Víctimas mortales de la represión franquista en Cabra durante la guerra civil y la posguerra

Francisco Rojas López, alcalde republicano de Cabra hasta el 18 de julio de 1936.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 triunfó en Cabra con rapidez, al igual que en todas las localidades de la Subbética cordobesa. El 19 por la tarde, el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, siguiendo las órdenes recibidas desde Córdoba —donde también se habían hecho con el control los militares insurrectos— emitió el bando de guerra y destituyó el Ayuntamiento republicano, que estaba presidido por Francisco Rojas López, de Izquierda Republicana. La sublevación contó desde el primer momento en Cabra con el apoyo de los falangistas, del requeté carlista y de algunos militares, como el comandante de Caballería retirado Ramón Escofet Espinosa y el teniente de complemento Luis Pallarés Moreno. La nueva corporación municipal se constituyó el 5 de septiembre, presidida por Ángel Cruz Rueda, director del instituto Aguilar y Eslava, y en ella ejercían como gestores el médico Carlos Escofet Espinosa, los hermanos José y Ramiro Benítez Cubero, Luis Albendea Rivas, Manuel Escudero Carrasco y Manuel Muñiz López-Cordón.

El capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, comandante militar de Cabra tras el golpe de Estado.

En Cabra no hubo resistencia al golpe de Estado, lo que no impidió que se desatara una gran oleada represiva. Para entenderla, hay que tener en cuenta que dos meses antes de la rebelión, el director de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, en las “instrucciones reservadas” emitidas a los otros militares conjurados ya había advertido textualmente de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En consecuencia, las llamadas a la violencia serían generalizadas desde el mismo 18 de julio. El general Franco, en su bando de guerra de aquel día, exigía “inexcusablemente que los castigos” fueran “ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días después, el 27, en una entrevista, cuando el periodista Jay Allen le advirtió de que para conseguir sus objetivos tendría que “matar a media España”, él respondió que los lograría al “precio” que fuera. La llamada a la violencia fue tan descarada que el día 23 de julio, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur, incitaba al uso de la violación como arma de guerra de la siguiente manera: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

En los lugares de España que quedaron en poder de los sublevados se siguieron fielmente estos mandatos represivos de las autoridades militares, y Andalucía fue la comunidad donde con mayor virulencia se aplicaron. Aquí, la represión franquista segó la vida de 47.399 personas frente a las 8.367 víctimas mortales causadas por la represión republicana, de acuerdo con las cifras publicadas por el historiador Francisco Espinosa Maestre en el libro Violencia roja y azul. España 1936-1950 (página 78) en el año 2010. Mientras, en la provincia de Córdoba la represión franquista ocasionó 11.582 muertos y la republicana 2.346, según las investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez. Este último autor es el referente fundamental para el estudio de la guerra y la represión en nuestra provincia desde que iniciara sus publicaciones sobre el tema, en el año 1982, con varias monografías. Este asunto lo aborda, por ejemplo, en uno de sus últimos libros, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, publicado en 2008, del que hemos extraído en buena medida la información sobre Cabra (páginas 268-273).

Zona del cementerio de Cabra, hace unos años, donde se cree que se sitúa la fosa común de los fusilados durante la guerra civil.

Según las estimaciones de Francisco Moreno, la represión franquista segó en Cabra la vida de unas setenta personas, aunque algunos testimonio orales hablan de hasta cien muertos. Este historiador consultó los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente natural para conocer el número de fallecidos durante un periodo histórico, y contabilizó a 28 víctimas entre los años 1936 y 1950 “a consecuencia de la fenecida guerra contra el marxismo”. En el Registro Civil de Córdoba capital hay registradas siete personas más, incluidas dos mujeres. Todas estas víctimas se inscribieron fuera del plazo legal para hacerlo, años después de que se produjeran las muertes. Por otro lado, en los expedientes de prisión de la cárcel de Córdoba que se conservan en el Archivo Histórico Provincial se anotan otros seis fallecidos, no contabilizados por Francisco Moreno, todos caídos en una saca el 7 de noviembre de 1936. También conocemos, por medio de testimonios orales, a otras 12 personas por datos incompletos o apodos, por lo que la cifra documentada y mínima por el momento es de 53 fusilados en 1936.

Los libros de defunciones de los registros civiles presentan múltiples lagunas y no reflejan la realidad represiva de aquellos años, pues muchos de los asesinados se inscribieron falseando la causa de la defunción o se quedaron sin anotar, debido a que las familias no realizaron el trámite por miedo, por las trabas burocráticas o porque emigraron de la localidad. Es decir, que en muchas localidades el Registro Civil no recoge ni la mitad de los nombres de los fusilados (en Cabra no están registrados 18 de los al menos 53 asesinados, un 33%). Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos para siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Miguel Moreno Antequera, de 52 años, fusilado el 24 de agosto de 1936 en el término de Monturque. Sobrevivió y fue rematado.

Si sus familiares no asentaban a los fusilados en el Registro Civil, conocer su identidad es hoy en día muy complicado, porque han desaparecido los testigos y porque los asesinados no dejaron rastro documental alguno, ya que no tuvieron juicio previo ni tampoco se anotaron en los libros de cementerios, pues eran enterrados de manera ilegal. Por ello resulta tan valioso que en 1983 el historiador Francisco Moreno Gómez recibiera el testimonio de dos vecinos de Cabra, Jaime Pérez-Aranda Rojas y José Moreno Peña, que le aportaron nombres e información sobre lo ocurrido. Este último, además, le entregó una lista, a la que hemos hecho referencia anteriormente, de 12 nombres o apodos de personas que no estaban inscritas en el Registro Civil. En Cabra los presos eran sacados desde la cárcel de la calle Cervantes para ser fusilados en el cementerio y en las carreteras, sobre todo en la de Monturque, en la que iba de esta localidad a Lucena y en Córdoba capital, una ciudad donde cayeron abatidos alrededor de un tercio de ellos. En el testimonio que aportaron al historiador Francisco Moreno los dos vecinos antes citados, le hablaron de un gran fusilamiento en esta carretera de Monturque el día 25 de agosto de 1936 en el que perecieron 17 hombres. Dos de ellos quedaron vivos y se refugiaron en un cortijo donde los curaron, pero los descubrieron y los llevaron a rematar de nuevo. Uno se llamaba Miguel Moreno Antequera, de 52 años de edad. Otro, Antonio Morillo, que era cabrero, sobrevivió y pasó a zona republicana.

El tema de la represión franquista en Cabra, que estaba recluido fundamentalmente en los libros de historia y en la memoria de los familiares de las víctimas, recobró vida con la Orden de 24 de marzo de 2017 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la indagación-localización, exhumación e identificación genética de los restos humanos de posibles fosas comunes en Monturque. Esta Orden respondía a la petición de un par de familias egabrenses a la Dirección General de Memoria Democrática. La intervención, que se inició en el mes de junio de 2017, no tuvo éxito en la zona de la finca de la Estacada de los Muertos (adonde llevaron a fusilar también a gente de la zona de Priego de Córdoba), pero sí en una antigua cantera limítrofe entre los términos municipales de Monturque y Lucena. Con el permiso de los dueños de la finca, hoy convertida en olivar, el equipo de  excavación estuvo dirigido por el arqueólogo Andrés Fernández Martín. También contó con el apoyo material y humano de Ayuntamiento de Monturque y de su alcaldesa, Tere Romero, y de las orientaciones del Francisco Luque Jiménez, cronista local y autor del libro Monturque durante la guerra civil (1936-1939), publicado en 2009.

De la fosa de Monturque se extrajeron siete cuerpos a los que en este momento se les está realizando un estudio antropológico que permita su identificación. Aquellas familias que consideren o sospechen que los restos de sus seres queridos podrían haber estado ahí sepultados, deben de ponerse en contacto con la delegación en Córdoba de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. La oficina provincial de atención a las víctimas la dirige Manuel Aguilar Germán. Su teléfono es 600 163 510. Su correo electrónico: maguilar@gmail.com. La dirección de la oficina en Córdoba es: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. C/ San Felipe Neri nº 5. Debería dirigirse a este organismo cualquier familiar de fusilado (sea de Cabra o no) con la finalidad de solicitar una prueba de ADN que pase a formar parte del banco de muestras que se está recogiendo para futuras identificaciones. Hemos de tener en cuanta que en el mes de noviembre de 2018 comenzarán las intervenciones también en las fosas comunes de los dos cementerios de Córdoba (San Rafael y Nuestra Señora de la Salud), donde se encuentran enterrados bastantes egabrenses represaliados. Por ello, las muestras de ADN recogidas a los familiares serán fundamentales para poder poner nombre y apellidos a los restos humanos que se recuperen.

Restos de siete personas encontrados en la fosa común de la carretera de Monturque a Lucena. Foto: Arcángel Bedmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de los al menos 53 egabrenses fusilados en 1936, la represión franquista segó la vida de un mínimo de nueve vecinos más en posguerra. Dos cayeron fusilados en Castro del Río y Córdoba (1.102 personas murieron fusiladas en la provincia de Córdoba tras la guerra civil). Otros seis egebrenses murieron en las dos prisiones de Córdoba capital: la provincial y la habilitada en la carretera de Los Pedroches. La mortalidad entre los internos fue extrema en estas dos cárceles cordobesas. Según las investigaciones de Francisco Moreno Gómez, solo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (756 murieron hasta 1950) de las 3.500 o 4000 que había internadas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho, en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. Para entender estas cifras, hemos de tener en cuenta que, según cifras oficiales, en las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, donde eran sometidos a trabajos forzados.

El casi medio millón de refugiados que salió de España hacia el exilio en 1939 no tuvo mejor destino que muchos de los que se quedaron aquí. Al menos 14.617 refugiados murieron en los campos de concentración franceses de hambre, frío y enfermedades en los seis meses posteriores a la guerra civil. Otros 9.328 españoles acabaron internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334. La mayoría de los españoles apresados por los nazis en Francia acabaron en Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria. Se calcula que entre 1938 y 1945 murieron allí un mínimo de 127.767 personas de diversas nacionalidades, según un estudio oficial austriaco, aunque algunos investigadores sitúan las cifras en varias decenas de miles más.

De los fallecidos en los campos nazis, 238 procedían de la provincia de Córdoba (más ocho desaparecidos). Uno era vecino de Cabra y se llamaba Luis Romero Rubio, por lo que nos detendremos algo en su odisea. Al igual que otros 80.000 españoles se había alistado en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas unidades militarizadas de unos 250 hombres mandadas por oficiales franceses en las que se debían encuadrar de manera obligatoria todos los varones de entre 20 y 48 años que se encontraban en los campos de concentración franceses.

Luis Romero Rubio, junto a otros 12.000 españoles, fue destinado a la zona de la línea defensiva Maginot y tras la invasión alemana cayó capturado por los nazis entre el 20 y el 26 de junio de 1940 en Sant-Dié, una localidad del Departamento de Vosgos, situado en el noreste de Francia. Hasta el 11 de diciembre permaneció en el campo francés de prisioneros de guerra V-D de Estrasburgo, de donde partió el 11 de diciembre en tren, sin saber su destino, junto a un contingente en el que marchaban 847 españoles. Los deportados viajaron en vagones dedicados al transporte de ganado, sin comida ni bebida, sin poder dormir y haciendo sus necesidades dentro del propio vagón. El convoy llegó tres días y dos noches después, cerca de las dos de la madrugada del 13 de diciembre, a la estación de Mauthausen. Desde allí, con una temperatura que rondaba los 20-25 grados bajo cero, bajo la vigilancia de las SS (la policía del partido nazi) y sus perros, comenzaron a andar entre la nieve hacia el campo de exterminio, situado a unos seis kilómetros. Varios españoles, debilitados por el viaje, murieron en el trayecto. Ya en el recinto, los obligaron a desnudarse, los ducharon con agua helada, los raparon, los desinfectaron y les entregaron el uniforme a rayas en el que aparecía un triángulo azul de apátrida y una “s” de color blanco de spanien (español).

De los 847 españoles que viajaron en este convoy, el 59% no logró sobrevivir al infierno nazi antes de la liberación del campo en mayo de 1945. Entre los fallecidos se encontraba Luis Romero, que murió en el subcampo de Steyr el 23 de octubre de 1942, con 45 años. A pesar de los requerimientos que realizó en varias ocasiones la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las autoridades franquistas no se preocuparon de que a estos españoles presos en los stalag y en los campos nazis se les pudiera repatriar o se les diera el estatus de prisioneros de guerra (condición que poseían según la Convención de Ginebra), lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El testimonio de Antonio Cruz Navas sobre la matanza del 29 de julio de 1936 en Baena

La rebelión militar contra la II República comenzó en Córdoba capital a las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División —que comprendía las ocho provincias andaluzas— recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de Correos, Telégrafos y Telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas para sumarse a la rebelión encontraron un amplio eco, pues la sublevación triunfó en 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

Siguiendo el mandato recibido desde Córdoba, en la tarde noche del sábado 18 de julio se organizaron en Baena patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el Ayuntamiento, el edificio de la Telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe de Estado se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los cortijos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. Tras varios días de refriegas, el 28 de julio los golpistas estaban próximos a sucumbir. Sin embargo, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos.

Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena el 28 de julio de 1936 no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron en las calles y en las casas una auténtica carnicería contra la población civil indefensa. De hecho, sus acciones (el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población civil) hoy se catalogarían como crímenes de guerra. Esta represión salvaje, premeditada y ejercida por los mandos militares, seguía la consigna del director de la conspiración, el general Emilio Mola, que ya había advertido dos meses antes del golpe de Estado de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. Un documento del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 105, expediente 2.951) nos da idea del terror que se vivió en Baena aquel 28 de julio a través del testimonio, recogido solo trece días después, de dos jóvenes mujeres que se encontraban en el hospital recuperándose de las heridas del ataque:

Declaración de Rosa Peña Rodríguez, de 17 años: “Fue herida el día 28 de julio último encontrándose en casa de su tía donde llegó un moro tirando tiros, tal vez también alguna bomba, siendo alcanzada en la pierna derecha. Que en la misma casa mataron también a dos o tres hombres e hirieron a otra mujer. Manifiesta que desde la casa en que se encontraba no se hizo disparo alguno por la gente de la misma pues no tenían armas”.

Declaración de Remedios Portero Amo, de 20 años: “Fue herida el día 28 de julio por tres moros que llegaron a su casa tirando tiros, hiriendo a la declarante en ambas piernas, matando a su hermano, a su cuñado y a otras dos mujeres de la calle que se encontraban en la casa. Que no hubo refriega en la calle entre la fuerza pública y los paisanos. Que dichos moros después de ocurrir lo ya manifestado se llevaron todo lo que tenían en la casa incluso el pan y el dinero sin poder precisar la cantidad”.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena.

Además de dedicarse a rapiñar y asesinar, las fuerzas del coronel Eduardo Sáenz Buruaga avanzaron por el pueblo apresando a muchos vecinos, a los que arrastraron por las calles y concentraron en el Paseo, donde los obligaron a ponerse boca abajo en el suelo, formando filas. A ellos se les añadieron otros muchos que se congregaron allí porque se dio la orden general de que todos los varones subieran con un pañuelo blanco. En la plaza se realizó una rápida selección. Unos conseguían, a través de sus ruegos o de un golpe de suerte, ser avalados —o “garantizados”, que es la palabra precisa que recoge siempre la documentación de la época— por algún guardia civil o vecino de derechas, les ponían un sello en el pañuelo blanco que debían usar como brazalete y quedaban libres. Sin embargo, los que no lograban el aval recibían un disparo en la nuca. Asesinaron también a los rehenes que el teniente mantenía en el cuartel, cuyos cuerpos arrojaron desde la azotea. Desconocemos el número exacto de personas que murieron ese día. Muchos de estos fallecidos, como ocurrió con una buena parte de las víctimas de la represión franquista en toda España, quedaron sin inscribir en los libros de defunciones del Registro Civil de Baena, que señala la muerte de 135 personas entre el 19 y el 29 de julio de 1936 en una localidad que entonces tenía algo más de 23.000 habitantes (nuestras investigaciones han documentado la existencia de al menos 369 víctimas mortales de la represión franquista durante toda la guerra, más 77 en posguerra, lo que suma 446 fallecidos).

La matanza del Paseo tuvo un efecto colateral terrible en el convento de San Francisco, donde se encontraban recluidos derechistas y familiares de los que se habían sublevado con la Guardia Civil. Estos apresamientos se habían realizado días antes por decisión del Comité republicano, formado en su mayoría por anarquistas, en respuesta a la amenaza del teniente Pascual Sánchez Ramírez de asesinar a los rehenes y familiares de republicanos que él mantenía en su poder. El día 27 el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente se negó. El día 28 por la noche, después de la matanza cometida por las tropas del general Sáenz de Buruaga en el Paseo, en venganza se produjo el asesinato en el convento de San Francisco de 73 rehenes (otros 81 consiguieron sobrevivir), un abominable crimen realizado por un número reducido de desalmados en medio del descontrol del momento, mientras las fuerzas de Sáenz de Buruaga intentaban tomar el convento y los republicanos huían en desbandada.

Volviendo a la represión cometida por los militares sublevados, hasta hace muy poco se pensaba que en el Paseo de Baena solo hubo una gran matanza, durante el 28 de julio de 1936, cuando la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga tomó el pueblo. Sin embargo, esa historia cambió en el año 2014 gracias a las memorias redactadas en 1942 por un testigo, Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil y comandante de puesto en la pedanía baenense de Albendín. Por su testimonio tuvimos la primera noticia escrita de que el día 29 de julio de 1936 hubo en el Paseo de Baena una carnicería similar a la del día anterior. El cabo Manuel Hernández se refería a lo ocurrido ese día de esta manera:

Por la mañana siguiente, día 29, se hizo una terrible selección del personal que durante la noche anterior llenó el edificio del Ayuntamiento. Para ello, y como si de una feria de ganados se tratase, se iban colocando en dos grandes filas aquellos desgraciados. Otros convecinos suyos llamaban a uno y decían: “Este allí”. Allí era su posible salvación, porque engrosaba una hilera de los que en el cuartel se les estampaba en un pañuelo sujeto al brazo el sello del Puesto, salvoconducto que de momento los hacía libres, sin perjuicio de ulteriores resultas. De otros decían: “Este ahí”. Este ahí era la escalinata del Paseo, en cuyas gradas esperaban ansiosos de sangre cuatro moros que apenas daban tiempo al elegido para echarse de bruces sobre la arena según la prisa que tenían por dispararle el tiro en la nuca sin necesidad de apuntar…

El testimonio del cabo Manuel Hernández, el único que teníamos hasta ahora de la masacre del 29 de julio, se ha visto corroborado por un cuaderno de memorias redactado por Antonio Cruz Navas y que me ha entregado su nieta Celia Ochavo Cruz, residente en Barcelona. Antonio nació en Baena en 1905 y con cinco años comenzó a trabajar en el campo, sin ir a la escuela. De formación autodidacta, intentó ser cartero, pero al final consiguió una plaza de manguero (persona encargada de manejar las mangas o bocas de riego) en el Ayuntamiento. Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenía 30 años y vivía en una casa en el Arco de la Villa. Su mujer se llamaba Manuela Cobo Pérez y tenían entonces cuatro hijos: José, Vicente, Trinidad y Antonio.

Antonio Cruz Navas durante la realización del servicio militar.

Antonio Cruz Navas escribe sus memorias en abril de 1983, 46 años después de que ocurrieran los hechos a que nos referimos, cuando él tenía 76 años. Ello explica que cometa un error en la fecha de la entrada de la columna de Sáenz de Buruaga en Baena, que sitúa el día 27. Así que cuando se refiere en su cuaderno a lo sucedido al día siguiente, el 28, está claro que en realidad está hablando del 29, pues dice que él no sale a la calle hasta un día después de la entrada de “los moros” en Baena. Su testimonio, que tiene rasgos bastante dramáticos, resulta muy fiable porque no solo es testigo, sino también víctima en los sucesos que narra. De hecho, consigue salvar la vida por un golpe de suerte. No tuvo la misma fortuna su vecino Rafael Arroyo, uno de los asesinados el 29 de julio. No sabíamos de su muerte hasta que él lo cita, lo que demuestra una vez más que muchas de las víctimas de la represión franquista no han dejado rastro documental alguno y que conocer su identidad es una tarea muy complicada.

En esta entrada del blog solo vamos a recoger las palabras de Antonio referidas al periodo comprendido entre el 18 de julio, fecha del golpe militar, y el 6 de agosto de 1936. Este día, una columna republicana del general José Miaja intentó tomar Baena, pero las tropas recibieron la orden de retirada al día siguiente por la mañana y la localidad ya quedó de manera definitiva, durante los tres años de guerra, en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

La caligrafía de Antonio resulta a veces complicada, aunque hemos conseguido entender casi todo lo que escribe. A la hora de publicar su texto hemos realizado algunas modificaciones en sus palabras, como la eliminación de las faltas de ortografía, la colocación de tildes y la sustitución en varias ocasiones de la conjunción copulativa “y”, que él utiliza continuamente para unir unas frases con otras, por comas o puntos. El testimonio de Antonio es el siguiente:

Con fecha 18 de julio de 1936 estalló el Movimiento Nacional y en la tarde del 18, cuando terminé la faena, me fui a mi casa como de costumbre, sin yo saber nada. Por la mañana, cuando intenté salir de casa se me hizo imposible porque nos encontrábamos entre dos fuegos. Pensamos todos los vecinos del barrio pasarnos al Horno de las Monjas, que era un edificio más grande y estábamos más reservados de las balas, y allí estuvimos sin salir para nada hasta el 28 de julio del mismo mes y año. El 27 fue cuando entraron los moros en Baena y hasta el 28 por la mañana no pude salir. Tenía que presentarme al que hacía como comandante de puesto [de la Guardia Civil] y yo, como funcionario del Ayuntamiento, tenía que presentarme y me presenté. Iba conmigo Santiago Albendín Triguero.

Al llegar al Arco de la Carrera nos tropezamos con un grupo de cuatro muy bien armados con rifles. Nos pusieron manos en alto y nos encerraron en el ayuntamiento.  Antes de entrar en el ayuntamiento había una casa que no pude precisar los difuntos que había y después por las ventanas se veían muchos cadáveres, y uno fusilando continuamente muchos más. Dentro del ayuntamiento nos encontramos un número muy grande que tampoco puedo [decir] las personas que nos encontrábamos. Tenían unas listas que los iban nombrando y los sacaban y en el paseo los obligaban a que se tendieran boca abajo y les daban un tiro en la nuca. Cuando se les terminaron las listas, abrieron las puertas del ayuntamiento y nos pusieron en cuatro filas la calle arriba que pasábamos de la posada de la Carrera. Un grupo de paisanos y con ellos dos guardias civiles nos hacían que dijéramos a voces lo que ellos querían. El que callaba y no decía lo que ellos querrían lo sacaban de la fila y lo obligaban a que se tendiera boca abajo delante de nosotros y le daban el tiro en la nuca.

Cuando se cansaron íbamos uno a uno entrando en el cuartel para que nos pusieran un sello de garantía y el que no tenía quien lo garantizara lo apartaban del pelotón para fusilarlo. Cuando por mi turno entré en el cuartel me presenté a un guardia joven de un cuerpo móvil de la Guardia Civil. Me preguntó que a mí quién me garantizaba. Le contesté que si él no sabía quién yo era, que me había visto todos los días y que esto sería suficiente. Me contestó muy serio que yo sería uno de los muchos y me apartó al pelotón de los que fusilaban. Encontrándome en dicho pelotón, los sacaban sin saber adónde y estos no tenían vuelta. Estando en el pelotón pasó por delante de nosotros un cabo de la Guardia Civil que se llamaba el cabo Hernández [José Hernández Conesa]. Se encontraba con nosotros un tal Rafael Arroyo, vecino mío de toda la vida. Dijo que tenía sed y el cabo le contestó que él le traería agua. Al rato volvió y preguntó que quién era el señor que tenía sed, que saliera del pelotón. Salió y con un garrote que tenía en la mano le dio en la frente y de allí se lo llevaron al camión de los difuntos, y yo esperando que conmigo hicieran lo mismo.

En aquel momento pasó por delante de nosotros un tal Rafael Tejero, que era el sacristán de la parroquia mayor. Me preguntó que qué hacía yo en aquel pelotón y le contesté que no sabía. Él me contestó que yo tranquilo, que a mí no me pasaba nada. Al cabo de mucho rato se presentó un brigada de la Guardia Civil que últimamente había estado en Baena de puesto y en aquella fecha se encontraba de destino en Espejo, pero le cogió con permiso en Baena y este señor fue mi salvación. Me cogió del brazo y me presentó al guardia para que me pusieran el sello de garantía, pero el guardia no quería ponerme el sello, pero el brigada como era superior le dijo que me lo pusiera el sello. Cuando me lo puso salí del cuartel más que deprisa, en segundos, y en aquel momento me hacía cuentas de que había nacido. Al salir ya pasando el Arco de la Carrera me tropecé con mi señora, la cual que me dijo que venía en busca mía porque hasta le habían dicho que a mí me habían fusilado, y le contesté “no hija, que estoy aquí”. Nos fuimos juntos para la casa y aquel día no quise salir a ningún sitio.

A otro día, 29 de julio, voy a presentarme al comandante de puesto [teniente Pascual Sánchez Ramírez] como empleado del Ayuntamiento y cuando yo me presenté ya se habían presentado compañeros del servicio de limpieza. Salió el sargento de la Guardia Civil [Fidel Sánchez Valiente de la Rica] y nos dijo si estábamos todos los de la limpieza y le contestamos que aún faltábamos algunos. Nos contestó que con nosotros era bastante, que cogiéramos las escobas y mangueras, y lo primero hacer la limpieza del cuartel, y cuando termináramos nos cogerían uno por uno y nos fusilarían, que era lo que nos merecíamos. Como las aguas se encontraban cortadas, y para evitar el polvo teníamos que salir a la calle a por agua para regar un poco el suelo, algunos compañeros salieron a por agua y (…) a lo que el sargento había dicho. Los que quedamos allí terminamos la limpieza y a última hora nos dijo el sargento que nos marcháramos y a otro día por la mañana que nos presentáramos y él nos diría qué teníamos que hacer.

Ya aquella noche no dormí pensando si me presentaba o no, pero al fin me decidí y me presenté, y otros tres más. Ya nos dijo el sargento todo cuanto teníamos que hacer, pero todo con una seriedad y puntualidad, y cuando no lo hiciéramos el fin de nosotros sería quitarnos la vida. Lo primero que nos ordenó [fue] que teníamos que regar y barrer todos los días toda la redonda del paseo, puerta del cuartel, ayuntamiento, telefónica y casino de los señores. De esta forma estuvimos haciendo el servicio que nos ordenó por espacio de dos semanas y después nos ordenó otra clase de servicio por todas las calles del pueblo, bastante comprometido, por las muchas casas que (…) y el peligro diariamente que teníamos. Un día de dicho mes, no recuerdo la fecha, en el mes de agosto vinieron de Castro del Río los milicianos con intención de tomar el pueblo. Nos cogió regando en la calle Nueva y tuvimos que abandonar el servicio y nos fuimos cada uno a su casa. Cuando tocaron la retirada sin estar el pueblo tomado nos marchamos unos por un lado y otros por otro, y no quedó nadie en el pueblo. Yo y mi familia nos fuimos al campo y volvimos al pueblo otra vez a los dos días para presentarme otra vez a mi puesto…

Páginas del cuaderno de memorias de Antonio Cruz Navas, escritas en abril de 1983.

