El bulo de la lista negra del 23-F en Córdoba

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Esta entrada del blog se publicó el 9 de mayo de 2018 basándose en una información publicada por la revista Actual en agosto de 1982. En esta revista aparecía una relación de personas que iban a ser eliminadas en caso de que el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 hubiera triunfado. Pues bien, esas listas fueron una invención periodística y un fraude. Así lo atestigua un libro imprescindible, La Transición oculta. Ni modélica ni pacífica, escrito por el historiador y criminólogo jiennense Luis Miguel Sánchez Tostado y publicado a principios de marzo de 2021, fecha en la que escribo esta aclaración. El capítulo donde el autor aborda el tema se titula «Listas de sangre: juego sucio del PSOE en la campaña electoral» (páginas 512-536). Sánchez Tostado demuestra que los nombres de las listas se corresponden en gran parte con los candidatos de los partidos de izquierdas a las elecciones generales de 1977, cuyos nombres se publicaron en el BOE, que nunca existió el autor del artículo (firmado con el seudónimo de Mario Bruno) ni tampoco las Milicias Populares Patrióticas, la supuesta organización ultraderechista que se había encargado de redactarlas. Es muy posible que la ultraderecha tuviera elaboradas listas negras, pero desde luego estas no eran.

La revista Actual había sido comprada unos meses antes por el PSOE, así que las listas fueron un montaje elaborado por personas próximas a su vicesecretario general Alfonso Guerra, en plena campaña para las elecciones de octubre de 1982, en las que el partido obtuvo una abultada mayoría absoluta. La finalidad era sembrar el miedo y el victimismo (sus candidatos estaban incluidos en esas listas negras), asegurar la victoria socialista  y subir las ventas de la revista, que contaba con medio centenar de trabajadores y arrastraba graves problemas económicos. Todo esto lo atestiguan varios periodistas empleados en aquella época en Actual, como el subdirector de la publicación, al que Sánchez Tostado ha podido entrevistar.

A pesar de ser un bulo o información falsa, he decidido por ahora mantener esta entrada del blog tal y como se publicó en su momento, ya que contiene información adicional relevante que no tiene que ver con el 23-F. La razón de preservarla es que varios medios de comunicación nacionales y locales, tanto escritos como audiovisuales, bastantes páginas de internet y muchas personas, incluidas algunas anotadas en los listados, los dan por ciertos, como se puede comprobar en el libro de Sánchez Tostado. Por tanto, esta es una forma de avisar de que fueron un simple montaje periodístico con un claro interés electoral. La entrada del blog que publiqué en 2018 se puede leer a continuación.

La Transición y la II República Española presentan muchas similitudes históricas. Recordemos que tanto los cinco años de gobiernos republicanos hasta la guerra civil (1931-1936) como los cinco años del gobierno de Adolfo Suárez (1976-1981) fueron etapas de transición de la dictadura a la democracia –en un caso desde las dictaduras de Primo de Rivera, Berenguer y Aznar, y en el otro desde la del general Franco–, y durante estos periodos de cambio es muy frecuente que aparezcan tensiones e inestabilidad política y social. Por ejemplo, durante la Transición, que es considerada un modelo de convivencia entre españoles, entre finales de 1975 y finales de 1983 hubo más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas víctimas, 591 perdieron la vida, según el investigador Mariano Sánchez Soler. Por tanto, huelgas, manifestaciones, violencia política y social, atentados, contexto de crisis económica internacional (crack del 29 y crisis del petróleo de 1973), golpismo militar, extremismo político e involucionismo acompañaron a ambos periodos de nuestra historia reciente. La similitud histórica se aprecia también en la manera en que acabó la II República, con un golpe de Estado militar iniciado el 18 de julio de 1936, y en que la Transición posiblemente hubiera finalizado igual, con una etapa represiva y una dictadura, si hubiera triunfado el golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero Molina el 23 de febrero de 1981.

Durante la Transición (al igual que en la II República Española) los grupos militares golpistas fueron una de las mayores amenazas para la incipiente democracia. Culpaban a la democracia, entre otros males, de la legalización del partido comunista en abril de 1977, de la puesta en marcha del proceso autonómico, del terrorismo (ETA, por ejemplo, causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980) y de la inestabilidad política y social. Estos sectores militares contaban con el apoyo de la prensa ultraderechista, como el diario El Alcázar; de pistoleros encuadrados en grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A y el Batallón Vasco Español; y de agrupaciones políticas como Fuerza Nueva, liderada por el notario Blas Piñar.

Aun así, la fuerza electoral en aquel momento de la ultraderecha era ínfima y sus partidos políticos (incluida la Falange, que se presentó dividida) no llegaron a sumar el 1% de los votos en las primeras elecciones legislativas celebradas en democracia el 15 de junio de 1977. Es verdad que dentro de Alianza Popular, el principal partido de la derecha, fundado por siete ministros exfranquistas, también encontramos a sectores nostálgicos de la dictadura, pero su respaldo electoral también resultaba escaso, pues en las elecciones legislativas de junio de 1977 este partido alcanzó el 8,21% de los votos en España y el 9,32% en Córdoba. La primera intentona golpista seria durante la Transición se materializó en la Operación Galaxia en noviembre de 1978, que acabó con la detención de sus ideólogos antes de que pudieran llevar a cabo su plan. En mayo de 1980, los dos principales conspiradores, el teniente coronel Tejero y el capitán de la Policía Armada Ricardo Saénz de Ynestrillas, serían condenados en consejo de guerra a siete meses y seis meses de cárcel respectivamente, lo que les permitió continuar la carrera militar.

Tejero volvió a la carga al poco tiempo, el 23 de febrero de 1981. Cuando tras la dimisión de Adolfo Suárez se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de Gobierno, irrumpió en el Congreso al mando de unos 200 guardias civiles armados y secuestró a los diputados. Paralelamente, el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, sacaba los tanques a la calle en Valencia y decretaba el estado de excepción. Esa misma noche, después de horas de tensa espera y con medio país pegado a los transistores, el rey apareció en televisión apoyando el régimen constitucional, por lo que muchos militares dubitativos permanecieron al lado de la legalidad, y la intentona fracasó. El 27 de febrero se organizaron multitudinarias manifestaciones en las ciudades españolas en defensa de la democracia. Que sepamos, entre los militares implicados en la sublevación se encontraba al menos un cordobés, el capitán de la Guardia Civil Juan Pérez de la Lastra Tormo, nacido en Lucena en 1940. Fue condenado a tres años de cárcel y al salir del presidio llegó a alcanzar el grado de coronel en 1996. Curiosamente, su abuelo, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, también estuvo implicado en otro golpe de Estado, ya que fue quien impuso el bando de guerra en Lucena en la madrugada del 19 de julio de 1936 como comandante militar de la plaza.

Lista, con las personas a eliminar en Córdoba, reproducida de la revista Actual.

En caso de que el golpe militar del 23 de febrero de 1981 hubiera triunfado, la ultraderecha había confeccionado unas listas negras, provincia a provincia, con la intención de asesinar de manera inmediata a unas 3.000 personas comprometidas con la democracia y con la izquierda, según la información que publicó el semanario Actual el 20 y el 27 de agosto de 1982 con el título en portada de «Los que iban a morir el 24-F». La lista había sido elaborada en diciembre de 1980, dos meses antes del golpe de Tejero, por las Milicias Populares Patrióticas, constituidas por elementos violentos escindidos de grupúsculos ultras como Fuerza Joven, Fuerza Nueva, Falange Primera Línea y Juventudes Nacional Revolucionarias. La revista Actual no llegó a publicar las listas de todos los nombres relativos a las ciudades de Madrid y Barcelona debido a su elevado número, aunque sí las del resto de España, incluida Córdoba.

