La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

4. Milicianos El Alcaparro

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

5. Juventudes Libertarias

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

9. Yuste Álvarez, Alfonso

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

10. García Crespo, Andrés

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Víctimas mortales de la represión en Fernán Núñez durante la guerra civil

El golpe de estado del 18 de julio de 1936 se materializó en Córdoba a las cinco de la tarde, cuando el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por el general Queipo de Llano desde Sevilla, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería, en medio de la euforia de los terratenientes y derechistas armados que allí se habían congregado para apoyar la insurrección. Entre ellos se encontraban el propietario fernannuñense Juan Cañadas Laguna y el ingeniero madrileño Carlos Inzenga Caramanzana –administrador del duque de Fernán Núñez–, que se convertiría en jefe local de la Falange cordobesa aquel mismo año. Durante la tarde y la noche los militares rebeldes controlaron el gobierno civil, el ayuntamiento y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde llamarían a la rebelión a todos los pueblos de la provincia.

2. Romero Romero, Antonio

Antonio Romero Romero, alcalde de Izquierda Republicana, fusilado el 25 de julio de 1936.

Fernán Núñez, con 11.086 habitantes, era entonces una localidad de la campiña cordobesa con una sólida tradición sindical y uno de los feudos del anarquismo en la provincia. Además, en las elecciones del 16 de febrero de 1936 la candidatura del Frente Popular (Unión Republicana, Izquierda Republicana, PSOE, PCE, etc.) había obtenido una arrolladora victoria, con 3.001 votos, frente a 700 de las derechas. En el pueblo la sublevación militar la encabezó el teniente de la Guardia Civil Cristóbal Recuerda Jiménez, quien en la madrugada del día 19 de julio proclamó el bando de guerra, detuvo al alcalde Antonio Romero Romero (de Izquierda Republicana), clausuró el centro obrero y encarceló a algunos anarquistas, entre ellos al secretario de las Juventudes Libertarias, Antonio Ariza Luna. Las fuerzas opositoras al golpe de estado –entre los que predominaban los anarquistas y en menor medida militantes de Izquierda Republicana y socialistas– respondieron con rapidez, se lanzaron a la búsqueda frenética de armas y consiguieron algunas escopetas de caza y varias pistolas. El día 19 por la mañana, el teniente Cristóbal Recuerda y sus hombres salieron a patrullar, apoyados por escasos derechistas, aunque serían recibidos por disparos en la calle San Sebastián. Debido a sus escasos efectivos, los guardias civiles, después de matar a un hombre que se encontraba guardando un melonar en la carretera Córdoba-Málaga, se vieron impotentes para controlar el pueblo y se recluyeron en el cuartel, situado al lado del palacio ducal, donde también se encontraba la prisión del municipio. Ni siquiera pudieron impedir que, a través de un agujero realizado en la parte de atrás de esta cárcel, un grupo mandado por el comunista Francisco Yuste Cuesta consiguiera rescatar el día 22 a las personas que el teniente Cristóbal Recuerda había apresado en la madrugada del 19.

Para coordinar la respuesta al golpe militar, en Fernán Núñez se creó un Comité formado en su mayoría por anarquistas. El día 23 de julio comenzaron los registros, detenciones y requisas de los bienes de varios derechistas. A algunos los liberaron tras arrebatarles las armas o interrogarlos, pero a otros los recluyeron en una habitación junto al surtidor de gasolina, situado en la carretera de Córdoba. El día 24 los trasladaron a las escuelas de Vilches, en el centro del pueblo, para evitar que pudieran ser liberados si las fuerzas sublevadas de otras localidades intentaban algún ataque. Se realizaron asimismo actos anticlericales, y hubo incendios en la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, la iglesia de la Caridad y la ermita de la Veracruz.

Los guardias civiles permanecían imbatibles en el cuartel desde el 19 de julio, aislados del exterior. Con la finalidad de rendirlos, les disparaban desde las casas y balcones de los alrededores y les cortaron el suministro de víveres, agua, luz y teléfono. A la vez, el Comité esperaba los refuerzos de una columna de mineros, milicianos y guardias de Asalto que desde Jaén había acudido para apoyar a los republicanos de varias localidades cordobesas y que el día 21 había entrado en Espejo. Como la Guardia Civil seguía atrincherada, a las nueve de la mañana del día 24 de julio el Comité envió al cuartel de emisarias a Dorotea García Cuesta y María Antonia Jiménez Alcaide para intentar la rendición de los sitiados a cambio de perdonarles la vida y dejarlos marchar, pero la propuesta no fructificó.

1. Aguilar Galindo, Manuel

El comandante de Artillería Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo, jefe de las tropas golpistas que tomaron Fernán Núñez en la mañana del día 25 de julio de 1936.

Cuando los militares golpistas controlaron la situación en Córdoba, iniciaron una campaña para asegurarse el dominio de algunos pueblos cercanos. Por ello, al mando del comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo, en la madrugada del día 25 de julio de 1936 salió desde la capital una columna de coches y camiones con el objetivo de apoderarse de Fernán Núñez. Estaba integrada por legionarios, soldados de Artillería, guardias de Asalto, algunos propietarios agrícolas fernannuñenses y miembros de las juventudes falangistas y de Acción Popular. Iban equipados con ametralladoras, fusiles, morteros y bombas de mano. A la entrada del pueblo se encontraron con dos árboles cruzados en la carretera y una barricada, desde donde los recibieron a tiros. Entre los defensores de la localidad –según los testimonios orales– caerían abatidos al menos cuatro hombres: el anarquista Sebastián Medina Lesmes, un joven libertario en la calle San José, el militante de Izquierda Republicana Juan Pedro Crespo Jaraba en la calle Córdoba y el cenetista Juan Pedro Zamorano Gómez, que fue alcanzado por los disparos de los militares en la calle San Marcos y moriría al día siguiente en la casa del médico Antonio Luna Toledano. La columna golpista consiguió penetrar en Fernán Núñez entre las siete y las ocho de la mañana y liberar del cerco a los guardias civiles. Como respuesta, en plena desbandada de miles de personas hacia los campos y en una situación desesperada y caótica, los guardianes que custodiaban a los presos de derechas internados en las escuelas de Vilches se tomaron la justicia por su mano y mataron a trece de ellos con disparos de escopeta. En total, la represión republicana causó en Fernán Núñez 16 asesinados de derechas –restando a los foráneos, 11 en las escuelas de Vilches y cinco en los cortijos de los alrededores–.

Grupo de campesinos de Fernán Núñez, detenido por las fuerzas militares golpistas el día 25, mientras esperan la ejecución en la carretera de Córdoba. La foto fue publicada por el periódico La Voz como tomada en Baena.

Grupo de campesinos de Fernán Núñez, detenidos por las fuerzas militares golpistas el día 25 de julio, mientras esperan la ejecución en la carretera de Córdoba. La foto fue publicada por el periódico La Voz como tomada en Baena.

Como hemos señalado, el comandante Manuel Aguilar-Galindo –uno de los principales artífices de la sublevación del 18 de julio en Córdoba capital– acaudillaba las tropas militares rebeldes que entraron en Fernán Núñez, en las que se integraban efectivos de la Legión, un cuerpo que aplicó estrategias de guerra colonial por los pueblos que iban cayendo en sus manos, con asesinatos indiscriminados, violaciones y rapiñas. Tres días antes, Aguilar-Galindo ya había dejado muy claro cuáles eran sus métodos cuando una columna a sus órdenes se introdujo en el también pueblo cordobés de Pedro Abad. Allí fusiló y quemó con gasolina a 14 vecinos en represalia porque habían muerto 12 presos de derechas cuando sus guardianes los habían acribillado antes de la huida. En Fernán Núñez, la actuación del comandante resultó más desmesurada, de manera que la localidad soportó el triste destino de sufrir el primer fusilamiento masivo de toda la provincia de Córdoba durante la guerra civil, al que a los pocos días seguirían otros episodios fúnebres, con cientos de asesinatos, como los perpetrados por la columna sublevada del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga en Baena el 28 de julio y la del comandante Antonio Castejón en Puente Genil el 1 de agosto.

Tras la toma de Fernán Núñez por las fuerzas militares golpistas, el coste humano de la represión resultó enorme. Al menos 53 personas, con nombres y apellidos, cayeron acribilladas el día 25 de julio, día de Santiago, en la cuneta de la carretera; y por lo menos otras 73 fueron enviadas a la tumba durante el resto del año 1936. Los nombres de los 126 asesinados, junto a un relato histórico de los hechos y de las circunstancias de la muerte de algunos de ellos, aparece en el capítulo tercero de mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez, cuya última edición es del año 2009. Tras la publicación de esta entrada del blog, gracias al testimonio de su nieta Inmaculada Alcaide, en septiembre de 2016 he podido añadir un nombre más a la lista de asesinados en Fernán Núñez, el de su abuela Juana María Requena Zafra. Se negó a huir del pueblo, como habían hecho sus hermanos, de ideología izquierdista, pues consideraba que «no había hecho nada malo». Fueron a por ella por la noche, cuando ya tenía a sus cuatro hijos acostados. La familia solo sabe que la fusilaron en un cruce de caminos. Los hijos fueron separados y resguardados por los vecinos hasta que el padre regresó al domicilio, pues estaba trabajando de jornalero en un cortijo.

Marina Pintor

El 11 de enero de 2009, cuando la entrevisté, Marina sostiene la foto de su padre, Antonio Pintor Marín, fusilado el 16 de agosto de 1936. Nadie imaginaba que tres años después podría recuperar sus restos de una fosa común y darles una sepultura digna en el cementerio de Fernán Núñez.

Fernán Núñez ha sido de los pocos pueblos de Córdoba que recientemente ha podido extraer de las fosas comunes y enterrar dignamente a algunos de sus vecinos asesinados durante la guerra civil. En septiembre de 2012, los cadáveres de cinco fernannuñenses se exhumaron de la fosa común del cementerio del cercano pueblo de Aguilar de la Frontera, adonde habían sido trasladados y fusilados el 16 de agosto de 1936. Los cuerpos recuperados corresponden a Antonio Pintor Marín (presidente de la agrupación local del PSOE), Teodomiro Villalba Velasco, Alfonsa Galán Luna, Fernando Valle Luque y su esposa María Antonia Jiménez Alcaide, embarazada de cinco meses. La labor de exhumación la realizó AREMEHISA, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

Esta misma asociación ha iniciado a finales de agosto de 2015 los trabajos para la localización de los restos de otros ocho vecinos de Fernán Núñez. Todos eran miembros de una familia apodada Los Carboneros y trabajaban en el cortijo de Villafranquilla, que tenían arrendado. En la masacre colectiva cayeron asesinados, el 16 de septiembre de 1936, Manuel Torres Herrera, Manuel Galindo Moriana, Manuel Torres Romero, Juan Antonio Marín Sojo, Antonio Marín Lomares “Marcelino”, José Rodríguez Gil y su hijo José Rodríguez, pero solo tres de ellos aparecen inscritos en el Registro Civil como fallecidos. Sobrevivieron al fusilamiento Manuel Torres Romero (al que descubrieron y remataron) y Antonio Marín Torres, quien con una herida en la cara se hizo el muerto entre los cadáveres y consiguió llegar a Fernán Núñez para esconderse. Sus cuerpos, al parecer, reposan en la fosa común del cementerio de Guadalcázar, donde en este momento se están realizando las labores de búsqueda.

 

Información adicional

 

Fotos de víctimas mortales de la represión franquista

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José Frías Collado, de Izquierda Republicana, fusilado el 25 de julio de 1936. En la fotografía aparece con su mujer y su hijo Julián Frías Pozo.

El camarero Benjamín Ansio Rídez, de 17 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El camarero Benjamín Ansio Rídez, de 17 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El vaquero Gonzalo Ansio Rídez, de 19 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El vaquero Gonzalo Ansio Rídez, de 19 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El corredor de fincas Gonzalo Ansio Crespo, de 57 años, fusilado en Córdoba el 28 de octubre de 1936.

El corredor de fincas Gonzalo Ansio Crespo (padre de los dos anteriores), de 57 años, fusilado en Córdoba el 28 de octubre de 1936.

El matrimonio Fernando Valle Luque, de 42 años, y Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilados el 16 de agosto de 1936 en las proximidades de Aguilar de la Frontera.

Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilada junto a su marido (foto de abajo) el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

El matrimonio Fernando Valle Luque, de 42 años, y Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilados el 16 de agosto de 1936 en las proximidades de Aguilar de la Frontera.

Fernando Valle Luque, de 42 años, fusilado junto a su esposa (foto de arriba) el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

El chófer Antonio Pintor Marín, de 43 años, presidente de la agrupación local del PSOE, fusilado el 16 de agosto de 1936 en Las Salinas (Aguilar de la Frontera).

El chófer Antonio Pintor Marín, de 43 años, presidente de la agrupación local del PSOE, fusilado el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

6. González Carmona, Francisco

El anarquista Francisco González Carmona, fusilado el 3 de septiembre de 1936

Antonio Bascón Sillero, natural de Montalbán, de 51 años, asesinado el 1 de octubre de 1936 en la carretera de Córdoba (está inscrito en el Registro Civil de Fernán Núñez).

Antonio Bascón Sillero, natural de Montalbán, de 51 años, asesinado el 1 de octubre de 1936 en la carretera de Córdoba (está inscrito en el Registro Civil de Fernán Núñez).

Juan Gómez Eslava, de 35 años, encargado del cortijo El Viento, fue fusilado el 16 de octubre de 1936 en el cementerio de San Rafael de Córdoba.

Juan Gómez Eslava, de 35 años, encargado del cortijo El Viento, fue fusilado el 16 de octubre de 1936 en el cementerio de San Rafael de Córdoba.

El agricultor Luis Raya Luque, de 41 años, asesinado el 14 de agosto de 1936 en la cuesta de los Visos.

El agricultor Luis Raya Luque, de 41 años, fusilado el 14 de agosto de 1936 en la cuesta de los Visos.

Antonio Cañero Yuste, fusilado el 30 de julio de 1936.

 

Fotos de víctimas mortales de la represión republicana 

Justo Moreno Luque, coadjutor de Montemayor, asesinado en las escuelas de Vilches.

Justo Moreno Luque, de 53 años, coadjutor de la parroquia de Montemayor, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936.

Rafael Reyes Moreno, sacerdote de la parroquia de Santa Marina, asesinado en las escuelas de Vilches.

Rafael Reyes Moreno, de 48 años, sacerdote de la parroquia de Santa Marina, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936.

Severiano Bajo García

Severiano Bajo García, administrador del duque de Frías y empleado, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936 (foto cedida por la familia).

 

 

La toma de Baena por la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE (Hugh Thomas, La guerra civil española, libro 7, ediciones Urbión, 1979, pág 69.

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE 

El artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Sin embargo, desde el día 17 de julio de 1936 muchos militares españoles se saltaron la legalidad vigente, su propio juramento de fidelidad a la República, impusieron el bando de guerra e iniciaron una sublevación que desembocaría en una guerra civil. Uno de esos militares fue el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que abanderó la rebelión militar en Tetuán. Allí recibió al general Franco cuando llegó en el avión Dragon Rapide para encabezar las tropas alzadas del ejército de África. Los generales rebeldes confiaban en el ejército de África porque contaba con unos 40.000 hombres, estaba bien adiestrado, disponía de material bélico moderno y se podía incorporar de inmediato a la lucha. Además, una buena parte de sus filas no estaban compuestas por reclutas, sino por regulares, es decir, por mercenarios moros. Las mejores tropas de este ejército estaban constituidas por legionarios, formados en las tácticas represivas y violentas de la guerra colonial, que impondrían el terror por doquier. Esta violencia indiscriminada se aplicó por el ejército rebelde desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península, los militares sublevados fusilaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a usar para conseguir el triunfo en toda España. El grueso del transporte de estas tropas desde Marruecos a la Península lo realizaron 20 aviones “Junker 52” enviados por Hitler, en lo que se convirtió en el primer puente aéreo masivo de la historia.

La primera zona de España a donde arribaron las tropas africanas fue Andalucía, donde colaboraron en la ocupación para la causa rebelde de extensas zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. A los pocos días de iniciada la guerra, el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga ya estaba actuando en Córdoba. El día 26 de julio, las tropas a su mando tomaron el pueblo de Villafranca, donde ocasionaron medio centenar de muertos entre la población civil, según el historiador Francisco Moreno Gómez. El día 28 le tocó el turno a Baena, una localidad de poco más de 23.000 habitantes, donde 230 derechistas y guardias civiles se habían sublevado el día 18 capitaneados por el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez. Resistían atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo frente al acoso de los que se oponían a la acción golpista, mayoritariamente anarquistas.

El conocido periodista Ernesto Sáenz de Buruaga escribió un artículo en El Mundo el día 11 de julio de 2015 en el que criticaba la medida de la alcaldía de Madrid de eliminar del callejero los nombres que tuvieran reminiscencias franquistas. En ese artículo dice textualmente lo siguiente:

“los militares Sáenz de Buruaga fueron honestos, leales, patriotas, buena gente y combatían en el bando de los que ganaron la guerra civil. Me siento orgulloso de mis antepasados y si tuvieran una calle me parecería un acierto. Y me sentiría ofendido si se la quitan…”.

Entre los parientes del periodista se encuentra el ya citado Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que comandaba las tropas que el 28 de julio de 1936 conquistaron Baena por medio de una serie de acciones que hoy se catalogarían como crímenes de guerra (por ejemplo, el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población). Esta toma del pueblo por las tropas de Sáenz de Buruaga la narro en el capítulo II de mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), cuya segunda edición ha visto la luz en 2013.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

.Al calor del artículo de Ernesto Sáenz de Buruaga, el periódico digital andaluces.es ha elaborado una noticia, publicada el día 19 de julio de 2015 y reproducida por publico.es, en la que narra la toma de BaenaUtiliza como fuentes, además de las investigaciones del historiador Paul Preston, extractos de mi libro de Baena y una entrevista que me realizó la periodista María Serrano el día 17 de julio. La noticia tuvo una repercusión enorme, pues durante varias horas del día se convirtió en la más leída del periódico. Su impacto en las redes sociales también ha sido mayúsculo, ya que al día siguiente de ser publicada en el facebook de Diario Público ya sumaba 259 comentarios y había sido compartida 1.390 veces.

En el artículo de andaluces.es considero que aparecen ciertas  imprecisiones, propias del lenguaje periodístico, y datos que pueden parecer en cierto modo confusos o demasiado resumidos y superficiales, así que para aclarar este tema, y quede constancia escrita, de manera documentada y basada en fuentes históricas, de lo que ocurrió en la toma de Baena por las tropas de Sáenz de Buruaga, reproduzco a continuación íntegro el capítulo II de mi libro ya citado de Baena roja y negra, que se puede leer en este enlace.

Por su hazaña en Baena el 28 de julio de 1936, Eduardo Sáenz de Buruaga fue nombrado hijo adoptivo del pueblo y recibió la Medalla de Oro de la Ciudad. El día 26 de noviembre de 2015 se presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Baena para revocar estas distinciones honoríficas junto a otras recibidas por el general Francisco Franco y el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez, quien abanderó la sublevación en Baena el 18 de julio de 1936. La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de los cuatro concejales de IU y ocho socialistas. Otros cuatro concejales del PSOE se han abstenido (el partido ha dado libertad de voto en este asunto), al igual que el único de Ciudadanos, y el PP ha votado en contra. La noticia ha tenido una amplia repercusión en la prensa, como podemos ver en los siguientes enlaces:

  • Baena Digital
  • Diario Córdoba
  • Luis Moreno Castro. Capítulos de mi memoria (I). Artículo publicado el 5 de julio de 2017 en Baena Digital por el alcalde socialista de Baena durante el periodo 1996-2011, en el que explica de manera detallada su acción de gobierno en temas referidos a la memoria histórica. Hay también una referencia a esta moción de eliminación de las distinciones honoríficas.

 

ALGUNOS DE LOS ASESINADOS POR LA COLUMNA DE SÁENZ DE BURUAGA

Francisco Pérez de las Morenas, fusilado en el Paseo el 28 de julio de 1936

Francisco Pérez de las Morenas, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, fusilado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, asesinado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

. Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón

Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón.

Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez.

Manuel Cubillo Jiménez nació en el año 1900 en el seno de una familia humilde de la localidad cordobesa de Baena. Su padre era herrero, profesión en la que él también trabajó en su juventud. Por las noches, con enorme esfuerzo y autodisciplina, se preparó por libre la carrera de Derecho, unos estudios que había comenzado tardíamente y que terminaría con 29 años. En 1936 ocupaba el cargo de secretario de la Comunidad de Labradores de Baena, desde donde al parecer colaboró en los preparativos del golpe de estado del 18 de julio. En concreto se encargó de conseguir, en los meses previos a la sublevación militar, permisos de armas para derechistas, propietarios agrícolas y guardias jurados que trabajaban a sus órdenes. Así lo indica el teniente Fernando Rivas Gómez, en un artículo titulado La defensa de Baena, publicado en 1972, durante la dictadura franquista, en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, páginas 65-66. Fernando Rivas apunta que “el teniente jefe de la Línea de la Guardia Civil, don Pascual Sánchez Ramírez, recientemente había realizado una campaña para dotar de armas a las personas de orden, procurándoles nombramientos de guardias particulares jurados, a fin de que pudieran poseer armas, tarea en la que le secundó Manuel Cubillo, secretario de la Comunidad de Labradores”.

