se encontraba de destino en Espejo, pero le cogió con permiso en Baena y este señor fue mi salvación. Me cogió del brazo y me presentó al guardia para que me pusieran el sello de garantía, pero el guardia no quería ponerme el sello, pero el brigada como era superior le dijo que me lo pusiera el sello. Cuando me lo puso salí del cuartel más que deprisa, en segundos, y en aquel momento me hacía cuentas de que había nacido. Al salir ya pasando el Arco de la Carrera me tropecé con mi señora, la cual que me dijo que venía en busca mía porque hasta le habían dicho que a mí me habían fusilado, y le contesté “no hija, que estoy aquí”. Nos fuimos juntos para la casa y aquel día no quise salir a ningún sitio.

A otro día, 29 de julio, voy a presentarme al comandante de puesto [teniente Pascual Sánchez Ramírez] como empleado del Ayuntamiento y cuando yo me presenté ya se habían presentado compañeros del servicio de limpieza. Salió el sargento de la Guardia Civil [Fidel Sánchez Valiente de la Rica] y nos dijo si estábamos todos los de la limpieza y le contestamos que aún faltábamos algunos. Nos contestó que con nosotros era bastante, que cogiéramos las escobas y mangueras, y lo primero hacer la limpieza del cuartel, y cuando termináramos nos cogerían uno por uno y nos fusilarían, que era lo que nos merecíamos. Como las aguas se encontraban cortadas, y para evitar el polvo teníamos que salir a la calle a por agua para regar un poco el suelo, algunos compañeros salieron a por agua y (…) a lo que el sargento había dicho. Los que quedamos allí terminamos la limpieza y a última hora nos dijo el sargento que nos marcháramos y a otro día por la mañana que nos presentáramos y él nos diría qué teníamos que hacer.

Ya aquella noche no dormí pensando si me presentaba o no, pero al fin me decidí y me presenté, y otros tres más. Ya nos dijo el sargento todo cuanto teníamos que hacer, pero todo con una seriedad y puntualidad, y cuando no lo hiciéramos el fin de nosotros sería quitarnos la vida. Lo primero que nos ordenó [fue] que teníamos que regar y barrer todos los días toda la redonda del paseo, puerta del cuartel, ayuntamiento, telefónica y casino de los señores. De esta forma estuvimos haciendo el servicio que nos ordenó por espacio de dos semanas y después nos ordenó otra clase de servicio por todas las calles del pueblo, bastante comprometido, por las muchas casas que (…) y el peligro diariamente que teníamos. Un día de dicho mes, no recuerdo la fecha, en el mes de agosto vinieron de Castro del Río los milicianos con intención de tomar el pueblo. Nos cogió regando en la calle Nueva y tuvimos que abandonar el servicio y nos fuimos cada uno a su casa. Cuando tocaron la retirada sin estar el pueblo tomado nos marchamos unos por un lado y otros por otro, y no quedó nadie en el pueblo. Yo y mi familia nos fuimos al campo y volvimos al pueblo otra vez a los dos días para presentarme otra vez a mi puesto…

Páginas del cuaderno de memorias de Antonio Cruz Navas, escritas en abril de 1983.

Hasta aquí publicamos las palabras textuales de Antonio Cruz Navas. A continuación, en su cuaderno cuenta que al día siguiente de regresar a Baena le encomendaron “recoger los difuntos que se encontraban fuera del pueblo del día que atacaron los milicianos de Castro del Río”, que llevaban en descomposición cuatro días al pleno sol en el mes de agosto. Aquella misma tarde, tras “percibir los malos olores” comenzó a “devolver y a ensuciar”, y a las 12 de la noche perdió el conocimiento. Su mujer fue al cuartel de la Guardia Civil en busca de un médico y le dijeron que aguantara hasta el día siguiente. Por la mañana lo trasladaron en un sillón, entre cuatro vecinos, hasta la Casa de Socorro, donde le administraron un litro de suero para combatir la deshidratación y le aconsejaron que lo llevaran al hospital. Allí, las monjas le preguntaron a la mujer qué enfermedad traía su marido. Al responderle que cólera, le dijeron que era “una cosa mala para poderlo atender”. Así que regresaron de nuevo a su casa. Permaneció en cama quince días inconsciente, “sin hablar ni nada”, y tardó otros quince días más en recuperarse. Mientras se encontraba enfermo, aparecieron dos guardias civiles con la intención de detenerlo por no haberse presentado al trabajo, pero viendo el estado en el que se encontraba, lo dejaron en la cama. Restablecido, de nuevo se incorporó al trabajo, aunque “cada día sufriendo más por las nuevas exigencias que diariamente nos mandaban y las malas palabras que continuamente nos decían”.

Antonio Cruz Navas en una fotografía de la época en que escribió sus memorias.

Antonio Cruz siguió trabajando de empleado municipal hasta el día tres de noviembre de 1936, fecha en la que le comunicaron su cese desde el Ayuntamiento, ya que se vio afectado por el proceso de depuración que se aplicó en toda la España franquista a los funcionarios públicos cuya ideología, según las nuevas autoridades, no coincidía con la del Glorioso Movimiento Nacional. A partir de aquel momento siempre evitó volver a pisar el Paseo de Baena, con la intención de no recordar lo que había ocurrido allí. Para poder sobrevivir, se dedicó a la recolección de la aceituna y en los años siguientes trabajó en diversas labores agrícolas. Su familia aumentó con cuatro hijos más: Rosario, Manuel, María del Carmen y Guadalupe. También sufrió la pérdida de un hermano, José, exterminado en Austria en el campo nazi de Mauthausen en octubre de 1941. En 1961, con 56 años, emigró a Santa Coloma de Gramanet, una enorme ciudad del cinturón industrial de Barcelona con una población mayoritariamente inmigrante, donde se empleó como albañil. En Cataluña acabaron viviendo también siete de sus ocho hijos (todos menos Vicente, que permaneció en Baena). Antonio Cruz Navas murió en Santa Coloma de Gramanet, el lugar donde escribió las memorias que hoy publicamos, el 31 de diciembre de 2001, con 96 años y una lucidez mental extraordinaria.