En este aspecto de la elaboración de un plan previo y programado de eliminación de opositores políticos, los golpistas del 23 de febrero de 1981 siguieron una estrategia similar a los del 18 de julio de 1936. Estos últimos también habían tenido muy claro que la violencia sería el arma principal para asegurarse el éxito. De hecho, el 25 de mayo de 1936, dos meses antes del golpe del 18 de julio, las instrucciones secretas del “director” de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, a los otros militares implicados eran muy claras y no dejaban lugar a dudas: la acción habría de ser en “extremo violenta” y tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, un par de semanas antes del golpe de Estado, el 30 de junio, aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”.

Cartel del Partido Comunista de España con sus candidatos por Córdoba en las elecciones legislativas de 1977. Seis de ellos aparecen en las listas negras.

Las listas de los que iban a ser asesinados tras el 23 de febrero de 1981 incluían mayoritariamente a candidatos en las elecciones de 1977 y 1979, a miembros de las ejecutivas de los partidos izquierdistas y nacionalistas y a dirigentes de los sindicatos CCOO, UGT, USO y el nacionalista vasco ELA-STV. Junto a ellos aparecían larguísimas listas de literatos e intelectuales (Francisco Ayala, Antonio Buero Vallejo, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Amando de Miguel, Antonio Gala, Juan Marsé, etc.), músicos (Luis Eduardo Aute, Paco Ibáñez, Paco de Lucía, Raimon, Miguel Ríos, etc.), actores y directores de cine (Ana Belén, Aurora Bautista, Fernando Fernán Gómez, Juan Diego, Alberto Closas, Tony Leblanc, Juan Antonio Bardem, Pilar Miró, Antonio Mercero, Concha Velasco, Paco Rabal, José Sacristán, etc.), periodistas (Consuelo Álvarez de Toledo, Forges, Antonio Álvarez Solís, José Luis Balbín, Juan Luis Cebrián, Mercedes Milá, Raúl del Pozo, Fermín Bocos, Eduardo Sotillos, etc), compositores, escultores, humoristas y otros muchos. Bastantes de estos nombres es posible que se tomaran de los archivos de la antigua Brigada Político Social (la policía secreta encargada de perseguir a los opositores en el franquismo), pues existían estrechos contactos en aquel momento entre la extrema derecha y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En cuanto a políticos no izquierdistas, solo se incluía en la lista a Adolfo Suárez y al ministro de Interior Juan José Rosón (ambos de la UCD), y había también altos mandos militares comprometidos con el proceso democrático como los tenientes generales Gutiérrez Mellado y Quintana Lacacci, y el general Gabeiras Montero (estos dos últimos colaboraron en el fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero).

La lista negra de los que iban a morir de manera inmediata en España, como ya hemos señalado, rondaba las 3.000 personas. En Córdoba, incluía a 49 víctimas. De ellas, 44 tenían relación con la provincia porque aparecían como candidatos por la circunscripción provincial en las listas al Congreso de los Diputados y para el Senado en las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977. De otras cuatro desconocemos su vinculación con Córdoba y creemos que su actividad política se desarrolló en Sevilla, ya que fueron candidatos en las elecciones legislativas o municipales de esa ciudad o provincia en 1979. Por último, hay una persona de las que aparece en la lista, Sara Romero, de la que no hemos podido localizar ni su segundo apellido ni ningún dato de su actividad política o sindical.

Manuel Gracia, Antonio Zurita, Cristóbal Mesa y José Miguel Salinas celebran el triunfo del PSOE el 28 de octubre de 1982. Los tres últimos aparecen en la lista negra de Córdoba (foto Ricardo, Diario Córdoba).

Entre la relación de los cordobeses a eliminar, todos miembros de las listas al Congreso y al Senado que se presentaron a las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, se incluían a cinco de los siete candidatos del PSOE (todos menos el número uno al Congreso, Guillermo Galeote, que era de fuera, y Manuel Gracia) y a dos de sus tres senadores; toda la candidatura del PCE al Congreso y al Senado (salvo el número uno, Ignacio Gallego, que era de fuera, y Julio Anguita, alcalde de Córdoba); toda la candidatura de Unidad Socialista (la alianza del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván y el Partido Socialista Andaluz), encabezada por el periodista Pablo Sebastián para el Congreso; toda la candidatura del Frente por la Unidad de los Trabajadores (conformada por partidos ilegales en aquel momento como la Organización de Izquierda Comunista, de la que procedían los candidatos cordobeses); toda la candidatura del Frente Democrático de Izquierdas (en el que se integraba el aún ilegal Partido del Trabajo de España, de tendencia maoísta) y cuatro de los candidatos de la Alianza Socialista Democrática, una lista en la que aparecían miembros del PSOE (Histórico) que no reconocían la autoridad de Felipe González.

Es llamativa la ausencia en la lista negra de los cabezas de candidatura al Congreso por el PSOE y por el PCE cordobeses en 1977, pero quizás se deba a que pudieran estar anotados en la lista de Madrid, ya que residían allí. También es curioso que no se cite a Julio Anguita, número cinco de la candidatura del PCE en 1977 y alcalde de Córdoba tras las elecciones municipales de 1979; ni al catedrático Manuel Gracia Navarro, candidato al Senado por el PSOE. Posiblemente se deba a un despiste a la hora de anotar sus nombres, lo mismo que puede ser otro error el que se incluyan en la lista a cuatro sevillanos sin actividad política conocida en Córdoba. Tampoco encontramos en la relación a los que se presentan por primera vez en las candidaturas de la izquierda para las elecciones legislativas y municipales de 1979; ni a personas relevantes por su relevancia sindical, política y social durante aquellos años, a pesar de que activistas de similar perfil sí se incluyeron en las listas negras relativas a otras provincias. Esto quizás se explique porque las listas se elaboraron en Madrid por individuos ajenos a la realidad cordobesa, y que con probabilidad utilizaron, como única fuente de información para completarlas, los nombres de los miembros de las candidaturas de los partidos y coaliciones de izquierda que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado en 1977. Como esta era la primera hornada de represaliados, no verían problema en ir ampliando su número de manera más detenida en caso de que hubiera existido la posibilidad de hacerlo.

Aparte de las listas publicadas por la revista Actual, ignoramos si en la provincia de Córdoba existían otras listas negras en manos de elementos locales. En algunos pueblos se habla de que fue así, y de que también miembros de la ultraderecha se dirigieron aquellas tarde y noche a los cuarteles de la Guardia Civil (como ocurrió el 18 de julio de 1936) para ofrecer su apoyo en caso de que estas fuerzas respaldaran el golpe militar. Mientras tanto, muchos responsables de partidos y sindicatos de izquierda se dedicaron a destruir o esconder los listados de sus afiliados y otra documentación comprometedora para evitar que, si los golpistas triunfaban, esta información pudiera caer en sus manos y servir de base de datos para una futura represión, algo que ya había sucedido en 1936.

Las coaliciones y partidos a los que pertenecían los señalados en la lista negra cordobesa tuvieron una especial relevancia electoral durante la Transición. El PSOE, que siempre venció en las elecciones legislativas en la provincia, obtuvo el 33,82% de los votos en 1977, 30,12% en 1979 y 57,94% en 1982; el PCE, 16,49% en 1977, 19,11% en 1979 y 8,94% en 1982; Unidad Socialista (PSP y PSA), 3,66% en 1977, 9,97% en 1979 y 2,21% en 1982. Lo otros partidos de izquierda que aparecen en la lista negra constituían opciones minoritarias. Por ejemplo, el Frente Democrático de Izquierdas obtuvo solo el 1,15% de los votos en 1977.

