El origen del socialismo en Lucena. Cartas de Pablo Iglesias a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo (1910-1913)

A comienzos del siglo XX se vivió en la provincia de Córdoba un auge del asociacionismo obrero que se manifestó también en Lucena, una localidad que en el año 1900 albergaba a 21.179 habitantes (la mitad que ahora). En aquel momento, la actividad económica más importante y la gran fuente de riqueza era la agricultura. En el campo cordobés hubo dos factores que ejercieron una influencia decisiva en el nacimiento de la actividad sindical. Por un lado, la estructura de la propiedad de la tierra, concentrada en manos de un número reducido de personas, a las que las clases populares llamaban señoritos o patronos. Por otro lado, la miseria de los jornaleros, que constituían la inmensa mayoría de la población activa y sobrevivían con sueldo escaso, paro estacional, jornadas laborales de sol a sol y condiciones de trabajo abusivas. En aquellos años no existía un salario mínimo o contratos de trabajo estables, ni seguros sociales o de desempleo que pudieran remediar la angustiosa situación de los trabajadores agrícolas.

El movimiento obrero socialista en la provincia de Córdoba está muy bien estudiado por Manuel Á. García Parody, así que podemos rastrear sus inicios en Lucena gracias a su libro Los orígenes del socialismo en Córdoba (1893-1931), al periódico El Socialista y a algunos ejemplares de la prensa local y provincial. En Lucena la actividad sindical tuvo raíces socialistas, sin que arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia como Castro del Río, Espejo, Baena, etc. No obstante, tanto el socialismo como el anarquismo eran ideologías minoritarias a principios del siglo XX, con escasa capacidad de influencia política o sindical. En aquel tiempo, el sistema político español, de corte caciquil, se basaba en la manipulación electoral y en la alternancia pactada en el gobierno de dos partidos, el liberal y el conservador. Lucena constituía un feudo liberal dominado por  Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado  electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923.

Lucena entró en el siglo XX con el recuerdo de los graves episodios de crisis de subsistencias sufridos en los últimos años del siglo anterior. En el invierno de 1895 el temporal de lluvias había causado destrozos en caminos y fincas, hundió viviendas e impidió salir a trabajar a los campos —el día que no se trabajaba no se cobraba—, por lo que la miseria invadió a las clases populares de la población. En enero de 1897 un nuevo temporal de lluvias y la falta de trabajo motivaron que el Ayuntamiento, con la ayuda de donativos de particulares, abriera un comedor de caridad donde un guiso de garbanzos y habichuelas con doscientos gramos de pan se servía por solo 10 céntimos. La situación se complicó en la primavera a causa de la sequía. El día 20 de abril unas 1.500 personas, incluidas mujeres y niños harapientos, se manifestaron ante el Ayuntamiento para pedir “trabajo o auxilios para mejorar situación tan angustiosa”, según recoge el libro de actas municipales. Al día siguiente, el alcalde, José de Mora Madroñero, relató en una sesión municipal lo ocurrido durante la tarde anterior y se refirió a “los desmanes cometidos por las turbas en este edificio, cuya planta baja invadieron a las nueve de la noche disparando armas de fuego, lanzando pedradas, destruyendo y quemando listas electorales y documentos varios, así como quinqués, sillas y otros efectos”. A la mañana siguiente intervino la Guardia Civil para restablecer el orden. Además, para calmar los ánimos, el Ayuntamiento dispuso con rapidez el reparto de los obreros parados entre los “propietarios pudientes”, para que los emplearan en las faenas agrícolas a cambio de un sueldo diario de una peseta, al que el Ayuntamiento contribuiría pagando un real más.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que nada más comenzar el siglo XX, en el año 1901, se produjera el primer intento de crear una asociación obrera en Lucena, auque no llegaría a cuajar. Según publicó el semanario El Adalid Lucentino, el 15 de abril se repartió una hoja, con el título de “La Liga de Obreros de Lucena”, que abogaba por la unión de los trabajadores para lograr un aumento de su salario, invitaba a los obreros manuales a afiliarse y llamaba a una junta general para el primer domingo de mayo. El periódico, católico y afín al partido conservador, aunque defendía el derecho de asociación, veía con recelo el nacimiento de esta nueva organización, a la que señalaba como “posiblemente socialista”, y esperaba que no acabaran “seducidos nuestros braceros, gente de suyo incauta y sencilla, con la apariencia de soñadas reivindicaciones, que no están fundadas en la justicia y el derecho”.

Si la Liga Obrera no fructificó, no ocurrió lo mismo con otras organizaciones de trabajadores. En junio y julio de 1902 se crearon las sociedades de Albañiles, Zapateros y Veloneros. Esta última protagonizó una huelga en julio y agosto por el despido de 11 obreros de los 50 que trabajaban en los Talleres Rueda y Muñoz. Los veloneros pedían un contrato de trabajo por dos años, no ser empleados en tareas distintas a su oficio, igualdad de salario en todos los talleres y el aumento del sueldo en un 25%.

Según Juan Díaz del Moral, en su célebre obra Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, publicada en 1928, la primera gran organización sindical de los trabajadores del campo lucentino, la Liga Obrera de Lucena, se fundó en marzo de 1904. El Adalid Lucentino ya contaba el 24 de abril que se había celebrado “en el Gran Teatro un mitin de ideas socialistas, en el que los oradores improvisaron con sobradas energías, ocupándose del tema de siempre, de los burgueses y, como postre, de la religión”. El periódico, escandalizado, afirmaba que “mientras en esas reuniones se despotrique de lo lindo y no haya quien lo impida y a la prensa no se le imponga fuerte mordaza es imposible evitar la degeneración de la patria”.

El Adalid Lucentino publicó el 31 de julio de 1904 otra información relativa a la Liga Obrera. Exponía que desde hacía unos días circulaba entre la población una hoja dirigida por su junta directiva a los trabajadores del campo. En esta noticia, el semanario mostró un talante más conciliador. Señalaba que la “solución práctica del problema agrario se encuentra dentro de las sabias enseñanzas de la Iglesia Católica”. No obstante, sin estar de acuerdo con “la dureza y términos en que está redactado el escrito” de la Liga, el periódico reconocía “con los obreros del campo, la necesidad de que sean corregidos los abusos y desmanes que en la hoja se anotan y que así mismo la verdadera justicia reclama el aumento de jornales, siempre que haya la debida proporción con las horas de trabajo, que hasta el momento ha dejado mucho que desear”. Durante el año 1904 la Liga Obrera se expandió con rapidez ya que en noviembre alcanzó los 420 afiliados.

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Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE (1879) y de la UGT (1888).

En el año 1905 la Liga mantuvo una gran actividad reivindicativa, motivada por la enorme subida de los precios de los alimentos y porque las lluvias a comienzos de año y una pertinaz sequía después impidieron salir a trabajar durante meses a los jornaleros. Juan Chicano se convirtió en el primer presidente de la Liga y en corresponsal en El Socialista, el órgano de prensa del PSOE y de la UGT. En su edición del 6 de enero de 1905, el periódico indicaba que la Liga Obrera de Lucena celebraba reuniones los domingos por la tarde, que abría todas las noches y los días en que no había faena. La Liga pretendió crear una comisión de patronos y obreros para tratar las tarifas de jornales que se pagarían aquel año, pero los patronos se negaron y comenzaron a contratar a jornaleros forasteros —a los que pagaban sueldos más baratos— para no atenerse a las tarifas que había establecido la propia Liga, que iban de 1,50 a 2,50 pesetas por día, dependiendo del mes y del tipo de trabajo. Estos salarios eran muy bajos en relación al coste de la vida. Según un informe remitido ese año de 1905 por el Instituto de Reformas Sociales al Ayuntamiento de Lucena, la alimentación diaria de un obrero se situaba entre 0,48 y 0,65 céntimos de peseta y el gasto anual de una familia obrera alcanzaba de 751 a 800 pesetas, así que la propuesta salarial de la Liga Obrera no se podía considerar abusiva ni disparatada.

En el mes de marzo de 1905 la Liga celebró un mitin, presidido por Juan Chicano, para conmemorar el aniversario de su fundación. En él, si seguimos a El Socialista, “pusieron de relieve la explotación de que son víctimas los obreros y la urgencia de que éstos se unan para combatirla; censuraron el clericalismo, que ayuda en su labor a la clase explotadora; criticaron a las autoridades por la escasa atención que prestan a lo que conviene a los trabajadores, mientras andan vivas cuando tienen que favorecer los intereses patronales; encarecieron a todos a la unión y recomendaron la constancia para alcanzar que no se prive del trabajo a los de la localidad, dándoselo a los de fuera de ella”. El día 26 de marzo hubo otro mitin contra el hambre, en demanda de trabajo y el abaratamiento de los precios.

En abril de 1905 la Liga organizó un ciclo de conferencias sobre diversas materias, como el significado de la manifestación del Primero de Mayo —Día Internacional de los Trabajadores— que en Lucena resultó muy concurrida. Participaron 3.000 personas, según El Socialista, encabezadas por una bandera roja. Reivindicaron la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de un salario mínimo, una caja de retiro (pensión de jubilación) para los obreros ancianos y la supresión del destajo, un sistema de contratación en el que el sueldo dependía del rendimiento del trabajador y no de la jornada laboral que realizara. En la navidad de 1905 la Liga celebró un mitin en el Llano de las Tinajerías, al que asistieron solo ochenta personas, según publicó La Voz, el órgano de prensa del partido liberal lucentino, aunque sus informaciones hay que tomarlas con cautela debido a la animadversión que demostraba el periódico hacia esta organización obrera.

En 1906 no tenemos noticias de la Liga Obrera, pues su presidente y corresponsal en El Socialista, Juan Chicano, sería expulsado de la organización, aunque lo readmitieron con posterioridad. En 1907 la Liga celebró el Primero de Mayo, unos días después de la fecha, con un acto en el que se ensalzó el socialismo y se recomendó el alejamiento del vino y las tabernas. En octubre la Liga organizó una reunión de propaganda socialista para explicar las ventajas del asociacionismo y una asamblea para condenar la intervención de España en la guerra de Marruecos. En diciembre tuvo lugar una velada societaria y un mitin en el que intervino Juan Díaz, el nuevo presidente de la Liga. Este, en febrero de 1908 publicó un manifiesto en El Socialista en el que condenaba la campaña “rastrera” de los patronos, el clero y el periódico La Voz en contra de la Liga, que en vez de dañarla había servido según él para robustecerla, pues ya contaba con 1.000 socios. Su fuerza numérica le permitió poder negociar con los patronos la reglamentación del trabajo, el salario y otras conquistas laborales. En el manifiesto, Juan Díaz señalaba que la unión de los trabajadores era lo que había permitido conseguir algunas mejoras, pero que se debía pasar a la acción política: “No estemos ni un día más fuera del PS y de la UGT. Querer es poder. Demostremos a la burguesía de este pueblo que si ella tiene lo de la de todas partes, el dinero, nosotros tenemos la fuerza de los brazos, y que con ellos es preciso contar hoy. Vamos a unirnos todos los que trabajan por la emancipación para hacer lo propio nosotros, demostrando a los caciques que no nos intimidan…”. Sus palabras terminaban con las proclamas de “¡Viva la Unión!” y “¡Viva el Socialismo!”.

Las palabras de Juan Díaz llamando a la participación política resultaron premonitorias, pues solo cuatro meses después, el 30 de junio de 1908, se fundó la Agrupación Socialista de Lucena, presidida por Benito Durán y ligada al PSOE. Fue la primera de la provincia tras la de Córdoba capital, que se había creado en 1893. Por su parte, la Liga Obrera cambiará su nombre por el de Sociedad de Obreros Agrícolas, y seguirá presidida por Juan Díaz. Ambas entidades mantuvieron una fuerte vinculación, como lo demuestra su participación conjunta en un mitin el 1 de noviembre en el que intervinieron José López Antequera, Bujalance Mora, Juan Leiva e Isidro Cárdenas.

A partir de 1909 tenemos noticias escasísimas del sindicalismo obrero lucentino, a pesar de que existe una etapa de expansión en varios pueblos cercanos, como Montilla, al igual que en la campiña cordobesa y en la sierra. Sin embargo, en las elecciones municipales del 2 de mayo de 1909 resultó elegido concejal Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que jugaría un papel importante en la reorganización del socialismo local. Desconocemos la lista política de la que formaba parte. Según el periódico El Defensor de Córdoba, en estas elecciones salieron elegidos en Lucena nueve concejales conservadores, seis liberales y un independiente, pero no da el nombre de ninguno de ellos. Intuimos que él era el independiente. Se presentó por el distrito quinto, que incluía las zonas de las calles Cervantes, Flores de Negrón, Mesón, Arévalo y Viana. Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo se mantuvo en el cargo de concejal poco más de dos años, hasta las elecciones del 12 de noviembre de 1911, que renovaron parcialmente la Corporación y en las que resultaron elegidos trece concejales liberales y uno conservador.

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En su edición del 30 de junio de 2011, El Socialista recoge el donativo de 3 pesetas de F. A. López desde Lucena.

Francisco de Asís López pertenecía a una familia de profesionales de posición acomodada. Su padre, Miguel López y López, al parecer había sido alcalde de Lucena. Francisco se casó con Antonia, hija del rico propietario José de Mora Madroñero, al que ya hemos citado como alcalde en la década de los noventa del siglo XIX. José de Mora era el cuarto mayor contribuyente de Lucena por bienes rústicos, urbanos e industriales, y curiosamente compartiría algún tiempo el cargo de concejal con su yerno en la misma legislatura. Francisco de Asís López tuvo siete hijos y vivía en el número 10 de la calle Pedro Angulo. Su buena situación económica le permitió remitir dinero con asiduidad para las colectas organizadas por El Socialista en aquellos años por distintos motivos (convertir este periódico semanal en diario, para el mantenimiento del diputado del PSOE, etc.).

Durante su permanencia en el Consistorio lucentino, Francisco de Asís López se manifestó como un concejal muy activo y comprometido. Intervino en reiteradas ocasiones en los plenos y planteó varias mociones, tenidas en cuenta pocas veces por el alcalde y los miembros de la Corporación. Por ejemplo, en la sesión del 21 de junio de 1911, “el Ayuntamiento, sin debate alguno, en votación nominal y con el único voto en contra del señor López, acordó no tomar en consideración” las 17 peticiones que había presentado. Esa situación de rechazo a sus propuestas se intensificó en el año 1911. Aun así, intentó fiscalizar la labor del Ayuntamiento, con escaso éxito, y se interesó en repetidas ocasiones por el contrato de alumbrado público y, sobre todo, por el del arriendo del cobro de consumos y arbitrios locales, que estaba en manos de Félix Aznar y León, antiguo concejal del partido conservador, contra el que inició una enorme batalla jurídica. El impuesto de consumos gravaba los productos de primera necesidad, como la carne y el aceite, y afectaba especialmente a las clases populares. Su cobro se solía arrendar a particulares, que adelantaban el dinero a los ayuntamientos y luego se encargaban del cobro a los ciudadanos, lo que era motivo de frecuentes abusos y fraudes, de ahí la insistencia de Francisco de Asís López en controlar este arriendo.

Las intervenciones de Francisco de Asís López en el pleno municipal muestran en general un talante social y progresista, como podemos ver a continuación a través de algunas de sus propuestas:

  • Una de las primeras peticiones que cursa, junto al concejal Antonio Víbora Blancas, es que las sesiones de pleno del Ayuntamiento se fijen por las noches con el fin de darles “mayor publicidad, facilitando la concurrencia del vecindario, especialmente de la clase obrera que por sus ocupaciones no puede ordinariamente presenciarlas siendo de día”. Los plenos solían hacerse siempre los lunes por la mañana, cuando los vecinos estaban en sus trabajos, lo que les impedía asistir y ser testigos de las decisiones del pleno y del gobierno municipal. (1 de enero de 1910).
  • Petición para que se convoque una reunión del Ayuntamiento “con los médicos titulares y los farmacéuticos que vienen suministrando medicinas para la asistencia domiciliara de los enfermos pobres a fin de estudiar en ella la forma en que se lleva este importantísimo servicio, los medios para mejorarlo y si es o no suficiente la cantidad consignada en el presupuesto para mejorarla”. (30 de marzo de 1910).
  • Celebrar el centenario del 15 de septiembre de 1810, con la intención de conmemorar la “lucha heroica” y la “capitulación honrosa” del vecindario de Lucena con las tropas francesas durante la guerra de la Independencia. La petición es aceptada por unanimidad y se constituirá una comisión de concejales para organizarla, de la que él formará parte. (10 de mayo de 1910).
  • Moción para que el Ayuntamiento “corrija las extralimitaciones y abusos que la compañía suministradora de fluido eléctrico viene cometiendo con sus abonados”, un asunto en el que insistirá en distintas ocasiones. (8 de junio de 1910).
  • “Que se gire por el ayuntamiento una visita de inspección al local hoy de su pertenencia en que se hallan instaladas el depósito municipal y la prisión preventiva del partido, cuyas malas condiciones de salubridad e higiene denuncio solemnemente”. (8 de junio de 1919).
  • Separación del cargo de administrador y de capellán de la Obra Pía de Nuestra Señora de Araceli, que hasta el momento recaían en un sacerdote, de manera que al ser el Ayuntamiento patrono de la Fundación pudiera nombrar al administrador entre los recaudadores de impuestos municipales, mientras la elección del capellán se reservaría al obispo. (4 de julio de 1910).
  • Destinar “500 pesetas para socorrer a los mineros de Bilbao que han paralizado sus trabajos declarándose en huelga” del presupuesto que había consignado en el Ayuntamiento para ferias. (10 de agosto de 1910).
  • Proposición para que la jornada diaria de los trabajadores municipales no exceda de las ocho horas, su sueldo mínimo sea de 1.75 pesetas por día de trabajo, que desde octubre a mayo las oficinas municipales se abran desde las 11 a las 17 horas y desde las 20 a las 22; y en los demás meses desde las 8 a las 13 y desde las 18 a las 21. (2 de noviembre de 1910).
  • Proposición para que todos los empleados y funcionarios municipales, salvo los manuales, “sean de buena e intachable conducta”, tengan “instrucción, o sea, saber leer y escribir” y no estén procesados ni hayan sufrido condena de arresto mayor. (30 de noviembre de 1910).

 

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Carta, con fecha del 18 de julio de 1910, escrita por Pablo Iglesias, ya diputado en las Cortes, a Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo.

Mientras permaneció de concejal y en fechas posteriores Francisco de Asís López mantuvo una intensa correspondencia con Pablo Iglesias, el fundador del PSOE en 1879 y de la UGT en 1888. Pablo Iglesias, con 59 años, se había convertido en 1910 en el primer diputado del PSOE de la historia tras ser elegido por Madrid en las elecciones de mayo, a las que se presentó dentro de una candidatura de Conjunción republicano-socialista. Conservamos copia de 24 misivas, todas manuscritas menos una redactada a máquina, enviadas por Pablo Iglesias a Francisco de Asís López. Las originales fueron donadas en mano por su hijo Miguel a Felipe González en la sede del partido de la calle Ferraz de Madrid antes de que este llegara a la presidencia del Gobierno en 1982, por tanto se conservan en la Fundación Pablo Iglesias de Madrid, donde se almacena el archivo histórico más importante del socialismo español. La primera carta tiene fecha de 18 de julio de 1910, un par de meses después de que Pablo Iglesias resultara elegido diputado, y la última de 8 de febrero de 1913. Este periodo casi coincide en el tiempo con la presidencia en el Gobierno de España del liberal José Canalejas (9 de febrero de 1910 a 12 de noviembre de 1912). La línea vehicular de las cartas es el interés de Pablo Iglesias en que en Lucena se cree una agrupación socialista. Hemos de tener en cuenta que la otra gran ideología opositora al sistema político de la Restauración, el republicanismo, ya contaba en Lucena con una agrupación local del Partido Republicano Radical, que había sido inaugurada por el diputado Emiliano Iglesias en 1910. Parece también que uno de los dirigentes del comité ejecutivo de la Conjunción republicano-socialista, el republicano Rodrigo Soriano, visitó Lucena en alguna ocasión. A ambos los nombra Pablo Iglesias en sus cartas.

La insistencia de Pablo Iglesias y el trabajo de Francisco de Asís López dieron sus frutos. Después de cuatro años de inactividad, en 1913 resurgió la actividad sindical lucentina. En enero se creó el Centro de Obreros Socialistas, que pronto ingresaría en el PSOE, y una Sociedad de Albañiles, que se integraría en la UGT. En el Centro de Obreros Socialistas, José López Antequera ejerció de presidente, Juan Antonio Funes de secretario y R. Ranchal de tesorero —con este último, según manifiesta en sus cartas a Francisco de Asís López, Pablo Iglesias también mantuvo correspondencia—. El 25 de abril Pablo Iglesias visitó Lucena para pronunciar un mitin, al que asistió numeroso publico, dentro de la gira que realizó por varios pueblos cordobeses aquella primavera (Puente Genil, Montilla, Rute, Belmez, Córdoba capital), lo que insufló nuevos ánimos al socialismo local.

