Javier Tubío Aranda, primer alcalde de Lucena durante la II República

Javier Tubío Aranda nació en Lucena el 3 de diciembre de 1878 en una familia de posición acomodada. Sus padres se llamaban Araceli y José, y entre sus hermanos encontramos a un médico (José), un juez (Jorge) y un profesor (Manuel). Cuando se casó con Antonia Beato Ramírez, estableció su domicilio en el número 20 de la plaza Conde de Prado Castellano, hoy plaza del Coso. Trabajó de perito mercantil, contable e inspector de seguros. Desconocemos cuándo se comprometió políticamente con el republicanismo, pero es posible que desde la fundación en 1910 de la agrupación local del Partido Republicano Radical, una organización política creada en España dos años antes por Alejandro Lerroux con un discurso populista y anticlerical que poco a poco se moderaría.

El republicanismo fue la principal minoría de oposición en el Parlamento español desde el comienzo del reinado de Alfonso XIII, en 1902, hasta la imposición de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en 1923. Los republicanos se presentaron a menudo a las elecciones coaligados con el PSOE, tuvieron una fuerza importante en las zonas urbanas y aglutinaron en su seno a un amplio sector de la burguesía progresista y de las clases populares. Como el sistema político de la Restauración se basaba en el fraude electoral y el turno pactado entre los dos grandes partidos dinásticos, liberales y conservadores, la implantación del republicanismo resultó más dificultosa en el ámbito rural, donde la libertad de voto era menor y la influencia caciquil más acusada. Precisamente por ello, en Lucena uno de los objetivos del republicanismo fue la lucha política contra Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado liberal por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados en sucesivas elecciones desde 1905 a 1923, dos veces ministro y cabeza visible en la localidad del sistema político que los antimonárquicos querían enterrar.

Cuando hizo falta, como ocurrió de manera más descarada en las elecciones a Cortes de 1905 y 1919, para mantener su escaño de diputado y derrotar a la oposición, Martín Rosales y sus partidarios lucentinos no dudaron en usar las trampas caciquiles: manipulación electoral, coacciones, compra de votos, falseamientos de actas, atropellos de los funcionarios, uso de la fuerza pública, encarcelamientos de candidatos y apoderados, etc. El fraude electoral resultaba a veces tan escandaloso que, en noviembre de 1911, Javier Tubío y el también republicano José López Jiménez llegaron a solicitar en una instancia al alcalde que se anularan las elecciones municipales por las irregularidades que habían detectado.

El republicanismo constituyó una ideología muy minoritaria en Lucena a principios del siglo XX, sin representación en el Ayuntamiento y sin candidatos que se atrevieran a presentarse para diputados a Cortes por el distrito electoral. Sin embargo, los antimonárquicos expandieron su influencia de manera paulatina y en las elecciones municipales del 14 de noviembre de 1914 Javier Tubío obtuvo una concejalía. A partir de entonces, se convirtió en el edil con más mociones planteadas y con mayor número de intervenciones en el pleno municipal. Que sepamos, esta es la primera vez que un republicano obtiene el acta de concejal en Lucena en el siglo XX.

Tras la siguiente convocatoria electoral municipal, en noviembre de 1917, Javier Tubío ya disfrutó de un nuevo compañero republicano en el Ayuntamiento, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba. En febrero de 1920, en plena efervescencia obrera y sindical del llamado “trienio bolchevique” en Andalucía, los republicanos lucentinos rentabilizaron su influencia sobre la clase trabajadora y aumentaron sus concejales a cuatro, con la presencia del propietario José López Jiménez y del abogado Miguel Víbora Blancas. Los cuatro, junto a Manuel Tubío (hermano de Javier), el industrial Domingo Cuenca Aranda, Zenón Cuenca, Eduardo Álvarez, Miguel Cruz y Antonio Pedro Lara constituyeron la delegación lucentina que asistió en Madrid, del 14 al 21 de noviembre de 1920, al Congreso Nacional de la Democracia Republicana, en el que resultó elegido Alejandro Lerroux como presidente de la Junta Nacional Republicana que debía reorganizar el partido. Del auge del republicanismo lucentino en ese año da fe el que Javier Tubío presentara su candidatura para diputado a Cortes por el distrito de Lucena, aunque la retiró antes de las elecciones, que se celebrarían el 19 de diciembre.

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Javier Tubío Aranda (de pie, tercero por la izquierda). A su lado, otras tres figuras prominentes del republicanismo histórico en Lucena: Domingo Cuenca Navajas (de pie, segundo por la izquierda), Anselmo Jiménez Alba (de pie, cuarto por la izquierda) y José López Jiménez (sentado, segundo por la izquierda),

Tras las elecciones de febrero de 1922, a consecuencia del abatimiento y la represión que sufrió el movimiento obrero andaluz tras el “trienio bolchevique”, la cifra de ediles republicanos bajó a dos, y solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez Alba. Este Ayuntamiento, al igual que todos los de España, cesó debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923 del general Miguel Primo de Rivera. Hasta este momento, y desde finales de 1914, los republicanos lucentinos habían conseguido representantes en la Corporación en las cuatro elecciones municipales bianuales celebradas, y Javier Tubío había sido el único concejal que había repetido en todas las ocasiones.

El 17 de agosto de 1930 dirigentes republicanos y socialistas firmaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de establecer una república democrática y de derrocar al rey Alfonso XIII, a quien acusaban de haber apoyado el golpe de Estado de Primo de Rivera y de haber permitido la instauración de una dictadura, que en esos momentos se encontraba en manos del general Dámaso Berenguer. Su sucesor, el almirante Aznar, con la intención de volver a la normalidad constitucional, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían —como la mayoría de los ciudadanos— que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE y el Partido Republicano Radical, se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Partido Social Democrático, y a un candidato comunista, el propietario y abogado Antonio Buendía Aragón. Las elecciones del 12 de abril de 1931, en las que aún solo podían votar los varones, depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos. En total, dieciocho concejales republicanos frente a siete monárquicos. En el resto de España conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios.

Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor —roja, amarilla y morada—, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 de abril los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora —sobre quien también recaía la jefatura del Estado—, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos. Se iniciaba así, de forma esperanzadora y pacífica, y en medio del entusiasmo popular, el primer régimen democrático de la historia de España y uno de los procesos de cambio político más trascendentales del siglo XX.

El día 15 de abril por la tarde el gobernador civil de Córdoba nombrado por el Gobierno republicano —el abogado y catedrático Antonio Jaén Morente— anunciaba por telegrama el envío de un delegado para constituir el nuevo Ayuntamiento de Lucena salido de las urnas, y advertía de la conveniencia de mantener el orden “en bien de la República”. A las siete de la tarde se personaba como delegado del gobernador el abogado Francisco de la Cruz Ceballos que, a la una de la madrugada del día 16, en el salón de sesiones, en presencia de los concejales republicanos y siguiendo instrucciones superiores nombró alcalde provisional a Javier Tubío. Después del delegado del gobernador, habló el propio Tubío para agradecer el nombramiento y resaltar que pondría toda su voluntad en el desempeño de su cargo, con la esperanza de “verse asistido por todo el pueblo general por ser el único soberano”.

El 17 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento con los concejales proclamados el día anterior por la Junta Municipal del Censo Electoral. Javier Tubío resultó elegido alcalde por el pleno con veintidós papeletas a favor y una en blanco. Tras la elección de los tenientes de alcalde, Javier Tubío pidió un minuto de silencio en memoria de los “mártires de la libertad”, capitanes Fermín Galán y García Hernández, fusilados por su participación en la fracasada sublevación republicana de Jaca de diciembre de 1930. Terminó la sesión con un “¡Viva la República!”, contestado por todos los presentes. La corta experiencia de Javier Tubío como alcalde, pues dimitiría tres meses después, vendría condicionada sobremanera por la crisis obrera, en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Así que su gestión se basó fundamentalmente en conseguir de la Administración obras públicas y subsidios para los parados y en intentar aplicar, sin éxito, el decreto de Laboreo Forzoso, que obligaba a los patronos a dar trabajo a los desempleados de acuerdo con la extensión de sus fincas. También, en un acto de generosidad institucional, Javier Tubío renunció a las doce mil pesetas anuales que tenía asignadas para gastos de representación de la alcaldía en beneficio de los obreros parados.

Es posible que en la elección de Javier Tubío Aranda como alcalde influyera su filiación masónica, que compartía con el gobernador civil Antonio Jaén Morente. Los orígenes de la masonería en Lucena se remontaban al siglo XIX, ya que había funcionado la logia Isis antes de 1873, y entre 1880 y 1887 se constituyó Isis Lucentino. Sin embargo, fue durante la República cuando la masonería adquirió relevancia política, no tanto por su número de miembros sino por la actividad y el compromiso de los mismos. Este fenómeno ocurrió de manera similar en la política nacional y en la cordobesa, como lo prueba que seis de los doce diputados elegidos por Córdoba en las elecciones legislativas que se celebraron el 28 de junio de 1931 eran masones.

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Ficha de ingreso de Javier Tubío en la logia cordobesa Turdetania en 1919.

El 26 de marzo de 1919, Javier Tubío, con 40 años, se inició en el rito masónico como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. Tomó el nombre simbólico de Voltaire, en honor al filósofo de la Ilustración francesa. En octubre de 1926 alcanzó el grado tres y cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo masónico Isis Lucentino ejerció como venerable maestro de taller, del que eran únicos hermanos cuatro futuros concejales en abril de 1931: Anselmo Jiménez Alba, Domingo Cuenca Navajas, José López Jiménez y Antonio Buendía Aragón (los tres primeros republicanos y el último comunista), lo que demuestra un compromiso político de los masones lucentinos sin comparación con ningún pueblo de la provincia. El 23 de junio de 1934, la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, incluyó a Javier Tubío en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Los masones profesaban una ideología política variada, tanto en Lucena como en el resto de España. No obstante, su pensamiento político, que sería puesto en práctica en gran medida por el Gobierno republicano, se reflejó en mayo de 1931 en la declaración de principios elaborada por la Gran Logia Española: libertad de pensamiento, expresión y religión; igualdad ante la ley, sufragio universal, separación de la Iglesia y el Estado, matrimonio civil y divorcio, expulsión de las órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de asociaciones, abolición de la pena de muerte, ejército voluntario, enseñanza laica y gratuita, usufructo de la tierra por aquellos que la trabajan e implantación de un Estado federal.

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Javier Tubío, en el centro (sentado, cuarto por la izquierda), junto a otros comensales republicanos.

El 28 de junio de 1931, poco más de un par de meses después de la proclamación de la República, se convocaron elecciones legislativas. En Lucena, los socialistas obtuvieron mayoría absoluta con el 52,10% de los votos, seguidos de los republicanos, que lograron el 32,70%. En toda España el resultado fue muy similar, con victoria del PSOE, presencia muy importante de republicanos de diverso signo y escasa representación derechista. Tras la espectacular victoria socialista en Lucena, Javier Tubío presentó su dimisión irrevocable de la alcaldía el 6 de julio alegando razones de enfermedad. Le sustituyó el primer teniente de alcalde, el abogado socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Posiblemente, en esta decisión pesara el pobre resultado obtenido por la candidatura republicana lucentina en comparación con la del PSOE, lo que quizás fuera entendido por Javier Tubío y los republicanos como una falta de respaldo popular a su gestión. Tras la dimisión de Javier Tubío se produjo un distanciamiento entre los republicanos radicales y los socialistas lucentinos (algo que también ocurriría en toda la provincia) y los concejales republicanos dejaron incluso de asistir a las sesiones municipales hasta enero de 1932, aunque ya con anterioridad ambos partidos habían manifestado su desacuerdo en temas de política municipal y de solución de la crisis obrera.

Javier Tubío continuó con su actividad política fuera de la alcaldía, pues era además presidente del Partido Republicano Radical. El día 27 de agosto de 1931, por ejemplo, intervino en un acto público en el Centro Republicano, en el que ante el clima de conflictividad social resaltó la “conveniencia de admitir por parte de los poderosos el avance social bien ordenado pues si insisten en conservar su predominio intacto a toda costa, ello sería causa del desenfreno de los humildes hasta ahora, que no están dispuestos de ninguna manera a seguir en la misma situación”. También, en la noche del 2 de noviembre participó en un ciclo de conferencias en el Centro Republicano en las que disertaron otros dirigentes locales del partido (Lucas Ruiz de Castroviejo Burgos y Rafael Ramírez Pazo).

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Hoja pública difundida por Javier Tubío en la que informa de su nueva militancia en Acción Republicana.

En Lucena, el progresivo giro hacia el conservadurismo por parte del Partido Republicano Radical y las injerencias en el comité local del jefe provincial, Eloy Vaquero Cantillo, determinaron la salida de algunos de sus representantes históricos. Así, aunque el 16 de septiembre de 1932 Javier Tubío había sido nombrado diputado provincial en representación de los radicales, ya en la IV Asamblea Nacional de Acción Republicana —el partido del presidente de gobierno Manuel Azaña— celebrada en los días 14 a 16 de octubre, resultó elegido miembro de su Consejo Nacional. En enero de 1933 ya pertenecía al Consejo Provincial provisional que se encargaría de la reorganización del partido en la provincia y en marzo de 1933 se convertiría en presidente honorario de la agrupación local lucentina junto a Isidoro Vergara Castillo. El presidente efectivo sería su hermano Manuel, el vicepresidente Francisco Alba Sánchez, el secretario Ramón Cámara Muñoz, el tesorero Francisco Berjillos Vargas, y los vocales Emiliano Cámara Muñoz, Juan Rivas Lozano, Rafael Cazorla Ávila, Juan Antonio Peñalver Navarro, José Ayala Cuenca y Rafael Beato Cayaba.

Más adelante, el 23 de julio de 1933, en representación de los consejos locales de Acción Republicana de la campiña cordobesa, Javier Tubío participó en un mitin en el Gran Teatro de Córdoba , en el que recibió grandes aplausos. Manifestó que su partido tenía la intención de “luchar contra la reacción que pretende obstruir el camino por donde marcha triunfante la revolución española” y que “el reto lanzado por las derechas a las izquierdas revolucionarias españolas debe aceptarse, pero si es preciso hay que luchar en la calle”.

Javier Tubío (segundo por la izquierda) y otros dirigentes cordobeses se dirigen a la Asamblea Nacional de Acción Republicana el 14 de octubre de 1932.

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones legislativas de la II República. Frente a una derecha unida, los republicanos acudieron a las urnas divididos, enfrentados casi en todas partes. Los republicanos de izquierda crearon en Córdoba una coalición con el nombre de “Republicanos de Izquierda y Alianza de Labradores (arrendatarios, aparceros y medianeros)”, en la que participaban Acción Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista y la Alianza de Labradores. Junto al lucentino José Almagro García (perito industrial y mercantil, administrado de las bodegas de la viuda de Ruiz Onieva y presidente del Partido Radical Socialista) y Antonio Romero Romero, todos candidatos a Cortes, creó un equipo de propaganda que solo entre 8 y el 14 de noviembre desarrolló actos electorales en 31 pueblos del sur de Córdoba, para continuar en los días siguientes con la misma labor en las localidades de la sierra cordobesa.

Javier Tubío (de pie, segundo por la izquierda, con traje claro) en una acto de Izquierda Republicana en Córdoba.