La lista que publicamos a continuación incluye los 49 nombres relativos a la provincia de Córdoba que difundió la revista Actual el 20 de agosto de 1982, pero con algunas variaciones, ya que se han corregido errores en nombres y apellidos y se han añadido segundos apellidos o segundos nombres en bastantes casos. Los datos relativos a la actividad y militancia política y sindical son de elaboración propia, ya que la revista no incluyó esa información. Esta es la relación completa de los anotados por orden alfabético:

  1. Amaro Granados, Antonio, obrero de la construcción, miembro de CCOO, candidato nº 1 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977 y nº 1 por el MCA-OICE en 1979.
  2. Aparicio Lobo, Filomeno, abogado laboralista, miembro del Comité Central del PCE en 1976, candidato nº 4 al Congreso por el PCE en 1977 y al Senado en 1979.
  3. Aumente Baena, José, médico siquiatra y escritor, uno de los fundadores del Circulo Cultural Juan XXIII, PSA, candidato por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Senado en 1977 y nº 1 al Congreso por el PSA en 1979.
  4. Blanco Villarreal, Vicente, candidato nº 1 al Congreso por la Alianza Socialista Democrática en 1977.
  5. Caballero Castillo, Ernesto, obrero de la construcción, secretario provincial del PCE, candidato nº 2 al Congreso en 1977 y nº 3 en 1979.
  6. Cabanillas Delgado, Manuel, candidato nº 9 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  7. Camacho Lloriz, Matías, vendedor de prensa, senador por el PSOE en 1977.
  8. Campo Casasús, Carmen del, catedrática de enseñanza media, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT, candidata nº 4 al Congreso por el PSOE en 1977.
  9. Castrillo Castrillo, Elena, profesora de EGB, candidata nº 6 al Congreso por el PCE en 1977.
  10. Castro Sánchez, Pedro, empleado de banca, miembro de CCOO, PSA, candidato nº 6 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  11. Colmenar Rivero, Antolín, candidato nº 5 al Congreso por Sevilla por el PSOE (Sector Histórico) en 1979.
  12. Delgado García, Antonio, funcionario municipal, miembro de la dirección provincial de CCOO en 1977, PSA, candidato nº 4 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977 y nº 2 por el PSA en 1979.
  13. Díaz Tirado, Isidoro, maestro, candidato nº 5 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 5 por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  14. Díaz Jaro Romero, Luis, candidato nº 4 al Congreso por Alianza Socialista Democrática en 1977.
  15. Fernández Cruz, Emilio, obrero del metal, secretario provincial de la UGT en 1977, diputado por el PSOE en 1977, senador en 1979.
  16. Jiménez Delgado, Ildefonso, obrero de la construcción, miembro del Comité Central del PCE en 1976, dirigente de la federación de la construcción de CCOO en 1977, candidato nº 3 al Congreso por el PCE en 1977, candidato al Senado en 1979.
  17. López Gavilán, José, guía turístico, miembro del Comité Central del PCE en 1976, candidato al Senado por el PCE en 1977.
  18. López Rueda, Francisco, candidato nº 3 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  19. Luna Toledano, Antonio, obrero del campo, miembro del Comité Central del PCE en 1976, dirigente de la federación agraria de CCOO en 1977, candidato nº 7 al Congreso por el PCE en 1977.
  20. Márquez Moreno, Antonio, dirigente de la UGT provincial en 1977, miembro del Comité Provincial del PSP en 1977, candidato nº 3 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  21. Martínez Bjorkman, Joaquín, abogado laboralista, senador por el PSOE en 1977 y 1979.
  22. Mesa Rodríguez, Cristóbal, trabajador del campo, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT en 1977, candidato  nº 6 al Congreso por el PSOE en 1977 y nº 5 en 1979.
  23. Morilla Gil de los Ríos, Enrique, candidato nº 6 al Congreso por el PSOE (Sector Histórico) de Sevilla en 1979 y candidato a concejal en el mismo año.
  24. Muñoz Fernández, Guzmán Antonio, perito industrial, miembro del Comité Provincial del PSP en 1977, candidato nº 5 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  25. Nieto Alcántara, Alfonso, obrero de la construcción, miembro de CCOO, candidato nº 4 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977 y nº 3 por el MCA-OICE en 1979.
  26. Nieto Molina, Francisco, administrativo, candidato nº 2 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  27. Ojeda Moreno, José, candidato nº 8 al Congreso por el PSOE (Sector Histórico) de Sevilla en 1979 y candidato a concejal por Sevilla en el mismo año.
  28. Ortiz Atenciano, Francisco Alfredo, obrero del campo, miembro del sindicato CSUT (vinculado al PTE) en 1977, candidato nº 2 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977, miembro del SOC, candidato nº 2 al Congreso por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  29. Palomo Gil, José Luis, técnico de Correos, secretario de organización del PSP en 1977, candidato nº 7 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  30. Pérez Fernández, Felipe, empleado de Correos, candidato nº 4 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 4 por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  31. Pérez Ferrando, María Vicenta, profesora de EGB, candidata nº 3 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  32. Pérez Pérez, Manuel, profesor de instituto, candidato al Senado por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y nº 1 al Congreso por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  33. Pérez Torres, Francisco Antonio, candidato nº 8 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  34. Prats Balaguer, Rosa María, trabajadora sanitaria, candidata nº 5 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  35. Pujol de la Llave, Emilio, médico, candidato nº 1 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977 y candidato a concejal del Ayuntamiento de Sevilla por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  36. Redondo Furriel, Mª Dolores, secretaria de información del PSP en 1977, candidata nº 8 al Congreso por Unidad Socialista (PSP y PSA) en 1977.
  37. Roldán Murillo, José Luis, abogado, candidato nº 7 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  38. Romero, Sara.
  39. Salinas Moya, José Miguel, abogado, candidato nº 5 al Congreso por el PSOE en 1977, diputado en 1979.
  40. Sánchez Mármol, Fernando, candidato a concejal del Ayuntamiento de Sevilla por el Partido del Trabajo de Andalucía en 1979.
  41. Sebastián Bueno, Pablo César, periodista, PSA, candidato nº 1 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  42. Suárez García, Francisco, candidato nº 6 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  43. Torres García, Antonio, trabajador social, candidato nº 7 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.
  44. Ubera Jiménez, Dolores, profesora, candidata nº 3 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  45. Vallejo Rodríguez, Rafael, médico, secretario provincial del PSOE en 1976, diputado en 1977, senador en 1979.
  46. Ventura Limosner, Manuel, inspector de enseñanza, PSA, candidato nº 2 por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Congreso en 1977.
  47. Vera Peláez, Paz, auxiliar administrativo, candidata nº 6 al Congreso por el Frente Democrático de Izquierdas en 1977.
  48. Zurita de Julián, Antonio, secretario provincial del PSP en 1977, candidato por Unidad Socialista (PSP y PSA) al Senado en 1977.
  49. Zurita Morales, José, obrero, candidato nº 6 al Congreso por el Frente por la Unidad de los Trabajadores en 1977.

 

El instituto Barahona de Soto de Lucena (1933-1939)

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En 1931 el único instituto de enseñanza media que existía en el sur de Córdoba era el Aguilar y Eslava de Cabra. Los lucentinos que querían estudiar el bachillerato en su provincia solo tenían la opción de matricularse en este centro, situado a nueve kilómetros, o en el Provincial de Córdoba capital, distante más de 70 kilómetros. Para evitar los gastos de transporte o de residencia en esas localidades, la inmensa mayoría de los estudiantes lucentinos se matriculaban como alumnos libres y solo se desplazaban allí para los exámenes finales. Mientras, durante todo el curso se preparaban el temario oficial de las asignaturas en las aulas del Colegio María Santísima de Araceli, una institución privada (y por tanto, de pago) regentada por los hermanos maristas en Lucena desde 1906 con alumnado interno y externo. La enseñanza era entonces un privilegio reservado a los sectores más adinerados, ya que las clases populares y trabajadoras carecían de medios económicos para costear la educación de sus hijos y la mayoría de los niños abandonaban la escuela a muy corta edad para trabajar y ayudar al sostenimiento familiar. Ello explica que en 1930 el analfabetismo afectara en España al 36,61% de los varones y al 48,14% de las mujeres, y que en 1931 solo el 3% de los matriculados en primaria accediera a la enseñanza secundaria, que solía comenzar a los diez años de edad.