Información adicional:

 

Fernando Durán Cortés, fusilado en Hornachuelos en 1936

A principios de este año, el gaditano Manuel Almisas Albéndiz, una persona comprometida con la memoria histórica, me envió un vídeo de 18 minutos de duración que se puede visionar en este enlace. En él aparece María Luisa Durán Calderón contando el fusilamiento de su padre en Hornachuelos, un pueblo situado a 51 kilómetros de Córdoba capital en dirección a Sevilla. María Luisa tiene en la actualidad 86 años, emigró a Bélgica durante bastante tiempo y reside en El Puerto de Santa María (Cádiz). Su familia tiene mucho interés en que su testimonio perviva y se conozca, así que a continuación entresacamos la información que María Luisa nos aporta en el vídeo y la completamos con lo que publicó sobre Hornachuelos el historiador Francisco Moreno Gómez en su libro 1936: el genocidio franquista en Córdoba, editado por Crítica en 2008 (págs. 167-169 y 666-667).

Fernando Durán Cortés

Los padres de María Luisa se llamaban Fernando Durán Cortés y Antonia Calderón Rubio. Eran naturales de Guadalcanal de la Sierra, provincia de Sevilla, el lugar donde también nacieron sus tres hijos mayores: Alonso, Gertrudis y Luis. A la familia de la madre la apodaban los Pajaritos y a la del padre los Soberanos. Fernando Durán trabajaba de cartero y lo destinaron a Hornachuelos a principios de la década de los años treinta del siglo XX. Aquí nacieron sus dos últimos hijos: María Luisa, la protagonista del vídeo, y Rafael. Fernando Durán se ganaba la vida con su oficio de cartero y además vendiendo e intercambiando comestibles, que transportaba en un burro, con los vecinos de la pedanía de San Calixto, situada 17 kilómetros más al norte.

La sublevación militar del 18 de julio de 1936 triunfó en 47 de los 75 pueblos de la provincia, pero fracasó en Hornachuelos —porque la Guardia Civil no lo respaldó— y también en los pueblos vecinos. En Hornachuelos, el municipio más latifundista de la provincia y el de mayor concentración de la propiedad, el alcalde era el socialista Miguel Pérez Regal. Sin embargo, en ocasiones se vio desbordado por la actuación de los anarquistas, que tenían una fuerte implantación en las localidades de esta zona occidental cordobesa. Durante el mes y medio en que el pueblo se mantuvo bajo dominio republicano se crearon varios comités (central, abastos, guerra, sanidad), hubo destrozos de edificios religiosos y requisas e incautación de bienes de los molinos aceiteros y de las grandes fincas. La ruptura del orden publico causada por el golpe de Estado, las noticias que llegaban de la enorme represión desatada por los golpistas en Córdoba capital —como el fusilamiento el 30 de julio del socialista Antonio Bujalance López, oriundo de Hornachuelos, diputado del Frente Popular y dirigente nacional de la sección agraria del sindicato UGT— y la muerte de dos vecinos en el intento de la toma del pueblo sevillano de Peñaflor caldearon los ánimos de venganza en Hornachuelos. En la madrugada del 12 de agosto se produjo el fusilamiento de 18 personas de derechas, cuyos cadáveres fueron arrojados al pozo de la mina del Rincón.

Antonia Calderón Rubio, esposa de Fernando Durán.

A principios de septiembre se decidió desde Sevilla, que se encontraba en zona sublevada, la toma de Hornachuelos con la intención de asegurar las comunicaciones por tren entre esta ciudad y Madrid. Así que el día 5 salió de Sevilla una columna militar, al mando del comandante Francisco Buiza, que pernoctó en la localidad cordobesa de Posadas. Ante la noticia de la llegada de las tropas, el día 6 de septiembre muchos habitantes de Hornachuelos, junto a refugiados de Palma del Río, Posadas y otras localidades de la campiña que se habían cobijado en el pueblo con anterioridad, huyeron hacia Villaviciosa, y de aquí ya en octubre a la sierra y a Villanueva de Córdoba, donde gran parte de ellos se asentó durante toda la guerra. Entre esta marea humana iba también la familia de Fernando Durán, con un borrico en el que transportaban algo de comida, sacos de harina y colchones. Se refugiaron junto a otras familias en una finca de cría de toros, donde pasaron mucho miedo, y cuando se acabó la comida incluso hubieron de matar uno para poder alimentarse.

La ocupación de Hornachuelos por la columna militar de Sevilla se produjo el día 7 de septiembre y el pueblo ya quedó de manera definitiva en manos de los sublevados. Fernando Durán, en cuanto se enteró de que las tropas habían salido de Hornachuelos, regresó con su mujer y sus cinco hijos, ya que él no había tenido militancia ni actividad política o sindical y no temía que le fuera ocurrir nada. Sin embargo, un día a la hora de la comida, se presentaron en su casa dos falangistas que se lo llevaron a rastras, entre el revuelo de los vecinos y el desconsuelo de su familia. Su detención resultó muy violenta. Aunque no opuso resistencia, los falangistas le pegaron muchos golpes con la culata del fusil mientras él gritaba que no habían hecho nada y que solo era un cartero que se ganaba el pan para sus hijos. Lo llevaron a un pajar, que servía de calabozo para los hombres del pueblo que iban capturando. A pesar de que el cuartel de la Guardia Civil estaba al lado de la casa de Fernando, ningún guardia participó en su detención. Sus únicos captores fueron dos vecinos de militancia falangista con nombre idéntico: Antonio.

La familia ya no volvió a ver más a Fernando. El hijo mayor, Alonso, era el encargado de llevarle la olla de café migado, el único alimento que le dejaban entrar en el lugar donde lo tenían encerrado. La familia escuchaba, siempre a las cuatro de la mañana, un día sí y otro no, el paso del camión lleno de hombres para fusilarlos en el cementerio, con la inquietud de si ahí iría el padre. Sus malos presagios se cumplieron a los tres o cuatro días, cuando el hijo regresó por la mañana con la comida íntegra desde el calabozo, lo que significaba que el padre ya no estaba allí. La madre, que había escuchado la noche anterior a las cuatro de la mañana el ruido del camión, rota de dolor, se hincó de rodillas y se puso a llorar desconsoladamente, al igual que sus hijos.

Los cinco hijos de Fernando Durán y Antonia Calderón en Hornachuelos en 1934.

