Javier Tubío Aranda, primer alcalde de Lucena durante la II República

Javier Tubío Aranda nació en Lucena el 3 de diciembre de 1878 en una familia de posición acomodada. Sus padres se llamaban Araceli y José, y entre sus hermanos encontramos a un médico, un juez y un profesor. Cuando se casó con Antonia Beato Ramírez, estableció su domicilio en el número 20 de la plaza Conde de Prado Castellano, hoy plaza del Coso. Trabajó de perito mercantil, contable e inspector de seguros. Desconocemos cuándo se comprometió políticamente con el republicanismo, pero es posible que desde la fundación en 1910 de la agrupación local del Partido Republicano Radical, una organización política creada en España dos años antes por Alejandro Lerroux con un discurso populista y anticlerical que poco a poco se moderaría.

El republicanismo fue la principal minoría de oposición en el Parlamento español desde el comienzo del reinado de Alfonso XIII, en 1902, hasta la imposición de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en 1923. Los republicanos se presentaron a menudo a las elecciones coaligados con el PSOE, tuvieron una fuerza importante en las zonas urbanas y aglutinaron en su seno a un amplio sector de la burguesía progresista y de las clases populares. Como el sistema político de la Restauración se basaba en el fraude electoral y el turno pactado entre los dos grandes partidos dinásticos, liberales y conservadores, la implantación del republicanismo resultó más dificultosa en el ámbito rural, donde la libertad de voto era menor y la influencia caciquil más acusada. Precisamente por ello, en Lucena uno de los objetivos del republicanismo fue la lucha política contra Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado liberal por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados en sucesivas elecciones en el primer cuarto del siglo XX, dos veces ministro y cabeza visible en la localidad del sistema político que los antimonárquicos querían enterrar.

Cuando hizo falta, como ocurrió de manera más descarada en las elecciones a Cortes de 1905 y 1919, para mantener su escaño de diputado y derrotar a la oposición, Martín Rosales y sus partidarios lucentinos no dudaron en usar las trampas caciquiles: manipulación electoral, coacciones, compra de votos, falseamientos de actas, atropellos de los funcionarios, uso de la fuerza pública, encarcelamientos de candidatos y apoderados, etc. El fraude electoral resultaba a veces tan escandaloso que, en noviembre de 1911, Javier Tubío y el también republicano José López Jiménez llegaron a solicitar en una instancia al alcalde que se anularan las elecciones municipales por las irregularidades que habían detectado.

El republicanismo constituyó una ideología muy minoritaria en Lucena a principios del siglo XX, sin representación en el Ayuntamiento y sin candidatos que se atrevieran a presentarse para diputados a Cortes por el distrito electoral. Sin embargo, los antimonárquicos expandieron su influencia de manera paulatina y en las elecciones municipales del 14 de noviembre de 1914 Javier Tubío obtuvo una concejalía. A partir de entonces, se convirtió en el edil con más mociones planteadas y con mayor número de intervenciones en el pleno municipal. Que sepamos, esta es la primera vez que un republicano obtiene el acta de concejal en Lucena en el siglo XX.

Tras los siguientes comicios municipales, en noviembre de 1917, Javier Tubío ya disfrutó de un nuevo compañero republicano en el Ayuntamiento, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba. En febrero de 1920, en plena efervescencia obrera y sindical del Trienio Bolchevique en Andalucía, los republicanos lucentinos rentabilizaron su influencia sobre la clase trabajadora y aumentaron sus concejales a cuatro, con la presencia del propietario José López Jiménez y del abogado Miguel Víbora Blancas. Los cuatro, junto a Manuel Tubío (hermano de Javier), el industrial Domingo Cuenca Aranda, Zenón Cuenca, Eduardo Álvarez, Miguel Cruz y Antonio Pedro Lara constituyeron la delegación lucentina que asistió en Madrid, del 14 al 21 de noviembre de 1920, al Congreso Nacional de la Democracia Republicana, en el que resultó elegido Alejandro Lerroux como presidente de la Junta Nacional Republicana que debía reorganizar el partido. Del auge del republicanismo lucentino en ese año da fe el que Javier Tubío presentara su candidatura para diputado a Cortes por el distrito de Lucena, aunque la retiró antes de las elecciones, que se celebrarían el 19 de diciembre.

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Javier Tubío Aranda (de pie, tercero por la izquierda). A su lado, otras tres figuras prominentes del republicanismo histórico en Lucena: Domingo Cuenca Navajas (de pie, segundo por la izquierda), Anselmo Jiménez Alba (de pie, cuarto por la izquierda) y José López Jiménez (sentado, segundo por la izquierda),

Después de las elecciones de febrero de 1922, a consecuencia del abatimiento y la represión que sufrió el movimiento obrero andaluz tras el Trienio Bolchevique, la cifra de ediles republicanos bajó a dos, y solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez Alba. Este Ayuntamiento, al igual que todos los de España, cesó debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923 del general Miguel Primo de Rivera. Hasta este momento, y desde finales de 1914, los republicanos lucentinos habían conseguido representantes en la Corporación en las cuatro elecciones municipales bianuales celebradas, y Javier Tubío había sido el único concejal que había repetido en todas las ocasiones.

El 17 de agosto de 1930 dirigentes republicanos y socialistas firmaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de establecer una república democrática y de derrocar al rey Alfonso XIII, a quien acusaban de haber apoyado el golpe de Estado de Primo de Rivera y de haber permitido la instauración de una dictadura, que en esos momentos se encontraba en manos del general Dámaso Berenguer. Su sucesor, el almirante Aznar, con la intención de volver a la normalidad constitucional, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían —como la mayoría de los ciudadanos— que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE y el Partido Republicano Radical, se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Partido Social Democrático, y a un candidato comunista, el propietario y abogado Antonio Buendía Aragón. Las elecciones del 12 de abril de 1931, en las que aún solo podían votar los varones, depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos. En total, dieciocho concejales republicanos frente a siete monárquicos. En el resto de España conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios.

Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor —roja, amarilla y morada—, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 de abril los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora —sobre quien también recaía la jefatura del Estado—, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos. Se iniciaba así, de forma esperanzadora y pacífica, y en medio del entusiasmo popular, el primer régimen democrático de la historia de España y uno de los procesos de cambio político más trascendentales del siglo XX.

El día 15 de abril por la tarde el gobernador civil de Córdoba nombrado por el Gobierno republicano, el abogado y catedrático Antonio Jaén Morente, anunciaba por telegrama el envío de un delegado para constituir el nuevo Ayuntamiento de Lucena salido de las urnas, y advertía de la conveniencia de mantener el orden “en bien de la República”. A las siete de la tarde se personaba como delegado del gobernador el abogado Francisco de la Cruz Ceballos que, a la una de la madrugada del día 16, en el salón de sesiones, en presencia de los concejales republicanos y siguiendo instrucciones superiores nombró alcalde provisional a Javier Tubío. Después del delegado del gobernador, habló el propio Tubío para agradecer el nombramiento y resaltar que pondría toda su voluntad en el desempeño de su cargo, con la esperanza de “verse asistido por todo el pueblo general por ser el único soberano”.