La Segunda República Española, nacida el 14 de abril de 1931, intentó cambiar este panorama. El nuevo régimen político emprendió una reforma de la enseñanza que se manifestó en el incremento del presupuesto en educación, la creación de miles de aulas, el aumento de plazas para maestros y la implantación de un modelo de escuela laica, obligatoria, gratuita y mixta, en la que por primera vez convivían juntos niños y niñas. En su afán por universalizar el derecho a la educación y de acercar la cultura a los ciudadanos, el recién nombrado ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el republicano radical socialista Marcelino Domingo, manifestó su intención de inaugurar nuevos institutos de enseñanza media en las ciudades con gran número de escolares. Como uno de los anhelos de la sociedad lucentina era contar con un instituto, el abogado y alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte abordó este asunto con suma rapidez. El 28 de agosto, solo cuatro meses y medio después de que se proclamara la República, convocó a las “fuerzas vivas” y a diversas entidades en el Ayuntamiento con la intención de aunar esfuerzos para solicitar su apertura al Ministerio. La reunión resultó un éxito. Representantes de más de treinta organismos políticos, sindicales, lúdicos, culturales, religiosos y profesionales acudieron a la cita, según recoge el libro de actas de la comisión permanente del Ayuntamiento que se puede leer en este enlace.

Los asistentes a la reunión con el alcalde aprobaron por unanimidad solicitar al Ministerio la apertura de un instituto, al contar Lucena con alumnado y capacidad suficiente para ello. Se basaban en que la localidad albergaba una población escolar que rebasaba los seis mil niños en educación primaria, se situaba en el nudo de comunicación de otros pueblos importantes, contaba con más de 160 alumnos matriculados en enseñanza secundaria (130 en el colegio de los maristas y el resto en el de las carmelitas) y consideraban además que el nuevo centro facilitaría el acceso a la educación a las familias humildes y al “elemento femenino”, ya que las “costumbres sociales todavía imperantes en esta ciudad” imposibilitaban el desplazamiento de las mujeres a otras localidades para estudiar. Para conseguir sus fines, los reunidos acordaron recabar el apoyo de los diputados cordobeses en las Cortes, nombrar una comisión que se desplazara a Madrid para reunirse con el ministro, ceder el palacio ducal de Medinaceli (situado al lado del castillo) para construir el edificio donde se asentaría el instituto y activar las gestiones para que este comenzara a funcionar en octubre en unas instalaciones provisionales.

Aunque las autoridades y la sociedad lucentina empezaron a movilizarse en el verano de 1931, hasta exactamente dos años después no aparecieron los decretos (23 de junio y 26 de agosto de 1933) que reglamentaban los nuevos centros de enseñanza media (institutos elementales, nacionales y colegios subvencionados) y fijaban las normas de colaboración entre el Ministerio y los ayuntamientos para su creación y sustento. El Consistorio de Lucena se afanó en cumplir los requisitos de la normativa oficial para alcanzar su objetivo. A principios de julio de 1933 aprobó ceder un local de la calle Mesoncillo (actual conservatorio de Música), en el que existían diez aulas de primaria, para sede del instituto. Además, a finales de mes, el alcalde Vicente Manjón-Cabeza se desplazó a Madrid para realizar gestiones al respecto ante el ministro de Instrucción Pública y convocó con posterioridad una reunión con los padres de familia. En ella se acordó informar al director general de 2ª Enseñanza de que el Ayuntamiento ofrecería un edificio, material y mobiliario gratuitos para instalar el instituto, locales para un internado, y daría “cuantas facilidades estime el Ministerio para conseguir que se cree en esta ciudad ese centro de enseñanza”. El alcalde mandó copia del escrito al diputado socialista cordobés Francisco Azorín Izquierdo, por si estimaba oportuno que una comisión compuesta por los padres de familia y una representación del municipio se trasladara a Madrid para entrevistarse con el ministro, el republicano radical socialista Francisco Barnés Salinas, quien a su vez visitaría Lucena el día 28 de agosto para conocer las instalaciones donde se asentaría el nuevo centro educativo.

Portada del Reglamento que regía la Asociación Pro Instituto de Lucena.

En el Decreto de 26 de agosto de 1933 del Ministerio de Instrucción Pública se barajaba ya la posibilidad de que se creara un colegio subvencionado en Lucena, no obstante un Decreto posterior de 14 de septiembre le otorgó un instituto elemental. Era una categoría superior que le permitiría impartir el ciclo completo de bachillerato, seis cursos, frente a los solo cuatro primeros cursos que se autorizaban en los colegios subvencionados. Para conseguir que la concesión del instituto fuera efectiva, el municipio debería aportar al Estado 25.000 pesetas. Como el Ayuntamiento carecía de fondos, el alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza citó a una asamblea a los padres de familia. Allí se decidió formar cuatro comisiones de padres y maestros encargadas de recaudar fondos para la causa. Sus integrantes pertenecían en buen número a las clases acomodadas y a miembros de la derecha política y del Partido Republicano Radical, y su trabajo resultó tan fructífero que a finales de mes ya se había realizado en la Delegación de Hacienda el ingreso preceptivo de 6.250 pesetas, el importe del primer trimestre del curso, que podía pagarse a plazos. Se creó también una comisión (integrada por representantes del PSOE, el Partido Republicano Radical y la derechista CEDA, entre otros) para estudiar la constitución de un patronato pro instituto y redactar sus estatutos (el reglamento original se puede leer en este enlace), y en el Ayuntamiento comenzó la inscripción de matrículas que se prolongaría hasta el 10 de octubre de 1933.

Al igual que Lucena, otras muchas localidades españolas lograron por aquellas fechas contar con nuevos centros de enseñanza media. Lucena, Priego, La Rambla y Peñarroya serían los cuatro municipios afortunados en la provincia de Córdoba. Esta política de creación de nuevos institutos desarrollada por la II República en sus pocos años de existencia resultó un éxito. Permitió que solo entre 1933 y 1934 se crearan 97, de los cuales 20 eran institutos nacionales, 37 institutos elementales y 40 colegios subvencionados. El aumento de centros conllevó a su vez que la cifra de alumnos se elevara. Se pasó de 76.074 alumnos en 1930 a casi 125.000 en 1935, y creció también en porcentaje el número de alumnas matriculadas en enseñanza media (de un 27% en el curso 1932-1933 a un 35% en 1935-1936).

La inauguración oficial del curso en el instituto de Lucena, presidida por el gobernador civil, constituyó un gran acontecimiento social. Se realizó en la sede de la asociación Amigos del Arte (posiblemente en la calle Alcaide) el 16 de noviembre de 1933. Asistieron el director y el profesorado, el alcalde, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, el decano del colegio de abogados, notarios, el registrador de la propiedad y el director del vecino instituto de Cabra. La celebración terminó con un aperitivo y un baile.

Según relata Juan Palma Robles en su libro Lucena Marista (páginas 108-115), publicado en 2006, durante el primer año de existencia el instituto alcanzó cerca de las 200 matrículas, de las que un 10% correspondían a mujeres. La mayoría de este alumnado procedía de Cultural Lucentina, la denominación que tomó el colegio-internado de los maristas para acatar las Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de junio de 1933. Esta Ley impedía a las órdenes religiosas ser titulares de centros educativos a partir del 1 de octubre, así que estos centros se secularizaron. Es decir, se inscribieron a nombre de personas particulares o padres de familia aunque el profesorado y el ideario católico siguió siendo el mismo. Cultural Lucentina matriculó a sus alumnos de secundaria en el nuevo instituto como oficiales, y cada día, vigilados por tres o cuatro hermanos maristas, acudían a sus clases. Las relaciones de profesorado y alumnado de ambos centros lucentinos, el religioso y el estatal, resultaron armoniosas.

Juan Luna Pérez (tercero por la derecha), secretario de la Asociación Pro Instituto de Lucena en 1934.