A partir de aquel momento, la madre, Antonia Calderón, sin familia en Hornachuelos, vivía con mucho miedo. Sin recursos para mantener a los cinco hijos, los metió en un comedor de caridad del pueblo, donde les daban de comer una dieta basada en nabos y les hacían rezar y cantar el himno falangista del Cara al sol. En aquel ambiente hostil, hubo dos sucesos principales que motivaron que decidiera abandonar el pueblo. El primer contratiempo ocurrió cuando Alonso, el hijo mayor, se acercó a ver una casa que se había incendiado el día anterior. En el lugar se encontraba uno de los dos falangistas que habían detenido a su padre, Antonio el Moraílla. Este le preguntó qué hacía allí. Alonso, de solo 12 años, que estaba con unos amigos, le respondió: ¿Qué quieres, matarme como a mi padre? El falangista reaccionó pegándole una guantada que dejó colorada la cara del niño y motivó que llegara a su casa llorando. El segundo incidente ocurrió con otra hija, María Luisa, nuestra informadora, que entonces tenía cinco años. La niña sufría mareos y tics nerviosos desde que habían matado al padre. La maestra de la escuela interpretaba erróneamente que esos movimientos espasmódicos eran burlas hacia ella, así que a los dos días de estar en el colegio la castigó golpeándola con un palo en la cabeza que le causó una herida sangrante. Asustada y dolida por lo que le había pasado a sus hijos, Antonia decidió entonces refugiarse en Guadalcanal de la Sierra, donde residía su familia. Allí rehízo su vida con muchas penurias y viviendo de limosnas. Nunca se volvió a casar.

Fernando Durán Cortes fue una de las víctimas de la represión golpista en Hornachuelos, que según los libros de defunciones del Registro Civil causó 17 muertos en el pueblo y 11 en Córdoba. Sin embargo, muchas familias de fusilados no inscribieron a sus llegados en el Registro por miedo, desconocimiento, por las trabas burocráticas o porque emigraron de sus localidades de origen, de manera que estas cifras hay que tomarlas, al igual que en todos los lugares donde existió la represión franquista, como mínimas y sujetas a futuras revisiones al alza. De hecho, Fernando Durán es una de estas víctimas no registradas, que en Hornachuelos pueden rondar la veintena. Al aparecer, cuando la familia ya vivía en Tocina (Sevilla), el hijo mayor, Alonso, pudo haberse librado de realizar el servicio militar por hijo de viuda si se hubiera inscrito en el Registro el fallecimiento del padre. Sin embargo, lo obligaban a anotar “desaparecido” como causa de la defunción, a lo que el muchacho se negó.

El fusilamiento de Fernando Durán, con solo 38 años, dejó un profundo dolor en sus hijos e influyó en algunos de ellos de forma traumática. Nuestra narradora, María Luisa, con 16 años aún sufría crisis de ansiedad y mareos cuando escuchaba hablar de la guerra civil. Y el hijo mayor, Alonso, al volver del servicio militar llegó incluso al extremo de plantearse matar a los dos falangistas que detuvieron a su padre sin importarle las consecuencias personales que esta acción podría acarrearle. A uno, Antonio el Moraílla, lo localizó en el hospital, donde estaba ingresado después de que alguien emboscado le hubiera pegado varios tiros por la espalda. No obstante, al verlo, cambió de planes y decidió dejarlo vivo con la intención de que siguiera sufriendo, pues se encontraba en estado terminal. Al otro falangista, a pesar de saber su dirección, nunca lo encontró en su domicilio en las ocasiones en las que fue, así que tampoco pudo ejercer su venganza contra él.

Los alumnos de una escuela de Hornachuelos junto a su maestro el 13 de junio de 1934. Alonso, el hijo mayor de Fernando Durán, es el segundo por la derecha de la segunda fila.

La fotografía de las mujeres peladas en Montilla durante la guerra civil

En la España franquista, durante la guerra civil y la posguerra una de las formas de represión que se usó específicamente contra las mujeres consistió en el rapado de sus cabezas. Que sepamos, se conservan en España solo tres fotografías que reflejen esta humillación. Una se realizó en Marín (Pontevedra), otra en Oropesa (Toledo) y la última, que es la que aparece más abajo, en el patio del ayuntamiento de Montilla (Córdoba). En Internet y en las redes sociales se pueden encontrar bastantes fotos de mujeres peladas a las que se identifica como españolas, pero no lo son. Pertenecen a algunas de las 20.000 mujeres francesas a las que, tras la liberación de Francia en 1944, se les aplicó este castigo por el presunto delito de haber mantenido relaciones con soldados del Ejército invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Parece que la fotografía de las mujeres rapadas de Montilla salió publicada por primera vez en formato libro en 1985, en la obra de Francisco Moreno Gómez La guerra civil en Córdoba (1936-1939). A pesar de que es una foto impactante, pasó relativamente desapercibida en aquel momento. Con posterioridad, en el año 2001, yo la usé para la portada de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). La fotografía original me la facilitó la Biblioteca Manuel Ruiz Luque, la mayor biblioteca privada de Andalucía, que tiene su sede en Montilla. A partir de ahí la foto se expandió por Internet y por los medios de comunicación nacionales. También varios historiadores, como Paul Preston, y profesores de las universidades de Zaragoza y Valencia me la solicitaron y me pidieron información sobre ella para incluirla en sus publicaciones.

Montilla fue durante la II República un feudo socialista donde la izquierda siempre dobló en votos a la derecha, lo que no resultó un obstáculo para que cayera en poder de los militares sublevados el mismo día del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936. Esa noche la Guardia Civil acribilló a centenares de personas que se habían agrupado en las inmediaciones del ayuntamiento y se hizo con el control de la localidad sin resistencia. Además de sufrir la cárcel y la muerte, pues tres mujeres murieron tiroteadas en la madrugada del 19 de julio de 1936 y un mínimo de cuatro cayeron fusiladas durante la guerra (más al menos otros 111 varones), las mujeres republicanas de Montilla padecieron otras humillaciones.

La fotografía de las mujeres peladas de Montilla representa una estampa trágica y dolorosa de principios del mes de agosto de 1936. En ella aparecen un hombre y veinte mujeres, la mayoría jóvenes de poco más de 13 años de edad. Pertenecían al grupo de canto que ensayaba en la socialista Casa del Pueblo, o eran militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas o familiares de varones izquierdistas, pero no habían cometido ningún delito. Tras ser arrestadas, se les rapó la cabeza y se las forzó a ingerir aceite de ricino con sopas de pan, para que con el laxante “arrojaran el comunismo del cuerpo”. Acompañadas por el director de la banda de música, Joaquín Gutiérrez Luque (el Bartolo), también pelado, las obligaron a pasear por las calles saludando con el brazo en alto, al estilo fascista, y cantando el himno falangista, el Cara al Sol, entre la mofa de sus verdugos. En la fotografía, entre los rostros tristes y abatidos de estas mujeres, sobresalen unas pocas sonrisas tímidas y forzadas. También destaca la resignación con la que levantan el brazo, avergonzadas, reflejo del calvario que estaban viviendo. A algunas de estas mujeres se les dejaba un pequeño mechón de pelo en la cabeza en el que luego se les colocaba un lacito con los colores de la bandera monárquica.