El 17 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento con los concejales proclamados el día anterior por la Junta Municipal del Censo Electoral. Javier Tubío resultó elegido alcalde por el Pleno con veintidós papeletas a favor y una en blanco. Tras la elección de los tenientes de alcalde, Javier Tubío pidió un minuto de silencio en memoria de los “mártires de la libertad”, capitanes Fermín Galán y García Hernández, fusilados por su participación en la fracasada sublevación republicana de Jaca de diciembre de 1930. Terminó la sesión con un “¡Viva la República!”, contestado por todos los presentes. La corta experiencia de Javier Tubío como alcalde, pues dimitiría tres meses después, vendría condicionada sobremanera por la crisis obrera, en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Así que su gestión se basó fundamentalmente en conseguir de la Administración obras públicas y subsidios para los parados y en intentar aplicar, sin éxito, el decreto de Laboreo Forzoso, que obligaba a los patronos a dar trabajo a los desempleados de acuerdo con la extensión de sus fincas. También, en un acto de generosidad institucional, Javier Tubío renunció a las doce mil pesetas anuales que tenía asignadas para gastos de representación de la alcaldía en beneficio de los obreros parados.

Es posible que en la elección de Javier Tubío Aranda como alcalde influyera su filiación masónica, que compartía con el gobernador civil Antonio Jaén Morente. Los orígenes de la masonería en Lucena se remontaban al siglo XIX, ya que había funcionado la logia Isis antes de 1873, y entre 1880 y 1887 se constituyó Isis Lucentino. Sin embargo, fue durante la República cuando la masonería adquirió relevancia política, no tanto por su número de miembros sino por la actividad y el compromiso de los mismos. Este fenómeno ocurrió de manera similar en la política nacional y en la cordobesa. Prueba de ello es que seis de los doce diputados elegidos por Córdoba en las elecciones legislativas que se celebraron el 28 de junio de 1931 eran masones, según los datos aportados por los historiadores Francisco Moreno Gómez y Juan Ortiz Villalba en su libro La masonería en Córdoba, publicado en 1985.

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Ficha de ingreso de Javier Tubío en la logia cordobesa Turdetania en 1919.

El 26 de marzo de 1919, Javier Tubío, con 40 años, se inició en el rito masónico como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. Tomó el nombre simbólico de Voltaire, en honor al filósofo de la Ilustración francesa. En octubre de 1926 alcanzó el grado tres y cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo masónico Isis Lucentino ejerció como venerable maestro de taller, del que eran únicos hermanos cuatro futuros concejales en abril de 1931: Anselmo Jiménez Alba, Domingo Cuenca Navajas, José López Jiménez y Antonio Buendía Aragón (los tres primeros republicanos y el último comunista), lo que demuestra un compromiso político de los masones lucentinos sin comparación con ningún pueblo de la provincia. El 23 de junio de 1934, la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, incluyó a Javier Tubío en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Los masones profesaban una ideología política variada, tanto en Lucena como en el resto de España. No obstante, su pensamiento político, que sería puesto en práctica en gran medida por el Gobierno republicano, se reflejó en mayo de 1931 en la declaración de principios elaborada por la Gran Logia Española: libertad de pensamiento, expresión y religión; igualdad ante la ley, sufragio universal, separación de la Iglesia y el Estado, matrimonio civil y divorcio, expulsión de las órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de asociaciones, abolición de la pena de muerte, ejército voluntario, enseñanza laica y gratuita, usufructo de la tierra por aquellos que la trabajan e implantación de un Estado federal.

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Javier Tubío, en el centro (sentado, cuarto por la izquierda), junto a otros comensales republicanos.

El 28 de junio de 1931, poco más de un par de meses después de la proclamación de la República, se convocaron elecciones legislativas. En Lucena, los socialistas obtuvieron mayoría absoluta con el 52,10% de los votos, seguidos de los republicanos, que lograron el 32,70%. En toda España el resultado fue muy similar, con victoria del PSOE, presencia muy importante de republicanos de diverso signo y escasa representación derechista. Tras la espectacular victoria socialista en Lucena, Javier Tubío presentó su dimisión irrevocable de la alcaldía el 6 de julio alegando razones de enfermedad. A partir de entonces le sustituyó el primer teniente de alcalde, el abogado socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Posiblemente, en esta decisión pesara el pobre resultado obtenido por la candidatura republicana lucentina en comparación con la del PSOE, lo que quizás fuera entendido por Javier Tubío y los republicanos como una falta de respaldo popular a su gestión. Tras la dimisión de Javier Tubío se produjo un distanciamiento entre los republicanos radicales y los socialistas lucentinos (algo que también ocurriría en toda la provincia) y los concejales republicanos dejaron incluso de asistir a las sesiones municipales hasta enero de 1932, aunque ya con anterioridad ambos partidos habían manifestado su desacuerdo en temas de política municipal y de solución de la crisis obrera.

Javier Tubío continuó con su actividad política fuera de la alcaldía, pues era además presidente del Partido Republicano Radical. Si nos atenemos a lo publicado por el periódico cordobés La Voz, el día 27 de agosto de 1931, por ejemplo, intervino en un acto público en el Centro Republicano, en el que ante el clima de conflictividad social resaltó la “conveniencia de admitir por parte de los poderosos el avance social bien ordenado pues si insisten en conservar su predominio intacto a toda costa, ello sería causa del desenfreno de los humildes hasta ahora, que no están dispuestos de ninguna manera a seguir en la misma situación”. También, en la noche del 2 de noviembre participó en un ciclo de conferencias en el Centro Republicano en las que disertaron otros dirigentes locales del partido (Lucas Ruiz de Castroviejo Burgos y Rafael Ramírez Pazo).

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Hoja pública difundida por Javier Tubío en la que informa de su nueva militancia en Acción Republicana.

En Lucena, el progresivo giro hacia el conservadurismo por parte del Partido Republicano Radical y las injerencias en el Comité local del jefe provincial, Eloy Vaquero Cantillo, determinaron la salida de algunos de sus representantes históricos. Así, aunque el 16 de septiembre de 1932 Javier Tubío había sido nombrado diputado provincial en representación de los radicales, ya en la IV Asamblea Nacional de Acción Republicana —el partido del presidente de gobierno Manuel Azaña— celebrada en los días 14 a 16 de octubre, resultó elegido miembro de su Consejo Nacional. En enero de 1933 ya pertenecía al Consejo Provincial provisional que se encargaría de la reorganización del partido en la provincia y en marzo de 1933, de acuerdo con lo publicado por el periódico cordobés El Sur el día 22, se convertiría en presidente honorario de la agrupación local lucentina junto a Isidoro Vergara Castillo. El presidente efectivo sería su hermano Manuel, el vicepresidente Francisco Alba Sánchez, el secretario Ramón Cámara Muñoz, el tesorero Francisco Berjillos Vargas, y los vocales Emiliano Cámara Muñoz, Juan Rivas Lozano, Rafael Cazorla Ávila, Juan Antonio Peñalver Navarro, José Ayala Cuenca y Rafael Beato Cayaba.