El 2 de agosto de 1934 una comisión de lucentinos se trasladó a Madrid para conseguir del ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, que el instituto pasase de elemental a nacional, lo que le permitiría elevar su categoría, contar con nuevos profesores ayudantes y matricular a alumnos libres. La delegación, del más alto y variopinto nivel político, la componían el alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza, Pedro Montilla Domingo y el dirigente de la derecha política Juan Luna Pérez (presidente y secretario respectivos de la Asociación Pro Instituto, legalizada el 9 de abril de 1934), el maestro nacional Pedro Álvarez Lozano, Juan Cuenca Burgos (lucentino y secretario particular en Madrid del ministro de la Gobernación), los diputados cordobeses Eloy Vaquero Cantillo y Francisco de Paula Salinas Diéguez (ambos masones y miembros del Partido Republicano Radical), y Miguel Cabrera Castro, diputado cordobés de la derechista CEDA.

Alumnado en el patio del instituto Barahona de Soto de Lucena.

El ministro les habló de la necesidad de ampliar el número de clases, dependencias y laboratorios, algo que se ejecutó durante el mandato del nuevo alcalde de Lucena desde finales de octubre de 1934, Bernardo Fernández Moreno, del Partido Republicano Radical, que nombró una comisión de tres concejales para que ayudara a la Asociación Pro Instituto a conseguir el cambio de categoría del centro. También el Pleno municipal acordó en abril de 1935 adherirse a la propuesta del claustro de profesores y de la Asociación Pro Instituto para que se denominara Barahona de Soto, en honor del afamado escritor lucentino del siglo XVI, lo que fue aprobado por el Ministerio al mes siguiente.

El alumnado recibe clases de Educación Física en el instituto Barahona de Soto de Lucena.

Tras una inspección favorable, el instituto Barahona de Soto se convirtió en nacional por una Orden ministerial de 30 de diciembre de 1935. Jugó un papel importante en favorecer esta concesión Joaquín de Pablo-Blanco Torres, diputado del Partido Republicano Radical por Córdoba y ministro de la Gobernación entre septiembre y diciembre de 1935. Para celebrar la noticia la banda municipal de música recorrió las calles de Lucena el 7 de enero de 1936, al día siguiente de la publicación oficial de la Orden. Ejercía entonces como director del centro José Arjona López, profesor de Geografía e Historia, y de secretario el lucentino Bibiano Palma Garzón, profesor de Matemáticas.

Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la consiguiente guerra civil existían en la provincia de Córdoba los institutos de Córdoba, Cabra, Peñarroya, La Rambla, Priego y Lucena, unas localidades que quedaron desde el primer día (salvo Peñarroya, que cayó en octubre) en manos de los militares sublevados. En la España controlada por ellos se inició en el ámbito educativo la supresión del laicismo, la eliminación de la coeducación de alumnos y alumnas, la censura de los libros de texto, el cierre de numerosos centros de enseñanza creados por la República y la depuración del profesorado (en la provincia de Córdoba se sancionó el 31% del profesorado de enseñanza media y al menos al 19% de los maestros). El gran artífice inicial de esta política represiva fue el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán, presidente desde octubre de 1936 de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, el organismo que ejercía las funciones de gobierno en la zona franquista. La depuración del profesorado de enseñanza media de Lucena, que afectó a cuatro docentes (el 28,5 % de la plantilla), ya lo tratamos en una antigua entrada del blog, así que ahora nos centraremos en el cierre del instituto.

Debido a que Lucena estaba muy alejada de las líneas del frente de guerra, el instituto siguió funcionando con relativa normalidad durante el curso 1936-1937, aunque las clases se desdoblaron: por la mañana se dedicaron solo a los alumnos y las de las tardes a las alumnas (para cumplir con la nueva normativa oficial que prohibía la asistencia conjunta a las clases de los dos sexos). Todo cambió a punto de comenzar el siguiente curso escolar, pues el de Lucena fue uno de los 38 centros de enseñanza media cerrados por una Orden ministerial de 14 de septiembre de 1937. La Orden afectó también a los de Priego y La Rambla, y a otros muchos institutos con posterioridad. Se justificó, entre otros motivos, en que eran prioritarias las necesidades económicas de la guerra y en que a causa de ella se había reducido el número de alumnos. Sin embargo, la clausura no era definitiva, sino “provisional y transitoria” y la Orden remitía a “lo que haya que resolverse respecto a este particular el día que se aborde la reorganización de la enseñanza”.

La decisión de las autoridades educativas franquistas cayó como un jarro de agua fría en Lucena. Solo tres días después de la Orden de cierre, el 17 de septiembre de 1937, una comisión de padres de alumnos formada por José Antrás Duclós, Juan Luna Pérez, José García Pérez y Joaquín Ruiz de Castroviejo Aguilar se dirigió al Ayuntamiento. Ante el alcalde, Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil, culparon a la Corporación de la clausura del centro “al no haber tomado medidas preventivas” para evitarla. Para revertir la Orden, propusieron que una comisión integrada por un miembro del Ayuntamiento y otras “fuerzas vivas” realizara un viaje a Burgos, donde tenía la sede el Gobierno franquista (Madrid aún se encontraba en manos de la República), para gestionar ante la Comisión de Cultura y Enseñanza la anulación del acuerdo, y que ese viaje lo pagara el Ayuntamiento.

El Pleno municipal rechazó la solicitud de la comisión de padres alegando falta de presupuesto y que la gestión sería ineficaz. Se basaba en que aunque la supresión resultaba “perjudicial para esta población”, se había tomado por la superioridad atendiendo “al interés general, que está sobre el interés particular, considerando además esta comisión gestora que los actuales tiempos no son como los que afortunadamente pasaron, que los actuales son de verdadera enjundia y recta administración que no cambia las decisiones que adopta con la mera visita de un personaje o personajes que en Comisión le pretendan modificar o anular los acuerdos que adopta”. Esta última afirmación de los gestores municipales veremos más adelante que tenía poco que ver con la realidad, pues serán precisamente las gestiones de “pasillo” y de “tapadillo”, de personas e instituciones relevantes, las que van a condicionar la corta existencia que aún le quedaba al instituto.

El periódico católico local Ideales, muy influyente en aquel tiempo, también se hizo eco de la supresión del instituto Barahona de Soto de Lucena y abogaba de manera contundente por su reapertura en la primera página de su edición del 20 de septiembre de 1937. Entre los múltiples argumentos que esgrimía, resaltaba que en “nuestro instituto ha dominado desde el primer día de su creación el espíritu católico y español”, que “la mayor y más selecta parte de sus catedráticos han sido de firmes convicciones cristianas y patriotas”, las buenas relaciones que había mantenido con el colegio religioso de los maristas, el “sentir derechista” de la mayoría del claustro y “la incorporación total y absoluta de Lucena al Glorioso Movimiento el mismo día 18 de julio” de 1936.

José Antrás Duclós, presidente de la Asociación Pro Instituto en 1937.

Como último recurso para lograr la reapertura del Barahona de Soto, el presidente de la Asociación Pro Instituto, José Antrás Duclós, se dirigió por carta a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado. El escrito de respuesta, publicado por el periódico Ideales, llegó el 18 de octubre de 1937 de la mano del abogado Jorge Villén Écija. Este era oriundo de la vecina localidad de Rute y ejercía de secretario particular de José Mª Pemán, el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza. Al igual que hacía la Orden del 14 de septiembre, Jorge Villén justificó el cierre del centro por la economía de guerra. Sin embargo, recalcó que no era definitivo, por lo que “en un futuro, cuando se haga la reorganización total de la enseñanza y se creen Institutos [de] verdad con su profesorado idóneo y sus materiales a propósito (bien distintos de esas parodias que se hacían), será la ocasión de trabajar para que Lucena –la de los dulces velones– tenga todo lo que se merece por su patriotismo y lealtad”.