Desconocemos quiénes fueron los autores o responsables directos de este suplicio, si militares, guardias civiles, carlistas o falangistas; y tampoco sabemos quién echó la foto y con qué finalidad. En ese momento la máxima autoridad militar de Montilla recaía en el capitán de la Guardia Civil Luis Canis Matute, quien había liderado el golpe de Estado en el pueblo días antes, y el alcalde impuesto por los golpistas era el capitán de Artillería retirado Rafael Jiménez-Castellanos Casaleiz.

Cuando en el año 2000 inicié mis investigaciones sobre la guerra civil y la represión en Montilla, uno de mis objetivos se dirigió a poner nombre a estas mujeres y recuperar su historia. Algunas de ellas vivían entonces, no obstante resultó imposible entrevistarlas. Aun así, identifiqué a unas cuantas gracias a diversos testimonios orales. Entre estas mujeres peladas se encontraban Manuela Herrador Espejo; Dolores López Márquez, viuda del guardia municipal Antonio Cardador Aguilar, acribillado en la madrugada del 19 de julio por la Guardia Civil; la esposa de Manuel Alcaide Aguilar “Botón”, a la que al parecer detuvieron y raparon por la denuncia de un propietario falangista con el que se había negado a mantener relaciones sexuales; y dos hijas de José Márquez Cambronero, alcalde socialista en 1920, el primero que hubo en un pueblo de Córdoba en el siglo XX. Las hijas de José Márquez son Rosa, sentada la penúltima a la derecha, y Dolores, sentada la primera por la izquierda. Hemos podido dar nombre a otras dos jóvenes gracias al testimonio de Daniel Priego, de orígenes montillanos y residente en Pamplona. Una es su abuela, Natividad Salido Cerezo, de 14 años, situada de pie la primera por la izquierda; y la segunda es Candelaria Priego, de 13 años, colocada en la parte central de la primera fila, sentada, con vestido negro. A Dolores Zafra Espejo, que está a la izquierda del músico, la hemos identificado gracias a su sobrino Jerónimo. Y por último, Dolores Delgado Trapero es la segunda por la izquierda de la fila segunda.

El rapado de las cabezas de las mujeres republicanas, o por ser familiares de varones republicanos sin que ellas mismas lo fueran, tenía una clara función represora y ejemplificadora, al eliminar uno de los símbolos más visibles de la feminidad: el pelo. Hasta que este crecía, la mujer debía ocultarse en su casa o tratar de taparse con un pañuelo, que a veces era arrancado por los falangistas por las calles para así aumentar su vergüenza. Está claro que este castigo tenía como objetivo no solo infligir un dolor momentáneo y físico, sino estigmatizar y humillar a la víctima. Además, se convertía en una clara muestra de lo que les podía esperar a las “rojas” o a todas aquellas mujeres que se atrevieran a poner en cuestión, aunque solo fuera verbalmente, los principios en los que se asentaba el nuevo Estado dictatorial.

la-memoria-de-las-rapadas-del-franquismo_detalle_articulo

Cuatro mujeres de Oropesa (Toledo) rapadas durante la guerra civil.

El rapado de las cabezas de las mujeres ha dejado pocos rastros documentales, aunque se aplicara de manera generalizada en casi todas las localidades de España. Por ejemplo, en los cinco pueblos del sur de Córdoba en los que he escrito libros sobre la represión hubo varios casos en todos ellos. Aun así, existen algunos casos salvajes y estremecedores, como este rescatado por el historiador José María García Márquez en un consejo de guerra del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Narra cómo a una mujer de Cazalla de la Sierra (Sevilla), apodada la Trufa, le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto de un cortijo, donde la intimidaron tendiéndola en el suelo, “obligándola a remangarse” y exhibir “sus partes genitales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció al falangista Joaquín Barragán Díaz para que pelara con ellas el vello de las partes genitales de la detenida, a lo que este se negó; entonces el sargento, malhumorado, ordenó lo antes dicho al guardia Civil Cristóbal del Río, del puesto del Real de la Jara. Este obedeció y, efectuándolo con repugnancia, no pudo terminar, y entregó la tijera al jefe de la Falange de Brenes, que terminó la operación. Y entre este y el sargento terminaron pelándole la cabeza”.

La represión que sufrieron las mujeres en la España franquista durante le guerra y la posguerra fue, en gran medida, sexuada. Es decir, recibieron castigos por su condición de mujeres, sin que estos  mismos castigos se aplicaran a los hombres, al menos de manera habitual. Hablamos de vejaciones como el rapado de cabeza, forzarlas a ingerir aceite de ricino y desfilar por las calles, llevarlas a limpiar el cuartel de la Guardia Civil o la sede de la Falange, y detenerlas y torturarlas para que delataran a sus familiares varones que se habían escondido o habían huido. También debían sufrir comentarios soeces, amenazas de agresión sexual, abusos y violaciones, soportar el asedio de quienes les solicitaban favores sexuales a cambio de gestiones para favorecer a familiares encarcelados e incluso se les imponía la prohibición de llevar luto por sus seres queridos fusilados. Sobre muchas de estas mujeres, además, recayó el sustento familiar durante la guerra o la posguerra, pues sus maridos se encontraban presos o habían sido fusilados.

Las autoridades militares franquistas fomentaban esta represión sexuada que en su aplicación más extrema incitaba a usar la violación y el abuso sexual como arma de guerra. Así lo manifestaba de manera grosera y sin tapujos Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur (la máxima autoridad militar de Andalucía), solo cinco días después de empezada la guerra civil, el 23 de julio de 1936, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

El 13 de octubre de 2010, la Junta de Andalucía decretó la posibilidad de que estas mujeres vejadas por el franquismo pudieran recibir una indemnización de 1.800 euros. La medida iba dirigida a las que “sufrieron represión en la guerra civil e inmediata posguerra mediante hechos que vulneraron su intimidad, honor y la propia imagen consistentes en el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la posterior sumisión a vergüenza pública”. El tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, cuando ya había fallecido la inmensa mayoría de ellas, pero también la vergüenza y el silencio posterior que acompañó a estas mujeres durante toda su vida motivó que solo unas pocas decenas (parece que su número no alcanzó las doscientas) se acogieran a esta medida.