Más adelante, el 23 de julio de 1933, en representación de los consejos locales de Acción Republicana de la campiña cordobesa, Javier Tubío participó en un mitin en el Gran Teatro de Córdoba , en el que recibió grandes aplausos. Manifestó que su partido tenía la intención de “luchar contra la reacción que pretende obstruir el camino por donde marcha triunfante la revolución española” y que “el reto lanzado por las derechas a las izquierdas revolucionarias españolas debe aceptarse, pero si es preciso hay que luchar en la calle”.

Javier Tubío (segundo por la izquierda) y otros dirigentes cordobeses se dirigen a la Asamblea Nacional de Acción Republicana el 14 de octubre de 1932.

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones legislativas de la II República. Frente a una derecha unida, los republicanos acudieron a las urnas divididos, enfrentados casi en todas partes. Los republicanos de izquierda crearon en Córdoba una coalición con el nombre de “Republicanos de Izquierda y Alianza de Labradores (arrendatarios, aparceros y medianeros)”, en la que participaban Acción Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista y la Alianza de Labradores. Junto al lucentino José Almagro García (perito industrial y mercantil, administrador de las bodegas de la viuda de Ruiz Onieva y presidente del Partido Radical Socialista) y Antonio Romero Romero, todos candidatos a Cortes, creó un equipo de propaganda que, de acuerdo con lo publicado por El Sur, solo entre el 8 y el 14 de noviembre desarrolló actos electorales en 31 pueblos del sur de Córdoba, para continuar en los días siguientes con la misma labor en las localidades de la sierra cordobesa.

Javier Tubío (de pie, segundo por la izquierda, con traje claro) en una acto de Izquierda Republicana en Córdoba.

A pesar de la intensa campaña desarrollada por la coalición de Javier Tubío, en la primera vuelta de las elecciones la lista de derechas consiguió la victoria en Lucena (36,36% de los votos), seguida de los comunistas (24,84%). La coalición de republicanos de izquierdas solo obtuvo el 5,83%. Sin embargo, como las listas eran abiertas y cada elector podía señalar hasta diez nombres, él dobló en votos a los otros candidatos de su coalición. De los 9.593 lucentinos que acudieron a las urnas, incluidas por primera vez las mujeres, 1.263 depositaron su confianza en él, si nos atenemos a las cifras publicadas por el periódico local Ideal. Los grandes triunfadores de las elecciones en España fueron la CEDA (la coalición de la derecha católica dirigida por José María Gil Robles) y el Partido Republicano Radical. Tras ser derrotados, se produjo una reorganización de las fuerzas republicanas españolas de centro izquierda. Así, en abril de 1934 surgió Izquierda Republicana, el nuevo nombre que tomó Acción Republicana al fusionarse en abril de 1934 con un sector del Partido Republicano Radical Socialista y con los republicanos gallegos de Casares Quiroga. A principio de junio, según difundió El Sur, se constituyó la junta directiva del partido en Lucena, presidida por Javier Tubío e integrada por Manuel Molero Bergillos (vicepresidente), Francisco Alba Sánchez (secretario) y Francisco Berjillos Vargas (tesorero).  

La CEDA y los radicales, solos, en coalición entre ellos o con otros partidos de derechas controlaron el gobierno desde diciembre de 1934 hasta enero de 1936. Durante su mandato, se produjo una corrección o paralización de la política reformista del primer bienio republicano que en la provincia de Córdoba se manifestó en la sustitución de varios ayuntamientos. Así, el 15 de octubre de 1934 el gobernador civil “suspendió” a toda la Corporación municipal de Lucena y nombró delegado del Gobierno en el Ayuntamiento al secretario Marceliano Izquierdo, que convocó una sesión extraordinaria municipal al día siguiente. Leído el oficio de destitución por el secretario, el alcalde saliente, Vicente Manjón-Cabeza (antiguo militante del PSOE), mostró en nombre de todos los concejales su extrañeza por la medida, pues no conocía ley alguna que autorizara a los gobernadores civiles para tal destitución, y alegó que el Ayuntamiento lucentino siempre había estado a las órdenes de las autoridades constituidas. A esta protesta se adhirió Javier Tubío por Izquierda Republicana. El 22 de octubre el gobernador nombró a los nuevos concejales interinos lucentinos (todos, menos uno, de la CEDA y del Partido Republicano Radical), que designaron alcalde al radical Bernardo Fernández Moreno.

Durante 1935, las secuelas de la política conservadora convencieron a la izquierda de la necesidad de unir sus fuerzas. Cuando se convocaron nuevas elecciones legislativas para el 16 de febrero de 1936, la izquierda se presentó unida en una coalición electoral denominada Frente Popular —en la que participaban la Izquierda Republicana de Javier Tubío, la Unión Republicana, el PSOE, el partido comunista, etc.— que obtuvo la victoria con un programa electoral relativamente moderado, continuista respecto a la política reformista del primer bienio. En Lucena el Frente Popular también ganó y obtuvo el 53,66% de los votos frente al 38,32% de las derechas.

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La bandera republicana, en la parte superior, preside una comida de concejales del Frente Popular en 1936. De izquierda a derecha: Francisco Verdejo Ordóñez, Manuel Molero Bergillos, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba (alcalde), Javier Tubío Aranda, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”.

Una de las primeras medidas que tomó el Frente Popular después de su triunfo fue la reposición de los ayuntamientos surgidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados por las arbitrariedades de los anteriores gobernadores civiles. En Lucena, el nuevo gobernador civil del Frente Popular nombró una Comisión Gestora el día 22 de febrero, integrada por casi todos los concejales electos en febrero de 1931 por la lista republicana. Como los concejales socialistas desistieron de volver a la política municipal en protesta porque la nueva gestora no reponía a todos los concejales elegidos en 1931 ni respondía a la correlación de fuerzas del Frente Popular, el nuevo Ayuntamiento se constituyó con algunos de los antiguos concejales de elección popular y los nuevos concejales interinos nombrados por el gobernador. Tras una votación, se nombró alcalde el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, de Unión Republicana, y como segundo teniente de alcalde a Javier Tubío, de Izquierda Republicana. Al igual que ocurrió en el primer bienio republicano, el interés del Consistorio se centró en la solución de la crisis obrera. Como hecho relevante, a comienzos de mayo, una delegación de cuatro concejales, compuesta por Javier Tubío, Domingo Cuenca Navajas, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Bergillos Gálvez, viajó a Madrid con la finalidad de gestionar la realización de algunas obras para dar trabajo a los parados y consiguió poner en marcha varios expedientes ministeriales, relativos a la construcción de locales apropiados para correos y telégrafos, la estación olivarera y la cárcel.