Hasta aquí publicamos las palabras textuales de Antonio Cruz Navas. A continuación, en su cuaderno cuenta que al día siguiente de regresar a Baena le encomendaron “recoger los difuntos que se encontraban fuera del pueblo del día que atacaron los milicianos de Castro del Río”, que llevaban en descomposición cuatro días al pleno sol en el mes de agosto. Aquella misma tarde, tras “percibir los malos olores” comenzó a “devolver y a ensuciar”, y a las 12 de la noche perdió el conocimiento. Su mujer fue al cuartel de la Guardia Civil en busca de un médico y le dijeron que aguantara hasta el día siguiente. Por la mañana lo trasladaron en un sillón, entre cuatro vecinos, hasta la Casa de Socorro, donde le administraron un litro de suero para combatir la deshidratación y le aconsejaron que lo llevaran al hospital. Allí, las monjas le preguntaron a la mujer qué enfermedad traía su marido. Al responderle que cólera, le dijeron que era “una cosa mala para poderlo atender”. Así que regresaron de nuevo a su casa. Permaneció en cama quince días inconsciente, “sin hablar ni nada”, y tardó otros quince días más en recuperarse. Mientras se encontraba enfermo, aparecieron dos guardias civiles con la intención de detenerlo por no haberse presentado al trabajo, pero viendo el estado en el que se encontraba, lo dejaron en la cama. Restablecido, de nuevo se incorporó al trabajo, aunque “cada día sufriendo más por las nuevas exigencias que diariamente nos mandaban y las malas palabras que continuamente nos decían”.

Antonio Cruz Navas en una fotografía de la época en que escribió sus memorias.

Antonio Cruz siguió trabajando de empleado municipal hasta el día tres de noviembre de 1936, fecha en la que le comunicaron su cese desde el Ayuntamiento, ya que se vio afectado por el proceso de depuración que se aplicó en toda la España franquista a los funcionarios públicos cuya ideología, según las nuevas autoridades, no coincidía con la del Glorioso Movimiento Nacional. A partir de aquel momento siempre evitó volver a pisar el Paseo de Baena, con la intención de no recordar lo que había ocurrido allí. Para poder sobrevivir, se dedicó a la recolección de la aceituna y en los años siguientes trabajó en diversas labores agrícolas. Su familia aumentó con cuatro hijos más: Rosario, Manuel, María del Carmen y Guadalupe. También sufrió la pérdida de un hermano, José, exterminado en Austria en el campo nazi de Mauthausen en octubre de 1941. En 1961, con 56 años, emigró a Santa Coloma de Gramanet, una enorme ciudad del cinturón industrial de Barcelona con una población mayoritariamente inmigrante, donde se empleó como albañil. En Cataluña acabaron viviendo también siete de sus ocho hijos (todos menos Vicente, que permaneció en Baena). Antonio Cruz Navas murió en Santa Coloma de Gramanet, el lugar donde escribió las memorias que hoy publicamos, el 31 de diciembre de 2001, con 96 años y una lucidez mental extraordinaria.

Información adicional:

 

Fernando Durán Cortés, fusilado en Hornachuelos en 1936

A principios de este año, el gaditano Manuel Almisas Albéndiz, una persona comprometida con la memoria histórica, me envió un vídeo de 18 minutos de duración que se puede visionar en este enlace. En él aparece María Luisa Durán Calderón contando el fusilamiento de su padre en Hornachuelos, un pueblo situado a 51 kilómetros de Córdoba capital en dirección a Sevilla. María Luisa tiene en la actualidad 86 años, emigró a Bélgica durante bastante tiempo y reside en El Puerto de Santa María (Cádiz). Su familia tiene mucho interés en que su testimonio perviva y se conozca, así que a continuación entresacamos la información que María Luisa nos aporta en el vídeo y la completamos con lo que publicó sobre Hornachuelos el historiador Francisco Moreno Gómez en su libro 1936: el genocidio franquista en Córdoba, editado por Crítica en 2008 (págs. 167-169 y 666-667).

Fernando Durán Cortés

Los padres de María Luisa se llamaban Fernando Durán Cortés y Antonia Calderón Rubio. Eran naturales de Guadalcanal de la Sierra, provincia de Sevilla, el lugar donde también nacieron sus tres hijos mayores: Alonso, Gertrudis y Luis. A la familia de la madre la apodaban los Pajaritos y a la del padre los Soberanos. Fernando Durán trabajaba de cartero y lo destinaron a Hornachuelos a principios de la década de los años treinta del siglo XX. Aquí nacieron sus dos últimos hijos: María Luisa, la protagonista del vídeo, y Rafael. Fernando Durán se ganaba la vida con su oficio de cartero y además vendiendo e intercambiando comestibles, que transportaba en un burro, con los vecinos de la pedanía de San Calixto, situada 17 kilómetros más al norte.

La sublevación militar del 18 de julio de 1936 triunfó en 47 de los 75 pueblos de la provincia, pero fracasó en Hornachuelos —porque la Guardia Civil no lo respaldó— y también en los pueblos vecinos. En Hornachuelos, el municipio más latifundista de la provincia y el de mayor concentración de la propiedad, el alcalde era el socialista Miguel Pérez Regal. Sin embargo, en ocasiones se vio desbordado por la actuación de los anarquistas, que tenían una fuerte implantación en las localidades de esta zona occidental cordobesa. Durante el mes y medio en que el pueblo se mantuvo bajo dominio republicano se crearon varios comités (central, abastos, guerra, sanidad), hubo destrozos de edificios religiosos y requisas e incautación de bienes de los molinos aceiteros y de las grandes fincas. La ruptura del orden publico causada por el golpe de Estado, las noticias que llegaban de la enorme represión desatada por los golpistas en Córdoba capital —como el fusilamiento el 30 de julio del socialista Antonio Bujalance López, oriundo de Hornachuelos, diputado del Frente Popular y dirigente nacional de la sección agraria del sindicato UGT— y la muerte de dos vecinos en el intento de la toma del pueblo sevillano de Peñaflor caldearon los ánimos de venganza en Hornachuelos. En la madrugada del 12 de agosto se produjo el fusilamiento de 18 personas de derechas, cuyos cadáveres fueron arrojados al pozo de la mina del Rincón.

Antonia Calderón Rubio, esposa de Fernando Durán.

A principios de septiembre se decidió desde Sevilla, que se encontraba en zona sublevada, la toma de Hornachuelos con la intención de asegurar las comunicaciones por tren entre esta ciudad y Madrid. Así que el día 5 salió de Sevilla una columna militar, al mando del comandante Francisco Buiza, que pernoctó en la localidad cordobesa de Posadas. Ante la noticia de la llegada de las tropas, el día 6 de septiembre muchos habitantes de Hornachuelos, junto a refugiados de Palma del Río, Posadas y otras localidades de la campiña que se habían cobijado en el pueblo con anterioridad, huyeron hacia Villaviciosa, y de aquí ya en octubre a la sierra y a Villanueva de Córdoba, donde gran parte de ellos se asentó durante toda la guerra. Entre esta marea humana iba también la familia de Fernando Durán, con un borrico en el que transportaban algo de comida, sacos de harina y colchones. Se refugiaron junto a otras familias en una finca de cría de toros, donde pasaron mucho miedo, y cuando se acabó la comida incluso hubieron de matar uno para poder alimentarse.

La ocupación de Hornachuelos por la columna militar de Sevilla se produjo el día 7 de septiembre y el pueblo ya quedó de manera definitiva en manos de los sublevados. Fernando Durán, en cuanto se enteró de que las tropas habían salido de Hornachuelos, regresó con su mujer y sus cinco hijos, ya que él no había tenido militancia ni actividad política o sindical y no temía que le fuera ocurrir nada. Sin embargo, un día a la hora de la comida, se presentaron en su casa dos falangistas que se lo llevaron a rastras, entre el revuelo de los vecinos y el desconsuelo de su familia. Su detención resultó muy violenta. Aunque no opuso resistencia, los falangistas le pegaron muchos golpes con la culata del fusil mientras él gritaba que no habían hecho nada y que solo era un cartero que se ganaba el pan para sus hijos. Lo llevaron a un pajar, que servía de calabozo para los hombres del pueblo que iban capturando. A pesar de que el cuartel de la Guardia Civil estaba al lado de la casa de Fernando, ningún guardia participó en su detención. Sus únicos captores fueron dos vecinos de militancia falangista con nombre idéntico: Antonio.

La familia ya no volvió a ver más a Fernando. El hijo mayor, Alonso, era el encargado de llevarle la olla de café migado, el único alimento que le dejaban entrar en el lugar donde lo tenían encerrado. La familia escuchaba, siempre a las cuatro de la mañana, un día sí y otro no, el paso del camión lleno de hombres para fusilarlos en el cementerio, con la inquietud de si ahí iría el padre. Sus malos presagios se cumplieron a los tres o cuatro días, cuando el hijo regresó por la mañana con la comida íntegra desde el calabozo, lo que significaba que el padre ya no estaba allí. La madre, que había escuchado la noche anterior a las cuatro de la mañana el ruido del camión, rota de dolor, se hincó de rodillas y se puso a llorar desconsoladamente, al igual que sus hijos.

Los cinco hijos de Fernando Durán y Antonia Calderón en Hornachuelos en 1934.

A partir de aquel momento, la madre, Antonia Calderón, sin familia en Hornachuelos, vivía con mucho miedo. Sin recursos para mantener a los cinco hijos, los metió en un comedor de caridad del pueblo, donde les daban de comer una dieta basada en nabos y les hacían rezar y cantar el himno falangista del Cara al sol. En aquel ambiente hostil, hubo dos sucesos principales que motivaron que decidiera abandonar el pueblo. El primer contratiempo ocurrió cuando Alonso, el hijo mayor, se acercó a ver una casa que se había incendiado el día anterior. En el lugar se encontraba uno de los dos falangistas que habían detenido a su padre, Antonio el Moraílla. Este le preguntó qué hacía allí. Alonso, de solo 12 años, que estaba con unos amigos, le respondió: ¿Qué quieres, matarme como a mi padre? El falangista reaccionó pegándole una guantada que dejó colorada la cara del niño y motivó que llegara a su casa llorando. El segundo incidente ocurrió con otra hija, María Luisa, nuestra informadora, que entonces tenía cinco años. La niña sufría mareos y tics nerviosos desde que habían matado al padre. La maestra de la escuela interpretaba erróneamente que esos movimientos espasmódicos eran burlas hacia ella, así que a los dos días de estar en el colegio la castigó golpeándola con un palo en la cabeza que le causó una herida sangrante. Asustada y dolida por lo que le había pasado a sus hijos, Antonia decidió entonces refugiarse en Guadalcanal de la Sierra, donde residía su familia. Allí rehízo su vida con muchas penurias y viviendo de limosnas. Nunca se volvió a casar.

Fernando Durán Cortes fue una de las víctimas de la represión golpista en Hornachuelos, que según los libros de defunciones del Registro Civil causó 17 muertos en el pueblo y 11 en Córdoba. Sin embargo, muchas familias de fusilados no inscribieron a sus llegados en el Registro por miedo, desconocimiento, por las trabas burocráticas o porque emigraron de sus localidades de origen, de manera que estas cifras hay que tomarlas, al igual que en todos los lugares donde existió la represión franquista, como mínimas y sujetas a futuras revisiones al alza. De hecho, Fernando Durán es una de estas víctimas no registradas, que en Hornachuelos pueden rondar la veintena. Al aparecer, cuando la familia ya vivía en Tocina (Sevilla), el hijo mayor, Alonso, pudo haberse librado de realizar el servicio militar por hijo de viuda si se hubiera inscrito en el Registro el fallecimiento del padre. Sin embargo, lo obligaban a anotar “desaparecido” como causa de la defunción, a lo que el muchacho se negó.

El fusilamiento de Fernando Durán, con solo 38 años, dejó un profundo dolor en sus hijos e influyó en algunos de ellos de forma traumática. Nuestra narradora, María Luisa, con 16 años aún sufría crisis de ansiedad y mareos cuando escuchaba hablar de la guerra civil. Y el hijo mayor, Alonso, al volver del servicio militar llegó incluso al extremo de plantearse matar a los dos falangistas que detuvieron a su padre sin importarle las consecuencias personales que esta acción podría acarrearle. A uno, Antonio el Moraílla, lo localizó en el hospital, donde estaba ingresado después de que alguien emboscado le hubiera pegado varios tiros por la espalda. No obstante, al verlo, cambió de planes y decidió dejarlo vivo con la intención de que siguiera sufriendo, pues se encontraba en estado terminal. Al otro falangista, a pesar de saber su dirección, nunca lo encontró en su domicilio en las ocasiones en las que fue, así que tampoco pudo ejercer su venganza contra él.

Los alumnos de una escuela de Hornachuelos junto a su maestro el 13 de junio de 1934. Alonso, el hijo mayor de Fernando Durán, es el segundo por la derecha de la segunda fila.

Presentación de “La Manola. El eco de las mujeres que habitan en mí”, de Patricia Ordóñez

El 25 de marzo de 2017 se presentó en la Casa de la Cultura de la localidad cordobesa de Baena la novela La Manola. El eco de las mujeres que habitan en mí, de Patricia Ordóñez. A continuación publico el texto de mi intervención.