Nota final: esta entrada de de mi blog se puede leer traducida al francés en el blog del escritor Floréal Melgar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

elsa-omil-torres-copiaLa mujer pelada en Marín (Pontevedra) de la que se conserva fotografía fue Elsa Omil Torres, hija de un emigrante gallego en Boston, que pasaba unas vacaciones en casa de unos familiares republicanos cuando se produjo el golpe de Estado. Tras el rapado del pelo, solicitó en el Consulado el pasaporte para volver a Estados Unidos, pues tenía esa nacionalidad, y le sacaron la foto que aparece a la izquierda, que se usó en la prensa estadounidense para denunciar la represión que había sufrido. El testimonio en gallego de una familiar de esta mujer se recoge en la página Nomes y Voces. Agradezco a Víctor Alfonso Castro Martínez el que me haya facilitado esta información.

Tras la publicación de esta entrada de mi blog, Manuel Almisas Albendiz me envió el 17 de octubre de 2017 un articulo muy valioso, titulado “Las mujeres rapadas por la represión franquista a través de la prensa republicana malagueña”, en el que se incluyen cinco fotografías de mujeres peladas que aparecieron en la prensa malagueña y madrileña republicana en octubre y noviembre de 1936. Las fotografías, que sepamos, eran desconocidas por los historiadores hasta ahora. La foto de abajo, con la imagen de tres mujeres, es una de las cinco que ilustra el artículo. Fue publicada por el periódico madrileño Ahora el 9 de octubre de 1936.

 

Franco, los judíos y Lucena

Si hacemos referencia al antisemitismo y al odio a los judíos, enseguida pensamos en la persecución que sufrieron en Alemania cuando Hitler llegó al poder en 1933 y en su exterminio en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el antisemitismo hunde sus raíces más atrás, en la Europa cristiana de la Edad Media, que consideraba a los judíos, representados por Judas Iscariote, deicidas, es decir responsables de la muerte de Jesucristo. Se les acusaba también de sacrilegios, asesinatos rituales de niños cristianos, conjuros para provocar malas cosechas y pestes, practicar la usura y de otras actitudes malévolas. En muchos lugares soportaron discriminación, segregación en guetos y terribles pogromos, que acababan con la destrucción de sus propiedades y asesinatos masivos.

En España, un edicto de los Reyes Católicos decretó su expulsión en 1492. Se calcula que en aquel momento la mitad de ellos se convirtió al cristianismo para poder permanecer en nuestro país. Los conversos padecieron el acoso del Tribunal de la Santa Inquisición, que vigilaba para que no judaizaran (es decir, practicaran los ritos de su religión a escondidas) y aplicaba duras condenas, incluida la muerte, a los que lo hicieran. Los descendientes de los conversos conservaron su estigma durante siglos. Por ejemplo, hasta principios del sigo XIX existieron en nuestro país los estatutos de limpieza de sangre, que obligaban a aportar un certificado de no ser descendiente de judíos o moriscos para poder entrar en organismos como las academias militares, los colegios mayores universitarios y los cabildos.

En España, un país sin judíos, durante el siglo XIX la llama del antisemitismo la mantuvieron sobre todo los carlistas, defensores del absolutismo monárquico y del integrismo católico, aunque también encontramos clichés antijudíos en literatos como Gustavo Adolfo Bécquer, Larra o Espronceda, y en las fiestas, terminologías y leyendas populares. Desde finales del siglo, comenzó a arraigar en Europa —sobre todo en Alemania y Francia, donde había importantes minorías judías— la idea de que existía una conspiración judía para dominar el mundo. Esta idea la extendieron en España la derecha política y las publicaciones eclesiásticas a través de libros, homilías, periódicos y otros medios de difusión. En ellos aireaban que había un complot secreto entre judíos, masones y las asociaciones internacionales de la clase obrera (socialistas y comunistas) con el fin de destruir el cristianismo. Basándose en este supuesto, el integrista sevillano José Ignacio de Urbina fundó en 1912 la Liga Nacional Antimasónica y Antijudía, con el respaldo de veintidós obispos españoles. El antisemitismo se intensificó en Europa y América a partir de 1917, con la revolución rusa, a la que los antisemitas consideraban, igual que el socialismo, una creación judía, ya que algunos de los líderes bolcheviques, como Trotsky, eran de este origen.

La proclamación de la II República en abril de 1931 avivó de nuevo el fuego del antisemitismo en España. El historiador Paul Preston, en su obra El Holocausto Español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, que nos servirá de guía en los cuatro siguientes párrafos, relata de manera amplia y detallada cómo el antisemitismo se manifestó de manera virulenta durante estos años. Así, en junio de 1931, el periódico carlista El Siglo Futuro declaró, aun siendo falso, que tres ministros eran judíos (los conservadores Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, y el socialista Fernando de los Ríos) y que la República era obra de una conspiración judía protagonizada por los masones con el apoyo de la izquierda. La prensa católica no se quedaba atrás en esta campaña antisemita y se refería con frecuencia al contubernio judeomasónico y bolchevique. La Editorial Católica, propietaria de un importante conjunto de publicaciones, lanzó dos revistas profundamente antisemitas y antimasónicas: Gracia y Justicia (que alcanzó una tirada de 200.000 ejemplares) y Los Hijos del Pueblo.

a

Portada de una de la ediciones de Los protocolos de los sabios de Sión que se se editó en España.

El antisemitismo se extendió en España con la difusión del libro más importante de su género, Los protocolos de los sabios de Sión, que afirmaba que existía un gobierno judío secreto formado por los sabios de Sión que se valía de la masonería y el comunismo para dominar el mundo. El libro era un fraude histórico —a pesar de que la extrema derecha pretendió darle veracidad— que apareció en la Rusia zarista en 1902 para justificar los pogromos contra los judíos y que alcanzó una gran popularidad en toda Europa. La primera traducción española se publicó en Alemania en 1930 y en 1932 una editorial jesuita de Barcelona encargó una segunda traducción. A la difusión de los protocolos en España contribuyó otro libro, Orígenes de la revolución española, escrito por el sacerdote catalán Juan Tusquets Terrats, que lanzó la idea de que la II República era fruto de una conspiración judeomasónica. Tusquets defendía que los judíos querían destruir el cristianismo, sirviéndose de masones y socialistas, por medio de la revolución, las catástrofes económicas, la pornografía y el liberalismo. La repercusión de la obra de Tusquets resultó tan enorme que en 1933 fue invitado por la Asociación Antimasónica Internacional a visitar el campo de concentración de Dachau, el primero creado por los nazis en Alemania. La intención de esta invitación, según él, era “enseñarnos lo que teníamos que hacer en España”.