Una semana después se celebró el Primero de Mayo de 1913, con un  mitin en el que intervinieron Beato Franco, Antonio Montilla y el abogado Antonio Buendía Aragón. En mayo y junio se constituyeron varias sociedades obreras: la de Tinajeros, Pintores, Blanqueadores y similares, Metalúrgicos y Carpinteros. Esta última inició una huelga en mayo para pedir la jornada laboral de 9 horas y el aumento de sueldo si se trabajaba los domingos, que se consideraban no laborables por ley desde 1904. En 1914 se creó una sección de las Juventudes Socialistas y, como actividad destacada a comienzos de año, hubo una campaña de recogida de firmas, que alcanzó 966 adhesiones, en contra de la guerra en el protectorado de Marruecos. El gobierno había instaurado recientemente el servicio militar obligatorio y los sindicatos, el PSOE y los partidos republicanos se posicionaron en contra de esta intervención en el territorio marroquí, pues entendían que solo servía para defender los intereses de empresarios y militares.

En marzo de 1915 la Sociedad de Albañiles, afecta a la UGT, inició una campaña contra el precio de los alquileres, los artículos de primera necesidad y del pan, que se vendía en Lucena a 0,95 pesetas el kilo, cuando el sueldo diario de un jornalero de enero a junio de ese año era de dos pesetas, solo el doble de lo que valía un kilo de pan. En el manifiesto que lanzó esta organización obrera a la opinión pública para denunciar la situación señalaba lo siguiente: “Y nosotros, que somos la inmensa mayoría, el origen del derecho, ¿debemos tolerar cobardemente que esta injusta sociedad nos pague nuestra vida, pletórica de sufrimientos, con una muerte cruel, inhumana, aniquilándonos por hambre? Querer es poder. Y unámonos todos y acabemos de una vez con esta cuadrilla de acaparadores sin conciencia que comercian con el hambre de nuestros hijos”. El 1 de abril se celebró en el casino de Sociedades Obreras una asamblea, donde se acordó “enviar una protesta enérgica contra las autoridades locales por la pasividad irritante que vienen observando en estas circunstancias”.

El día 9 de septiembre de 1915 el Centro de Obreros Socialistas celebró un mitin de propaganda. El dirigente Antonio Montilla alertó de que “el indiferentismo y la apatía [de los trabajadores] es culpa de que los burgueses empleen sobre ellos una explotación tan inicua y vergonzosa”. En el mismo acto, el trabajador agrícola y presidente de la Sociedad, José López Antequera, manifestó lo beneficioso que sería para todos los trabajadores el que se afiliaran al Centro. Sin embargo, la actividad del Centro de Obreros Socialistas resultó cada vez menor. Habrá que esperar a los años del llamado “Trienio Bolchevique” en Andalucía (1918-1920) para que el socialismo lucentino irrumpa con nuevas fuerzas, de lo que es muestra evidente que en marzo de 1919 la Agrupación Socialista de Lucena alcanzara los 1.976 militantes y la de Jauja sumara 200. Pero este nuevo periodo ya será materia de una nueva entrada del blog.

Para finalizar, he de agradecer a Antonia López Moscoso, nieta de Francisco de Asís López Ruiz de Castroviejo, que me haya facilitado algunos datos biográficos de su abuelo para completar esta historia. Las veinticuatro cartas que le remitió Pablo Iglesias se pueden leer en este enlace. 

Javier Tubío Aranda, primer alcalde de Lucena durante la II República

Javier Tubío Aranda nació en Lucena el 3 de diciembre de 1878 en una familia de posición acomodada. Sus padres se llamaban Araceli y José, y entre sus hermanos encontramos a un médico (José), un juez (Jorge) y un profesor (Manuel). Cuando se casó con Antonia Beato Ramírez, estableció su domicilio en el número 20 de la plaza Conde de Prado Castellano, hoy plaza del Coso. Trabajó de perito mercantil, contable e inspector de seguros. Desconocemos cuándo se comprometió políticamente con el republicanismo, pero es posible que desde la fundación en 1910 de la agrupación local del Partido Republicano Radical, una organización política creada en España dos años antes por Alejandro Lerroux con un discurso populista y anticlerical que poco a poco se moderaría.

El republicanismo fue la principal minoría de oposición en el Parlamento español desde el comienzo del reinado de Alfonso XIII, en 1902, hasta la imposición de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en 1923. Los republicanos se presentaron a menudo a las elecciones coaligados con el PSOE, tuvieron una fuerza importante en las zonas urbanas y aglutinaron en su seno a un amplio sector de la burguesía progresista y de las clases populares. Como el sistema político de la Restauración se basaba en el fraude electoral y el turno pactado entre los dos grandes partidos dinásticos, liberales y conservadores, la implantación del republicanismo resultó más dificultosa en el ámbito rural, donde la libertad de voto era menor y la influencia caciquil más acusada. Precisamente por ello, en Lucena uno de los objetivos del republicanismo fue la lucha política contra Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado liberal por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados en sucesivas elecciones desde 1905 a 1923, dos veces ministro y cabeza visible en la localidad del sistema político que los antimonárquicos querían enterrar.

Cuando hizo falta, como ocurrió de manera más descarada en las elecciones a Cortes de 1905 y 1919, para mantener su escaño de diputado y derrotar a la oposición, Martín Rosales y sus partidarios lucentinos no dudaron en usar las trampas caciquiles: manipulación electoral, coacciones, compra de votos, falseamientos de actas, atropellos de los funcionarios, uso de la fuerza pública, encarcelamientos de candidatos y apoderados, etc. El fraude electoral resultaba a veces tan escandaloso que, en noviembre de 1911, Javier Tubío y el también republicano José López Jiménez llegaron a solicitar en una instancia al alcalde que se anularan las elecciones municipales por las irregularidades que habían detectado.

El republicanismo constituyó una ideología muy minoritaria en Lucena a principios del siglo XX, sin representación en el Ayuntamiento y sin candidatos que se atrevieran a presentarse para diputados a Cortes por el distrito electoral. Sin embargo, los antimonárquicos expandieron su influencia de manera paulatina y en las elecciones municipales del 14 de noviembre de 1914 Javier Tubío obtuvo una concejalía. A partir de entonces, se convirtió en el edil con más mociones planteadas y con mayor número de intervenciones en el pleno municipal. Que sepamos, esta es la primera vez que un republicano obtiene el acta de concejal en Lucena en el siglo XX.

Tras la siguiente convocatoria electoral municipal, en noviembre de 1917, Javier Tubío ya disfrutó de un nuevo compañero republicano en el Ayuntamiento, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba. En febrero de 1920, en plena efervescencia obrera y sindical del llamado “trienio bolchevique” en Andalucía, los republicanos lucentinos rentabilizaron su influencia sobre la clase trabajadora y aumentaron sus concejales a cuatro, con la presencia del propietario José López Jiménez y del abogado Miguel Víbora Blancas. Los cuatro, junto a Manuel Tubío (hermano de Javier), el industrial Domingo Cuenca Aranda, Zenón Cuenca, Eduardo Álvarez, Miguel Cruz y Antonio Pedro Lara constituyeron la delegación lucentina que asistió en Madrid, del 14 al 21 de noviembre de 1920, al Congreso Nacional de la Democracia Republicana, en el que resultó elegido Alejandro Lerroux como presidente de la Junta Nacional Republicana que debía reorganizar el partido. Del auge del republicanismo lucentino en ese año da fe el que Javier Tubío presentara su candidatura para diputado a Cortes por el distrito de Lucena, aunque la retiró antes de las elecciones, que se celebrarían el 19 de diciembre.

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Javier Tubío Aranda (de pie, tercero por la izquierda). A su lado, otras tres figuras prominentes del republicanismo histórico en Lucena: Domingo Cuenca Navajas (de pie, segundo por la izquierda), Anselmo Jiménez Alba (de pie, cuarto por la izquierda) y José López Jiménez (sentado, segundo por la izquierda),

Tras las elecciones de febrero de 1922, a consecuencia del abatimiento y la represión que sufrió el movimiento obrero andaluz tras el “trienio bolchevique”, la cifra de ediles republicanos bajó a dos, y solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez Alba. Este Ayuntamiento, al igual que todos los de España, cesó debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923 del general Miguel Primo de Rivera. Hasta este momento, y desde finales de 1914, los republicanos lucentinos habían conseguido representantes en la Corporación en las cuatro elecciones municipales bianuales celebradas, y Javier Tubío había sido el único concejal que había repetido en todas las ocasiones.

El 17 de agosto de 1930 dirigentes republicanos y socialistas firmaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de establecer una república democrática y de derrocar al rey Alfonso XIII, a quien acusaban de haber apoyado el golpe de Estado de Primo de Rivera y de haber permitido la instauración de una dictadura, que en esos momentos se encontraba en manos del general Dámaso Berenguer. Su sucesor, el almirante Aznar, con la intención de volver a la normalidad constitucional, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían —como la mayoría de los ciudadanos— que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE y el Partido Republicano Radical, se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Partido Social Democrático, y a un candidato comunista, el propietario y abogado Antonio Buendía Aragón. Las elecciones del 12 de abril de 1931, en las que aún solo podían votar los varones, depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos. En total, dieciocho concejales republicanos frente a siete monárquicos. En el resto de España conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios.

Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor —roja, amarilla y morada—, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 de abril los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora —sobre quien también recaía la jefatura del Estado—, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos. Se iniciaba así, de forma esperanzadora y pacífica, y en medio del entusiasmo popular, el primer régimen democrático de la historia de España y uno de los procesos de cambio político más trascendentales del siglo XX.

El día 15 de abril por la tarde el gobernador civil de Córdoba nombrado por el Gobierno republicano —el abogado y catedrático Antonio Jaén Morente— anunciaba por telegrama el envío de un delegado para constituir el nuevo Ayuntamiento de Lucena salido de las urnas, y advertía de la conveniencia de mantener el orden “en bien de la República”. A las siete de la tarde se personaba como delegado del gobernador el abogado Francisco de la Cruz Ceballos que, a la una de la madrugada del día 16, en el salón de sesiones, en presencia de los concejales republicanos y siguiendo instrucciones superiores nombró alcalde provisional a Javier Tubío. Después del delegado del gobernador, habló el propio Tubío para agradecer el nombramiento y resaltar que pondría toda su voluntad en el desempeño de su cargo, con la esperanza de “verse asistido por todo el pueblo general por ser el único soberano”.

El 17 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento con los concejales proclamados el día anterior por la Junta Municipal del Censo Electoral. Javier Tubío resultó elegido alcalde por el pleno con veintidós papeletas a favor y una en blanco. Tras la elección de los tenientes de alcalde, Javier Tubío pidió un minuto de silencio en memoria de los “mártires de la libertad”, capitanes Fermín Galán y García Hernández, fusilados por su participación en la fracasada sublevación republicana de Jaca de diciembre de 1930. Terminó la sesión con un “¡Viva la República!”, contestado por todos los presentes. La corta experiencia de Javier Tubío como alcalde, pues dimitiría tres meses después, vendría condicionada sobremanera por la crisis obrera, en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Así que su gestión se basó fundamentalmente en conseguir de la Administración obras públicas y subsidios para los parados y en intentar aplicar, sin éxito, el decreto de Laboreo Forzoso, que obligaba a los patronos a dar trabajo a los desempleados de acuerdo con la extensión de sus fincas. También, en un acto de generosidad institucional, Javier Tubío renunció a las doce mil pesetas anuales que tenía asignadas para gastos de representación de la alcaldía en beneficio de los obreros parados.

Es posible que en la elección de Javier Tubío Aranda como alcalde influyera su filiación masónica, que compartía con el gobernador civil Antonio Jaén Morente. Los orígenes de la masonería en Lucena se remontaban al siglo XIX, ya que había funcionado la logia Isis antes de 1873, y entre 1880 y 1887 se constituyó Isis Lucentino. Sin embargo, fue durante la República cuando la masonería adquirió relevancia política, no tanto por su número de miembros sino por la actividad y el compromiso de los mismos. Este fenómeno ocurrió de manera similar en la política nacional y en la cordobesa, como lo prueba que seis de los doce diputados elegidos por Córdoba en las elecciones legislativas que se celebraron el 28 de junio de 1931 eran masones.

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Ficha de ingreso de Javier Tubío en la logia cordobesa Turdetania en 1919.

El 26 de marzo de 1919, Javier Tubío, con 40 años, se inició en el rito masónico como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. Tomó el nombre simbólico de Voltaire, en honor al filósofo de la Ilustración francesa. En octubre de 1926 alcanzó el grado tres y cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo masónico Isis Lucentino ejerció como venerable maestro de taller, del que eran únicos hermanos cuatro futuros concejales en abril de 1931: Anselmo Jiménez Alba, Domingo Cuenca Navajas, José López Jiménez y Antonio Buendía Aragón (los tres primeros republicanos y el último comunista), lo que demuestra un compromiso político de los masones lucentinos sin comparación con ningún pueblo de la provincia. El 23 de junio de 1934, la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, incluyó a Javier Tubío en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Los masones profesaban una ideología política variada, tanto en Lucena como en el resto de España. No obstante, su pensamiento político, que sería puesto en práctica en gran medida por el Gobierno republicano, se reflejó en mayo de 1931 en la declaración de principios elaborada por la Gran Logia Española: libertad de pensamiento, expresión y religión; igualdad ante la ley, sufragio universal, separación de la Iglesia y el Estado, matrimonio civil y divorcio, expulsión de las órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de asociaciones, abolición de la pena de muerte, ejército voluntario, enseñanza laica y gratuita, usufructo de la tierra por aquellos que la trabajan e implantación de un Estado federal.

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Javier Tubío, en el centro (sentado, cuarto por la izquierda), junto a otros comensales republicanos.

El 28 de junio de 1931, poco más de un par de meses después de la proclamación de la República, se convocaron elecciones legislativas. En Lucena, los socialistas obtuvieron mayoría absoluta con el 52,10% de los votos, seguidos de los republicanos, que lograron el 32,70%. En toda España el resultado fue muy similar, con victoria del PSOE, presencia muy importante de republicanos de diverso signo y escasa representación derechista. Tras la espectacular victoria socialista en Lucena, Javier Tubío presentó su dimisión irrevocable de la alcaldía el 6 de julio alegando razones de enfermedad. Le sustituyó el primer teniente de alcalde, el abogado socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Posiblemente, en esta decisión pesara el pobre resultado obtenido por la candidatura republicana lucentina en comparación con la del PSOE, lo que quizás fuera entendido por Javier Tubío y los republicanos como una falta de respaldo popular a su gestión. Tras la dimisión de Javier Tubío se produjo un distanciamiento entre los republicanos radicales y los socialistas lucentinos (algo que también ocurriría en toda la provincia) y los concejales republicanos dejaron incluso de asistir a las sesiones municipales hasta enero de 1932, aunque ya con anterioridad ambos partidos habían manifestado su desacuerdo en temas de política municipal y de solución de la crisis obrera.

Javier Tubío continuó con su actividad política fuera de la alcaldía, pues era además presidente del Partido Republicano Radical. El día 27 de agosto de 1931, por ejemplo, intervino en un acto público en el Centro Republicano, en el que ante el clima de conflictividad social resaltó la “conveniencia de admitir por parte de los poderosos el avance social bien ordenado pues si insisten en conservar su predominio intacto a toda costa, ello sería causa del desenfreno de los humildes hasta ahora, que no están dispuestos de ninguna manera a seguir en la misma situación”. También, en la noche del 2 de noviembre participó en un ciclo de conferencias en el Centro Republicano en las que disertaron otros dirigentes locales del partido (Lucas Ruiz de Castroviejo Burgos y Rafael Ramírez Pazo).

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Hoja pública difundida por Javier Tubío en la que informa de su nueva militancia en Acción Republicana.

En Lucena, el progresivo giro hacia el conservadurismo por parte del Partido Republicano Radical y las injerencias en el comité local del jefe provincial, Eloy Vaquero Cantillo, determinaron la salida de algunos de sus representantes históricos. Así, aunque el 16 de septiembre de 1932 Javier Tubío había sido nombrado diputado provincial en representación de los radicales, ya en la IV Asamblea Nacional de Acción Republicana —el partido del presidente de gobierno Manuel Azaña— celebrada en los días 14 a 16 de octubre, resultó elegido miembro de su Consejo Nacional. En enero de 1933 ya pertenecía al Consejo Provincial provisional que se encargaría de la reorganización del partido en la provincia y en marzo de 1933 se convertiría en presidente honorario de la agrupación local lucentina junto a Isidoro Vergara Castillo. El presidente efectivo sería su hermano Manuel, el vicepresidente Francisco Alba Sánchez, el secretario Ramón Cámara Muñoz, el tesorero Francisco Berjillos Vargas, y los vocales Emiliano Cámara Muñoz, Juan Rivas Lozano, Rafael Cazorla Ávila, Juan Antonio Peñalver Navarro, José Ayala Cuenca y Rafael Beato Cayaba.

Más adelante, el 23 de julio de 1933, en representación de los consejos locales de Acción Republicana de la campiña cordobesa, Javier Tubío participó en un mitin en el Gran Teatro de Córdoba , en el que recibió grandes aplausos. Manifestó que su partido tenía la intención de “luchar contra la reacción que pretende obstruir el camino por donde marcha triunfante la revolución española” y que “el reto lanzado por las derechas a las izquierdas revolucionarias españolas debe aceptarse, pero si es preciso hay que luchar en la calle”.

Javier Tubío (segundo por la izquierda) y otros dirigentes cordobeses se dirigen a la Asamblea Nacional de Acción Republicana el 14 de octubre de 1932.

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones legislativas de la II República. Frente a una derecha unida, los republicanos acudieron a las urnas divididos, enfrentados casi en todas partes. Los republicanos de izquierda crearon en Córdoba una coalición con el nombre de “Republicanos de Izquierda y Alianza de Labradores (arrendatarios, aparceros y medianeros)”, en la que participaban Acción Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista y la Alianza de Labradores. Junto al lucentino José Almagro García (perito industrial y mercantil, administrado de las bodegas de la viuda de Ruiz Onieva y presidente del Partido Radical Socialista) y Antonio Romero Romero, todos candidatos a Cortes, creó un equipo de propaganda que solo entre 8 y el 14 de noviembre desarrolló actos electorales en 31 pueblos del sur de Córdoba, para continuar en los días siguientes con la misma labor en las localidades de la sierra cordobesa.

 

Javier Tubío (de pie, segundo por la izquierda, con traje claro) en una acto de Izquierda Republicana en Córdoba.

A pesar de la intensa campaña desarrollada por la coalición de Javier Tubío, en la primera vuelta de las elecciones la lista de derechas consiguió la victoria en Lucena (36,36% de los votos), seguida de los comunistas (24,84%). La coalición de republicanos de izquierdas solo obtuvo el 5,83 %. Sin embargo, como las listas eran abiertas y cada elector podía señalar hasta diez nombres, él dobló en votos a los otros candidatos de su coalición. De los 9.593 lucentinos que acudieron a las urnas, incluidas por primera vez las mujeres, 1.263 depositaron su confianza en él. Los grandes triunfadores de las elecciones en España fueron la CEDA (la coalición de la derecha católica dirigida por José María Gil Robles) y el Partido Republicano Radical. Tras su derrota, se produjo una reorganización de las fuerzas republicanas españolas de centro izquierda. Así, en abril de 1934 surgió Izquierda Republicana, el nuevo nombre que tomó Acción Republicana tras su fusión en abril de 1934 con un sector del Partido Radical Socialista y con los republicanos gallegos de Casares Quiroga. A principios de junio se constituyó la junta directiva del partido en Lucena, presidida por Javier Tubío e integrada por Manuel Molero Bergillos (vicepresidente), Francisco Alba Sánchez (secretario) y Francisco Berjillos Vargas (tesorero). 