En principio quiero darles la bienvenida a todos ustedes y agradecer a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y a su titular, Lola Cristina Mata, que hayan organizado la presentación de La Manola. El eco de las mujeres que habitan en mí en la casa de la Cultura, ya que esta novela le debe a Baena mucho de su relato. También quiero agradecer a Patricia Ordóñez que me haya invitado a participar en este acto de presentación, algo de lo que me siento orgulloso como historiador. Hoy es la primera vez en mi vida que veo a Patricia en persona, pero mantenemos relación desde hace más o menos dos años. Se puso en contacto conmigo a través de mi blog, como lo hacen muchas otras personas deseosas de conocer el pasado de sus seres queridos durante la guerra civil y la posguerra. Ella había leído las historias relativas a Baena que publico en él y me pedía información sobre su abuelo, soldado en el Ejército republicano. Su abuelo Rafael, con un hermano al que fusilaron en 1936, fue uno de los cientos de baenenses que sufrieron prisión y trabajos forzados en los recintos penitenciarios de la dictadura franquista al acabar la contienda.

Cuando le respondí, me comentó que este información le sería muy útil para una novela que pensaba escribir sobre la trayectoria vital de tres generaciones femeninas de sus familia, de abuela a nieta, en la que ella era el último eslabón. En aquel momento, la historia y la memoria histórica de la guerra civil y la posguerra eran para Patricia un recurso imprescindible para complementar su memoria personal y trasladarla a una memoria literaria. Este conjunto de memorias han fraguado de una manera arrolladora en las páginas de la bella novela que hoy presentamos: La Manola. El eco de las mujeres que habitan en mí. Que esta novela se haya podido publicar, en una época de descenso del número de lectores y de ventas de libros, se debe a Ediciones Carena y a su editora Elena Morilla Serrada, que hoy también nos acompaña. Debo felicitarla por haberse tenido la sensibilidad y el buen juicio de haber apostado por la publicación de una obra tan bien escrita, tan emotiva y tan evocadora. Yo hubiera tomado la misma decisión, pues la novela tiene una altura literaria inmensa, que sorprende mucho más porque ha sido obra de una escritora primeriza que se adentra por primera vez en la autoría de un libro.

No es casualidad que esta novela se esté presentando hoy en Baena. La mujer que inicia la saga de las tres que protagonizan la obra, la primera Manola, que nació en 1901, vivió aquí. Por tanto, más de un siglo de historia contemplan las páginas del libro. La novela recrea muy bien el ambiente histórico que se vivió en aquel tiempo en Baena y en todos los demás espacios geográficos en que se va desarrollando la vida de sus personajes. Yo, como historiador, debo agradecérselo, pues el libro sabe describir con asombrosa fidelidad ambientes, situaciones y hechos, de manera que en sus páginas la literatura se convierte en una aliada imprescindible de la historia y en un ágil torbellino de memorias, lejanas y recientes, que tienen la virtud de atrapar el interés del lector con una habilidad sorprendente. De hecho, esa capacidad para transportarnos a otras épocas con un realismo histórico muy envolvente creo que es uno de los mayores méritos de esta novela.

De izquierda a derecha, Arcángel Bedmar, Patricia Ordóñez, su madre, Lola Cristina Mata y José Membrive (editor).

La Manola es una historia de tres mujeres, con una vida interior pletórica, que se comunican a través de relatos imaginarios. La escritora, Patricia Ordóñez, se sumerge en una autobiografía, en una reescritura de su vida, y para ello recurre a las biografías de las mujeres que marcaron sus orígenes, su madre y su abuela, creando un pequeño árbol genealógico en el que las ramas son sus vivencias y su memoria existencial. Para conseguirlo, emprende el duro trabajo de abrirse por dentro, de enfrentarse a los recuerdos con todo el esfuerzo sicológico que ello supone desde que el recuerdo aparece hasta que es asimilado y ya puede reflejarse en el papel. La novela, con buen criterio, parte de la premisa de que una persona sin pasado es una persona muerta y a partir de ahí construye un mundo vital apasionante en el que se reflejan historias y personajes repletos de emociones humanas que poco a poco van envolviendo al lector, como el enfado, la tristeza, el desconsuelo, la humildad, la frustración y, sobre todo, el sufrimiento.

Aunque la vida se ponga en contra de las Manolas, la novela es una historia de mujeres supervivientes, mujeres que se vieron obligadas a afrontar una época y una existencia muy adversas. Y aunque se centre en tres personajes principales, una de las virtudes de la novela es que las historias que cuenta son muy extrapolables pues son las mismas historias que vivieron y sufrieron, con distintos matices y circunstancias, millones de mujeres españolas en aquellos tiempos. La abuela, como la mayoría de nuestras abuelas, nació en una época de hambre y miseria, de ricos y pobres, de explotadores y explotados. Entonces muchas mujeres andaluzas nacían para ser criadas de señoritos y la mayoría de los varones para ser jornaleros de terratenientes. Eran unos años en los que las mujeres no podían ir a la escuela y para las que la vida significaba un sinvivir, porque su existencia era sinónimo de trabajo, penalidades y sumisión. Eran mujeres, a las que como bien señala la escritora, “les tocó vivir todas las hambres: la del estómago, la del intelecto y del corazón”, perdedoras de la guerra civil, silenciadas por la discriminación, el machismo, la dictadura, los abusos y el miedo. En este aspecto, La Manola es una novela muy valiente y desgarradora, porque se adentra en caminos ocultos, en historias que las familias prefieren callar o ignorar, como los abusos sexuales que sufrió la abuela por un conocido guardia falangista, el aborto clandestino y el maltrato físico y sicológico del marido a la mujer.

Las Manolas debieron escapar de Baena a Barcelona, siguiendo el recorrido geográfico que vivieron varios millones de españoles desde los años cuarenta del siglo pasado, sobre todo los nacidos en las regiones más pobres de España como Andalucía. En 1970, 840.000 andaluces vivían en Cataluña. Para las Manolas, mujeres solas, aquello no solo fue un cambio de domicilio, sino un auténtico exilio, una huida de un mundo, el de Baena, que les negaba el pan, la supervivencia y la dignidad. En Barcelona se hacinaron en las barracas de Montjuic y Somorrostro, ejemplo del chabolismo que rodeaba las grandes ciudades españolas a mediados del siglo XX. El siguiente escalón era conseguir un  piso de protección oficial en las nuevas barriadas que se iban construyendo, en este caso en el barrio de la Trinidad, hoy enfermo de aluminosis debido a las malas técnicas constructivas y donde todavía la mitad de sus habitantes no ha nacido en Barcelona.

A pesar de ser una novela muy intimista, La Manola sabe reflejar a la perfección la vida diaria en la que se desenvolvía el mundo de aquellos emigrantes en tierra extraña. La autora es muy hábil introduciéndonos en el mundo de las relaciones humanas que tejían las personas en las casas y en las calles. Los recuerdos de la nieta nos reflejan un mundo plagado de vivencias que para los que tenemos una mediana edad nos resultan muy conocidas: la abuela que siempre vestía de negro porque ese había sido el color de su vida, las redes de amistad y apoyo mutuo que se establecían con los vecinos, la madre que tomaba Optalidón para atenuar los dolores del cuerpo y el alma, los hermanos que se enemistan por el reparto de una herencia, los familiares que dejan de verse porque la distancia y el paso de los años los alejan, las nueras que se llevan mal con las suegras o el marido que echaba el día en el bar gastándose en la barra o en el juego el poco dinero que había.

De izquierda a derecha, la concejala Lola Cristina Mata, Arcángel Bedmar, la editora Elena Morilla y la autora Patricia Ordóñez.

Frente a tantos avatares, en La Manola existen cientos de frases que son reglas de vida, una terapia que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras relaciones y nuestro mundo. Esas frases no son solo un ajuste de cuentas con el pasado, sino un canto a la valentía y a afrontar sin miedo los obstáculos que atenazan nuestra existencia. Por ejemplo, cuando una de las protagonistas afirma: “He aprendido que lo que no resuelves cuando debes resolverlo acaba repitiéndose. Cambian los actores y piensas que se trata de una nueva película, cuando simplemente se ha producido el cambio de algún actor. Se mantiene la misma trama, el mismo drama y, posiblemente, el mismo desenlace”. Es algo tan simple como que los pueblos y las personas que olvidan su historia terminan repitiéndola. Por eso La Manola, como el trabajo de los historiadores, no sería posible sin la memoria y sin reflexionar sobre lo que fuimos y lo que somos.

Esa memoria, vital y contundente, se defiende a capa y espada en muchas ocasiones, y es la que sostiene el espíritu del libro. Se expresa a la perfección en las palabras que la abuela, la primera Manola, le dice a su nieta Patricia, la autora de la novela, y que es toda una declaración de intenciones: “Es momento ahora de ordenar y de cerrar episodios que quedaron abiertos. Memorias extraviadas, ocultas, pero que aún siguen actuando. La memoria, querida nieta, no se destruye, permanece, se hereda, aunque se transforme; subsiste”. Es gracias a la subsistencia de esa memoria, que hunde sus raíces en la tierra de Baena, por lo que hoy estamos aquí reunidos en torno a la autora, Patricia Ordóñez, y a su magnífica obra, La Manola. El eco de las mujeres que habitan en mí. Léanla, y hagan ustedes también memoria con ella, porque como baenenses les aseguro que no se arrepentirán.

La fotografía de las mujeres peladas en Montilla durante la guerra civil

En la España franquista, durante la guerra civil y la posguerra una de las formas de represión que se usó específicamente contra las mujeres consistió en el rapado de sus cabezas. Que sepamos, se conservan en España solo tres fotografías que reflejen esta humillación. Una se realizó en Marín (Pontevedra), otra en Oropesa (Toledo) y la última, que es la que aparece más abajo, en el patio del ayuntamiento de Montilla (Córdoba). En Internet y en las redes sociales se pueden encontrar bastantes fotos de mujeres peladas a las que se identifica como españolas, pero no lo son. Pertenecen a algunas de las 20.000 mujeres francesas a las que, tras la liberación de Francia en 1944, se les aplicó este castigo por el presunto delito de haber mantenido relaciones con soldados del Ejército invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Parece que la fotografía de las mujeres rapadas de Montilla salió publicada por primera vez en formato libro en 1985, en la obra de Francisco Moreno Gómez La guerra civil en Córdoba (1936-1939). A pesar de que es una foto impactante, pasó relativamente desapercibida en aquel momento. Con posterioridad, en el año 2001, yo la usé para la portada de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). La fotografía original me la facilitó la Biblioteca Manuel Ruiz Luque, la mayor biblioteca privada de Andalucía, que tiene su sede en Montilla. A partir de ahí la foto se expandió por Internet y por los medios de comunicación nacionales. También varios historiadores, como Paul Preston, y profesores de las universidades de Zaragoza y Valencia me la solicitaron y me pidieron información sobre ella para incluirla en sus publicaciones.

Montilla fue durante la II República un feudo socialista donde la izquierda siempre dobló en votos a la derecha, lo que no resultó un obstáculo para que cayera en poder de los militares sublevados el mismo día del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936. Esa noche la Guardia Civil acribilló a centenares de personas que se habían agrupado en las inmediaciones del ayuntamiento y se hizo con el control de la localidad sin resistencia. Además de sufrir la cárcel y la muerte, pues tres mujeres murieron tiroteadas en la madrugada del 19 de julio de 1936 y un mínimo de cuatro cayeron fusiladas durante la guerra (más al menos otros 111 varones), las mujeres republicanas de Montilla padecieron otras humillaciones.

La fotografía de las mujeres peladas de Montilla representa una estampa trágica y dolorosa de principios del mes de agosto de 1936. En ella aparecen un hombre y veinte mujeres, la mayoría jóvenes de poco más de 13 años de edad. Pertenecían al grupo de canto que ensayaba en la socialista Casa del Pueblo, o eran militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas o familiares de varones izquierdistas, pero no habían cometido ningún delito. Tras ser arrestadas, se les rapó la cabeza y se las forzó a ingerir aceite de ricino con sopas de pan, para que con el laxante “arrojaran el comunismo del cuerpo”. Acompañadas por el director de la banda de música, Joaquín Gutiérrez Luque (el Bartolo), también pelado, las obligaron a pasear por las calles saludando con el brazo en alto, al estilo fascista, y cantando el himno falangista, el Cara al Sol, entre la mofa de sus verdugos. En la fotografía, entre los rostros tristes y abatidos de estas mujeres, sobresalen unas pocas sonrisas tímidas y forzadas. También destaca la resignación con la que levantan el brazo, avergonzadas, reflejo del calvario que estaban viviendo. A algunas de estas mujeres se les dejaba un pequeño mechón de pelo en la cabeza en el que luego se les colocaba un lacito con los colores de la bandera monárquica.

Desconocemos quiénes fueron los autores o responsables directos de este suplicio, si militares, guardias civiles, carlistas o falangistas; y tampoco sabemos quién echó la foto y con qué finalidad. En ese momento la máxima autoridad militar de Montilla recaía en el capitán de la Guardia Civil Luis Canis Matute, quien había liderado el golpe de Estado en el pueblo días antes, y el alcalde impuesto por los golpistas era el capitán de Artillería retirado Rafael Jiménez-Castellanos Casaleiz.