A pesar de la intensa campaña desarrollada por la coalición de Javier Tubío, en la primera vuelta de las elecciones la lista de derechas consiguió la victoria en Lucena (36,36% de los votos), seguida de los comunistas (24,84%). La coalición de republicanos de izquierdas solo obtuvo el 5,83 %. Sin embargo, como las listas eran abiertas y cada elector podía señalar hasta diez nombres, él dobló en votos a los otros candidatos de su coalición. De los 9.593 lucentinos que acudieron a las urnas, incluidas por primera vez las mujeres, 1.263 depositaron su confianza en él. Los grandes triunfadores de las elecciones en España fueron la CEDA (la coalición de la derecha católica dirigida por José María Gil Robles) y el Partido Republicano Radical. Tras su derrota, se produjo una reorganización de las fuerzas republicanas españolas de centro izquierda. Así, en abril de 1934 surgió Izquierda Republicana, el nuevo nombre que tomó Acción Republicana tras su fusión en abril de 1934 con un sector del Partido Radical Socialista y con los republicanos gallegos de Casares Quiroga. A principio de junio se constituyó la junta directiva del partido en Lucena, presidida por Javier Tubío e integrada por Manuel Molero Bergillos (vicepresidente), Francisco Alba Sánchez (secretario) y Francisco Berjillos Vargas (tesorero).  

La CEDA y los radicales, solos, en coalición entre ellos o con otros partidos de derechas controlaron el gobierno desde diciembre de 1934 hasta enero de 1936. Durante su mandato, se produjo una corrección o paralización de la política reformista del primer bienio republicano que en la provincia de Córdoba se manifestó en la sustitución de varios ayuntamientos. Así, el 15 de octubre de 1934 el gobernador civil “suspendió” a toda la Corporación municipal de Lucena y nombró delegado del Gobierno en el Ayuntamiento al secretario Marceliano Izquierdo, que convocó una sesión extraordinaria municipal al día siguiente. Leído el oficio de destitución por el secretario, el alcalde saliente, Vicente Manjón-Cabeza (expulsado de las filas del PSOE), mostró en nombre de todos los concejales su extrañeza por la medida, pues no conocía ley alguna que autorizara a los gobernadores civiles para tal destitución, y alegó que el Ayuntamiento lucentino siempre había estado a las órdenes de las autoridades constituidas. A esta protesta se adhirió Javier Tubío por Izquierda Republicana. El 22 de octubre el gobernador nombró a los nuevos concejales interinos lucentinos (todos, menos uno, de la CEDA y del Partido Republicano Radical), que designaron alcalde al radical Bernardo Fernández Moreno.

Durante 1935, las secuelas de la política conservadora convencieron a la izquierda de la necesidad de unir sus fuerzas. Cuando se convocan nuevas elecciones legislativas para el 16 de febrero, la izquierda se presentó unida en una coalición electoral denominada Frente Popular —en la que participaba la Izquierda Republicana de Javier Tubío, la Unión Republicana, el PSOE, el partido comunista, etc.— que obtuvo la victoria con un programa electoral relativamente moderado, continuista respecto a la política reformista del primer bienio. En Lucena el Frente Popular también ganó y obtuvo el 53,66% de los votos frente al 38,32% de las derechas.

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La bandera republicana, en la parte superior, preside una comida de concejales del Frente Popular en 1936. De izquierda a derecha: Francisco Verdejo Ordóñez, Manuel Molero Bergillos, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba (alcalde), Javier Tubío Aranda, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”.

Una de las primeras medidas que tomó el Frente Popular después de su triunfo fue la reposición de los ayuntamientos surgidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados por las arbitrariedades de los anteriores gobernadores civiles. En Lucena, el nuevo gobernador civil del Frente Popular nombró una comisión gestora el día 22 de febrero, integrada por casi todos los concejales electos en febrero de 1931 por la lista republicana. Como los concejales socialistas desistieron de volver a la política municipal en protesta porque la nueva gestora no reponía a todos los concejales elegidos en 1931 ni respondía a la correlación de fuerzas del Frente Popular, el nuevo Ayuntamiento se constituyó con algunos de los antiguos concejales de elección popular y los nuevos concejales interinos nombrados por el gobernador. Tras una votación, se nombró alcalde el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, de Unión Republicana, y como segundo teniente de alcalde a Javier Tubío, de Izquierda Republicana. Al igual que ocurrió en el primer bienio republicano, el interés del Consistorio se centró en la solución de la crisis obrera. Como hecho relevante, a comienzos de mayo, una delegación de cuatro concejales, compuesta por Javier Tubío, Domingo Cuenca Navajas, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Bergillos Gálvez, viajó a Madrid para gestionar la realización de algunas obras para dar trabajo a los parados y consiguió poner en marcha varios expedientes ministeriales, relativos a la construcción de locales apropiados para correos y telégrafos, la estación olivarera y la cárcel.

La corta experiencia de gobierno del Frente Popular terminó en muchas zonas de España con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En Lucena, esa tarde, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las cinco de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Reclutas, emitió el bando de guerra. El 20 de julio, a las diez de la noche, había convocada sesión municipal ordinaria. El bando de guerra, que prohibía la libre circulación desde las nueve de la noche y las reuniones sin permiso de la autoridad militar, no permitió a los concejales reunirse en el ayuntamiento, por lo que se convocó nueva sesión para el día 22. A las seis de la tarde de este día, con la autorización del teniente coronel Tormo Revelo y bajo la presidencia del segundo teniente de alcalde, Javier Tubío, que actuó como alcalde accidental, se reunieron seis concejales bajo la supervisión del delegado de la autoridad militar. En esta sesión, y como una manera de mostrar su desacuerdo con la sublevación, Javier Tubío solicitó licencia por tiempo indeterminado. A continuación, el comandante militar de Lucena destituyó a toda la Corporación municipal y nombró alcalde a Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil.

El término preciso para referirnos a lo que sucedió en Lucena entre 1936 y 1939 no es el de guerra civil, sino el de represión, pues en la localidad no hubo resistencia armada al golpe de Estado, combates u operaciones militares. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas —en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes— y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes, por lo que hubo que habilitar hasta seis cárceles, incluidos dos conventos y la antigua plaza de toros. De los concejales elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, ocho acabarían pronto fusilados: cuatro socialistas (Rafael Lozano Córdoba, Antonio Palomino Luque, Manuel Burguillos Serrano y José López Antequera) y cuatro republicanos. Estos últimos habían vuelto a su cargo en febrero de 1936, repuestos por el gobernador civil del Frente Popular. Para su desgracia, pertenecían además al triángulo masónico Isis Lucentino, lo que en pleno apogeo de la teoría del “complot bolchevique-judeo-masónico” como causante de todos los males de España agravaba aún más su situación.

Javier Tubío intuyó que sería una de las víctimas, ya que le comentó a su mujer que “el campo era labor de viudas”. Según el testimonio de su hija, Araceli Tubío Beato, su padre fue apresado el 31 de julio por el guardia civil Antonio Bermúdez Rocher. Cuando el guardia se personó en el domicilio, Javier Tubío no se encontraba allí, así que amenazó a su esposa y a su hija con detenerlas si no aparecía en dos horas (este guardia utilizó el mismo método expeditivo de arresto con otras familias lucentinas, según los testimonios que recogí en su momento).

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La cárcel del Coso aparece a la izquierda y al fondo, con un mástil en la puerta.

Tras su detención, condujeron a Javier Tubío a la cárcel del Coso, situada a escasos metros de su casa, donde el capitán de Infantería de la Caja de Reclutas Joaquín López Tienda ordenó que se le castigara encerrándolo en una incómoda y minúscula celda que se había improvisado en el hueco de la escalera. Como los familiares debían llevar la comida a los presos, se comunicaba con su mujer a través de unas notas que ocultaba en la cesta de los alimentos, así que un día le escribió que quemaran todos sus papeles por temor a que pudieran comprometerle. A la vez, en un intento de congraciarse con sus captores, y según publicó el periódico católico local Ideales el 24 de agosto de 1936, donó 250 pesetas (el jornal diario rondaba entonces las cinco pesetas) para la suscripción de oro para el Tesoro, una de las múltiples colectas que se organizaron en aquellas fechas para recaudar fondos en las zonas controladas por los militares sublevados. Mientras, su esposa y su hija iniciaron una peregrinación desesperada por los domicilios de personas influyentes con la finalidad de pedir clemencia para él, sin obtener ningún resultado. Por ejemplo, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego, conocido en Lucena con el apodo de Teniente Polvorilla, las echó a la calle sin contemplaciones.

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Foto de la zona de fosa común del cementerio de Cabra, donde posiblemente se enterraría a Javier Tubío el 29 de septiembre de 1936.

A los pocos días de la detención de Javier Tubío, siguieron igual destino los otros masones del Consistorio: el alcalde Anselmo Jiménez Alba, el concejal de Izquierda Republicana José López Jiménez y el también concejal, diputado provincial y presidente de la agrupación local de Unión Republicana Domingo Cuenca Navajas. Todos ellos, junto con otros presos, salieron de Lucena en la noche del 28 al 29 de septiembre rumbo a Córdoba. El camión que los transportaba se detuvo a la altura del cementerio de Cabra, donde fusilaron a Javier Tubío, que entonces tenía 58 años de edad. Los demás prosiguieron el camino hasta Córdoba. Allí mataron a Anselmo Jiménez, José López y Domingo Cuenca un mes exacto más tarde, el 29 de octubre. El único miembro del triángulo masónico que consiguió escapar de la muerte fue el exconcejal Antonio Buendía Aragón, al que le sorprendió la sublevación militar en Madrid.

Javier Tubío posee el triste honor de ser el primer fusilado de la guerra civil que se anota en el Registro Civil de Lucena, el 22 de noviembre de 1937, casi 14 meses después de su muerte. La tardanza no resulta extraña porque todas las inscripciones de fusilados se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran. Durante los tres años de guerra sólo encontramos a cuatro fusilados en el Registro Civil de Lucena. El resto se inscribieron en años posteriores e incluso se produjeron diez asientos después del 18 de septiembre de 1979, como consecuencia de la Ley del gobierno de Adolfo Suárez sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares fallecidos a consecuencia de la guerra civil.

Hemos de tener en cuenta que el impacto de la represión resultó tan brutal que muchas familias no asentaron a sus seres queridos en el Registro Civil por temor, porque nunca lo intentaron, renunciaron a hacerlo ante las dificultades o porque emigraron de la localidad. De los al menos 130 vecinos de Lucena fusilados durante la guerra civil, 61 (47% del total) no aparecen en el Registro Civil. Sus nombres se hubieran perdido para la Historia a no ser por la labor de identificación que inició en los años ochenta del siglo pasado el historiador Francisco Moreno Gómez, continuada por mi desde finales de los noventa.

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Partida de defunción de Javier Tubío Aranda.

Los registros civiles españoles son poco fiables no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar, la fecha de la muerte y la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. Además, resultan frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “no consta”. Así, en el acta de defunción de Javier Tubío no se indica la causa del fallecimiento y se apunta literalmente que “apareció muerto en la madrugada del 28 al 29 de septiembre de mil novecientos treinta y seis en las inmediaciones del Cementerio de Cabra, según resulta de la orden y testimonios presentados y su cadáver recibió sepultura en el Cementerio de Cabra”. Las inhumaciones de los fusilados también fueron irregulares y se efectuaban en fosas comunes, sin anotar el enterramiento en los libros de cementerio, como sucedió en este caso.

Tras el fusilamiento de Javier Tubío, su mujer y su única hija debieron soportar no solo el dolor de su muerte, sino las distintas formas de represión económica que se arbitraron contra los republicanos y sus familias en la España franquista. Los expedientes personales de Javier Tubío que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, relativos a la aplicación en su contra de la Ley de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo, nos han ayudado en buena medida a rastrear cómo afectó este proceso a su familia.

El 11 de noviembre de 1936, Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería y juez instructor militar de Lucena, cumpliendo un bando de 11 de septiembre sobre incautación de los bienes de personas “culpables de actividades marxistas o rebeldes”, ordenó abrir expediente a Javier Tubío. A partir de enero de 1937, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes continuó la tramitación del expediente. El juez de Lucena citó a Javier Tubío para ser oído en el caso, pero al desconocerse su paradero se publicó el 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia la cédula de citación para que compareciera en el juzgado en el plazo de ocho días hábiles. Junto a él se convocaba también a Antonio Buendía Aragón, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba, José Almagro García, Antonio Cortés Gallardo y José López Jiménez, “cuyo actual paradero se desconoce”, “con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil (…) como consecuencia de la oposición al Triunfo del Glorioso Movimiento Nacional”. Esta citación era un puro formalismo jurídico, pues de los siete nombrados, cinco ya habían sido fusilados, entre ellos él.

Desconocemos si el expediente de incautación de bienes contra Javier Tubío originó alguna sanción para su familia. En la entrevista que mantuve con su hija, me contó que les quitaron la cosecha de aceitunas del año 1936, pero que luego se la devolvieron por intervención personal del teniente de la caja de Reclutas de Lucena Rafael García Rey, quien solía ser el administrador de los bienes que se embargaban a los republicanos en aquellas fechas.

Carnet de masón de Javier Tubío conservado por la familia.

Al igual que los expedientes de incautación de bienes, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió también para castigar económicamente a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional —forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado— con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes, de los que 6.454 correspondieron a la provincia de Córdoba, según el historiador Antonio Barragán Moriana. La sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas contra Javier Tubío se emitió en Sevilla el 28 de junio de 1940 y terminó con una multa de 15.000 pesetas. El tribunal estaba presidido por Rafael Añino Ilzarbe y de vocales ejercían Francisco Díaz Pla y Francisco Summers e Isern. Los motivos de la sanción consistían en que había sido jefe local de Izquierda Republicana, masón y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento del Frente Popular. La sentencia señalaba también que “dejó una sola hija hoy con veintitrés años de edad y bienes con valor aproximado de sesenta mil pesetas”.

La viuda presentó un recurso de alzada pocos días después, el 8 de julio de 1940, en el que solicitaba que se revocara la sentencia y que se absolviera de responsabilidad a su difunto esposo. En recurso alegaba, entre otras razones, que la sentencia partía “de supuestos de hecho erróneos y de ilógica aplicación del derecho” y que “las figuras de delito que se le atribuyen han nacido a la vida del derecho después de la muerte del inculpado”, remarcando con ello la barbaridad jurídica que suponía castigar a alguien por haber sido masón o haber militado en un partido político cuando esas filiaciones eran legales en el momento en que se habían producido. También apuntaba que la riqueza catastral de su marido era de 13.950 pesetas y no de 60.000, para lo que presenta un certificado catastral del Ayuntamiento en el que constaba que sus únicos bienes rústicos consistían en una finca de olivar y cereal de 11 hectáreas. El recurso iba firmado con el nombre de “Antonia Beato Vda. de Tubío”.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas estimó en parte, con fecha de 27 de marzo de 1941, el recurso de alzada. Consideró que “dadas las circunstancias especiales que concurren en el caso de autos y muy singularmente las de haber acatado el expedientado, alcalde interino a la sazón en el pueblo de Lucena, la declaración del estado de Guerra, así como la de haber de recaer exclusivamente la sanción que se imponga sobre una hija del expedientado, no puede menos de estimarse la procedencia de reducir a doscientas cincuenta pesetas la sanción económica impuesta”. Tras pagar la multa, la viuda y la hija de Javier Tubío pudieron acceder por fin a la libre disposición de los bienes de la herencia.

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Investigación secreta,  en 1944, sobre los antecedentes de Javier Tubío.