La corta experiencia de gobierno del Frente Popular terminó en muchas zonas de España con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En Lucena, esa tarde, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las cinco de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Recluta, emitió el bando de guerra. El 20 de julio, a las diez de la noche, había convocada sesión municipal ordinaria. El bando de guerra, que prohibía la libre circulación desde las nueve de la noche y las reuniones sin permiso de la autoridad militar, no permitió a los concejales reunirse en el ayuntamiento, por lo que se convocó nueva sesión para el día 22. A las seis de la tarde de este día, con la autorización del teniente coronel Tormo Revelo y bajo la presidencia del segundo teniente de alcalde, Javier Tubío, que actuó como alcalde accidental, se reunieron seis concejales bajo la supervisión del delegado de la autoridad militar. En esta sesión, y como una manera de mostrar su desacuerdo con la sublevación, Javier Tubío solicitó licencia por tiempo indeterminado. A continuación, el comandante militar de Lucena destituyó a toda la Corporación municipal y nombró alcalde a Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil.

El término preciso para referirnos a lo que sucedió en Lucena entre 1936 y 1939 no es el de guerra civil, sino el de represión, pues en la localidad no hubo resistencia armada al golpe de Estado, combates u operaciones militares. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas —en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes— y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes, por lo que hubo que habilitar hasta seis cárceles, incluidos dos conventos y la antigua plaza de toros. De los concejales elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, ocho acabarían pronto fusilados: cuatro socialistas (Rafael Lozano Córdoba, Antonio Palomino Luque, Manuel Burguillos Serrano y José López Antequera) y cuatro republicanos. Estos últimos habían vuelto a su cargo en febrero de 1936, repuestos por el gobernador civil del Frente Popular. Para su desgracia, pertenecían además al triángulo masónico Isis Lucentino, lo que en pleno apogeo de la teoría del “complot bolchevique-judeo-masónico” como causante de todos los males de España agravaba aún más su situación.

Javier Tubío intuyó que sería una de las víctimas, ya que le comentó a su mujer que “el campo era labor de viudas”. Según el testimonio de su hija, la abogada Araceli Tubío Beato, su padre fue apresado el 31 de julio por el guardia civil Antonio Bermúdez Rocher. Cuando el guardia se personó en el domicilio, Javier Tubío no se encontraba allí, así que amenazó a su esposa y a su hija con detenerlas si no aparecía en dos horas. Este guardia utilizó el mismo método expeditivo de arresto con otras familias lucentinas, según los testimonios que recogimos en su momento.

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La cárcel del Coso aparece a la izquierda y al fondo, con un mástil en la puerta.

Tras su detención, condujeron a Javier Tubío a la cárcel del Coso, situada a escasos metros de su casa, donde según el relato de la hija de Tubío, el capitán de Infantería de la Caja de Recluta Joaquín López Tienda ordenó que se le castigara encerrándolo en una incómoda y minúscula celda que se había improvisado en el hueco de la escalera. Como los familiares debían llevar la comida a los presos, se comunicaba con su mujer a través de unas notas que ocultaba en la cesta de los alimentos, así que un día le escribió que quemaran todos sus papeles por temor a que pudieran comprometerle. A la vez, en un intento de congraciarse con sus captores, y según publicó el periódico católico local Ideales el 24 de agosto de 1936, donó 250 pesetas (el jornal diario rondaba entonces las cinco pesetas) para la suscripción de oro para el Tesoro, una de las múltiples colectas que se organizaron en aquellas fechas para recaudar fondos en las zonas controladas por los militares sublevados. Mientras, su esposa y su hija iniciaron una peregrinación desesperada por los domicilios de personas influyentes con la finalidad de pedir clemencia para él, sin obtener ningún resultado. Por ejemplo, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego, conocido en Lucena con el apodo de «Teniente Polvorilla», las echó a la calle sin contemplaciones.

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Foto de la zona de fosa común del cementerio de Cabra, donde posiblemente se enterraría a Javier Tubío el 29 de septiembre de 1936.

A los pocos días de la detención de Javier Tubío, siguieron igual destino los otros masones del Consistorio: el alcalde Anselmo Jiménez Alba, el concejal de Izquierda Republicana José López Jiménez y el también concejal, diputado provincial y presidente de la agrupación local de Unión Republicana Domingo Cuenca Navajas. Todos ellos, junto con otros presos, salieron de Lucena en la noche del 28 al 29 de septiembre rumbo a Córdoba. El camión que los transportaba se detuvo a la altura del cementerio de Cabra, donde fusilaron a Javier Tubío, que entonces tenía 58 años de edad. Los demás prosiguieron el camino hasta Córdoba. Allí mataron a Anselmo Jiménez, José López y Domingo Cuenca un mes exacto más tarde, el 29 de octubre. El único miembro del triángulo masónico que consiguió escapar de la muerte fue el exconcejal Antonio Buendía Aragón, al que le sorprendió la sublevación militar en Madrid.

Javier Tubío posee el triste honor de ser el primer fusilado de la guerra que se anota en el Registro Civil de Lucena, el 22 de noviembre de 1937, casi 14 meses después de su muerte. La tardanza no resulta extraña porque todas las inscripciones de fusilados se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran. Durante los tres años de guerra solo encontramos a cuatro fusilados en el Registro Civil de Lucena. El resto se inscribieron en años posteriores e incluso se produjeron diez asientos después del 18 de septiembre de 1979, como consecuencia de la Ley del gobierno de Adolfo Suárez sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil.

Hemos de tener en cuenta que el impacto de la represión resultó tan brutal que muchas familias no asentaron a sus seres queridos en el Registro Civil por temor, porque nunca lo intentaron, renunciaron a hacerlo ante las dificultades o porque emigraron de la localidad. Casi la mitad de los fusilados en Lucena durante la guerra no aparecen en el Registro Civil. Sus nombres se hubieran perdido para la Historia a no ser por la labor de identificación que inició en los años ochenta del siglo pasado el historiador Francisco Moreno Gómez, continuada por mi desde finales de los noventa.

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Partida de defunción de Javier Tubío Aranda.

Los registros civiles españoles son poco fiables no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar, la fecha de la muerte y la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. Además, resultan frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “no consta”. Así, en el acta de defunción de Javier Tubío no se indica la causa del fallecimiento y se apunta literalmente que “apareció muerto en la madrugada del 28 al 29 de septiembre de mil novecientos treinta y seis en las inmediaciones del Cementerio de Cabra, según resulta de la orden y testimonios presentados y su cadáver recibió sepultura en el Cementerio de Cabra”. Las inhumaciones de los fusilados también fueron irregulares y se efectuaban en fosas comunes, sin anotar el enterramiento en los libros de cementerio, como sucedió en este caso.

Tras el fusilamiento de Javier Tubío, su mujer y su única hija debieron soportar no solo el dolor de su muerte, sino las distintas formas de represión económica que se arbitraron contra los republicanos y sus familias en la España franquista. Los expedientes personales de Javier Tubío que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, relativos a la aplicación en su contra de la Ley de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo, nos han ayudado en buena medida a rastrear cómo afectó este proceso a su familia.