Cuando en el año 2000 inicié mis investigaciones sobre la guerra civil y la represión en Montilla, uno de mis objetivos se dirigió a poner nombre a estas mujeres y recuperar su historia. Algunas de ellas vivían entonces, no obstante resultó imposible entrevistarlas. Aun así, identifiqué a unas cuantas gracias a diversos testimonios orales. Entre estas mujeres peladas se encontraban Manuela Herrador Espejo; Dolores López Márquez, viuda del guardia municipal Antonio Cardador Aguilar, acribillado en la madrugada del 19 de julio por la Guardia Civil; la esposa de Manuel Alcaide Aguilar “Botón”, a la que al parecer detuvieron y raparon por la denuncia de un propietario falangista con el que se había negado a mantener relaciones sexuales; y dos hijas de José Márquez Cambronero, alcalde socialista en 1920, el primero que hubo en un pueblo de Córdoba en el siglo XX. Las hijas de José Márquez son Rosa, sentada la penúltima a la derecha, y Dolores, sentada la primera por la izquierda. Hemos podido dar nombre a otras dos jóvenes gracias al testimonio de Daniel Priego, de orígenes montillanos y residente en Pamplona. Una es su abuela, Natividad Salido Cerezo, de 14 años, situada de pie la primera por la izquierda; y la segunda es Candelaria Priego, de 13 años, colocada en la parte central de la primera fila, sentada, con vestido negro. A Dolores Zafra Espejo, que está a la izquierda del músico, la hemos identificado gracias a su sobrino Jerónimo. Y por último, Dolores Delgado Trapero es la segunda por la izquierda de la fila segunda.

El rapado de las cabezas de las mujeres republicanas, o por ser familiares de varones republicanos sin que ellas mismas lo fueran, tenía una clara función represora y ejemplificadora, al eliminar uno de los símbolos más visibles de la feminidad: el pelo. Hasta que este crecía, la mujer debía ocultarse en su casa o tratar de taparse con un pañuelo, que a veces era arrancado por los falangistas por las calles para así aumentar su vergüenza. Está claro que este castigo tenía como objetivo no solo infligir un dolor momentáneo y físico, sino estigmatizar y humillar a la víctima. Además, se convertía en una clara muestra de lo que les podía esperar a las “rojas” o a todas aquellas mujeres que se atrevieran a poner en cuestión, aunque solo fuera verbalmente, los principios en los que se asentaba el nuevo Estado dictatorial.

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Cuatro mujeres de Oropesa (Toledo) rapadas durante la guerra civil.

El rapado de las cabezas de las mujeres ha dejado pocos rastros documentales, aunque se aplicara de manera generalizada en casi todas las localidades de España. Por ejemplo, en los cinco pueblos del sur de Córdoba en los que he escrito libros sobre la represión hubo varios casos en todos ellos. Aun así, existen algunos casos salvajes y estremecedores, como este rescatado por el historiador José María García Márquez en un consejo de guerra del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Narra cómo a una mujer de Cazalla de la Sierra (Sevilla), apodada la Trufa, le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto de un cortijo, donde la intimidaron tendiéndola en el suelo, “obligándola a remangarse” y exhibir “sus partes genitales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció al falangista Joaquín Barragán Díaz para que pelara con ellas el vello de las partes genitales de la detenida, a lo que este se negó; entonces el sargento, malhumorado, ordenó lo antes dicho al guardia Civil Cristóbal del Río, del puesto del Real de la Jara. Este obedeció y, efectuándolo con repugnancia, no pudo terminar, y entregó la tijera al jefe de la Falange de Brenes, que terminó la operación. Y entre este y el sargento terminaron pelándole la cabeza”.

La represión que sufrieron las mujeres en la España franquista durante le guerra y la posguerra fue, en gran medida, sexuada. Es decir, recibieron castigos por su condición de mujeres, sin que estos  mismos castigos se aplicaran a los hombres, al menos de manera habitual. Hablamos de vejaciones como el rapado de cabeza, forzarlas a ingerir aceite de ricino y desfilar por las calles, llevarlas a limpiar el cuartel de la Guardia Civil o la sede de la Falange, y detenerlas y torturarlas para que delataran a sus familiares varones que se habían escondido o habían huido. También debían sufrir comentarios soeces, amenazas de agresión sexual, abusos y violaciones, soportar el asedio de quienes les solicitaban favores sexuales a cambio de gestiones para favorecer a familiares encarcelados e incluso se les imponía la prohibición de llevar luto por sus seres queridos fusilados. Sobre muchas de estas mujeres, además, recayó el sustento familiar durante la guerra o la posguerra, pues sus maridos se encontraban presos o habían sido fusilados.

Las autoridades militares franquistas fomentaban esta represión sexuada que en su aplicación más extrema incitaba a usar la violación y el abuso sexual como arma de guerra. Así lo manifestaba de manera grosera y sin tapujos Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur (la máxima autoridad militar de Andalucía), solo cinco días después de empezada la guerra civil, el 23 de julio de 1936, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

El 13 de octubre de 2010, la Junta de Andalucía decretó la posibilidad de que estas mujeres vejadas por el franquismo pudieran recibir una indemnización de 1.800 euros. La medida iba dirigida a las que “sufrieron represión en la guerra civil e inmediata posguerra mediante hechos que vulneraron su intimidad, honor y la propia imagen consistentes en el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la posterior sumisión a vergüenza pública”. El tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, cuando ya había fallecido la inmensa mayoría de ellas, pero también la vergüenza y el silencio posterior que acompañó a estas mujeres durante toda su vida motivó que solo unas pocas decenas (parece que su número no alcanzó las doscientas) se acogieran a esta medida.

Nota final: esta entrada de de mi blog se puede leer traducida al francés en el blog del escritor Floréal Melgar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

elsa-omil-torres-copiaLa mujer pelada en Marín (Pontevedra) de la que se conserva fotografía fue Elsa Omil Torres, hija de un emigrante gallego en Boston, que pasaba unas vacaciones en casa de unos familiares republicanos cuando se produjo el golpe de Estado. Tras el rapado del pelo, solicitó en el Consulado el pasaporte para volver a Estados Unidos, pues tenía esa nacionalidad, y le sacaron la foto que aparece a la izquierda, que se usó en la prensa estadounidense para denunciar la represión que había sufrido. El testimonio en gallego de una familiar de esta mujer se recoge en la página Nomes y Voces. Agradezco a Víctor Alfonso Castro Martínez el que me haya facilitado esta información.

Tras la publicación de esta entrada de mi blog, Manuel Almisas Albendiz me envió el 17 de octubre de 2017 un articulo muy valioso, titulado “Las mujeres rapadas por la represión franquista a través de la prensa republicana malagueña”, en el que se incluyen cinco fotografías de mujeres peladas que aparecieron en la prensa malagueña y madrileña republicana en octubre y noviembre de 1936. Las fotografías, que sepamos, eran desconocidas por los historiadores hasta ahora. La foto de abajo, con la imagen de tres mujeres, es una de las cinco que ilustra el artículo. Fue publicada por el periódico madrileño Ahora el 9 de octubre de 1936.

 

Franco, los judíos y Lucena

Si hacemos referencia al antisemitismo y al odio a los judíos, enseguida pensamos en la persecución que sufrieron en Alemania cuando Hitler llegó al poder en 1933 y en su exterminio en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el antisemitismo hunde sus raíces más atrás, en la Europa cristiana de la Edad Media, que consideraba a los judíos, representados por Judas Iscariote, deicidas, es decir responsables de la muerte de Jesucristo. Se les acusaba también de sacrilegios, asesinatos rituales de niños cristianos, conjuros para provocar malas cosechas y pestes, practicar la usura y de otras actitudes malévolas. En muchos lugares soportaron discriminación, segregación en guetos y terribles pogromos, que acababan con la destrucción de sus propiedades y asesinatos masivos.

En España, un edicto de los Reyes Católicos decretó su expulsión en 1492. Se calcula que en aquel momento la mitad de ellos se convirtió al cristianismo para poder permanecer en nuestro país. Los conversos padecieron el acoso del Tribunal de la Santa Inquisición, que vigilaba para que no judaizaran (es decir, practicaran los ritos de su religión a escondidas) y aplicaba duras condenas, incluida la muerte, a los que lo hicieran. Los descendientes de los conversos conservaron su estigma durante siglos. Por ejemplo, hasta principios del sigo XIX existieron en nuestro país los estatutos de limpieza de sangre, que obligaban a aportar un certificado de no ser descendiente de judíos o moriscos para poder entrar en organismos como las academias militares, los colegios mayores universitarios y los cabildos.

En España, un país sin judíos, durante el siglo XIX la llama del antisemitismo la mantuvieron sobre todo los carlistas, defensores del absolutismo monárquico y del integrismo católico, aunque también encontramos clichés antijudíos en literatos como Gustavo Adolfo Bécquer, Larra o Espronceda, y en las fiestas, terminologías y leyendas populares. Desde finales del siglo, comenzó a arraigar en Europa —sobre todo en Alemania y Francia, donde había importantes minorías judías— la idea de que existía una conspiración judía para dominar el mundo. Esta idea la extendieron en España la derecha política y las publicaciones eclesiásticas a través de libros, homilías, periódicos y otros medios de difusión. En ellos aireaban que había un complot secreto entre judíos, masones y las asociaciones internacionales de la clase obrera (socialistas y comunistas) con el fin de destruir el cristianismo. Basándose en este supuesto, el integrista sevillano José Ignacio de Urbina fundó en 1912 la Liga Nacional Antimasónica y Antijudía, con el respaldo de veintidós obispos españoles. El antisemitismo se intensificó en Europa y América a partir de 1917, con la revolución rusa, a la que los antisemitas consideraban, igual que el socialismo, una creación judía, ya que algunos de los líderes bolcheviques, como Trotsky, eran de este origen.

La proclamación de la II República en abril de 1931 avivó de nuevo el fuego del antisemitismo en España. El historiador Paul Preston, en su obra El Holocausto Español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, que nos servirá de guía en los cuatro siguientes párrafos, relata de manera amplia y detallada cómo el antisemitismo se manifestó de manera virulenta durante estos años. Así, en junio de 1931, el periódico carlista El Siglo Futuro declaró, aun siendo falso, que tres ministros eran judíos (los conservadores Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, y el socialista Fernando de los Ríos) y que la República era obra de una conspiración judía protagonizada por los masones con el apoyo de la izquierda. La prensa católica no se quedaba atrás en esta campaña antisemita y se refería con frecuencia al contubernio judeomasónico y bolchevique. La Editorial Católica, propietaria de un importante conjunto de publicaciones, lanzó dos revistas profundamente antisemitas y antimasónicas: Gracia y Justicia (que alcanzó una tirada de 200.000 ejemplares) y Los Hijos del Pueblo.

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Portada de una de la ediciones de Los protocolos de los sabios de Sión que se se editó en España.

El antisemitismo se extendió en España con la difusión del libro más importante de su género, Los protocolos de los sabios de Sión, que afirmaba que existía un gobierno judío secreto formado por los sabios de Sión que se valía de la masonería y el comunismo para dominar el mundo. El libro era un fraude histórico —a pesar de que la extrema derecha pretendió darle veracidad— que apareció en la Rusia zarista en 1902 para justificar los pogromos contra los judíos y que alcanzó una gran popularidad en toda Europa. La primera traducción española se publicó en Alemania en 1930 y en 1932 una editorial jesuita de Barcelona encargó una segunda traducción. A la difusión de los protocolos en España contribuyó otro libro, Orígenes de la revolución española, escrito por el sacerdote catalán Juan Tusquets Terrats, que lanzó la idea de que la II República era fruto de una conspiración judeomasónica. Tusquets defendía que los judíos querían destruir el cristianismo, sirviéndose de masones y socialistas, por medio de la revolución, las catástrofes económicas, la pornografía y el liberalismo. La repercusión de la obra de Tusquets resultó tan enorme que en 1933 fue invitado por la Asociación Antimasónica Internacional a visitar el campo de concentración de Dachau, el primero creado por los nazis en Alemania. La intención de esta invitación, según él, era “enseñarnos lo que teníamos que hacer en España”.

Las proclamas antijudías se repetían en revistas, periódicos y libros, jaleadas por numerosos autores. Por ejemplo, para el literato Ramiro de Maeztu, España era una nación que se había creado a través de sus luchas contra los “usureros arrogantes” de los judíos y los “salvajes incivilizados” de los moros. Julián Mauricio Carlavilla, que bajo el seudónimo de “Mauricio Karl” obtuvo un enorme éxito de ventas durante la II República (de su tercer libro, Asesinos de España, llegó a vender cien mil ejemplares), insistía en que los judíos eran los que habían organizado a las izquierdas españolas manejando la masonería, las Internacionales Comunista y Socialista y el capitalismo mundial. Por tanto, España solo podría salvarse si se unía al nazismo alemán y al fascismo italiano para vencer a los “sectáreos de la judería masónica”.

En el campo político, la mayor parte de la derecha mantenía posturas antisemitas. El líder de la derecha moderada agrupada en la CEDA, José Mª Gil Robles, en el mitin que pronunció el 15 de octubre de 1933 en el cine Monumental de Madrid, en plena campaña electoral afirmó que “hay que fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la patria depurada de masones judaizantes”. Onésimo Redondo, el fundador de las JONS, un partido creado en 1931 y que se uniría a la Falange en 1934, también lanzó desde la extrema derecha proclamas antisemitas, lo que no es extraño en alguien que había traducido al español Mi Lucha, el libro escrito por Adolf Hitler. Para Onésimo Redondo, las escuelas mixtas introducidas por la II República en 1931, en las que se educaban juntos niños y niñas, eran “un capítulo de la acción judía contra las naciones libres. Un delito contra la salud del pueblo, que debe penar con su cabeza a los traidores responsables”.

Entre los militares el antisemitismo también arraigó con fuerza. El general Emilio Mola Vidal en sus memorias atacó a masones y judíos, ya que para él las conmociones que había sufrido España tenían su origen en el “odio de una raza”, la judía. Mola se convirtió en el “director” de la conspiración militar que desembocó en el golpe de estado del 18 de julio de 1936, en el que también participaría el general Francisco Franco, suscriptor de Acción Española, una revista ultraderechista que había avalado las tesis de Los protocolos de los sabios de Sión. Cuando al poco de comenzar la guerra civil Franco fue nombrado jefe del Estado el 1 de octubre de 1936, el antisemitismo siguió latente en muchos militares españoles, como los generales López Pinto, Cabanellas y Millán Astray. Este, fundador de la Legión y jefe de propaganda de Franco, en septiembre de 1936 afirmó: “Los judíos moscovitas querían encadenar a España para convertirnos en esclavos, pero hemos de luchar contra el comunismo y el judaísmo. Viva la muerte”.