 

 

La CEDA y los radicales, solos, en coalición entre ellos o con otros partidos de derechas controlaron el gobierno desde diciembre de 1934 hasta enero de 1936. Durante su mandato, se produjo una corrección o paralización de la política reformista del primer bienio republicano que en la provincia de Córdoba se manifestó en la sustitución de varios ayuntamientos. Así, el 15 de octubre de 1934 el gobernador civil “suspendió” a toda la Corporación municipal de Lucena y nombró delegado del Gobierno en el Ayuntamiento al secretario Marceliano Izquierdo, que convocó una sesión extraordinaria municipal al día siguiente. Leído el oficio de destitución por el secretario, el alcalde saliente, Vicente Manjón-Cabeza (expulsado de las filas del PSOE), mostró en nombre de todos los concejales su extrañeza por la medida, pues no conocía ley alguna que autorizara a los gobernadores civiles para tal destitución, y alegó que el Ayuntamiento lucentino siempre había estado a las órdenes de las autoridades constituidas. A esta protesta se adhirió Javier Tubío por Izquierda Republicana. El 22 de octubre el gobernador nombró a los nuevos concejales interinos lucentinos (todos, menos uno, de la CEDA y del Partido Republicano Radical), que designaron alcalde al radical Bernardo Fernández Moreno.

Durante 1935, las secuelas de la política conservadora convencieron a la izquierda de la necesidad de unir sus fuerzas. Cuando se convocan nuevas elecciones legislativas para el 16 de febrero, la izquierda se presentó unida en una coalición electoral denominada Frente Popular —en la que participaba la Izquierda Republicana de Javier Tubío, la Unión Republicana, el PSOE, el partido comunista, etc.— que obtuvo la victoria con un programa electoral relativamente moderado, continuista respecto a la política reformista del primer bienio. En Lucena el Frente Popular también ganó y obtuvo el 53,66% de los votos frente al 38,32% de las derechas.

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La bandera republicana, en la parte superior, preside una comida de concejales del Frente Popular en 1936. De izquierda a derecha: Francisco Verdejo Ordóñez, Manuel Molero Bergillos, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba (alcalde), Javier Tubío Aranda, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”.

Una de las primeras medidas que tomó el Frente Popular después de su triunfo fue la reposición de los ayuntamientos surgidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados por las arbitrariedades de los anteriores gobernadores civiles. En Lucena, el nuevo gobernador civil del Frente Popular nombró una comisión gestora el día 22 de febrero, integrada por casi todos los concejales electos en febrero de 1931 por la lista republicana. Como los concejales socialistas desistieron de volver a la política municipal en protesta porque la nueva gestora no reponía a todos los concejales elegidos en 1931 ni respondía a la correlación de fuerzas del Frente Popular, el nuevo Ayuntamiento se constituyó con algunos de los antiguos concejales de elección popular y los nuevos concejales interinos nombrados por el gobernador. Tras una votación, se nombró alcalde el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, de Unión Republicana, y como segundo teniente de alcalde a Javier Tubío, de Izquierda Republicana. Al igual que ocurrió en el primer bienio republicano, el interés del Consistorio se centró en la solución de la crisis obrera. Como hecho relevante, a comienzos de mayo, una delegación de cuatro concejales, compuesta por Javier Tubío, Domingo Cuenca Navajas, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Bergillos Gálvez, viajó a Madrid para gestionar la realización de algunas obras para dar trabajo a los parados y consiguió poner en marcha varios expedientes ministeriales, relativos a la construcción de locales apropiados para correos y telégrafos, la estación olivarera y la cárcel.

La corta experiencia de gobierno del Frente Popular terminó en muchas zonas de España con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En Lucena, esa tarde, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las cinco de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Reclutas, emitió el bando de guerra. El 20 de julio, a las diez de la noche, había convocada sesión municipal ordinaria. El bando de guerra, que prohibía la libre circulación desde las nueve de la noche y las reuniones sin permiso de la autoridad militar, no permitió a los concejales reunirse en el ayuntamiento, por lo que se convocó nueva sesión para el día 22. A las seis de la tarde de este día, con la autorización del teniente coronel Tormo Revelo y bajo la presidencia del segundo teniente de alcalde, Javier Tubío, que actuó como alcalde accidental, se reunieron seis concejales bajo la supervisión del delegado de la autoridad militar. En esta sesión, y como una manera de mostrar su desacuerdo con la sublevación, Javier Tubío solicitó licencia por tiempo indeterminado. A continuación, el comandante militar de Lucena destituyó a toda la Corporación municipal y nombró alcalde a Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil.

El término preciso para referirnos a lo que sucedió en Lucena entre 1936 y 1939 no es el de guerra civil, sino el de represión, pues en la localidad no hubo resistencia armada al golpe de Estado, combates u operaciones militares. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas —en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes— y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes, por lo que hubo que habilitar hasta seis cárceles, incluidos dos conventos y la antigua plaza de toros. De los concejales elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, ocho acabarían pronto fusilados: cuatro socialistas (Rafael Lozano Córdoba, Antonio Palomino Luque, Manuel Burguillos Serrano y José López Antequera) y cuatro republicanos. Estos últimos habían vuelto a su cargo en febrero de 1936, repuestos por el gobernador civil del Frente Popular. Para su desgracia, pertenecían además al triángulo masónico Isis Lucentino, lo que en pleno apogeo de la teoría del “complot bolchevique-judeo-masónico” como causante de todos los males de España agravaba aún más su situación.

Javier Tubío intuyó que sería una de las víctimas, ya que le comentó a su mujer que “el campo era labor de viudas”. Según el testimonio de su hija, Araceli Tubío Beato, su padre fue apresado el 31 de julio por el guardia civil Antonio Bermúdez Rocher. Cuando el guardia se personó en el domicilio, Javier Tubío no se encontraba allí, así que amenazó a su esposa y a su hija con detenerlas si no aparecía en dos horas (este guardia utilizó el mismo método expeditivo de arresto con otras familias lucentinas, según los testimonios que recogí en su momento).

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La cárcel del Coso aparece a la izquierda y al fondo, con un mástil en la puerta.

Tras su detención, condujeron a Javier Tubío a la cárcel del Coso, situada a escasos metros de su casa, donde el capitán de Infantería de la Caja de Reclutas Joaquín López Tienda ordenó que se le castigara encerrándolo en una incómoda y minúscula celda que se había improvisado en el hueco de la escalera. Como los familiares debían llevar la comida a los presos, se comunicaba con su mujer a través de unas notas que ocultaba en la cesta de los alimentos, así que un día le escribió que quemaran todos sus papeles por temor a que pudieran comprometerle. A la vez, en un intento de congraciarse con sus captores, y según publicó el periódico católico local Ideales el 24 de agosto de 1936, donó 250 pesetas (el jornal diario rondaba entonces las cinco pesetas) para la suscripción de oro para el Tesoro, una de las múltiples colectas que se organizaron en aquellas fechas para recaudar fondos en las zonas controladas por los militares sublevados. Mientras, su esposa y su hija iniciaron una peregrinación desesperada por los domicilios de personas influyentes con la finalidad de pedir clemencia para él, sin obtener ningún resultado. Por ejemplo, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego, conocido en Lucena con el apodo de Teniente Polvorilla, las echó a la calle sin contemplaciones.

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Foto de la zona de fosa común del cementerio de Cabra, donde posiblemente se enterraría a Javier Tubío el 29 de septiembre de 1936.

A los pocos días de la detención de Javier Tubío, siguieron igual destino los otros masones del Consistorio: el alcalde Anselmo Jiménez Alba, el concejal de Izquierda Republicana José López Jiménez y el también concejal, diputado provincial y presidente de la agrupación local de Unión Republicana Domingo Cuenca Navajas. Todos ellos, junto con otros presos, salieron de Lucena en la noche del 28 al 29 de septiembre rumbo a Córdoba. El camión que los transportaba se detuvo a la altura del cementerio de Cabra, donde fusilaron a Javier Tubío, que entonces tenía 58 años de edad. Los demás prosiguieron el camino hasta Córdoba. Allí mataron a Anselmo Jiménez, José López y Domingo Cuenca un mes exacto más tarde, el 29 de octubre. El único miembro del triángulo masónico que consiguió escapar de la muerte fue el exconcejal Antonio Buendía Aragón, al que le sorprendió la sublevación militar en Madrid.

Javier Tubío posee el triste honor de ser el primer fusilado de la guerra civil que se anota en el Registro Civil de Lucena, el 22 de noviembre de 1937, casi 14 meses después de su muerte. La tardanza no resulta extraña porque todas las inscripciones de fusilados se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran. Durante los tres años de guerra sólo encontramos a cuatro fusilados en el Registro Civil de Lucena. El resto se inscribieron en años posteriores e incluso se produjeron diez asientos después del 18 de septiembre de 1979, como consecuencia de la Ley del gobierno de Adolfo Suárez sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares fallecidos a consecuencia de la guerra civil.

Hemos de tener en cuenta que el impacto de la represión resultó tan brutal que muchas familias no asentaron a sus seres queridos en el Registro Civil por temor, porque nunca lo intentaron, renunciaron a hacerlo ante las dificultades o porque emigraron de la localidad. De los al menos 130 vecinos de Lucena fusilados durante la guerra civil, 61 (47% del total) no aparecen en el Registro Civil. Sus nombres se hubieran perdido para la Historia a no ser por la labor de identificación que inició en los años ochenta del siglo pasado el historiador Francisco Moreno Gómez, continuada por mi desde finales de los noventa.

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Partida de defunción de Javier Tubío Aranda.

Los registros civiles españoles son poco fiables no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar, la fecha de la muerte y la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. Además, resultan frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “no consta”. Así, en el acta de defunción de Javier Tubío no se indica la causa del fallecimiento y se apunta literalmente que “apareció muerto en la madrugada del 28 al 29 de septiembre de mil novecientos treinta y seis en las inmediaciones del Cementerio de Cabra, según resulta de la orden y testimonios presentados y su cadáver recibió sepultura en el Cementerio de Cabra”. Las inhumaciones de los fusilados también fueron irregulares y se efectuaban en fosas comunes, sin anotar el enterramiento en los libros de cementerio, como sucedió en este caso.

Tras el fusilamiento de Javier Tubío, su mujer y su única hija debieron soportar no solo el dolor de su muerte, sino las distintas formas de represión económica que se arbitraron contra los republicanos y sus familias en la España franquista. Los expedientes personales de Javier Tubío que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, relativos a la aplicación en su contra de la Ley de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo, nos han ayudado en buena medida a rastrear cómo afectó este proceso a su familia.

El 11 de noviembre de 1936, Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería y juez instructor militar de Lucena, cumpliendo un bando de 11 de septiembre sobre incautación de los bienes de personas “culpables de actividades marxistas o rebeldes”, ordenó abrir expediente a Javier Tubío. A partir de enero de 1937, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes continuó la tramitación del expediente. El juez de Lucena citó a Javier Tubío para ser oído en el caso, pero al desconocerse su paradero se publicó el 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia la cédula de citación para que compareciera en el juzgado en el plazo de ocho días hábiles. Junto a él se convocaba también a Antonio Buendía Aragón, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba, José Almagro García, Antonio Cortés Gallardo y José López Jiménez, “cuyo actual paradero se desconoce”, “con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil (…) como consecuencia de la oposición al Triunfo del Glorioso Movimiento Nacional”. Esta citación era un puro formalismo jurídico, pues de los siete nombrados, cinco ya habían sido fusilados, entre ellos él.

Desconocemos si el expediente de incautación de bienes contra Javier Tubío originó alguna sanción para su familia. En la entrevista que mantuve con su hija, me contó que les quitaron la cosecha de aceitunas del año 1936, pero que luego se la devolvieron por intervención personal del teniente de la caja de Reclutas de Lucena Rafael García Rey, quien solía ser el administrador de los bienes que se embargaban a los republicanos en aquellas fechas.

Carnet de masón de Javier Tubío conservado por la familia.

Al igual que los expedientes de incautación de bienes, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió también para castigar económicamente a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional —forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado— con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes, de los que 6.454 correspondieron a la provincia de Córdoba, según el historiador Antonio Barragán Moriana. La sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas contra Javier Tubío se emitió en Sevilla el 28 de junio de 1940 y terminó con una multa de 15.000 pesetas. El tribunal estaba presidido por Rafael Añino Ilzarbe y de vocales ejercían Francisco Díaz Pla y Francisco Summers e Isern. Los motivos de la sanción consistían en que había sido jefe local de Izquierda Republicana, masón y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento del Frente Popular. La sentencia señalaba también que “dejó una sola hija hoy con veintitrés años de edad y bienes con valor aproximado de sesenta mil pesetas”.

La viuda presentó un recurso de alzada pocos días después, el 8 de julio de 1940, en el que solicitaba que se revocara la sentencia y que se absolviera de responsabilidad a su difunto esposo. En recurso alegaba, entre otras razones, que la sentencia partía “de supuestos de hecho erróneos y de ilógica aplicación del derecho” y que “las figuras de delito que se le atribuyen han nacido a la vida del derecho después de la muerte del inculpado”, remarcando con ello la barbaridad jurídica que suponía castigar a alguien por haber sido masón o haber militado en un partido político cuando esas filiaciones eran legales en el momento en que se habían producido. También apuntaba que la riqueza catastral de su marido era de 13.950 pesetas y no de 60.000, para lo que presenta un certificado catastral del Ayuntamiento en el que constaba que sus únicos bienes rústicos consistían en una finca de olivar y cereal de 11 hectáreas. El recurso iba firmado con el nombre de “Antonia Beato Vda. de Tubío”.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas estimó en parte, con fecha de 27 de marzo de 1941, el recurso de alzada. Consideró que “dadas las circunstancias especiales que concurren en el caso de autos y muy singularmente las de haber acatado el expedientado, alcalde interino a la sazón en el pueblo de Lucena, la declaración del estado de Guerra, así como la de haber de recaer exclusivamente la sanción que se imponga sobre una hija del expedientado, no puede menos de estimarse la procedencia de reducir a doscientas cincuenta pesetas la sanción económica impuesta”. Tras pagar la multa, la viuda y la hija de Javier Tubío pudieron acceder por fin a la libre disposición de los bienes de la herencia.

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Investigación secreta,  en 1944, sobre los antecedentes de Javier Tubío.

Junto a la Ley de Responsabilidades Políticas, a Javier Tubío se le aplicó otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Tras una fase de investigación secreta de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de la Gobernación, su expediente se abrió el 3 de octubre de 1944. El juzgado del caso recabó información sobre los “antecedentes masónicos y político sociales” de Javier Tubío al cuartel de la Guardia Civil de Lucena. El comandante de puesto, Ramón Cívico Quintana, le contestó cinco días más tarde que “a dicho individuo le fue aplicado el Bando de Guerra (…) por sus ideologías extremistas”. En consecuencia, el 20 de diciembre de 1944 el juez sobreseyó el asunto, pues según esta ley —y a diferencia de la Ley de Responsabilidades Políticas— la muerte del encausado extinguía su responsabilidad criminal y civil.

Para finalizar esta entrada del blog, debo señalar que he podido reconstruir de manera resumida la trayectoria histórica de Javier Tubío  gracias a mis investigaciones y a dos personas. Por un lado, Javier Tubío Ordóñez, sobrino bisnieto de Javier Tubío Aranda, que me alentó hace unos meses a que retomara mi labor investigadora sobre su antepasado y me facilitó algunos datos interesantes obtenidos del testimonio de sus tías.

La otra persona a la que debo agradecimiento es Araceli Tubío Beato, hija única de Javier Tubío, ya fallecida. La entrevisté en Córdoba capital en abril de 1997, cuando tenía 80 años. Era una señora culta y elegante. Se había trasladado allí después de haber vivido durante mucho tiempo en Ceuta. Su padre siempre había defendido que la mujer debía formarse y ejercer una profesión que le diera autosuficiencia, para no sentir la necesidad de depender económicamente de un varón. Esa filosofía la aplicó con su hija, así que entre los años 1930 y 1935 —coincidiendo prácticamente con el periodo de la II República— ella estudió Magisterio en Madrid, en la prestigiosa Residencia de Señoritas, homóloga de la masculina Residencia de Estudiantes. Esa residencia estaba ligada a los principios pedagógicos renovadores de la Institución Libre de Enseñanza y allí se formaron las élites sociales e intelectuales femeninas de la época.

Araceli elogiaba mucho a su padre, hasta el punto de que después de su muerte le rindió su particular homenaje estudiando la carrera de Derecho, pues él siempre quiso que fuese abogada. Según su testimonio, su progenitor poseía una profunda espiritualidad, admiraba a Jesucristo y a San Francisco de Asís y repartía dinero de manera generosa a los pobres. Nunca quiso abandonar Lucena, a pesar de que le ofrecieron ser gobernador republicano de León y un alto cargo en Canarias. Mantuvo una buena amistad con Manuel Azaña y con Santiago Casares Quiroga, ambos presidentes del Gobierno durante la II República, pero por desgracia la correspondencia con ellos y otra documentación personal que él creyó comprometedora ordenó destruirla cuando se encontraba preso en 1936. Según me confesó Araceli Tubío en la conversación que mantuvimos, su deseo (murió en el año 2009) era que la enterraran con su padre, algo que por desgracia no pudo cumplir, pues nunca lograron saber donde se encontraban sus restos.

Listado de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena. La fosa común del cementerio

En Lucena, el golpe militar contra la República se inició en la noche del 18 de julio de 1936 cuando un grupo de guardias civiles mandados por el teniente Luis Castro Samaniego, conocido con el apodo de Teniente Polvorilla, tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las 5 de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Reclutas, emitió el bando de guerra. A partir de ese momento, la población quedó bajo el poder absoluto de los jefes militares, quienes ordenaban o permitían los encarcelamientos, las torturas, el expolio de bienes y los fusilamientos sin que se arbitraran consejos de guerra u otros mecanismos con apariencia legal que justificaran las violencias.

La represión en Lucena comenzó el 18 de julio con las detenciones practicadas por los guardias civiles en el ayuntamiento y en la Casa del Pueblo socialista, y las realizadas con posterioridad en varios domicilios de la población. Los detenidos fueron internados en el cuartel de la Guardia Civil, en la cárcel municipal de la plaza del Coso y en otra pequeña prisión, situada en la calle Quintana, conocida popularmente como La Higuerilla. Durante los días 18 y 19 de julio se encarceló a unas doscientas personas, pero como el número de arrestados no dejaba de aumentar el día 24 las autoridades militares habilitaron como cárceles el convento de San Agustín y el claustro y las escuelas del convento de los Padres Franciscanos, a los que se añadió en el mes de agosto como lugar de presidio la antigua plaza de toros. En total, seis cárceles para una ciudad que en aquel momento rondaba los treinta mil habitantes. Desde estos centros de reclusión, muchos de los detenidos fueron trasladados al cementerio y a otros lugares del término municipal o a Córdoba capital para ser fusilados y enterrados en fosas comunes.

Cuantificar la represión franquista en Lucena es tan dificultoso como en el resto de España, ya que un buen número de víctimas mortales republicanas no ha dejado ningún rastro en la documentación oficial de los libros de defunciones del Registro Civil o de los libros de enterramientos de los cementerios. Desde el primer momento hubo un enorme interés en esconder la represión, algo que siempre han procurado las dictaduras a lo largo de la historia. Por otro lado, el miedo, las dificultades burocráticas y la emigración a otros lugares impidieron que los familiares de los asesinados pudieran inscribirlos en los libros de defunciones del Registro Civil, que son la fuente natural para el estudio de los fallecimientos en una localidad.

Todas las inscripciones de fusilados en el Registro Civil de Lucena se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran las muertes. Durante los tres años de guerra solo se inscribieron cuatro asesinados en el Registro (el primer fusilado lucentino no se anotó hasta el 22 de noviembre de 1937) y hubo bastantes inscripciones a partir de 1980 (un 15,87% del total de inscritos) acogiéndose a la Ley de 18 de septiembre de 1979 sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares de fallecidos a consecuencia de la guerra civil. Todo esto explica que existan personas fusiladas anotadas dos veces en el Registro o a la vez en Córdoba capital y en Lucena.

El Registro Civil de Lucena es poco fiable no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar y la fecha de la muerte, o la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. A la vez, son frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “apareció muerto por herida de arma de fuego a consecuencia de los sucesos del Glorioso Alzamiento Nacional”. Todas estas carencias explican que en el Registro estén inscritas solo 69 víctimas mortales de la represión franquista en Lucena mientras que otras 61 (el 47% del total) nunca se llegaron a anotar. Los nombres de estas últimas se han obtenido a través de testimonios orales y de otra documentación a través de una ardua tarea de investigación histórica.