La misiva del secretario particular de José Mª Pemán falseaba la realidad en la que había funcionado el instituto, pues de acuerdo con las investigaciones de Juan Palma Robles en su libro Lucena Marista, el primer claustro de profesores, cuyo nombramiento apareció en la Gaceta de Madrid (1 de noviembre y 1 de diciembre de 1933), había reunido a un grupo de profesionales cualificados, la mayoría con una o dos licenciaturas universitarias. También la carta mentía en cuanto a los “materiales” con los que contaba el centro, pues disponía de capacidad para 600 alumnos, despachos, salón de actos para conferencias y proyecciones, salas de estudio, aulas específicas (Dibujo, Filosofía, Geografía, Matemáticas, Francés, Literatura y Latín), laboratorio de Física y Química, museo de Historia Natural y una biblioteca de dos mil volúmenes en la que destacaba la colección de clásicos latinos (en un momento en el que Lucena no disfrutaba de biblioteca pública).

José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado en 1937.

El 19 de octubre de 1937, al día siguiente de recibirse en Lucena la carta del secretario de José Mª Pemán confirmando el cierre del instituto, distintas personas, asociaciones y colectivos se reunieron y decidieron presentar una instancia en el Ayuntamiento. En ella solicitaban que en el presupuesto del próximo año se consignara “la cantidad de cuarenta mil pesetas u otra que a ella se aproxime como subvención al Instituto Barahona de Soto de esta ciudad”, ya que “la suspensión de seguro cesará el curso venidero —tenemos poderosas razones para esperarlo así— y es precisamente entonces, al reanudar su labor, cuando el Instituto más necesitará la cooperación y auxilio del Excelentísimo Ayuntamiento”. La petición iba encabezada por la firma del jefe local de la Falange, Miguel Álvarez de Sotomayor y Nieto-Tamarit, y 59 personas y entidades, entre ellas varios sacerdotes y comunidades religiosas lucentinas, incluidos los maristas, según se puede leer en este enlace. El Ayuntamiento desestimó esta petición el 19 de noviembre de 1937, basándose en que tendría que crear nuevos impuestos municipales para conseguir las 40.000 pesetas, pero añadía que en caso de reapertura del centro habilitaría una cantidad de dinero para su mantenimiento.

Al ser clausurado, solo quedó al frente del instituto el director, encargado de realizar el inventario de los materiales, el oficial de secretaría Juan Algar Danel y el portero Pedro Grádit Aranda. Durante aquellos meses, las instalaciones sirvieron para alojar a fuerzas militares de Artillería movilizadas para la guerra, lo que obligó al Ayuntamiento a aprobar gastos para reparaciones en pavimentos, retretes y puertas en marzo de 1938.

Tras un año cerrado, y ante la próxima llegada del nuevo curso escolar, Joaquín Ruiz de Castroviejo Aguilar, vocal de la Comisión Gestora del Ayuntamiento y miembro de la Asociación Pro Instituto, presentó el 25 de agosto de 1938 una moción. En ella lamentaba que la clausura del Barahona de Soto había originado que “suspendiesen sus estudios muchos jóvenes de las clases más modestas de esta población juntamente con otros perjuicios”. En consecuencia, pedía que se habilitara una cantidad suficiente de dinero para su futuro funcionamiento, lo que fue aprobado por el resto de los gestores municipales. Pocos días después, el 13 de septiembre, el jefe nacional del Servicio de Enseñanza Superior y Media, “ante la imposibilidad de acordar por el momento la situación definitiva del instituto de Lucena” propuso a la alcaldía que el Ayuntamiento, en colaboración con los padres de familia y otras entidades, organizara un colegio privado de manera provisional en las propias instalaciones del centro educativo.

Cuando se recibió este oficio en el que se proponía que el instituto de Lucena se reabriera como un colegio privado, hacía solo un par de semanas que por nombramiento de las autoridades militares había asumido la alcaldía Luciano Borrego Cabezas. Era un “camisa vieja” (militante falangista desde antes de la guerra) que había sido jefe provincial de la Falange en Málaga y estaba bien relacionado con las altas esferas del partido y del Gobierno. Contactó con un falangista significado, que a su vez lo hizo con Narciso Perales Herrero, delegado especial para toda España del secretario general de la Falange, Raimundo Fernández Cuesta, y ambos le abrieron el camino para posteriores gestiones en el Ministerio de Educación Nacional, que tenía la sede en Vitoria por causa de la guerra. Allí se desplazó, acompañado por Manuel González Aguilar, juez de primera instancia accidental y profesor ayudante interino de Derecho en el instituto en el curso anterior. El viaje lo hicieron en un coche que se les averió a la altura de Mérida, por lo que hubieron de continuar el recorrido en taxi, bordeando la zona central de España que se encontraba aún en manos de la República.

Ya en Vitoria, el alcalde y el juez contaron con la ayuda de una serie de altos cargos del Ministerio de Educación Nacional, como José Pemartín Sanjuán (jefe nacional del Servicio de Enseñanza Superior y Media), el catedrático Carlos Sánchez del Río Peguero y otros. Con su apoyo, consiguieron que el instituto de Lucena se reabriera a pesar de que había otras treinta solicitudes similares de otras ciudades que se denegaron. El viaje costó 3.579,50 pesetas, una cifra abultada para la época. La exitosa gestión fue recibida con una enorme satisfacción por los gestores municipales, según consta en el libro de actas de pleno municipal del 6 de octubre de 1938. Tres semanas después, el 27 de octubre, la jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media nombraría a los nuevos docentes del instituto, nueve profesores y dos profesoras, cuyos sueldos serían pagados por el Ayuntamiento, sin ningún coste para el Ministerio de Educación.

La reapertura del instituto contó con dos obstáculos inesperados. En primer lugar, la falta de apoyo del colegio de los maristas. Este centro religioso había funcionado como siempre, durante el año de cierre del instituto, con alumnado externo e interno que luego se examinó por libre en el instituto de Córdoba. El Ayuntamiento de Lucena, que era quien financiaba en su totalidad el Barahona de Soto, estaba convencido de que todo este alumnado del colegio marista volvería a matricularse en él como había ocurrido en los últimos años. Para conseguirlo, el alcalde Luciano Borrego, acompañado por su asesor en este asunto, el abogado Vicente Manjón-Cabeza —antiguo alcalde socialista, ahora reconvertido en falangista—, llegó incluso a visitar al director del colegio marista, el hermano Gerásimo (José Rodríguez Gómez), pero este se negó a matricular a su alumnado como oficial en el instituto. La respuesta no gustó a los munícipes, y Vicente Manjón-Cabeza amenazó con obligar a los estudiantes del colegio marista a hacerlo, pues la mayoría eran militantes del SEU —el sindicato estudiantil falangista— y por tanto en teoría debían obediencia a lo que dictaran sus mandos políticos. Eso no amedrentó al director, que siguió firme en su postura. La nueva normativa oficial ya amparaba a los centros de enseñanza religiosos privados, el director era consciente de ello y el colegio marista consiguió el reconocimiento oficial en enero de 1939, con prerrogativas iguales a las de cualquier instituto del Estado, lo que le permitió examinar al alumnado en sus propias instalaciones sin tenerlo que hacer, como hasta ahora, en otros centros educativos. Si el Barahona de Soto no se reabría, el colegio marista podría tener el monopolio de la enseñanza secundaria en Lucena —como en realidad lo mantuvo hasta que cerró sus puertas en 1964— sin la competencia de un centro público en el mismo municipio.

Junto a la falta de colaboración del colegio de los maristas, la reapertura del instituto Barahona de Soto de Lucena contó también con la oposición de la dirección y el claustro de profesores del instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Estos, con suma rapidez, el 8 de octubre de 1938, decidieron en enviar una extensa carta, de casi cuatro páginas escritas a máquina, al ministro de Educación Nacional, Pedro Sainz Rodríguez, en la que incluyeron distintas “observaciones” a la decisión ministerial de abrir el instituto lucentino. Su intención, según relataban, era “velar por los intereses de la enseñanza y que el nombre respetabilísimo e ilustre de vuescencia [se refieren al ministro] no se viera envuelto en enredos de política menuda de la del viejo estilo”.