El 11 de noviembre de 1936, Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería y juez instructor militar de Lucena, cumpliendo un bando de 11 de septiembre sobre incautación de los bienes de personas “culpables de actividades marxistas o rebeldes”, ordenó abrir expediente a Javier Tubío. A partir de enero de 1937, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes continuó la tramitación del expediente. El juez de Lucena citó a Javier Tubío para ser oído en el caso, pero al desconocerse su paradero se publicó el 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia la cédula de citación para que compareciera en el juzgado en el plazo de ocho días hábiles. Junto a él se convocaba también a Antonio Buendía Aragón, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba, José Almagro García, Antonio Cortés Gallardo y José López Jiménez, “cuyo actual paradero se desconoce”, “con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil (…) como consecuencia de la oposición al Triunfo del Glorioso Movimiento Nacional”. Esta citación era un mero trámite jurídico, pues de los siete nombrados, cinco ya habían sido fusilados, entre ellos él.

Desconocemos si el expediente de incautación de bienes contra Javier Tubío originó alguna sanción posterior para su familia. En la entrevista que mantuve con su hija, me contó que les quitaron la cosecha de aceitunas del año 1936, pero que luego se la devolvieron por intervención personal del teniente de la Caja de Recluta de Lucena Rafael García Rey, quien solía ser el administrador de los bienes que se embargaban a los republicanos en aquellas fechas.

Carnet de masón de Javier Tubío conservado por la familia.

Al igual que los expedientes de incautación de bienes, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió también para castigar económicamente a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional con “actos concretos o con pasividad grave”, tenía retroactividad hasta el primero de octubre de 1934 y penaba a los condenados sobre todo con multas y expropiaciones. Por esta ley se incoaron 6.454 expedientes en la provincia de Córdoba según el historiador Antonio Barragán Moriana refiere en su libro Control social y responsabilidades políticas. Córdoba (1936-1945), publicado en 2009. La sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas contra Javier Tubío se emitió en Sevilla el 28 de junio de 1940 y terminó con una multa de 15.000 pesetas. El tribunal estaba presidido por Rafael Añino Ilzarbe y de vocales ejercían Francisco Díaz Pla y Francisco Summers e Isern. Los motivos de la sanción consistían en que había sido jefe local de Izquierda Republicana, masón y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento del Frente Popular. La sentencia señalaba también que “dejó una sola hija hoy con veintitrés años de edad y bienes con valor aproximado de sesenta mil pesetas”.

La viuda presentó un recurso de alzada pocos días después, el 8 de julio de 1940, en el que solicitaba que se revocara la sentencia y que se absolviera de responsabilidad a su difunto esposo. El recurso alegaba, entre otras razones, que la sentencia partía “de supuestos de hecho erróneos y de ilógica aplicación del derecho” y que “las figuras de delito que se le atribuyen han nacido a la vida del derecho después de la muerte del inculpado”, remarcando con ello la barbaridad jurídica que suponía castigar a alguien por haber sido masón o haber militado en un partido político cuando esas filiaciones eran legales en el momento en que se habían producido. También apuntaba que la riqueza catastral de su marido era de 13.950 pesetas y no de 60.000, para lo que presenta un certificado catastral del Ayuntamiento en el que constaba que sus únicos bienes rústicos consistían en una finca de olivar y cereal de 11 hectáreas. El recurso iba firmado con el nombre de “Antonia Beato Vda. de Tubío”.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas estimó en parte, con fecha de 27 de marzo de 1941, el recurso de alzada. Consideró que “dadas las circunstancias especiales que concurren en el caso de autos y muy singularmente las de haber acatado el expedientado, alcalde interino a la sazón en el pueblo de Lucena, la declaración del estado de Guerra, así como la de haber de recaer exclusivamente la sanción que se imponga sobre una hija del expedientado, no puede menos de estimarse la procedencia de reducir a doscientas cincuenta pesetas la sanción económica impuesta”. Tras pagar la multa, la viuda y la hija de Javier Tubío pudieron acceder por fin a la libre disposición de los bienes de la herencia.

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Investigación secreta,  en 1944, sobre los antecedentes de Javier Tubío.

Junto a la Ley de Responsabilidades Políticas, a Javier Tubío se le aplicó otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Tras una fase de investigación secreta de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de la Gobernación, su expediente se abrió el 3 de octubre de 1944. El juzgado del caso recabó información sobre los “antecedentes masónicos y político sociales” de Javier Tubío al cuartel de la Guardia Civil de Lucena. El comandante de puesto, Ramón Cívico Quintana, le contestó cinco días más tarde que “a dicho individuo le fue aplicado el Bando de Guerra (…) por sus ideologías extremistas”. En consecuencia, el 20 de diciembre de 1944 el juez sobreseyó el asunto, pues según esta ley —y a diferencia de la Ley de Responsabilidades Políticas— la muerte del encausado extinguía su responsabilidad criminal y civil.

En las páginas anteriores se ha podido reconstruir la trayectoria histórica de Javier Tubío gracias a nuestras investigaciones y a dos personas. Por un lado, Javier Tubío Ordóñez, sobrino bisnieto de Javier Tubío Aranda, que me alentó en 2016 a que retomara la labor investigadora sobre su antepasado y me facilitó algunos datos interesantes obtenidos del testimonio de sus tías.

La otra persona a la que debo agradecimiento es Araceli Tubío Beato, hija única de Javier Tubío, ya fallecida. La entrevisté en Córdoba en abril de 1997, cuando tenía 80 años. Era una señora culta y elegante. Se había trasladado allí después de haber vivido durante mucho tiempo en Ceuta. Su padre siempre había defendido que la mujer debía formarse y ejercer una profesión que le diera autosuficiencia, para no sentir la necesidad de depender económicamente de un varón. Esa filosofía la aplicó con su hija, así que entre los años 1930 y 1935 —coincidiendo prácticamente con el periodo de la II República— ella estudió Magisterio en Madrid, en la prestigiosa Residencia de Señoritas, homóloga de la masculina Residencia de Estudiantes. Esa residencia estaba ligada a los principios pedagógicos renovadores de la Institución Libre de Enseñanza y allí se formaron las élites sociales e intelectuales femeninas de la época.

Araceli elogiaba mucho a su padre, hasta el punto de que después de su muerte le rindió su particular homenaje estudiando la carrera de Derecho, pues él siempre quiso que fuese abogada. Según su testimonio, su progenitor poseía una profunda espiritualidad, admiraba a Jesucristo y a San Francisco de Asís y repartía dinero de manera generosa a los pobres. Nunca quiso abandonar Lucena, a pesar de que le ofrecieron ser gobernador republicano de León y un alto cargo en Canarias. Mantuvo una buena amistad con Manuel Azaña y con Santiago Casares Quiroga, ambos presidentes del Gobierno durante la II República, pero por desgracia la correspondencia con ellos y otra documentación personal que él creyó comprometedora ordenó destruirla cuando estaba preso en 1936. Según me confesó Araceli Tubío en la conversación que mantuvimos, su deseo (murió en el año 2009) era que la enterraran con su padre, algo que por desgracia no pudo cumplir, pues nunca logró saber dónde se encontraban sus restos.