El más furibundo de los militares antisemitas quizás era Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur. El profesor Gonzalo Álvarez Chillida, en su libro El antisemitismo en España. La imagen del judío 1812-2002, señala cómo en sus charlas radiofónicas Queipo afirmaba que el gobierno republicano estaba sostenido por el “judaísmo internacional y que el gobierno secreto judío financiaba la revolución comunista”. El 12 de septiembre de 1936 exponía que la contienda era “una guerra por la civilización occidental contra el mundo judío” e incluso llegó a definir a la URSS como Unión Rabínica de los Sabios de Sión. Estas ideas estaban tan arraigadas entre muchos militares que, en el desfile de la Victoria del 19 de mayo de 1939 en Madrid, Franco señalará que el “espíritu judaico que permite la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un solo día y aletea en el fondo de muchas conciencias”.

El historiador Gonzalo Álvarez Chillida, antes señalado, recoge también cómo las revistas culturales de las órdenes religiosas y las pastorales de muchos obispos aludían durante la guerra civil a la unión de judíos con masones y comunistas. El obispo de Burgos, el 14 de febrero de 1937, decía que el Frente Popular (la coalición de republicanos e izquierdistas que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936) era “un conglomerado de ateos, masones, judíos y enemigos de Dios y de España”. El obispo de León, el 22 de noviembre de 1936, hablaba de la “malicia judeomasónica”, y el de Palencia, el más prolífico de ellos, en abril de 1938 aludía al “contubernio” entre “la nariz y las afiladas uñas del judío, la mano perfumada del masón y la pezuña del oso asiático”.  El cardenal Isidro Gomá, primado de la Iglesia de España, desde el año 1936 ya hizo referencias a que “judíos y masones envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas” y consideraba a “judíos y masones, verdaderos representantes de la anti-España”.

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Portada del Poema de la Bestia y el Ángel, de José María Pemán, editado en 1938.

Entre la literatura más antisemita de la guerra civil destacan dos libros, Comunistas, judíos y demás ralea, de Pío Baroja, y Poema de la Bestia y el Ángel, del monárquico de extrema derecha José María Pemán, que lo escribió mientras ejercía de presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado (especie de primer gobierno de Franco) y se esforzaba en la depuración y la represión del profesorado republicano. En el poemario, publicado en 1938, se describía la guerra civil de manera alegórica como una lucha entre Dios y Satán. Al servicio de Satán y el Anticristo, la Bestia se encarnaba en el Sabio de Sión que ordenaba la destrucción de la España católica. Por tanto, “El enemigo infiel, sierpe que ahoga / la garganta de España, y apretado / tiene su cuerpo, es de la Sinagoga / el oculto poder”. En este poemario Pemán rescata todos los mitos de los Protocolos, por lo que en sus versos alude a los manejos de los judíos en los negocios, el comercio y las finanzas; la utilización que realizan del liberalismo, la masonería, la moral hedonista y el capitalismo con la intención de acabar con la civilización occidental; y el papel del judaísmo en las leyes anticlericales y en la reforma agraria decretadas por la II República.

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Artículo “Estampa del judaísmo”, publicado por el periódico lucentino Ideales el 30 de agosto de 1937.

En este ambiente de antisemitismo que invadía la política, la milicia, la jerarquía eclesiástica, los libros y la prensa se enmarca un artículo publicado en Lucena —donde hasta mediados del siglo XII había subsistido una importante judería— por el periódico católico local Ideales, el 30 de agosto de 1937. Se titulaba “Estampa del judaísmo”, ocupaba casi toda la contraportada e iba firmado por un colaborador habitual del semanario, GEDEPÉ. Este periódico se había referido en algunas ocasiones en términos peyorativos a los judíos, pero que este escrito se publicara en una pequeña ciudad de provincias en plena guerra civil da idea de la difusión tan amplia que gozaban las ideas antisemitas por aquel entonces. El artículo recoge no solo las opiniones del autor, sino también extractos de un escrito de José María de Murga (creemos que de su libro Recuerdos marroquíes del moro vizcaíno, publicado en 1868), un viajero español en el Maruecos del mediados del siglo XIX. Como en otras publicaciones antisemitas, aquí podemos encontrar todos los mitos propagados en contra de los judíos citados con anterioridad, desde la avaricia a su intento de dominación del mundo. El artículo es el siguiente:

No haremos un recorrido retrospectivo en el asentamiento del pueblo judío en nuestra patria, por no dar una extensión demasiado grande a este trabajo, ello quedará para otra ocasión más propicia. Hoy sí diremos, que la raza hebrea ha sufrido desde remotos tiempos humillaciones inconcebibles.

¿Hay razón que justifique ese odio que todavía subsiste contra la familia israelita?

Indudablemente esta persecución prolongada debe ser consecuencia lógica del carácter y condiciones de los hebreos y de su incalificable conducta.

El judío odia al cristiano (a quien tanto debe) lo mismo que al musulmán, y para escarnecer la religión católica emplea los términos más groseros e insensatos; pero todo el desprecio que sus palabras encierra sirve solo para enaltecer aquello que trata de vilipendiar, porque no es posible concebir nada digno de su asquerosa cobardía, su incomparable bajeza y la refinada perfidia en que inspiran sus actos.

Posee maravillosas facultades para acomodarse a todo género de humillaciones; tienen una ductilidad de carácter pasmosa para ajustar su conducta a cualquier situación de su existencia; la destreza necesaria para engañar sin parecer culpable.

Murga describe esta raza en los siguientes párrafos: “Las pasiones más bajas de la humanidad son rasgos característicos de los judíos.

Su mirada es inquieta y atravesada, su fisonomía tiene algo de innoble y bruta, es a no dudarlo, la fealdad moral que deja traslucir.

No tienen del hombre sino los instintos inferiores y los apetitos animales, y nada elevado puede caber en aquellas almas metalizadas, porque no tienen más pasión ni más dios que el dinero, a quien adoran como lo hacían sus antepasados cuatro mil años ha.

Como consecuencia natural, su probidad no está por las nubes; lo está por las alcantarillas, y más baja estaría aún si algo más sucio pudiera haber bajo de ellas, exceptuándose aquellos casos en que suelen elevarse en razón directa del miedo o de la conveniencia que produce este fenómeno moral.

Los cristianos y moros, que han sufrido muchas veces su maldad, los conocen perfectamente, y dicen que los judíos, al salir de su casa, ponen la mano sobre el pedazo de caña o tubo de latón en que cuelgan los tefelines (salmos de la Biblia) y ruegan a Dios no les permita volver a pasar por los alféizares de las puertas interiores, sin que hayan engañado a alguno que no sea de su grey

Pero por más desconfianza que se tenga con ellos, por más precauciones que se tomen para evitarlo, es más difícil aún que pueda zafarse de ellos el que se dejó enredar”.

En la actualidad, están infiltrados en los puestos de relieve oficial, de una gran mayoría de estados europeos.

Son los que mueven los hilos invisibles de las organizaciones obreras internacionales, acomodando los actos y conductas de éstas a su soñada ilusión; la de la dominación del mundo.

En el aspecto económico es tal su ingerencia, que hay estados que tienen hipotecada su riqueza territorial por medio de fabulosos empréstitos de dinero concertados en los Trust Bancarios, judíos; amén de Rusia, donde el dominio del país y de sus habitantes pertenecen por entero a ellos.

Es pues de necesidad absoluta, presentar esta raza tal como es y lo que pretende en el mundo. Ello servirá para que sepamos valorar el esfuerzo que realizan nuestros soldaditos con las armas, y el de nuestro Generalísimo en esa actuación sabia, serena y inflexible, con que desbarata una a una cuantas tentativas hacen para hacer cambiar el sentido de nuestra Cruzada.

A los cinco siglos tropezamos de nuevo con ellos; esta vez no dentro de nuestro territorio, sino que nos combaten desde fuera.

No importa. Venceremos con la ayuda de Dios y seguirán condenados a que el Judío Errante sea, con toda evidencia, el símbolo del pueblo judío desde el sacrificio del Calvario.

A pesar de toda esta parafernalia verbal antijudaica, en la zona controlada por los militares sublevados durante la guerra civil no se puede hablar de una política sistemática de persecución de los judíos, aunque sufrieran episodios de violencia, arrestos arbitrarios, vigilancia por la policía y multas. Por ejemplo, Queipo de Llano impuso una multa colectiva de 138.000 pesetas a la comunidad judía sevillana, que en aquel momento era la más importante de nuestro país. Además, las sinagogas de Madrid, Barcelona y Sevilla fueron clausuradas y se prohibió el culto judío (salvo en los territorios españoles del norte de África), por lo que ante el acoso muchos optaron por bautizarse y convertirse al catolicismo.

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Cartel de propaganda antisemita editado por los nazis en el que aparece el judío como un poder oculto que domina el mundo.

Durante la II Guerra Mundial la actitud de las autoridades españolas ante la persecución y el exterminio de los judíos por parte de los nazis fue de indiferencia y pasividad, y solo el esfuerzo de contados diplomáticos consiguió salvar la vida de algunos judíos europeos. La prensa oficial, la falangista y la católica aplaudía y justificaba con artículos de carácter antisemita la persecución que sufrían los judíos en Europa (pogromos, fusilamientos, confiscaciones, guetos, etc.), sin criticar o rechazar nada de lo que estaba ocurriendo con ellos. El franquismo, debido a sus vinculaciones con el régimen nazi y a los informes que enviaban sus diplomáticos, algunos en tono dramático, sabía perfectamente desde primera hora lo que pasaba, incluso que se les estaba gaseando en Auschwitz. Además, Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña ya habían denunciado desde finales de 1942 que Hitler había planeado el exterminio de todos los judíos europeos.

En 1940 se calcula que había en Europa unos nueve millones y medio de judíos, de los que unos 4.500 tenían la nacionalidad española. La mayoría la habían adquirido a partir de 1924, cuando un decreto emitido durante la dictadura de general Miguel Primo de Rivera permitió recuperarla a los sefarditas, los descendientes de los judíos españoles que habían sido expulsados en 1492. En Europa había entonces unos 175.000 sefarditas, que conservaban aún una cultura y una lengua heredada del castellano antiguo. En un principio, al comenzar la guerra mundial, Franco permitió el paso de los refugiados que llegaban desde Francia, judíos o no, solo si disponían de un visado de entrada para otros países, sobre todo Portugal, pero se les prohibió quedarse en nuestro país. De esta manera se calcula que pudieron escapar de los nazis un mínimo de 30.000 judíos hasta que los alemanes cerraron la frontera. Sin embargo, nunca se atendieron peticiones de repatriación ni de permiso de tránsito colectivos por nuestro país, e incluso se negaron en el verano de 1940 varios permisos pedidos por el Vaticano para el paso por España de grupos de judíos a los que se quería salvar.

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En el centro, Heinrich Himmler, jefe de las SS y de la policía alemana, durante su visita a España en octubre de 1940. A su derecha, Franco, y Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores.

La colaboración de las autoridades franquistas con los nazis se evidenció de manera clara en 1941, cuando sus victorias en los frentes de guerra europeos eran imparables y España sopesaba entrar en la guerra como aliada de Alemania. Lo demuestra que el 13 de mayo, la Dirección General de Seguridad remitió una circular a todos los gobernadores civiles en la que les ordenaba que enviaran informes individuales de los “israelitas nacionales y extranjeros” afincados en sus provincias, “indicando su filiación personal y político social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad y conceptuación policial” con el fin identificarlos y de evitar sus “fáciles manejos perturbadores”. La mayoría de estos judíos españoles habitaban en las posesiones españoles del norte de África, salvo algunos cientos que vivían casi en su totalidad en Barcelona, Sevilla y Madrid. La lista, que incluía a los judíos convertidos al cristianismo, fue entregada a las autoridades alemanas por el embajador de España en Berlín, José Finat Escrivá de Romaní.

Hitler no deportó a los campos de concentración a los judíos que tenían el pasaporte de una nación aliada o amiga sin consultar antes con ella. En esta categoría se encontraba España, que a mediados de 1941, como prueba de amistad, ya había enviado un cuerpo de voluntarios en el que se enrolarían cerca de 50.000 hombres para luchar junto al ejército nazi en la Rusia soviética. En enero de 1943, el gobierno alemán emitió un decreto que permitía a sus aliados y a algunos países neutrales (España, Suiza, Portugal, Suecia, Turquía, etc.) repatriar a sus judíos de los territorios ocupados por los nazis en un plazo máximo de dos meses antes de deportarlos al Este. Así lo hicieron algunos de ellos, aunque no España. Solo quince días antes de que expirara el plazo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español informó a la embajada alemana de que únicamente permitiría la entrada “de un máximo de 100 personas por las que habían intercedido españoles famosos”. En diciembre, cuando ya muchos habían sido deportados a campos de exterminio y nada se podía hacer por ellos, el ministro Gómez Jordana ordenó que se salvara “a los de indiscutible nacionalidad española”.

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El diplomático Ángel Sanz Briz salvó a miles de judíos húngaros del holocausto.