Sáenz de Buruaga (Nuevo)

El coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga comandaba las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936.

La sublevación de la Guardia Civil de Baena, comandada por el ya citado teniente Pascual Sánchez Ramírez, contó a partir del 18 de julio de 1936 con el apoyo de un nutrido grupo de paisanos que se atrincheraron en al menos catorce puestos de defensa en la parte alta del pueblo. Sus fuerzas sumaban unos 230 hombres, entre los que se encontraba Manuel Cubillo, que ejerció su labor en el cuartel. Durante diez días se enfrentaron a un abultado número de resistentes antifascistas, en su inmensa mayoría obreros afectos a la anarquista CNT, que en respuesta a la sublevación militar se organizaron con rapidez, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban el pueblo, que entonces contaba con algo más de veintiún mil habitantes. El día 28 de julio, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, para apoyar a los golpistas, dio un vuelco a la situación. Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron una carnicería contra la población civil indefensa en las calles, las casas y sobre todo, en el Paseo, donde decenas de hombres fueron asesinados de un tiro en la nuca tras ser obligados a postrarse boca abajo formando filas en el suelo.

La consecuencia inmediata de la matanza que perpetraron las tropas de Sáenz de Buruaga cuando entraron en Baena fue la cruel venganza ocurrida en el convento de San Francisco, donde el Comité que habían creado los republicanos, compuesto en su inmensa mayoría por anarquistas, mantenía presos a bastantes derechistas y, sobre todo, a familiares de los que se habían sublevado y atrincherado con la Guardia Civil. En este asunto de los rehenes apresados en el convento de San Francisco debemos hacer dos precisiones. La primera es que esta práctica la inició la Guardia Civil el día 19 con el apresamiento de familiares de dirigentes anarquistas, y la segunda es que el Comité actuó de la misma manera pero con posterioridad, dos días después, cuando el teniente Pascual Sánchez Ramírez amenazó con asesinar a los rehenes que él mantenía en su poder. El día 27 de julio el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente Pascual Sánchez Ramírez se negó.

Hasta el día 28 de julio, se había respetado la vida de los detenidos en el convento, salvo en el caso de Antonio Galisteo Navarro. Sin embargo, la sangrienta entrada en Baena de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga causó una trágica escalada de violencia. Como respuesta a los asesinatos cometidos por los militares golpistas horas antes en el pueblo, en medio de la confusión que se vivió entonces en el edificio del convento, y después de que huyeran la inmensa mayoría de los miembros del Comité y los cientos de aterrados vecinos que se habían refugiado dentro, se produjo la masacre de los rehenes por un reducido grupo de exaltados, al anochecer del día 28, cuando las fuerzas de Sáenz de Buruaga atacaron el edificio. Según el Registro Civil y la variada documentación sobre el asunto que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Baena, en el convento de San Francisco asesinaron a 73 personas, bastantes de ellas a golpes de hacha, pues los atrincherados carecían de munición. Otras 81, entre las que se contaban 10 heridas, consiguieron sobrevivir. Entre los asesinados se encontraba la mujer de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, y tres de sus hijos: Manuel, de siete años; Marina, de cinco; y Rafael, de tres. Manuel Cubillo tenía entonces 36 años y solo le quedaron vivos dos hijos: Rosalina, de ocho años, a la que el Comité habían permitido salir del convento días antes porque se había fracturado un brazo; y Antonio, de pocos meses, que tampoco se encontraba en el edificio.

16.Los cadáveres de Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento, por orden del gabinete civil de la II División Militar, para sacarles esta fotografía que luego sería publicada con fines propagandísticos.

Los cadáveres de la esposa de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento.

La propaganda franquista puso mucho interés en que los crímenes cometidos en el convento de San Francisco, debido al dramatismo que encerraban, traspasaran las fronteras de la provincia y se conocieran con rapidez en ámbitos más amplios. La primera referencia fotográfica sobre los crímenes de San Francisco apareció en un librito editado en otoño de 1936 con el largo título de Estado Español. Tercer avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del centro y mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado gobierno de Madrid. Una de las fotos de Baena que aparece es la de un ataúd con los restos mortales de Concepción Pérez Baena y dos de sus hijos pequeños. Se tenía tanto interés en que esta última imagen saliera en el libro que el gabinete civil de la Segunda División Orgánica, con sede en Sevilla, llegó al extremo de exhumar expresamente los tres cadáveres, el 28 de diciembre de 1936, a los cinco meses de su enterramiento, para realizarles la fotografía con fines propagandísticos.

Tras la entrada de las tropas de Sáenz de Buruaga, Baena permaneció durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamó “zona nacional”, la parte de España controlada por los militares golpistas. En un primer momento, en esta zona la represión física contra de los republicanos se ejerció a través de la aplicación del bando de guerra, que significaba el fusilamiento sin juicio previo. Al menos 369 baenenses murieron asesinados en el pueblo de esta manera durante los tres años de guerra, casi todos en el verano de 1936.

Tras finalizar la contienda el 1 de abril de 1939, la maquinaria judicial se puso en marcha muy pronto en Baena contra las 2.174 personas mayores de edad que, según el libro de presentados de la “zona roja” que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, habían huido en el verano de 1936 a la zona republicana y ahora regresaban oficialmente como vencidos. Se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías para los procesados y los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la guerra y había soportado ya una atroz represión durante tres años, todavía existieran en 1939, según el historiador Francisco Moreno Gómez, nada menos que 35 juzgados militares, unos 20 en la capital y un mínimo de 15 en los pueblos, y eso sin contar los juzgados de responsabilidades políticas y de persecución de huidos.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabada la guerra, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. A sus órdenes actuaron los oficiales jurídicos habilitados Manuel Criado Valenzuela y Luis Córdoba García, ambos abogados y secretarios respectivos de los ayuntamientos de Castro del Río y Baena. Los tres se repartieron equitativamente el territorio asignado, con una zona de acción propia, aunque la dirección recayó en Manuel Cubillo. La jefatura quedó establecida en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo.

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Manuel Cubillo Jiménez, de pie, el tercero por la derecha.

La elección de estos jueces por la Auditoría de Guerra no fue casual, pues para garantizar que la actuación judicial resultara implacable hubo bastante interés, y no sólo en Baena, en que los jueces militares fueran familiares de personas que habían padecido la represión republicana. Por tanto, uno de los principios generales del Derecho, el que impide ser juez y parte en un asunto, se conculcaba para garantizar que la imparcialidad no existiera y que primara el principio de venganza sobre el de justicia. Manuel Cubillo, como ya hemos señalado, tenía a su mujer y a tres de sus hijos entre los asesinados en el convento de San Francisco, además de al marido de su cuñada Marina, el escribiente del Ayuntamiento Juan Cassani Soler, muerto a los 33 años. Las hermanas de este también habían estado presas en el convento, y una de ellas, Victoria, había perdido allí a su esposo, Agustín Valverde Villarreal, jefe de telégrafos. La relación de Manuel Cubillo con su familia política, golpeada por la represión como él mismo, se acentuaría al casarse con su antes citada cuñada Marina, hermana de su mujer, con la que tuvo cuatro hijos más. Las trágicas circunstancias familiares que habían vivido él y su nueva esposa incidirían en su personalidad, por lo que dedicó todas sus energías a investigar las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Buscar y castigar a los asesinos de sus allegados y de los otros vecinos que cayeron víctimas de la represión izquierdista se convirtieron en un objetivo vital que pudo satisfacer en parte tras su nombramiento como juez militar. La responsabilidad moral y penal por estos crímenes cometidos en Baena la amplió, como podemos ver a través de su actuación judicial, también hacia los republicanos y la República, un régimen al que consideraba causante de la guerra civil.

La justicia militar se ejerció en Baena de manera muy dura e implacable en la posguerra: 44 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, Jaén, Castro del Río y Córdoba; al menos 224 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 180 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión.

En 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, Manuel Cubillo redactó unas páginas que dividió en dos partes. La primera parte comenzaba en junio de 1928, con la descripción pormenorizada de un viaje en tren junto a otros alumnos que iban a examinarse por libre de varias asignaturas a la Facultad de Derecho de Murcia. Entre ellos se encontraban Manuel Piedrahita Ruiz, futuro periodista y uno de los asesinados en el convento de San Francisco el 28 de julio de 1936, y el conquense Luis Rius Zunón, quien en junio de 1936 sería nombrado gobernador civil republicano de Jaén. Desde sus primeros renglones, Manuel Cubillo se nos muestra como un católico devoto, de ideología antirrepublicana y conservadora, admirador de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, orgulloso de haber sacado una carrera universitaria a pesar de sus orígenes humildes y crítico con los prejuicios sociales y las actitudes elitistas de la clase señoritil baenense.

En septiembre de 1929 Manuel Cubillo finalizó sus estudios de Derecho. Tras haber estado destinado en el Ayuntamiento cordobés de Encinas Reales, comenzó a trabajar de secretario en el Ayuntamiento de Doña Mencía –una localidad situada a poco más de una decena de kilómetros de Baena y que no llega a identificar por el nombre en sus escritos–, donde “padeció la proclamación de la República” y durante cinco meses una alcaldía comunista. “Asqueado del cariz que tomaba la política en España”, en una fecha indeterminada pero posterior a septiembre de 1931, decidió dejar su plaza y regresar a Baena para ejercer la abogacía, una profesión en la que “adquirió fe en la justicia y la perdió en los clientes”, ya que muchos de ellos ni le agradecían su trabajo ni se lo pagaban. También, “por espíritu cristiano, por espíritu de clase (…) sirvió a los menesterosos cuando su reclamación era justa” en los jurados mixtos, creados por la República a finales de noviembre de 1931 para tratar de evitar la conflictividad laboral. Estos organismos estaban presididos por un representante de la administración, formados por representantes de obreros y patronos, y se encargaban de regular las condiciones de trabajo y de sancionar las infracciones.

El haber defendido reclamaciones de los trabajadores en los jurados mixtos le supuso “el recelo de las clases pudientes, que por el solo hecho de defender a los obreros ya clasificaban al abogado en el casillero de sus enemigos”. Sin embargo, ese recelo se disipó con prontitud. Aunque desconocemos desde qué fecha concreta, en mayo de 1934 ya trabajaba de secretario de la Hermandad de Labradores de Baena, la entidad que agrupaba a los patronos agrarios y que estaba ligada a las clases altas y a la derecha, aunque Manuel Cubillo nos la presente como un “organismo apolítico”. Prueba de esa estrecha ligazón es que en estos momentos la Hermandad de Labradores la presidía Pedro Luque Garrido, concejal en el Ayuntamiento de la derechista Acción Popular, vicepresidente de este partido en Baena en 1935 y uno de los hombres que se atrincheró con la Guardia Civil en julio de 1936 para apoyar el golpe de estado.

La segunda parte del relato de Manuel Cubillo comienza en 1936, en la antesala de la guerra civil. En breves renglones nos presenta a Baena como un pueblo “envenenado por las doctrinas marxistas”, algo incierto porque en Baena imperaba el ideario anarquista entre la clase obrera desde hacía muchos años. El socialismo y el comunismo, las dos principales tendencias que bebían de las fuentes marxistas, tenían una implantación discreta, a pesar de que ejercía de alcalde del Frente Popular el socialista Antonio de los Ríos Urbano. Aun así, en aquella época era común entre las personas de ideología conservadora calificar como marxista todo pensamiento, partido o sindicato que tuviera relación con la izquierda y con la República, sin distinguir entre unas ideologías y otras.

Manuel Cubillo nos muestra a Baena en 1936 con un clima social enrarecido, en el que “el odio se respiraba por todas partes”, “el rencor crecía” y “la tragedia se presentía”. Sin embargo, no aporta ningún dato concreto que ilustre sus afirmaciones. Es cierto que el clima social en Baena resultó tenso durante el periodo de gobierno del Frente Popular, entre febrero y julio de 1936, y en otros periodos de su historia reciente, pero fue a causa de la injusta situación de los miles de jornaleros del campo, azotados por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Agravaba el panorama una estructura de la propiedad latifundista, ya que existían en el pueblo 27 fincas de más de 250 hectáreas. En un par de meses hubo dos huelgas generales: una entre el 14 y el 19 de abril y la otra entre el 20 y el 22 de junio, convocadas por la anarquista Sociedad de Oficios Varios. Los motivos principales de las huelgas fueron la negociación de las bases de trabajo y el paro, agravado por el exceso de lluvias y porque los patronos contrataban a muchos jornaleros forasteros mientras los del pueblo estaban desempleados, lo que había originado, el 4 de junio, el envío de una carta del alcalde al presidente de la patronal agraria para recordarle la obligación de cumplir la normativa legal vigente, boicoteada por algunos propietarios. Poco después, el 10 de julio una caravana de doscientos labradores acudió en masa ante el gobernador civil Antonio Rodríguez de León, de Unión Republicana, para protestar por las exigencias laborales de los obreros, que estaban entorpeciendo la recolección.

Respecto a esta conflictividad social en Baena (y en el resto de España), hemos de señalar que no solo se origina por las huelgas y las reivindicaciones laborales de los obreros, sino también y en gran medida por el boicot de la clase patronal –entre la que se incluía la Comunidad de Labradores en la que Manuel Cubillo ejercía de secretario– a las leyes agrarias republicanas y a las bases de trabajo (salarios, comidas, horarios, etc.) establecidas por los jurados mixtos. De ello da buena fe Alfonso Torrico Lomeña, nacido en 1927, que estuvo ligado a la alta administración franquista y fue autor del libro Baena durante durante la Segunda República. Sus Ayuntamientos, publicado en 2008. En las páginas 53 y 54 señala que “el paro obrero, en muchas ocasiones obedecía más que a razones de tipo económico (…) a cuestiones personales de los propietarios contrariados por alguna reclamación o por no votar [el obrero] la candidatura indicada; en definitiva, por motivaciones políticas (.) La iniciativa, en la contratación, siempre estaba en manos del patrono. Al ser la oferta de trabajo abundante, aquel [el patrono] siempre imponía sus condiciones, salvo en época de cosecha abundante”.

De la intransigencia patronal nos informa también uno de los líderes sindicalistas de Baena durante la República, Juan Misut Cañadilla, que remitió en enero de 1983 una detallada carta sobre este asunto al historiador Francisco Moreno Gómez. Este la publicaría íntegra en las páginas 363-365 de su obra 1936: el genocidio franquista en Córdoba, y de ella hemos extraído estos párrafos en los que se muestran la sumisión y la explotación que sufrían los obreros:

Aquellos señores que … se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús … escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas, y preferían pagar cinco mil duros a un abogado antes que un real a los jornaleros (.) Con esta patronal teníamos que luchar para conseguir una pequeña mejora en la situación caótica de los trabajadores del campo. Ellos [los patronos] tenían el poder, la influencia (aún con la República) y el dinero; nosotros solo teníamos dos o tres mil jornaleros a nuestras espaldas, a los que teníamos que frenar, pues la desesperación de no poder dar de comer a sus hijos hace a los hombres fieras” (.) En las pocas veces (dos o tres) que fui en comisión a discutir con la patronal, jamás se puso en el tapete otra cuestión que la salarial; no se hablaba nunca de la comida ni de las horas de trabajo, pues todo iba incluido en el Artículo ‘Usos y costumbres de la localidad’, que no era otra cosa que trabajar a riñón partido de sol a sol, o ampliado por los capataces lameculos, desde que se veía hasta que no se veía.

Manuel Cubillo nos transmite, nada más comenzar la segunda parte de su relato, uno de los grandes mitos históricos del franquismo: que el asesinato de José Calvo Sotelo, al que considera un «proto-mártir», estuvo “organizado por los poderes” y fue el detonante último del enfrentamiento civil. Calvo Sotelo era uno de los líderes de la extrema derecha monárquica y en dos ocasiones, a mediados de junio y el 1 de julio, ya había hecho alarde público del fascismo en las Cortes. En la noche del 12 de julio de 1936 unos pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Tejada, y dos meses antes, otro amigo del teniente, el capitán Carlos Faraudo, había muerto en las mismas circunstancias. Varios compañeros suyos decidieron vengar a las pocas horas su asesinato, así que detuvieron a Calvo Sotelo. Cuando estaba siendo trasladado a la Dirección General de Seguridad uno de los guardias lo mató de repente de dos disparos. Aunque el sucesor político de Calvo Sotelo, el conde de Vallellano, denunció el día 15 de julio en la Diputación Permanente de las Cortes el asesinato de Calvo Sotelo como un “crimen de Estado”, el Gobierno no estuvo implicado en el asunto, ya que el Consejo de Ministros condenó el asesinato, declaró que habría una investigación pública y detuvo a varios guardias de asalto.

Tampoco el asesinato de Calvo Sotelo causó o precipitó la guerra civil. Cuando se produjo, los militares conspiradores llevaban meses preparando la sublevación. De hecho, las famosas instrucciones del general Emilio Mola, el “director” de la conspiración, a los demás conjurados tienen fecha de mayo de 1936 y hacía un mes que estaba contratado el avión británico, el Dragon Rapide, que llegaría a Las Palmas de Gran Canaria el día 14 de julio para transportar a Franco al Protectotado de Marruecos, donde iba a ponerse al frente del Ejército rebelde de África. La fecha del inicio del golpe de Estado quizás esté más relacionada, como ha señalado el historiador Ángel Viñas, con los contratos que los monárquicos españoles, con el probable conocimiento de Calvo Sotelo, firmaron el 1 de julio con la Italia fascista de Mussolini para comprar una enorme cantidad de material bélico (aviones, bombas, ametralladoras, proyectiles, etc.) que serviría para apoyar la campaña bélica que preparaban. Aunque Manuel Cubillo nos hable de que la rebelión militar tenía como fin la defensa de la patria ante el “poder extranjero que subyugaba a España”, son precisamente los golpistas los primeros que estaban aliados desde hacía tiempo con una potencia extranjera para que interviniera en nuestro país –los contactos de la extrema derecha española con la Italia de Mussolini comienzan en 1934–, con lo que acaban pecando de lo que acusaban falsamente a la República.

Manuel Cubillo indica que “no sabía nada del movimiento que se preparaba, pues siempre viví alejado de la política”. Esto contrasta con lo que afirma el teniente Fernando Rivas en el artículo que citamos al principio y con algunas de las amistades que frecuentaba, al menos en Jaén. Durante su visita a la ciudad, dos días antes del golpe de estado, para defender ante el gobernador civil los intereses de unos amigos suyos labradores en Alcaudete, su acompañante era falangista. Y habla también del tropiezo con “un buen amigo”, Carmelo Torres, jefe local de la Falange en la ciudad, que dedicó buena parte de su inmensa fortuna a la divulgación de las doctrinas de José Antonio Primo de Rivera. Carmelo Torres pertenecía, junto al presidente de la Federación Provincial de Labradores y otros falangistas, a la “Junta del Alzamiento” que se había constituido en el mes de junio de manera clandestina en Jaén para apoyar el levantamiento militar, según indica el historiador Luis Miguel Sánchez Tostado..

En sus escritos, Manuel Cubillo aborda también la sublevación de la Guardia Civil en Baena el 18 de julio de 1936, el apoyo que le prestan algunos civiles como él, y los avatares que sufren durante los enfrentamientos. Cita la masacre del convento de San Francisco y la muerte allí de sus familiares, pero no hace referencia a los asesinatos –que él debió presenciar en parte– cometidos con anterioridad por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y la feroz represión que se desata a partir de ese momento en Baena, un fenómeno que se prolongará hasta avanzada la posguerra. En páginas posteriores, tampoco encontramos ninguna alusión a su oficio de juez militar. Ese olvido de las víctimas causadas por los que habían combatido en su mismo bando y también la ocultación de su propio protagonismo en la justicia militar franquista contrasta sobremanera con el párrafo último de sus escritos, que es una llamada imperativa al recuerdo del “proto-mártir D. José Calvo Sotelo y de todos los caídos de la Cruzada”.

Manuel Cubillo indica que no guarda rencor hacia los asesinos de los suyos. Sin embargo, en 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, sí se nos muestra dolorido por el trato que le habían dado los que lucharon junto a él durante la contienda y lamenta que tanto la Comunidad de Labradores como el Estado no le hayan agradecido su “sufrimiento por España”. Ante tanta ingratitud, solo se siente bien pagado por Dios, que lo ha bendecido con una nueva familia y con un “caudal de fe”. De manera pesimista y bastante amarga, concluye que la sangre de sus familiares no ha servido para conseguir la paz social y para que…

los hombres fueran más buenos y las futuras generaciones más felices (…) Las clases pudientes no han aprendido la lección. El egoísmo de unos y el odio de los otros aún están latentes, y la brecha sigue abierta (…) También veo conductas de nuestra parte sembradoras de nuevas discordias, al burlar los preceptos de las leyes sociales protectoras de una clase a la que falta todo, en beneficio de otra clase a la que todo le sobra, y ante este contraste, el dolor del sacrificio me duele más, porque lo peor del sacrificio es que sea estéril.