Las inhumaciones de los asesinados se practicaron de manera irregular en fosas comunes. En el cementerio de Lucena se abrió una gran zanja donde se enterraba a los fusilados, separados por tandas de tierra y cal. A otros los enterraban en el mismo sitio donde los habían asesinado: Alameda de Cuevas, cuesta de los Balandranes, carretera de Cabra, pilar de la Dehesa, Paredes de Uñate, cortijo Angulo, etc. Por ello, en los libros de cementerio solo consta en el periodo de guerra civil el enterramiento de dos fusilados: José Onieva Sánchez (4 de agosto de 1936) y Matías Soria Jiménez (8 de febrero de 1938), este último fusilado tras un consejo de guerra sumarísimo. Frente a la política de las autoridades de borrar las huellas de la represión, los deseos de las familias por recuperar los cuerpos de los asesinados para darles digna sepultura resultaban muy arriesgados durante la contienda. Una familia lucentina nos informó de que intentó rescatar el cadáver de uno de sus miembros pidiendo ayuda a un médico falangista, sin embargo este respondió con amenazas y les advirtió de “que no se les escuchara llorar”.

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Última foto localizada de un fusilado lucentino: Marceliano Izquierdo Izquierdo, secretario del Ayuntamiento.

A partir de agosto de 1936 en Lucena los fusilamientos se cometieron de forma masiva y colectiva, una circunstancia que no recogen los libros de defunciones del Registro Civil. Por ejemplo, el día 5 de agosto asesinaron a cinco jóvenes, que hemos conseguido identificar con nombres y apellidos, en la finca de la Alameda de Cuevas, situada a la izquierda de la antigua carretera en dirección a Monturque. Muchos testimonios orales nos aseguran que en la madrugada del 19 de agosto –quizás como una forma macabra de conmemorar el primer mes de la rebelión militar– asesinaron a veinticinco personas en el cementerio, mientras el Registro solo recoge el nombre de dos. Lo cierto es que, según las informaciones recabadas de las familias, algunos de los inscritos en el Registro en otras fechas habrían muerto en realidad el día 19. Además de la matanza del día 19, no nos faltan testimonios de otras: un testigo presencial contó veintitrés fusilados en la cuesta de Balandranes en un solo día y otro vio cinco fusilados en las paredes del cementerio en la madrugada del día 25 de septiembre (en el Registro Civil solo hay datos de uno). En Córdoba capital también cayeron inmolados al menos 32 lucentinos que fueron enterrados en los dos cementerios de allí. Por ejemplo, en el mes de noviembre de 1936, según los expedientes personales de prisión de los finados que se conservan en el Archivo Histórico Provincial, ocho lucentinos murieron el día 12, cuatro el 13, siete el 14 y dos el 20.

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Monolito inaugurado el 1 de julio de 2005 en cementerio de Lucena en recuerdo de las víctimas de la represión franquista.

El único vestigio visible que simboliza la represión franquista en el cementerio de Nuestra Señora de Araceli de Lucena es un monolito que se inauguró el 1 de julio de 2005 con los nombres de los 123 fusilados y muertos en las cárceles conocidos hasta ese momento (su número real ha aumentado a 137, 14 más, tras sucesivas indagaciones en estos últimos años). Se construyó con la aportación económica del Ayuntamiento y las ayudas que entonces concedía la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en materia de recuperación de la Memoria Histórica. Aunque debajo del monumento no se encuentran restos humanos, desde entonces ha servido de lugar de memoria y se ha convertido en un espacio donde las familias han podido honrar a sus seres queridos, rezar y llevarles flores. En una sociedad de raíces cristianas como la nuestra, en la que la tradición cultural conlleva que los difuntos se inhumen de manera digna en camposantos e identificados con sus nombres en lápidas, es evidente que este monolito ha reconfortado a los familiares de las víctimas, ha atenuado el dolor de sus heridas y se ha erigido en un símbolo de encuentro y reconciliación.

En enero de 2016, algunos familiares de los asesinados durante la guerra me solicitaron un informe histórico sobre la fosa común del cementerio de Lucena. Según los datos que ellos poseían y las informaciones que yo había aportado con anterioridad en mis libros sobre Lucena, existían suficientes indicios para considerar que a sus seres queridos los enterraron en algún lugar del camposanto. Las familias adjuntaron mi escrito a la petición que realizaron al mes siguiente a la Dirección General de Memoria Democrática, con la finalidad de que este organismo, dependiente en aquel momento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, activara los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la guerra civil. Medio año después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó que Lucena se encontraba entre las 37 localidades en las que se iniciaría el proceso de indagación, localización, exhumación e identificación genética (si procedía) de las víctimas enterradas en alguna fosa común de la guerra civil que aún perdurara en el cementerio, pues en aquel momento se desconocía si con posterioridad estas fosas se exhumaron, se destruyeron o se reutilizaron.

Trabajos de construcción, en el año 1927, de las tumbas individuales que se utilizarían como fosa común en el cementerio de Lucena durante medio siglo. Se puede observar, a la derecha, el abultado montón de huesos extraídos durante las labores de excavación.

El 9 de enero de 2017 comenzaron las labores para localizar los posibles restos de los fusilados en el cementerio de Lucena. El equipo técnico estuvo dirigido por el profesor de la Universidad de Granada Francisco Carrión, y con él, junto a otros voluntarios, colaboraron de manera altruista durante varias semanas cuatro lucentinos graduados o licenciados en Historia (Miriam Sánchez Santiago, Miguel Ángel Toledano Cantero, José Alberto Delgado Arcos y Víctor García Martínez). Los resultados fueron infructuosos tras ocho semanas de trabajo y la exploración del 54 % del terreno donde se podrían situar las fosas. La falta de localización en aquel momento pudo deberse a que los fusilados se hubieran inhumado, al igual que millares de lucentinos, en algunas de las más de 300 tumbas individuales de ladrillo y hormigón construidas en 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, y que se reutilizaron como fosa común hasta los años setenta del siglo XX. Con una profundidad que en muchas ocasiones supera los cuatro metros, en cada una se apilaban varios cuerpos, unos encima de otros, que cada varios años se exhumaban y se arrojaban al osario. Así se dejaba paso a nuevos enterramientos, ya que en aquellas fechas la mayoría de los lucentinos no tenía recursos económicos para sufragar una tumba propia y era el Ayuntamiento quien asumía ese servicio.

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Labores de excavación en el cementerio de Lucena en diciembre de 2017.

Ante la primera falta de resultados, el 6 de noviembre de 2017 comenzó una nueva fase de excavación en el cementerio, dirigida por el mismo equipo del profesor Francisco Carrión, que excavó o sondeó mediante catas el 98 por ciento del terreno. Las labores se prolongaron durante el mes de diciembre y culminaron con la localización de los restos de cinco varones, con una edad entre los 35 y los 53 años. Todos sufrieron palizas y torturas antes de ser asesinados, pues presentaban múltiples fracturas en costillas, antebrazos, clavículas o húmeros. Los cuerpos aparecieron en una misma tumba, enterrados en cal viva en tres niveles, uno en el más superficial y dos en cada uno de los niveles restantes. Estos cuatro últimos no murieron fusilados, sino de un solo disparo en la cabeza. Desconocemos en este momento (marzo de 2020) si el proceso de identificación genética de los restos hallados ha culminado con éxito, pues a varias familias se les tomaron pruebas de ADN con la intención de confrontarlo con el de los huesos encontrados.

La lista de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena que publicamos a continuación comenzó a elaborarse en 1997 y desde entonces su número y la información que poseemos sobre los fallecidos han aumentado considerablemente, como se puede comprobar a través de los libros que he ido publicando y de los artículos de este blog, donde aparecen historias y fotografías de bastantes de ellos. Si en 1997 hubiéramos decidido no investigar sobre este asunto y seguir el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas de la represión fueron muchas menos de las que en realidad son, con lo que habríamos hecho un flaco favor a la verdad histórica y al derecho que tienen las sociedades a conocer su pasado. Según los datos que poseemos en la actualidad, y que podrían variar en cualquier momento, la represión causó en la localidad de Lucena durante la guerra 98 muertos, a los que hay que sumar 21 en la aldea de Jauja y 11 en la de Las Navas del Selpillar, lo que nos da una cifra total de 130 víctimas para el municipio (hay otras tres dudosas). Además, seis forasteros cayeron fusilados en el término municipal. Por último, en la posguerra murieron en las cárceles al menos otros siete lucentinos por hambre, enfermedades y privaciones. Los nombres de todos ellos aparecen detallados en las seis páginas de este enlace.

 

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Antonio González Merino (izquierda) y su primo Rafael González Polonio, residentes en la provincia de Barcelona y ambos ya fallecidos, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión en el cementerio de Lucena. La foto se tomó durante la visita que realizaron en mayo de 2010 para depositar flores a los pies del monumento, donde aparecen los nombres de sus padres, los hermanos Juan y Manuel González León, nacidos en Lucena y fallecidos en 1942 y 1941, respectivamente, en el campo de exterminio nazi de Mauthausen (Austria).

El campo de concentración de prisioneros de guerra de Lucena (1938-1939)

Durante la guerra civil y en la primera posguerra, el campo de concentración de prisioneros de guerra fue el lugar utilizado en la España franquista para internar, clasificar, reeducar y distribuir hacia otros destinos a los soldados republicanos que caían prisioneros o se entregaban voluntariamente, y también a los civiles y militares que llegaban evadidos desde la zona republicana. Las primeras instrucciones para la actuación con los prisioneros de guerra se emitieron en diciembre de 1936 y a partir de agosto de 1937 se encargaría de esta cuestión la Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros, un organismo que dependía directamente del Cuartel General del Generalísimo, es decir, del propio Francisco Franco.

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Prisioneros del campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) en una fecha indeterminada.

Tras su apresamiento en los frentes de guerra por las tropas franquistas, los mandos y los soldados republicanos eran normalmente conducidos a un campo provisional, donde se les tomaba la filiación y se les interrogaba. De allí, en trasportes que solían ser vagones de carga, sufrían un nuevo traslado a un campo estable para ser clasificados. Si al prisionero se le encontraba alguna responsabilidad política o militar, se le trasladaba a una cárcel y se le sometía a juicio sumarísimo, en el que podía ser condenado a muerte. Si se le consideraba adepto al Movimiento Nacional (porque hubiera sido reclutado a la fuerza o no se encontrara cargo contra él) se le reintegraba en el Ejército franquista o se le dejaba en libertad si no pertenecía a reemplazos movilizados hasta el momento. Si se le consideraba “dudoso”, indiferente o poco afecto al Movimiento Nacional, se mantenía su reclusión en el campo de concentración o se le destinaba a partir de agosto de 1937, sin sentencia judicial previa y como mano de obra forzada y militarizada, a los batallones de trabajadores –reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores–, donde era sometido a trabajos forzados en fortificaciones militares y en obras públicas y privadas (pantanos, canales, ferrocarriles, carreteras, minas, puertos, edificios, etc.). Esta modalidad de trabajo esclavo se mantuvo bastantes años, de manera que según cifras oficiales en julio de 1942 aún quedaban 45.457 presos encuadrados en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

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Prisioneros de guerra en Santander (1937).

Los prisioneros de guerra en la España franquista no fueron tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1929 –a pesar de que Franco manifestó a la Cruz Roja que se guiaría por ella– que establecía un trato humanitario para los internos y la prohibición de infligirles sufrimientos, violencias, insultos, etc. Por el contrario, acabaron hacinados en campos de concentración en malas condiciones higiénicas, mal alimentados, obligados a trabajos forzosos, torturados, castigados, y en ocasiones exterminados en asesinatos extrajudiciales. Según las instrucciones emitidas en septiembre de 1937 por la Inspección de los Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra y Batallones de Trabajadores, los presos tenían restringidas las visitas y la correspondencia –que era censurada– y se les prohibía hablar con las fuerzas de vigilancia, recibir paquetes de comida o la lectura de la prensa. Además, dentro del proceso de reeducación política que padecían, estaban obligados a saludar a las autoridades y a la bandera al estilo fascista – “con la mano extendida”–, y a dar vivas a Franco y a España al formar y romper filas y con motivo de cualquier evento. En cuanto a las actividades que desarrollaban, una buena parte del día los prisioneros permanecían de pie y en posición de firmes: para los recuentos, la instrucción, escuchar los discursos y las lecturas de las leyes penales, cantar los himnos patrióticos o para la celebración de la misa de los domingos. La consideración que merecían los prisioneros de guerra republicanos para las autoridades franquistas la reflejó de manera clara el máximo responsable de la Inspección de Campos, Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, en la “Memoria Crítica”, de 1938, con estas palabras: Frente al Ejército Nacional no se alza otro Ejército, sino una horda de asesinos y forajidos, y junto a ellos, y como menos culpables, unos bellacos engañados por una propaganda infame”. 

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Prisioneros desfilando en el campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) en fecha indeterminada.

Conforme las tropas franquistas avanzaban en sus conquistas, el número de prisioneros aumentó con rapidez, sobre todo en 1938. En febrero de 1939, según cifras oficiales, se alcanzaba la cifra de 237.102 internados en los campos. Si nos atenemos a las investigaciones de Carlos Hernández de Miguel, publicadas en 2019 en un libro imprescindible de más de 500 páginas, Los campos de concentración de Franco, en España existieron cerca 296 campos de concentración (51 de ellos en Andalucía) entre 1936 y 1947 por los que pasaron entre 700.000 y un millón de prisioneros. Las víctimas mortales directas serían unas 10.000. Andalucía fue un lugar de internamiento de prisioneros durante toda la guerra, pero en especial desde 1939, pues los campos del norte de España se encontraban desbordados.

El historiador Francisco Navarro López, en su libro Cautivos en Córdoba (1937-1942), publicado a finales de 2018, analiza de manera detallada los 13 campos de concentración de la provincia de Córdoba, bastantes de ellos desconocidos hasta ahora, por los que pasaron 32.283 prisioneros contabilizados y 61.645 estimados. También describe las 28 unidades cordobesas de trabajos forzados en las que hubo 11.386 cautivos, sobre todo recluidos en batallones de trabajadores. En Lucena existió un campo de concentración por el que pasaron, según Francisco Navarro, 967 prisioneros contabilizados y 2.000 estimados, aunque su capacidad era para solo 300.

La andadura del campo de concentración de Lucena comenzó el 12 de julio de 1938, cuando llegaron 194 prisioneros custodiados por fuerzas de la Guardia Civil. Todos procedían del campo de concentración de Córdoba. Durante ese mes hubo 10 bajas entre los presos, de las que seis fueron por ingresos en el hospital militar de Lucena, que se encontraba en la actual residencia de ancianos de San Juan de Dios. Desconocemos si alguno de ellos falleció en el recinto hospitalario.

El 1 de octubre de 1938 el campo albergaba ya a 229 presos, y en los días siguientes se sumaron otros 69, de los que 66 procedían del campo de concentración de Córdoba, que funcionaba desde 1937 y que se convirtió en el gran suministrador de internos para el de Lucena. En total, durante este mes de octubre, pasaron por el campo de concentración de Lucena 292 reclusos, entre los que se produjeron 158 bajas que se distribuyeron de la siguiente manera: 59 internos fueron liberados; 77 engrosaron las filas del Ejército franquista en los frentes de guerra (regimiento de Infantería Oviedo, Regimiento Pavía nº 7 y un batallón de Bandera de la Falange); 14 acabaron en el Batallón de Trabajadores 103, sometidos a trabajos forzados en las obras del aeropuerto de Málaga; mientras que dos terminaron ingresados en la Prisión Provincial, otros dos en el campo de concentración de Córdoba y tres pasaron por el Tribunal Médico de Córdoba.

En julio de 1939 todavía quedaban 121 presos en el campo de concentración de Lucena, cuando hacía ya tres meses que había finalizado la guerra civil. El día 8 de julio el campo dejó de funcionar. Tuvo por tanto una andadura corta, de solo un año. El destino de la mayoría de los prisioneros fue el campo de concentración de Montilla, no obstante 30 quedaron libres, uno pasó al campo de concentración de Córdoba, otro a la prisión de Córdoba y otro a la de Linares (Jaén).

No sabemos a ciencia cierta el lugar exacto donde se ubicó el campo de concentración de Lucena pero, según hemos podido deducir del testimonio del médico lucentino Juan Luna Delgado –ya fallecido–, creemos que tuvo su sede en las escuelas de San Antonio de Padua del convento de los padres franciscanos, un recinto que había servido de prisión al comienzo de la guerra civil y que junio de 1938 albergaba a 320 alumnos según el periódico local Ideales en su edición del día 13. Era un edificio espacioso y con agua corriente, pero aun así no contaba con la infraestructura necesaria (camas, utensilios de cocina, servicios higiénicos, lavandería, etc.) para alojar a tanta población reclusa. El comandante jefe del campo fue Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería retirado y comandante militar de Lucena. De la administración económica se encargó el teniente Rafael García Rey. El Estado pagaba 1,65 pesetas diarias para la manutención alimenticia de cada uno de los presos.

La documentación relativa al campo de concentración de prisioneros de Lucena me la facilitó en abril de 2016 el historiador Francisco Navarro López, y está extraída de los fondos documentales del Tribunal de Cuentas, referidos a 132 campos de concentración y 541 batallones de trabajadores, que se conservan desde 2010 en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. La lista alfabética con los nombres de 258 presos que pasaron por el campo de Lucena se puede consultar en este enlace.

Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después

Juan Zafra Raigón (2)

Juan Zafra Raigón, desaparecido cuando lo detuvieron en Montilla en 1936.

En diciembre de 2015, Miguel Guillén Burguillos me escribió un mensaje de correo electrónico desde Mataró (Barcelona), su ciudad de nacimiento y de residencia. Miguel procede de una familia de emigrantes andaluces afincados en Cataluña en los años sesenta del siglo pasado. Por parte de madre, su abuela Gabriela era originaria de Montilla y su abuelo Antonio de Lucena. Había leído mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), y me pedía ayuda para localizar a uno de los hermanos de su abuela, Juan Zafra Raigón. Lo habían detenido en Montilla, que había quedado en manos de los golpistas desde el 18 de julio de 1936, y desde entonces estaba desaparecido. Por tanto, desconocían si había sido fusilado o había conseguido sobrevivir. La única noticia, confusa y poco creíble, sobre su posible paradero les vino de otro hermano, Antonio, que se exilió en 1939 en Francia y estableció allí su residencia definitiva hasta su muerte. Al intentar recabar información en tiempos de Franco en un consulado español en Francia, le dijeron que los datos que poseían sobre Juan eran confidenciales, así que la familia creyó –aunque sin ningún fundamento que lo avalase– que podría estar refugiado en Suiza.

Desgraciadamente, no pude ayudar a Miguel Guillén en la búsqueda de su tío abuelo por las enormes dificultades que presenta la investigación de este caso. Además, su nombre no está incluido en la lista de los 148 víctimas mortales que tenemos catalogadas hasta el momento de la represión franquista en Montilla ni entre los 438 vecinos –Montilla tenía unos 19.500 habitantes en 1936– que sufrieron internamiento en cárceles u otras formas de represión durante la guerra y la posguerra. En consecuencia, Juan Zafra Raigón continua siendo en este momento una de las muchas decenas de miles de personas desaparecidas, de las que no se tiene constancia de su paradero ni se ha encontrado su cadáver, a consecuencia de la represión franquista durante la contienda civil.

Antonio Burguillos Serrano.

Antonio Burguillos Serrano en una fotografía de la década de 1970.

En la primera conversación telefónica que tuvimos sobre este asunto, Miguel Guillén me contó otra historia. Como su abuelo materno, Antonio, era lucentino, había leído también mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939. En él, a Miguel le había llamado la atención que entre la lista de fusilados en 1936 apareciera Manuel Burguillos Serrano, que se apellidaba igual que su abuelo y cuya fotografía mostraba un enorme parecido físico con él mismo, según apreciaron con sorpresa hasta sus propios padres. Me pidió, por tanto, si podría averiguar si ese hombre podría ser hermano de su abuelo, quien les había contado que tenía un hermano y una hermana en Lucena pero nunca les dio información sobre ellos. Su abuelo se había marchado solo, sin su familia, a trabajar desde Lucena a Montilla con menos de 20 años, a finales de la década de 1920. En 1965, junto a su mujer, Gabriela, y sus hijos, había emigrado a la localidad barcelonesa de  Mataró, donde murió en 1976, con 66 años.

Manuel Burguillos Serrano.

Manuel Burguillos Serrano, concejal en 1931 y vicepresidente del PSOE de Lucena en 1936.