Junto a la Ley de Responsabilidades Políticas, a Javier Tubío se le aplicó otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Tras una fase de investigación secreta de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de la Gobernación, su expediente se abrió el 3 de octubre de 1944. El juzgado del caso recabó información sobre los “antecedentes masónicos y político sociales” de Javier Tubío al cuartel de la Guardia Civil de Lucena. El comandante de puesto, Ramón Cívico Quintana, le contestó cinco días más tarde que “a dicho individuo le fue aplicado el Bando de Guerra (…) por sus ideologías extremistas”. En consecuencia, el 20 de diciembre de 1944 el juez sobreseyó el asunto, pues según esta ley —y a diferencia de la Ley de Responsabilidades Políticas— la muerte del encausado extinguía su responsabilidad criminal y civil.

Para finalizar esta entrada del blog, debo señalar que he podido reconstruir de manera resumida la trayectoria histórica de Javier Tubío  gracias a mis investigaciones y a dos personas. Por un lado, Javier Tubío Ordóñez, sobrino bisnieto de Javier Tubío Aranda, que me alentó hace unos meses a que retomara mi labor investigadora sobre su antepasado y me facilitó algunos datos interesantes obtenidos del testimonio de sus tías.

La otra persona a la que debo agradecimiento es Araceli Tubío Beato, hija única de Javier Tubío, ya fallecida. La entrevisté en Córdoba capital en abril de 1997, cuando tenía 80 años. Era una señora culta y elegante. Se había trasladado allí después de haber vivido durante mucho tiempo en Ceuta. Su padre siempre había defendido que la mujer debía formarse y ejercer una profesión que le diera autosuficiencia, para no sentir la necesidad de depender económicamente de un varón. Esa filosofía la aplicó con su hija, así que entre los años 1930 y 1935 —coincidiendo prácticamente con el periodo de la II República— ella estudió Magisterio en Madrid, en la prestigiosa Residencia de Señoritas, homóloga de la masculina Residencia de Estudiantes. Esa residencia estaba ligada a los principios pedagógicos renovadores de la Institución Libre de Enseñanza y allí se formaron las élites sociales e intelectuales femeninas de la época.

Araceli elogiaba mucho a su padre, hasta el punto de que después de su muerte le rindió su particular homenaje estudiando la carrera de Derecho, pues él siempre quiso que fuese abogada. Según su testimonio, su progenitor poseía una profunda espiritualidad, admiraba a Jesucristo y a San Francisco de Asís y repartía dinero de manera generosa a los pobres. Nunca quiso abandonar Lucena, a pesar de que le ofrecieron ser gobernador republicano de León y un alto cargo en Canarias. Mantuvo una buena amistad con Manuel Azaña y con Santiago Casares Quiroga, ambos presidentes del Gobierno durante la II República, pero por desgracia la correspondencia con ellos y otra documentación personal que él creyó comprometedora ordenó destruirla cuando se encontraba preso en 1936. Según me confesó Araceli Tubío en la conversación que mantuvimos, su deseo (murió en el año 2009) era que la enterraran con su padre, algo que por desgracia no pudo cumplir, pues nunca lograron saber donde se encontraban sus restos.

Los presos de Baena en la posguerra

Al finalizar la guerra civil española, el 1 de abril de 1939, cientos de miles de refugiados que habían huido de las zonas ocupadas por el Ejército franquista desde el 18 de julio de 1936 debieron emprender, por mandato de las nuevas autoridades, el regreso a sus hogares. También volvieron a sus domicilios, tras su paso por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias, los 507.000 soldados republicanos que se hacinaban en campos de concentración construidos en edificios dispares y descampados, donde no se respetaban las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra.

El control de los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos los que llegaban debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen, donde se les fichaba a través de un breve informe. En él se anotaban sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra, una información que serviría de base para ulteriores acciones represivas. Ya el 9 de abril de 1939, el alcalde de Baena solicitó al teniente jefe de línea de la Guardia Civil que “sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberles por vía judicial, se formule sobre cada uno de ellos por la fuerza de la Guardia Civil el correspondiente atestado entregándolo en el Depósito municipal y las actuaciones a esta alcaldía a fin de poner a los individuos en cuestión a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”.

Según el libro de presentados de la “zona roja”, que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, 2.174 personas regresaron oficialmente a Baena como vencidos desde la España republicana. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de vecinos que huyeron del pueblo tras la entrada el 28 de julio de 1936 de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga, pues en ella no aparecen los nombres de los refugiados muertos durante los tres años de guerra, de los que permanecían apresados en otros lugares, de los exiliados y de los menores de edad. Aparte, este libro de presentados tiene dos páginas rotas, lo que impide contabilizar todos los nombres que se anotaron en su origen.

A los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la legalidad juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías jurídicas ni procesales, conculcando el derecho de defensa de los encausados, que casi siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial en la posguerra puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la contienda y había soportado ya una inmensa represión durante tres años, las causas judiciales superaran las 26.000 en 1939, y en 1940 alcanzaran las 37.000.

En la posguerra, la maquinaria judicial contra los republicanos se puso en marcha en Baena el 20 de abril de 1939, cuando se nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del sector quedó establecida en Baena y el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un crucifijo y un retrato del Generalísimo Franco. Los gastos de desplazamiento del juzgado de Baena también corrieron a cargo del Ayuntamiento, incluidos los de los componentes del tribunal de los consejos de guerra que se desplazaban a Baena para los juicios. Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por el tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Baena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba a las pocas horas, después de emitir la condena. Los juicios en muchas ocasiones eran colectivos (20 encausados, por ejemplo, se juzgaron en Baena el 24 de mayo de 1939), sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que evidencia la falta de afán probatorio y la ausencia de una justicia personalizada. Los juicios se celebraban en el Teatro de Baena (en la calle Alta), donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las víctimas como de los acusados.

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José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano. Hasta julio de 1943 permaneció encarcelado en Castro del Río, Córdoba, El Puerto de Santa María, Barbastro y Noales (Huesca).

En las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. En Baena, a los detenidos se les internaba en la cárcel de la plaza Vieja y en la Tercia (en la Carrera, al lado del cuartel y del ayuntamiento), donde también se concentraban presos de Albendín, Valenzuela y Luque. En febrero de 1940 se les trasladó al convento de las monjas de Santa María de Scala Coeli, de Castro del Río, en el que se llegaron a hacinar unos 1.500 presos según el estudioso local Francisco Merino Cañasveras, y de aquí salieron para las prisiones de Córdoba en septiembre u octubre. Para muchos ahí no acabó su periplo penitenciario pues el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que se llamó “turismo penitenciario” (de Baena encontramos presos en Madrid, Burgos, El Puerto de Santa María, etc.). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y escasez.

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Manuel Cañete Tarifa, de 22 años, murió por disparos el 10 de noviembre de 1939, en Baena, al intentar evadirse en un traslado de presos.

Según ha publicado el historiador Francisco Moreno Gómez, la mortalidad entre los internos fue extrema en la cárcel de Córdoba, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. De Baena murieron 12 presos en las cárceles de Córdoba, a los que hay que sumar al menos ocho que fallecieron en distintas circunstancias (enfermedad, suicidio, torturas, intento de evasión) en otras prisiones o batallones de trabajadores.

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El preso José de las Morenas Lara, de 28 años, fue torturado en 1939 en el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Las torturas fueron una trágica realidad en todas las cárceles franquistas. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos. Un torturado ya fallecido, José de las Morenas Lara, me contó en septiembre de 2006 que cuando le tomaron declaración en el cuartel en 1939 lo mantuvieron durante cuatro horas de rodillas sobre un garrote mientras le pegaban en la espalda. Por su testimonio, sabemos también que uno de los tres miembros de la familia de los “Zarabanda”, al que habían colgado de los brazos para torturarlo, no resistió el castigo y falleció en el hospital —quizás se refiera a José Padillo Marín, preso con anterioridad en el pueblo jiennense de Torres, pues los otros dos, su padre Agustín Padillo Moraga y su tío Manuel, terminarían fusilados—. En la cárcel de Castro del Río murió el 11 de mayo de 1939 otro vecino de Baena, el campesino de 34 años Felipe Aguilera Arroyo, cuando lo arrojaron a una letrina, donde pereció por asfixia. En el cuartel de la Guardia Civil de Albendín se apaleó también a los presos por medio de golpes de vergajo, puñetazos y patadas, o se les colgaba de las manos al techo, sin atender a los lloros de las víctimas.

Antonio Rojano Hornero, con su hijo y su mujer. Falleció, con 26 años, en la cárcel de Orduña (Vizcaya) en 1940.

El franquismo utilizó a los presos como mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron económicamente tanto la dictadura como la empresa privada. En octubre de 1938 se había creado el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, encargado de la gestión de los trabajos forzados de los presos en cualquiera de sus modalidades: batallones de trabajadores (reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, disueltos en octubre de 1942), destacamentos penales y colonias y talleres penitenciarios. De Baena, al menos 172 personas sufrieron explotación laboral en batallones de trabajadores y en batallones disciplinarios de soldados trabajadores situados en Los Pastores (Algeciras), Los Barrios (Cádiz), Melilla, Tetuán (Marruecos), en el campo de aviación de Labacolla en Santiago de Compostela —aquí estuvieron internados casi todos los vecinos de Albendín que sufrieron prisión en batallones—, etc. En estos batallones, al igual que en las cárceles, los reclusos no sólo sufrieron la masificación, la falta de higiene, la comida escasa, etc., sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta, lo que explica que al menos dos hombres de Baena (Antonio Cantero Cano y Antonio Serrano Ortiz) murieran en batallones de Melilla y San Roque. Entre 1938 y 1939 existieron en Baena dos batallones de trabajadores dedicados a la construcción de fortificaciones militares, adscritos al Ejército del Sur: el nº 5, con 331 prisioneros; y el nº 37, que compartía ubicación con el pueblo vecino de Luque, con 796 internados.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, y tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes —6.454 en la provincia de Córdoba, según el profesor Antonio Barragán Moriana— que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones fusilados o en las cárceles. En Baena, al menos 199 personas (entre las que se contaban una cincuentena de presos, 27 fusilados y dos muertos en las prisiones) se vieron afectadas por esta ley y por los expedientes de “incautación de bienes pertenecientes a individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes” que se incoaron desde el verano de 1936.

Es imposible conocer el número de personas que pasaron por la cárcel de Baena en la primera posguerra. Hay un informe de la Falange del año 1945 que recoge 67 nombres, pero es muy incompleto ya que sólo se anotan los condenados a penas de prisión, pero no los sentenciados a internamiento en los batallones de trabajadores, los condenados a muerte, los liberados sin juicio o los que fueron absueltos. Por desgracia, en el Archivo Histórico Municipal de Castro del Río, el lugar a donde fueron trasladados los presos de Baena, no se conservan fichas de prisión. Aun así, a través de otros documentos del Archivo Histórico Municipal de Baena (correspondencia municipal, informes policiales, fichas de familias pobres) y de algunos testimonios orales obtuve el nombre de otros 58 encarcelados en el pueblo o en otras localidades, lo que en su momento nos dio un total de 125 prisioneros. Esta cifra es la que se publicó en la segunda edición de mi libro Baena roja y negra en diciembre de 2013.

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Uno de los documentos del juez Manuel Cubillo Jiménez, con una relación mecanografiada de presos de Baena.

En el año 2015, Gabriel Caballero Cubillo me cedió copia de 66 hojas del archivo personal de su abuelo, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena durante la primera posguerra, de donde he extraído los nombres de casi un centenar de prisioneros más de los que yo ya tenía contabilizados. En consecuencia, las cifras publicadas de presos de Baena estaban desfasadas y era necesario actualizarlas. Esa es la causa principal que motiva esta nueva entrada del blog. En este momento, ya llevamos descubierta la identidad de 224 reclusos —Baena tenía un censo de 24.830 habitantes en 1940—, a los que hay que sumar 44 presos fusilados en posguerra, 20 que fallecieron en las cárceles y en los batallones de trabajadores y 15 internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 14. Asimismo, la documentación del juez Manuel Cubillo nos ha permitido sacar a la luz la identidad de 26 presos del vecino pueblo de Valenzuela y 57 procedimientos inconclusos del juzgado militar de Baena, posiblemente referidos a las fuerzas militares que estuvieron acantonadas en el pueblo durante la guerra civil.

Junto a las listas anteriores, a continuación publicamos también, en varios enlaces, los nombres de 36 presos en campos de concentración, de 172 internos en batallones disciplinarios de soldados de trabajadores y batallones de trabajadores, de 199 afectados por expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes y de los titulares de 180 informes policiales individuales. Estos informes se elaboraban a petición de los juzgados militares, casi siempre cuando el implicado se encontraba en prisión, pero al no tener certeza absoluta de su situación no los consideramos provisionalmente como reclusos y los incluimos en una relación aparte.

 

Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabar la guerra civil española, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales cordobeses de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del juzgado se estableció en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo. Manuel Cubillo murió en 1973. Entre su legado, dejó una variada documentación oficial y unos escritos, de los que me cedió copia en 2015 su nieto Gabriel Caballero Cubillo. Estos escritos, con una pequeña biografía personal del juez y una breve introducción histórica, los publiqué en mi blog en junio de 2015 y pueden leerse en este enlace.

Ahora le toca el turno a la documentación judicial. En su origen era una enorme caja con cientos de documentos, pero a mis manos solo han llegado 66 hojas fechadas casi en su totalidad en 1939 y 1940. La inmensa mayoría son actas de declaraciones ante la Guardia Civil o ante Manuel Cubillo de detenidos y testigos, aunque también existen algunas listas de reclusos que elevan de manera significativa las cifras de presos aportadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943) y que serán motivo de una próxima entrada en este blog. De la documentación conservada he seleccionado tres historias principales: una denuncia contra siete vecinos, la aplicación de torturas en el cuartel de la Guardia Civil y una poesía escrita por un condenado a muerte.

En Baena, que en 1940 albergaba a 24.830 habitantes, la justicia militar se ejerció de manera muy rigurosa en la posguerra: 44 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, Jaén, Castro del Río y Córdoba; al menos 224 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; otros 20 murieron mientras se encontraban internados en cárceles y batallones de trabajadores; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 180 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión. Hemos de recordar que en la posguerra, a los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936. Por tanto, a través de los consejos de guerra, se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella.

El sumario de un consejo de guerra arrancaba con un atestado elaborado por el comandante de puesto de la Guardia Civil. El atestado se iniciaba tras la detención de algún “significado y peligroso marxista” o de “un sujeto revolucionario”, calificativos que por norma aparecían en las actas encabezando las diligencias, justo delante del nombre del encausado. La detención se practicaba en bastantes ocasiones como consecuencia de la denuncia de algún vecino, que a menudo aprovechaba para vengar viejas rencillas y enemistades con otros vecinos, para evitar pagar alguna deuda al denunciado o para castigar a las personas que más se habían destacado en el ámbito político y social durante la II República.

Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias en los consejos de guerra, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados. Estos informes comenzaban con una valoración genérica y peyorativa del encausado y con referencias continuas a su actuación antes del 18 de julio de 1936 (participación en huelgas, sobre todo), insistiendo en su filiación política, sindical e ideológica más que en demostrar los presuntos delitos que hubieran podido cometer (asesinatos, robos, destrucción de propiedades, etc.) durante la guerra, como ocurrió en la historia que expondremos a continuación.