Los escritos de Manuel Cubillo Jiménez, que murió en 1973, me los ha proporcionado su nieto Gabriel Caballero Cubillo, miembro de la familia que más sufrió la represión republicana en Baena durante la guerra civil (cuatro familiares por parte de la madre y dos por parte del padre murieron asesinados en el convento de San Francisco). Debo agradecerle que me haya aportado también alguna información personal sobre su abuelo y unas fotografías que me ha ayudado a completar estas páginas. Además, me ha entregado una variada documentación judicial que conservaba y que con probabilidad será materia de una nueva entrada de este blog. Los escritos íntegros de Manuel Cubillo Jiménez, con notas al pie redactadas por mí, se pueden leer en este enlace.

Listado de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil en Rute

Los militares sublevados el 18 de julio de 1936 sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles, por lo que idearon una estrategia represiva, programada con antelación, para impedir por medio del terror la reacción de sus opositores. Son bastante conocidos los numerosos documentos que desde antes del golpe de Estado circulaban entre los conjurados para la preparación de la insurrección militar. En ellos se incitaba a la utilización de una violencia indiscriminada para eliminar a los contrarios y de camino convencer, o al menos paralizar, a los indecisos. Por ejemplo, el general Emilio Mola Vidal, “director” de la conspiración militar”, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes de la rebelión, les advertía de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, el 30 de junio aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península y los republicanos no habían movido un solo dedo para oponerse a ella, los militares sublevados asesinaron a 189 personas en las posesiones españolas en Marruecos anticipando el método que iban aplicar para conseguir el triunfo en toda la Península.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El triunfo de la rebelión golpista en Sevilla el 18 de julio de 1936, de la mano del general Queipo de Llano, determinó la suerte de varias capitales del sur de España. En Córdoba, el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por Queipo, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería a las cinco de la tarde. Entre los militares que intervinieron muy activamente a favor de la rebelión en la ciudad en aquella jornada destacaron dos oficiales nacidos en Rute: el teniente de la Guardia Civil Francisco Roldán Écija y su hermano Diego, que era capitán. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos, con la colaboración de miembros de la oligarquía y de los derechistas, tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que se proclamara el bando de guerra, se apresara a las autoridades republicanas y se apoderaran de las Casas del Pueblo y de los edificios municipales. Las llamadas de los militares rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

En Rute, desde la misma noche del 18 de julio, la Guardia Civil, comandada por el teniente Basilio Osado Labrador, fue apoyada por Carlos Galindo Casellas (secretario del Ayuntamiento y teniente de Caballería en la reserva), el teniente de Artillería retirado Adolfo Roldán Moscoso, por miembros del Casino y por la Falange. El teniente impuso el bando de guerra, clausuró los centros republicanos y obreros y detuvo a los concejales y dirigentes de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular, la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes en España el 16 de febrero anterior. También desató una feroz represión, sin que los republicanos ofrecieran resistencia, que se llevó por delante la vida de al menos 53 vecinos durante los primeros meses de la guerra (la población de Rute se acercaba a los 15.000 habitantes en aquel momento).

Para responder al golpe de Estado, muchos ruteños siguieron la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España o no acudieron por miedo a sus puestos de trabajo. Otros muchos, sobre todo varones jóvenes, ante la ola de detenciones y fusilamientos, comenzaron a huir a la sierra. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados. La inmensa mayoría de los escapados del pueblo se encaminaron hacia la vecina localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, situada a unos 12 kilómetros en zona republicana, mientras otro grupo minoritario, ya avanzada la guerra, se marchó hacia el pueblo jiennense de Alcaudete y se enroló en el Ejército republicano.

Juan Antonio García AlgarO GARÍC 2

En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

La vida de los que se dirigieron a Cuevas de San Marcos resultó muy azarosa. Los que regresaron a Rute en el mes de agosto de 1936, creyendo en la promesa del teniente Basilio Osado de que no les pasaría nada si volvían, fueron fusilados. Los que se quedaron, al ser tomado Cuevas en el mes de septiembre por los militares sublevados, se vieron obligados a refugiarse en otras localidades de la provincia malagueña –donde trabajaron como campesinos o se alistaron en las milicias– y en la capital. Cuando el día 6 de febrero de 1937 más cien mil personas iniciaron una trágica desbandada para evitar las represalias de las tropas franquistas e italianas que atacaron la ciudad de Málaga, los ruteños siguieron el mismo lamentable destino. Por la carretera de la costa que unía Málaga con Almería –situada a más de 200 km.– hubieron de sufrir los despiadados bombardeos de la aviación y de los buques de guerra de las fuerzas sublevadas, que provocaron miles de muertos entre los refugiados. Tras esta odisea, los ruteños huidos a Málaga se desperdigaron por toda la España republicana.

Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, los combatientes republicanos que habían sobrevivido y los refugiados civiles hubieron de emprender la vuelta hacia sus lugares de origen. Aunque la política oficial de la dictadura pregonaba que aquellos que no hubieran cometido crímenes no tenían nada que temer, la realidad a la que se vieron sometidos los vencidos fue muy distinta. Para ellos, la contienda no había acabado. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España.

En lo que se refiere a la represión en Rute en la posguerra, al menos 60 vecinos sufrieron prisión, siete murieron en cárceles y centros de internamiento (se calcula que unos 16.000 españoles fallecieron en las cárceles en la posguerra), tres fusilados (se contabilizan unos 20.000 fusilados en toda España y 1.102 en la provincia de Córdoba), y ocho siendo guerrilleros o acusados de ser enlaces de la guerrilla (3.500 guerrilleros cayeron abatidos en la posguerra, de los que 262 sucumbieron en la provincia de Córdoba). Por último, un ruteño de la aldea de Zambra expiró en el campo de concentración nazi austriaco de Mauthausen, donde murieron 4.816 españoles, de los que 238 (más ocho desaparecidos) eran cordobeses. No obstante, otro ruteño, Nicolás Lanzas García, al que también presuponíamos muerto en el holocausto nazi, hemos descubierto muy recientemente que sobrevivió.

El principal obstáculo al que se enfrenta un historiador que desee investigar sobre la guerra civil y la represión franquista es la destrucción y el expolio de los archivos, palpables en varios pueblos del sur de Córdoba. En Rute, como fruto de los sucesivos traslados que ha sufrido el Archivo Histórico Municipal y de la evidente dejadez con que ha sido tratado, parte de la documentación que se conserva se encuentra amontonada en cajas, desordenada y sin catalogar, lo que ha dificultado el estudio de los acontecimientos acaecidos en el pueblo y el verdadero alcance de la represión.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla, tras volver de Cuevas de San Marcos.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla.

Los libros de defunciones del Registro Civil constituyen la fuente primordial para el estudio de la mortalidad durante la guerra. Sin embargo, desde el primer momento hubo un claro interés de las autoridades franquistas en esconder la represión, por lo que a través de los registros civiles es imposible concretar una cifra válida de víctimas republicanas, ya que muchas no se inscribieron o se anotaron falseando la causa de la muerte. Hasta los años ochenta del siglo pasado, ya en el periodo democrático y al amparo de la Ley de pensiones de guerra de 1979, no consta en las hojas de los libros de defunciones del Registro Civil de Rute que la causa de la muerte de los asesinados es por “disparo de arma de fuego” o por “fusilamiento”. Con anterioridad, el motivo es siempre “desaparecido”, concepto que también encontramos en toda la documentación oficial. “Desaparecido, suponiéndole muerto” escribieron a lápiz en la ficha de recluta del albañil Francisco José Henares Porras que se conserva en el Archivo Municipal, cuando en realidad lo asesinaron el 28 de agosto de 1936, aunque nunca fue registrado.

Otro obstáculo para la correcta inscripción de los asesinados residía en que la administración judicial quedó en manos de adeptos al nuevo régimen que subordinaban la profesionalidad a la obediencia a los principios del Glorioso Movimiento Nacional, lo que explica carencias fundamentales en los registros. Por otro lado, el impacto de la represión resultó tan enorme que muchas familias no inscribían a sus allegados  por temor a sufrir la misma desgracia, por vergüenza o por desánimo ante las dificultades que se les planteaban, como por ejemplo la obligación de realizar el asiento anotando a los asesinados como fallecidos por muerte natural, a lo que muchas se negaron. Con tantos impedimentos y limitaciones se comprende que en bastantes municipios cordobeses (como ocurre en Rute, donde solo se inscribieron alrededor de un tercio de los asesinados), figuren anotadas en los libros de defunciones del Registro Civil cifras muy bajas de víctimas de la represión franquista. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, el listado de decenas de miles de desaparecidos ocasionado por los golpistas en España a partir del 18 de julio de 1936.

La caza de los republicanos en Rute resultó fácil, pues la Guardia Civil se había apoderado el día 18 de julio de 1936 de los libros de registro de los afiliados a los partidos políticos y sindicatos, según reconoció el teniente Basilio Osado, comandante militar de Rute desde el inicio de la guerra, en sus informes para los consejos de guerra que se celebraron al final de la contienda. Casi todos los fusilados eran trabajadores (jornaleros del campo, albañiles, zapateros, etc.). Tan rápido actuó el huracán represivo que los 53 asesinados, menos dos, cayeron fusilados en los meses de agosto y septiembre de 1936 en las tapias del cementerio, la finca de La Pililla en las cercanías de Encinas Reales, la carretera de Jauja en Lucena o en las cunetas de cualquier camino.

El barbero Vicente Sánchez Montez, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

El barbero Vicente Sánchez Montes, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

Las cuatro primeras inscripciones de asesinados en el Registro Civil de Rute se realizan el 8 de junio de 1937, como consecuencia del expediente tramitado al amparo del Decreto de 10 de noviembre de 1936 que regula el asiento de los desaparecidos. Los anotados son el secretario de la notaría Juan José Rodríguez Rodríguez, el juez Salvador Villanueva Porras, el albañil Juan Antonio García Algar y el zapatero Antonio Cobos Fernández. En la década de los cuarenta se inscriben tres nuevos fusilados (el primero de ellos en 1945), cuatro en los cincuenta y otros siete más entre los años 1981-1982, como consecuencia de la Ley de pensiones de guerra de 1979, aunque tres son foráneos (dos de Iznájar y uno de Cuevas de San Marcos) y otros ya se habían inscrito con anterioridad, así que se repite su asiento. Por tanto, la mayoría de las inscripciones se producen fuera del plazo legal, muchos años después de que se hubieran producido los asesinatos. Todo esto explica que existan muertes registradas en más de una ocasión (como la del guarda forestal Juan Miguel Guerrero Curiel, inscrito el 30 de junio de 1954 y el 26 de mayo de 1981; la del vicesecretario de la agrupación socialista Antonio Porras Moreno, asentado el 22 de julio de 1955 y el 10 de agosto de 1982; o la de Vicente Sánchez Montes, anotado en Rute y en Málaga) y que los datos de los registros civiles no sean fiables a la hora de estudiar destalles históricos importantes de los fusilados, como el lugar y la fecha de su muerte o el oficio que tenían.

Juan José Rodríguez Rodrígez, hermano de Maruja, fusilado el 18 de agosto de 1936

Juan José Rodríguez Rodríguez, secretario de la Agrupación Socialista y empleado de la notaría, fusilado el 18 de agosto de 1936.

En noviembre de 2004 edité mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), que se agotó en solo dos meses, hubo que reimprimirlo en enero de 2005, y volverlo a editar, corregido y ampliado, en mayo de 2007. En este momento se encuentra agotado de nuevo, aunque está revista una nueva reedición corregida y aumentada en 2022. Si no hubiéramos acometido en aquel momento ese trabajo de investigación sobre Rute, es decir, si hubiéramos aplicado la política del olvido, es probable que nunca nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de que la represión franquista se llevó por delante la vida de al menos 53 vecinos fusilados en 1936, y no solo a los 19 que se inscribieron en los registros civiles. En el estudio de la represión, el tiempo trascurrido, lo mismo que la emigración en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado de los represaliados y de sus descendientes a las zonas urbanas no juega a nuestro favor. Dentro de unos pocos años, cuando las personas que aún mantienen memoria de los hechos desaparezcan o no podamos localizarlas porque viven en otros lugares, será imposible reconstruir el verdadero alcance de la represión franquista. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Las listas de víctimas que publico a continuación se basan en mi libro sobre Rute antes citado, con la inclusión de nuevos datos obtenidos de distintas fuentes y por testimonios orales, como el de María Zamora Cobos, desde Elche, sobre su abuelo José María Cobos Caballero, preso en 1950; el de Carmen Cano Rodríguez, desde Gijón, sobre su bisabuelo Rafael Cano Tenllado, fusilado en 1936; el de Rocío Ordóñez Rivera, desde Madrid, sobre su abuelo Jacinto Ordóñez Romero, también fusilado; desde Sevilla, el de la familia de los hermanos Mariano y Luis Gutiérrez Pino, uno fusilado y otro muerto en el frente, y una hermana, Araceli, presa también; y el de Isidoro Herrero, desde Rute, sobre sus tíos Antonio y Francisco Herrero Guerrero, uno fusilado en Málaga y otro exiliado en Francia. En la relación incluimos también los nombres de los 60 presos en posguerra y de 136 vecinos sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes. Por último, añadimos la identidad de los 28 soldados republicanos que hemos podido rescatar, y de soldados del Ejército republicano y del franquista que murieron en el frente o a consecuencia de heridas de guerra. El nombre de las víctimas de la represión y de la guerra en Rute se puede consultar en estos enlaces:

 

FOTOS DE REPRESALIADOS RUTEÑOS

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

Antonio Buendía Aragón (1893-1972): un lucentino fundador del Partido Comunista Español

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Antonio Buendía Aragón en 1914, con veinte años.

Antonio Buendía Aragón nació en Lucena el 28 de junio de 1893, en el seno de una familia humilde. Sus padres, Ana Aragón Corpas y el estanquero Manuel Toribio Buendía Onieva, vivían en el número 39 de la calle Cabrillana. Según testimonios familiares tuvieron nueve hijos, de los que solo cuatro llegaron a la edad adulta. De pequeño, se encariñó con él la familia Fuillerat, formada por una tía y una sobrina, ricas propietarias agrícolas que habitaban en el número 2 de la calle El Peso. Lo trataron como a un hijo, convivía con ellas y le costearon en Madrid los estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros y en el Liceo Francés, y también la carrera de Derecho, que nunca llegó a ejercer.

La primera actividad política pública que conocemos de Antonio Buendía, cuando tenía 19 años, es su participación en el mitin del Primero de Mayo de 1913 en Lucena. Hacía pocos días que Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y de la UGT, había visitado la localidad y la organización local del partido se encontraba bastante revitalizada. La Agrupación Socialista de Lucena se había fundado en 1908, desapareció en 1914 y no se reconstituyó, junto a la Juventud Socialista, hasta junio de 1918. Poco tiempo antes, el 1 de marzo de 1918, Antonio Buendía había ingresado en la Agrupación Socialista de Madrid. En agosto, la Agrupación Socialista lucentina organizó en su sede una “Semana Roja” en la que Antonio Buendía intervino pronunciando una conferencia sobre el pasado y el presente del sindicalismo. Ese mismo año, representó a la Agrupación Socialista de Lucena en el XI Congreso del PSOE celebrado en octubre en Madrid, bajo la presidencia de Pablo Iglesias. En febrero de 1919, con 25 años, se trasladó a Lucena e ingresó en la Agrupación Socialista de la localidad, por lo que el 30 de mayo de 1919 causó baja en el PSOE madrileño. La Agrupación Socialista de Lucena se convirtió durante aquellas fechas en una de las más nutridas de la provincia y, al igual que el resto de organizaciones sindicales cordobesas, vivió entre 1918 y 1920 (el llamado Trienio Bolchevique) un inmenso apogeo al calor de las esperanzas que había suscitado la revolución soviética en las clases trabajadoras.

La afiliación de Antonio Buendía al PSOE duró dos años escasos, ya que en 1920 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Español. Esta nueva organización se creó el 15 de abril en Madrid por la Federación de Juventudes Socialistas, descontentas con las tesis socialdemócratas del PSOE y partidarias de la adhesión a la Internacional Comunista, de carácter leninista. El 19 de marzo de 1921 se abrió el primer Congreso del partido, en el que resultaría elegido miembro de su Comité Central y en el que participó con una tesis sobre la propaganda comunista y la preparación de los campesinos para la revolución. En noviembre, el partido se fusionó con el Partido Comunista Obrero Español (una escisión del PSOE surgida tras su III Congreso Extraordinario en abril) para formar el Partido Comunista de España. La andadura legal del PCE resultó muy corta, pues la dictadura implantada por el general Miguel Primo de Rivera, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923, clausuró sus sedes y declaró ilegales todas sus organizaciones. Es una incógnita el papel que jugó a partir de ese momento Antonio Buendía dentro del partido, pero a través de un informe emitido con posterioridad (el 31 de mayo de 1944), por la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, sabemos que estuvo sometido a vigilancia a causa de su militancia comunista durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

En septiembre de 1926 Antonio Buendía, con 33 años, se inició en la masonería como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. La masonería estuvo muy poco implantada en la provincia cordobesa y en ese año solo acogía a 85 hermanos distribuidos en cuatro logias y dos triángulos (el triángulo es una pequeña organización masónica con al menos tres miembros). Buendía tomó el nombre simbólico de Babeuf, un revolucionario francés (1760-1797), defensor de la abolición de la propiedad privada y de la herencia, al que se considera uno de los precursores del comunismo. Antonio Buendía es el único caso constatado de masón comunista en la provincia de Córdoba

Aunque la masonería defendía principios laicos y anticlericales, y estaba extendida entre los militantes y dirigentes republicanos y socialistas, no era común encontrar a comunistas en sus filas. Estos acusaban a la masonería de organización “burguesa” y solían mantener posturas ateas, que casaban poco con la creencia masónica de la existencia de un ser superior hacedor del mundo. Cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo Isis Lucentino, Antonio Buendía, con el grado tercero, aparece entre sus cinco afiliados. Dirigía el triángulo el perito mercantil Javier Tubío Aranda, que ejercía como venerable maestro del taller, del que también eran hermanos el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba y los propietarios Domingo Cuenca Navajas y José López Jiménez. Desconocemos hasta cuándo se prolonga la militancia masónica de Antonio Buendía, pero la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió el 23 de junio de 1934 al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, aún lo incluye en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la finca Huevos Fritos de Las Navas del Selpillar.

Las hijas de Antonio Buendía en 1933, junto a sus primos, en la sierra de Madrid.

En el ámbito personal, en fechas que no hemos podido concretar de los años veinte del siglo pasado, Antonio Buendía vivió dos experiencias importantes: fundó una familia y recibió una abultada herencia. En principio, comenzó a convivir con su paisana Adolfa Plata Navarro. Nunca se casó con ella y tuvieron tres hijas. La primogénita murió a los 12 años, en 1936, de una cardiopatía congénita. En 1927 nació Antonia, en Córdoba, y en 1929 Carmen, en Madrid. Cuando en 1931 Adolfa Plata se encontraba embarazada de gemelos, murió atropellada por un taxi. Por otro lado, al fallecer en Lucena hacia 1928 Francisca Eugenia Fuillerat Fuillerat, miembro de la familia que lo había acogido desde pequeño, Antonio Buendía se convirtió en heredero universal de su fortuna y en uno de los grandes propietarios agrícolas de Lucena, pues era el octavo mayor contribuyente por bienes rústicos en 1930. Entre las tierras heredadas se encontraban las fincas de olivar de El Contadero (1,42 ha) y la de Bellidos o Los Frailes (86.5 ha), que contenía una casa con molino aceitero y prensa hidráulica; el cortijo de Frías, en el término municipal de Cabra (130 ha); la finca Huevos Fritos, en la aldea de Las Navas del Selpillar (10,1 ha) y la hacienda Las Monjas (74,80 ha). Sus propiedades, por tanto, sobrepasaban las 250 hectáreas, cifra a partir de la cual se considera a un propietario como terrateniente.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El fuego, de Henri Barbusse, uno de los libros traducidos del francés por Antonio Buendía Aragón.