El presunto hermano de Antonio, Manuel Burguillos Serrano, había nacido en Lucena el 11 de marzo de 1905. Tenía una formación autodidacta y era jornalero de profesión, por lo que sufrió las miserables condiciones de vida de los trabajadores del campo andaluz de los años veinte y treinta del siglo pasado. A través de su propia experiencia vital, de su talante generoso con los que aún eran más pobres que él y de las tertulias organizadas en el patio de su casa, al calor de la lectura del periódico El Socialista, tomó conciencia de la necesidad de combatir las injusticias de su tiempo. El salto de Manuel Burguillos al Consistorio local se produjo en las elecciones del 14 de abril de 1931, al resultar elegido concejal en la triunfante candidatura republicana, que obtuvo en Lucena el 64,82% de los votos frente al 35,18% conseguido por los monárquicos. Solo dos días después se proclamaba la II República en toda España. Su labor como concejal socialista en el Ayuntamiento se puede resumir en tres ejes prioritarios: defensa a ultranza de los derechos y de la dignidad de la clase obrera, reivindicación del laicismo y denuncia constante de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que se oponían a las reformas del régimen republicano. El 15 de octubre de 1934 la Corporación Municipal lucentina fue destituida de manera arbitraria por el gobernador civil y Manuel Burguillos dejó de ser concejal. A partir de entonces su actividad política se centró en la agrupación local del PSOE, de la que llegó a ser vicepresidente en 1936.

Foto Manuel Burguillos (Libro familia 2)

Manuel Burguillos, cuando tenía 27 años.

La rebelión militar del 18 de julio 1936, que triunfó en Lucena ese mismo día, tuvo trágicas consecuencias para Manuel Burguillos. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas –en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes– y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes. De los concejales socialistas elegidos en las elecciones de 1931, al menos cuatro serían pronto fusilados: Rafael Lozano Córdoba (de 72 años), Antonio Palomino Luque, José López Antequera y Manuel Burguillos Serrano. El 27 de julio unos falangistas se presentaron en la casa de Manuel Burguillos, en el número 52 de la calle Rute. Al no encontrarlo allí, pues se hallaba trabajando, le dejaron el aviso de que se personase ante la autoridad militar “solo para hacerle unas preguntas”. Cuando regresó, su esposa, consciente del peligro que se cernía sobre él, le propuso la huida hacia Jaén, que se encontraba en zona republicana. Él se negó, alegando que no había cometido ningún delito y que su conciencia estaba tranquila. Se presentó a la citación y quedó detenido en el acto. Su confianza en las buenas intenciones de sus verdugos le traicionó. Estuvo internado en el convento de San Francisco, convertido en prisión, y en la madrugada del 19 de agosto de 1936 lo fusilaron, junto con veinticuatro personas más, en las tapias del cementerio de Lucena. Tenía entonces 31 años. Dejó dos huérfanos, Antonio, de tres años, y Carmen, próxima a cumplir los dos.

Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

En una foto de cuando tenía 23 años, Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

Recabando datos para mi libro sobre Lucena, logré entrevistar en los meses de marzo y abril de 1997 a la viuda de Manuel Burguillos, Luisa Baena Mármol, quien ya había cumplido los 88 años y parecía una mujer muy vivaz. En la conversación definió a su marido, con el que se había casado el 30 de abril de 1932, como un hombre inteligente, bueno y, sobre todo, cariñoso. Se apreciaba que había estado muy enamorada de él y era evidente que se sintió bastante reconfortada e ilusionada aportando sus recuerdos. A pesar del tiempo transcurrido desde la guerra, mantenía una memoria prodigiosa. Aún se emocionaba, hasta llegar a las lágrimas, enumerando los nombres de varios fusilados –entre ellos un primo hermano– y contando que escondió en su propia casa a tres hermanos (Rafael, Miguel y Antonio Sánchez) para evitar su detención en una de las numerosas redadas acontecidas en la calle Rute. Como nota curiosa, he de señalar que en la pared del rellano de la escalera de su antigua vivienda todavía conservaba un cuadro con la imagen de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y del sindicato socialista UGT, que había conseguido ocultar detrás de una lámina de la Virgen durante la guerra y la dictadura de Franco. Condicionada por sus trágicas circunstancias familiares y aconsejada por el cura de la parroquia del Carmen, Luisa se volvió a casar el 27 de noviembre de 1939, tuvo tres hijos más (Luis, Araceli y Ana), perdió el contacto con la familia de su antiguo marido y enviudó de nuevo en 1970. Murió el 8 de noviembre de 1999, dos años después de que yo la entrevistara.

Dos meses antes de que me escribiera Miguel Guillén desde Mataró, conocí a un nieto de Manuel Burguillos Serrano, de igual nombre y primer apellido, porque se me presentó por la calle. Me habló de que estaba interesado en localizar y exhumar los restos de su abuelo –una solicitud que ya ha cursado a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía– y nos intercambiamos los números de teléfono. Esta casualidad permitió que pudiera consultarle las dudas que me planteaba Miguel Guillén. Miguel sabía que los padres de su abuelo se llamaban Araceli y Antonio. Manuel buscó en el libro de familia de su abuelo y los padres se llamaban igual. También preguntó a su tía Carmen, y ella le dijo que mantenía un recuerdo lejano de la existencia de un tío en Montilla. Miguel me envió también una foto de su abuelo Antonio que fue determinante. En cuanto Manuel la vio, descubrió el enorme parecido físico con su padre, Antonio, ya fallecido. El misterio estaba resuelto: Manuel y Antonio Burguillos Serrano eran hermanos. A los pocos días, la curiosidad llevó a Miguel, politólogo de profesión, a realizar otro descubrimiento importante: encontró en el diario ABC una nota mortuoria de Araceli Burguillos Serrano, de 88 años, fallecida el 23 de abril de 1996 en Madrid, el lugar donde su abuelo les había referido que había emigrado su hermana.

La pregunta que surge de inmediato es por qué Antonio Burguillos Serrano nunca hablaba de su hermana ni de su hermano fusilado en Lucena. El origen podría estar en su personalidad callada, hermética y dedicada al trabajo. O puede que ese silencio se debiera al desarraigo familiar, al deseo de olvidar, al miedo, a tratar de evitar que sus hijos pudieran correr la misma suerte que su hermano por “meterse en política” o a cualquier otro motivo desconocido. Tampoco sabemos si ese silencio, en una persona de ideología socialista, fue voluntario o forzado por determinadas circunstancias. Sea como fuere, el olvido y el pasado familiar oculto del abuelo han sido sustituidos ahora por la memoria de uno de sus catorce nietos. Al menos, en este caso, una historia que hunde una parte de sus raíces en el drama represivo de la guerra civil española tiene un final feliz. Esta semana, solo cuatro meses después de que me escribiera, Miguel Guillén Burguillos visita Lucena por primera vez en su vida para conocer el lugar donde nació su abuelo y donde aún viven los descendientes de su tío abuelo, con los que aún no había mantenido ningún contacto, pues yo he servido en todo momento de intermediario con ellos. Esta es la fotografía, de ayer mismo, 6 de abril de 2016, que da fe del esperado encuentro familiar.

Familia Burguillos Lucena

De izquierda a derecha, Manuel Jiménez Burguillos, Miguel Guillén Burguillos y los hermanos Manuel y Carmen Burguillos Castillo.

El Carnaval en Lucena antes de la guerra civil

Desde el último decenio del siglo XIX los documentos históricos atestiguan la existencia del Carnaval en Lucena. La prensa de la época nos informa de los bandos de la alcaldía, de las actuaciones de las estudiantinas (grupos con instrumentos musicales parecidos a las tunas), de las máscaras por las calles y de los bailes en el Círculo Lucentino y en el Café Suizo. Era una de las fiestas más importantes de la localidad y duraba tres días (no sabemos si empezaba en jueves o viernes) más el Domingo de Piñatas que se celebraba a la semana siguiente. Durante estos días se cocinaba una comida especial, el guiso de Carnaval, cuyo ingrediente principal era un relleno de carne y huevo.

La forma de disfrutar del Carnaval en Lucena dependía de la clase social a la que se pertenecía. Las clases altas y medias se divertían en los bailes de disfraces organizados por sus círculos de recreo mientras las clases populares celebraban el carnaval en las calles y en la Plaza Nueva, donde actuaba la Banda Municipal. La mayoría de la población, de origen humilde y bajo poder adquisitivo, utilizaba para disfrazarse ropas viejas, pañuelos con los que tapaban sus caras y caretas. Las máscaras trataban de llamar la atención de los demás al grito de “ a que no me conoces, a que no me conoces”. Por las calles actuaban las ya citadas estudiantinas y las comparsas, con su repertorio cantado, formadas por trabajadores agrícolas y de distintos oficios.

El 21 de febrero de 1901, en un artículo firmado por Dr. Minuto y publicado en El Adalid Lucentino, se escribía que en el Carnaval de ese año “nada hemos visto sino variados disfraces, todos sin pizca de ingenio, improvisadas comparsas, y algunos que con sus barbaridades nos daban la lata”. En el primer día de Carnaval, debido a la lluvia, no aparecieron hasta la noche los disfraces y las comparsas, entre ellas una de niñas. A la vez, se celebraron bailes poco concurridos en los “casinillos”. En la tarde del segundo día gran número de máscaras, comparsas, la banda municipal y niños con confetis y serpentinas invadieron las principales calles y la Plaza Nueva, “en la que de cuando en cuando, parecíamos escuchar la clásica serenata con la que festejan en los barrios a los que de nuevo se suicidan casándose en segundas nupcias”. Por la noche, destacó por su concurrencia el baile del Círculo Lucentino, que congregó a la “aristocracia de Lucena”. El tercer día “el número de máscaras [fue] mayor que en el anterior, mucho vino y más borrachos, mayor gasto de confetis y serpentinas”. Ese día, el alcalde prohibió los bailes “en los tabernuchos”, sin embargo el del Círculo Lucentino congregó a igual número de personas que la noche precedente, y “como en los días anteriores, [no hubo] ningún incidente de importancia, pero sí algunos estacazos”.

La crónica más completa y detallada del Carnaval de Lucena publicada antes de la guerra civil la hemos localizado en el semanario La Voz, en su edición del 8 de marzo de 1906. Se titulaba “La cola del Carnaval” e iba firmada por ¿Me conoces?, que era la típica pregunta que, con el “a que no” por delante y con la voz chillona, hacían las máscaras a las personas no disfrazadas que las observaban por las calles. La crónica comenzaba el segundo día de Carnaval, señalando que el tiempo fue “frío, ventoso y desagradable”, “con nutridos chaparrones”, por lo que a las cinco de la tarde se encontraban en la plaza Nueva “refugiadas en los portales de las casas y establecimientos de recreo varios centenares de máscaras contrariadas, mojadas, zurraposas, que renegaban de los aguaceros que les aguaban la fiesta, si bien [este hecho] no les quitó las ganas de bromear…”. A consecuencia de las inclemencias de ese día, los bailes en el Casino Universal y en el Círculo Lucentino no estuvieron tan concurridos como la jornada anterior. En este último, al periodista le llamaron la atención “entre todas las máscaras, dos señoritas disfrazadas de cazadoras con sus escopetitas a la espalda, no faltándoles más para completar su indumentaria que algunos galgos o podencos que las siguieran… También agradaron y distrajeron mucho tres enmascarados con tres cabezas de viejas lugareñas de tipos copiados del natural divinamente, con sus zagiejos [sic] de color, sus rizos a la cara, sus mellas en la dentadura y sus muecas tan naturales como diversas”.

El periódico continuaba su crónica del Carnaval describiendo el Domingo de Piñata de la siguiente manera:

Como el tiempo, a partir del martes mejorase notablemente, cuando llegó el domingo que igual que el sábado fue un día primaveral, se dijeron los devotos de Momo: ¡llegó la nuestra!

Y con efecto, desde la mañana recorrieron las calles la estudiantina “Unión Filarmónica” y la comparsa “Los diablos”, llamando en esta la atención una hermosísima barbiana, que montada en una caballería menor, atraía las miradas de todo hombre, por sus ojos rasgados, bellísimos, su nariz de magnífico corte, su boca, su frente, en fin, una cara dislocante velada por una gasa blanca. Con seguridad, que si la ve el Morki, ese representante de África en Algeciras, le hace proposiciones para que formase parte de su serrallo o de su amo el emperador. A estas horas ya estará aquella hermosa ocupada en sus faenas agrícolas como sus compañeros los demás diablos de la comparsa.

A las cinco de la tarde se veían en la Plaza Nueva, en sus inmediaciones y en todas las calles, más máscaras que el mejor día de Carnaval, y a partir de esa hora hasta la noche, la animación fue en crecendo [sic] así como en aumento fue el tiroteo de huevos que contra el público y contra los de un balcón inmediato sostenían unos jóvenes de ambos sexos a la entrada de la Plaza por la calle de las Torres.

Al anochecer, roncos y roncas, rendidas y rendidos de tanto gritar y bromear, se fueron retirando más o menos serenos ellos y ellas, con ánimos de serenarse y tomar bríos para los bailes. Estos estuvieron sumamente animados tanto en el “Círculo Lucentino” como en el “Universal”, si bien entendemos no debe darse nombre de baile al celebrado en el primero de dichos centros de recreo, pues donde se ven reunidas unas trescientas máscaras perfectamente disfrazadas, bellísimas, hermosas, y sólo bailan dos o tres parejas, no sabemos por qué se ha de dar el nombre de baile a esos espectáculos, en los que no nos explicamos qué hace la juventud masculina al no procurar obsequiar por su prestación para el baile a tantas distinguidas y bellas jóvenes como esas noches a él concurren y de él se marchan hartas de pasear, pero en ayunas de los esencial a esa edad, el baile.

En el Universal, ocurrió lo contrario, o sea, que no solo sobró quien las bailara, sino que vimos lo que desde hace años vemos, que tan poco nos gusta, el baile entre dos hombres, cosa que repetimos, jamás nos agradó y aún menos cuando sobran mujeres a quien bailar. Y basta de sermón.

Cuando a las cuatro de la mañana abandonamos el ruidoso espectáculo, nos decíamos: En verdad que es casi milagroso que, dado el gran consumo que allí se había hecho de bebidas, el disfraz, y el diablo de ellas revueltas con ellos, no ocurran graves lances…

Por su componente transgresor y libertario, poco amigo de los convencionalismos sociales, el Carnaval contó desde sus orígenes con la animadversión de ciertos sectores conservadores e integristas, que lo consideraban una fiesta pecaminosa e indecente, ajena a las tradiciones católicas. Desde esa concepción, la Revista Aracelitana del año 1915 recoge en su crónica local la celebración del Carnaval e invita a las autoridades a que tomen medidas para impedir las inmoralidades que a su juicio se producen. La revista refleja su opinión sobre esta fiesta, con escándalo evidente, de la siguiente manera:

Sin ningún incidente de mayor cuantía, fuera de alguna que otra carrera, con los sustos de rigor, provocada por cualquiera que se sentía valiente después de haber ingerido más que regular cantidad de mosto, transcurrió el Carnaval en Lucena. Nada notable ha podido observarse en comparsas ni en máscaras, que revelara algo de buen gusto e ingenio; las antrosas máscaras de siempre y las comparsas, como en años anteriores, cantando coplas de una indecencia incalificable. También hemos observado que con general escándalo se han exhibido por esas calles, luciendo cínicas desnudeces, ciertos tipos que no sabemos por qué aquí se permite [que] salgan de sus habituales guaridas. Repasando nuestro oficio de periodistas, la prensa de provincias, hemos visto las disposiciones que las autoridades han dictado en estos días para evitar estos abusos que lamentamos aquí donde por una incalificable complacencia disfrutan ciertas gentes de una libertad incompatible con la pública moralidad y con los derechos del honrado vecindario. Y mucho más de extrañas son estas cosas en Lucena, donde las funciones de la autoridad se ejercen por personas cuya honorabilidad y rectitud de intenciones ni siquiera cabe poner en duda por un momento.

El 15 de febrero de 1923 el periódico Patria describía el Carnaval en Lucena con enorme añoranza de la animación que había vivido en los años pasados y lo consideraba una fiesta en decadencia. Señalaba que el primer día, “propio del febrerillo el loco, resultó desagradable en extremo, frío de temperatura y de animación en la fiesta. Una comparsa de Puente Genil, una docena de máscaras, vulgares, y pare V. de contar. Ni una estudiantina, ni música en nuestros paseos, ni bailes en los casinos”. El segundo día, “despejado de nubes”, hubo más animación en la Plaza Nueva y por la noche hubo bailes de máscaras en las sociedades Juventud Monárquica y Círculo Católico. El tercer día, aunque existió más animación debido al buen tiempo, “se notó la falta de esas notas simpáticas del arte propias de este género de festival, la música y las estudiantinas”. Aun así, “las bellezas lucentinas, que lucieron caprichosos disfraces, recorrieron calles y paseos, como bandadas de alocadas avecillas, nota alegre de expansión juvenil, que nos hace olvidar las preocupaciones de la vida”. En cuanto a los bailes, el de la Juventud Monárquica resultó “concurrido, alegre y sin incidentes” y el del Círculo Lucentino se celebró “con la esplendidez, lujo y orden que son característicos de esta culta Sociedad”.

Algunas de las coplas del Carnaval lucentino cantadas por las comparsas con anterioridad a la guerra civil, recogidas por mí hace 25 años de mujeres que habían vivido aquella época y las recordaban aún, eran bastante ingeniosas. Valga de ejemplo la siguiente, referida a la construcción de la torre del Ayuntamiento en 1928 y al reloj que la coronaba:

“Una torre edificada en medio de la población, / construida en dos campanas para su repetición. / El reloj que la promedia a estilo capital, / construido en cuatro esferas y “toas iluminás”. / Pero a las doce del día se ve una bola  bajar / diciéndole a todo el mundo que ya es hora de almorzar. / Las horas son “pa” nosotros, / las medias “pa” los concejales / y los cuartos para el alcalde”.

Otras composiciones, como esta, tenían un contenido más social y crítico:

“Esto es una pena, esto es un dolor, / que el que no trabaja se coma el jamón”.

Y también había lugar para los repertorios picarescos:

Conozco a una niña modista muy lista / que tiene un novio aviador, / que tenían los dos pasión y amor en su corazón. / Pero un día el novio salía para dar un vuelo en el avión / y la niña dice llorando: “Yo quiero ir volando dentro del avión”. / De pronto la sube, le mete la marcha al motor / !Con qué placer y gusto iban los dos! / Y el aparato marchaba y volaba, / pero se incendió el motor / y temiendo el peligro el bicho aterrizó.

La llegada de la II República en 1931, con su nuevo clima de libertades, supuso una época de auge para el Carnaval lucentino. Algunos de los letristas se hicieron muy conocidos, como Bartolo, Aquilino el del Acordeón, el Tío del Tururú y el Regaera, y los libretos (cuadernos de letrillas) de sus comparsas se vendían a una perrilla (la décima parte de una peseta). Sin embargo, el Carnaval del año 1933 se vio empañado por un crimen ocurrido el Domingo de Piñata. Francisco Gómez Pino “La Lombriz”, una persona de pésimos antecedentes –años antes había asesinado a un hombre y tenemos datos de que ya en 1904 había ingresado en prisión (El Adalid Lucentino, 20 de septiembre de 1904)– mató en la calle Ancha, de una cuchillada, a José Pérez Jiménez, Pepe el de La Partera, que iba disfrazado junto con un grupo de amigos. El asesino huyó, pero en la calle Juan Blázquez una pareja de la Guardia Civil que lo perseguía consiguió acorralarlo y, tras un intercambio de disparos, lo hirieron. Al calor del tumulto se concentró una gran cantidad de gente que, encolerizada, intentó rematarlo, por lo que hubo que pedir refuerzos. Al ser trasladado a la Casa de Socorro, Francisco Gómez murió (Ideal, 6 y 13 de marzo de 1933). El entierro fue multitudinario y la indignación general llevó incluso a que el concejal socialista Rafael Lozano Córdoba solicitara que constase en acta el sentimiento de la Corporación municipal por este asesinato y que se le concediese a la familia un donativo de 150 pesetas, lo que se aprobó por unanimidad (Libro de Actas del Ayuntamiento, 6 de marzo de 1933).

El Carnaval siguió celebrándose en Lucena en los tres años siguientes con normalidad, sin que este crimen alterara en lo más mínimo la fiesta, según nos demuestra la documentación histórica. El 26 de febrero de 1934, los libros de actas del Ayuntamiento hablan de “un informe de horas extraordinarias dadas por los Guardias Municipales durante los tres días de Fiesta de Carnaval y Domingo de Piñata”; y el 1 de marzo de 1935 recogen una “autorización para instalar puestos, etc. en la Plaza de la República [actual Plaza Nueva] para las Fiestas de Carnaval”.

En 1936 es la prensa la que nos informa de las celebraciones. El semanario lucentino Ideales, en su número del 24 de febrero, señalaba que “en la mañana de ayer fue publicado un bando de esta alcaldía (…) autorizando los disfraces en esta festividad (…) Anoche se celebró en el Teatro Principal un baile del Círculo Mercantil, que tiene proyectado otro para mañana y un tercero el próximo domingo con piñatas y premios (…) Dos o tres comparsas, tipo de murgas, recorren las calles”. El 29 de febrero este mismo periódico cita los bailes de máscaras “durante los días de Carnaval y ayer domingo de Piñata (…) con bastante animación en el Círculo lucentino y en el Teatro Principal. En el de la tercera noche, se designó un grupo de bellísimas señoritas y de entre ellas se eligió por votación a Antoñita Delgado, que se la designa con el nombre Señorita Círculo Mercantil”.