Las denuncias a veces no seguían el cauce reglamentario y se remitían por el denunciante directamente al juez (o a algún conocido del juez) a través de una carta postal que podía ser anónima. Ignoramos si estas informaciones que se cursaban desde el ámbito privado incidían de alguna manera en la maquinaria judicial franquista. Entre los papeles de Manuel Cubillo se conservan varias de esas misivas, como la enviada por Francisco Pallarés Moreno, que tenía 33 años en 1939. Era hijo de Luis Pallarés Delsors, presidente en 1931 de la Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de España y gran empresario oleícola de Cabra con ramificaciones en otras localidades españolas. Un hermano de Francisco, Luis, teniente de complemento, fue uno de lo militares que se sumó a la sublevación militar en Cabra, localidad colindante con Baena, en julio de 1936. El 8 de julio de 1939 Francisco Pallarés le envío una carta a su amigo Domingo Tarifa Aranda, uno de vecinos que en julio de 1936 se había atrincherado en Baena con la Guardia Civil para apoyar el golpe de Estado. En ella le decía lo siguiente:

Mi querido amigo:

Mi Padre me hace envío de una carta que en Madrid y por pura coincidencia ha llegado a sus manos.

Me es grato adjuntársela, pues aunque no cabe duda de que la justicia de Franco habrá sido aplicada al firmante de la misma y a la mayoría de las personas que en ella se relacionan, si por cualquier causa hubieran escapado de ella, ahí va la prueba irrefutable de sus ideas.

Suyo buen amigo que le abraza.

Carta Pallarés

Copia de la carta original enviada por Francisco Pallarés Moreno.

La carta que adjuntaba Francisco Pallarés había sido enviada el 29 de abril de 1932 por el anarquista baenense Juan Misut Cañadilla al periodista y escritor Mauro Bajatierra, también libertario. Este había vivido una temporada en 1930 en el pueblo vecino de Castro del Río, lo que explicaría la relación entre ambos. En la misiva le informaba de “las malas artes que vienen empleando las autoridades y alcaldes con los obreros de Baena”, pues con motivo de la última huelga habían arrestado a “33 compañeros” de los que todavía quedaban seis presos. Juan Misut no aportaba ningún dato sobre esta huelga, ni siquiera la fecha, pero resultó una de las más importantes que vivió Baena durante la II República. Se inició el día 12 de abril y terminó el 18. Fue una huelga general, alentada por los anarquistas, y declarada ilegal por el gobernador civil. Grupos de piquetes recorrieron los cortijos para que los jornaleros se sumaran al paro e impedían salir a trabajar desde el pueblo a los campos. La Guardia Civil detuvo a algunos hombres y cuando intentó trasladarlos a la Prisión Provincial de Córdoba se reprodujeron los enfrentamientos, que causaron dos heridos. Juan Misut le pedía al periodista que hablara con el diputado del Congreso José Antonio Balbontín sobre estos arrestos y le diera publicidad en la prensa. Para ello, le enviaba los nombres de los seis detenidos y los hechos de que se les acusaban, aportándole a la vez lo que él denominaba “pruebas evidentes” que acreditaban su inocencia y los abusos que se habían cometido en su detención.

Aunque, como ya hemos señalado, desconocemos si la carta enviada por Francisco Pallarés incidió de alguna manera en el destino de los seis prisioneros y del remitente, a continuación publicamos los datos que hemos podido descubrir, a través de nuestras investigaciones, de cómo les fue aplicada a ellos o a sus hermanos la “justicia de Franco” en la posguerra:

  • Antonio Rodríguez Bonilla. Sin datos
  • Antonio Bernal Cordero, 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936.
  • José Domingo Ruiz Tapias, condenado a 12 años de cárcel.
  • Rafael Pérez Colomo, sometido a expediente de responsabilidades políticas. Su hermano José, de 23 años, soldado del Ejército republicano, falleció en el frente de Villaharta el 18 de abril de 1937. Su hermano Patricio, preso en el batallón de trabajadores 128 de Navarra. Su hermano Manuel, sometido a consejo de guerra.
  • Vicente Aguilera Pérez. Sin datos. Su hermano José, de 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 5 de septiembre de 1936.
  • Antonio Moral Carrillo, de 36 años, condenado a pena de muerte que le fue conmutada. Su hermano Emilio, de 33 años, condenado a 30 años de cárcel.
  • Juan Misut Cañadillas (firmante de la carta). Preso en el campo de concentración de Castuera (Badajoz) al finalizar la guerra civil. Su padre ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936. En los años ochenta del siglo pasado vivía en Manzanares (Ciudad Real).

Los juicios que sufrieron los republicanos en la España franquista se realizaban sin garantías para los procesados. Los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno y la instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Las torturas fueron una trágica realidad en los cuarteles de la Guardia Civil y en las cárceles franquistas, no sólo con la intención de arrancar de los presos las declaraciones que sus verdugos querían, sino también con la finalidad de castigar y humillar a los vencidos, quienes no tenían más remedio que delatar a su vez al primero que se les viniera a la cabeza con tal de acabar con su suplicio. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos y lo mismo ocurría en el cuartel de la aldea de Albendín, como ya documenté de manera sobrada en mi libro Baena roja y negra.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se conserva un acta que demuestra, según las declaraciones de un testigo, que se maltrataba a los presos con la intención de forzar sus declaraciones, sin importar que estas fueran falsas. El 26 de agosto de 1939, el sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Baena, Manuel Ramón Ramón, acompañado del guardia civil Pío Zarco Castillo, interrogó a Manuel Trujillo Priego “Vizco Trampa”, un albañil de 42 años, sobre su participación en la muerte del propietario Antonio Lara Vallejo, de 56 años. Este fue uno de los ocho asesinatos que se cometieron en las calles de Baena en la zona que estuvo controlada por el Comité, formado en su mayoría por anarquistas, que se había creado en el convento de San Francisco entre el 20 y el 28 de julio de 1936.

En su declaración, Manuel Trujillo manifestó que llegaron a su casa, sobre las seis horas del 28 de julio de 1936, unos muchachos de unos 14 o 15 años, que le dijeron que de parte del Comité fuera con ellos al convento de San Francisco. Allí le ordenaron que acompañara, junto a otros, a Joaquín Rojano Montes “Jiedes” para que detuviera a Antonio Lara Vallejo. Según su declaración, el propósito de Joaquín Rojano era “asesinarlo (…) por una cuenta que entre ellos tenían”, aunque él pudo convencerlo en un principio para que no lo hiciera. Sin embargo, al llegar a lo hondo de la Velilla Baja, esquina con la calle La Loca, Joaquín Rojano le disparó a Antonio Lara un tiro mortal en la nuca. Tras la detonación, se congregó mucha gente y el cadáver fue arrastrado con una soga al corralón de Dª Marina Ariza. Allí, juntó unas hierbas y le prendió fuego al cadáver. Tras la toma de Baena por una columna militar franquista el 28 de julio, Manuel Trujillo se puso de parte de los vencedores e ingresó en un batallón de voluntarios en Córdoba durante tres meses en 1936, hasta que se dio de baja y se dedicó a la albañilería para atender las necesidades de su familia.

Junto al acta de declaración de Manuel Trujillo se recoge también la del testigo José Navarro Triguero, un campesino de 25 años, domiciliado en la calle Matías Amo. La declaración se produce ante el juez Manuel Cubillo, que le pregunta “si se afirma y ratifica en las manifestaciones que el día 26 de los corrientes ha hecho contra Manuel Trujillo Priego que obran en el acta de información que antecede y a la que se he dado integra lectura”. José Navarro respondió que no, “porque es completamente incierto cuanto en ellas afirmó y pide permiso al Sr. Juez para poder exponerle con toda claridad lo ocurrido”. Ante el juez, José Navarro manifestó textualmente, según recoge el acta, lo que sigue:

Por estar detenido fue conducido al Cuartel de la Guardia Civil y al preguntarle el domicilio, le preguntaron si había tenido conocimiento de la muerte de D. Antonio Lara Vallejo, contestando que vive en la misma calle que ocurrió el hecho pero bastante más debajo de donde ocurrió y entonces fue interrogado de si había visto quemar el cadáver y ser cierto que este hecho lo había realizado Manuel Trujillo Priego. Allí estaba presente el Manuel Trujillo Priego al que habían maltratado bastante y como me amenazaron con hacerme lo mismo, ante el temor que me inspiraba contesté que sí a todo lo que me preguntaron con el ánimo de decirle la verdad al señor juez cuando fuera preguntado.

Es lo más cierto que yo no vi a dicho individuo en absoluto ni tengo conocimiento de que haya realizado tales hechos pues solo sé lo que sabe todo el mundo que acompañaba al grupo cuando tuvo lugar el asesinato, pero de rumor público se sabe que el que disparó fue el Giedes, no pudiendo ver nada desde mi casa por que (sic) está bastante lejos del lugar del hecho y juro repetidamente que no vi a Manuel Trujillo Priego en el acto que se le imputa.

Lo que en descargo de mi conciencia tengo que exponer y ahora la justicia que obre como tenga por conveniente.

Esto expresó en ello se afirma y ratifica y leida que le fue no la firma, por lo que estampa su huella dactilar del pulgar derecho, y lo hace S. Sª de que yo el secretario doy fe.

Ignoramos el destino de los dos protagonistas de esta historia, pues a ninguno de ellos los tenemos registrado como presos en la cárcel de Baena, a pesar de que según esta documentación oficial sí lo estuvieron. De Manuel Trujillo Priego se conserva sumario de su consejo de guerra, que no he consultado, en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se abrieron las diligencias en mayo de 1939 y se cerraron en mayo de 1944, cinco años después, lo que da a entender que fue sentenciado a una pena de varios años de cárcel. A quien acusan del asesinato, Joaquín Rojano Montes “Jiedes”, fue fusilado el 8 de noviembre de 1936 en Baena. Tenía 56 años y era anarquista. De él existe una pequeña ficha en mi libro Baena roja y negra (2ª edición, página 276), en la que se recogen otros testimonios de vecinos que le imputan ser el ejecutor del crimen.

El periódico Redención se fundó en el mismo mes en que acabó la guerra civil: abril de 1939. Era el único periódico de circulación carcelaria, pues los demás estaban prohibidos, por lo que se convirtió en un órgano de propaganda de la “labor patriótica” realizada en las prisiones franquistas y en una herramienta de adoctrinamiento dirigida a presos y familiares. Durante los primeros años de existencia, el semanario publicaba informaciones internacionales, crónicas pronazis y profascistas sobre la II Guerra Mundial­ y colaboraciones periodísticas de los reclusos —a los que se persuadía para que participaran de múltiples formas— en las que se ensalzaba la política penitenciaria del régimen.

Poesía José Peña - copia

Últimos versos de la poesía de José Peña Cabezas.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se encuentra una poesía, manuscrita sin fechar por José Peña Cabezas, acompañada de la siguiente nota: “Enterado por nuestro semanario Redención del libro de poesías que va a editar la redacción de dicho semanario, y acogiéndome a las Bases o Reglas, envío estas tres pequeñas composiciones por si tienen cabida en dicho libro, confesando que no soy poeta pero muy amante de la poesía. Perdonen mis faltas”. Es de suponer que si la poesía se hallaba entre los documentos de Manuel Cubillo se debe a que el juzgado paralizó su envío al semanario. José Peña, un campesino anarquista de 35 años, que había sido uno de los directivos del Ateneo Popular de Baena en 1931, permanecía en aquel momento preso en Castro del Río, donde sería fusilado el 10 de abril de 1940. Sus versos tienen escasa relevancia literaria, aunque es obvio que sí tienen valor sentimental e histórico. Nos muestran a una persona religiosa, atormentada y arrepentida de sus ideas, no sabemos si de manera sincera o en un intento de congraciarse con el nuevo Estado franquista para así evitar o aminorar la condena judicial que le podría recaer, algo que no consiguió. Esta es la poesía que intentó publicar:

Mi Confesión y Plegaria

Luchaban noche y día /  mi subsconsciente y consciente

ver cuál de los dos podía / tener razón más potente.

Mas, mi cerebro veía, / que yo era un delincuente,

por la fatal cobardía /  del “qué dirán” de la gente.

Viendo que era un enemigo / mi subconsciente conmigo

¿trucándome? mis sentimientos / pláceme ahora el castigo

a la vez que a Dios bendigo / con mis arrepentimientos.

Mis sentimientos soñaban / que las artes y las flores

con éxtasis admiraban / en los niños sus candores.

(…) papeles seductores / que por mis ojos pasaban

con diferentes colores / poco a poco, me cegaban.

Era joven todavía /cuando esto me ocurría

venciéndome el subconsciente / robándome la alegría,

soporté una elegía / por el ¡decir! de la gente.

Pero tú, mi buen señor, / que sabes de este arcano

porque fuiste el Creador / y del mundo eres el amo.

Perdona a este pecador / que con mi fe de cristiano

implora tu dulce amor / con tu imagen entre sus manos.

Y con tu poder divino / apartarás del camino

esos punzantes abrojos; / que insensibles, los ladinos,

hacen sangrar los destinos / y llorar a almas y ojos.

Aparte de estas tres historias anteriores que hemos seleccionado de la documentación de Manuel Cubillo, existen 14 más, algunas muy breves, que también publicamos a continuación. Se refieren a casos centrados principalmente en Baena, pero también afectan a otras localidades vecinas como Albendín, Luque o Castro del Río. Bastantes quedan fragmentadas e inconclusas, sin saber cuál es su remate. Abarcan una cierta variedad de temas (apropiación de los bienes de los vencidos, denuncias, declaraciones de acusados y testigos, etc.) y se pueden leer en este enlace.

 

Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río

88. Antonio Gómez Márquez

De izquierda a derecha, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José Gómez Gálvez, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

El 6 de agosto de 1936, a los pocos días del comienzo de la guerra civil española, una columna militar dirigida por el general José Enrique Varela Iglesias, afín a los sublevados, sacó a varias decenas de presos de la cárcel de Montilla, una localidad donde había triunfado el golpe de Estado el mismo 18 de julio. Entre los reclusos se encontraban 13 vecinos de Santa Cruz, una aldea perteneciente entonces a Montilla y hoy a Córdoba capital. Cuando llegaron a las inmediaciones del pueblo vecino de Castro del Río, los prisioneros fueron fusilados. El lugar preciso de su muerte y enterramiento lo obtuve de manera tardía y fortuita, en una conferencia que impartí en Castro del Río a finales de 2014. Al nombrar el hecho e indicar que de acuerdo con algunos testimonios las víctimas podrían estar inhumadas en la finca de Monterrite, un par de asistentes, Francisco Merino Cañasveras  y Blas Criado, me corrigieron y me indicaron que más bien podría ser Santa Rita. Blas, que trabajaba en los años noventa en la televisión local, me señaló que en ese sitio se encontraron restos humanos, que parecían ser recientes, cuando se excavaron hoyos para la plantación de olivos, y que incluso grabaron imágenes de aquel acontecimiento. Con esta información en la mano, rápidamente me puse en contacto con Remedios Gómez Márquez, a la que conocí cuando aportó su testimonio sobre Santa Cruz para la cuarta edición de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), publicada en 2009. Con ella, y con algunos de sus hijos, había compartido charlas y había coincidido en múltiples ocasiones en Córdoba en actos de carácter histórico.