El perfecto conocimiento que poseía Antonio Buendía de la lengua francesa y su amplia cultura le permitieron traducir al castellano al menos tres libros entre 1929 y 1930: Mi madre y yo a través de la revolución china (dos ediciones en 1929), escrito por Cheng Tcheng, de origen chino y uno de los fundadores del partido comunista francés; El fuego: Diario de una escuadra (1930), un libro antimilitarista, basado en las experiencias en la Primera Guerra Mundial del autor, el escritor y periodista comunista francés Henri Barbusse; y El plan quinquenal de los soviets (1930, con una segunda edición corregida y aumentada publicada en 1931), de Grigori Grinko, un alto cargo de la URSS. Las tres obras se publicaron por la editorial Cenit, creada a finales de 1928, y una de las empresas editoriales más importantes de España hasta el inicio de la guerra civil, con más de doscientos volúmenes editados, una buena parte de ellos de teoría marxista, temas revolucionarios y literatura proletaria. Durante la primera andadura de la editorial Cenit, Antonio Buendía mantuvo buenas relaciones con su director, el comunista Rafael Giménez Siles, y parece que en aquellos años también prestó dinero para apoyar el proyecto empresarial de Manuel Aguilar, que había creado la Editorial Aguilar en Madrid en 1923.

Adolfa Plata

Adolfa Plata Navarro, compañera de Antonio Buendía y madre de sus tres hijas.

Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930 y la corta “dictablanda” del general Dámaso Berenguer, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar decidió una vuelta pausada desde la dictadura a la normalidad constitucional por medio de unas elecciones. Comenzó por las elecciones municipales, que se celebrarían el 12 de abril de 1931, plegándose así a los deseos de los monárquicos partidarios de Alfonso XIII, que creían que podrían manipular con más facilidad estos comicios que los legislativos, pues confiaban en la tradicional fidelidad del voto rural, donde la maquinaria caciquil siempre había amañado los resultados. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían –como la mayoría de los ciudadanos– que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura republicana en Lucena, el PSOE (creado en la localidad en 1908) y el Partido Republicano Radical (constituido en Lucena en 1910), se unieron con un partido local, el Partido Social Democrático. También se incluyó en la lista a Antonio Buendía, quien al parecer se presentó bajo el paraguas del partido radical y no de manera abierta como candidato comunista, pues en este momento la política oficial del partido comunista, que apenas contabilizaba mil militantes en España, predicaba la no colaboración con los partidos “burgueses”, entre los que se alineaban los partidos republicanos. Aunque la candidatura republicana lucentina casi no pudo hacer propaganda, por no contar con un local adecuado hasta última hora, sí consiguió celebrar, a principios de abril, un gran mitin en la Era del Santo, al que asistieron unas tres mil personas. Presentó el acto Antonio Buendía, que informó de las trabas que había puesto el alcalde monárquico, Antonio del Pino Hidalgo, a la celebración del mitin, e intervinieron como oradores Antonio Villa, redactor jefe del periódico La Libertad; el catedrático Joaquín Nogueras; José Escudero, del comité central del Partido Republicano Radical Socialista; y el abogado socialista lucentino Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Las elecciones del 12 de abril de 1931 depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos, lo que permitió que Antonio Buendía resultara elegido concejal junto a sus cuatro compañeros masones del triángulo Isis Lucentino (uno de ellos, Javier Tubío Aranda, se convertiría en el nuevo alcalde republicano).

En el conjunto de España, los republicanos triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las zonas urbanas e industriales, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios. Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor –roja, amarilla y morada–, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la  Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora –sobre quien también recaía la jefatura del Estado–, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos.

A pesar de haber resultado elegido concejal, Antonio Buendía pasa la mayor parte de su mandato viviendo en Madrid con su familia, sin asistir a los plenos y casi sin participar en la política local. En la capital de España, aparece el 11 de febrero de 1933 como uno de los firmantes del Manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, junto a 91 escritores y profesionales de lo más granado de la intelectualidad española (Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Federico García Lorca, Ramón J. Sender, Jacinto Benavente, Clara Campoamor, etc.). Esta asociación, según recoge el manifiesto fundacional, “no tendrá más programa ni más bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la calumnia y la deformación”. Para conseguirlo, la asociación pensaba organizar una enorme campaña de conferencias, documentales sobre la URSS, proyecciones de películas de tipo informativo, publicaciones de libros, viajes de estudios, sesiones de radio, etc. La participación de Antonio Buendía en esta asociación le permitió mantener contacto con varios intelectuales, que iban su casa con frecuencia. Su hija Carmen recuerda haber estado varias veces sentada en las rodillas del poeta Federico García Lorca mientras este le contaba un cuento.

Las visitas de Antonio Buendía a Lucena en los años republicanos eran cada vez más cortas y esporádicas. Aun así, se vio implicado en la huelga de campesinos que se desarrolló en la localidad entre el 21 y el 23 de abril de 1933, en la que se pedía el cumplimiento de las bases de trabajo por los patronos y que se ocupase en el laboreo forzoso a los parados. El gobernador civil ordenó su apresamiento y fue trasladado a la cárcel de Rute en la madrugada del día 24, aunque al día siguiente quedó en libertad sin cargos.

Durante la II República no volvemos a tener noticias de Antonio Buendía hasta  el triunfo del Frente Popular, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas, en las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936. El nuevo gobierno frentepopulista ordenó la reposición de los ayuntamientos elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados en muchos lugares por las arbitrariedades de los distintos gobernadores civiles, como había ocurrido en Lucena. El gobernador civil de Córdoba nombró una Comisión Gestora municipal en Lucena el día 22 de febrero de 1936 en la que se incluía el nombre de Antonio Buendía como edil, pero este no se presentó para aceptar el cargo. Suponemos que Antonio Buendía tampoco se encontraba en Lucena cuando se creó la primera agrupación local del partido comunista el 31 de marzo de 1936 ni cuando el 16 de mayo se realizó en la Casa del Pueblo el primer acto preparatorio de la unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas lucentinas, que tomarían el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas al fusionarse al mes siguiente en toda España.

El golpe de Estado del 18 de julio triunfó en Lucena sin resistencia. En las jornadas siguientes, varios de los concejales y exconcejales socialistas y republicanos, entre los que se encontraban todos los miembros del triángulo masónico Isis Lucentino, fueron detenidos y fusilados, y es muy probable que Antonio Buendía hubiera corrido el mismo trágico destino si no hubiera estado en ese momento residiendo en Madrid, en el número 27 de la calle Alberto Aguilera, su domicilio en la ciudad  desde 1931. Allí permaneció hasta noviembre, cuando la familia, para huir de los bombardeos de la aviación franquista, decidió marchar a Alicante. A esta ciudad llegaron la madre de Antonio Buendía, su hermana Araceli y su marido, su cuñada Araceli (hermana de su mujer) y sus dos hijas, Antonia y Carmen, pues la primogénita acababa de fallecer en Madrid. Antonio Buendía marchó a Valencia, adonde se había trasladado el gobierno republicano, y luego a Barcelona. De aquí hubo de exiliarse a Francia en 1939, junto a cientos de miles de españoles, tras la conquista de Cataluña por las tropas franquistas. Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, la familia de Antonio Buendía volvió a Madrid con sus hijas, donde les administraron el bautismo y la comunión al mismo tiempo, en consonancia con el ambiente nacional-católico que se impuso en la sociedad. En 1941 vivían en la calle Gaztambide y en 1945 se trasladaron a la calle Isaac Peral, un piso de alquiler que se convirtió en la residencia estable de las dos niñas y su tía Araceli Plata, que se ocupó ya definitivamente de ellas.

Al poco de producirse el golpe de Estado, en la España controlada por los militares sublevados se inició de manera institucional la represión económica en contra de los republicanos. El 13 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional (máximo órgano de gobierno) decretó la incautación de los bienes de los partidos y sindicatos que habían formado el Frente Popular, y encargaba a los generales jefes de los Ejércitos “tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del movimiento nacional”. El 20 de octubre de Recluta Juan Pedraza Luque, que actuó de juez instructor, se iniciaron las diligencias para la incautación de los bienes de Antonio Buendía. Con los datos recabados en el expediente instruido por el capitán Juan Pedraza, el 31 de diciembre de 1936 el Gobierno Militar de Córdoba emitió un informe para la Auditoría de Guerra en el que indicaba que “al encartado debe estimársele como ejecutor de actos contrarios al orden y culpable de actividades marxistas o de extrema izquierda”, por lo que proponía la incautación de sus bienes.

El 10 de enero de 1937, un decreto ley de la Junta Técnica de Estado, organismo que ejercía el gobierno en la zona franquista, estableció la creación de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado, con sede en Burgos, para investigar, inventariar y ocupar los bienes de las organizaciones proscritas y de los desafectos con la intención de enajenarlos o gravarlos. En cada capital de provincia se creó una Comisión Provincial de Incautación de Bienes, presidida por el gobernador civil. Un juez de carrera o militar, nombrado por la Comisión Provincial, se encargaba de instruir el expediente para declarar administrativamente la responsabilidad civil, pudiendo embargar los bienes del inculpado. Este proceso sancionador conculcaba garantías jurídicas tan elementales como el derecho a recurrir las sanciones.

La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Córdoba continuó, por tanto, la tramitación del expediente de Antonio Buendía, cuya instrucción realizó Manuel González Aguilar, juez de primera instancia interino de Lucena y teniente jurídico habilitado. El 23 de noviembre de 1937, este juez instructor acordó el “embargo de todos los bienes que posea Antonio Buendía Aragón, con el fin de asegurar en su día las responsabilidades que se le exijan por su oposición el Glorioso Movimiento Nacional” y nombró al teniente Rafael García Rey como administrador de los mismos.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria económica a los republicanos y a sus familias, que en muchas ocasiones ya habían sufrido la rapiña directa o los expedientes de incautación de bienes. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional con “actos concretos o con pasividad grave”, e incluía la aberración jurídica de que tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Solo después de que el juzgado cobrara las multas, recuperaban los herederos de los asesinados la libre disposición de sus bienes. Por esta ley se incoaron unos 325.000 expedientes, de los que 6.554 correspondieron a la provincia de Córdoba.

De los informes que se adjuntan en el expediente de responsabilidades políticas de Antonio Buendía, el más interesante es el de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, emitido el 31 de mayo de 1944, del que reproducimos un extracto:

Los informes político-sociales que existen en esta Dependencia son los siguientes: en época de la dictadura ya pertenecía al partido comunista y como tal estuvo vigilado. Personas que antes de la guerra frecuentaron su domicilio (Alberto Aguilera) han manifestado que en su biblioteca se encontraban libros de este tipo, y que una vez en la familia se dejó decir que tal hecho, así como su ideología, estaba influido por la participación en el negocio de la editorial que lanzaba dichos libros.

A juzgar por los informes se trata de persona inteligente, discreta y un tanto misteriosa, ya que no obstante conocer su matiz ideológico izquierdista en la vecindad nunca se pudieron conocer las actividades que desplegaba.

En la casa, donde había bastantes personas de derechas, ni denunció ni perjudicó a nadie, y solo hablan los informantes de que intervino a favor del portero cuando unos milicianos se lo llevaron a una checa con la intención de asesinarle, logrando que le pusieran en libertad. Otra familia de la casa que tiene un hijo “camisa vieja”, muy perseguido en periodo rojo, de nacionalidad cubana, dice que se encontraron al informado en Alicante, cuando ellos pretendían embarcar para La Habana, y como los rojos les pusiesen dificultades, creen, aunque no pudieran asegurarlo, que aquel interviniera en su favor, ya que al día siguiente pudieron marchar, dándoles toda clase de facilidades.

El 19 de junio de 1945, la sala del tribunal de Responsabilidades Políticas, siguiendo la petición fiscal, decretó “el sobreseimiento de este expediente y archivo sin declaración de sanción de responsabilidad política (…) acordando recobre la libre disposición de sus bienes si se le hubieran embargado”, ya que no aparecían “comprobados cargos de su responsabilidad política y actuación durante el Movimiento Nacional en su residencia en Madrid”.

Junto a la Ley de Responsabilidades Políticas, a Antonio Buendía se le aplicó también otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Su expediente se abrió en julio de 1943. El 20 de octubre, el juez instructor Jesús Riaño Goiri dictó una orden de detención contra él por no haber comparecido en el procedimiento y, al no poderlo localizar, decretó continuar su procesamiento en rebeldía. El tribunal especial, presidido por el general Andrés Saliquet Zumeta y reunido en sesión secreta el 15 de septiembre de 1944, acordó adherirse en la sentencia a la petición del fiscal, que solicitaba 12 años y un día de cárcel con las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo del Estado y de organismos estatales o subvencionados.

Mientras era sometido en España a las leyes especiales de la dictadura franquista, Antonio Buendía seguía en el exilio. Había estado internado en los campos de concentración que se habilitaron en las playas del sur de Francia para los refugiados españoles. Posiblemente salió de Francia en el barco Winnipeg, ya que existe un “Antonio Juan Buendía” entre la lista de pasajeros. La embarcación salió el 4 de agosto de 1939 y llegó el 3 de septiembre a la ciudad chilena de Valparaíso, con unos 2.200 refugiados a bordo, gracias a las gestiones del poeta Pablo Neruda, que había sido cónsul en Barcelona y luego en Madrid. En Santiago de Chile se casó con Consuelo Nistal Martínez, que pertenecía a una saga de hermanos exiliados españoles que habían salido desde la Bretaña francesa para Chile, en el carguero Lipari, en febrero de 1940. Algunos de ellos eran de ideología socialista, como Luis y Alfredo (diputado por León en 1931 y cónsul de España en París al final de la guerra civil), y otros comunistas, como Elena, Celia y la propia Consuelo, que en 1940 tenía 35 años. Otro hermano, el comunista Luis, ya había fallecido en Rusia de muerte natural antes de 1940, y otro, César, murió de tuberculosis en las cárceles franquistas.

Estos datos sobre la familia Nistal los hemos conocido gracias al testimonio de Nydia Nistal Alonso, una de las cinco hijas de Alfredo, exiliadas con él, que vivía en Madrid y tenía 91 años en 2014. Ella retornó a España en 1982, junto a una hermana, huyendo de la dictadura de Pinochet, pues su familia se sentía vigilada, e incluso una sobrina había sido detenida y torturada. Además, el marido de Nydia trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de la ONU, y era compañero de trabajo y amigo íntimo de Carmelo Soria, el famoso diplomático exiliado español asesinado por agentes de la policía secreta de Pinochet en julio de 1976.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Antonio Buendía Aragón en 1942, durante su exilio en Chile.

Durante su exilio en Chile, Antonio Buendía estuvo unos meses desterrado en la isla de Chiloé, ya que le aplicaron le Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que mantuvo prohibido el partido comunista entre 1948 y 1958. Antonio Buendía pudo contactar con su familia, que no sabía nada de él desde que abandonó España, a través de una carta que envió a una amiga común que vivía en Madrid. En 1953 sus dos hijas fueron a visitarlo. En el verano de 1956 Antonio Buendía y Consuelo Nistal se trasladaron de Chile a Francia, e hicieron escala en el puerto de Vigo. Su hija Carmen y su esposo viajaron desde Madrid para verlo y entregarle treinta mil pesetas, pero tuvieron un accidente y les robaron el dinero en la confusión del siniestro, así que no pudieron cumplir su objetivo. Desde París, en el año 1957 Antonio Buendía solicitó a las autoridades españolas la vuelta a España. El 22 de abril hubo una petición de la Dirección General de Seguridad al jefe de servicio de ejecutorias del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo para consultar su situación legal y los inconvenientes para la repatriación, y el 3 de mayo se le respondió que no existía impedimento para el regreso, “si bien tendrá que someterse a la jurisdicción de este organismo y al fallo, que en trámite de revisión, se dicte en las actuaciones”. En vista de que la contestación no le otorgaba la seguridad jurídica suficiente, decidió permanecer en su exilio parisino.

Consuelo Nistal y Sofía Velasco (1960) - copia

Consuelo Nistal y la niña Sofía Velasco, en Francia, en 1965.

Tenemos algunos datos de las actividades de Antonio Buendía en Francia gracias al diario ABC (9 de marzo de 1960) y a las investigaciones que en el Archivo Histórico del PCE ha realizado el madrileño Rafael Buhigas Jiménez, su sobrino bisnieto. En marzo de 1960, Buendía se vio inmerso en un proceso judicial en la región de París, por la tenencia de ejemplares de Mundo Obrero y otras publicaciones comunistas, que entonces estaban prohibidas en Francia, al igual que el partido. La redada supuso la detención de cincuenta militantes en varias regiones francesas (Toulouse, Marsella, Lyon, Tours, etc.) y golpeó gravemente a la organización del partido, que entonces contaba con unos dos mil afiliados en el exilio francés. En aquel momento Antonio Buendía servía de enlace con Chile y Méjico para el intercambio de publicaciones del PCE y trabajaba de corrector para Nuestras Ideas, una revista trimestral de ideas, política y cultura, en la que colaboraron múltiples intelectuales españoles, editada por el partido desde 1957 en Bruselas. Mientras, Consuelo militaba en la Unión de Mujeres de España, una organización de mujeres republicanas exiliadas próxima al PCE.

Tras la publicación de esta entrada del blog, nos hemos adentrado algo en la vida de Antonio Buendía y Consuelo Nistal en Francia a través del testimonio escrito de Sofía Velasco, que los conoció gracias a sus abuelos, también exiliados. Sofía, que en la actualidad vive en La Haya (Holanda) y que tenía 12 años en 1964, es nieta de Adolfo Velasco Arroyo, natural de Cabra, una localidad situada a diez kilómetros de Lucena; y de Josefa Hernández Zancajo, hermana de Carlos, diputado socialista por Madrid en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El matrimonio, exiliado también, poseía una casa en Eaubonne, a 15 kilómetros al norte de París. En el amplio jardín de la vivienda se reunían los domingos bastantes españoles (el pintor Pablo Coronado y su esposa Mausi, Pepe y Nati Romanos, Eduardo y Raymonde Box, Félix y Carmen Amade y otros). También acudían siempre Antonio y Consuelo, que vivían entonces en un hotel, ya que Antonio se resistía a comprar una vivienda. Años después adquiriría un pequeño piso en la calle Camille Desmoulins de la ciudad de Levallois-Perret, situada en las proximidades de la parte oeste de París.

Antonio Buendía y Aurora Velasco (1960)

Antonio Buendía y Aurora Velasco en el jardín de la casa de los abuelos de la niña en Eaubonne (Francia), en 1960.

Además de las conversaciones políticas que mantenían en la casa de Eaubonne, Sofía recuerda que Antonio Buendía contaba haber sido vecino del escritor Ramón María de Valle Inclán en Madrid, que sentía animadversión ideológica hacia el novelista Ramón J. Sénder y que hablaba de Unamuno como si lo hubiera conocido. Antonio y Consuelo mantenían una relación casi familiar con la familia Velasco Hernández, a la que visitaban con muchísima frecuencia. Se encariñaron con sus nietas (su hermana Pepa era el “ojito derecho” de Antonio, según el testimonio de Sofía), a las que con frecuencia regalaban libros comprados en la famosa Librería Española de Antonio Soriano, en la Rue de Seine de París, y alguna obra dedicada a puño y letra por el poeta y futuro premio nobel Pablo Neruda, con quien Antonio Buendía había forjado amistad durante su estancia en Chile. Algunos inviernos Antonio y Consuelo visitaban Rusia durante un mes, parece que invitados por Dolores Ibárruri (presidenta del Partido Comunista de España) o alguien de su entorno. También fueron en bastantes ocasiones, junto al grupo de exiliados que se reunían en la casa de Eaubonne, a colocar folletos del partido comunista en los asientos de los viajeros que salían desde la estación de París-Austerlitz, el gran enlace ferroviario de Francia con España en aquel entonces.

En 1963 Antonio Buendía intentó de nuevo entrar en España, pero tras interesarse por los inconvenientes para la repatriación, las autoridades españolas, a través de la Dirección General de Seguridad, le respondieron que su situación legal “no ha variado”. El regreso solo pudo ser posible tras el decreto del 1 de abril de 1969, que con motivo del treinta aniversario del final de la guerra civil declaraba prescritos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Antonio y Consuelo volvieron a España y vivieron unos meses en Madrid, pero al poco tiempo regresaron a Francia. Enfermo, y sabedor de su próximo final, Antonio Buendía decidió vender con suma rapidez y a bajo precio sus propiedades en España, entre las que destacaba el cortijo de Frías, de las que obtuvo veinticinco millones de pesetas en efectivo (a los pocos meses, el comprador las revendió por cuatro veces más). El dinero lo donó al Partido Comunista de España.

Antonio Buendía Aragón, en una foro de los últimos años de su vida.

Antonio Buendía Aragón, en una foto de los últimos años de su vida.

A principios de los años setenta el matrimonio se instaló en Rumanía, donde imperaba la dictadura comunista de Nicolae Ceaucescu, para “vivir de la solidaridad internacional”. En la capital rumana, Bucarest, Antonio Buendía falleció el 22 de marzo de 1972, a los 78 años, según publicó el 16 de abril el periódico oficial y clandestino del partido comunista, Mundo Obrero, e incluso ABC y La Vanguardia. Al funeral asistió una representación del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCE y una delegación del Comité Central del Partido Comunista Rumano. La viuda, Consuelo Nistal, decidió entonces salir de Rumanía y regresar a Chile, debido a su precaria situación económica. En el archivo del PCE se conservan los extractos de algunas cartas que su hermana Elena intercambió en 1973 con la dirección del partido para que le pagaran el traslado, ya que ella no tenía medios materiales para hacerlo. Una de las cartas, escrita con familiaridad el 1 de abril, creemos que va dirigida a Santiago Carrillo, secretario general del PCE. Consuelo, que sobrevivía gracias a una exigua pensión que le pasaba el Partido Comunista de España, murió a finales de los años ochenta, cuando tenía alrededor de noventa años, en el modesto piso que había compartido con Antonio Buendía en Levallois-Perret, ya que el golpe de Estado de Pinochet en septiembre de 1973 le impediría regresar a Chile.