Las proclamas antijudías se repetían en revistas, periódicos y libros, jaleadas por numerosos autores. Por ejemplo, para el literato Ramiro de Maeztu, España era una nación que se había creado a través de sus luchas contra los “usureros arrogantes” de los judíos y los “salvajes incivilizados” de los moros. Julián Mauricio Carlavilla, que bajo el seudónimo de “Mauricio Karl” obtuvo un enorme éxito de ventas durante la II República (de su tercer libro, Asesinos de España, llegó a vender cien mil ejemplares), insistía en que los judíos eran los que habían organizado a las izquierdas españolas manejando la masonería, las Internacionales Comunista y Socialista y el capitalismo mundial. Por tanto, España solo podría salvarse si se unía al nazismo alemán y al fascismo italiano para vencer a los “sectáreos de la judería masónica”.

En el campo político, la mayor parte de la derecha mantenía posturas antisemitas. El líder de la derecha moderada agrupada en la CEDA, José Mª Gil Robles, en el mitin que pronunció el 15 de octubre de 1933 en el cine Monumental de Madrid, en plena campaña electoral afirmó que “hay que fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la patria depurada de masones judaizantes”. Onésimo Redondo, el fundador de las JONS, un partido creado en 1931 y que se uniría a la Falange en 1934, también lanzó desde la extrema derecha proclamas antisemitas, lo que no es extraño en alguien que había traducido al español Mi Lucha, el libro escrito por Adolf Hitler. Para Onésimo Redondo, las escuelas mixtas introducidas por la II República en 1931, en las que se educaban juntos niños y niñas, eran “un capítulo de la acción judía contra las naciones libres. Un delito contra la salud del pueblo, que debe penar con su cabeza a los traidores responsables”.

Entre los militares el antisemitismo también arraigó con fuerza. El general Emilio Mola Vidal en sus memorias atacó a masones y judíos, ya que para él las conmociones que había sufrido España tenían su origen en el “odio de una raza”, la judía. Mola se convirtió en el “director” de la conspiración militar que desembocó en el golpe de estado del 18 de julio de 1936, en el que también participaría el general Francisco Franco, suscriptor de Acción Española, una revista ultraderechista que había avalado las tesis de Los protocolos de los sabios de Sión. Cuando al poco de comenzar la guerra civil Franco fue nombrado jefe del Estado el 1 de octubre de 1936, el antisemitismo siguió latente en muchos militares españoles, como los generales López Pinto, Cabanellas y Millán Astray. Este, fundador de la Legión y jefe de propaganda de Franco, en septiembre de 1936 afirmó: “Los judíos moscovitas querían encadenar a España para convertirnos en esclavos, pero hemos de luchar contra el comunismo y el judaísmo. Viva la muerte”.

El más furibundo de los militares antisemitas quizás era Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur. El profesor Gonzalo Álvarez Chillida, en su libro El antisemitismo en España. La imagen del judío 1812-2002, señala cómo en sus charlas radiofónicas Queipo afirmaba que el gobierno republicano estaba sostenido por el “judaísmo internacional y que el gobierno secreto judío financiaba la revolución comunista”. El 12 de septiembre de 1936 exponía que la contienda era “una guerra por la civilización occidental contra el mundo judío” e incluso llegó a definir a la URSS como Unión Rabínica de los Sabios de Sión. Estas ideas estaban tan arraigadas entre muchos militares que, en el desfile de la Victoria del 19 de mayo de 1939 en Madrid, Franco señalará que el “espíritu judaico que permite la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un solo día y aletea en el fondo de muchas conciencias”.

El historiador Gonzalo Álvarez Chillida, antes señalado, recoge también cómo las revistas culturales de las órdenes religiosas y las pastorales de muchos obispos aludían durante la guerra civil a la unión de judíos con masones y comunistas. El obispo de Burgos, el 14 de febrero de 1937, decía que el Frente Popular (la coalición de republicanos e izquierdistas que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936) era “un conglomerado de ateos, masones, judíos y enemigos de Dios y de España”. El obispo de León, el 22 de noviembre de 1936, hablaba de la “malicia judeomasónica”, y el de Palencia, el más prolífico de ellos, en abril de 1938 aludía al “contubernio” entre “la nariz y las afiladas uñas del judío, la mano perfumada del masón y la pezuña del oso asiático”.  El cardenal Isidro Gomá, primado de la Iglesia de España, desde el año 1936 ya hizo referencias a que “judíos y masones envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas” y consideraba a “judíos y masones, verdaderos representantes de la anti-España”.

jose-maria-peman-poema-de-la-bestia-y-el-angel

Portada del Poema de la Bestia y el Ángel, de José María Pemán, editado en 1938.

Entre la literatura más antisemita de la guerra civil destacan dos libros, Comunistas, judíos y demás ralea, de Pío Baroja, y Poema de la Bestia y el Ángel, del monárquico de extrema derecha José María Pemán, que lo escribió mientras ejercía de presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado (especie de primer gobierno de Franco) y se esforzaba en la depuración y la represión del profesorado republicano. En el poemario, publicado en 1938, se describía la guerra civil de manera alegórica como una lucha entre Dios y Satán. Al servicio de Satán y el Anticristo, la Bestia se encarnaba en el Sabio de Sión que ordenaba la destrucción de la España católica. Por tanto, “El enemigo infiel, sierpe que ahoga / la garganta de España, y apretado / tiene su cuerpo, es de la Sinagoga / el oculto poder”. En este poemario Pemán rescata todos los mitos de los Protocolos, por lo que en sus versos alude a los manejos de los judíos en los negocios, el comercio y las finanzas; la utilización que realizan del liberalismo, la masonería, la moral hedonista y el capitalismo con la intención de acabar con la civilización occidental; y el papel del judaísmo en las leyes anticlericales y en la reforma agraria decretadas por la II República.

img_3387

Artículo “Estampa del judaísmo”, publicado por el periódico lucentino Ideales el 30 de agosto de 1937.

En este ambiente de antisemitismo que invadía la política, la milicia, la jerarquía eclesiástica, los libros y la prensa se enmarca un artículo publicado en Lucena —donde hasta mediados del siglo XII había subsistido una importante judería— por el periódico católico local Ideales, el 30 de agosto de 1937. Se titulaba “Estampa del judaísmo”, ocupaba casi toda la contraportada e iba firmado por un colaborador habitual del semanario, GEDEPÉ. Este periódico se había referido en algunas ocasiones en términos peyorativos a los judíos, pero que este escrito se publicara en una pequeña ciudad de provincias en plena guerra civil da idea de la difusión tan amplia que gozaban las ideas antisemitas por aquel entonces. El artículo recoge no solo las opiniones del autor, sino también extractos de un escrito de José María de Murga (creemos que de su libro Recuerdos marroquíes del moro vizcaíno, publicado en 1868), un viajero español en el Maruecos del mediados del siglo XIX. Como en otras publicaciones antisemitas, aquí podemos encontrar todos los mitos propagados en contra de los judíos citados con anterioridad, desde la avaricia a su intento de dominación del mundo. El artículo es el siguiente:

No haremos un recorrido retrospectivo en el asentamiento del pueblo judío en nuestra patria, por no dar una extensión demasiado grande a este trabajo, ello quedará para otra ocasión más propicia. Hoy sí diremos, que la raza hebrea ha sufrido desde remotos tiempos humillaciones inconcebibles.