Ilustración artículo Carnaval (1)

La normalidad con la que se celebraba el Carnaval se rompió con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El 5 de enero de 1937, en plena guerra civil, una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado prohibió el Carnaval en la España franquista, dentro de la cual se encontraba Lucena. El objetivo era borrar de la vida pública y social todas las tradiciones y manifestaciones festivas que se alejaban de las convicciones patrióticas conservadoras y de la devoción religiosa, como ocurría con los carnavales, que cada febrero habían contado con el rechazo pastoral eclesiástico y que no volverían a celebrarse en Lucena hasta 1986, casi cincuenta años después. El periódico católico lucentino Ideales, en su edición del 28 de febrero de 1938, aplaudía la prohibición de las fiestas de Carnaval, a las que acusaba de impías, malas, demoníacas y criminales, de la siguiente manera:

… Ahora, cuando vaya nuestro recuerdo a los años pasados, después de transcurridos los dos de la Cruzada sin la mancha ominosa de la fiesta impía, podremos darnos cuenta más cabal de la magnitud de la ofensa a Dios que suponía aquella semana dedicada con delectación a cometer toda clase de pecado. Ahora, juzgado aquello con la serena frialdad que surge de comparar estos tiempos de penitencia con los otros de maldad (…). Porque como la hemos conocido los que ahora vivimos, era un verdadero aquelarre demoníaco (…). Todas las manifestaciones del crimen contra Dios, contra la Religión y aun contra el prójimo, parecía como si se concitasen para una labor común (…) [cuando] cantemos los himnos de la resurrección y la victoria, vayan acompañados del propósito firme de ayudar a Franco para que, con la gracia de Dios, terminen todos los Carnavales de España.

Foto carnaval

Los asistentes a un baile de carnaval, aún cubiertos de papelillos, posan en las escaleras del Casino de Lucena en ¿1931? Las personas que hemos podido identificar son las siguientes: 1. Araceli Torres Pino 2. Nati o Lourdes Moreno Lara 3. ¿Pura Moreno Lara? (esposa de Abundio Aragón) 4. ¿Eduarda Álvarez? 5. Antonio Mora Escudero 6. Araceli Mora Escudero 7. Carmen Torres Torres 8. Teresa Gómez Ramírez (esposa de Rafael Moreno Lara, farmacéutico) 9. Antoñita Mora 10. Araceli Moreno Lara (casada con Agustín Pérez Arroyo, farmacéutico) 11. Abundio Aragón 12. Miguel Gómez Ramírez 13. Perico Chacón 14. Elvira Chacón 15. Nati o Lourdes Moreno Lara (esposa de Francisco de Mora Escudero) 16. Felipe Moreno Lara (casado con Antoñita Mora) 17. Antonia Ruiz de Castroviejo (esposa de Antonio Cabrera) 18. Antonio Cabrera Valdelomar 19. Pepe de Mora Jiménez (bodeguero) 20. Pedro Mora Romero (bodeguero) 21. ¿Pura Mora?

Antonio Buendía Aragón (1893-1972): un lucentino fundador del Partido Comunista Español

Nota previa: se puede leer una versión más extensa de esta entrada del blog, en formato PDF, en este enlace. 

 

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Antonio Buendía Aragón en 1914, con veinte años.

Antonio Buendía Aragón nació en Lucena el 28 de junio de 1893, en el seno de una familia humilde. Sus padres, Ana Aragón Corpas y el estanquero Manuel Toribio Buendía Onieva, vivían en el número 39 de la calle Cabrillana. Según testimonios familiares tuvieron nueve hijos, de los que solo cuatro llegaron a la edad adulta. De pequeño, se encariñó con él la familia Fuillerat, formada por una tía y una sobrina, ricas propietarias agrícolas que habitaban en el número 2 de la calle El Peso. Lo trataron como a un hijo, convivía con ellas y le costearon en Madrid los estudios de bachillerato en el instituto Cardenal Cisneros y en el liceo francés, y también la carrera de Derecho, que nunca llegó a ejercer.

La primera actividad política pública que conocemos de Antonio Buendía, cuando tenía 20 años, es su participación en el mitin del 1 de Mayo de 1913 en Lucena. Hacía pocos días que Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y de la UGT, había visitado la localidad y la organización local del partido se encontraba bastante revitalizada. La agrupación socialista de Lucena se había fundado en 1908, desapareció en 1914 y no se reconstituyó, junto a la Juventud Socialista, hasta junio de 1918. Poco tiempo antes, el 1 de marzo de 1918, Antonio Buendía había ingresado en la Agrupación Socialista de Madrid. En agosto, la Agrupación Socialista lucentina organizó en su sede una “Semana Roja” en la que Antonio Buendía intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo. Ese mismo año, representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en octubre en Madrid, bajo la presidencia de Pablo Iglesias. En febrero de 1919, con 25 años, se trasladó a Lucena e ingresó en la Agrupación Socialista de la localidad, por lo que el 30 de mayo de 1919 causó baja en el PSOE madrileño. La Agrupación Socialista de Lucena se convirtió durante aquellas fechas en una de las más nutridas de la provincia y, al igual que el resto de organizaciones sindicales cordobesas, vivió entre 1918 y 1921 (el llamado Trienio Bolchevique) un inmenso apogeo al calor de las esperanzas que había suscitado la revolución soviética en las clases trabajadoras. Su militancia se cifraba en 85 afiliados en 1918, 2.218 en 1919 y 200 en 1920.

La afiliación de Antonio Buendía al PSOE duró dos años escasos, ya que en 1920 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Español. Esta nueva organización se creó el 15 de abril en Madrid por la Federación de Juventudes Socialistas, descontentas con las tesis socialdemócratas del PSOE y partidarias de la adhesión a la Internacional Comunista, de carácter leninista. El 19 de marzo de 1921 se abrió el primer congreso del partido, en el que resultaría elegido miembro de su Comité Central y en el que participó con una tesis sobre la propaganda comunista y la preparación de los campesinos para la revolución. En noviembre, el partido se fusionó con el Partido Comunista Obrero Español (una escisión del PSOE surgida tras su III Congreso Extraordinario en abril) para formar el Partido Comunista de España. La andadura legal del PCE resultó muy corta, pues la dictadura implantada por el general Miguel Primo de Rivera, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923, clausuró sus sedes y declaró ilegales todas sus organizaciones. Es una incógnita el papel que jugó a partir de ese momento Antonio Buendía dentro del partido, pero a través de un informe emitido con posterioridad (el 31 de mayo de 1944), por la jefatura superior de la Policía de Madrid, sabemos que estuvo sometido a vigilancia a causa de su militancia comunista durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

En septiembre de 1926 Antonio Buendía, con 33 años, se inició en la masonería como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. La masonería estuvo muy poco implantada en la provincia cordobesa y en ese año solo acogía a 85 hermanos distribuidos en cuatro logias y dos triángulos (el triángulo es una pequeña organización masónica con al menos tres miembros). Buendía tomó el nombre simbólico de Babeuf, un revolucionario francés (1760-1797), defensor de la abolición de la propiedad privada y de la herencia, al que se considera uno de los precursores del comunismo.

Antonio Buendía es el único caso constatado de masón comunista en la provincia de Córdoba. Aunque la masonería defendía principios laicos y anticlericales, y estaba extendida entre los militantes y dirigentes republicanos y socialistas, no era común encontrar a comunistas en sus filas. Estos acusaban a la masonería de organización “burguesa” y solían mantener posturas ateas, que casaban poco con la creencia masónica de la existencia de un ser superior hacedor del mundo. Cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo Isis Lucentino, Antonio Buendía, con el grado tercero, aparece entre sus cinco afiliados. Dirigía el triángulo el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que ejercía como venerable maestro del taller, del que también eran hermanos el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba y los propietarios Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez. Desconocemos hasta cuándo se prolonga la militancia masónica de Antonio Buendía, pero la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió el 23 de junio de 1934 al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, aún lo incluye en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la finca Huevos Fritos de Las Navas del Selpillar.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la sierra de Madrid.

En el ámbito personal, en fechas que no hemos podido concretar de los años veinte del siglo pasado, Antonio Buendía vivió dos experiencias importantes: fundó una familia y recibió una abultada herencia. En principio, comenzó a convivir con su paisana Adolfa Plata Navarro. Nunca se casó con ella y tuvieron tres hijas. La primogénita murió a los 12 años, en 1936, de una cardiopatía congénita. En 1927 nació Antonia, en Córdoba, y en 1929 Carmen, en Madrid. Cuando en 1931 Adolfa Plata se encontraba embarazada de gemelos, murió atropellada por un taxi. Por otro lado, al fallecer en Lucena hacia 1928 Francisca Eugenia Fuillerat Fuillerat, miembro de la familia que lo había acogido desde pequeño, Antonio Buendía se convirtió en heredero universal de su fortuna y en uno de los grandes propietarios agrícolas de Lucena, pues era el octavo mayor contribuyente por bienes rústicos en 1930. Entre las tierras heredadas se encontraban las fincas de olivar de El Contadero (1,42 ha) y la de Bellidos o Los Frailes (86.5 ha), que contenía una casa con molino aceitero y prensa hidráulica; el cortijo de Frías, en el término municipal de Cabra (130 ha); la finca Huevos Fritos, en la aldea de Las Navas del Selpillar (10,1 ha) y la hacienda Las Monjas (74,80 ha). Sus propiedades, por tanto, sobrepasaban las 250 hectáreas, cifra a partir de la cual se considera a un propietario como terrateniente.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El perfecto conocimiento que poseía Antonio Buendía de la lengua francesa y su amplia cultura le permitieron traducir al castellano al menos tres libros entre 1929 y 1930: Mi madre y yo a través de la revolución china (dos ediciones en 1929), escrito por Cheng Tcheng, de origen chino y uno de los fundadores del partido comunista francés; El fuego: Diario de una escuadra, (1930), un libro antimilitarista, basado en las experiencias en la Primera Guerra Mundial del autor, el escritor y periodista comunista francés Henri Barbusse; y El plan quinquenal de los soviets, (1930, con una segunda edición corregida y aumentada publicada en 1931), de Grigori Grinko, un alto cargo de la URSS. Las tres obras se publicaron por la editorial Cenit, creada a finales de 1928, y una de las empresas editoriales más importantes de España hasta el inicio de la guerra civil, con más de doscientos volúmenes editados, una buena parte de ellos de teoría marxista, temas revolucionarios y literatura proletaria. Durante la primera andadura de la editorial Cenit, Antonio Buendía mantuvo buenas relaciones con su director, el comunista Rafael Giménez Siles, y parece que en aquellos años también prestó dinero para apoyar el proyecto empresarial de Manuel Aguilar, que había creado la Editorial Aguilar en Madrid en 1923.

Adolfa Plata

Adolfa Plata Navarro, compañera de Antonio Buendía y madre de sus tres hijas.

Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930 y la corta “dictablanda” del general Dámaso Berenguer, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar decidió una vuelta pausada desde la dictadura a la normalidad constitucional por medio de unas elecciones. Comenzó por las elecciones municipales, que se celebrarían el 12 de abril de 1931, plegándose así a los deseos de los monárquicos partidarios de Alfonso XIII, que creían que podrían manipular con más facilidad estos comicios que los legislativos, pues confiaban en la tradicional fidelidad del voto rural, donde la maquinaria caciquil siempre había amañado los resultados. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían –como la mayoría de los ciudadanos– que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE (creado en la localidad en 1908, como ya hemos señalado) y el Partido Republicano Radical (constituido en Lucena en 1910), se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Bloque del Partido Social Democrático. También se incluyó en la lista a Antonio Buendía, quien al parecer se presentó bajo el paraguas del partido radical y no de manera abierta como candidato comunista, pues en este momento la política oficial del partido comunista, que apenas contabilizaba mil militantes en España, predicaba la no colaboración con los partidos “burgueses”, entre los que se alineaban los partidos republicanos. Aunque la candidatura republicana lucentina casi no pudo hacer propaganda, por no contar con un local adecuado hasta última hora, sí consiguió celebrar, a principios de abril, un gran mitin en la Era del Santo, al que asistieron unas tres mil personas. Presentó el acto Antonio Buendía, que informó de las trabas que había puesto el alcalde monárquico, Antonio del Pino Hidalgo, a la celebración del mitin, e intervinieron como oradores Antonio Villa, redactor jefe del periódico La Libertad; el catedrático Joaquín Nogueras; José Escudero, del comité central del Partido Republicano Radical Socialista; y el abogado socialista lucentino Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Las elecciones del 12 de abril de 1931 depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos, lo que permitió que Antonio Buendía resultara elegido concejal junto a sus cuatro compañeros masones del triángulo Isis Lucentino (uno de ellos, Javier Tubío Aranda, se convertiría en el nuevo alcalde republicano).

En el resto de España, sólo conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios. Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor –roja, amarilla y morada–, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la  Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora –sobre quien también recaía la jefatura del Estado–, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos.

A pesar de haber resultado elegido concejal, Antonio Buendía pasa la mayor parte de su mandato viviendo en Madrid con su familia, sin asistir a los plenos y casi sin participar en la política local. En la capital de España, aparece el 11 de febrero de 1933 como uno de los firmantes del Manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, junto a 91 escritores y profesionales de lo más granado de la intelectualidad española (Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Federico García Lorca, Ramón J. Sender, Jacinto Benavente, Clara Campoamor, etc.). Esta asociación, según recoge el manifiesto fundacional, “no tendrá más programa ni más bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la calumnia y la deformación”. Para conseguirlo, la asociación pensaba organizar una enorme campaña de conferencias, documentales sobre la URSS, proyecciones de películas de tipo informativo, publicaciones de libros, viajes de estudios, sesiones de radio, etc. La participación de Antonio Buendía en esta asociación le permitió mantener contacto con varios intelectuales, que iban su casa con frecuencia. Su hija Carmen recuerda haber estado varias veces sentada en las rodillas del poeta Federico García Lorca mientras este le contaba un cuento.

Las visitas de Antonio Buendía a Lucena en los años republicanos eran cada vez más cortas y esporádicas. Aun así, se vio implicado en la huelga de campesinos que se desarrolló en la localidad entre el 21 y el 23 de abril de 1933, en la que se pedía el cumplimiento de las bases de trabajo por los patronos y que se ocupase en el laboreo forzoso a los parados. El gobernador civil ordenó su apresamiento y fue trasladado a la cárcel de Rute en la madrugada del día 24, aunque al día siguiente quedó en libertad sin cargos.

Durante la II República no volvemos a tener noticias de Antonio Buendía hasta  el triunfo del Frente Popular, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas, en las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936. El nuevo gobierno frentepopulista ordenó la reposición de los ayuntamientos elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados en muchos lugares por las arbitrariedades de los distintos gobernadores civiles, como había ocurrido en Lucena. El gobernador civil de Córdoba nombró una Comisión Gestora municipal en Lucena el día 22 de febrero de 1936 en la que se incluía el nombre de Antonio Buendía como edil, pero este no se presentó para aceptar el cargo. Suponemos que Antonio Buendía tampoco se encontraba en Lucena cuando se creó la primera agrupación local del partido comunista el 31 de marzo de 1936 ni cuando el 16 de mayo se realizó en la Casa del Pueblo el primer acto preparatorio de la unificación de las Juventudes socialistas y comunistas lucentinas, que tomarían el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas al fusionarse al mes siguiente en toda España.

El golpe de Estado del 18 de julio triunfó en Lucena ese mismo día. En las jornadas siguientes, varios de los concejales y exconcejales socialistas y republicanos lucentinos, entre los que se encontraban todos los miembros del triángulo masónico Isis Lucentino, fueron detenidos y fusilados, y es muy probable que Antonio Buendía hubiera corrido el mismo trágico destino si no hubiera estado en ese momento residiendo en Madrid, en el número 27 de la calle Alberto Aguilera, su domicilio en la ciudad  desde 1931. Allí permaneció hasta noviembre, cuando la familia, para huir de los bombardeos de la aviación franquista, decidió marchar a Alicante. A esta ciudad llegaron la madre de Antonio Buendía, su hermana Araceli y su marido, su cuñada Araceli (hermana de su mujer) y sus dos hijas, Antonia y Carmen, pues la primogénita acababa de fallecer en Madrid. Antonio Buendía marchó a Valencia, adonde se había trasladado el gobierno republicano, y luego a Barcelona. De aquí hubo de exiliarse a Francia en 1939, junto a cientos de miles de españoles, tras la conquista de Cataluña por las tropas franquistas. Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, la familia de Antonio Buendía volvió a Madrid con sus hijas, donde les administraron el bautismo y la comunión al mismo tiempo, en consonancia con el ambiente nacional-católico que se impuso en la sociedad. En 1941 vivían en la calle Gaztambide y en 1945 se trasladaron a la calle Isaac Peral, un piso de alquiler que se convirtió en la residencia estable de las dos niñas y su tía Araceli Plata, que se ocupó ya definitivamente de ellas.

Al poco de producirse el golpe de Estado, en la España controlada por los sublevados se inició de manera institucional la represión económica en contra de los republicanos. El 13 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional (máximo órgano de gobierno) decretó la incautación de los bienes de los partidos y sindicatos que habían formado el Frente Popular, y encargaba a los generales jefes de los Ejércitos “tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del movimiento nacional”. El 20 de octubre de 1936, por mandato de la Comandancia Militar de Lucena al capitán de la caja de reclutas Juan Pedraza Luque, que actuó de juez instructor, se iniciaron las diligencias para la incautación de los bienes de Antonio Buendía. Con los datos recabados en el expediente instruido por el capitán Juan Pedraza, el 31 de diciembre de 1936 el Gobierno Militar de Córdoba emitió un informe para la Auditoría de Guerra en el que indicaba que “al encartado debe estimársele como ejecutor de actos contrarios al orden y culpable de actividades marxistas o de extrema izquierda”, por lo que proponía la incautación de sus bienes.

El 10 de enero de 1937, un decreto ley de la Junta Técnica de Estado, organismo que ejercía el gobierno en la zona franquista, establecía la creación de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado, con sede en Burgos, para investigar, inventariar y ocupar los bienes de las organizaciones proscritas y de los desafectos con la intención de enajenarlos o gravarlos. En cada capital de provincia se creó una Comisión Provincial de Incautación de Bienes, presidida por el gobernador civil. Un juez de carrera o militar, nombrado por la Comisión Provincial, se encargaba de instruir el expediente para declarar administrativamente la responsabilidad civil, pudiendo embargar los bienes del inculpado. Este proceso sancionador conculcaba garantías jurídicas tan elementales como el derecho a recurrir las sanciones.

La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Córdoba continuó, por tanto, la tramitación del expediente de Antonio Buendía, cuya instrucción realizó Manuel González Aguilar, juez de primera instancia interino de Lucena y teniente jurídico habilitado. El 23 de noviembre de 1937, este juez instructor acordó el “embargo de todos los bienes que posea Antonio Buendía Aragón, con el fin de asegurar en su día las responsabilidades que se le exijan por su oposición el Glorioso Movimiento Nacional” y nombró al teniente Rafael García Rey como administrador de los mismos.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria económica a los republicanos y a sus familias, que en muchas ocasiones ya habían sufrido la rapiña directa o los expedientes de incautación de bienes. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 325.000 expedientes, de los que 6.554 correspondieron a la provincia de Córdoba.

De los informes que se adjuntan en el expediente de responsabilidades políticas de Antonio Buendía, el más interesante es el de la jefatura superior de la Policía de Madrid, emitido el 31 de mayo de 1944, del que reproducimos un extracto:

Los informes político-sociales que existen en esta Dependencia son los siguientes: en época de la dictadura ya pertenecía al partido comunista y como tal estuvo vigilado. Personas que antes de la guerra frecuentaron su domicilio (Alberto Aguilera) han manifestado que en su biblioteca se encontraban libros de este tipo, y que una vez en la familia se dejó decir que tal hecho, así como su ideología, estaba influido por la participación en el negocio de la editorial que lanzaba dichos libros.

A juzgar por los informes se trata de persona inteligente, discreta y un tanto misteriosa, ya que no obstante conocer su matiz ideológico izquierdista en la vecindad nunca se pudieron conocer las actividades que desplegaba.