Los presos de Baena en la posguerra

Al finalizar la guerra civil española, el 1 de abril de 1939, cientos de miles de refugiados que habían huido de las zonas ocupadas por el Ejército franquista desde el 18 de julio de 1936 debieron emprender, por mandato de las nuevas autoridades, el regreso a sus hogares. También volvieron a sus domicilios, tras su paso por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias, los 507.000 soldados republicanos que se hacinaban en campos de concentración construidos en edificios dispares y descampados, donde no se respetaban las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra.

El control de los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos los que llegaban debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen, donde se les fichaba a través de un breve informe. En él se anotaban sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra, una información que serviría de base para ulteriores acciones represivas. Ya el 9 de abril de 1939, el alcalde de Baena solicitó al teniente jefe de línea de la Guardia Civil que “sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberles por vía judicial, se formule sobre cada uno de ellos por la fuerza de la Guardia Civil el correspondiente atestado entregándolo en el Depósito municipal y las actuaciones a esta alcaldía a fin de poner a los individuos en cuestión a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”.

Según el libro de presentados de la “zona roja”, que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, 2.174 personas regresaron oficialmente a Baena como vencidos desde la España republicana. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de vecinos que huyeron del pueblo tras la entrada el 28 de julio de 1936 de la columna militar del coronel Sáenz de Buruaga, pues en ella no aparecen los nombres de los refugiados muertos durante los tres años de guerra, de los que permanecían apresados en otros lugares, de los exiliados y de los menores de edad. Aparte, este libro de presentados tiene dos páginas rotas, lo que impide contabilizar todos los nombres que se anotaron en su origen.

A los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la legalidad juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías jurídicas ni procesales, conculcando el derecho de defensa de los encausados, que casi siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial en la posguerra puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la contienda y había soportado ya una inmensa represión durante tres años, las causas judiciales superaran las 26.000 en 1939, y en 1940 alcanzaran las 37.000.

En la posguerra, la maquinaria judicial contra los republicanos se puso en marcha en Baena el 20 de abril de 1939, cuando se nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del sector quedó establecida en Baena y el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un crucifijo y un retrato del Generalísimo Franco. Los gastos de desplazamiento del juzgado de Baena también corrieron a cargo del Ayuntamiento, incluidos los de los componentes del tribunal de los consejos de guerra que se desplazaban a Baena para los juicios. Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por el tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Baena expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba a las pocas horas, después de emitir la condena. Los juicios en muchas ocasiones eran colectivos (20 encausados, por ejemplo, se juzgaron en Baena el 24 de mayo de 1939), sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que evidencia la falta de afán probatorio y la ausencia de una justicia personalizada. Los juicios se celebraban en el Teatro de Baena (en la calle Alta), donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las víctimas como de los acusados.

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José Alba Rosales, teniente del Ejército republicano. Hasta julio de 1943 permaneció encarcelado en Castro del Río, Córdoba, El Puerto de Santa María, Barbastro y Noales (Huesca).

En las cárceles españolas permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. En Baena, a los detenidos se les internaba en la cárcel de la plaza Vieja y en la Tercia (en la Carrera, al lado del cuartel y del ayuntamiento), donde también se concentraban presos de Albendín, Valenzuela y Luque. En febrero de 1940 se les trasladó al convento de las monjas de Santa María de Scala Coeli, de Castro del Río, en el que se llegaron a hacinar unos 1.500 presos según el estudioso local Francisco Merino Cañasveras, y de aquí salieron para las prisiones de Córdoba en septiembre u octubre. Para muchos ahí no acabó su periplo penitenciario pues el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que se llamó «turismo penitenciario» (de Baena encontramos presos en Madrid, Burgos, El Puerto de Santa María, etc.). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquella época de miseria y escasez.

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Manuel Cañete Tarifa, de 22 años, murió por disparos el 10 de noviembre de 1939, en Baena, al intentar evadirse en un traslado de presos.

Según ha publicado el historiador Francisco Moreno Gómez, la mortalidad entre los internos fue extrema en la cárcel de Córdoba, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir, por lo que surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban abocados a la muerte. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra. De hecho en las doce prisiones estudiadas por los historiadores superan ya los 6.000 muertos contabilizados. De Baena murieron 12 presos en las cárceles de Córdoba, a los que hay que sumar al menos ocho que fallecieron en distintas circunstancias (enfermedad, suicidio, torturas, intento de evasión) en otras prisiones o batallones de trabajadores.

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El preso José de las Morenas Lara, de 28 años, fue torturado en 1939 en el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

Las torturas fueron una trágica realidad en todas las cárceles franquistas. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos. Un torturado ya fallecido, José de las Morenas Lara, me contó en septiembre de 2006 que cuando le tomaron declaración en el cuartel en 1939 lo mantuvieron durante cuatro horas de rodillas sobre un garrote mientras le pegaban en la espalda. Por su testimonio, sabemos también que uno de los tres miembros de la familia de los “Zarabanda”, al que habían colgado de los brazos para torturarlo, no resistió el castigo y falleció en el hospital —quizás se refiera a José Padillo Marín, preso con anterioridad en el pueblo jiennense de Torres, pues los otros dos, su padre Agustín Padillo Moraga y su tío Manuel, terminarían fusilados—. En la cárcel de Castro del Río murió el 11 de mayo de 1939 otro vecino de Baena, el campesino de 34 años Felipe Aguilera Arroyo, cuando lo arrojaron a una letrina, donde pereció por asfixia. En el cuartel de la Guardia Civil de Albendín se apaleó también a los presos por medio de golpes de vergajo, puñetazos y patadas, o se les colgaba de las manos al techo, sin atender a los lloros de las víctimas.

Antonio Rojano Hornero, con su hijo y su mujer. Falleció, con 26 años, en la cárcel de Orduña (Vizcaya) en 1940.

El franquismo utilizó a los presos como mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron económicamente tanto la dictadura como la empresa privada. En octubre de 1938 se había creado el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, encargado de la gestión de los trabajos forzados de los presos en cualquiera de sus modalidades: batallones de trabajadores (reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, disueltos en octubre de 1942), destacamentos penales y colonias y talleres penitenciarios. De Baena, al menos 172 personas sufrieron explotación laboral en batallones de trabajadores y en batallones disciplinarios de soldados trabajadores situados en Los Pastores (Algeciras), Los Barrios (Cádiz), Melilla, Tetuán (Marruecos), en el campo de aviación de Labacolla en Santiago de Compostela —aquí estuvieron internados casi todos los vecinos de Albendín que sufrieron prisión en batallones—, etc. En estos batallones, al igual que en las cárceles, los reclusos no sólo sufrieron la masificación, la falta de higiene, la comida escasa, etc., sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta, lo que explica que al menos dos hombres de Baena (Antonio Cantero Cano y Antonio Serrano Ortiz) murieran en batallones de Melilla y San Roque. Entre 1938 y 1939 existieron en Baena dos batallones de trabajadores dedicados a la construcción de fortificaciones militares, adscritos al Ejército del Sur: el nº 5, con 331 prisioneros; y el nº 37, que compartía ubicación con el pueblo vecino de Luque, con 796 internados.

La Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió para hundir aún más en la miseria a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional –forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado– con “actos concretos o con pasividad grave”, y tenía carácter retroactivo hasta el primero de octubre de 1934. Los castigos consistían en destierros, confinamientos, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas, que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta ley se incoaron unos 200.000 expedientes —6.454 en la provincia de Córdoba, según el profesor Antonio Barragán Moriana— que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados sólo por mujeres, con los varones fusilados o en las cárceles. En Baena, al menos 199 personas (entre las que se contaban una cincuentena de presos, 27 fusilados y dos muertos en las prisiones) se vieron afectadas por esta ley y por los expedientes de “incautación de bienes pertenecientes a individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes” que se incoaron desde el verano de 1936.

Es imposible conocer el número de personas que pasaron por la cárcel de Baena en la primera posguerra. Hay un informe de la Falange del año 1945 que recoge 67 nombres, pero es muy incompleto ya que sólo se anotan los condenados a penas de prisión, pero no los sentenciados a internamiento en los batallones de trabajadores, los condenados a muerte, los liberados sin juicio o los que fueron absueltos. Por desgracia, en el Archivo Histórico Municipal de Castro del Río, el lugar a donde fueron trasladados los presos de Baena, no se conservan fichas de prisión. Aun así, a través de otros documentos del Archivo Histórico Municipal de Baena (correspondencia municipal, informes policiales, fichas de familias pobres) y de algunos testimonios orales obtuve el nombre de otros 58 encarcelados en el pueblo o en otras localidades, lo que en su momento nos dio un total de 125 prisioneros. Esta cifra es la que se publicó en la segunda edición de mi libro Baena roja y negra en diciembre de 2013.

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Uno de los documentos del juez Manuel Cubillo Jiménez, con una relación mecanografiada de presos de Baena.

En el año 2015, Gabriel Caballero Cubillo me cedió copia de 66 hojas del archivo personal de su abuelo, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena durante la primera posguerra, de donde he extraído los nombres de casi un centenar de prisioneros más de los que yo ya tenía contabilizados. En consecuencia, las cifras publicadas de presos de Baena estaban desfasadas y era necesario actualizarlas. Esa es la causa principal que motiva esta nueva entrada del blog. En este momento, ya llevamos descubierta la identidad de 224 reclusos —Baena tenía un censo de 24.830 habitantes en 1940—, a los que hay que sumar 44 presos fusilados en posguerra, 20 que fallecieron en las cárceles y en los batallones de trabajadores y 15 internados en los campos de exterminio nazis, de los que murieron 14. Asimismo, la documentación del juez Manuel Cubillo nos ha permitido sacar a la luz la identidad de 26 presos del vecino pueblo de Valenzuela y 57 procedimientos inconclusos del juzgado militar de Baena, posiblemente referidos a las fuerzas militares que estuvieron acantonadas en el pueblo durante la guerra civil.

Junto a las listas anteriores, a continuación publicamos también, en varios enlaces, los nombres de 36 presos en campos de concentración, de 172 internos en batallones disciplinarios de soldados de trabajadores y batallones de trabajadores, de 199 afectados por expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes y de los titulares de 180 informes policiales individuales. Estos informes se elaboraban a petición de los juzgados militares, casi siempre cuando el implicado se encontraba en prisión, pero al no tener certeza absoluta de su situación no los consideramos provisionalmente como reclusos y los incluimos en una relación aparte.

 

Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabar la guerra civil española, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales cordobeses de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del juzgado se estableció en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo. Manuel Cubillo murió en 1973. Entre su legado, dejó una variada documentación oficial y unos escritos, de los que me cedió copia en 2015 su nieto Gabriel Caballero Cubillo. Estos escritos, con una pequeña biografía personal del juez y una breve introducción histórica, los publiqué en mi blog en junio de 2015 y pueden leerse en este enlace.

Ahora le toca el turno a la documentación judicial. En su origen era una enorme caja con cientos de documentos, pero a mis manos solo han llegado 66 hojas fechadas casi en su totalidad en 1939 y 1940. La inmensa mayoría son actas de declaraciones ante la Guardia Civil o ante Manuel Cubillo de detenidos y testigos, aunque también existen algunas listas de reclusos que elevan de manera significativa las cifras de presos aportadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943) y que serán motivo de una próxima entrada en este blog. De la documentación conservada he seleccionado tres historias principales: una denuncia contra siete vecinos, la aplicación de torturas en el cuartel de la Guardia Civil y una poesía escrita por un condenado a muerte.

En Baena, que en 1940 albergaba a 24.830 habitantes, la justicia militar se ejerció de manera muy rigurosa en la posguerra: 44 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, Jaén, Castro del Río y Córdoba; al menos 224 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; otros 20 murieron mientras se encontraban internados en cárceles y batallones de trabajadores; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 180 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión. Hemos de recordar que en la posguerra, a los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936. Por tanto, a través de los consejos de guerra, se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella.

El sumario de un consejo de guerra arrancaba con un atestado elaborado por el comandante de puesto de la Guardia Civil. El atestado se iniciaba tras la detención de algún “significado y peligroso marxista” o de “un sujeto revolucionario”, calificativos que por norma aparecían en las actas encabezando las diligencias, justo delante del nombre del encausado. La detención se practicaba en bastantes ocasiones como consecuencia de la denuncia de algún vecino, que a menudo aprovechaba para vengar viejas rencillas y enemistades con otros vecinos, para evitar pagar alguna deuda al denunciado o para castigar a las personas que más se habían destacado en el ámbito político y social durante la II República.

Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias en los consejos de guerra, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados. Estos informes comenzaban con una valoración genérica y peyorativa del encausado y con referencias continuas a su actuación antes del 18 de julio de 1936 (participación en huelgas, sobre todo), insistiendo en su filiación política, sindical e ideológica más que en demostrar los presuntos delitos que hubieran podido cometer (asesinatos, robos, destrucción de propiedades, etc.) durante la guerra, como ocurrió en la historia que expondremos a continuación.

Las denuncias a veces no seguían el cauce reglamentario y se remitían por el denunciante directamente al juez (o a algún conocido del juez) a través de una carta postal que podía ser anónima. Ignoramos si estas informaciones que se cursaban desde el ámbito privado incidían de alguna manera en la maquinaria judicial franquista. Entre los papeles de Manuel Cubillo se conservan varias de esas misivas, como la enviada por Francisco Pallarés Moreno, que tenía 33 años en 1939. Era hijo de Luis Pallarés Delsors, presidente en 1931 de la Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de España y gran empresario oleícola de Cabra con ramificaciones en otras localidades españolas. Un hermano de Francisco, Luis, teniente de complemento, fue uno de lo militares que se sumó a la sublevación militar en Cabra, localidad colindante con Baena, en julio de 1936. El 8 de julio de 1939 Francisco Pallarés le envío una carta a su amigo Domingo Tarifa Aranda, uno de vecinos que en julio de 1936 se había atrincherado en Baena con la Guardia Civil para apoyar el golpe de Estado. En ella le decía lo siguiente:

Mi querido amigo:

Mi Padre me hace envío de una carta que en Madrid y por pura coincidencia ha llegado a sus manos.