Reconstruir la historia de Antonio Buendía ha sido una tarea muy espaciada en el tiempo. Cuando en el año 1997 encontré su nombre por primera vez en los libros, me sorprendió que existiera tan poca información a pesar de que había tenido una cierta relevancia en el panorama político de su época. La abogada Araceli Tubío Beato (hija de Javier Tubío, primer alcalde republicano de Lucena, fusilado en 1936) fue la primera persona que entrevisté que lo había conocido, y desde entonces solo dos personas más lograron darme algún dato puntual de él. Araceli Tubío logró recordar que era muy educado, que siempre le regalaba bombones, que hablaba francés a la perfección y que se exilió. Esa conversación ocurrió en abril de 1997 y ella tenía en aquel momento 84 años. Desde entonces, poca información más pudimos conseguir.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

Foto de Antonio Buendía Aragón, con fecha indeterminada.

La situación varió cuando su sobrino bisnieto, el ya aludido Rafael Buhigas, estudiante de Historia, se puso en contacto conmigo desde Madrid porque estaba también interesado en su biografía. En septiembre de 2014 descubrió algunos documentos en el Archivo del Partido Comunista de España, que me permitieron localizar a la poetisa chilena Freya Hödar Nistal, sobrina nieta de su viuda, que a su vez me facilitó el contacto con la familia Nistal en Madrid. A continuación, obtuve del Archivo Documental de la Memoria Histórica de Salamanca copia de los más de trescientos folios que ocupan sus expedientes de incautación de bienes, de responsabilidades políticas y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Los datos familiares que aparecían resultaron decisivos para encontrar en Madrid a dos nietas de Antonio Buendía, Sara y Elena Muñiz Buendía (hijas de Carmen), y a su hija Antonia, de 87 años, que me han aportado fotos y distintas informaciones que han servido para completar esta biografía. El testimonio escrito y las fotografías de Sofía Velasco, que como hemos señalado lo conoció de niña en París, han sido también imprescindibles. Con un extracto de los recuerdos de Elena Muñiz, nieta de Antonio Buendía, concluimos esta pequeña historia:

 Mi abuelo siempre me ha parecido un ejemplo muy cercano de que la posesión de bienes materiales no lleva necesariamente a la identificación con la clase dominante, como muchos sostienen en contra de la evidencia histórica. Yo lo vi pocas veces, y lo recuerdo como una persona de pequeño tamaño y fuerte presencia, magnético y con aspecto de hacer pocas concesiones, a pesar de la merma de los años. Alguien que, pese a haberse visto inmerso en las tremendas corrientes que sacudieron su siglo, había intentado mantener su rumbo y sus convicciones.

Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)

Aunque Montilla ya había conocido una enorme represión tras el triunfo del golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como la “política de la venganza”: exilio, campos de concentración, batallones de trabajo, torturas, consejos de guerra, cárceles, fusilamientos, depuraciones, responsabilidades políticas… En un auténtico desprecio por la suerte de los vencidos, no hubo reconciliación ni amnistía ni perdón. La dictadura, imbuida de militarismo y fascismo, olvidó el lema de “Si no has cometido crímenes, no tienes nada que temer”, y desde el principio la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la misma estructura política del régimen.

En condiciones inhumanas, los que habían perdido la guerra recorrieron en aquellos años cárceles y otros establecimientos penitenciarios. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos –de los cuales 23.232 eran mujeres– según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles –de ellos, 11.688 mujeres– todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España, que empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción en carreteras y pantanos. Entre 1944 y 1948 más de un millón de familias tenía aún a uno de sus miembros en prisión o en libertad condicional

Al acabar la guerra, el 1 de abril de 1939, el más de un millón de refugiados civiles que había en la España republicana debió emprender el regreso a donde residían antes del 18 de julio de 1936. Los combatientes republicanos que habían sobrevivido o no habían huido a Francia volvieron también libres o con salvoconductos desde los campos de concentración que se habían habilitado por toda España, donde se hacinaban más de medio millón de hombres en 1939, tras haber pasado por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias. El control sobre los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen.

Después de casi tres años de ausencia, los refugiados montillanos regresaban a sus casas a pie, en bestias de carga, en coches de viajeros o en tren. A la incertidumbre y a las penurias del regreso se añadían las últimas experiencias vividas, ya que a menudo los métodos para expulsar a los asilados de las poblaciones de acogimiento resultaban expeditivos. De madrugada echaron a la familia del socialista Juan de la Torre Requena del cuartel donde se había cobijado con otros montillanos durante la guerra en Torreblascopedro (Jaén). Cuando la Guardia Civil ocupó la localidad, simplemente les espetó: “Váyanse, esto es nuestro”. En la misma provincia, a la familia Gómez Márquez la expulsaron del cuartel de Jabalquinto en medio de los cánticos y la euforia de las mujeres derechistas que se arremolinaban en la calle. Tres días tuvieron que aguardar a la intemperie a que apareciera el sucio tren de mercancías que los trasladó a Montilla. Asimismo, la familia Ruz Morales tardó cuatro días en llegar también en un tren de mercancías desde Murcia, alimentándose sólo de azúcar, la única comida que poseían.

49.El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

Aparte de los refugiados y de los soldados republicanos que volvían libres a Montilla, otros vecinos fueron reclamados por el juzgado local cuando se encontraban internados en campos de concentración o en cárceles. A algunos los trajeron desde Alicante, en cuyo puerto se habían aglomerado más de 15.000 personas en un último y desesperado intento de escapar de España en unos barcos que nunca llegarían. Una delegación de guardias montillanos se trasladó expresamente a las prisiones de la ciudad levantina para arrastrar hasta Montilla a los comandantes del Ejército republicano Juan Córdoba Zafra (concejal y secretario local de las JSU) y Manuel Alcaide Aguilar (expresidente de la Casa del Pueblo), al concejal de Izquierda Republicana Francisco Merino Delgado y al alcalde  socialista Manuel Sánchez Ruiz. También se encontraba allí Francisco Hidalgo Luque, que se había integrado en el grupo de resistentes, capitaneados por Manuel García Espejo, que se había creado en la sierra en los primeros días de la guerra, y luego en la compañía de milicianos, formada por el también montillano Juan Córdoba Zafra, en Bujalance. Tras luchar en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Teruel y Valencia, Francisco Hidalgo acabó en el puerto de Alicante, donde arrojó al mar una maleta con tres millones de pesetas –que custodiaba porque tenía el grado de teniente pagador– para evitar que cayera en manos de los franquistas. Lo internaron en el castillo de Santa Bárbara, sin mantas para protegerse del frío, y sometido a los malos tratos de los guardianes, quienes para aumentar el sufrimiento de los presos ante las bajas temperaturas los rociaban con cubos de agua, hasta que lo trasladaron a la cárcel de Montilla el 28 de julio de 1939.

27.Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Francisco Urbano Baena escapó con 14 años de Montilla y se alistó en el Ejército republicano. Estuvo internado en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Otros ni siquiera pudieron llegar a Montilla, como Francisco Urbano Baena “El Duende”, que tenía tan solo 14 años cuando huyó a Espejo con su primo Luis Pérez Baena “Niño Ríos”, de la misma edad. Tras recorrer Castro, Bujalance, Villa del Río y Andújar, Francisco Urbano acabó su periplo en Arjonilla (Jaén). Consiguió alistarse en el Ejército republicano y, al finalizar la guerra, lo detuvieron junto a sus compañeros. Un capitán del Ejército franquista le ordenó que volviera desde Arjonilla a Montilla, y que se presentara ante la Guardia Civil. En el camino de regreso, fue arrestado en Villa del Río y confinado en Córdoba en un vagón de tren que lo trasladó al campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga), donde había sólo una fuente de agua para que bebieran los seis mil prisioneros que allí se hacinaban. Su familia obtuvo un aval para que lo sacaran del campo, pero al ser menor de edad las autoridades militares decidieron internarlo en un correccional en Burgos. Sin embargo, el padre de Francisco Urbano, que en sus frecuentes visitas había colmado de regalos a un sargento del campo, consiguió que este hablara con el capitán y que, por fin, lo liberaran.

Los refugiados, harapientos, llenos de parásitos y derrotados física y moralmente, regresaron a Montilla en tren en su mayoría. Apostados en los andenes, guardias municipales, guardias civiles y voluntarios –que no faltaban para este menester– realizaban una primera labor de identificación, registro y humillación de los que llegaban. Personajes como “El Mellao”, “El Bravo”, “El Borrico”, “El Cojo Púa”, “El Regaera”, Paco Enríquez Leña y Mariano Luque Pardo “El Pulga” destacaron en estas labores. Dirigentes izquierdistas y mandos militares republicanos se convirtieron en el objetivo más codiciado y su apresamiento provocaba palabras de euforia de los captores. Desde la estación, como si de un espectáculo público se tratara, los conducían a pie a la sede de la Comandancia en la calle Ancha o al cuartel de la Guardia Civil para ser interrogados.

Rafael Ruiz Luque arribó desde Campo de Criptana (Ciudad Real). En Montilla ya habían fusilado a un hermano y otro había muerto en el frente. Tras recibir la orden de presentarse en Montilla y sufrir múltiples vicisitudes por la falta de medios de transporte, llegó a la estación de Córdoba, donde se encontró con un cuñado suyo requeté, quien le advirtió de que lo esperaban en Montilla para fusilarlo. Cuando entró en la localidad decidió bajarse del vagón por la parte de atrás para que no lo descubrieran. Después se presentó ante la Guardia Civil, en el cuartelillo de la calle Ancha, donde le tomaron declaración. Al manifestar que vivía en El Coto –una zona con fuerte tradición izquierdista–, un guardia comentó a los otros: “Ya sabes lo que tienes que hacer, que hay muchos mascando tierra por menos que ese”. Por suerte, la recomendación no se cumplió.

63.El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

Antonio García Hidalgo, apresado en Toro (Zamora) y en la cárcel de Montilla.

Si en un primer momento alguno pasaba desapercibido, bien porque no hubiera sido reconocido o porque se hubiera apeado intencionadamente del vagón antes de llegar, a las pocas horas recibía en su domicilio la ingrata visita del guardia correspondiente que le conminaba a acompañarle. Eso le ocurrió al socialista Antonio García Hidalgo, un joven agricultor al que la sublevación le había sorprendido de permiso del servicio militar en Montilla. No volvió a su acuartelamiento, sino que se alistó en las milicias de Espejo, y combatió en Pozoblanco y Alcázar de San Juan. En el exilio, permaneció internado en los campos de concentración del sur de Francia, por lo que decidió regresar a España. Aquí fue encarcelado en el campo de concentración de Toro (Zamora), hasta que la familia le buscó un aval que le permitió volver. En la estación de Montilla consiguió escabullirse y pasar desapercibido, pero al día siguiente lo detuvieron en su domicilio y lo trasladaron a la cárcel. Como había guardias y vecinos delatores por todas partes, era casi imposible que nadie reconociera a los que volvían aunque trataran de ocultarse.

Cuando un refugiado o un antiguo combatiente republicano se presentaba o era llevado detenido al cuartel de la Guardia Civil, el comandante de puesto lo interrogaba y elaboraba un atestado sobre sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra. Tras estas primeras diligencias, el comandante podía decretar la prisión para el acusado y elevaba las actuaciones practicadas al juez de instrucción. El juez instructor solicitaba unos breves informes de los encartados a la Guardia Civil, la Falange y la alcaldía, en los que siempre se realizaban imputaciones muy genéricas, casi idénticas para todos los acusados, independientemente de los delitos que presuntamente hubieran cometido. En estos informes se catalogaba a los encausados con expresiones peyorativas como “conducta moral pésima”, “antecedentes malos”, “conducta política social indeseable”, “socialista de cuidado”, “sinvergüenza”, “provocador de las personas de orden”, “saqueador”, etc. Incluso a Aurelio Casas Córdoba se le llegó a imputar ser “ateo de nacimiento”. Sin embargo, escaseaban las acusaciones concretas, ya que a la mayoría se les solía inculpar de manera genérica por su labor durante la República (participación en huelgas, mítines, militancia y cargos políticos y sindicales), su actuación durante los sucesos del 18 de julio de 1936, su integración en las partidas de huidos en la sierra o sus servicios y graduación en el Ejército republicano. Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados.

El juez instructor continuaba el sumario tomando declaración a los testigos y denunciantes (si existían), que acudían a testificar por iniciativa propia o porque eran propuestos por la alcaldía y la Guardia Civil. Con estas nuevas actuaciones elaboraba un auto de procesamiento que se basaba en el atestado de la Guardia Civil y en los informes que le habían proporcionado esta y la alcaldía. En esta fase de la instrucción, solía ratificar la prisión para el imputado y le comunicaba el derecho a elegir abogado defensor –una figura que se limitaba casi siempre en los juicios a pedir el grado de pena inferior al que había solicitado el fiscal–, aunque el recluso solía escoger siempre al que le tocara en turno. Tras el auto de procesamiento, el juez realizaba nuevas declaraciones indagatorias a los testigos y al encartado, y a continuación elaboraba un auto resumen en el que incluía las diligencias practicadas hasta el momento.

Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por un tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Montilla expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba cuando terminaba su actuación. Los juicios, en muchas ocasiones eran colectivos, sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que demuestra que no había un objetivo probatorio y que, por supuesto, no existía una justicia personalizada. Las vistas se celebraban en el salón de plenos del ayuntamiento montillano, donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las posibles víctimas como de los acusados, para que el escarmiento fuera lo más ejemplar posible.

56.El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

Muy fácil fue en aquellas circunstancias obtener de los presos los testimonios que sus captores querían. Los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades, por lo que las torturas, las palizas y los malos tratos fueron una práctica normal y generalizada en las prisiones montillanas según nos confirman múltiples testimonios. De acuerdo con el testimonio de su esposa, a Francisco Córdoba Gálvez “Arrobeta” lo golpearon, colgado de los brazos, hasta que perdió el conocimiento. Según las manifestaciones de su hija, a Emilio Montoro Delgado lo torturó un cabo de la Guardia Civil, en las dependencias del juzgado militar, después de obligarlo a desvestirse. A Rafael García Espejo, aparte de propinarle continuas palizas, le arrancaron el bigote. A Manuel Ruz Aguilar lo apaleron varias veces atado a una higuera. Antonio Pérez Lao “El Seguro” llegó a la prisión con una pierna rota, pero el estar herido no impidió que recibiera malos tratos. Nada más salir de la cárcel, fue ingresado en un hospital, aunque no consiguió recuperarse y murió en 1943. Su padre había sido fusilado seis años antes.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. En aquel momento existían cárceles en el depósito municipal, en el actual juzgado (dirigida por Mariano Varo Espejo) y un campo de concentración para prisioneros de guerra (soldados republicanos apresados por las tropas franquistas) en las escuelas del convento de San Luis, que en abril de 1939 albergaba a 412 hombres. Durante todo su periodo de funcionamiento entre 1938 y octubre de 1939, por el campo de concentración de Montilla pasaron 2.120 prisioneros contabilizados, todos forasteros, aunque el número estimado de los internados dentro de sus muros en ese periodo es de unos 6.000, según datos extraídos del libro Cautivos en Córdoba (1938-1942), del historiador aguilarense Francisco Navarro López, publicado en 2018.

Junto a los prisioneros de guerra, en San Luis se internó a partir de 1939 a otros 661 reclusos por razones políticas, de los que 254 eran de Montilla (15 acabarían fusilados) y el resto de localidades del sur de Córdoba. Estos últimos arribaron en tres grandes remesas. En la primera, el 1 de octubre de 1939, llegaron 150 reclusos de la cárcel de Fernán Núñez. En la segunda, el 4 de mayo de 1940, vinieron 161 prisioneros de tres cárceles: Cabra (vecinos de Doña Mencía, Nueva Carteya, Cabra y Zuheros), Lucena (vecinos de Priego de Córdoba) y Priego de Córdoba (vecinos de Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar). En la tercera y última remesa, el 24 de julio de 1940, les tocó el turno a otros 77 presos de la cárcel de Lucena (vecinos de Iznájar, Luque, Lucena, Rute y Valenzuela). De otras localidades ingresaron 19 internos en distintas fechas. Por tanto, no menos de 661 presos políticos pasaron de manera “oficial” por Montilla entre abril de 1939 y octubre de 1940. Sin embargo, esta es una cifra mínima, pues hubo muchos montillanos que sufrieron cautividad en el pueblo y nunca llegaron a ser inscritos en las fichas de prisión.

53.Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

La cárcel de las escuelas de San Luis tenía graves problemas de salubridad e higiene. El hacinamiento conllevaba que un importante número de detenidos durmiera a la intemperie en el patio de prisión, por donde corrían las ratas. Los presos se alimentaban en buena medida de lo que las familias les facilitaban. Aquellos que no poseían la fortuna de tener cerca a sus allegados se veían obligados a vivir de la caridad de sus compañeros de presidio o a esperar que cada cierto tiempo les llegaran los envíos de comida desde sus domicilios en los pueblos de alrededor. Las familias de los reclusos, que con frecuencia vivían de la caridad y de la mendicidad, y que a menudo estaban encabezadas por mujeres con hijos y ancianos a su cargo, debían añadir a la esforzada lucha por su subsistencia diaria la manutención de sus padres, hijos y hermanos encarcelados, en un periodo de racionamiento, carestía y estraperlo. Los familiares que residían fuera de Montilla tenían que realizar largas caminatas, a pie o en bestias de carga, con los pocos avituallamientos que podían conseguir para evitar que sus allegados murieran de hambre en los calabozos. Igual calvario debían soportar los parientes de los montillanos recluidos en otros lugares. Por ejemplo, el secretario de las Juventudes Socialistas, Juan Córdoba Zafra, detenido en Alicante, le rogaba a su familia en junio de 1936 que cada semana le enviara un paquete de comida por ferrocarril, además de un paquete con un kilo de cuartillas de papel, dos lápices, algunas novelas, sellos y dinero. Cuando lo trasladaron a la cárcel de Montilla, las peticiones en sus cartas incluían también productos de higiene

Desde la cárcel de Montilla salieron en 1940 dos grandes expediciones de presos a otros lugares de internamiento. La primera expedición, el 21 de mayo, tenía como destino un batallón de trabajadores en Rota, donde los reclusos debían trabajar en obras civiles o fortificaciones militares. La segunda expedición, el 25 de septiembre, de reclusos condenados a treinta años de cárcel, recaló en la prisión gaditana de El Puerto de Santa María. Poco después, entre el 17 y el 19 de octubre de 1940, se efectuó el trasporte de todos los presos en Montilla a Córdoba capital, al igual que ocurrió con los detenidos en otras cárceles de la provincia. Todos estos reclusos llegaron a la prisión habilitada, situada en la carretera de Los Pedroches, que se había construido con rapidez para reforzar a la Prisión Provincial ubicada en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Cuando entraron los presos la nueva prisión no estaba terminada, las ventanas carecían de cristales, las naves y las galerías se hallaban expuestas al viento y los servicios higiénicos no eran suficientes para los tres mil reclusos iniciales, que alcanzarían los cuatro mil al poco tiempo, según datos aportados por el historiador Francisco Moreno Gómez.

El traslado de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. Cinco pesetas de la época valía un billete del tren (al que llamaban el Corto) que realizaba el recorrido entre la estación de Montilla y la de Córdoba, lo que suponía un gasto extraordinario para unas personas ya de por sí depauperadas. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (seis de ellas montillanas) debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente.

A continuación publicamos los nombres de los 646 presos que sufrieron cárcel en Montilla. De ellos, 239 eran montillanos. Otros 407 procedían de los siguientes pueblos cordobeses: Fernán Núñez (150 presos), Doña Mencía (62), Iznájar (36), Luque (24), Priego de Córdoba (16), Nueva Carteya (16), Zuheros (15), Cabra (14), Carcabuey (12), Lucena (12), Rute (9), Valenzuela (8), Fuente Tójar (7), Almedinilla (7), y otras localidades (19). Añadimos también una lista con otros 203 nombres de montillanos represaliados en la posguerra (presos en campos de concentración, cárceles, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, depurados, exiliados, sometidos a expedientes de responsabilidades políticas y un elevado número de huidos de los que distintos juzgados solicitaban informes). Los enlaces son los siguientes:

Nota: para elaborar la información de esta entrada del blog he usado, entre otras fuentes históricas, los testimonios orales, recogidos en el año 2001, de los montillanos José de la Torre León, José Ruz Morales, Antonio Hidalgo Salido, Francisco Urbano Baena, Rafael Ruiz Luque, Rafael García Hidalgo, Rosario García Espinosa, José Ruz Morales, Jesús Aguilar Hidalgo y Jacinto Pérez Delgado (este último, en Sant Joan Despí, Barcelona).