En la casa, donde había bastantes personas de derechas, ni denunció ni perjudicó a nadie, y solo hablan los informantes de que intervino a favor del portero cuando unos milicianos se lo llevaron a una checa con la intención de asesinarle, logrando que le pusieran en libertad. Otra familia de la casa que tiene un hijo “camisa vieja”, muy perseguido en periodo rojo, de nacionalidad cubana, dice que se encontraron al informado en Alicante, cuando ellos pretendían embarcar para La Habana, y como los rojos les pusiesen dificultades, creen, aunque no pudieran asegurarlo, que aquel interviniera en su favor, ya que al día siguiente pudieron marchar, dándoles toda clase de facilidades.

El 19 de junio de 1945, la sala del tribunal de Responsabilidades Políticas, siguiendo la petición fiscal, decretó “el sobreseimiento de este expediente y archivo sin declaración de sanción de responsabilidad política (…) acordando recobre la libre disposición de sus bienes si se le hubieran embargado”, ya que no aparecían “comprobados cargos de su responsabilidad política y actuación durante el Movimiento Nacional en su residencia en Madrid”.

Junto a la ley de Responsabilidades Políticas, a Antonio Buendía se le aplicó también otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Su expediente se abrió en julio de 1943. El 20 de octubre, el juez instructor Jesús Riaño Goiri dictó una orden de detención contra él por no haber comparecido en el procedimiento y, al no poderlo localizar, decretó continuar su procesamiento en rebeldía. El tribunal especial, presidido por el general Andrés Saliquet Zumeta y reunido en sesión secreta el 15 de septiembre de 1944, acordó adherirse en la sentencia a la petición del fiscal, que solicitaba 12 años y un día de cárcel con las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo del Estado y de organismos estatales o subvencionados.

Mientras era sometido en España a las leyes especiales de la dictadura franquista, Antonio Buendía seguía en el exilio. Había estado internado en los campos de concentración que se habilitaron en las playas del sur de Francia para los refugiados españoles hasta que consiguió salir hacia Buenos Aires, posiblemente desde Marsella y quizás en el mismo barco, el Mendoza, en el que viajaban el poeta Rafael Alberti y su mujer Mª Teresa León. De Argentina se dirigió en tren a Santiago de Chile. Allí se casó con Consuelo Nistal Martínez, que pertenecía a una saga de hermanos exiliados españoles que habían salido desde la Bretaña francesa para Chile, en el carguero Lipari, en febrero de 1940. Algunos de ellos eran de ideología socialista, como Luis y Alfredo (diputado por León en 1931 y cónsul de España en París al final de la guerra civil), y otros comunistas, como Elena, Celia y la propia Consuelo, que en 1940 tenía 35 años. Otro hermano, el comunista Luis, ya había fallecido en Rusia de muerte natural antes de 1940, y otro, César, murió de tuberculosis en las cárceles franquistas. Estos datos sobre la familia Nistal los he conocido gracias al testimonio de Nydia Nistal Alonso, una de las cinco hijas de Alfredo, exiliadas con él, que vive en Madrid y tiene 91 años. Ella retornó a España en 1982, junto a una hermana, huyendo de la dictadura de Pinochet, pues su familia se sentía vigilada, e incluso una sobrina había sido detenida y torturada. Además, el marido de Nydia trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de la ONU, y era compañero de trabajo y amigo íntimo de Carmelo Soria, el famoso diplomático exiliado español asesinado por agentes de la policía secreta de Pinochet en julio de 1976.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Durante su exilio en Chile, Antonio Buendía estuvo unos meses desterrado en la isla de Chiloé, ya que le aplicaron le Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que mantuvo prohibido el partido comunista entre 1948 y 1958. Antonio Buendía pudo contactar con su familia, que no sabía nada de él desde que abandonó España, a través de una carta que envió a una amiga común que vivía en Madrid. En 1953 sus dos hijas fueron a visitarlo. En el verano de 1956 Antonio Buendía y Consuelo Nistal se trasladaron de Chile a Francia, e hicieron escala en el puerto de Vigo. Su hija Carmen y su esposo viajaron desde Madrid para verlo y entregarle treinta mil pesetas, pero tuvieron un accidente y les robaron el dinero en la confusión del siniestro, así que no pudieron cumplir su objetivo. Desde París, en el año 1957 Antonio Buendía solicitó a las autoridades españolas la vuelta a España. El 22 de abril hay una petición de la Dirección General de Seguridad al jefe de servicio de ejecutorias del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo para consultar su situación legal y los inconvenientes para la repatriación, y el 3 de mayo se le responde que no existe impedimento para el regreso, “si bien tendrá que someterse a la jurisdicción de este organismo y al fallo, que en trámite de revisión, se dicte en las actuaciones”. En vista de que la contestación no le otorgaba la seguridad jurídica suficiente, decidió permanecer en su exilio parisino.

Consuelo Nistal y Sofía Velasco (1960) - copia

Consuelo Nistal y la niña Sofía Velasco, en Francia, en 1965.

Tenemos algunos datos de las actividades de Antonio Buendía en Francia gracias al diario ABC (9 de marzo de 1960) y a las investigaciones que en el Archivo Histórico del PCE ha realizado el madrileño Rafael Buhigas Jiménez, su sobrino bisnieto. En marzo de 1960, Buendía se vio inmerso en un proceso judicial en la región de París, por la tenencia de ejemplares de Mundo Obrero y otras publicaciones comunistas, que entonces estaban prohibidas en Francia, al igual que el partido. La redada supuso la detención de cincuenta militantes en varias regiones francesas (Toulouse, Marsella, Lyon, Tours, etc.) y golpeó gravemente a la organización del partido, que entonces contaba con unos dos mil afiliados en el exilio francés. En aquel momento Antonio Buendía servía de enlace con Chile y Méjico para el intercambio de publicaciones del PCE y trabajaba de corrector para Nuestras Ideas, una revista trimestral de ideas, política y cultura, en la que colaboraron múltiples intelectuales españoles, editada por el partido desde 1957 en Bruselas. Mientras, Consuelo militaba en la Unión de Mujeres de España, una organización de mujeres republicanas exiliadas próxima al PCE.

Tras la publicación de esta entrada del blog, nos hemos adentrado algo en la vida de Antonio Buendía y Consuelo Nistal en Francia a través del testimonio escrito de Sofía Velasco, que los conoció gracias a sus abuelos, también exiliados. Sofía, que en la actualidad vive en La Haya y que tenía 12 años en 1964, es nieta de Adolfo Velasco Arroyo, natural de Cabra, una localidad situada a diez kilómetros de Lucena; y de Josefa Hernández Zancajo, hermana de Carlos, diputado socialista por Madrid en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El matrimonio, exiliado también, poseía una casa en Eaubonne, a 15 kilómetros al norte de París. En el amplio jardín de la vivienda se reunían los domingos bastantes españoles (el pintor Pablo Coronado y su esposa Mausi, Pepe y Nati Romanos, Eduardo y Raymonde Box, Félix y Carmen Amade y otros). También acudían siempre Antonio y Consuelo, que vivían entonces en un hotel, ya que Antonio se resistía a comprar una vivienda. Años después adquiriría un pequeño piso en la calle Camille Desmoulins de la ciudad de Levallois-Perret.

Antonio Buendía y Aurora Velasco (1960)

Antonio Buendía y Aurora Velasco en el jardín de la casa de los abuelos de la niña en Eaubonne (Francia), en 1960.

Además de las conversaciones políticas que mantenían en la casa de Eaubonne, Sofía recuerda que Antonio Buendía contaba haber sido vecino del escritor Ramón María de Valle Inclán en Madrid, que sentía animadversión ideológica hacia el novelista Ramón J. Sénder y que hablaba de Unamuno como si lo hubiera conocido. Antonio y Consuelo mantenían una relación casi familiar con la familia Velasco Hernández, a la que visitaban con muchísima frecuencia. Se encariñaron con sus nietas (su hermana Pepa era el “ojito derecho” de Antonio, según el testimonio de Sofía), a las que con frecuencia regalaban libros comprados en la famosa Librería Española de Antonio Soriano, en la Rue de Seine de París, y alguna obra dedicada a puño y letra por el poeta y futuro premio nobel Pablo Neruda, con quien Antonio Buendía había forjado amistad durante su estancia en Chile. Algunos inviernos Antonio y Consuelo visitaban Rusia durante un mes, parece que invitados por Dolores Ibárruri (presidenta del Partido Comunista de España) o alguien de su entorno. También fueron en bastantes ocasiones, junto al grupo de exiliados que se reunían en la casa de Eaubonne, a colocar folletos del partido comunista en los asientos de los viajeros que salían desde la estación de París-Austerlitz, el gran enlace ferroviario de Francia con España en aquel entonces.

En 1963 Antonio Buendía intentó de nuevo entrar en España, pero tras interesarse por los inconvenientes para la repatriación, las autoridades españolas, a través de la Dirección General de Seguridad, le respondieron que su situación legal “no ha variado”. El regreso solo pudo ser posible tras el decreto del 1 de abril de 1969, que con motivo del treinta aniversario del final de la guerra civil declaraba prescritos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Antonio y Consuelo volvieron a España y vivieron unos meses en Madrid, pero al poco tiempo regresaron a Francia. Enfermo, y sabedor de su próximo final, Antonio Buendía decidió vender con suma rapidez y a bajo precio sus propiedades en España, entre las que destacaba el cortijo de Frías, de las que obtuvo veinticinco millones de pesetas en efectivo (a los pocos meses, el comprador las revendió por cuatro veces más). El dinero lo donó al Partido Comunista de España.

Antonio Buendía Aragón, en una foro de los últimos años de su vida.

Antonio Buendía Aragón, en una foto de los últimos años de su vida.

A principios de los años setenta el matrimonio se instaló en Rumanía, donde imperaba la dictadura comunista de Nicolae Ceaucescu, para “vivir de la solidaridad internacional”. En la capital rumana, Bucarest, Antonio Buendía falleció el 22 de marzo de 1972, a los 78 años, según publicó el 16 de abril el periódico oficial y clandestino del partido comunista, Mundo Obrero, e incluso ABC y La Vanguardia. Al funeral asistió una representación del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCE y una delegación del Comité Central del Partido Comunista Rumano. La viuda, Consuelo Nistal, decidió entonces salir de Rumanía y regresar a Chile, debido a su precaria situación económica. En el archivo del PCE se conservan los extractos de algunas cartas que su hermana Elena intercambió en 1973 con la dirección del partido para que le paguen el traslado, ya que ella no tenía medios materiales para hacerlo. Una de las cartas, escrita con familiaridad el 1 de abril, creemos que va dirigida a Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Consuelo, que sobrevivía gracias a una exigua pensión que le pasaba el Partido Comunista de España, murió a finales de los años ochenta, cuando tenía alrededor de noventa años, en el modesto piso que había compartido con Antonio Buendía en Levallois-Perret, ya que el golpe de Estado de Pinochet en septiembre de 1973 le impediría regresar a Chile.

Reconstruir la historia de Antonio Buendía ha sido una tarea muy espaciada en el tiempo. Cuando en el año 1997 encontré su nombre por primera vez en los libros, me sorprendió que existiera tan poca información a pesar de que había tenido una cierta relevancia en el panorama político de su época. La abogada Araceli Tubío Beato (hija de Javier Tubío, primer alcalde republicano de Lucena, fusilado en 1936) fue la primera persona que entrevisté que lo había conocido, y desde entonces solo dos personas más lograron darme algún dato puntual de él. Araceli Tubío solo logró recordar que era muy educado, que siempre le regalaba bombones, que hablaba francés a la perfección y que se exilió. Esa conversación ocurrió en abril de 1997 y ella tenía en aquel momento 84 años. Desde entonces, poca información más pude conseguir a pesar de mis afanes.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

La situación varió hace escasos meses. Su sobrino bisnieto, el ya aludido Rafael Buhigas, estudiante de Historia, se puso en contacto conmigo desde Madrid porque estaba también interesado en su biografía. En septiembre descubrió algunos documentos en el Archivo del PCE, que me envió y que me permitieron localizar a la poetisa chilena Freya Hödar Nistal, sobrina nieta de su viuda, que a su vez me facilitó el contacto con la familia Nistal en Madrid. A continuación, obtuve del Archivo Documental de la Memoria Histórica de Salamanca copia de los más de trescientos folios que ocupan sus expedientes de incautación de bienes, de responsabilidades políticas y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Los datos familiares que aparecían resultaron decisivos para encontrar en Madrid a dos nietas de Antonio Buendía, Sara y Elena Muñiz Buendía (hijas de Carmen), y a su hija Antonia, de 87 años, que me han aportado fotos y distintas informaciones que han servido para completar esta biografía. El testimonio escrito y las fotografías de Sofía Velasco, que como hemos señalado lo conoció de niña en París, han sido también imprescindibles. Con un extracto de los recuerdos de Elena Muñiz, nieta de Antonio Buendía, concluyo esta pequeña historia:

 Mi abuelo siempre me ha parecido un ejemplo muy cercano de que la posesión de bienes materiales no lleva necesariamente a la identificación con la clase dominante, como muchos sostienen en contra de la evidencia histórica. Yo lo vi pocas veces, y lo recuerdo como una persona de pequeño tamaño y fuerte presencia, magnético y con aspecto de hacer pocas concesiones, a pesar de la merma de los años. Alguien que, pese a haberse visto inmerso en las tremendas corrientes que sacudieron su siglo, había intentado mantener su rumbo y sus convicciones.

Nuevas historias de la represión franquista en Lucena

El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.

El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.

Cualquier estudio que intente reconstruir lo que sucedió en Lucena en los años de la República, la guerra civil y la primera posguerra se encontrará con una dificultad insalvable: todos los documentos relativos a este periodo que deberían conservarse en el Archivo Histórico Municipal se quemaron de manera intencionada, por los propios funcionarios, en los años setenta del siglo pasado. Solo se salvaron los libros de actas de los plenos. Este hecho sorprende a cualquier investigador, ya que si el franquismo lucentino no tenía nada que ocultar ni de lo que sentirse responsable, no se entiende que pusiera tanto interés en destruir las huellas de su pasado, esas que le hubieran permitido responder de todas sus actuaciones ante la historia. Al faltar la documentación municipal, las principales vías de información sobre la represión, desde el triunfo en la localidad del golpe de estado el mismo 18 de julio de 1936, se encuentran en los nuevos libros que se van editando, en los fondos del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla –donde se conservan los expedientes de consejos de guerra de los republicanos que fueron juzgados–, y en los testimonios de testigos, víctimas y familiares de los represaliados. Utilizando estas fuentes, voy a publicar algunas de las informaciones más interesantes que me han llegado en los últimos meses, y que completan  los datos que en su día aporté en mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939

Al terminar la guerra civil, España se convirtió en una inmensa cárcel para los republicanos. A finales de 1939 había 270.719 personas en las cárceles, según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia, sin contar a los 137.000 internados en los batallones de trabajadores y en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, a los reclusos de las prisiones habilitadas ni a los presos gubernativos de la Dirección General de Seguridad. La situación en las cárceles era aterradora, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias, de manera que los presos sin familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos y medicinas estaban casi abocados a la muerte. Sin embargo, esta ayuda familiar se vio muy dificultada porque el franquismo reglamentó como una forma más de castigo el “turismo penitenciario”, es decir, que los reclusos cumplieran sus condenas lejos de sus lugares de origen. A este exterminio masivo de presos que se desencadenó en la posguerra el historiador Francisco Moreno Gómez lo ha llamado “Auschwitz español”. Por ejemplo, en 1941, solo en la prisión de Córdoba, sin contar a los fusilados, murieron por hambre y enfermedades 502 presos de los entre 3.500 o 4.000 que albergaba.

Existen aún pocos estudios globales que aborden las cifras de la mortalidad causada en la primera posguerra por las inhumanas condiciones carcelarias y por la política penitenciaria del franquismo. Por ello, hasta el momento solo conocíamos la identidad de seis lucentinos que perecieron entre 1939 y 1942 en la prisión de Córdoba (Agustín Góngora Serrano, Francisco Mayorgas Hurtado, José González Román, Pedro Muñoz Burgos e Isidoro Valle Jiménez) y en la de Lucena (Rafael Ortega Olmo). Gracias al libro del historiador José María García Márquez, Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963), hemos descubierto los nombres de otros dos lucentinos que murieron en los centros de internamiento franquistas. Uno de ellos fue Juan Muñoz Cabeza, de 29 años, soltero, hijo de Juan y Josefa, que falleció en el campo de concentración de Las Arenas (en La Algaba, Sevilla) el 28 de abril de 1942. Según el historiador José Mª García Márquez, en Las Arenas hubo unos 300 recluidos, de los que murieron 144, casi la mitad, entre 1941 y 1942, lo que nos da una idea de la extrema dureza de este recinto penitenciario. Este campo se habilitó oficialmente para mendigos, que solían ser personas reducidas al hambre por la guerra, la represión, el destierro, el paro u otras circunstancias familiares o personales. En octubre de 2014 se iniciaron en el cementerio de La Algaba las labores de exhumación de los restos de estos prisioneros, unos trabajos que finalizarán en el verano de 2015, por lo que sería necesaria la localización de los familiares de Juan Muñoz Cabeza, si los hubiera, para poder identificar su cadáver. El otro fallecido fue el jornalero Gregorio Cortés Sánchez, de 56 años, que murió en la Prisión Provincial de Sevilla el 12 de abril de 1941, un año en el que perecieron también por hambre, enfermedades y privaciones otros 378 internos de esta cárcel.

Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).

Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).

Hemos podido localizar el sumario del Gregorio Cortés Sánchez en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 124, expediente 2.291), lo que nos ha permitido rastrear las circunstancias que le llevaron a prisión. Había estado encarcelado entre el 29 de julio y el 14 de noviembre de 1936 en represalia por la huida de Lucena a la zona republicana de un hijo –Felipe Cortés Cabello, militante del sindicato socialista UGT, que desapareció en el frente de guerra–. De nuevo, fue detenido el 23 de septiembre de 1937 por el cabo comandante de puesto de la Guardia Civil de Zambra, Antonio Muñoz Jiménez, y el guardia José Reina Cervera, tras una denuncia de Juan José Sánchez Redondo, vecino de Los Llanos de Don Juan. Este lo acusó de haber afirmado que el general jefe del Ejército de Sur, Gonzalo Queipo de Llano, era “un granuja” y que “estábamos todos engañados con ese Gonzalo de Sevilla y que en Lucena había quien estaba esperando el triunfo de los socialistas, que había quien tenía banderas preparadas para salir ese día a la calle a ponerlas, puesto que a los socialistas los tienen reconocidos veintisiete naciones extranjeras”. Aquel mismo día se hizo cargo del detenido Manuel Vargas Martín, alférez jefe de línea de la Guardia Civil de Lucena, que lo internó en la cárcel. El 13 de diciembre de 1937 se decidió su pase a la Prisión Provincial de Córdoba. El juicio se celebró el 22 de enero de 1938. El abogado defensor había solicitado la absolución, sin embargo el tribunal, presidido por el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo, aceptó la petición del fiscal, José Ramón de la Lastra y Hoces, que había considerado los hechos como un delito de “auxilio a la rebelión” y había pedido 12 años y un día de reclusión para el procesado. En 1939, mientras Gregorio Cortés se encontraba en la prisión de Sevilla, falleció su esposa, Josefa Campos León. En enero de 1940 se le conmutó la pena por seis años y un día, pero murió por miocardistis antes de ser liberado.

Cuando fue interrogado por la Guardia Civil el 23 de septiembre, Gregorio Cortés Sánchez manifestó que había comentado lo de los socialistas y las banderas porque se lo había escuchado referir tres días antes en una conversación al turronero Pedro Antonio Hinojosa Cuenca, de 27 años. Este fue citado a declarar al día siguiente y lo negó. Alegó que él solo había afirmado que la Sociedad de Naciones “estaba de parte nuestra, por lo que ganaríamos, que esto lo dijo queriendo decir que ganaría Franco, y que si otra cosa entendió el Gregorio Cortés lo interpretaría mal”. A pesar de sus aclaraciones, Pedro Antonio Hinojosa fue encarcelado hasta el 9 de octubre, fecha en la que quedó en libertad provisional, pero con la obligación de presentarse cada diez días en el juzgado. Mientras se instruía la causa judicial que se le abrió, falleció el 8 de febrero de 1938 por miocarditis, la misma enfermedad que llevaría a la tumba en la cárcel a Gregorio Cortés.

Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.

Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.