Remedios Gómez había nacido en la aldea de Santa Cruz. Allí, el 20 de julio de 1936, solo dos días después del golpe de Estado, unos militares detuvieron a su hermano Antonio, de 17 años entonces (aparece en la fotografía de arriba), y a su padre, Juan José Gómez Gálvez, apodado Bandurria, de 46 años, junto a otros 11 vecinos. Todos estuvieron retenidos en el patio del cuartel de la Guardia Civil del vecino pueblo de Espejo, a pleno sol y amarrados de dos en dos, hasta que los trasladaron a Montilla dos días después. El padre y el hermano de Remedios iban en el grupo de presos sacados de esta cárcel y fusilados en Castro del Río por la columna del general Varela el 6 de agosto. La madre de Remedios, Dolores Márquez, como casi toda la población de Santa Cruz, huyó a finales de septiembre de la aldea tras su toma por las fuerzas franquistas del comandante Sagrado. Se refugió en Torredelcampo (Jaén), situado en zona republicana, donde los cuatro niños menores, entre los que se encontraba Remedios, estuvieron a punto de ser enviados a Rusia porque ella enfermó. Cuando regresaron a su domicilio en la posguerra se encontraron con que había sido ocupado por un falangista y que todos los muebles y enseres habían desaparecido, incluidas las bandurrias que el padre tocaba y por las que recibía el apodo. El falangista les cedió una habitación para que se cobijaran, pero siguió ocupando la casa como si fuera de su propiedad hasta que le apeteció. A varias mujeres y a las madres y esposas de los vecinos que habían sido asesinados al comienzo de la contienda, como le sucedió a la madre de Remedios, los falangistas les ordenaban que barrieran la plaza del pueblo para humillarlas públicamente y a algunas les raparon la cabeza y les dieron aceite de ricino. La familia de Remedios pudo sobrevivir pasando muchas calamidades y miserias, y se vio obligada a emigrar a Córdoba capital.

Cuando conocí a Remedios, uno de sus deseos, defendido con una entereza y una dignidad envidiables para su edad, era localizar los restos de su hermano y de su padre para darles digna sepultura, así que le propuse que iniciara los trámites legales para la búsqueda, pues según la información que obtuve en mi conferencia podrían estar enterrados en Santa Rita. En enero de 2015, elaboré un informe histórico, que puede leerse en este enlace, para avalar la solicitud que realizaron ella y los familiares de algunos de estos fusilados de Santa Cruz a la entonces Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, con la intención de que aprobara el inicio de los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la guerra civil. Año y medio después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó que la indagación, localización, exhumación e identificación genética de las posibles víctimas enterradas en la fosa común de Santa Rita sería incluida en las actuaciones que se llevarían a cabo en los próximos meses en 37 localidades andaluzas.

Respecto a las exhumaciones de víctimas de la guerra civil, hemos de recordar que los restos de las víctimas de la represión republicana, con dinero público, fueron sacados de las fosas comunes, identificados e inhumados en cementerios, según establecieron al menos dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y de 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación franquista. Tras estas fechas de la primera posguerra, 33.815 cadáveres (de ellos, 21.423 identificados), la inmensa mayoría de combatientes, se exhumaron y se enterraron con posterioridad en el Valle de los Caídos. No ocurrió igual con las víctimas de la represión franquista. Aunque hubo exhumaciones puntuales de fosas comunes durante la Transición, llevadas a cabo por los familiares de manera privada, hasta el año 2000 no se inició la primera exhumación científica de víctimas republicanas en Priaranza del Bierzo (León), donde se identificaron 13 cadáveres. Desde esa fecha y hasta el año 2018, se abrieron 740 fosas comunes y se recuperaron más de 9.000 cadáveres, gracias sobre todo al impulso de las asociaciones de memoria histórica, según un informe elaborado para el Ministerio de Justicia por un grupo de 11 expertos coordinados por el forense Francisco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En nuestro país hay contabilizadas 2.382 fosas de víctimas de la represión franquista aún sin excavar que albergarían más de 45.000 cadáveres.

En los últimos años, distintos organismos de la ONU han recordado al gobierno de España que el Derecho Internacional Humanitario recoge que la búsqueda, identificación y entrega a sus familiares de los restos mortales de los fallecidos y desaparecidos en un conflicto armado, sea internacional o una guerra civil, es una obligación de los estados, y también establece el derecho de las familias a saber qué les ocurrió, a rememorarlos y a recuperar sus restos. Estas obligaciones de los gobiernos y los derechos de las familias son de carácter universal y no prescriben con el tiempo. La finalidad es acabar con el dolor y la angustia de los familiares hasta que encuentran el cuerpo de su ser querido, que es la única manera de cerrar las heridas que aún permanecían abiertas.

La intervención arqueológica realizada en la finca Santa Rita de Castro del Río resultó acertada. En junio de 2017 ya se habían localizado en el terreno los restos, en la mayoría de los casos minúsculos, de entre 12 y 14 varones, casi todos menores de veinte años. El informe arqueológico final, difundido por la Junta de Andalucía a principios de enero de 2018, se puede leer en este enlace. Por fortuna, el análisis genético realizado por la Universidad de Granada para lograr la identificación de los cadáveres fue positivo para una de las familias implicadas y para Remedios Gómez, que ha logrado rescatar los restos de su padre, pero no los de su hermano. Los restos de este y de otros muchos fusilados allí posiblemente acabaron metidos en sacos de abono, tras aparecer durante la excavación de los hoyos para la plantación de olivas en la finca en los años noventa del siglo pasado. La Guardia Civil abrió un atestado tras el hallazgo, pero en la actualidad ha sido imposible encontrarlo ni localizar el lugar a donde fueron a parar los sacos con los restos de esas víctimas, a pesar de las gestiones realizadas por personas e instituciones como la propia alcaldía de Castro del Río, en manos de José Luis Caravaca Crespo cuando se realizó la excavación. En aquel momento no era una prioridad para las autoridades públicas (ni estatales, ni autonómicas ni municipales) la búsqueda de los restos de las víctimas de la contienda, así que es muy posible que hayamos perdido el rastro de ellos para siempre.

Aunque el resultado del proceso que estamos analizando haya sido positivo, también resultó muy largo, pues desde que las familias solicitaron oficialmente la búsqueda trascurrieron cuatro años y ocho meses, lo que nos indica la lentitud con la que funciona la maquinaria administrativa autonómica que se encarga del tema, y más teniendo en cuenta que entre los demandantes de estas exhumaciones hay personas de muy avanzada edad. Después de tanto tiempo esperando, el día 19 de octubre de 2019, en una ceremonia familiar y privada a la que fui invitado a asistir en el cementerio de Castro del Río, los arqueólogos encargados de la excavación, Jesús Román Román y Juan Manuel Guijo Mauri, le entregaron a Remedios Gómez una pequeña caja de madera. Contenía minúsculos y escasos restos de su padre, ya que las labores agrícolas en la finca habían desperdigado y destruido los huesos, inhumados por sus verdugos casi a ras de tierra. En aquel momento, su emoción, su nerviosismo y su agradecimiento a todos los que la habíamos ayudado después de tantos años de búsqueda eran patentes. Por fin ella y su familia cerraban una de las tantas heridas abiertas por la represión y por la guerra civil española. El cuerpo de su padre ahora podrá descansar en paz, no donde sus asesinos lo habían arrojado, sino enterrado con dignidad junto a su esposa en el cementerio de San Rafael de Córdoba, la ciudad donde reside la familia.

Remedios 3 - copia

Fotografía realizada el 9 de noviembre de 2014 por Rafael González en la que aparezco con Remedios Gómez Márquez.

Listado de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena. La fosa común del cementerio

En Lucena, el golpe militar contra la República se inició en la noche del 18 de julio de 1936 cuando un grupo de guardias civiles mandados por el teniente Luis Castro Samaniego, conocido con el apodo de Teniente Polvorilla, tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las 5 de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Reclutas, emitió el bando de guerra. A partir de ese momento, la población quedó bajo el poder absoluto de los jefes militares, quienes ordenaban o permitían los encarcelamientos, las torturas, el expolio de bienes y los fusilamientos sin que se arbitraran consejos de guerra u otros mecanismos con apariencia legal que justificaran las violencias.

La represión en Lucena comenzó el 18 de julio con las detenciones practicadas por los guardias civiles en el ayuntamiento y en la Casa del Pueblo socialista, y las realizadas con posterioridad en varios domicilios de la población. Los detenidos fueron internados en el cuartel de la Guardia Civil, en la cárcel municipal de la plaza del Coso y en otra pequeña prisión, situada en la calle Quintana, conocida popularmente como La Higuerilla. Durante los días 18 y 19 de julio se encarceló a unas doscientas personas, pero como el número de arrestados no dejaba de aumentar el día 24 las autoridades militares habilitaron como cárceles el convento de San Agustín y el claustro y las escuelas del convento de los Padres Franciscanos, a los que se añadió en el mes de agosto como lugar de presidio la antigua plaza de toros. En total, seis cárceles para una ciudad que en aquel momento rondaba los treinta mil habitantes. Desde estos centros de reclusión, muchos de los detenidos fueron trasladados al cementerio y a otros lugares del término municipal o a Córdoba capital para ser fusilados y enterrados en fosas comunes.

Cuantificar la represión franquista en Lucena es tan dificultoso como en el resto de España, ya que un buen número de víctimas mortales republicanas no ha dejado ningún rastro en la documentación oficial de los libros de defunciones del Registro Civil o de los libros de enterramientos de los cementerios. Desde el primer momento hubo un enorme interés en esconder la represión, algo que siempre han procurado las dictaduras a lo largo de la historia. Por otro lado, el miedo, las dificultades burocráticas y la emigración a otros lugares impidieron que los familiares de los asesinados pudieran inscribirlos en los libros de defunciones del Registro Civil, que son la fuente natural para el estudio de los fallecimientos en una localidad.

Todas las inscripciones de fusilados en el Registro Civil de Lucena se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran las muertes. Durante los tres años de guerra solo se inscribieron cuatro asesinados en el Registro (el primer fusilado lucentino no se anotó hasta el 22 de noviembre de 1937) y hubo bastantes inscripciones a partir de 1980 (un 15,87% del total de inscritos) acogiéndose a la Ley de 18 de septiembre de 1979 sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Todo esto explica que existan personas fusiladas anotadas dos veces en el Registro o a la vez en Córdoba capital y en Lucena.

El Registro Civil de Lucena es poco fiable no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar y la fecha de la muerte, o la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. A la vez, son frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “apareció muerto por herida de arma de fuego a consecuencia de los sucesos del Glorioso Alzamiento Nacional”. Todas estas carencias explican que en el Registro estén inscritas solo 69 víctimas mortales de la represión franquista en Lucena mientras que otras 61 (el 47% del total) nunca se llegaron a anotar. Los nombres de estas últimas se han obtenido a través de testimonios orales y de otra documentación a través de una ardua tarea de investigación histórica.

Las inhumaciones de los asesinados se practicaron de manera irregular en fosas comunes. En el cementerio de Lucena se abrió una gran zanja donde se enterraba a los fusilados, separados por tandas de tierra y cal. A otros los enterraban en el mismo sitio donde los habían asesinado: Alameda de Cuevas, cuesta de los Balandranes, carretera de Cabra, pilar de la Dehesa, Paredes de Uñate, cortijo Angulo, etc. Por ello, en los libros de cementerio solo consta en el periodo de guerra civil el enterramiento de dos fusilados: José Onieva Sánchez (4 de agosto de 1936) y Matías Soria Jiménez (8 de febrero de 1938), este último fusilado tras un consejo de guerra sumarísimo. Frente a la política de las autoridades de borrar las huellas de la represión, los deseos de las familias por recuperar los cuerpos de los asesinados para darles digna sepultura resultaban muy arriesgados durante la contienda. Una familia lucentina nos informó de que intentó rescatar el cadáver de uno de sus miembros pidiendo ayuda a un médico falangista, sin embargo este respondió con amenazas y les advirtió de “que no se les escuchara llorar”.

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Última foto localizada de un fusilado lucentino: Marceliano Izquierdo Izquierdo, secretario del Ayuntamiento.

A partir de agosto de 1936 en Lucena los fusilamientos se cometieron de forma masiva y colectiva, una circunstancia que no recogen los libros de defunciones del Registro Civil. Por ejemplo, el día 5 de agosto asesinaron a cinco jóvenes, que hemos conseguido identificar con nombres y apellidos, en la finca de la Alameda de Cuevas, situada a la izquierda de la antigua carretera en dirección a Monturque. Muchos testimonios orales nos aseguran que en la madrugada del 19 de agosto –quizás como una forma macabra de conmemorar el primer mes de la rebelión militar– asesinaron a veinticinco personas en el cementerio, mientras el Registro solo recoge el nombre de dos. Lo cierto es que, según las informaciones recabadas de las familias, algunos de los inscritos en el Registro en otras fechas habrían muerto en realidad el día 19. Además de la matanza del día 19, no nos faltan testimonios de otras: un testigo presencial contó veintitrés fusilados en la cuesta de Balandranes en un solo día y otro vio cinco fusilados en las paredes del cementerio en la madrugada del día 25 de septiembre (en el Registro Civil solo hay datos de uno). En Córdoba capital también cayeron inmolados al menos 32 lucentinos que fueron enterrados en los dos cementerios de allí. Por ejemplo, en el mes de noviembre de 1936, según los expedientes personales de prisión de los finados que se conservan en el Archivo Histórico Provincial, ocho lucentinos murieron el día 12, cuatro el 13, siete el 14 y dos el 20.

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Monolito inaugurado el 1 de julio de 2005 en cementerio de Lucena en recuerdo de las víctimas de la represión franquista.

El único vestigio visible que simboliza la represión franquista en el cementerio de Nuestra Señora de Araceli de Lucena es un monolito que se inauguró el 1 de julio de 2005 con los nombres de los 123 fusilados y muertos en las cárceles conocidos hasta ese momento (su número real ha aumentado a 137, 14 más, tras sucesivas indagaciones en estos últimos años). Se construyó con la aportación económica del Ayuntamiento y las ayudas que entonces concedía la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en materia de recuperación de la Memoria Histórica. Aunque debajo del monumento no se encuentran restos humanos, desde entonces ha servido de lugar de memoria y se ha convertido en un espacio donde las familias han podido honrar a sus seres queridos, rezar y llevarles flores. En una sociedad de raíces cristianas como la nuestra, en la que la tradición cultural conlleva que los difuntos se inhumen de manera digna en camposantos e identificados con sus nombres en lápidas, es evidente que este monolito ha reconfortado a los familiares de las víctimas, ha atenuado el dolor de sus heridas y se ha erigido en un símbolo de encuentro y reconciliación.

En enero de 2016, algunos familiares de los asesinados durante la guerra me solicitaron un informe histórico sobre la fosa común del cementerio de Lucena. Según los datos que ellos poseían y las informaciones que yo había aportado con anterioridad en mis libros sobre Lucena, existían suficientes indicios para considerar que a sus seres queridos los enterraron en algún lugar del camposanto. Las familias adjuntaron mi escrito a la petición que realizaron al mes siguiente a la Dirección General de Memoria Democrática, con la finalidad de que este organismo, dependiente en aquel momento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, activara los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la guerra civil. Medio año después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó que Lucena se encontraba entre las 37 localidades en las que se iniciaría el proceso de indagación, localización, exhumación e identificación genética (si procedía) de las víctimas enterradas en alguna fosa común de la guerra civil que aún perdurara en el cementerio, pues en aquel momento se desconocía si con posterioridad estas fosas se exhumaron, se destruyeron o se reutilizaron.

Trabajos de construcción, en el año 1927, de las tumbas individuales que se utilizarían como fosa común en el cementerio de Lucena durante medio siglo. Se puede observar, a la derecha, el abultado montón de huesos extraídos durante las labores de excavación.