FOTOGRAFÍAS DE REPRESALIADOS MONTILLANOS

20.Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

32.Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

Miguel García Ruiz, soldado en la defensa antiaérea republicana. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

33.Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

34.José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

60.El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

75.José Gómez Márquez, primero por la derecha en ambas fotos, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

José Gómez Márquez, primero por la derecha, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

55.El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

43.Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del Ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Víctimas mortales de la represión en Montilla durante la guerra civil y la posguerra

El triunfo de la sublevación militar del general Queipo de Llano en Sevilla el 18 de julio de 1936 condicionó de forma decisiva los sangrientos acontecimientos posteriores en la provincia cordobesa. A las dos y media de la tarde Queipo telefoneó al también conspirador coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, jefe del cuartel de Artillería de Córdoba, para que iniciara la rebelión. A las tres, Cascajo le comunicó al gobernador civil republicano Rodríguez de León el alzamiento militar de Queipo y le advirtió de sus propias intenciones de proclamar el estado de guerra y de asumir el mando del gobierno cordobés. A las cinco, el coronel Cascajo ya leía el bando de guerra en el patio del cuartel de Artillería en medio de la euforia de los derechistas y terratenientes armados que allí se habían congregado. Entre ellos se encontraba el carlista José Mª de Alvear y Abaurrea –hijo mayor del montillano conde de la Cortina, Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina–, quien se convertiría pronto en vocal de la nueva Comisión Gestora de la Diputación.

En Montilla, el 18 de julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos cordobeses donde triunfó con rapidez la sublevación militar. Tras recibir desde la capital órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, se hizo aquel mismo día con el control de la localidad. La violencia usada en los primeros momentos por los sublevados, la nula resistencia ofrecida por los republicanos en las horas siguientes y la huida de miles de personas hacia la localidad vecina de Espejo permitirían a los guardias civiles y a los derechistas armados controlar a los casi veinte mil habitantes de la localidad sin demasiados problemas. A las 9 de la mañana del 19 de julio, el gobernador militar rebelde telegrafiaba desde Córdoba al capitán de la Guardia Civil para que se incautase del Ayuntamiento y declarara el estado de guerra. En cumplimiento de esta orden, José Cubero Blanco, sargento del regimiento de Infantería de Cádiz número 33, de permiso de verano en Montilla, se encargó en la misma mañana de la alcaldía. Al día siguiente, se emitió el bando de guerra.

36.Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad Obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

A partir de ese momento la Comandancia Militar de Montilla, principal órgano de donde emanaban las órdenes represivas, permaneció bajo la jefatura de oficiales que con anterioridad ya habían demostrado su valía en el uso de la fuerza, lo que garantizó que la localidad fuera gobernada con mano de hierro en los años de la contienda. El día 1 de septiembre de 1936, el general Queipo de Llano nombró comandante militar al capitán de Infantería retirado Mariano Requena Cordón, quien ya había sido designado el 8 de octubre de 1934 delegado de Orden Público de la localidad por el comandante militar de la provincia Ciriaco Cascajo –principal artífice de la rebelión del 18 de julio en Córdoba–. En octubre de 1936, cuando Mariano Requena se incorporó al ejército, lo sustituyó el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, quien también había dirigido la represión en Montilla tras los sucesos de octubre de 1934 y había abanderado la insurrección golpista en Cabra en 1936. Luis Canis Matute, el capitán que se había sublevado y había emitido el bando de guerra en Montilla, volvió a ser la máxima autoridad militar en agosto de 1937, hasta que fue relevado al año siguiente por el también capitán de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego. Este tenía, asimismo, la experiencia de haber dirigido la rebelión y la represión en Lucena, donde era conocido con el apodo de «Teniente Polvorilla. La sede de la comandancia se instaló en septiembre de 1936 en la calle Teniente Gracia, en una casa donada por Juan Luque Cabello. Con posterioridad se trasladó a la calle San Francisco Solano.

La “dialéctica de los puños y de las pistolas” de la que había hablado José Antonio Primo de Rivera, en lo que se considera el acto de fundación de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933, tuvo una ocasión de oro para aplicarse en la Montilla que vivió bajo el yugo del bando de guerra. Mientras la sangre corría, no hubo ni juicios ni consejos de guerra ni ninguna argucia legal que intentase justificar la masacre. El bando de guerra permitió las detenciones masivas, las torturas sistemáticas y las ejecuciones irregulares en las tapias del cementerio, en los caminos y en los campos. Cayeron víctimas de la matanza socialistas y afiliados a los gremios de la Casa del Pueblo, militantes de las JSU, comunistas, cargos políticos y sindicales, funcionarios desafectos, espiritistas, personas que se habían significado en la defensa de los derechos de los trabajadores y en las reclamaciones laborales o que habían sido concejales. Pero también se exterminó a personas apolíticas o que tuvieron la mala suerte de verse envueltas, por simples circunstancias de la vida, en el rápido torbellino de la muerte que atrapó a la población. Tan urgente resultó el vendaval represivo que la inmensa mayoría de las víctimas cayó en los tres primeros meses de la contienda. A partir de octubre de 1936 sólo conocemos el fusilamiento de cuatro personas, dos de ellas en Córdoba.

37.José Gama Rodríguez, primer presidente de las Juventudes Socialistas cuando se fundaron en 1927. Vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

José Gama Rodríguez, vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

Los militares implicados en la conspiración tenían muy claro que la violencia iba a ser una de sus principales armas para asegurarse el éxito del golpe de estado. En los documentos que circulaban entre ellos desde meses antes de la rebelión se incitaba a la utilización de una represión indiscriminada para eliminar a los posibles opositores. El general Emilio Mola Vidal, director de la trama castrense, en una “instrucción reservada” enviada a los demás insurrectos el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes del golpe de estado, ya les advertía de que la acción tendría que ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”, y el 30 de junio decía, textualmente, que debían “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. En consecuencia, la violencia fue una táctica ejercida por los sublevados desde el primer el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península y los republicanos no habían movido ni un solo dedo para oponerse a ella, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban aplicar durante los tres años siguientes.

Voceros de la sangre y de “echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanismo, filantropía y demás tópicos masónicos” –como había dicho el gobernador de Burgos y coronel golpista Marcelino Gavilán– no faltarían entre los mandos militares sublevados en aquellos primeros días de la guerra. El general Franco en su bando de guerra del 18 de julio exigía “inexcusablemente que los castigos sean ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Nueve días después, el 27 de julio, en una entrevista, cuando el periodista Jay Allen le advirtió de que para conseguir sus objetivos tendría que “matar a media España”, él respondió que los lograría al “precio” que fuera. Mientras tanto, en el sur, el general Queipo de Llano, en su alocución radiada del 26 de agosto, proclamó que quedarían borradas las palabras “perdón” y “amnistía”. El joven montillano José Cobos Jiménez, delegado de prensa y propaganda del sindicato falangista universitario, reflejaría también esta cultura de la muerte, influida por la luz de la fusilería, con estas palabras: “Falange no puede vivir de la tolerancia, su función primera ha de ser la imposición, de despertar inquietudes. No caben en ella las habilidades cautelosas ni las retiradas prudentes. Su táctica es ir a buscar el peligro, pelear y morir; ofrendar víctimas y hacerlas, porque sólo la sangre fecunda las grandes ideas” (revista Yugo, 30 de septiembre de 1937).

16.Un patrono denunció al ferroviario socialista José Algaba Rodríguez. Murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

El ferroviario socialista José Algaba Rodríguez murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

En Montilla, a la represión desatada por los golpistas locales se añadió la de distintas columnas militares que, a su paso por la localidad, se otorgaban el privilegio de colaborar en la necesaria labor de limpieza de los “elementos marxistas” y de los “rojos”. Debido a su posición estratégica en la campiña, Montilla se convirtió en un continuo ir y venir de tropas españolas y extranjeras en su labor de conquista de los pueblos de alrededor. Sólo en los primeros días de la guerra pasaron, entre otras, las columnas de Sáenz de Buruaga (28 de julio a Baena y 22 de septiembre a Espejo), la del comandante de Infantería Rafael Corrales Romero y del capitán de corbeta Ramón de Carranza (1 de agosto a Puente Genil), la del comandante del Tercio Pedro Pimentel Zayas (5 de agosto)  y la del general Varela (6 de agosto a Castro del Río y 11 de agosto a Antequera). Aparte de las columnas militares que llegaron del exterior, el teniente de la Guardia Civil Cristóbal Recuerda Jiménez –que había abanderado la sublevación en el vecino pueblo de Fernán Núñez– realizó también algunas incursiones represivas en tierras montillanas durante el verano de 1936.

Sin embargo, a pesar de la oleada de fusilamientos que sufrió la población montillana, de forma oficial las autoridades mantuvieron una ignorancia continua y calculada sobre la represión mortal que ellas mismas estimulaban, ejercían y protegían, imponiendo el silencio o las falsedades. Cuando Francisca López Luque inició los trámites para la inscripción de la muerte de su marido Francisco Jordano Panadero en el Registro Civil, el juzgado pidió un informe a la alcaldía. El jefe de Policía, Rafael Sotelo Tejada, contestó en un escrito que “fue encontrado muerto en este término municipal y en la fecha indicada tal vez al tener un encuentro con la fuerza pública”. Similar respuesta encontró Josefa González Vega cuando, en julio de 1937, promovió la inscripción de la defunción de su esposo, el también fusilado Antonio Arcos Real. De nuevo Rafael Sotelo volvió a emitir un informe, el 10 de julio, en el que se reconocía que el 8 de septiembre de 1936 “salió en compañía de otros para la capital, por orden de la autoridad militar, ignorándose lo que haya ocurrido después y el lugar donde se encuentra”. La misma negación de la barbarie represiva se mantuvo durante la posguerra. En julio de 1941, en un informe que emitió la alcaldía sobre Luis León Espejo para el juzgado de responsabilidades políticas, al referirse a su hijo Juan León Arroyo, se decía que “se desconoce su paradero”, cuando en realidad había sido fusilado.

18.El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado en las tapias del cementerio el 8 de septiembre de 1936.

El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado el 8 de septiembre de 1936.

El tema de los desaparecidos nos conduce a la cuestión de las cifras, de la cuantificación de la represión. Difícil, por no decir imposible, es establecer una relación aproximada de las víctimas de la represión golpista. Todas las inhumaciones fueron ilegales, ya que en los libros del cementerio de Montilla no aparece inscrito como enterrado ni uno solo de los ejecutados durante la guerra. Tampoco los libros de los registros civiles, fuentes naturales para el estudio de las defunciones, son unos documentos fiables a la hora de concretar el número total de asesinados, ya que la administración judicial se dejó en manos de leales al nuevo régimen, lo que explica muchas carencias legales. Por otro lado, el impacto psicológico de la represión fue tan brutal que muchas familias no inscribían a sus allegados por el temor a padecer la misma desgracia. El miedo y la dictadura pervivieron durante muchos años, de manera que la inscripción no se materializaba si los familiares no lo intentaban o renunciaban ante las dificultades, el desconocimiento, la incultura o porque emigraban de la localidad, lo que explica que en bastantes pueblos de Córdoba solo conste en el Registro una parte mínima de las víctimas de la represión.

Durante los tres años de guerra se inscribieron en el Registro Civil de Montilla solo 19 fusilados (seis en 1936, ocho en 1937, uno en 1938 y cuatro en 1939). Pero, que sepamos, todos los fusilamientos (menos cuatro) se produjeron entre los meses de julio y septiembre de 1936. Por tanto, la inmensa mayoría de las inscripciones se realizaron fuera de plazo legal, en la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, muchos años después de que se produjeran los fallecimientos. Incluso tras la Ley de pensiones de guerra para viudas, de 18 de septiembre de 1979, se anotaron dos nuevos nombres, el de Manuel Párraga Osuna (en abril de 1981) y el de un vecino  de Castro del Río, José Víctor Parrado Rodríguez (en diciembre de 1981), de 35 años, fusilado a las siete de la mañana del 16 de octubre de 1936.

Los registros tampoco son fiables a la hora de estudiar detalles históricos o personales importantes de los fusilados, como el lugar de la defunción, la fecha o su oficio, que en muchas ocasiones se falseaba (a los funcionarios nunca se les registraba con su profesión). Por ejemplo, de los cinco inscritos como fusilados en la entonces aldea montillana de Santa Cruz, sólo uno consta con la fecha exacta del fallecimiento. Además, siempre se utilizaba un eufemismo para ocultar la verdadera causa de la muerte. En los abatidos por los disparos de la Guardia Civil en la madrugada del 19 de julio de 1936 aparece como causa “hemorragia interna”. En los demás se escribe “por disparo de arma de fuego” o “en un encuentro con la fuerza pública con motivo del glorioso movimiento salvador de España”, aunque en los inscritos a finales de los años cuarenta ya aparece la expresión “por aplicación del bando de guerra”, es decir, por fusilamiento sin juicio previo.

17.El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936 en la vereda de Los Limones.

El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936.

Hemos localizado en la correspondencia de la alcaldía algunos documentos que hacen referencia a la magnitud del reinado del terror, aunque son poco clarificadores. Según comunicó el alcalde de Montilla al gobernador –en un informe elaborado con la ayuda del cura, el médico y el maestro más antiguo de la localidad– el 9 de enero de 1937 existían “como consecuencia de los actuales acontecimientos 70 viudas pobres, 89 ancianos impedidos para el trabajo y 65 mujeres abandonadas por sus maridos con 200 hijos”. El 17 de agosto el alcalde volvía a informar de que el Comedor de Caridad, las Conferencias de San Vicente de Paul y el Ropero de Nuestra Señora del Rosario socorrían diariamente a 50 mujeres y 205 niños de «rojos». El primer documento, en el que se habla de 70 viudas pobres, podría ser indicativo de por dónde iban las cifras en aquel momento, sin embargo hay que tener en cuenta que un buen número de fusilados eran jóvenes solteros por lo que el número de víctimas podría ser muy superior.

Juan Zafra Raigón

Juan Zafra Raigón, desaparecido en el verano de 1936.

Es bastante complicado determinar el número total de víctimas de la represión franquista en Montilla. El 25 de septiembre de 1936, el periódico El Socialista ya hablaba de 120 fusilados para esas fechas. El historiador Francisco Moreno Gómez estableció, en 1985, un balance global estimado de 150 asesinados. Seis años después, en 1991, el escritor local Julián Ramírez Pino, subjefe de los balillas –rama infantil de la Falange– al comienzo de la contienda, no creía que el volumen de muertos superara los 60. Según nuestras investigaciones, la cifra mínima de asesinados identificados de Montilla (domiciliados en la localidad) durante la guerra fue de 101 y en la entonces aldea montillana de Santa Cruz de 15, lo que suma un total de 116. De ellos, solo 76 (65,52%) constan en el Registro Civil, frente a 40 (34,48%) que no se han inscrito, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos provinciales y locales, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas. Por ello, el número de víctimas que nosotros aportamos, el de 116, con nombres y apellidos, sería una cifra mínima debido a todas las argumentaciones que ya hemos expuesto con anterioridad.

40.El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

En su obra editada a finales de 2008, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Francisco Moreno Gómez, sitúa la cifra total de asesinados en 200 personas, una estimación que podría acercarse a la realidad. Hay que tener en cuenta que existen periodos en los que en el Registro Civil solo se inscribe un muerto por día, lo que reflejaría un número elevado de fusilamientos, pues las “sacas” siempre solían ser colectivas. Además, las carencias del Registro Civil son muy evidentes en cuanto al número de víctimas anotadas. De los quince fusilados de la aldea de Santa Cruz solo se anotan cinco; de la saca en la que perecieron cinco personas el 11 de agosto únicamente aparece Antonio Rodas Castro “El Cuqui”; de la del 31 de julio, en la que murieron trece personas (tres de ellas de Espejo) solo encontramos a tres, etc. El Registro no recoge tampoco la magnitud de la masacre de entre veinte y cincuenta presos ejecutada por el general Varela en un olivar de Castro del Río el día 6 de agosto, ni los dos fusilamientos colectivos de montillanos en la cuesta del Espino (uno de doce personas, realizado entre el 18 y el 26 de julio de 1936, y otro de doce el 5 de agosto), cuyos cadáveres fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Montemayor. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, la cifra de decenas de miles de desaparecidos de la represión franquista en España.

En mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1943), cuya última edición es de 2019, pude rescatar la historia, a través de recuerdos y documentos familiares, de bastantes montillanos represaliados. Tras su publicación, aún sigo recibiendo testimonios que nos describen de manera pormenorizada las circunstancias que envolvieron la muerte de muchas personas. Uno de ellos me llegó a través una carta enviada por Antonio Salas Tejada de sobre su bisabuela Carmen Mesa Carmona, fusilada con 54 años el 12 de agosto de 1936, de la que he entresacado estas interesantes palabras de manera casi textual:

Mi bisabuela Carmen no tenía militancia política y ni siquiera tenía participación en la vida política y social de Montilla. El motivo de su detención, al parecer, fue el hecho de que su hijo (mi abuelo materno), Antonio Tejada Mesa, funcionario de la sección municipal de arbitrios del Ayuntamiento, después del 18 de julio, no se presentó en el Ayuntamiento a trabajar, por lo que lo incluyeron en una lista de personas a represaliar. Mi bisabuela Carmen residía junto a su marido y sus hijos, como aparceros, en una finca en la Sierra de Montilla. A principios de agosto, decidió ir a Montilla a por provisiones. Al entrar en el pueblo por la fuente de Santa María, un tal El Mellao, armado con escopeta y apostado en ese lugar, con otras personas (no identificadas), con las órdenes de controlar a quienes entraban o salían de Montilla, la identificó como la madre de Antonio Tejada Mesa, empleado del Ayuntamiento “fugado”, y la detuvo.

La noticia de la detención llegó a la familia al final del día. Todos permanecieron en la finca que tenían en aparcería a la espera de noticias. Carmen estuvo cuatro días detenida y una hermana suya, que vivía en el pueblo, se encargaba de llevarle cada día la comida hasta que, al cuarto día de cautiverio, un individuo le dijo “que se llevase la comida de vuelta, que ya no hacía falta”. No se sabe dónde fue asesinada, quiénes la mataron ni donde está enterrada, aunque la familia siempre dio por hecho que fue fusilada en las tapias del cementerio, por guardias civiles y enterrada en una fosa común en el mismo lugar de su ejecución.

Al día siguiente, el mayor de los hijos de Carmen, Antonio, tomó la decisión de marchar por la noche a la vecina localidad de Espejo con su mujer, sus hijos, su padre y sus hermanos y hermanas pequeños. Antonio padecía una enfermedad de los vasos sanguíneos y desde finales de los años 20 estaba siendo tratado por el doctor Gregorio Marañón, en Madrid. Consiguió un informe médico-militar declarando su inutilidad para el ejército, lo cual le permitió no ser movilizado y, por tanto, seguir al lado de su familia durante los tres años que duró la guerra y anduvieron como refugiados por distintos lugares de la provincia de Jaén hasta abril de 1939, momento en el que tuvieron que regresar a Montilla. Para poder regresar con su familia a Montilla tuvo que conseguir un salvoconducto del jefe de la Falange de la localidad. Al llegar a Montilla, no tenía trabajo, había perdido su condición de funcionario municipal, las propiedades de la familia habían pasado a otras manos, el dinero que tenían ahorrado ya no era válido… Pero esto ya es otra historia. Antonio Tejada Mesa y su familia salieron adelante, pero, a pesar de toda su lucha, murió a los 86 años sin saber dónde estaba enterrada su madre.

Aunque Montilla ya había conocido los rigores de la “cultura política de la sangre” –tomo la expresión de Alberto Reig Tapia– que se había impuesto en la población tras el triunfo del golpe en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado a otras localidades o se habían enrolado como combatientes en el Ejército republicano. “La justicia se cumplirá. No os quepa duda [de] que se cumplirá. Y será inexorable”, advertía el periódico montillano Patria, en la fecha temprana del 17 de octubre de 1937. Anticipándose al fin de la guerra, la publicación falangista ya amenazaba del destino que les esperaba a los que volvían. Inexorable, contundente y vengativa fue, en verdad, la justicia militar que se aplicó en Montilla.

Según nuestras investigaciones –a través de los libros de defunciones del Registro Civil, las fichas de la prisión y las fuentes orales y bibliográficas– 15 vecinos (13 en la localidad y dos en Córdoba) murieron fusilados tras la guerra. Otros dos montillanos, pero residentes en Palma del Río y Alcalá la Real (Jaén), fueron también pasados por las armas. Asimismo, otros nueve forasteros (de Fernán Núñez, Castro del Río, Nueva Carteya y Doña Mencía) cayeron inmolados en las tapias del cementerio. Algunas personas nos han informado de que se realizó en la localidad alguna ejecución extrajudicial, sin embargo no hemos podido confirmar este extremo. Las cifras que aportamos corroboran plenamente las investigaciones sobre la represión en la posguerra publicadas por Francisco Moreno Gómez, el único historiador que ha realizado un estudio conjunto de los fusilamientos dentro de la provincia de Córdoba.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades franquistas, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. Para albergar al gran número de presos se habilitó durante la guerra una nueva prisión en las escuelas del convento de San Luis, donde en 1939 había internados 646 reclusos, de los que 239 eran de Montilla. Completaba a las que ya existían en el depósito municipal y en el actual juzgado, ésta última dirigida por Mariano Varo Espejo. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernán Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas.