¿Hay razón que justifique ese odio que todavía subsiste contra la familia israelita?

Indudablemente esta persecución prolongada debe ser consecuencia lógica del carácter y condiciones de los hebreos y de su incalificable conducta.

El judío odia al cristiano (a quien tanto debe) lo mismo que al musulmán, y para escarnecer la religión católica emplea los términos más groseros e insensatos; pero todo el desprecio que sus palabras encierra sirve solo para enaltecer aquello que trata de vilipendiar, porque no es posible concebir nada digno de su asquerosa cobardía, su incomparable bajeza y la refinada perfidia en que inspiran sus actos.

Posee maravillosas facultades para acomodarse a todo género de humillaciones; tienen una ductilidad de carácter pasmosa para ajustar su conducta a cualquier situación de su existencia; la destreza necesaria para engañar sin parecer culpable.

Murga describe esta raza en los siguientes párrafos: “Las pasiones más bajas de la humanidad son rasgos característicos de los judíos.

Su mirada es inquieta y atravesada, su fisonomía tiene algo de innoble y bruta, es a no dudarlo, la fealdad moral que deja traslucir.

No tienen del hombre sino los instintos inferiores y los apetitos animales, y nada elevado puede caber en aquellas almas metalizadas, porque no tienen más pasión ni más dios que el dinero, a quien adoran como lo hacían sus antepasados cuatro mil años ha.

Como consecuencia natural, su probidad no está por las nubes; lo está por las alcantarillas, y más baja estaría aún si algo más sucio pudiera haber bajo de ellas, exceptuándose aquellos casos en que suelen elevarse en razón directa del miedo o de la conveniencia que produce este fenómeno moral.

Los cristianos y moros, que han sufrido muchas veces su maldad, los conocen perfectamente, y dicen que los judíos, al salir de su casa, ponen la mano sobre el pedazo de caña o tubo de latón en que cuelgan los tefelines (salmos de la Biblia) y ruegan a Dios no les permita volver a pasar por los alféizares de las puertas interiores, sin que hayan engañado a alguno que no sea de su grey

Pero por más desconfianza que se tenga con ellos, por más precauciones que se tomen para evitarlo, es más difícil aún que pueda zafarse de ellos el que se dejó enredar”.

En la actualidad, están infiltrados en los puestos de relieve oficial, de una gran mayoría de estados europeos.

Son los que mueven los hilos invisibles de las organizaciones obreras internacionales, acomodando los actos y conductas de éstas a su soñada ilusión; la de la dominación del mundo.

En el aspecto económico es tal su ingerencia, que hay estados que tienen hipotecada su riqueza territorial por medio de fabulosos empréstitos de dinero concertados en los Trust Bancarios, judíos; amén de Rusia, donde el dominio del país y de sus habitantes pertenecen por entero a ellos.

Es pues de necesidad absoluta, presentar esta raza tal como es y lo que pretende en el mundo. Ello servirá para que sepamos valorar el esfuerzo que realizan nuestros soldaditos con las armas, y el de nuestro Generalísimo en esa actuación sabia, serena y inflexible, con que desbarata una a una cuantas tentativas hacen para hacer cambiar el sentido de nuestra Cruzada.

A los cinco siglos tropezamos de nuevo con ellos; esta vez no dentro de nuestro territorio, sino que nos combaten desde fuera.

No importa. Venceremos con la ayuda de Dios y seguirán condenados a que el Judío Errante sea, con toda evidencia, el símbolo del pueblo judío desde el sacrificio del Calvario.

A pesar de toda esta parafernalia verbal antijudaica, en la zona controlada por los militares sublevados durante la guerra civil no se puede hablar de una política sistemática de persecución de los judíos, aunque sufrieran episodios de violencia, arrestos arbitrarios, vigilancia por la policía y multas. Por ejemplo, Queipo de Llano impuso una multa colectiva de 138.000 pesetas a la comunidad judía sevillana, que en aquel momento era la más importante de nuestro país. Además, las sinagogas de Madrid, Barcelona y Sevilla fueron clausuradas y se prohibió el culto judío (salvo en los territorios españoles del norte de África), por lo que ante el acoso muchos optaron por bautizarse y convertirse al catolicismo.

propaganda-nazi-antisemita

Cartel de propaganda antisemita editado por los nazis en el que aparece el judío como un poder oculto que domina el mundo.

Durante la II Guerra Mundial la actitud de las autoridades españolas ante la persecución y el exterminio de los judíos por parte de los nazis fue de indiferencia y pasividad, y solo el esfuerzo de contados diplomáticos consiguió salvar la vida de algunos judíos europeos. La prensa oficial, la falangista y la católica aplaudía y justificaba con artículos de carácter antisemita la persecución que sufrían los judíos en Europa (pogromos, fusilamientos, confiscaciones, guetos, etc.), sin criticar o rechazar nada de lo que estaba ocurriendo con ellos. El franquismo, debido a sus vinculaciones con el régimen nazi y a los informes que enviaban sus diplomáticos, algunos en tono dramático, sabía perfectamente desde primera hora lo que pasaba, incluso que se les estaba gaseando en Auschwitz. Además, Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña ya habían denunciado desde finales de 1942 que Hitler había planeado el exterminio de todos los judíos europeos.