Ángel Cruz Rueda, director del instituto Aguilar y Eslava de Cabra (1930-1942).

La carta, de la que se conserva copia en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (legajo 3.160-2), iba firmada por el director Ángel Cruz Rueda, quien tuvo una labor muy destacada en aquellas fechas. Durante la guerra ejerció tres funciones paralelas: alcalde (1936-1940), director del instituto (1930-1942) y presidente en la provincia de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional (1937-1939), el organismo encargado de depurar a los maestros cordobeses y de proponer las sanciones que les correspondían por su pasada actividad política, sindical, social, etc. Aparte, fue miembro de la comisión que estudió el proyecto de ley de reforma de la segunda enseñanza que había visto la luz en España un par de semanas antes, el 20 de septiembre de 1937. Era por tanto una persona con un peso muy importante en el ámbito político y educativo, e iba a hacer valer su poderosa influencia ante las autoridades.

Hasta la II República el instituto de Cabra era el único que existía en un pueblo de la provincia (desde el año 1847) y la apertura de otros centros de enseñanza media en el sur de Córdoba rompía su monopolio y suponía una enorme competencia a la hora de atraer al alumnado en una época en que su número era muy escaso. En la carta que Ángel Cruz Rueda envió al ministro se exponía, a través de múltiples ejemplos, que las relaciones con el Barahona de Soto siempre habían sido de cordialidad, e incluso elogiaba que “su profesorado, casi todo autóctono, (…) supo torcer la mala voluntad con que fue creado por la República y amparó” a los hermanos maristas. Aun así, denunciaba que el instituto lucentino fue creado “por la funesta República” con la única intención de “despoblar” el colegio de los maristas, indicaba que su reapertura era un “privilegio concedido” a la ciudad de Lucena y se quejaba de que el Gobierno facilitara que el Barahona de Soto “determine el decaimiento de otro centro del nuevo Estado”, en referencia al instituto egabrense. La carta concluía pidiendo que, como la nueva ley educativa establecía la creación de demarcaciones territoriales de donde podía proceder el alumnado que se matriculara en un instituto, la de Lucena se redujera únicamente a su término municipal para que no perjudicara ni le restara estudiantes al instituto de Cabra, que así podría abarcar al resto de municipios del sur de Córdoba.

Tantas oposiciones e inconvenientes influyeron de manera determinante en el futuro inmediato del Barahona de Soto, y una Orden de 5 de agosto de 1939 decretaba de nuevo su cierre “provisionalmente”. La reapertura había durado solo un curso escolar. El asunto se trató el 21 de agosto en un pleno municipal. En él, los gestores lamentaban “el mal que se produce al pueblo de Lucena con dicha disposición”, ya que el centro había tenido más de 250 alumnos matriculados, “los cuales son en su mayoría de clases modestas, y al quedar ahora clausurado, no podrán sin duda continuar sus estudios con igual facilidades que hasta aquí, por razón de índole económica de sus familiares, que les será imposible sostener la continuación de sus estudios en otras poblaciones fuera de su residencia habitual”. Además, se alegaba que el Ayuntamiento había realizado en los últimos años un “inmenso sacrificio en pro de la enseñanza”, costeando los gastos del profesorado, el personal administrativo y subalterno y comprando el edificio donde se alojaba el centro. Por todo ello, consideraban que “el mal producido habría de remediarse en parte” si la jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media asignaba a Lucena un instituto femenino, ya que había habido casi un centenar de muchachas matriculadas el curso anterior en el instituto de la localidad, y además en toda la provincia de Córdoba no se había autorizado ninguno.

La solicitud del Ayuntamiento se justificaba además en que Lucena era la localidad más grande de la provincia, con más de 30.000 habitantes, estaba rodeada de otros pueblos importantes y ya contaba con dos colegios internados para chicas regidos por religiosas (las Carmelitas de la Caridad y las Hijas del Patrocinio de María). Con la finalidad de defender la solicitud ante el Ministerio de Educación, el Pleno municipal libró una partida de 4.000 pesetas que servirían para trasladar a Madrid una comisión integrada por el alcalde Luciano Borrego, un representante de la Asociación Pro Instituto y al abogado Vicente Manjón-Cabeza. Para reforzar su petición, el Pleno aprobó también el 2 de septiembre de 1939 que el Ayuntamiento asumiría todos los gastos que originase el funcionamiento del instituto, de esta manera la Administración educativa evitaría cualquier gasto si se reabriese en un futuro .

Pedro Sainz Rodríguez, ministro de Educación Nacional (1938-1939).

Todas las gestiones cayeron en saco roto, pues no era solo una cuestión de dinero ni de austeridad económica lo que impedía la reapertura del Barahona de Soto, ni tampoco la falta de colaboración de los maristas o la oposición del instituto de Cabra, sino también la nueva política educativa que impuso la dictadura de Franco en toda España. El 1 de febrero de 1938 había sido nombrado ministro de Educación Nacional Pedro Sainz Rodríguez, monárquico y católico integrista. Obra suya fue la ya citada Ley de Bases para la Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938, que entre otras medidas depuró el sistema educativo republicano y cerró sus institutos, como ocurrió con el de Lucena, ya que consideraba que estos centros habían tenido como principal objetivo sustituir “la enseñanza dada por las órdenes religiosas”, a las que ahora se daba un trato privilegiado. La aplicación de esta Ley es lo que explica que en 1959 hubiera en España tan solo 119 institutos, 32 menos que en 1936.

La nueva Ley franquista de enseñanza media apostó por un modelo de enseñanza ideologizada, patriótica y nacionalcatólica, que significó el retraimiento de la escuela pública en beneficio de la escuela privada (mayoritariamente en manos de la Iglesia), en la que había que pagar para poder estudiar. Los datos oficiales así lo atestiguan de manera clara en el conjunto de la nación española. Si en el curso 1933-1934 el alumnado de bachillerato que asistía a centros privados era el 8,3 % del total, en 1940 había crecido hasta el 61,5 %. La cifra a favor de la enseñanza privada y religiosa continuaría elevándose sin cesar en la década siguiente. Entre 1940 y 1949 los institutos públicos descendieron de 53.702 a 36.206 alumnos, mientras los privados aumentaron de 104.005 a 132.697 estudiantes matriculados. En lo que se refiere a Lucena, tras el cierre del instituto Barahona de Soto en 1939, hubo que esperar hasta el curso 1973-1974 para que se pudieran impartir de nuevo en un centro público, el instituto Marqués de Comares, los estudios de bachillerato.

Nota: Las dos fotografías de alumnos que ilustran esta entrada del blog (por desgracia publicadas en su momento con mala calidad) se han extraído de Juan Palma Robles, «El Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Barahona de Soto», en Crónica de Córdoba y sus pueblos XVI, Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, Córdoba, 2009.

Caridad y obras públicas en Lucena en 1927

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Antonio Víbora Blancas, jefe de la Unión Patriótica en Lucena en 1927.

El 11 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado contra el gobierno constitucional e instauró una dictadura, inspirada en el fascismo italiano, que pervivió hasta más allá de su dimisión el 30 de enero de 1930. Durante su mandato se creó un partido único de derechas, la Unión Patriótica, sin un programa definido y con la única función de servir de soporte social al gobierno. La dictadura se aprovechó de la buena coyuntura económica internacional de los años veinte y además, para financiar las arcas del Estado, recurrió a la emisión masiva de deuda pública, los presupuestos extraordinarios y los empréstitos, lo que le permitió disponer de fondos para desarrollar un programa de fomento de la economía y de las infraestructuras públicas que también alcanzó a Lucena.