44.Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

El trasporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Según el Registro Civil de Córdoba, estudiado por Francisco Moreno Gómez, seis montillanos murieron en estas prisiones. A estos hay que sumar otros ocho montillanos exiliados en Francia que acabaron apresados por los nazis y exterminados en el campo austriaco de Mauthausen. Dos de ellos, los hermanos Juan y Manuel González León, tienen dedicada una antigua entrada en este blog que puede leerse en este enlace.

Los nombres de las víctimas de la represión en Montilla, junto a los de los soldados fallecidos en los frentes y los de los vecinos muertos en los bombardeos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

13.Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Entre 1919 y 1920 estuvo preso por su participación en las huelgas de campesinos. Vocal obrero suplente en el grupo de Agricultura y Alimentación del Instituto de Reformas Sociales (1920-1924). Concejal (1915-1923) y alcalde (1931-1934) de Montilla. Fue uno de los creadores de la poderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (rama agraria de la UGT), en la que representó a Andalucía. Vocal de la Junta y del Instituto de Reforma Agraria (1931-1933). Diputado por la provincia de Córdoba (1931-1933), en las Cortes participó en las comisiones de Fomento-Obras Públicas y Agricultura. Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Diputado a Cortes por la provincia de Córdoba (1931-1933). Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

14. Rafael Baena Cruz

Rafael Baena Cruz, fusilado en fecha indeterminada del verano de 1936.

15.El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

José Ruiz Lucena, fusilado el 14 de agosto de 1936.

23.El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

38.En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa anticlerical. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

42.Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fusilado el 16 de mayo de 1940.

Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fue fusilado el 16 de mayo de 1940.

48.José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

68.El jefe de milicias Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Líder de la resistencia antifascista en los primeros días de la guerra, alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

66.Manuel Sánchez Ruiz durante la Republica fue secretario de las Juventudes Socialistas de Montilla y de la poderosa sociedad local campesina La Parra Productiva ––creada en 1913 y adscrita a la socialista Unión General de Trabajadores–, secretario provincial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (la sección agraria de la UGT) y alcalde del Frente Popular. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

66. Manuel Sánchez Ruiz, alcalde del Frente Popular en 1936. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

En el centro, Francisco Solano Portero Márquez, con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

Francisco Solano Portero Márquez con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

88.De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz, que se refugiaron con su madre en Torredelcampo (Jaén) durante la guerra. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

Manuel Castillo Almedina (original) - copia

Manuel Castillo Almedina (derecha), de 21 años, fusilado el 16 de octubre de 1936. Su padre, José Andrés, había sido fusilado en agosto.

29. Juventudes Socialistas

Con la bandera de las Juventudes Socialistas al fondo, aparecen Francisco García Carrasco (de pie, primero por la izquierda), fusilado el 31 de julio de 1936; delante de él, el diputado a Cortes entre 1931-1933 Francisco Zafra Contreras, fusilado el 28 de julio de 1936; y Juan González León (de pie, tercero por la izquierda). asesinado en el campo nazi de Mauthausen el 11 de enero de 1942.

El capitán Manuel Tarazona Anaya y el 18 de julio de 1936 en Córdoba

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 supuso una división del Ejército español y de las fuerzas de orden público entre quienes se mantuvieron fieles a la República y los que se sublevaron contra ella. Las tropas de tierra se repartieron casi por igual, con ligera ventaja para los republicanos (58.249 de los 117.035 soldados), que también contaron con el apoyo de dos tercios de los buques y aviones de guerra. En cuanto a las fuerzas de orden público, permanecieron bajo control republicano la mitad de las 217 compañías de la Guardia Civil, 11 de los 18 grupos de los guardias de Asalto y dos tercios de los carabineros.

Desde el punto de vista historiográfico, los sucesos del 18 de julio y la fragmentación del Ejército y de las fuerzas de orden público en la ciudad de Córdoba se pueden seguir a través de dos obras recientes: El genocidio franquista en Córdoba, publicada por el historiador Francisco Moreno Gómez en 2008, y Militares y sublevación. Córdoba y provincia 1936, del comandante Joaquín Gil Honduvilla, que vio la luz en 2012. Este último autor ha utilizado una interesante documentación del Archivo Militar Territorial II de Sevilla que le ha permitido situar con bastante precisión los acontecimientos y la actitud de los mandos militares en aquella histórica jornada.

En Córdoba la mayor unidad militar en 1936 era el Regimiento de Artillería Pesada nº 1, al mando del coronel Ciriaco Cascajo Ruiz. Esta unidad se sublevó en bloque debido a que en ella servían jóvenes oficiales pertenecientes o simpatizantes de la Unión Militar Española, una organización clandestina, ultraderechista y antirrepublicana implicada de lleno en la rebelión. La mayoría de estos oficiales habían mantenido en los meses previos contactos con los conspiradores del Estado Mayor de la División Militar sevillana, en especial con el comandante José Cuesta Monereo, y estaban al tanto de los preparativos del golpe de Estado. También habían prometido apoyar la sublevación los mandos superiores de la Guardia Civil, el coronel Francisco Marín Garrido, jefe del 18 Tercio (Córdoba-Jaén), y el teniente coronel Mariano Rivero López, jefe de la Comandancia de Córdoba, aunque incumplieron su palabra y el día 18 de julio se mantuvieron fieles a la legalidad republicana.

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Manuel Tarazona Anaya en su época de militar en África.

En julio de 1936, al frente del cuerpo de la Guardia de Asalto cordobesa, con sede en el gobierno civil, se encontraba el capitán de Infantería madrileño Manuel Tarazona Anaya, de 35 años. En 1918, con 17 años, había ingresado en la Academia de Infantería de Toledo. Cuando ascendió a alférez, en 1921, fue destinado a Melilla, y en el norte de África estuvo encuadrado hasta 1925 en el Tercio de extranjeros (nombre que tuvo en su origen la Legión), y dos años más en las fuerzas de Regulares indígenas. Durante todos estos años participó en primera línea de fuego en la guerra del Rif marroquí (por lo que resultó herido en una pierna en 1924) y en el desembarco de Alhucemas en 1925. Debido a su valentía obtuvo varias condecoraciones, entre las que se encuentran la medalla de sufrimientos por la patria y la cruz del mérito militar con distintivo rojo en 1926. En tierras marroquíes prestó servicio en columnas mandadas por militares que luego tendrían una implicación activa en el golpe de Estado de julio 1936, como los generales José Sanjurjo, Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Franco, a cuyos órdenes sirvió en una bandera del Tercio en 1922. En julio de 1928 ascendió por méritos de antigüedad a capitán de Infantería y siguió sirviendo en las plazas del norte de África. En 1932 fue trasladado a la Península y en 1934 se incorporó en Sevilla al Cuerpo de Seguridad y Asalto, conocido como Guardia de Asalto, un cuerpo policial creado por la República con la intención de mantener el orden público. El 4 de febrero de 1935 llegaría a Córdoba junto a su esposa, Josefina Ortega San Emeterio, con la que se había casado cinco años antes. El día 18 de julio el capitán Manuel Tarazona se mantuvo leal a la República, a pesar de que desde enero de 1936, en tres ocasiones distintas, le había manifestado al coronel Ciriaco Cascajo, cabeza visible de la conspiración en Córdoba, que en el caso de un probable movimiento militar él y los oficiales a su mando lo respaldarían.

El capitán Manuel Tarazona Anaya (segundo por la derecha). A su lado, con figura espigada, el teniente José Villalonga Munar, que se puso del lado de los sublevados el 18 de julio.

El capitán Manuel Tarazona Anaya (segundo por la derecha). A su lado, con figura espigada, el teniente José Villalonga Munar, que se puso del lado de los sublevados el 18 de julio.

La sublevación militar se inició en Córdoba a las dos y media de la tarde, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División –que comprendía las ocho provincias andaluzas– recibió una llamada del general Queipo de Llano en la que le informaba del triunfo del golpe en Sevilla y le ordenaba que declarara el estado de guerra en la ciudad. Un policía destacado en la Telefónica por orden del gobernador interceptó la conversación, que a su vez se la transmitió al comisario jefe de Investigación y Vigilancia de la provincia de Córdoba, Manuel Hermida Cachalvite. Este se dirigió a comunicar la noticia al gobernador civil, el periodista Antonio Rodríguez de León, de 40 años y militante de Unión Republicana, quien telefoneó al ministro de la Gobernación (Juan Molés) y ordenó llamar al capitán jefe de la Guardia de Seguridad y Asalto, Manuel Tarazona Anaya. Después llegó Mariano Rivero, teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, que expuso la situación y las fuerzas con que contaba. El gobernador intercambió varias llamadas durante toda aquella tarde con el Ministerio de la Gobernación, el director general de Seguridad y el presidente de las Cortes, en las que recibió la orden de resistir hasta que llegaran refuerzos de las provincias limítrofes e incluso de la aviación desde Madrid. Rodríguez de León le encargó al capitán Tarazona ir al cuartel de Artillería para transmitirle esta información al coronel Cascajo y convencerle de que desistiese en su intentona golpista, algo que no consiguió. Así que Manuel Tarazona volvió al gobierno civil, convocó a sus oficiales, los tenientes Antonio Navajas Rodríguez-Carretero y Luis Galiani García (que se encontraba de servicio allí), comunicó a la tropa que había que resistir y distribuyó a unos cien guardias a sus órdenes por el edificio y por azoteas próximas.

Al despacho del gobernador también habían llegado los diputados socialistas Manuel Castro Molina y Antonio Bujalance López, el alcalde socialista de Córdoba Manuel Sánchez Badajoz, el presidente de la Diputación José Guerra Lozano (de Izquierda Republicana), el presidente de Unión Republicana Pedro Ruiz Santaella, el exdiputado Joaquín García Hidalgo, concejales, diputados provinciales y algunos dirigentes republicanos más. Para oponerse a la rebelión, el alcalde intentó reclutar voluntarios civiles en la Casa del Pueblo y el Ayuntamiento, el diputado Manuel Castro Molina salió hacia Peñarroya para traer mineros y dinamita y Agustín García Hidalgo pedía que se entregaran armas al pueblo, algo a lo que el gobernador no accedió. Mientras, los sindicatos habían convocado la huelga general a las tres de la tarde, tras la llamada del coronel Ciariaco Cascajo al gobernador civil en la que le comunicaba que iba a implantar el estado de guerra.

Al cuartel de Artillería también iban llegando los oficiales dispuestos a secundar el golpe y voluntarios (falangistas, monárquicos, latifundistas, militares retirados, etc.) que fueron armados. Poco después, a las seis menos cuarto, salieron del cuartel las tropas (unos 180 efectivos) para dirigirse al gobierno civil, al que rodearon. En una casa fronteriza, las tropas fijaron la hoja escrita con el bando de guerra

Por indicación del coronel Ciriaco Cascajo, en el edificio entró el teniente de Intendencia Francisco Salas Vacas, con bandera blanca y con la intención de que los guardias de asalto se sumaran al golpe, pero fue expulsado por el capitán Tarazona y otros mandos militares cuando intentó formar y arengar a la tropa. Poco después se personó en el gobierno civil el capitán de Artillería Félix Sánchez Ramírez, que trató de convencer al capitán Tarazona para que se rindiera. Al edificio llegó también, llamado por Tarazona, el teniente de la Guardia de Asalto José Villalonga Munar, quien al ver la intención de resistir del capitán decidió salir y unirse a los rebeldes. Le quisieron seguir algunos guardias, pero Tarazona lo evitó con la pistola en la mano. Desde Radio Córdoba, tomada por los militares rebeldes, en esa tarde se llamaría a la rendición del capitán Tarazona recordándole el “Código de Justicia Militar y la responsabilidad que contrae, si no se entrega con las fuerzas de su mando”.

Manuel Tarazona Anaya el día de su boda con Josefina Ortega San Emeterio, con la que se casó en 1930.

Manuel Tarazona Anaya el día de su boda con Josefina Ortega San Emeterio, con la que se casó en 1930.

A las seis de la tarde llega al gobierno civil, con bandera blanca, otro oficial emisario de Cascajo, el comandante de la Guardia Civil Manuel Aguilar-Galindo Aguilar-Galindo, con la intención de dar cinco minutos de plazo para la rendición. El capitán Tarazona lo acompañó hasta el despacho del gobernador, quien se negó a entregar el mando. Tras la salida del comandante, al cuarto de hora los artilleros tirotearon el edificio con armas cortas y fusiles, y los guardias de Asalto de dentro respondieron, mientras otros se refugiaron asustados en el cuarto de lavaderos o en el teatro Duque de Rivas, adonde llegaron tras agujerear una pared medianera. Al cesar el fuego, que causó un muerto y un herido entre los atacantes, los atrincherados consiguieron permiso para poder trasladar a tres heridos a la Casa de Socorro.

El comandante Aguilar-Galindo comunicó al coronel Ciriaco Cascajo la resistencia que estaban teniendo, y este decidió trasladar dos cañones que colocó a doscientos metros del edificio. Aguilar Galindo solicitó de nuevo, con bandera blanca, hablar con el gobernador para que se rindiera, y este le pidió dos horas de plazo para hacerlo. Con el gobernador se encontraban en ese momento, junto a otros, los jefes de la Guardia Civil, el teniente coronel Mariano Rivero y el coronel Francisco Marín, quienes le mostraron su apoyo y le manifestaron que “estaban allí para morir con él”. El gobernador decidió enviar al teniente coronel Mariano Rivero a parlamentar con Cascajo, pero con resultado infructuoso, pues quedaría detenido.

Como los atrincherados en el gobierno civil no se rendían, los artilleros iniciaron un nuevo tiroteo que finalizó cuando apareció una bandera blanca en la cancela. De inmediato, entró en el edificio el comandante Aguilar-Galindo con la intención de detener al gobernador, pero este le dijo que el que quedaba detenido era él, así que los guardias de Asalto lo desarmaron y lo obligaron a permanecer sentado en una butaca en un rincón del despacho. El comandante de la Guardia Civil Luis Zurdo se convirtió ahora en el nuevo emisario de los sublevados en el gobierno civil. Informó de que el coronel Cascajo había dado un plazo de cinco minutos para la rendición, aunque de nuevo el gobernador se negó a rendirse. Junto al comandante Aguilar-Galindo habían penetrado en el gobierno civil el capitán de Artillería Félix Sánchez Ramírez y el teniente González Arjona, que esperaban acontecimientos en la puerta del despacho del gobernador. Al ver que el comandante Aguilar-Galindo no salía, a los diez minutos entraron. También fueron encañonados con carabinas y retenidos por los guardias de Asalto y los paisanos. Aguilar-Galindo intentó levantarse de la butaca en que se encontraba sentado para ayudar a sus dos compañeros, pero el capitán Tarazona lo evitó apuntándole con su pistola. Desde el gobierno civil, llamaron al coronel Cascajo (no está claro si quien habló fue el gobernador o el exdiputado Joaquín García Hidalgo) para anunciarle que estos tres rehenes responderían con su vida de cualquier ataque.

Poco después de las ocho de la tarde el coronel Cascajo ordenó que se atacara el edificio. Se produjo un intenso tiroteo y dos cañonazos, lo que hizo ver al capitán Tarazona la inutilidad de la lucha, así que aconsejó al gobernador la rendición. Éste le dijo que se rendía “con la condición expresa de que de que se le dejara trasladarse a Madrid en compañía de sus familiares”. A las nueve de la noche una sábana blanca en el balcón del gobierno civil anunciaba el fin de la resistencia. Tras la huida o la salida con los brazos en alto de los que se encontraban en el edificio, tomó posesión como nuevo gobernador el capitán de Caballería José Marín Alcázar. Paisanos armados escoltaron al capitán Manuel Tarazona y el teniente Antonio Navajas hasta el cuartel de Artillería, donde Cascajo había ordenado que se dirigieran. El teniente Villalonga tomó el mando de los guardias de Asalto y esa misma noche los sublevados controlaron la ciudad.

Manuel Tarazona Anaya, junto a su mujer, Josefina Ortega San Emeterio.

Manuel Tarazona Anaya, junto a su mujer, Josefina Ortega San Emeterio.

Por su actuación durante la tarde del 18 de julio en el gobierno civil, el capitán Manuel Tarazona sufrió con posterioridad un consejo de guerra, cuyo expediente se conserva en el Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se convirtió así en una de las cientos de miles de víctimas de lo que se ha denominado “justicia al revés”, que significa que los que se habían levantado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. En las fechas en las que procesaron a Manuel Tarazona la oposición al “Glorioso Movimiento Nacional” o cualquier infracción del bando de guerra se castigaban con el fusilamiento sin proceso judicial previo. Por ello, antes de morir, en 1936 y 1937 hubo pocas víctimas que pasaron por consejos de guerra –aunque estos juicios solían ser farsas sin garantías jurídicas para los acusados–, salvo los militares que no habían secundado el golpe de estado o personas muy significadas.

La causa contra el capitán Manuel Tarazona se abre el 20 de julio, por el “supuesto delito de rebelión”, al existir sospechas de que “había hecho fuego sobre las fuerzas del ejército que fueron a declarar el estado de guerra”, y la instruye el comandante de Artillería Juan Anguita Vega. En su primera declaración ante el instructor, Tarazona pretende exculparse alegando que intentó convencer al gobernador de que la resistencia era imposible y que no le desveló el número de guardias con que contaba para la defensa (eran más de 100, pero le dijo que tenía solo 50). También manifiesta que ordenó a las tropas a su mando no disparar contra los artilleros y que él solo realizó durante el asedio uno o dos disparos al aire, en un momento de nerviosismo debido a la explosión de una granada, por una ventana interior del gobierno civil que no daba a la calle. Asimismo, señala que tuvo un trato deferente con los militares sublevados que entraron en el gobierno civil. Así, indica que permitió al teniente José Villalonga salir libremente del edificio y unirse a los rebeldes, y que intentó proteger al comandante Aguilar-Galindo y a los dos oficiales que habían quedado retenidos, al final de la tarde, en el despacho del gobernador. Otro sólido argumento de su defensa es que ordenó a las tropas a su mando destacadas en el ayuntamiento, la Telefónica, telégrafos y la radio, que cuando llegaran a sus edificios las fuerzas del Ejército se entregaran sin ofrecer resistencia.

Aunque las declaraciones del comandante Manuel Aguilar-Galindo en el sumario del consejo de guerra señalan que el capitán Tarazona le apuntó con su arma reglamentaria cuando lo retuvieron en el despacho del gobernador (lo que corroboran también el capitán Félix Sánchez Ramírez y del comandante Luis Zurdo Martín), los testimonios de otros testigos que resistieron con Tarazona en el gobierno civil trataron de minimizar la responsabilidad del capitán aquella tarde. Por ejemplo, el gobernador Antonio Rodríguez de León manifiesta que Tarazona “se limitó a cumplir las órdenes que él le daba” y Gerardo Macho, inspector del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, cuando le preguntan “si puede precisar cuál fue la actitud del capitán Tarazona en todo momento, dijo que la de aparentar resistencia cuando naturalmente no la sentía”. Sin embargo, estas ayudas le valen de poco. En un auto emitido por el juez instructor el 30 de julio se ordena su procesamiento, su prisión incondicional y una fianza de 10.000 pesetas, que supondría el embargo de sus bienes para cubrir esa cantidad si no se pagaba en un plazo de 24 horas. En una nueva indagatoria ante el juez, el capitán Tarazona se reitera en sus declaraciones y alega en su defensa, además, que con anterioridad al 18 de julio ofreció tres veces al coronel Ciriaco Cascajo su apoyo a un posible levantamiento militar (lo que confirma en una declaración posterior el propio Cascajo), su pasado militar intachable y que durante su estancia en Córdoba los “elementos marxistas” pidieron su destitución bastantes veces.

Tarazona nombró como defensor a Pedro Luengo Benítez, teniente coronel de Infantería y jefe de la caja de reclutas de Córdoba, quien intentó revocar el auto de procesamiento con un escrito que recogía los mismos argumentos de defensa que ya había esbozado el capitán en sus declaraciones. Sin embargo, no consiguió su objetivo y el día siete de agosto la Auditoría de guerra de Sevilla confirmó el procesamiento. Como el juicio era sumarísimo, que significa que se recortan las garantías para los acusados y se desarrolla en muy poco espacio de tiempo, el sumario de la causa se entregó ese mismo día por un plazo improrrogable de solo tres horas al defensor y al fiscal jurídico de la División, Eduardo Jiménez Quintanilla, para que formulara los cargos. Este fiscal mantuvo durante el verano de 1936 una febril actividad en múltiples consejos de guerra contra personas leales a la República en los que solicitó la pena de muerte para los acusados. Entre ellos, el más célebre es el general Miguel Campíns, comandante militar de Granada, fusilado en Sevilla el 15 de agosto.