Frente a la postura oficial del gobierno franquista, un grupo de diplomáticos españoles, sabedores de que el destino que les esperaba a los judíos que eran deportados a los campos de concentración era la muerte, decidió por su cuenta y riesgo comprometerse para salvar al mayor número posible de ellos. En Francia, Eduardo Propper de Castellón emitió en el segundo semestre de 1940, desde el Consulado de España en Burdeos, dos mil visados para los judíos que querían huir. Su acción protectora fue castigada por el ministro de Asuntos Exteriores español, Ramón Serreno Suñer, cuñado de Franco, con su destitución y traslado al Consulado de Larache (Marruecos). También el encargado de negocios de la embajada de España en Budapest intentó proteger a los judíos en su demarcación, pero ante las protestas de las autoridades húngaras, Franco lo cesó. Su sucesor, Ángel Sanz-Briz, continuó con la labor y expidió miles de pasaportes españoles y cartas de protección a judíos que en muchas ocasiones no tenían raíces sefarditas. Cuando los documentos dejaron de tener validez para las autoridades húngaras, declaró como parte de la embajada decenas de edificios alquilados donde alojó a unos 5.000 judíos. Ante el avance soviético, el ministro de Asuntos Exteriores le ordenó su vuelta a Madrid, aunque estos judíos consiguieron salvarse.

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Miembros de la comunidad sefardita griega de Salónica en una boda celebrada en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial (foto del Museo del Holocausto de Estados Unidos).

Menos suerte tuvo la numerosa comunidad sefardita griega de Salónica, que albergaba a entre 50.000 y 60.000 judíos. El cónsul español en Atenas, Sebastián Romero Radigales, logró que varios centenares de estos sefarditas fueran identificados como españoles, ante la pasividad de las autoridades franquistas. Gracias a las gestiones de este cónsul, se consiguió salvar a unos 700 judíos, que en su mayoría fueron deportados a España a principios de 1944 y de aquí salieron para Palestina. Otros 48.000 judíos sefarditas griegos acabaron en las cámaras de gas del campo de exterminio de Auschwitz. En contraste con España, otros países como Italia, Suiza, Argentina y Turquía sí evacuaron a sus judíos de Grecia desde el primer momento y los salvaron de la muerte. A pesar de la indiferencia de las autoridades franquistas con estos judíos sefarditas griegos, al acabar la guerra se dio una situación llamativa. Al ir a negociar la delegación española con los países vencedores las deudas que tenía contraídas con Alemania, pidió una compensación por los daños patrimoniales causados por los nazis a los sefarditas de Salónica, a lo que el representante inglés respondió que España nunca había protestado por la persecución nazi de estos judíos y por tanto ahora no tenía derecho a realizar ninguna petición al respecto.

Tras el fin de la II Guerra Mundial, para congraciarse con las potencias aliadas que habían derrotado a Hitler en 1945, en España poco a poco se iría creando el mito de que Franco colaboró en la salvación de los judíos, así que había que maquillar el pasado para impedir que la opinión pública conociera la verdadera realidad de los hechos. Por ese motivo, por ejemplo, durante la dictadura se evitó la proyección de imágenes que tuvieran que ver con el holocausto, películas como El gran dictador —en la que Charles Chaplin se mofaba de la figura de Hitler y denunciaba la persecución de los judíos— estuvieron prohibidas y las asociaciones españolas de deportados a los campos nazis no pudieron tener existencia legal hasta la muerte de Franco en 1975. Esa labor de manipulación tuvo tanto éxito que el mito ha pervivido, con más o menos matices y a pesar de las evidencias históricas, hasta nuestros días.

Nota adicional: la traducción al francés de esta entrada del blog, realizada por Floréal Melgar, se puede visionar en este enlace.

El trienio bolchevique en Lucena (1918-1920)

Entre 1918 y 1920 se vivió una gran conflictividad social en el sur de España. Estuvo motivada por la subida de los precios de los productos de primera necesidad, la existencia de una enorme masa de jornaleros sin tierra que constituían la mayoría de la población y vivían en condiciones miserables, una estructura de la propiedad latifundista y el fuerte aumento del asociacionismo y del activismo obrero. Para referirse a estos tres años, el notario de Bujalance Juan Díaz del Moral en su libro Historia de las agitaciones campesinas andaluzas acuñó el término de trienio bolchevista. Aludía con ello al influjo que la revolución de los bolcheviques rusos, en octubre de 1917, había tenido en la mentalidad de los campesinos de la época, esperanzados en que un proceso revolucionario similar de conquista del Estado por la clase obrera podría ser posible también en España. Según Díaz del Moral, que terminó de escribir su libro en 1923, 55.000 campesinos militaron en organizaciones obreras en 61 pueblos de la provincia cordobesa entre 1918 y 1919. En cuanto a la conflictividad social, el historiador Francisco Moreno Gómez señala que hubo en la provincia 93 huelgas en 1918 y 102 en 1919, lo que convierte a este periodo del reinado de Alfonso XIII en el más convulso del siglo XX en Córdoba, superando a los años de la II República (1931-1936).

En una anterior entrada de mi blog abordé el asunto de los inicios del movimiento obrero y del socialismo lucentino, que vivió continuos altibajos desde su nacimiento. Para Díaz del Moral, la debilidad del movimiento obrero en Lucena se explica porque la inmensa mayoría de los asalariados lucentinos contaban solo con un jornal como único ingreso, con lo que su situación económica y social —y su capacidad de resistencia ante una huelga, por ejemplo— era inferior a la que gozaban otros pueblos del centro de la campiña, donde abundaban colonos, arrendatarios y pequeños propietarios que mantenían un mayor nivel de vida y que, según él, fueron unos de los grandes impulsores de las movilizaciones que se vivieron en el trienio bolchevique.

Los orígenes del asociacionismo de los trabajadores lucentinos se remontan a la Liga Obrera, creada en marzo de 1904, y a la Agrupación Socialista de Lucena, fundada el 30 de junio de 1908, aunque la actividad de esta última duró solo un año. Tuvo un breve repunte en enero de 1913, con la creación del Centro de Obreros Socialistas, que decayó al año siguiente, y habrá que esperar a junio de 1918 para asistir a la nueva constitución de la Agrupación Socialista de Lucena, que alcanzó los 85 militantes durante aquel año.

La gran organización obrera del trienio bolchevique en Lucena fue la Unión Agrícola, que llegó a la cifra de 1976 afiliados en marzo de 1919, el 9% de los 21.029 habitantes de la localidad. En Jauja, los campesinos se agruparon en la Sociedad de Obreros Agricultores La Redención, fundada el 23 de octubre de 1918, que tenía su sede en el número 43 de la calle Iglesia. A comienzos del año siguiente contaba con unos doscientos socios (el 19% de los 1.038 residentes en la aldea) y en ella ejercía de secretario Antonio Cabello Carrasco y de presidente José Sánchez García “Rallao”, quien llegaría a ser concejal en 1931, al proclamarse la II República. Ambas organizaciones, la Unión Agrícola y La Redención, pertenecieron a la Federación Provincial de Sociedades Obreras Agrarias, auspiciada por el socialismo cordobés en abril de 1919. En consecuencia, tanto la organización lucentina como la jaujeña estuvieron vinculadas ideológicamente al PSOE y a la UGT, sin que aquí arraigaran las ideas anarquistas que tanto predicamento alcanzaron en otros pueblos de la provincia.

El abogado lucentino Antonio Buendía Aragón representó a Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en Madrid en octubre de 1918 y jugó un papel muy destacado en las sociedades obreras del trienio bolchevique.

Durante el trienio bolchevique, el primer acto conocido de los socialistas lucentinos en 1918 fue la celebración en agosto de una Semana Roja, realizada al igual que en otras localidades españolas para conmemorar el primer aniversario de la huelga general de trabajadores del año anterior. Si seguimos a El Socialista, el periódico oficial del PSOE y del sindicato UGT, el día 14 de agosto el joven abogado Antonio Buendía Aragón intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo, el 15 le tocó el turno a Isidro Cárdenas hablando de “La lucha obrera” y el 16 hubo un mitin de las Juventudes Socialistas. En septiembre, las Juventudes celebraron actos de propaganda bajo la coordinación del periodista pontanés Gabriel Morón. En octubre, Antonio Buendía Aragón representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en Madrid bajo la presidencia de Pablo Iglesias. A finales de noviembre, Largo Caballero, secretario general de la UGT, protagonizó un mitin al que asistieron unas dos mil personas, según el Diario Liberal (9 de diciembre de 1918), y posiblemente ya aprovechó su visita para preparar su próxima candidatura al Congreso de los Diputados por el distrito de Lucena. La Agrupación socialista de Lucena fue capaz también de sacar un periódico en 1918, El Pueblo Libre, que solo llegó a editar su primer número el 5 de diciembre. En este año o el siguiente se adquirió además la Casa del Pueblo, que estaba situada en el mismo sitio que ahora: la esquina de la calle San Pedro con la calle Curados.

El inicio del movimiento obrero durante el trienio bolchevique lo marcó en la provincia de Córdoba el Congreso de Castro del Río, celebrado entre el 25 y el 27 de octubre de 1918, al que asistieron numerosas organizaciones de trabajadores de la provincia y limítrofes, la mayoría anarquistas. A los dos meses del Congreso de Castro, los socialistas lucentinos organizaron un Congreso comarcal de obreros agrícolas el 9  y el 10 de diciembre en el que participaron sociedades de veinte localidades que representaban a 10.500 trabajadores del campo. En las sesiones jugaron un papel fundamental el abogado lucentino Antonio Buendía Aragón y el dirigente socialista montillano Francisco Zafra Contreras. El motivo principal del Congreso, de acuerdo con el historiador Manuel Á. García Parody, fue abordar la cuestión, ya tratada en el Congreso de Castro, de si se debía dar prioridad o no a los jornaleros de la localidad frente a los forasteros a la hora de contratarlos. Al final, se decidió que los patronos podrían contratar a jornaleros de fuera siempre que estuvieran asociados y les pagaran un real de más. También se acordó en el Congreso, según recogió El Socialista, “enviar al ministro de la Gobernación un telegrama formulando la más enérgica protesta contra los atropellos de que se está haciendo víctimas a los trabajadores de Baena y Puente Genil por las autoridades puestas al servicio del caciquismo, que están encarcelando Directivas y clausurando Centros obreros, con menosprecio de los derechos de ciudadanía que las leyes conceden a los habitantes de un pueblo civilizado y democrático”.

Rafael Lozano Córdoba, uno de los firmantes, por la parte obrera, del pacto con la patronal agraria en diciembre de 1918.

En cuanto a los inicios de la conflictividad social durante el trienio bolchevique, Juan Díaz del Moral señala que hubo ya agitación obrera en Lucena en julio de 1918, y que a finales de octubre hubo huelgas en Lucena y otros cuatro pueblos. El día 3 de noviembre se inició un paro de trabajadores de todos los oficios en Lucena, sin previo aviso y sin que se presentaran demandas. El día 7 la huelga general paralizaba la vida de 34 pueblos de la campiña y en diciembre hubo huelga en otras 15 localidades. En medio de este clima de conflictividad, a finales de diciembre la Unión Agrícola de Lucena firmó unas bases de trabajo (especie de convenio colectivo) consideradas modélicas por el Instituto de Reformas Sociales. Entre otros acuerdos, en ellas se estableció que los trabajadores lucentinos tendrían preferencia sobre los forasteros en la contratación para las labores de la recogida de aceituna, que podrían venir desde los cortijos a Lucena cada quince días “para vestirse de limpio” y se estipularon salarios mínimos que iban desde las 3,50 pesetas que ganaba un vareador a las 1,75 que recibían las mujeres y los mayores de 14 años —en 1915 el kilo de pan valía en Lucena 95 céntimos, casi una peseta—. Este pacto de finales de diciembre se firmó por el alcalde, Antonio del Pino Hidalgo; en representación de los patronos lo suscribieron Pedro Jiménez Alba, Juan Fernández Villalta, Antonio M. Cabeza, José M. Mora, Rafael Díaz, Cristóbal Burgos y Aurelio Flores; y en representación de los obreros José López Antequera, Antonio Buendía Aragón, Juan Lozano Molero, Rafael Lozano Córdoba, Antonio Lozano Durán, Francisco Tienda Antequera y Antonio García Arjona.

El 11 y el 12 de febrero visitaron Lucena dos funcionarios del Instituto de Reformas Sociales, un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. Su llegada estuvo motivada por la alta conflictividad que afectaba a la provincia en el invierno de 1919 y tenía como misión elaborar un informe sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba. En la comisión obrera que se entrevistó con los dos delegados del Instituto figuraban un abogado y un farmacéutico (creemos que el socialista Antonio Buendía Aragón y el republicano Anselmo Jiménez Alba). En su intervención, la comisión acusó a los propietarios de intentar no cumplir lo pactado en el acuerdo patronal-obrero de finales de diciembre, por lo que tuvieron que ir a la huelga, y denunciaron que “domina en el pueblo una gran inmoralidad: los señoritos hacen lo que les viene en gana; se juega en los principales centros de reunión, y por leves motivos aprisionan a los obreros”.

Para la comisión obrera que se entrevistó con los funcionarios del Instituto, la causa del malestar de los trabajadores lucentinos residía en la “pésima administración municipal”, en los altos impuestos de consumos (cuyo cobro estaba cedido “a unos empresarios que esquilman al pueblo”), al abandono de algunas fincas como la del duque de Híjar que tenía 2.700 aranzadas de olivar sin cultivar, y a la especulación en los arriendos y en los precios de la tierra. La comisión consideraba que los remedios para estos problemas eran que se les cediera a los obreros —que desde al año anterior ya administraban una cooperativa agrícola— las tierras sin cultivar, que se suprimiera el impuesto de consumos que gravaba los productos alimenticios de primera necesidad y que se acabara con el caciquismo.