El 9 de enero de 2017 comenzaron las labores para localizar los posibles restos de los fusilados en el cementerio de Lucena. El equipo técnico estuvo dirigido por el profesor de la Universidad de Granada Francisco Carrión, y con él, junto a otros voluntarios, colaboraron de manera altruista durante varias semanas cuatro lucentinos graduados o licenciados en Historia (Miriam Sánchez Santiago, Miguel Ángel Toledano Cantero, José Alberto Delgado Arcos y Víctor García Martínez). Los resultados fueron infructuosos tras ocho semanas de trabajo y la exploración del 54 % del terreno donde se podrían situar las fosas. La falta de localización en aquel momento pudo deberse a que los fusilados se hubieran inhumado, al igual que millares de lucentinos, en algunas de las más de 300 tumbas individuales de ladrillo y hormigón construidas en 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, y que se reutilizaron como fosa común hasta los años setenta del siglo XX. Con una profundidad que en muchas ocasiones supera los cuatro metros, en cada una se apilaban varios cuerpos, unos encima de otros, que cada varios años se exhumaban y se arrojaban al osario. Así se dejaba paso a nuevos enterramientos, ya que en aquellas fechas la mayoría de los lucentinos no tenía recursos económicos para sufragar una tumba propia y era el Ayuntamiento quien asumía ese servicio.

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Labores de excavación en el cementerio de Lucena en diciembre de 2017.

Ante la primera falta de resultados, el 6 de noviembre de 2017 comenzó una nueva fase de excavación en el cementerio, dirigida por el mismo equipo del profesor Francisco Carrión, que excavó o sondeó mediante catas el 98 por ciento del terreno. Las labores se prolongaron durante el mes de diciembre y culminaron con la localización de los restos de cinco varones, con una edad entre los 35 y los 53 años. Todos sufrieron palizas y torturas antes de ser asesinados, pues presentaban múltiples fracturas en costillas, antebrazos, clavículas o húmeros. Los cuerpos aparecieron en una misma tumba, enterrados en cal viva en tres niveles, uno en el más superficial y dos en cada uno de los niveles restantes. Estos cuatro últimos no murieron fusilados, sino de un solo disparo en la cabeza. Desconocemos en este momento (marzo de 2021) si el proceso de identificación genética de los restos hallados ha culminado con éxito, pues a varias familias se les tomaron pruebas de ADN con la intención de confrontarlo con el de los huesos encontrados.

La lista de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena que publicamos a continuación comenzó a elaborarse en 1997 y desde entonces su número y la información que poseemos sobre los fallecidos han aumentado considerablemente, como se puede comprobar a través de los libros que he ido publicando y de los artículos de este blog, donde aparecen historias y fotografías de bastantes de ellos. Si en 1997 hubiéramos decidido no investigar sobre este asunto y seguir el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas de la represión fueron muchas menos de las que en realidad son, con lo que habríamos hecho un flaco favor a la verdad histórica y al derecho que tienen las sociedades a conocer su pasado. Según los datos que poseemos en la actualidad, y que podrían variar en cualquier momento, la represión causó en la localidad de Lucena durante la guerra 98 muertos, a los que hay que sumar 21 en la aldea de Jauja y 11 en la de Las Navas del Selpillar, lo que nos da una cifra total de 130 víctimas para el municipio (hay otras tres dudosas). Además, seis forasteros cayeron fusilados en el término municipal. Por último, en la posguerra murieron en las cárceles al menos otros siete lucentinos por hambre, enfermedades y privaciones. Los nombres de todos ellos aparecen detallados en las seis páginas de este enlace.

 

30. González León

Antonio González Merino (izquierda) y su primo Rafael González Polonio, residentes en la provincia de Barcelona y ambos ya fallecidos, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión en el cementerio de Lucena. La foto se tomó durante la visita que realizaron en mayo de 2010 para depositar flores a los pies del monumento, donde aparecen los nombres de sus padres, los hermanos Juan y Manuel González León, nacidos en Lucena y fallecidos en 1942 y 1941, respectivamente, en el campo de exterminio nazi de Mauthausen (Austria).

Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después

Juan Zafra Raigón (2)

Juan Zafra Raigón, desaparecido cuando lo detuvieron en Montilla en 1936.

En diciembre de 2015, Miguel Guillén Burguillos me escribió un mensaje de correo electrónico desde Mataró (Barcelona), su ciudad de nacimiento y de residencia. Miguel procede de una familia de emigrantes andaluces afincados en Cataluña en los años sesenta del siglo pasado. Por parte de madre, su abuela Gabriela era originaria de Montilla y su abuelo Antonio de Lucena. Había leído mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), y me pedía ayuda para localizar a uno de los hermanos de su abuela, Juan Zafra Raigón. Lo habían detenido en Montilla, que había quedado en manos de los golpistas desde el 18 de julio de 1936, y desde entonces estaba desaparecido. Por tanto, desconocían si había sido fusilado o había conseguido sobrevivir. La única noticia, confusa y poco creíble, sobre su posible paradero les vino de otro hermano, Antonio, que se exilió en 1939 en Francia y estableció allí su residencia definitiva hasta su muerte. Al intentar recabar información en tiempos de Franco en un consulado español en Francia, le dijeron que los datos que poseían sobre Juan eran confidenciales, así que la familia creyó –aunque sin ningún fundamento que lo avalase– que podría estar refugiado en Suiza.

Desgraciadamente, no pude ayudar a Miguel Guillén en la búsqueda de su tío abuelo por las enormes dificultades que presenta la investigación de este caso. Además, su nombre no está incluido en la lista de los 148 víctimas mortales que tenemos catalogadas hasta el momento de la represión franquista en Montilla ni entre los 438 vecinos –Montilla tenía unos 19.500 habitantes en 1936– que sufrieron internamiento en cárceles u otras formas de represión durante la guerra y la posguerra. En consecuencia, Juan Zafra Raigón continua siendo en este momento una de las muchas decenas de miles de personas desaparecidas, de las que no se tiene constancia de su paradero ni se ha encontrado su cadáver, a consecuencia de la represión franquista durante la contienda civil.

Antonio Burguillos Serrano.

Antonio Burguillos Serrano en una fotografía de la década de 1970.

En la primera conversación telefónica que tuvimos sobre este asunto, Miguel Guillén me contó otra historia. Como su abuelo materno, Antonio, era lucentino, había leído también mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939. En él, a Miguel le había llamado la atención que entre la lista de fusilados en 1936 apareciera Manuel Burguillos Serrano, que se apellidaba igual que su abuelo y cuya fotografía mostraba un enorme parecido físico con él mismo, según apreciaron con sorpresa hasta sus propios padres. Me pidió, por tanto, si podría averiguar si ese hombre podría ser hermano de su abuelo, quien les había contado que tenía un hermano y una hermana en Lucena pero nunca les dio información sobre ellos. Su abuelo se había marchado solo, sin su familia, a trabajar desde Lucena a Montilla con menos de 20 años, a finales de la década de 1920. En 1965, junto a su mujer, Gabriela, y sus hijos, había emigrado a la localidad barcelonesa de  Mataró, donde murió en 1976, con 66 años.

Manuel Burguillos Serrano.

Manuel Burguillos Serrano, concejal en 1931 y vicepresidente del PSOE de Lucena en 1936.

El presunto hermano de Antonio, Manuel Burguillos Serrano, había nacido en Lucena el 11 de marzo de 1905. Tenía una formación autodidacta y era jornalero de profesión, por lo que sufrió las miserables condiciones de vida de los trabajadores del campo andaluz de los años veinte y treinta del siglo pasado. A través de su propia experiencia vital, de su talante generoso con los que aún eran más pobres que él y de las tertulias organizadas en el patio de su casa, al calor de la lectura del periódico El Socialista, tomó conciencia de la necesidad de combatir las injusticias de su tiempo. El salto de Manuel Burguillos al Consistorio local se produjo en las elecciones del 14 de abril de 1931, al resultar elegido concejal en la triunfante candidatura republicana, que obtuvo en Lucena el 64,82% de los votos frente al 35,18% conseguido por los monárquicos. Solo dos días después se proclamaba la II República en toda España. Su labor como concejal socialista en el Ayuntamiento se puede resumir en tres ejes prioritarios: defensa a ultranza de los derechos y de la dignidad de la clase obrera, reivindicación del laicismo y denuncia constante de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que se oponían a las reformas del régimen republicano. El 15 de octubre de 1934 la Corporación Municipal lucentina fue destituida de manera arbitraria por el gobernador civil y Manuel Burguillos dejó de ser concejal. A partir de entonces su actividad política se centró en la agrupación local del PSOE, de la que llegó a ser vicepresidente en 1936.

Foto Manuel Burguillos (Libro familia 2)

Manuel Burguillos, cuando tenía 27 años.

La rebelión militar del 18 de julio 1936, que triunfó en Lucena ese mismo día, tuvo trágicas consecuencias para Manuel Burguillos. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas –en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes– y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes. De los concejales socialistas elegidos en las elecciones de 1931, al menos cuatro serían pronto fusilados: Rafael Lozano Córdoba (de 72 años), Antonio Palomino Luque, José López Antequera y Manuel Burguillos Serrano. El 27 de julio unos falangistas se presentaron en la casa de Manuel Burguillos, en el número 52 de la calle Rute. Al no encontrarlo allí, pues se hallaba trabajando, le dejaron el aviso de que se personase ante la autoridad militar “solo para hacerle unas preguntas”. Cuando regresó, su esposa, consciente del peligro que se cernía sobre él, le propuso la huida hacia Jaén, que se encontraba en zona republicana. Él se negó, alegando que no había cometido ningún delito y que su conciencia estaba tranquila. Se presentó a la citación y quedó detenido en el acto. Su confianza en las buenas intenciones de sus verdugos le traicionó. Estuvo internado en el convento de San Francisco, convertido en prisión, y en la madrugada del 19 de agosto de 1936 lo fusilaron, junto con veinticuatro personas más, en las tapias del cementerio de Lucena. Tenía entonces 31 años. Dejó dos huérfanos, Antonio, de tres años, y Carmen, próxima a cumplir los dos.

Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

En una foto de cuando tenía 23 años, Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

Recabando datos para mi libro sobre Lucena, logré entrevistar en los meses de marzo y abril de 1997 a la viuda de Manuel Burguillos, Luisa Baena Mármol, quien ya había cumplido los 88 años y parecía una mujer muy vivaz. En la conversación definió a su marido, con el que se había casado el 30 de abril de 1932, como un hombre inteligente, bueno y, sobre todo, cariñoso. Se apreciaba que había estado muy enamorada de él y era evidente que se sintió bastante reconfortada e ilusionada aportando sus recuerdos. A pesar del tiempo transcurrido desde la guerra, mantenía una memoria prodigiosa. Aún se emocionaba, hasta llegar a las lágrimas, enumerando los nombres de varios fusilados –entre ellos un primo hermano– y contando que escondió en su propia casa a tres hermanos (Rafael, Miguel y Antonio Sánchez) para evitar su detención en una de las numerosas redadas acontecidas en la calle Rute. Como nota curiosa, he de señalar que en la pared del rellano de la escalera de su antigua vivienda todavía conservaba un cuadro con la imagen de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y del sindicato socialista UGT, que había conseguido ocultar detrás de una lámina de la Virgen durante la guerra y la dictadura de Franco. Condicionada por sus trágicas circunstancias familiares y aconsejada por el cura de la parroquia del Carmen, Luisa se volvió a casar el 27 de noviembre de 1939, tuvo tres hijos más (Luis, Araceli y Ana), perdió el contacto con la familia de su antiguo marido y enviudó de nuevo en 1970. Murió el 8 de noviembre de 1999, dos años después de que yo la entrevistara.

Dos meses antes de que me escribiera Miguel Guillén desde Mataró, conocí a un nieto de Manuel Burguillos Serrano, de igual nombre y primer apellido, porque se me presentó por la calle. Me habló de que estaba interesado en localizar y exhumar los restos de su abuelo –una solicitud que ya ha cursado a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía– y nos intercambiamos los números de teléfono. Esta casualidad permitió que pudiera consultarle las dudas que me planteaba Miguel Guillén. Miguel sabía que los padres de su abuelo se llamaban Araceli y Antonio. Manuel buscó en el libro de familia de su abuelo y los padres se llamaban igual. También preguntó a su tía Carmen, y ella le dijo que mantenía un recuerdo lejano de la existencia de un tío en Montilla. Miguel me envió también una foto de su abuelo Antonio que fue determinante. En cuanto Manuel la vio, descubrió el enorme parecido físico con su padre, Antonio, ya fallecido. El misterio estaba resuelto: Manuel y Antonio Burguillos Serrano eran hermanos. A los pocos días, la curiosidad llevó a Miguel, politólogo de profesión, a realizar otro descubrimiento importante: encontró en el diario ABC una nota mortuoria de Araceli Burguillos Serrano, de 88 años, fallecida el 23 de abril de 1996 en Madrid, el lugar donde su abuelo les había referido que había emigrado su hermana.

La pregunta que surge de inmediato es por qué Antonio Burguillos Serrano nunca hablaba de su hermana ni de su hermano fusilado en Lucena. El origen podría estar en su personalidad callada, hermética y dedicada al trabajo. O puede que ese silencio se debiera al desarraigo familiar, al deseo de olvidar, al miedo, a tratar de evitar que sus hijos pudieran correr la misma suerte que su hermano por “meterse en política” o a cualquier otro motivo desconocido. Tampoco sabemos si ese silencio, en una persona de ideología socialista, fue voluntario o forzado por determinadas circunstancias. Sea como fuere, el olvido y el pasado familiar oculto del abuelo han sido sustituidos ahora por la memoria de uno de sus catorce nietos. Al menos, en este caso, una historia que hunde una parte de sus raíces en el drama represivo de la guerra civil española tiene un final feliz. Esta semana, solo cuatro meses después de que me escribiera, Miguel Guillén Burguillos visita Lucena por primera vez en su vida para conocer el lugar donde nació su abuelo y donde aún viven los descendientes de su tío abuelo, con los que aún no había mantenido ningún contacto, pues yo he servido en todo momento de intermediario con ellos. Esta es la fotografía, de ayer mismo, 6 de abril de 2016, que da fe del esperado encuentro familiar.

Familia Burguillos Lucena

De izquierda a derecha, Manuel Jiménez Burguillos, Miguel Guillén Burguillos y los hermanos Manuel y Carmen Burguillos Castillo.

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

4. Milicianos El Alcaparro

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

5. Juventudes Libertarias

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

9. Yuste Álvarez, Alfonso

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

10. García Crespo, Andrés

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Víctimas mortales de la represión en Fernán Núñez durante la guerra civil

El golpe de estado del 18 de julio de 1936 se materializó en Córdoba a las cinco de la tarde, cuando el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por el general Queipo de Llano desde Sevilla, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería, en medio de la euforia de los terratenientes y derechistas armados que allí se habían congregado para apoyar la insurrección. Entre ellos se encontraban el propietario fernannuñense Juan Cañadas Laguna y el ingeniero madrileño Carlos Inzenga Caramanzana –administrador del duque de Fernán Núñez–, que se convertiría en jefe local de la Falange cordobesa aquel mismo año. Durante la tarde y la noche los militares rebeldes controlaron el gobierno civil, el ayuntamiento y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde llamarían a la rebelión a todos los pueblos de la provincia.

2. Romero Romero, Antonio

Antonio Romero Romero, alcalde de Izquierda Republicana, fusilado el 25 de julio de 1936.