En 1940 se calcula que había en Europa unos nueve millones y medio de judíos, de los que unos 4.500 tenían la nacionalidad española. La mayoría la habían adquirido a partir de 1924, cuando un decreto emitido durante la dictadura de general Miguel Primo de Rivera permitió recuperarla a los sefarditas, los descendientes de los judíos españoles que habían sido expulsados en 1492. En Europa había entonces unos 175.000 sefarditas, que conservaban aún una cultura y una lengua heredada del castellano antiguo. En un principio, al comenzar la guerra mundial, Franco permitió el paso de los refugiados que llegaban desde Francia, judíos o no, solo si disponían de un visado de entrada para otros países, sobre todo Portugal, pero se les prohibió quedarse en nuestro país. De esta manera se calcula que pudieron escapar de los nazis un mínimo de 30.000 judíos hasta que los alemanes cerraron la frontera. Sin embargo, nunca se atendieron peticiones de repatriación ni de permiso de tránsito colectivos por nuestro país, e incluso se negaron en el verano de 1940 varios permisos pedidos por el Vaticano para el paso por España de grupos de judíos a los que se quería salvar.

images-2

En el centro, Heinrich Himmler, jefe de las SS y de la policía alemana, durante su visita a España en octubre de 1940. A su derecha, Franco, y Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores.

La colaboración de las autoridades franquistas con los nazis se evidenció de manera clara en 1941, cuando sus victorias en los frentes de guerra europeos eran imparables y España sopesaba entrar en la guerra como aliada de Alemania. Lo demuestra que el 13 de mayo, la Dirección General de Seguridad remitió una circular a todos los gobernadores civiles en la que les ordenaba que enviaran informes individuales de los “israelitas nacionales y extranjeros” afincados en sus provincias, “indicando su filiación personal y político social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad y conceptuación policial” con el fin identificarlos y de evitar sus “fáciles manejos perturbadores”. La mayoría de estos judíos españoles habitaban en las posesiones españoles del norte de África, salvo algunos cientos que vivían casi en su totalidad en Barcelona, Sevilla y Madrid. La lista, que incluía a los judíos convertidos al cristianismo, fue entregada a las autoridades alemanas por el embajador de España en Berlín, José Finat Escrivá de Romaní.

Hitler no deportó a los campos de concentración a los judíos que tenían el pasaporte de una nación aliada o amiga sin consultar antes con ella. En esta categoría se encontraba España, que a mediados de 1941, como prueba de amistad, ya había enviado un cuerpo de voluntarios en el que se enrolarían cerca de 50.000 hombres para luchar junto al ejército nazi en la Rusia soviética. En enero de 1943, el gobierno alemán emitió un decreto que permitía a sus aliados y a algunos países neutrales (España, Suiza, Portugal, Suecia, Turquía, etc.) repatriar a sus judíos de los territorios ocupados por los nazis en un plazo máximo de dos meses antes de deportarlos al Este. Así lo hicieron algunos de ellos, aunque no España. Solo quince días antes de que expirara el plazo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español informó a la embajada alemana de que únicamente permitiría la entrada “de un máximo de 100 personas por las que habían intercedido españoles famosos”. En diciembre, cuando ya muchos habían sido deportados a campos de exterminio y nada se podía hacer por ellos, el ministro Gómez Jordana ordenó que se salvara “a los de indiscutible nacionalidad española”.

angel-sanz-briz

El diplomático Ángel Sanz Briz salvó a miles de judíos húngaros del holocausto.

Frente a la postura oficial del gobierno franquista, un grupo de diplomáticos españoles, sabedores de que el destino que les esperaba a los judíos que eran deportados a los campos de concentración era la muerte, decidió por su cuenta y riesgo comprometerse para salvar al mayor número posible de ellos. En Francia, Eduardo Propper de Castellón emitió en el segundo semestre de 1940, desde el Consulado de España en Burdeos, dos mil visados para los judíos que querían huir. Su acción protectora fue castigada por el ministro de Asuntos Exteriores español, Ramón Serreno Suñer, cuñado de Franco, con su destitución y traslado al Consulado de Larache (Marruecos). También el encargado de negocios de la embajada de España en Budapest intentó proteger a los judíos en su demarcación, pero ante las protestas de las autoridades húngaras, Franco lo cesó. Su sucesor, Ángel Sanz-Briz, continuó con la labor y expidió miles de pasaportes españoles y cartas de protección a judíos que en muchas ocasiones no tenían raíces sefarditas. Cuando los documentos dejaron de tener validez para las autoridades húngaras, declaró como parte de la embajada decenas de edificios alquilados donde alojó a unos 5.000 judíos. Ante el avance soviético, el ministro de Asuntos Exteriores le ordenó su vuelta a Madrid, aunque estos judíos consiguieron salvarse.

novios-bosa-salonica

Miembros de la comunidad sefardita griega de Salónica en una boda celebrada en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial (foto del Museo del Holocausto de Estados Unidos).

Menos suerte tuvo la numerosa comunidad sefardita griega de Salónica, que albergaba a entre 50.000 y 60.000 judíos. El cónsul español en Atenas, Sebastián Romero Radigales, logró que varios centenares de estos sefarditas fueran identificados como españoles, ante la pasividad de las autoridades franquistas. Gracias a las gestiones de este cónsul, se consiguió salvar a unos 700 judíos, que en su mayoría fueron deportados a España a principios de 1944 y de aquí salieron para Palestina. Otros 48.000 judíos sefarditas griegos acabaron en las cámaras de gas del campo de exterminio de Auschwitz. En contraste con España, otros países como Italia, Suiza, Argentina y Turquía sí evacuaron a sus judíos de Grecia desde el primer momento y los salvaron de la muerte. A pesar de la indiferencia de las autoridades franquistas con estos judíos sefarditas griegos, al acabar la guerra se dio una situación llamativa. Al ir a negociar la delegación española con los países vencedores las deudas que tenía contraídas con Alemania, pidió una compensación por los daños patrimoniales causados por los nazis a los sefarditas de Salónica, a lo que el representante inglés respondió que España nunca había protestado por la persecución nazi de estos judíos y por tanto ahora no tenía derecho a realizar ninguna petición al respecto.

Tras el fin de la II Guerra Mundial, para congraciarse con las potencias aliadas que habían derrotado a Hitler en 1945, en España poco a poco se iría creando el mito de que Franco colaboró en la salvación de los judíos, así que había que maquillar el pasado para impedir que la opinión pública conociera la verdadera realidad de los hechos. Por ese motivo, por ejemplo, durante la dictadura se evitó la proyección de imágenes que tuvieran que ver con el holocausto, películas como El gran dictador —en la que Charles Chaplin se mofaba de la figura de Hitler y denunciaba la persecución de los judíos— estuvieron prohibidas y las asociaciones españolas de deportados a los campos nazis no pudieron tener existencia legal hasta la muerte de Franco en 1975. Esa labor de manipulación tuvo tanto éxito que el mito ha pervivido, con más o menos matices y a pesar de las evidencias históricas, hasta nuestros días.

Nota adicional: la traducción al francés de esta entrada del blog, realizada por Floréal Melgar, se puede visionar en este enlace.