Rafael Linares Montilla, alcalde de Lucena en 1927.

Durante el mandato de Rafael Linares Montilla como alcalde de Lucena, el 30 de noviembre de 1927 la revista Actualidades, editada en Córdoba, publicó un largo reportaje sobre la ciudad. Lo encabezaba con el título de “De la España que nace. Las rutas de las actualidades. Lucena”. En sus páginas, defensoras de la dictadura de Primo de Rivera, aparecían de manera propagandística y con profusión de datos y fotos las labores que realizaban en aquel momento la asociación Caridad y Patriotismo y el Ayuntamiento de Lucena. La asociación Caridad y Patriotismo dependía de la Unión Patriótica, que en ese momento estaba presidida por el abogado y propietario Antonio Víbora Blancas, futuro alcalde desde el 22 de diciembre. La asociación se dedicaba a labores benéficas y asistenciales como la protección a la infancia, comedores populares, asistencia sanitaria, actividades de enseñanza, etc. Su referente espiritual era el lucentino fray Alonso de Jesús Ortega, general vitalicio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, fundador y restaurador de 61 hospitales en Europa y América durante el siglo XVIII.

El comedor popular de Lucena.

En 1927 las dos actividades más importantes de Caridad y Patriotismo en Lucena eran, por un lado, la cocina y los comedores populares y, por otro, la gota de leche. Estos organismos se situaban en el palacio ducal de Medinaceli —una propiedad adquirida por el Ayuntamiento dos años antes a los duques de Híjar—, que se proyectaba derribar en parte para convertirla en aulas escolares y en una plaza de abastos. En el comedor se repartían a diario setecientas raciones de comida a precios rebajados. La ración de caldo costaba cinco céntimos, la de cocido sin carne 55 (30 con ella y tocino), el kilo de pan valía 55 céntimos y se vendían al costo el aceite, el jabón y otros productos en una época en la que el sueldo diario de un jornalero rondaba las tres pesetas (166,386 pesetas equivalen a un euro). El comedor, aparte de ofrecer raciones de comida a precios asequibles, evitaba las muertes por hambre que habían sido tan frecuentes en años anteriores entre la población lucentina. De la cocina y los comedores populares dependía la gota de leche, donde se expendían latas de leche condensada a 1,40 pesetas que podían ser adquiridas por los más necesitados para la alimentación infantil con una rebaja de 35 céntimos. Al frente del despacho de la gota de leche se hallaban a diario los concejales Juan Molina Arévalo, José Serrano Rivera y Francisco Algar Plaza.

La revista Actualidades exaltaba “la intervención de la mujer en toda esta obra” de la asociación Caridad y Patriotismo, señalando que “las lucentinas, todo amor y caridad, contribuyen con su trabajo y personal asistencia a realizar estas obras de misericordia. Acuden, y sirven en el Comedor de Caridad y en todo momento se las encuentra dispuestas para contribuir a estas manifestaciones caritativas y nobles”. El Apostolado de Damas, una organización de mujeres católicas de clase acomodada, se encargaba de prestar su ayuda tanto en la cocina como en el comedor popular.

Sala de operaciones de la Casa de Socorro.

En el campo de la atención médica y sanitaria, uno de los servicios municipales que existían en Lucena y aún no en Córdoba era la farmacia municipal. Funcionaba desde el 24 de abril de 1926, regentada por el farmacéutico Jesús Sánchez Diezma y el auxiliar Fernando Flores Alba, que ocupaban su puesto por concurso. La farmacia ofrecía medicinas a los más necesitados de manera gratuita o a precios rebajados, y además albergaba un laboratorio para análisis clínicos. También, unos meses antes de la farmacia, el 25 de julio de 1925, se había creado la Casa de Socorro. Contaba con sala de espera, de cura y operaciones, autoclave (esterilizador), aparatos, horno de cremación, despachos para los médicos y dos habitaciones en el piso alto para ingresar a los enfermos que no podían ser trasladados. La Casa de Socorro estaba atendida por el médico director Aurelio Amaro Pérez, los médicos titulares Juan Ruiz de Castroviejo, Joaquín Montilla y José Vázquez, y los practicantes Francisco Hurtado Calvillo y José Morillo Ruiz.

Depósito en construcción para recibir el caudal de agua de Cañada de Cartas.

Las labores de construcción de saneamientos proliferaron en el año 1927 en Lucena. En el mes de septiembre se terminaron las obras de alcantarillado general, que alcanzó una longitud total de 17.000 metros. Para su construcción se emplearon a miles de obreros, lo que palió en parte la situación de paro crónico que sufría buena parte de los trabajadores lucentinos. A la vez que el alcantarillado, se acometió la construcción de tuberías conductoras de agua desde Cañada de Cartas, un yacimiento recientemente descubierto en las estribaciones de la Sierra de Aras. Por ello, las obras de pavimentación de calles estaban detenidas en aquel momento, a la espera de la instalación subterránea de 17.000 metros de tuberías de agua potable. Aun así, se estaban adoquinando uno de los sectores de la Ronda, el sector de la carretera de Córdoba a la salida del pueblo, y se andaba construyendo una nueva carretera desde Las Fontanillas a la estación ferroviaria con intención de asfaltarla. En el ayuntamiento se edificaron dos dependencias de nueva planta y un patio con ornamentaciones de mosaicos, y había un proyecto para levantar al año siguiente nuevas dependencias con destino a oficinas. Por último, se repobló de arboleda el antiguo Paseo Viejo.

Explanada exterior del cementerio en obras para convertirla en jardín.

Una de las obras más importantes de remodelación de espacios públicos lucentinos se acometió durante el verano de 1927, por cientos de obreros, en el cementerio de Nuestra Señora de Araceli, al que se dotó de luz eléctrica. Se pretendía además convertir su explanada exterior en un jardín, cercada por árboles y asientos, y diseñar calles de entrada y salida para carruajes. Además, se construyeron de nueva planta casas para el capellán y el guarda, y una nueva capilla. Dentro del camposanto, la iniciativa más relevante consistió en el saneamiento del subsuelo y en un dragado de tres metros y medio de profundidad. La fosa común, donde se realizaban los enterramiento sin caja por los más humildes, desapareció y se sustituyó por cientos de bovedillas individuales de cemento para “que los pobres de solemnidad descansen en sueño eterno sin diferencias con los pudientes”, según relataba la revista Actualidades.

En el ámbito educativo y cultural, en 1927 se crearon, equipadas “con material pedagógico novísimo”, dos nuevas escuelas en locales cedidos por el propietario agrícola Antonio Córdoba Cabeza en la aldea de Las Navas del Selpillar. Asimismo, la asociación Caridad y Patriotismo tenía organizado por los numerosos cortijos de la zona un servicio de enseñanza itinerante a cargo de maestros subvencionados por el Ayuntamiento y existía una biblioteca popular ambulante para uso de todo el vecindario. En cuanto a instituciones artísticas, el Coro Lucentino, dirigido por el profesor de piano Rafael Mata Varo, era la más importante, pues contaba con más de cien afiliados mayores y menores de edad.

Reparto de raciones de comida a los pobres en la Cocina popular, presenciado por las voluntarias del Apostolado de Damas y los concejales.

Una de las calles de Lucena (posiblemente Mediabarba) antes de su arreglo.

Una de las calles de Lucena arregladas (posiblemente Arévalo). Se observa el acerado, el pavimento y la hilera de árboles a ambos lados.

 

Interior de uno de los dos grandes depósitos, construido al Este de Lucena, para recibir las aguas de los caudales de doña Elvira Casas Cabello y Cañadas de Cartas.

Depósito depurador, fosa séptica y campo bacterial construido al Norte de Lucena.

Obras de construcción de grupos cuadrados de bovedillas en el cementerio.

Descubrimiento de un pozo cegado con cadáveres en el lugar de construcción de bovedillas para los pobres en el cementerio.

Vista exterior de la capilla del cementerio.