Por otro lado, la comisión patronal, aunque reconoció que el obrero lucentino era “de buena índole”, planteó a los delegados del Instituto de Reformas Sociales una visión de la realidad totalmente distinta. Los patronos manifestaron que las rentas que cobraban por los arriendos no eran tan altas como los obreros decían, que “los obreros gastan más en cosas superfluas y perjudiciales que los ricos (los zapateros y sastres venden más para aquellos que para estos)”, negaron que hubiera caciquismo y afirmaron que los “obreros trabajan tan poco que apenas dura cuatro horas su jornada”.

En teoría, el acuerdo de patronos y obreros firmado en Lucena a finales de diciembre tendría vigencia entre el 28 de diciembre de 1918 y el 13 de mayo de 1919. Sin embargo, a principios del año 1919,  una ola de frío con nevadas que impedían salir a los campos a trabajar y ganar el jornal, la carestía de los productos de primera necesidad, el desempleo y el incumplimiento de los patronos de las bases de trabajo firmadas con anterioridad motivaron huelgas en enero y febrero en muchos pueblos de la provincia, incluida Lucena. La crisis de subsistencias y el encarecimiento de productos de primera necesidad llegaron al límite de dejar sin trigo (y sin harina para hacer el pan) a Lucena a mediados del mes de mayo de 1919. El desabastecimiento de las panaderías lucentinas tuvo su origen en el egoísmo de los acaparadores del cereal, que querían especular con el producto, y solo se solucionó con el envío de trigo desde Badajoz. Ante la alta conflictividad social en la provincia, el gobernador militar decretó el estado de guerra el 29 de mayo, lo que supuso la detención de dirigentes obreros y republicanos y la clausura de numerosas Casas del Pueblo socialistas, entre ellas la de Lucena, cerrada el 16 de agosto de 1919. A pesar de estas medidas represivas, un informe del Instituto de Reformas Sociales señala que la agitación social continuó, pues hubo huelgas en 19 pueblos cordobeses en el segundo trimestre del año 1919.

El auge del asociacionismo obrero se manifestó también en el aumento de la participación política en los procesos electorales de los partidos antidinásticos, fundamentalmente republicanos y socialistas, durante el trienio bolquevique. En las elecciones generales de febrero de 1918 una coalición de republicanos, regionalistas y socialistas presentó candidatos en todos los distritos de la provincia. Por Lucena concurrió el abogado republicano Miguel Víbora Blancas, que fracasó ante la candidatura del liberal Carlos Martín Rosales (duque de Almodóvar del Valle), diputado  electo por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados desde 1901 a 1903 y de 1905 a 1923, que había convertido a Lucena en su particular feudo electoral y caciquil. Debido a la inestabilidad política del momento y a los frecuentes cambios en el gobierno de la nación, hubo nuevas elecciones al año siguiente, el 1 de junio de 1919. Para ellas, una coalición de republicanos y socialistas presentó candidatos por todos los distritos de la provincia cordobesa. Por Lucena concurrió el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, que visitó en mayo la localidad, donde numeroso público lo recibió en la estación de ferrocarril.

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Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, presentó su candidatura de diputado por el distrito de Lucena en junio de 1919 y diciembre de 1920.

La campaña electoral se vio empañada porque el 29 de mayo de 1919 el gobernador militar, Francisco González de Uzqueta y Benítez, proclamó el estado de guerra en toda la provincia, por lo que quedaron limitadas las reuniones y las manifestaciones, y los sospechosos de alteración del orden fueron detenidos y desterrados, así que las elecciones se celebraron en la provincia con los centros obreros clausurados y con algunos candidatos en la cárcel. De los nueve diputados que se elegían en la provincia, los conservadores obtuvieron cinco, tres los liberales y uno los socialistas por el distrito de Montilla. En el distrito de Lucena, Largo Caballero, que consiguió 4.246 votos, quedó a poco más de 400 del incombustible candidato liberal, Martín Rosales Martel, que alcanzó los 4.680. Si nos atenemos a las localidades del distrito electoral lucentino, en Puente Genil, Encinas Reales y Monturque triunfó Largo Caballero; y Martín Rosales en Benamejí, Palenciana y Lucena. A pesar de la derrota, los socialistas casi triplicaron los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de febrero del año anterior.

El sistema político español del momento era el de la Restauración, ideado durante el reinado de Alfonso XII y que aún se mantenía en pleno reinado de Alfonso XIII. Se basaba en el turno en el poder de dos partidos, el liberal y el conservador, y en el falseamiento y la manipulación de las elecciones para asegurar esa alternancia, así que los abusos eran moneda corriente en los distritos electorales de la provincia. Largo Caballero manifestó que en Lucena hubo en coacciones sobre los electores, falseamiento de actas, atropellos de funcionarios, ofrecimientos de determinados porcentajes de votos en algunas secciones antes de celebrarse el acto electoral, etc. Los socialistas denunciaron la manipulación que sufrieron en los distritos de Córdoba capital, Lucena y Montilla, e incluso llegaron a informar al Tribunal Supremo. El periódico El Socialista, en su edición del 24 de junio de 1919, recogió los argumentos que utilizó Largo Caballero ante esta máxima instancia judicial. Los reproducimos a continuación, ya que constituyen un perfecto ejemplo del funcionamiento de la maquinaria caciquil y del fraude electoral en Lucena:

De seis Ayuntamientos que forman el distrito en cinco hay una fortísima organización socialista, y el sexto la organización que hay es sindicalista y acordó salir al campo y no votar el día de la elección.

Ha habido allí las coacciones normales, los ordinarios atropellos de orden procesal, tales como detenciones de notario y apoderados, la intervención del juez, que amenazaba a los que no votaran al duque de Almodóvar.

El jueves anterior a la elección se llevó a la cárcel a interventores y apoderados y a las Directivas de las Sociedades Obreras, a las que se paseó en cuerdas de presos por las calles de la población para atemorizar a los electores.

Esto ha pretendido explicarse inventando la posibilidad de un movimiento huelguístico. Pero esto es pueril, pues los contratos de trabajo estaban firmados ya. Y además, ¿por qué si esto era así se detuvo a electores republicanos que no eran obreros?

Pero a pesar de estos atropellos, la elección la tenía perdida el duque, y entonces llegaron a la coacción máxima, a tomar las calles de Lucena militarmente, con ametralladoras en las esquinas, para impedir que los campesinos pudieran entrar a la población a votar.

Los propios jefes de las fuerzas militares confesaban por la noche que estaban avergonzados del papel que se les había obligado a hacer.

Al año siguiente, en las elecciones a Cortes del 19 de diciembre de 1920, Largo Caballero presentó otra vez su candidatura para competir con el duque de Almodóvar del Valle por la circunscripción de Lucena, pero solo obtuvo 2.937 votos frente a los 5.909 del aristócrata. En solo un año los socialistas perdieron en la circunscripción 1.308 electores, si nos atenemos a las cifras aportadas por el historiador Antonio Barragán Moriana. Aunque en este descenso —vivido no solo en Lucena sino en las demás circunscripciones de la provincia— influyó el aumento de la abstención, es bastante probable que también incidieran los sucesos ocurridos con motivo de la gran huelga general que vivió Lucena a principios de noviembre de 1920, a la que haremos referencia más adelante.

En cuanto a las elecciones municipales, en febrero de 1920, tras una renovación parcial del Ayuntamiento, la coalición de socialistas y republicanos consiguió sentar a la vez cuatro concejales republicanos en el Consistorio: el perito mercantil Javier Tubío Aranda, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba —premio extraordinario de fin de carrera de su especialidad—, el propietario José López Jiménez y el abogado Miguel Víbora Blancas. A partir de este momento, la representación de republicanos y socialistas decayó. Tras las elecciones municipales de febrero de 1922, la cifra de ediles republicanos bajó a dos (solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez). Los socialistas, que ya no iban en alianza con los republicanos, presentaron a cuatro candidatos (Francisco de Paula Muñoz Cañete, Rafael Lozano Córdoba, Francisco Cobos Varo y José López Antequera), pero no obtuvieron ninguna concejalía.

Tras la fuerte agitación de 1919, con al menos 102 huelgas en la provincia de Córdoba, el año 1920, último del trienio bolchevique, resultó más tranquilo. Se debió al agotamiento de las sociedades obreras después de años de lucha, a la represión de las autoridades contra las sociedades obreras y a las campañas de los sindicatos católicos agrarios apoyados por la patronal (en Lucena funcionaba el Círculo Católico de San Agustín, decano de los de su clase en la provincia). Aun así, en el mes de junio de 1920 se iniciaban paros en Lucena y Cabra, y el día 8 la sociedad de agricultores La Redención de Jauja envió un telegrama al Ministerio de Gracia y Justicia en el que protestaba contra la condena impuesta por sus actividades políticas y sindicales a Gabriel Morón, dirigente socialista de Puente Genil, por la Audiencia Provincial de Córdoba.

El conflicto más importante que sufrió Lucena durante el trienio bolchevique aconteció casi a su final, cuando ya el impulso del movimiento obrero iba decayendo a pasos agigantados en toda la provincia. El 4 de noviembre de 1920 se inició una huelga de agricultores lucentinos para pedir el aumento del jornal diario a entre 4,50 y 5 pesetas. La prensa provincial cordobesa, como La Voz (el día 5) y Diario de Córdoba (el día 7), se hizo eco del paro obrero de manera breve, sin embargo El Socialista le dedicó dos artículos (los días 10 y 13), de los que el segundo —que reproducimos íntegro al final de esta entrada del blog— es una detallada crónica de lo acontecido aderezada con un análisis de la situación política en la localidad. Según este periódico, la causa de la huelga había sido la actitud del alcalde del partido liberal, Antonio del Pino Hidalgo —a quien nunca citan por el nombre—, que se había negado a la petición de los trabajadores de convocar a los patronos para negociar las condiciones de trabajo y también se había opuesto a que se repartiera una hoja pública en la que se explicaban las demandas obreras. La intención del alcalde era echar un pulso a la socialista Unión Agrícola con la finalidad de derrotarla y de restar apoyos a la candidatura de Largo Caballero para las elecciones del próximo 19 de diciembre. Con ello, se allanaba el camino a la reelección como diputado del duque de Almodóvar del Valle, correligionario político del alcalde y eterno candidato de los liberales por el distrito de Lucena desde principios del siglo XX.

El día 5 la Guardia Civil detuvo a 125 hombres. La mayoría, atados codo con codo, quedaron expuestos a la entrada de Lucena, hasta que al día siguiente el gobernador civil decretó su libertad. Paralelamente, los dirigentes obreros trataban de calmar los ánimos de los más exaltados, pues el día de la detención estaba reunida la comisión obrera con los patronos en el ayuntamiento, mientras miles de personas se hallaban en los alrededores esperando los resultados de la cita. La huelga ya se había extendido por la localidad y habían cerrado los comercios y las tabernas. También, según el Diario de Córdoba, “grupos de mujeres habían obligado a varias sirvientas a salir de las casas en las que se hallaban colocadas” para que se sumaran al paro.

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Con este titular encabezó el periódico El Socialista la noticia que publicó, el 13 de noviembre de 1920, sobre la huelga de Lucena.

El día 6 el alcalde emitió un bando prohibiendo la concentración de grupos de personas en las calles y las reuniones en el Centro obrero. Una comisión de obreros se dirigió entonces a la casa del alcalde, custodiada por seis parejas de guardias civiles, que estaba situada en la esquina de la plaza del Coso con la calle Juan Valera (actual edificio de Videoluc). Le solicitaron que se les dejara reunirse para poder debatir qué contestar a la propuesta de los patronos, con los que habían acordado citarse al día siguiente, a lo que se negó. Cuando los miembros de la comisión se dirigieron a la Casa del Pueblo a comunicar la decisión del alcalde, se presentó la Guardia Civil y la Municipal que los expulsó de malos modos. El día 7 de noviembre, 150 guardias civiles llegaron de refuerzo a Lucena para garantizar el orden público. A las diez de la mañana, tal y como habían acordado con anterioridad, patronos y obreros se reunieron en el Ayuntamiento y llegaron a un acuerdo para las bases de trabajo al aceptar los patronos las demandas de los trabajadores. La huelga había llegado a su fin. El triunfo sindical no tuvo su correspondencia política, pues como hemos señalado con anterioridad, Largo Caballero no consiguió ser elegido diputado por la circunscripción de Lucena al mes siguiente.

Finalizado el trienio bolchevique, desde 1921 hubo un descenso cada vez mayor de la agitación social debido a que se siguió aplicando una fuerte represión contra el movimiento obrero y a la desaparición de la gran mayoría de las sociedades anarquistas, que habían sido las más combativas durante los años precedentes. El golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923 y su posterior dictadura, la persecución de anarquistas y comunistas y la actitud de colaboración del socialismo español con el régimen dictatorial influyeron también en una pacificación temporal. De hecho, dirigentes obreros lucentinos que habían tenido una especial relevancia durante el trienio bolchevique, como Rafael Lozano Córdoba y el abogado Antonio Buendía Aragón, participaron en el banquete de homenaje a Primo de Rivera, al que asistieron tres mil personas (63 de ellas lucentinas), que tuvo lugar en Córdoba el 24 de mayo de 1925, e incluso Rafael Lozano, presidente del Centro Obrero desde al menos 1923, realizó un brindis en honor del dictador (según informó el periódico Lucena en su edición del 30 de mayo de 1925). La Agrupación socialista de Lucena ya había dejado de tener actividad desde antes de la dictadura de Primo de Rivera hasta que fue refundada en octubre de 1929, bajo la presidencia de Luis Fuentes Flores, por los agricultores de la sociedad obrera que aún pervivía en la Casa del Pueblo. Sin embargo, habrá que esperar a los meses anteriores a la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, para que el movimiento obrero lucentino adquiera nuevos bríos.

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