La represión provocó que muchas personas, por distintos motivos (destierro, dificultades para encontrar trabajo, acoso social, etc.), no volvieran a sus localidades de origen al cumplir su condena en las cárceles, lo que conllevó que se convirtieran en desconocidas en la tierra que las vio nacer. Eso le ocurrió al lucentino Miguel Berjillos Gálvez. Supe de su existencia a través de Ismael Algarrada, residente en Torre del Mar. Me informó de que había una calle dedicada a él en Vélez-Málaga y me remitió a un artículo sobre su trayectoria vital, escrito por Antonio Jiménez, publicado en el Diario La Axarquía el 30 de noviembre de 2012. Miguel Berjillos era de ideología comunista y había estado recluido en la prisión de Málaga en la posguerra. En la cárcel conoció a una veleña, Carmela Díaz, una voluntaria que asistía a los presos sin familia en el lugar y con la que acabaría casándose. Miguel Berjillos rápidamente se integró en Vélez, donde se convirtió hasta su muerte en 1976 en una persona comprometida socialmente y en un incansable animador cultural en los campos pictórico, radiofónico y literario. Escribió tres libros: El Romancero de Vélez-Málaga, El alma de la Cueva de Nerja y La vida de Juan Breva.

A la derecha, Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.

A la derecha, el concejal de Izquierda Republicana Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.

Al pie del artículo del Diario La Axarquía aparecía un comentario de su nieto, Juan Manuel Muñoz Berjillos. Aunque solo se publicaba su nombre, conseguí localizarlo en julio de 2014 en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Gracias a él y a su madre, Araceli, he podido obtener datos y fotos no solo de su abuelo, sino de otros miembros de su familia significados políticamente, algunos de los cuales ya constaban en mi libro de Lucena. Araceli fue la única hija que tuvo Miguel Berjillos, fruto de su primer matrimonio con la lucentina Aurora Salazar Mency, que murió en 1938. Araceli tenía entonces tres años, así que una tía se hizo cargo de su crianza. A Miguel le sorprendió el golpe de Estado realizando el servicio militar en la zona que quedó en poder de los sublevados, así que luchó durante la contienda en el bando franquista. En la posguerra lo detuvieron por sus actividades políticas, sin que sepamos la fecha y el lugar exacto (es posible que en Rute), pues no hemos podido localizar su expediente del consejo de guerra. Estuvo encarcelado durante unos tres años en la prisión de El Dueso (en Santoña, Cantabria) y luego en la de Málaga. Al salir, se estableció ya definitivamente en Vélez.

Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.

Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.

El testimonio de Araceli Berjillos ha permitido también obtener algún dato más de sus tíos y de su abuelo, todos zapateros de profesión. Algunos aparecen en mi libro, pero con el apellido Berjillos escrito con “g”, que al parecer es la grafía correcta. A un hermano de Miguel, Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, que había portado en alguna ocasión las banderas de los gremios republicanos en las manifestaciones, lo fusilaron en Córdoba el 11 de noviembre de 1936, convirtiéndose así en una del más de centenar de víctimas mortales por la represión franquista en el municipio de Lucena en los tres años de guerra civil. Otro hermano, Francisco, había sido vocal de la Junta Directiva del Centro de Obreros Republicanos en 1933. En febrero de 1936, como consecuencia de las elecciones que dieron el triunfo en Lucena y en España a la candidatura del Frente Popular, se convirtió en  concejal por Izquierda Republicana. Tras el golpe de estado lo torturaron en el cuartel de la Guardia Civil (actual hotel Santo Domingo) delante de su padre, Francisco, al que habían encarcelado.

Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.

Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.

En mayo de 2014, desde Madrid, Eusebio Aguilera Díaz me escribió para decirme que el nombre de su abuelo Pedro Díaz Algar, un jornalero de 40 años, estaba equivocado en mi libro de Lucena, pues yo lo había identificado como Francisco. El error se produjo porque de los 11 fusilados que hubo en Las Navas del Selpillar solo cuatro están inscritos en el Registro Civil como difuntos. Los datos de los otros siete, entre los que se encuentra su abuelo, pude rescatarlos gracias a testimonios orales, una fuente de información que puede presentar lagunas en cuanto a recuerdos de personas o hechos. Si hace más de 15 años yo hubiera seguido el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas mortales de la represión franquista en Las Navas del Selpillar fueron cuatro y no 11, que es el número verdadero de asesinados.

En su escrito, Eusebio Aguilera se refiere a la posible exhumación de los restos de su abuelo –enterrado en un lugar desconocido como otros miles de republicanos asesinados–, ya que ese es uno de los anhelos de su madre. Es un deseo comprensible en una sociedad como la nuestra, donde el duelo por la muerte de un ser querido va acompañado de unos ritos entre los que se encuentra el entierro del cadáver en el cementerio en una tumba identificada. El franquismo era consciente de ello, por lo que no escatimó dinero público y estableció una política de Estado para que las víctimas mortales de la represión republicana fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación.

Me he permitido reproducir parte de la carta de Eusebio Aguilera. Está escrita en el mismo tono, sosegado y pacífico, de las muchas misivas que recibimos los historiadores que nos dedicamos al estudio de la represión. En su palabras no hay lugar para la revancha ni para reabrir las heridas del pasado, sino todo lo contrario. La única intención es curar y cerrar las heridas de las personas que, como su madre, todavía las tienen abiertas:

Mi llegada hasta usted es como consecuencia de que mi madre, ya muy mayor, es la última de los hijos vivos de mi abuelo, y lleva ya tiempo pidiéndome que intente buscar a su padre con el objetivo de enterrarle con su familia.

Soy consciente y así intento hacerla ver, que es tarea difícil, si bien y cuando le estuve leyendo algunos de los párrafos de su libro, de los hechos que ocurrieron en Las Navas del Selpillar, se puso a llorar, pues dichas historias son con las que había nacido.

  Efectivamente, mi abuelo reclamó unas jornadas que había dado, y ese fue todo su delito, y la única explicación que le dieron a mi abuela, cuando durante varios días estuvo llevándole la comida y ropa limpia, es que “tu marido donde está ya no le hace falta nada…”, y eso es cuanto sabemos de su desaparición.

   Por la lectura de su libro se podría interpretar que están en alguna fosa común del cementerio de Lucena ¿Ese punto se podría confirmar? Y si es así, en algún momento se ha barajado la posibilidad de entre los familiares de todos esos desaparecidos solicitar al Juzgado la exhumación de los cuerpos?

   Mi madre, la pobre, nos dice y nos repite que si pudiera sacar a su padre de donde estuviera sería lo más grande que podría hacer. Y francamente me siento obligado a intentar al menos hacer algo… pues como le digo con la lectura de su libro en lo concerniente a lo ocurrido en Las Navas se le puso el vello de punta, ya que algunas de esas historias son las que le contaba su madre y viejos del lugar de lo que allí pasó.

En cuanto a la contabilización de las víctimas mortales de la represión franquista en Lucena, hemos conocido por testimonios orales que Antonio Ortiz Ortega “El Seco Pesero” podría ser el nombre de una nueva víctima. De otras dos personas no hemos conseguido establecer a ciencia cierta que fueran fusiladas: Antonio Santaella Cañete y un varón de apellidos Muñoz Cabeza. De este último, gracias al testimonio de su sobrina nieta Lorena Raya Vicente, aportado en marzo de 2016 desde Castellón, conocemos su desaparición, pero no si fue a consecuencia de un hecho de guerra o de la represión, aunque esta última posibilidad es la más probable. A pesar de la coincidencia de apellidos, hemos comprobado que Muñoz Cabeza no es el lucentino que falleció en 1942 en el campo de concentración de La Algaba, del que hablamos al principio de esta entrada del blog. Lorena nos ha facilitado también el nombre del primer marido de su abuela, Miguel Pino Salcedo, que murió en el frente de batalla, y que creemos que estuvo luchando a favor de la República.

El último testimonio que hemos recibido respecto a la represión, el 2 de septiembre de 2020, ha sido el de la nieta de Martín Burgos Villa, de 33 años, fusilado el 18 de agosto de 1936 en el cementerio. La familia afirma que la causa del fusilamiento es su oposición a que su hermana mantuviera relaciones con un derechista que la había pretendido. En venganza, este lo denunció por comunista y lo detuvieron mientras trabajaba en el campo. Como el camión en el que solían llevar a los presos para fusilar pasaba por la calle donde ellos residían, su esposa, Araceli Muñoz Soria, lo acechaba cada noche y pudo verlo por última vez mientras él le tiraba besos en el aire. A ella la pelaron, le dieron aceite de ricino, la pasearon media desnuda por Lucena atada a un carro y le dieron una paliza que le provocó un aborto, pues estaba embarazada de seis meses. Para sobrevivir, se dedicó a lavar la ropa de los soldados y sobre todo al estraperlo, hasta que emigró a Córdoba capital.

En este momento, y según mis investigaciones, las cifras de la represión franquista en el municipio de Lucena, sin contar los dos casos dudosos que hemos citado y a seis forasteros que mataron en el término municipal, se desglosan de la siguiente manera: al menos 124 fusilados (92 de Lucena, 21 de Jauja y 11 de Las Navas del Selpillar), a los que hay que añadir un mínimo de ocho personas que murieron en las cárceles en la posguerra. Los 132 nombres se pueden consultar consultar en este enlace.

La depuración del profesorado en Lucena durante la guerra civil

18. Ricarda Ana

Ricarda Ana Cobacho Cañete, maestra del Centro Obrero Socialista de Jauja, fusilada en noviembre de 1936.

Durante la guerra civil en la provincia de Córdoba murieron asesinados en zona republicana 14 maestros nacionales. A su vez, como consecuencia de la represión franquista cayeron asesinados 22 maestros, cuatro profesores de educación secundaria y un número indeterminado de maestros de escuelas obreras y particulares. Entre estos últimos se encontraba Ricarda Ana Cobacho Cañete, de 36 años, maestra del Centro Obrero Socialista de la pedanía lucentina de Jauja, fusilada a principios de noviembre de 1936. Aparte de esta eliminación física, en la España franquista existió también una depuración administrativa que afectó a casi la totalidad del funcionariado y de los empleados de las administraciones públicas. La labor sancionadora se inició de manera inmediata. Solo 10 días después del golpe de Estado, el 28 de julio de 1936 el general Miguel Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional (organismo militar que asumió el poder en la zona sublevada), unificaba en un bando los emitidos con anterioridad y autorizaba la suspensión inmediata de los funcionarios que no prestaran auxilio a los rebeldes. A finales de agosto la Junta de Defensa Nacional ordenó de manera específica la depuración de los maestros alegando que la escuela debía “contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir”. La depuración se formalizó con el decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado (especie de primer gobierno franquista), que justificaba la depuración de todo el personal docente en el Magisterio debido a que había “estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional”.

Se crearon cuatro comisiones depuradoras: de profesorado universitario, escuelas de ingeniería y arquitectura, el restante personal (institutos, enseñanzas profesionales, etc.) y de maestros de educación primaria. Al profesorado se le podía denunciar por haber tenido actividad política o sindical, por su conducta privada, profesional o religiosa, o por otros motivos. Las sanciones consistían en traslados forzosos, separación definitiva del cuerpo, suspensión de empleo y sueldo, exclusión del concurso de traslados, jubilación, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Para aumentar el daño a los condenados, los separados del servicio no podrían ejercer tampoco su oficio ni asumir cargos en escuelas, academias particulares o instituciones ajenas al Estado.

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Retrato de Ángel Cruz Rueda, presidente de la Comisión depuradora provincial del profesorado de educación primaria. El cuadro se conserva en el Museo del IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Las comisiones depuradores de maestros y profesores de enseñanza secundaria tenían ámbito provincial y se encargaban de la investigación del profesorado, la instrucción del expediente y la propuesta de sanciones. La de Córdoba la presidía Ángel Cruz Rueda, director del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, y alcalde de esta localidad, por nombramiento de los militares golpistas, desde el 5 de agosto de 1936 hasta 1940. Estas comisiones provinciales trasladaban la propuesta de sanción a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, que era quien formalmente fallaba. El presidente de esta Comisión era desde octubre de 1936 el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán y Pemartín, quien consideraba que había que castigar a los profesores que habían optado “por lo antinacional, masónico, judío o marxista, o los que fueron causa de la revolución”. Pemán se encargó de desmantelar el sistema educativo republicano, al que consideraba un foco de formación de generaciones anárquicas y antipatriotas. Para Pemán la depuración era una “sagrada misión” de carácter no sólo “punitivo”, sino también “preventivo”, en la que no cabían ni “reprobables reservas mentales” ni “sentimentalismos extemporáneos”. La depuración del profesorado tenía como uno de sus objetivos extirpar de las escuelas la enseñanza laica o influenciada por las corrientes pedagógicas progresistas, e instaurar una educación acorde con los preceptos católicos. En el libro del catedrático de Ciencia Política Alberto Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la Tribu, publicado en 1999, el capítulo VI (páginas 235-269) desglosa, a través de su actitud y de su obra, el compromiso de Pemán con la dictadura franquista durante la guerra civil, hasta convertirse en el “juglar de la cruzada” (así le gustaba que lo llamaran), en un “intelectual orgánico” y en un “poeta del régimen”.

En la España franquista, se sancionó a un 25% de los maestros (unos 15.000, de los que unos 6.000 fueron separados definitivamente del cuerpo) y a un 38% del profesorado de enseñanza media. Gracias a las 767 páginas del libro del doctor en Historia Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la guerra civil, publicado en 2011, hemos podido conocer de manera muy pormenorizada cómo afectó este proceso a la provincia. En Córdoba, de los 814 maestros nacionales en plantilla en julio de 1936, se denunció a 291 (36% del total). En el caso de los maestros, la Comisión depuradora requería informes de, al menos, la alcaldía, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia o vecino de la localidad. Las principales denunciantes en la provincia fueron autoridades militares (185 denuncias), sacerdotes (159), vecinos (146) y ayuntamientos (130). De los maestros denunciados, 205 (25%) sufrieron la imputación de cargos por la Comisión depuradora. En Lucena se imputó a entre un 25-30% de los maestros, aunque solo se sancionó a entre el 6 y el 10% de la plantilla.

Pemán

José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, órgano encargado del proceso depurador.

En cuanto a la enseñanza secundaria, en 1936 existían en la provincia los institutos de Cordoba, Cabra, Peñarroya, La Rambla, Priego y Lucena. José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, en su afán de alejar la cultura del pueblo más llano y colocarla bajo el control de las órdenes religiosas y de la moral católica, dictó durante su mandato la clausura de numerosos institutos, dando el tiro de gracia a la política de creación de centros educativos impulsada por la II República. Decretó, el 14 de septiembre de 1937, el cierre de 38 institutos de enseñanza media, de manera en 1959 había en España solo 119 institutos, 32 menos que en 1936, según datos recopilados por el catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova. Entre los centros afectados por el cierre decretado por Pemán se encontraban los de Priego de Córdoba y Lucena. Este último, el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Barahona de Soto, se había inaugurado en noviembre de 1933 como Instituto Elemental gracias a los esfuerzos de numerosas personas y entidades de todos los ámbitos políticos y profesionales de la localidad. Jorge Villén Écija, abogado de Rute y secretario particular de Pemán, informaba en una carta enviada el 18 de octubre de 1937 a la Asociación Pro Instituto de Lucena de que “en un futuro, cuando se haga la reorganización total de la enseñanza y se creen Institutos verdad [sic] con su profesorado idóneo y sus materiales a propósito (bien distintos de esas parodias que se hacían), será la ocasión de trabajar para que Lucena –la de los dulces velones– tenga todo lo que se merece por su patriotismo y lealtad”.

La misiva en la que el secretario de Pemán anunciaba la clausura falseaba la realidad en la que había funcionado el instituto, con sede en la calle Condesa Carmen Pizarro (actual Conservatorio de Música), pues de acuerdo con las investigaciones de Juan Palma Robles publicadas en su libro Lucena Marista, el primer claustro de profesores, cuyo nombramiento apareció en la Gaceta de Madrid (1 de noviembre y 1 de diciembre de 1933), reunía a un grupo de profesionales cualificados, todos con una o dos licenciaturas universitarias. También la carta mentía en cuanto a los “materiales” con los que contaba el instituto, pues disponía de capacidad para 600 alumnos, despachos, salón de actos para conferencias y proyecciones, salas de estudio, aulas específicas (Dibujo, Filosofía, Geografía, Matemáticas, Francés, Literatura y Latín), laboratorio de Física y Química, museo de Historia Natural y una biblioteca de dos mil volúmenes en la que destacaba la colección de clásicos latinos (en un momento en el que Lucena no disfrutaba de biblioteca pública). El cierre del Instituto Barahona de Soto se prolongó tanto que hasta el curso 1973-1974 Lucena no disfrutaría de un centro de bachillerato propio.

Según el ya citado historiador Manuel Morente Díaz, en 1936 había 168 profesores de enseñanza media en la provincia de Córdoba. La plantilla del Instituto de Segunda Enseñanza Barahona de Soto la conformaban los siguientes profesores: José Arjona López (profesor de Geografía e Historia y director), Manuel Bonachera Arias (Ciencias Naturales), Bernardo Fernández Moreno (ayudante interino gratuito de idiomas), Juan Gómez Sánchez (Física y Química), Manuel González Aguilar (ayudante interino gratuito de la sección de Letras), Manuel Clemente Guayar Pérez (Latín y Filosofía), Francisco Lara Fernández (Lengua y Literatura), Felipe Moreno Lara (ayudante interino gratuito de la sección de Letras), Rafael Moreno Lara (ayudante interino gratuito de la sección de Ciencias), Bibiano Palma Garzón (Matemáticas), Fernando Peña Pastor (Dibujo), Albino Ramírez Ros (ayudante interino gratuito de Dibujo), Rafael Ureña González-Posada (profesor de Francés y secretario del instituto), Francisco Víbora Manjón-Cabeza (ayudante interino gratuito de la sección de Letras).

La Comisión depuradora provincial de enseñanzas medias, al igual que la de maestros de educación primaria, tenía ámbito provincial. Uno de sus cinco miembros directivos era el abogado Eulogio Roldán Carrillo, exconcejal durante la dictadura de Primo de Rivera y presidente de la derechista Acción Nacional en Lucena en 1931. Conocemos en Córdoba los datos de depuración de 144 profesores, de los que fueron denunciados el 57% y sancionados el 31%. En Lucena los sancionados fueron Juan Gómez Sánchez, Rafael Ureña González-Posada, Francisco Lara Fernández y Bernardo Fernández Moreno (el 28,5% de la plantilla). Todos fueron suspendidos de empleo y sueldo por el comandante militar de Lucena en octubre de 1936 y su cese apareció en el BOE del 28 de noviembre de 1936.

Las investigaciones de Manuel Morente Díaz señalan que hubo varios profesores represaliados del Instituto Barahona de Soto. A Juan Gómez Sánchez se le acusó de pertenecer a Izquierda Republicana, por lo que estuvo cesado y suspendido de empleo y sueldo hasta 1938. A Rafael Ureña González-Posada le imputaron cinco cargos: afiliado y propagandista de Izquierda Republicana, falto de condiciones pedagógicas, lector asiduo de los periódicos republicanos Política y Heraldo de Madrid, estar a favor del Frente Popular (la coalición que ganó las elecciones en febrero de 1936) y glorificar la revolución de Asturias. Suspendido por la autoridad militar en octubre de 1936, en 1941 se le separó definitivamente de la enseñanza, hasta que en 1955 se le permitió la reincorporación, pero con el traslado a fuera de la provincia durante tres años y la inhabilitación para ejercer cargos directivos y de confianza. Francisco Lara Fernández fue acusado también de militar en Izquierda Republicana. El director del Instituto Barahona de Soto dijo de él que era “indigno de continuar formando conciencias españolas” y señaló que las monjas carmelitas y lo hermanos maristas se habían quejado y habían manifestado que los alumnos de ellos no volverían a sus clases. Se le acusó de izquierdismo, de haber sido favorecido por el Frente Popular y haber herido el sentimiento religioso y patriótico de los alumnos. Permaneció suspendido de empleo y sueldo desde octubre de 1936 hasta enero de 1939, cuando la resolución del expediente de depuración lo confirmó en sus derechos. Por último, a Bernardo Fernández Moreno, alcalde de Lucena desde el 23 de octubre de 1934 al 8 de enero de 1936, se le acusó de haber pertenecido al Partido Radical Socialista y luego al centrista Partido Republicano Radical, que controló en alianza con la derechista CEDA el Ayuntamiento lucentino en ese periodo. A pesar de sus antecedentes políticos moderados, en octubre de 1936 se le suspendió de empleo y sueldo y desconocemos si la sanción se revocó.

Debido a que la represión se convirtió en uno de los pilares en los que se sustentó la dictadura, para el profesorado sancionado por el franquismo el perdón no existió, algo que contrasta con la depuración que se llevó a cabo en la España republicana, donde un decreto del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1938 concedió un amplio indulto a todos los funcionarios civiles y militares que hubiesen sido sancionados en sus cargos. Los profesores separados del cuerpo por el franquismo hubieron de esperar, al menos, hasta la Ley de Amnistía de 1977 para ver reconocidos sus derechos.

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