Fernán Núñez, con 11.086 habitantes, era entonces una localidad de la campiña cordobesa con una sólida tradición sindical y uno de los feudos del anarquismo en la provincia. Además, en las elecciones del 16 de febrero de 1936 la candidatura del Frente Popular (Unión Republicana, Izquierda Republicana, PSOE, PCE, etc.) había obtenido una arrolladora victoria, con 3.001 votos, frente a 700 de las derechas. En el pueblo la sublevación militar la encabezó el teniente de la Guardia Civil Cristóbal Recuerda Jiménez, quien en la madrugada del día 19 de julio proclamó el bando de guerra, detuvo al alcalde Antonio Romero Romero (de Izquierda Republicana), clausuró el centro obrero y encarceló a algunos anarquistas, entre ellos al secretario de las Juventudes Libertarias, Antonio Ariza Luna. Las fuerzas opositoras al golpe de estado –entre los que predominaban los anarquistas y en menor medida militantes de Izquierda Republicana y socialistas– respondieron con rapidez, se lanzaron a la búsqueda frenética de armas y consiguieron algunas escopetas de caza y varias pistolas. El día 19 por la mañana, el teniente Cristóbal Recuerda y sus hombres salieron a patrullar, apoyados por escasos derechistas, aunque serían recibidos por disparos en la calle San Sebastián. Debido a sus escasos efectivos, los guardias civiles, después de matar a un hombre que se encontraba guardando un melonar en la carretera Córdoba-Málaga, se vieron impotentes para controlar el pueblo y se recluyeron en el cuartel, situado al lado del palacio ducal, donde también se encontraba la prisión del municipio. Ni siquiera pudieron impedir que, a través de un agujero realizado en la parte de atrás de esta cárcel, un grupo mandado por el comunista Francisco Yuste Cuesta consiguiera rescatar el día 22 a las personas que el teniente Cristóbal Recuerda había apresado en la madrugada del 19.

Para coordinar la respuesta al golpe militar, en Fernán Núñez se creó un Comité formado en su mayoría por anarquistas. El día 23 de julio comenzaron los registros, detenciones y requisas de los bienes de varios derechistas. A algunos los liberaron tras arrebatarles las armas o interrogarlos, pero a otros los recluyeron en una habitación junto al surtidor de gasolina, situado en la carretera de Córdoba. El día 24 los trasladaron a las escuelas de Vilches, en el centro del pueblo, para evitar que pudieran ser liberados si las fuerzas sublevadas de otras localidades intentaban algún ataque. Se realizaron asimismo actos anticlericales, y hubo incendios en la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, la iglesia de la Caridad y la ermita de la Veracruz.

Los guardias civiles permanecían imbatibles en el cuartel desde el 19 de julio, aislados del exterior. Con la finalidad de rendirlos, les disparaban desde las casas y balcones de los alrededores y les cortaron el suministro de víveres, agua, luz y teléfono. A la vez, el Comité esperaba los refuerzos de una columna de mineros, milicianos y guardias de Asalto que desde Jaén había acudido para apoyar a los republicanos de varias localidades cordobesas y que el día 21 había entrado en Espejo. Como la Guardia Civil seguía atrincherada, a las nueve de la mañana del día 24 de julio el Comité envió al cuartel de emisarias a Dorotea García Cuesta y María Antonia Jiménez Alcaide para intentar la rendición de los sitiados a cambio de perdonarles la vida y dejarlos marchar, pero la propuesta no fructificó.

1. Aguilar Galindo, Manuel

El comandante de Artillería Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo, jefe de las tropas golpistas que tomaron Fernán Núñez en la mañana del día 25 de julio de 1936.

Cuando los militares golpistas controlaron la situación en Córdoba, iniciaron una campaña para asegurarse el dominio de algunos pueblos cercanos. Por ello, al mando del comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo, en la madrugada del día 25 de julio de 1936 salió desde la capital una columna de coches y camiones con el objetivo de apoderarse de Fernán Núñez. Estaba integrada por legionarios, soldados de Artillería, guardias de Asalto, algunos propietarios agrícolas fernannuñenses y miembros de las juventudes falangistas y de Acción Popular. Iban equipados con ametralladoras, fusiles, morteros y bombas de mano. A la entrada del pueblo se encontraron con dos árboles cruzados en la carretera y una barricada, desde donde los recibieron a tiros. Entre los defensores de la localidad –según los testimonios orales– caerían abatidos al menos cuatro hombres: el anarquista Sebastián Medina Lesmes, un joven libertario en la calle San José, el militante de Izquierda Republicana Juan Pedro Crespo Jaraba en la calle Córdoba y el cenetista Juan Pedro Zamorano Gómez, que fue alcanzado por los disparos de los militares en la calle San Marcos y moriría al día siguiente en la casa del médico Antonio Luna Toledano. La columna golpista consiguió penetrar en Fernán Núñez entre las siete y las ocho de la mañana y liberar del cerco a los guardias civiles. Como respuesta, en plena desbandada de miles de personas hacia los campos y en una situación desesperada y caótica, los guardianes que custodiaban a los presos de derechas internados en las escuelas de Vilches se tomaron la justicia por su mano y mataron a trece de ellos con disparos de escopeta. En total, la represión republicana causó en Fernán Núñez 16 asesinados de derechas –restando a los foráneos, 11 en las escuelas de Vilches y cinco en los cortijos de los alrededores–.

Grupo de campesinos de Fernán Núñez, detenido por las fuerzas militares golpistas el día 25, mientras esperan la ejecución en la carretera de Córdoba. La foto fue publicada por el periódico La Voz como tomada en Baena.

Grupo de campesinos de Fernán Núñez, detenidos por las fuerzas militares golpistas el día 25 de julio, mientras esperan la ejecución en la carretera de Córdoba. La foto fue publicada por el periódico La Voz como tomada en Baena.

Como hemos señalado, el comandante Manuel Aguilar-Galindo –uno de los principales artífices de la sublevación del 18 de julio en Córdoba capital– acaudillaba las tropas militares rebeldes que entraron en Fernán Núñez, en las que se integraban efectivos de la Legión, un cuerpo que aplicó estrategias de guerra colonial por los pueblos que iban cayendo en sus manos, con asesinatos indiscriminados, violaciones y rapiñas. Tres días antes, Aguilar-Galindo ya había dejado muy claro cuáles eran sus métodos cuando una columna a sus órdenes se introdujo en el también pueblo cordobés de Pedro Abad. Allí fusiló y quemó con gasolina a 14 vecinos en represalia porque habían muerto 12 presos de derechas cuando sus guardianes los habían acribillado antes de la huida. En Fernán Núñez, la actuación del comandante resultó más desmesurada, de manera que la localidad soportó el triste destino de sufrir el primer fusilamiento masivo de toda la provincia de Córdoba durante la guerra civil, al que a los pocos días seguirían otros episodios fúnebres, con cientos de asesinatos, como los perpetrados por la columna sublevada del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga en Baena el 28 de julio y la del comandante Antonio Castejón en Puente Genil el 1 de agosto.

Tras la toma de Fernán Núñez por las fuerzas militares golpistas, el coste humano de la represión resultó enorme. Al menos 53 personas, con nombres y apellidos, cayeron acribilladas el día 25 de julio, día de Santiago, en la cuneta de la carretera; y por lo menos otras 73 fueron enviadas a la tumba durante el resto del año 1936. Los nombres de los 126 asesinados, junto a un relato histórico de los hechos y de las circunstancias de la muerte de algunos de ellos, aparece en el capítulo tercero de mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez, cuya última edición es del año 2009. Tras la publicación de esta entrada del blog, gracias al testimonio de su nieta Inmaculada Alcaide, en septiembre de 2016 he podido añadir un nombre más a la lista de asesinados en Fernán Núñez, el de su abuela Juana María Requena Zafra. Se negó a huir del pueblo, como habían hecho sus hermanos, de ideología izquierdista, pues consideraba que “no había hecho nada malo”. Fueron a por ella por la noche, cuando ya tenía a sus cuatro hijos acostados. La familia solo sabe que la fusilaron en un cruce de caminos. Los hijos fueron separados y resguardados por los vecinos hasta que el padre regresó al domicilio, pues estaba trabajando de jornalero en un cortijo.

Marina Pintor

El 11 de enero de 2009, cuando la entrevisté, Marina sostiene la foto de su padre, Antonio Pintor Marín, fusilado el 16 de agosto de 1936. Nadie imaginaba que tres años después podría recuperar sus restos de una fosa común y darles una sepultura digna en el cementerio de Fernán Núñez.

Fernán Núñez ha sido de los pocos pueblos de Córdoba que recientemente ha podido extraer de las fosas comunes y enterrar dignamente a algunos de sus vecinos asesinados durante la guerra civil. En septiembre de 2012, los cadáveres de cinco fernannuñenses se exhumaron de la fosa común del cementerio del cercano pueblo de Aguilar de la Frontera, adonde habían sido trasladados y fusilados el 16 de agosto de 1936. Los cuerpos recuperados corresponden a Antonio Pintor Marín (presidente de la agrupación local del PSOE), Teodomiro Villalba Velasco, Alfonsa Galán Luna, Fernando Valle Luque y su esposa María Antonia Jiménez Alcaide, embarazada de cinco meses. La labor de exhumación la realizó AREMEHISA, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

Esta misma asociación ha iniciado a finales de agosto de 2015 los trabajos para la localización de los restos de otros ocho vecinos de Fernán Núñez. Todos eran miembros de una familia apodada Los Carboneros y trabajaban en el cortijo de Villafranquilla, que tenían arrendado. En la masacre colectiva cayeron asesinados, el 16 de septiembre de 1936, Manuel Torres Herrera, Manuel Galindo Moriana, Manuel Torres Romero, Juan Antonio Marín Sojo, Antonio Marín Lomares “Marcelino”, José Rodríguez Gil y su hijo José Rodríguez, pero solo tres de ellos aparecen inscritos en el Registro Civil como fallecidos. Sobrevivieron al fusilamiento Manuel Torres Romero (al que descubrieron y remataron) y Antonio Marín Torres, quien con una herida en la cara se hizo el muerto entre los cadáveres y consiguió llegar a Fernán Núñez para esconderse. Sus cuerpos, al parecer, reposan en la fosa común del cementerio de Guadalcázar, donde en este momento se están realizando las labores de búsqueda.

 

Información adicional

 

Fotos de víctimas mortales de la represión franquista

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José Frías Collado, de Izquierda Republicana, fusilado el 25 de julio de 1936. En la fotografía aparece con su mujer y su hijo Julián Frías Pozo.

El camarero Benjamín Ansio Rídez, de 17 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El camarero Benjamín Ansio Rídez, de 17 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El vaquero Gonzalo Ansio Rídez, de 19 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El vaquero Gonzalo Ansio Rídez, de 19 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El corredor de fincas Gonzalo Ansio Crespo, de 57 años, fusilado en Córdoba el 28 de octubre de 1936.

El corredor de fincas Gonzalo Ansio Crespo (padre de los dos anteriores), de 57 años, fusilado en Córdoba el 28 de octubre de 1936.

El matrimonio Fernando Valle Luque, de 42 años, y Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilados el 16 de agosto de 1936 en las proximidades de Aguilar de la Frontera.

Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilada junto a su marido (foto de abajo) el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

El matrimonio Fernando Valle Luque, de 42 años, y Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilados el 16 de agosto de 1936 en las proximidades de Aguilar de la Frontera.

Fernando Valle Luque, de 42 años, fusilado junto a su esposa (foto de arriba) el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

El chófer Antonio Pintor Marín, de 43 años, presidente de la agrupación local del PSOE, fusilado el 16 de agosto de 1936 en Las Salinas (Aguilar de la Frontera).

El chófer Antonio Pintor Marín, de 43 años, presidente de la agrupación local del PSOE, fusilado el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

6. González Carmona, Francisco

El anarquista Francisco González Carmona, fusilado el 3 de septiembre de 1936

Antonio Bascón Sillero, natural de Montalbán, de 51 años, asesinado el 1 de octubre de 1936 en la carretera de Córdoba (está inscrito en el Registro Civil de Fernán Núñez).

Antonio Bascón Sillero, natural de Montalbán, de 51 años, asesinado el 1 de octubre de 1936 en la carretera de Córdoba (está inscrito en el Registro Civil de Fernán Núñez).

Juan Gómez Eslava, de 35 años, encargado del cortijo El Viento, fue fusilado el 16 de octubre de 1936 en el cementerio de San Rafael de Córdoba.

Juan Gómez Eslava, de 35 años, encargado del cortijo El Viento, fue fusilado el 16 de octubre de 1936 en el cementerio de San Rafael de Córdoba.

El agricultor Luis Raya Luque, de 41 años, asesinado el 14 de agosto de 1936 en la cuesta de los Visos.

El agricultor Luis Raya Luque, de 41 años, fusilado el 14 de agosto de 1936 en la cuesta de los Visos.

Antonio Cañero Yuste, fusilado el 30 de julio de 1936.

 

Fotos de víctimas mortales de la represión republicana 

Justo Moreno Luque, coadjutor de Montemayor, asesinado en las escuelas de Vilches.

Justo Moreno Luque, de 53 años, coadjutor de la parroquia de Montemayor, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936.

Rafael Reyes Moreno, sacerdote de la parroquia de Santa Marina, asesinado en las escuelas de Vilches.

Rafael Reyes Moreno, de 48 años, sacerdote de la parroquia de Santa Marina, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936.

Severiano Bajo García

Severiano Bajo García, administrador del duque de Frías y empleado, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936 (foto cedida por la familia).

 

 

La toma de Baena por la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE (Hugh Thomas, La guerra civil española, libro 7, ediciones Urbión, 1979, pág 69.

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE 

El artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Sin embargo, desde el día 17 de julio de 1936 muchos militares españoles se saltaron la legalidad vigente, su propio juramento de fidelidad a la República, impusieron el bando de guerra e iniciaron una sublevación que desembocaría en una guerra civil. Uno de esos militares fue el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que abanderó la rebelión militar en Tetuán. Allí recibió al general Franco cuando llegó en el avión Dragon Rapide para encabezar las tropas alzadas del ejército de África. Los generales rebeldes confiaban en el ejército de África porque contaba con unos 40.000 hombres, estaba bien adiestrado, disponía de material bélico moderno y se podía incorporar de inmediato a la lucha. Además, una buena parte de sus filas no estaban compuestas por reclutas, sino por regulares, es decir, por mercenarios moros. Las mejores tropas de este ejército estaban constituidas por legionarios, formados en las tácticas represivas y violentas de la guerra colonial, que impondrían el terror por doquier. Esta violencia indiscriminada se aplicó por el ejército rebelde desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península, los militares sublevados fusilaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a usar para conseguir el triunfo en toda España. El grueso del transporte de estas tropas desde Marruecos a la Península lo realizaron 20 aviones “Junker 52” enviados por Hitler, en lo que se convirtió en el primer puente aéreo masivo de la historia.

La primera zona de España a donde arribaron las tropas africanas fue Andalucía, donde colaboraron en la ocupación para la causa rebelde de extensas zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. A los pocos días de iniciada la guerra, el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga ya estaba actuando en Córdoba. El día 26 de julio, las tropas a su mando tomaron el pueblo de Villafranca, donde ocasionaron medio centenar de muertos entre la población civil, según el historiador Francisco Moreno Gómez. El día 28 le tocó el turno a Baena, una localidad de poco más de 23.000 habitantes, donde 230 derechistas y guardias civiles se habían sublevado el día 18 capitaneados por el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez. Resistían atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo frente al acoso de los que se oponían a la acción golpista, mayoritariamente anarquistas.

El conocido periodista Ernesto Sáenz de Buruaga escribió un artículo en El Mundo el día 11 de julio de 2015 en el que criticaba la medida de la alcaldía de Madrid de eliminar del callejero los nombres que tuvieran reminiscencias franquistas. En ese artículo dice textualmente lo siguiente:

“los militares Sáenz de Buruaga fueron honestos, leales, patriotas, buena gente y combatían en el bando de los que ganaron la guerra civil. Me siento orgulloso de mis antepasados y si tuvieran una calle me parecería un acierto. Y me sentiría ofendido si se la quitan…”.