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Manuel Tarazona Anaya, junto a su perro.

La vista de la causa contra el capitán Tarazona, en audiencia pública, se celebró a las 12,20 horas del 11 de agosto en la sala de justicia del cuartel de Artillería. El tribunal lo presidió el coronel José Alonso de la Espina, y de vocales ejercieron los tenientes coroneles Eduardo Marquerie Ruiz-Delgado, Acisclo Antón Pelayo, Gillermo Camargo Segerdhal, José Cortes Pujadas y Alfonso Martínez Zabaleta. En el juicio intervinieron varios testigos propuestos por la defensa, algunos de los cuales, junto al capitán Tarazona, resistieron el asedio de los golpistas en el gobierno civil. Entre ellos, el inspector de Vigilancia Gerardo Macho manifestó que “en su concepto el capitán Tarazona era de derechas y no era simpático a los elementos de izquierdas de esta capital”. De los miembros del Cuerpo de Asalto, el sargento Rafael Aguilar Quiles y el guardia Rafael López Galisteo manifestaron que el capitán Tarazona había ordenado en el gobierno civil que dispararan solo cuando lo hicieran las fuerzas de Artillería; y el cabo Francisco Ballesteros Merino, destacado junto a otros 13 hombres en el edificio de la Telefónica, expuso que el capitán les dio órdenes de que cuando llegaran las fuerzas del Ejército se rindieran sin disparar. A pesar de estas declaraciones, el fiscal mantuvo su acusación basándose en que el capitán había ordenado responder a las fuerzas del ejército, había apuntado con su pistola al comandante Aguilar-Galindo y había disparado por una ventana. El defensor y el capitán Tarazona reiteraron en el juicio los mismos argumentos que habían usado durante la instrucción del sumario. El defensor, que pidió la libre absolución, “terminó haciendo un llamamiento a la benevolencia del tribunal y pintando la triste situación de la familia del procesado”. Mientras, la nueva estrategia del capitán Tarazona consistió en exponer su actuación durante la República. Afirmó que el periódico El Socialista había publicado un artículo contra él, que “dio un trato caballeroso a los fascistas detenidos”, “organizó un servicio de protección para que pudieran votar las monjas”, “detuvo a los que pedían por las calles para el Socorro Rojo” y “se evitaron durante su mando los ataques contra las iglesias”.

Tras la vista, como el juicio era sumarísimo y se imponían plazos muy cortos en el proceso, el tribunal hubo de emitir la sentencia aquel mismo día. En ella, respaldó las tesis del fiscal y condenó a pena de muerte al capitán Tarazona. Solo el teniente coronel Acisclo Antón Pelayo emitió un voto particular que disentía, “dadas las circunstancias que concurrían en el procesado que le caracterizaron de hombre de orden”. El consejo de guerra estimaba que el capitán Tarazona era culpable de un delito consumado de rebelión militar por oponerse a las fuerzas del ejército, ya que “declarado el estado de guerra la única autoridad legítima es la militar”. Sin embargo, este argumento para condenarlo era ilegal en su origen, ya que las autoridades militares regionales o provinciales legalmente no podían declarar el estado de guerra, pues eso iba en contra del artículo 42 de la Constitución de 1931 y del capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933, que otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España.

Lápida de la tumba de Manuel Tarazona Anaya en el cementerio de San Rafael.

Lápida de la tumba de Manuel Tarazona Anaya en el cementerio de San Rafael de Córdoba.

En Sevilla, el mismo 11 de agosto, el auditor de guerra, Francisco Bohórquez Vecina, dio su conformidad al fallo, y Gonzalo Queipo de Llano, general jefe de la II División, con su firma aprobó la sentencia y decretó su inmediata ejecución. A las 9 de la mañana del día 13 llegó la orden a Córdoba. El coronel Ciriaco Cascajo mandó que se realizara el fusilamiento ese día, a las 11 de la mañana, en el patio del cuartel del Marrubial. La guardia de Asalto de Huelva se hizo cargo del traslado del capitán Tarazona desde los calabozos del cuartel de Artillería hasta el cuartel del Marrubial, donde entró en capilla. El piquete de ejecución lo formaron 16 hombres de la Guardia de Asalto de Córdoba y Huelva, Artillería, Infantería, Caballería y Guardia Civil. La presencia de la guardia de Asalto de Córdoba significaba que hombres que habían estado con anterioridad al mando del capitán ahora eran obligados a participar en su ejecución. Manuel Tarazona llegó desde la capilla al patio del cuartel acompañado por su abogado defensor, el teniente coronel Pedro Luengo Benítez, y el sacerdote Antonio Anula García, quien luego sería capellán de la División Azul en Rusia en 1943. Certificó su defunción el capitán médico Antonio Manzanares Bonilla (recordado hoy con el nombre de una calle en Córdoba capital). A continuación, las fuerzas desfilaron ante el cadáver.

El nombre de Manuel Tarazona Anaya aparece en el monolito en recuerdo de las víctimas de la represión franquista que se inauguró en el cementerio de San Rafael de Córdoba en el año 2011.

El nombre de Manuel Tarazona Anaya aparece (el octavo contando desde arriba) en el monolito en recuerdo de las víctimas de la represión franquista que se inauguró en el cementerio de San Rafael de Córdoba en el año 2011.

El capellán del cementerio de San Rafael se hizo cargo del cuerpo de Manuel Tarazona hasta que al día siguiente se le inhumó (departamento segundo, bovedilla 33, fila primera). El enterramiento se realizó en presencia de los guardias de Asalto José Camacho Rivera y Pablo Luna Montes, subordinados del capitán, que se convirtieron en un apoyo fundamental para su viuda, Josefina Ortega San Emeterio, en aquellos tristes momentos. Desde el cementerio, estos guardias se trasladaron a los calabozos del cuartel de Artillería a recoger los enseres (cama, ropa, objetos personales, etc.) que Tarazona había utilizado durante su presidio para entregarlos a la familia. Ese mismo día se inscribió su fallecimiento “a consecuencia de haber sido pasado por las armas” en el Registro Civil. El capitán Manuel Tarazona Anaya fue el más alto cargo militar fusilado en Córdoba por su actuación durante el 18 de julio de 1936. En 1940 la familia de Manuel Tarazona sufrió la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, que afectaba a los vencidos republicanos. Los castigos incluían la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado, pero no hemos podido determinar en qué quedó el expediente que se le abrió.

La única hija del capitán Manuel Tarazona, Josefa, emigró a París con su marido y sus dos hijos en los años cincuenta del siglo pasado. Desde allí, su hija, Sol, me ha llamado en múltiples ocasiones y me ha mandado la documentación de su abuelo (sumario del consejo de guerra del archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, hoja de servicios del Archivo Intermedio Militar de Ceuta y fotos familiares) que ha posibilitado en gran medida la redacción de este pequeño artículo. Sol y su hija visitarán Córdoba durante unos días a finales de este mes de octubre de 2014 con la intención de conocer los lugares donde Manuel Tarazona Anaya, su abuelo y bisabuelo, vivió, fue fusilado y está enterrado. Por ello este artículo no solo intenta recuperar la historia de Manuel Tarazona Anaya, sino que también es una especie de homenaje a su nieta, Sol Rodríguez Tarazona, y a personas como ella, que consideran que el recuerdo también es un acto noble de justicia histórica.

En el centro, Sol Rodríguez Tarazona, nieta del capitán Manuel Tarazona Anaya, junto a su hija Amelie y el autor de este blog, en su visita a Córdoba en octubre de 2014.

En el centro, Sol Rodríguez Tarazona, nieta del capitán Manuel Tarazona Anaya, junto a su hija Amelie y el autor de este blog, en su visita a Córdoba en octubre de 2014.

Listado de víctimas de la represión franquista en Iznájar

En la madrugada de 19 de julio de 1936 triunfó en la localidad cordobesa de Iznájar la sublevación militar, capitaneada por el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, comandante de puesto de la Guardia Civil, quien se incautó del Ayuntamiento y clausuró el Centro Obrero. A principios de agosto ejerció como comandante militar Carlos Galindo Casellas, secretario del Ayuntamiento de Rute y teniente de Caballería retirado. Las detenciones y los fusilamientos se iniciaron con rapidez, lo que causó una masiva huida de vecinos hacia la zona republicana. El historiador Francisco Moreno Gómez, en su obra La guerra civil en Córdoba 1936-1939 (página 117), publicada en el año 1985, indicaba que los fusilados por la represión franquista en Iznájar anotados en los libros de defunciones del Registro Civil, algunos de ellos bajo el concepto de “desaparecidos”, fueron 28 (25 en el pueblo y tres en Córdoba). Sin embargo, estimaba que el número de asesinados durante la guerra civil llegó a los 50, ya que muchos quedaron sin inscribir en el Registro, y citaba el caso de Manuel Escamilla Caballero, de la aldea del Barrio de San José, fusilado en Córdoba el 15 de febrero de 1937.

Cuando en mayo de 2007 publiqué la segunda edición de mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute 1936-1950, incluí algunos datos relativos a Iznájar, debido a que ambos municipios son colindantes y a que falangistas y guardias civiles de Rute habían colaborado en tareas represivas en Iznájar. Me serví de la ayuda de dos testimonios importantísimos. Uno de ellos fue el de Antonio Montilla Cordón, quien me escribió desde Calafell (Tarragona) en octubre de 2005 para contarme la historia de El Remolino, donde él nació. Antonio Montilla, un niño de 11 años en 1936, había sido testigo durante la guerra civil de la represión desatada en esa aldea por los falangistas y la Guardia Civil de Rute e Iznájar. El Remolino era en 1936 una de las 22 pedanías del municipio de Iznájar y tenía en aquel tiempo unos 300 habitantes. El testimonio de Antonio Montilla poseía un enorme valor ya que, tras la construcción del pantano de Iznájar en los años sesenta, El Remolino quedó inundado y todos sus habitantes se vieron forzados a emigrar, por lo que él temía que la historia oral de lo ocurrido en la aldea se perdiera para siempre. Por fortuna, el testimonio de Antonio Montilla tuvo una amplia difusión y fue publicado en libros y revistas como Cuadernos para el Diálogo. El texto del número de la revista se puede leer en este enlace.

Alfonso Rabasco Ortega

Alfonso Rabasco Ortega, de la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado en fecha indeterminada.

Sabemos muy poco de la represión desencadenada durante la guerra civil en Iznájar y en sus aldeas, por lo que la prodigiosa memoria de Antonio Montilla es de una gran importancia histórica. En El Remolino, como en muchos lugares de España, en 1936 no hubo una guerra en sentido estricto, sino que lo que en verdad se desató fue una cruel represión que no se podía justificar con el argumento de una violencia previa de los republicanos, pues en la aldea no se cometió ninguna tropelía en contra de nadie. No se puede afirmar que hubo guerra cuando a un lado estaban las fuerzas militares y paramilitares golpistas (guardias civiles y falangistas) que realizaban incursiones en las que de forma indiscriminada quemaban, violaban y mataban, y en el otro lado, como víctima, una población civil indefensa. En definitiva, lo ocurrido en El Remolino más que un hecho bélico es un típico ejemplo de barbarie colonial, de una represión ciega movida por la crueldad y el desprecio a la vida, con la aplicación de una violencia extrema y de castigos ejemplares.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Un año después de que Antonio Montilla Cordón aportara su testimonio, el historiador Francisco Espinosa Maestre me envió una copia de un sumario de un consejo de guerra localizado por el también historiador José María García Márquez en el archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa nº 327, legajo 162, expediente 6.590). Se trataba del juicio sumarísimo contra el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (conocido con el apodo de Periquillo el de la Carolina) a los que se acusaba de haber infringido el bando de declaración del estado de guerra en El Remolino el 31 de agosto de 1936. El documento tenía una importancia enorme. Por un lado, corroboraba documentalmente, y si cabe de manera más trágica aún, ciertos pasajes del testimonio de Antonio Montilla Cordón. Por otro lado, nos encontramos ante uno de los pocos casos en los que la justicia inició una actuación por los excesos cometidos por los derechistas, un hecho excepcional que resultó posible porque el denunciante era el jefe de la Falange de Iznájar, despechado por el asesinato de su tío (Antonio Conde Lucena), aunque esta circunstancia del parentesco la omitió en su denuncia. Al final, el proceso judicial es una muestra contundente de la actuación irregular y partidista de la maquinaria judicial franquista cuando un acusado afín a su ideología se veía involucrado en algún delito y, también, es un claro ejemplo de cómo las actuaciones judiciales amparaban la represión en contra de los republicanos. El análisis que realicé en su momento de este consejo de guerra también salió publicado en la revista Cuadernos para el Diálogo, y es posible consultarlo en este enlace.

Antonio Rabasco Ortega, de la la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Antonio Rabasco Ortega, de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Los datos aportados en el año 2005 por Antonio Montilla Cordón permitieron revisar al alza la cifra de 50 fusilados en Iznájar que el historiador Francisco Moreno Gómez había estimado como fiable veinte años antes. De los 13 asesinados que nombra Antonio Montilla en su testimonio, todos con nombres y apellidos, solo algunos están inscritos en los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente legal para el estudio histórico de los fallecimientos. Una situación similar encontramos en Las Huertas de la Granja, otra pedanía de Iznájar sepultada hoy por las aguas del pantano. Gracias al testimonio de Domingo Rabasco Molina, recogido por mí en 2004, sabemos que allí se fusiló a siete personas. En total, en estas dos aldeas ya sumamos 20 asesinados, de los que solo una parte está anotada en el Registro Civil, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas.

Un porcentaje altísimo de víctimas mortales de la violencia franquista, como podemos ver en Iznájar y en otras muchas localidades, nunca se llegaron a inscribir en los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad. Toda dictadura, de izquierdas o de derechas, siempre ha intentado borrar las huellas de su violencia, y en esto el franquismo no fue una excepción. Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Iznájar fue un municipio pionero en la exhumación de los restos de los asesinados por los golpistas durante la guerra civil, lo que a su vez también nos ha facilitado el recuento del número de víctimas en el municipio. Durante el mandato del alcalde andalucista Manuel Llamas Sanjuán, en la temprana fecha del 23 de agosto de 1979 fueron trasladados los restos de siete iznajeños que habían sido fusilados el 13 de septiembre de 1936 en el pueblo cercano de Encinas Reales. Aunque hubo tres que no se pudo identificar, los nombres de los otros cuatro (Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero) aparecen en la cripta en la que están sepultados. Solo el último de estos fusilados aparece inscrito en los libros de defunciones del Registro Civil de Iznájar.

El 15 de agosto de 1980 se produjo un nuevo traslado de cadáveres de otros cuatro asesinados (Francisco González Caballero, hermano del alcalde republicano; Juan Rubio Hoyo; Juan Aguilera Puerto y Vicente González Ortiz) desde los cerrillos de Ventorros de Balerma, donde los habían fusilado el 27 de septiembre de 1936, al cementerio de Iznájar. De ellos, uno no está asentado en el Registro Civil.

Jacinto Sánchez Campillo, de 33 años, muerto en la Prisión Provincial de Córdoba el 13 de mayo de 1942.

Con los datos que poseemos, ya hemos superado la cifra de 50 asesinados que estimaba el historiador Francisco Moreno Gómez en 1985. Ahora mismo tenemos una relación nominal de 86 víctimas de la represión franquista durante la guerra en el municipio de Iznájar, de las que 37 (43%) no están inscritas en el Registro Civil. En la posguerra hay otras 14 víctimas, más una asesinada en el campo nazi de Mauthausen. Y estos datos se han alcanzado cuando solo se han recogido dos testimonios orales y únicamente se han cuantificado de manera detallada los asesinados en dos aldeas (faltan otras 20 por investigar detenidamente). Por desgracia, la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal referida a los años de guerra y posguerra, que nos podría servir de ayuda en nuestra labor de búsqueda de información sobre este tema, es escasa y está aún sin catalogar en parte, así que solo hemos podido extraer de ella datos muy concretos.

En el año 2014 el iznajeño Diego Ortiz Pacheco publicó un libro titulado El Pueblo habló. Pinceladas históricas en el que recoge muchos datos sobre Iznájar. Varios se refieren al año 1936 y se centran en la represión sufrida en el municipio tomando como fuente de información los testimonios orales aportados por varios vecinos desde los años noventa del siglo pasado. Anotamos a continuación un resumen de la información sobre fusilamientos que aporta en su libro Diego Ortiz porque nos da una idea de la magnitud de la violencia en los primeros meses de la contienda:

-Aldea Fuente del Conde: seis fusilados a mediados de septiembre.

-Carretera Iznájar-Loja: dos fusilados en agosto.

-Chaparral Alto: un hombre fusilado y enterrado en un majano en agosto.

-Cortijo de Los Chinarrales, detrás de la casa Calderón: fusilados Currito y Modesto en agosto.

-Aldea Arroyo de la Gata: varios asesinados en la finca Ventura.

-Aldea Juncares: en un lugar conocido como la Leva, en la sierra de las Ventanas, cinco fusilados en agosto.

-Aldea El Higueral; 14 personas muertas en el tiroteo de la toma del pueblo (20 de agosto) y dos fusilados.

-Aldea Cierzos y Cabreras: en la huerta de los Álamos, camino en dirección a Monte de las Monjas, fusilaron un hombre de apellido Tirado y apodado Cañas (¿podría ser Saturnino Tirado Luque?). En la cañada los Pozos fusilaron a un hombre apodado el Mono. A los hermanos Andrés y Felix Aguilera Arévalo los fusilaron en la Llaná. Todos los crímenes fueron en agosto.

-Aldea Arroyo Cerezo: seis personas obligadas a cavar su propia fosa y fusiladas en el puente de la Fraila; otras dos más allá de la cañada del cortijo Valenzuela (uno era de la aldea del Adelantado y se apellidaba Guerrero, el otro era de la aldea de Fuente del Conde). Los asesinatos se realizaron a mediados de agosto.

-Aldea de El Remolino: en el mes de septiembre fusilaron a un hombre de apellido Guerrero en El Romeral; dos hermanos de apellido Aguilera en Las Lobas; cuatro (dos hermanos, Juan Harina y uno apodado Reyes) en la vertiente del cerro La Trujilla; a los hermanos Juan y Antonio Hinojosa Sánchez y a varios jóvenes más en el Camal, donde fueron obligados a cavar su tumba; a Diego Ayora en Encinas Reales (en el Registro Civil se anota su muerte en Córdoba).

-Iznájar: el 13 de septiembre, asesinados en Encinas Reales Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo, Fernando Osuna Caballero y cuatro más (posiblemente el ya citado Diego Ayora, de El Remolino, y otros tres jóvenes de Fuente del Conde). Otro consiguió huir y sobrevivir a una ráfaga de balas. El 23 de agosto de 1979 se les exhumó y enterró en el cementerio de Iznájar, como ya hemos contado con anterioridad.

-Ventorros de Balerma: fusilados en las canteras de al lado de la fuente La Teja los jóvenes iznajeños Francisco González Caballero, Vicente González Ortiz, Juan Aguilera Puerto, Juan Rubio Hoyo y cuatro más. Sus cuerpos fueron exhumados y trasladados a Iznájar el 15 de agosto de 1980, según ya hemos señalado.

Teniendo en cuenta mis investigaciones y la bibliografía publicada hasta el momento, he elaborado un informe de 26 páginas con el nombre o el apodo de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Iznájar y sus aldeas, que albergaban un censo de 12.345 habitantes en 1940. Incluye, entre otros, a 86 fusilados en guerra, cinco fusilados en posguerra, nueve muertos en posguerra en las cárceles, varias listas de presos y de sometidos a procedimientos judiciales con más de un centenar de nombres, 13 combatientes republicanos fallecidos, 233 vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas, etc.. A continuación, incluimos un listado con los nombres de las dos víctimas de la represión republicana, los soldados del Ejército franquista caídos en los frentes y los voluntarios en la División Azul. Finalizamos con una tabla comparativa del número de víctimas mortales de la represión franquista y republicana en Iznájar, Córdoba, Andalucía y España. La relación completa de víctimas de Iznájar se puede consultar en este enlace.

Antonio Montilla y Antonio González

De izquierda a derecha, Carmen Aragón Carrasquilla (de Lucena), su esposo Antonio González Merino (de Montilla, su padre y su tío murieron en el campo nazi de Mauthausen en 1941), Arcángel Bedmar (autor de este blog), una desconocida y Antonio Montilla Cordón (autor de las memorias de El Remolino a las que se hacen referencia en este artículo). La foto se realizó el 4 de noviembre de 2006 en Cornellá (Barcelona), durante mi intervención en la presentación del libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat, en el que los dos hombres salen como protagonistas. Todos los que aparecen en la foto, salvo el autor del blog, han fallecido.

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