Entre los parientes del periodista se encuentra el ya citado Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que comandaba las tropas que el 28 de julio de 1936 conquistaron Baena por medio de una serie de acciones que hoy se catalogarían como crímenes de guerra (por ejemplo, el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población). Esta toma del pueblo por las tropas de Sáenz de Buruaga la narro en el capítulo II de mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), cuya segunda edición ha visto la luz en 2013.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

.Al calor del artículo de Ernesto Sáenz de Buruaga, el periódico digital andaluces.es ha elaborado una noticia, publicada el día 19 de julio de 2015 y reproducida por publico.es, en la que narra la toma de BaenaUtiliza como fuentes, además de las investigaciones del historiador Paul Preston, extractos de mi libro de Baena y una entrevista que me realizó la periodista María Serrano el día 17 de julio. La noticia tuvo una repercusión enorme, pues durante varias horas del día se convirtió en la más leída del periódico. Su impacto en las redes sociales también ha sido mayúsculo, ya que al día siguiente de ser publicada en el facebook de Diario Público ya sumaba 259 comentarios y había sido compartida 1.390 veces.

En el artículo de andaluces.es considero que aparecen ciertas  imprecisiones, propias del lenguaje periodístico, y datos que pueden parecer en cierto modo confusos o demasiado resumidos y superficiales, así que para aclarar este tema, y quede constancia escrita, de manera documentada y basada en fuentes históricas, de lo que ocurrió en la toma de Baena por las tropas de Sáenz de Buruaga, reproduzco a continuación íntegro el capítulo II de mi libro ya citado de Baena roja y negra, que se puede leer en este enlace.

Por su hazaña en Baena el 28 de julio de 1936, Eduardo Sáenz de Buruaga fue nombrado hijo adoptivo del pueblo y recibió la Medalla de Oro de la Ciudad. El día 26 de noviembre de 2015 se presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Baena para revocar estas distinciones honoríficas junto a otras recibidas por el general Francisco Franco y el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez, quien abanderó la sublevación en Baena el 18 de julio de 1936. La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de los cuatro concejales de IU y ocho socialistas. Otros cuatro concejales del PSOE se han abstenido (el partido ha dado libertad de voto en este asunto), al igual que el único de Ciudadanos, y el PP ha votado en contra. La noticia ha tenido una amplia repercusión en la prensa, como podemos ver en los siguientes enlaces:

  • Baena Digital
  • Diario Córdoba
  • Luis Moreno Castro. Capítulos de mi memoria (I). Artículo publicado el 5 de julio de 2017 en Baena Digital por el alcalde socialista de Baena durante el periodo 1996-2011, en el que explica de manera detallada su acción de gobierno en temas referidos a la memoria histórica. Hay también una referencia a esta moción de eliminación de las distinciones honoríficas.

 

ALGUNOS DE LOS ASESINADOS POR LA COLUMNA DE SÁENZ DE BURUAGA

Francisco Pérez de las Morenas, fusilado en el Paseo el 28 de julio de 1936

Francisco Pérez de las Morenas, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, fusilado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, asesinado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

. Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón

Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón.

Listado de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil en Rute

Los militares sublevados el 18 de julio de 1936 sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles, por lo que idearon una estrategia represiva, programada con antelación, para impedir por medio del terror la reacción de sus opositores. Son bastante conocidos los numerosos documentos que desde antes del golpe de Estado circulaban entre los conjurados para la preparación de la insurrección militar. En ellos se incitaba a la utilización de una violencia indiscriminada para eliminar a los contrarios y de camino convencer, o al menos paralizar, a los indecisos. Por ejemplo, el general Emilio Mola Vidal, “director” de la conspiración militar”, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes de la rebelión, les advertía de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, el 30 de junio aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península y los republicanos no habían movido un solo dedo para oponerse a ella, los militares sublevados asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos anticipando el método que iban aplicar para conseguir el triunfo en toda la Península.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El triunfo de la rebelión golpista en Sevilla el 18 de julio de 1936, de la mano del general Queipo de Llano, determinó la suerte de varias capitales del sur de España. En Córdoba, el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por Queipo, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería a las cinco de la tarde. Entre los militares que intervinieron muy activamente a favor de la rebelión en la ciudad en aquella jornada destacaron dos oficiales nacidos en Rute: el teniente de la Guardia Civil Francisco Roldán Écija y su hermano Diego, que era capitán. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos, con la colaboración de miembros de la oligarquía y de los derechistas, tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que se proclamara el bando de guerra, se apresara a las autoridades republicanas y se apoderaran de las Casas del Pueblo y de los edificios municipales. Las llamadas de los militares rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

En Rute, desde la misma noche del 18 de julio, la Guardia Civil, comandada por el teniente Basilio Osado Labrador, fue apoyada por Carlos Galindo Casellas (secretario del Ayuntamiento y teniente de Caballería en la reserva), el teniente de Artillería retirado Adolfo Roldán Moscoso, por miembros del Casino y por la Falange. El teniente impuso el bando de guerra, detuvo a los concejales y dirigentes de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular (la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes en España el 16 de febrero anterior) y clausuró los centros republicanos y obreros. También desató una feroz represión, sin que los republicanos ofrecieran resistencia, que se llevó por delante la vida de al menos 52 vecinos durante los primeros meses de la guerra (la población de Rute se acercaba a los 15.000 habitantes en aquel momento).

Para responder al golpe de Estado, muchos ruteños siguieron la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España o no acudieron por miedo a sus puestos de trabajo. Otros muchos, sobre todo varones jóvenes, ante la ola de detenciones y fusilamientos, comenzaron a huir a la sierra. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados. La inmensa mayoría de los escapados del pueblo se encaminaron hacia la vecina localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, situada a unos 12 kilómetros en zona republicana, mientras otro grupo minoritario, ya avanzada la guerra, se marchó hacia el pueblo jiennense de Alcaudete y se enroló en el Ejército republicano.

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En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

La vida de los que se dirigieron a Cuevas de San Marcos resultó muy azarosa. Los que regresaron a Rute en el mes de agosto de 1936, creyendo en la promesa del teniente Basilio Osado de que no les pasaría nada si volvían, fueron fusilados. Los que se quedaron, al ser tomado Cuevas en el mes de septiembre por los militares sublevados, se vieron obligados a refugiarse en otras localidades de la provincia malagueña –donde trabajaron como campesinos o se alistaron en las milicias– y en la capital. Cuando el día 6 de febrero de 1937 unas 40.000 personas iniciaron una trágica desbandada para evitar las represalias de las tropas franquistas e italianas que atacaron la ciudad de Málaga, los ruteños siguieron el mismo lamentable destino. Por la carretera de la costa que unía Málaga con Almería –situada a más de 200 km.– hubieron de sufrir los despiadados bombardeos de la aviación y de los buques de guerra de las fuerzas sublevadas, que provocaron miles de muertos entre los refugiados. Tras esta odisea, los ruteños huidos a Málaga se desperdigaron por toda la España republicana.

Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, los combatientes republicanos que habían sobrevivido y los refugiados civiles hubieron de emprender la vuelta hacia sus lugares de origen. Aunque la política oficial de la dictadura pregonaba que aquellos que no hubieran cometido crímenes no tenían nada que temer, la realidad a la que se vieron sometidos los vencidos fue muy distinta. Para ellos, la contienda no había acabado. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España.

En lo que se refiere a la represión en Rute en la posguerra, al menos 45 vecinos sufrieron prisión, cinco murieron en cárceles y centros de internamiento (se calcula que unos 16.000 españoles fallecieron en las cárceles en la posguerra), dos fusilados (se contabilizan unos 20.000 fusilados en toda España y 1.102 en la provincia de Córdoba), y siete siendo guerrilleros o acusados de ser enlaces de la guerrilla (3.500 guerrilleros cayeron abatidos en la posguerra, de los que 262 sucumbieron en la provincia de Córdoba). Por último, un ruteño expiró en el campo de concentración nazi austriaco de Mauthausen, donde murieron 4.816 españoles, de los que 238 (más ocho desaparecidos) eran cordobeses. No obstante, otro ruteño, Nicolás Lanzas García, al que también presuponíamos muerto en el holocausto nazi, hemos descubierto muy recientemente que sobrevivió.

El principal obstáculo al que se enfrenta un historiador que desee investigar sobre la guerra civil y la represión franquista es la destrucción y el expolio de los archivos, palpables en varios pueblos del sur de Córdoba. En Rute, como fruto de los sucesivos traslados que ha sufrido el Archivo Histórico Municipal y de la evidente dejadez con que ha sido tratado, parte de la documentación que se conserva se encuentra amontonada en cajas, desordenada y sin catalogar, lo que ha dificultado el estudio de los acontecimientos acaecidos en el pueblo y el verdadero alcance de la represión.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla, tras volver de Cuevas de San Marcos.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla.

Los libros de defunciones del Registro Civil constituyen la fuente primordial para el estudio de la mortalidad durante la guerra. Sin embargo, desde el primer momento hubo un claro interés de las autoridades franquistas en esconder la represión, por lo que a través de los registros civiles es imposible concretar una cifra válida de víctimas republicanas, ya que muchas no se inscribieron o se anotaron falseando la causa de la muerte. Hasta los años ochenta del siglo pasado, ya en el periodo democrático y al amparo de la Ley de pensiones de guerra de 1979, no consta en las hojas de los libros de defunciones del Registro Civil de Rute que la causa de la muerte de los asesinados es por “disparo de arma de fuego” o por “fusilamiento”. Con anterioridad, el motivo es siempre “desaparecido”, concepto que también encontramos en toda la documentación oficial. “Desaparecido, suponiéndole muerto” escribieron a lápiz en la ficha de recluta del albañil Francisco José Henares Porras que se conserva en el Archivo Municipal, cuando en realidad lo asesinaron el 28 de agosto de 1936, aunque nunca fue registrado.

Otro obstáculo para la correcta inscripción de los asesinados residía en que la administración judicial quedó en manos de adeptos al nuevo régimen que subordinaban la profesionalidad a la obediencia a los principios del Glorioso Movimiento Nacional, lo que explica carencias fundamentales en los registros. Por otro lado, el impacto de la represión resultó tan enorme que muchas familias no inscribían a sus allegados  por temor a sufrir la misma desgracia, por vergüenza o por desánimo ante las dificultades que se les planteaban, como por ejemplo la obligación de realizar el asiento anotando a los asesinados como fallecidos por muerte natural, a lo que muchas se negaron. Con tantos impedimentos y limitaciones se comprende que en bastantes municipios cordobeses (como ocurre en Rute, donde solo se inscribieron alrededor de un tercio de los asesinados), figuren anotadas en los libros de defunciones del Registro Civil cifras muy bajas de víctimas de la represión franquista. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, el listado de decenas de miles de desaparecidos ocasionado por los golpistas en España a partir del 18 de julio de 1936.

La caza de los republicanos en Rute resultó fácil, pues la Guardia Civil se había apoderado el día 18 de julio de 1936 de los libros de registro de los afiliados a los partidos políticos y sindicatos, según reconoció el teniente Basilio Osado, comandante militar de Rute desde el inicio de la guerra, en sus informes para los consejos de guerra que se celebraron al final de la contienda. Casi todos los fusilados eran trabajadores (jornaleros del campo, albañiles, zapateros, etc.). Tan rápido actuó el huracán represivo que los 52 asesinados, menos dos, cayeron fusilados en los meses de agosto y septiembre de 1936 en las tapias del cementerio, la finca de La Pililla en las cercanías de Encinas Reales, la carretera de Jauja en Lucena o en las cunetas de cualquier camino.

El barbero Vicente Sánchez Montez, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

El barbero Vicente Sánchez Montes, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

Las cuatro primeras inscripciones de asesinados en el Registro Civil de Rute se realizan el 8 de junio de 1937, como consecuencia del expediente tramitado al amparo del Decreto de 10 de noviembre de 1936 que regula el asiento de los desaparecidos. Los anotados son el secretario de la notaría Juan José Rodríguez Rodríguez, el juez Salvador Villanueva Porras, el albañil Juan Antonio García Algar y el zapatero Antonio Cobos Fernández. En la década de los cuarenta se inscriben tres nuevos fusilados (el primero de ellos en 1945), cuatro en los cincuenta y otros siete más entre los años 1981-1982, como consecuencia de la Ley de pensiones de guerra de 1979, aunque tres son foráneos (dos de Iznájar y uno de Cuevas de San Marcos) y otros ya se habían inscrito con anterioridad, así que se repite su asiento. Por tanto, la mayoría de las inscripciones se producen fuera del plazo legal, muchos años después de que se hubieran producido los asesinatos. Todo esto explica que existan muertes registradas en más de una ocasión (como la del guarda forestal Juan Miguel Guerrero Curiel, inscrito el 30 de junio de 1954 y el 26 de mayo de 1981; la del vicesecretario de la agrupación socialista Antonio Porras Moreno, asentado el 22 de julio de 1955 y el 10 de agosto de 1982; o la de Vicente Sánchez Montes, anotado en Rute y en Málaga) y que los datos de los registros civiles no sean fiables a la hora de estudiar destalles históricos importantes de los fusilados, como el lugar y la fecha de su muerte o el oficio que tenían.

Juan José Rodríguez Rodrígez, hermano de Maruja, fusilado el 18 de agosto de 1936

Juan José Rodríguez Rodríguez, secretario de la Agrupación Socialista y empleado de la notaría, fusilado el 18 de agosto de 1936.

En noviembre de 2004 edité mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), que se agotó en solo dos meses, hubo que reimprimirlo en enero de 2005, y volverlo a editar, corregido y ampliado, en mayo de 2007, y en este momento se encuentra agotado de nuevo. Si no hubiéramos acometido en aquel momento ese trabajo de investigación sobre Rute, es decir, si hubiéramos aplicado la política del olvido, es probable que nunca nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de que la represión franquista se llevó por delante la vida de al menos 52 vecinos fusilados en 1936, y no solo a los 18 que se inscribieron en los registros civiles. En el estudio de la represión, el tiempo trascurrido, lo mismo que la emigración en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado de los represaliados y de sus descendientes a las zonas urbanas no juega a nuestro favor. Dentro de unos pocos años, cuando las personas que aún mantienen memoria de los hechos desaparezcan o no podamos localizarlas porque viven en otros lugares, será imposible reconstruir el verdadero alcance de la represión franquista. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Las listas de víctimas que publico a continuación se basan en mi libro sobre Rute antes citado, con la inclusión de nuevos datos obtenidos de distintas fuentes y por testimonios orales, como el de María Zamora Cobos, desde Elche, sobre su abuelo José María Cobos Caballero, preso en 1950; el de Carmen Cano Rodríguez, desde Gijón, sobre su bisabuelo Rafael Cano Tenllado, fusilado en 1936; el de Rocío Ordóñez Rivera, desde Madrid, sobre su abuelo Jacinto Ordóñez Romero, también fusilado; desde Sevilla, el de la familia de los hermanos Mariano y Luis Gutiérrez Pino, uno fusilado y otro muerto en el frente, y una hermana, Araceli, presa también; y el de Isidoro Herrero, desde Rute, sobre sus tíos Antonio y Francisco Herrero Guerrero, uno fusilado en Málaga y otro exiliado en Francia. En la relación incluimos también los nombres de los 45 presos en posguerra y de 139 vecinos sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes. Por último, añadimos la identidad de los soldados republicanos que hemos podido rescatar, y de soldados del Ejército republicano y del franquista que murieron en el frente o a consecuencia de heridas de guerra. El nombre de las víctimas de la represión y de la guerra en Rute se puede consultar en estos enlaces:

 

FOTOS DE REPRESALIADOS RUTEÑOS

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.