Me es grato adjuntársela, pues aunque no cabe duda de que la justicia de Franco habrá sido aplicada al firmante de la misma y a la mayoría de las personas que en ella se relacionan, si por cualquier causa hubieran escapado de ella, ahí va la prueba irrefutable de sus ideas.

Suyo buen amigo que le abraza.

Carta Pallarés

Copia de la carta original enviada por Francisco Pallarés Moreno.

La carta que adjuntaba Francisco Pallarés había sido enviada el 29 de abril de 1932 por el anarquista baenense Juan Misut Cañadilla al periodista y escritor Mauro Bajatierra, también libertario. Este había vivido una temporada en 1930 en el pueblo vecino de Castro del Río, lo que explicaría la relación entre ambos. En la misiva le informaba de “las malas artes que vienen empleando las autoridades y alcaldes con los obreros de Baena”, pues con motivo de la última huelga habían arrestado a “33 compañeros” de los que todavía quedaban seis presos. Juan Misut no aportaba ningún dato sobre esta huelga, ni siquiera la fecha, pero resultó una de las más importantes que vivió Baena durante la II República. Se inició el día 12 de abril y terminó el 18. Fue una huelga general, alentada por los anarquistas, y declarada ilegal por el gobernador civil. Grupos de piquetes recorrieron los cortijos para que los jornaleros se sumaran al paro e impedían salir a trabajar desde el pueblo a los campos. La Guardia Civil detuvo a algunos hombres y cuando intentó trasladarlos a la Prisión Provincial de Córdoba se reprodujeron los enfrentamientos, que causaron dos heridos. Juan Misut le pedía al periodista que hablara con el diputado del Congreso José Antonio Balbontín sobre estos arrestos y le diera publicidad en la prensa. Para ello, le enviaba los nombres de los seis detenidos y los hechos de que se les acusaban, aportándole a la vez lo que él denominaba “pruebas evidentes” que acreditaban su inocencia y los abusos que se habían cometido en su detención.

Aunque, como ya hemos señalado, desconocemos si la carta enviada por Francisco Pallarés incidió de alguna manera en el destino de los seis prisioneros y del remitente, a continuación publicamos los datos que hemos podido descubrir, a través de nuestras investigaciones, de cómo les fue aplicada a ellos o a sus hermanos la “justicia de Franco” en la posguerra:

  • Antonio Rodríguez Bonilla. Sin datos
  • Antonio Bernal Cordero, 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936.
  • José Domingo Ruiz Tapias, condenado a 12 años de cárcel.
  • Rafael Pérez Colomo, sometido a expediente de responsabilidades políticas. Su hermano José, de 23 años, soldado del Ejército republicano, falleció en el frente de Villaharta el 18 de abril de 1937. Su hermano Patricio, preso en el batallón de trabajadores 128 de Navarra. Su hermano Manuel, sometido a consejo de guerra.
  • Vicente Aguilera Pérez. Sin datos. Su hermano José, de 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 5 de septiembre de 1936.
  • Antonio Moral Carrillo, de 36 años, condenado a pena de muerte que le fue conmutada. Su hermano Emilio, de 33 años, condenado a 30 años de cárcel.
  • Juan Misut Cañadillas (firmante de la carta). Preso en el campo de concentración de Castuera (Badajoz) al finalizar la guerra civil. Su padre ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936. En los años ochenta del siglo pasado vivía en Manzanares (Ciudad Real).

Los juicios que sufrieron los republicanos en la España franquista se realizaban sin garantías para los procesados. Los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno y la instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Las torturas fueron una trágica realidad en los cuarteles de la Guardia Civil y en las cárceles franquistas, no sólo con la intención de arrancar de los presos las declaraciones que sus verdugos querían, sino también con la finalidad de castigar y humillar a los vencidos, quienes no tenían más remedio que delatar a su vez al primero que se les viniera a la cabeza con tal de acabar con su suplicio. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos y lo mismo ocurría en el cuartel de la aldea de Albendín, como ya documenté de manera sobrada en mi libro Baena roja y negra.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se conserva un acta que demuestra, según las declaraciones de un testigo, que se maltrataba a los presos con la intención de forzar sus declaraciones, sin importar que estas fueran falsas. El 26 de agosto de 1939, el sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Baena, Manuel Ramón Ramón, acompañado del guardia civil Pío Zarco Castillo, interrogó a Manuel Trujillo Priego “Vizco Trampa”, un albañil de 42 años, sobre su participación en la muerte del propietario Antonio Lara Vallejo, de 56 años. Este fue uno de los ocho asesinatos que se cometieron en las calles de Baena en la zona que estuvo controlada por el Comité, formado en su mayoría por anarquistas, que se había creado en el convento de San Francisco entre el 20 y el 28 de julio de 1936.

En su declaración, Manuel Trujillo manifestó que llegaron a su casa, sobre las seis horas del 28 de julio de 1936, unos muchachos de unos 14 o 15 años, que le dijeron que de parte del Comité fuera con ellos al convento de San Francisco. Allí le ordenaron que acompañara, junto a otros, a Joaquín Rojano Montes “Jiedes” para que detuviera a Antonio Lara Vallejo. Según su declaración, el propósito de Joaquín Rojano era “asesinarlo (…) por una cuenta que entre ellos tenían”, aunque él pudo convencerlo en un principio para que no lo hiciera. Sin embargo, al llegar a lo hondo de la Velilla Baja, esquina con la calle La Loca, Joaquín Rojano le disparó a Antonio Lara un tiro mortal en la nuca. Tras la detonación, se congregó mucha gente y el cadáver fue arrastrado con una soga al corralón de Dª Marina Ariza. Allí, juntó unas hierbas y le prendió fuego al cadáver. Tras la toma de Baena por una columna militar franquista el 28 de julio, Manuel Trujillo se puso de parte de los vencedores e ingresó en un batallón de voluntarios en Córdoba durante tres meses en 1936, hasta que se dio de baja y se dedicó a la albañilería para atender las necesidades de su familia.

Junto al acta de declaración de Manuel Trujillo se recoge también la del testigo José Navarro Triguero, un campesino de 25 años, domiciliado en la calle Matías Amo. La declaración se produce ante el juez Manuel Cubillo, que le pregunta “si se afirma y ratifica en las manifestaciones que el día 26 de los corrientes ha hecho contra Manuel Trujillo Priego que obran en el acta de información que antecede y a la que se he dado integra lectura”. José Navarro respondió que no, “porque es completamente incierto cuanto en ellas afirmó y pide permiso al Sr. Juez para poder exponerle con toda claridad lo ocurrido”. Ante el juez, José Navarro manifestó textualmente, según recoge el acta, lo que sigue:

Por estar detenido fue conducido al Cuartel de la Guardia Civil y al preguntarle el domicilio, le preguntaron si había tenido conocimiento de la muerte de D. Antonio Lara Vallejo, contestando que vive en la misma calle que ocurrió el hecho pero bastante más debajo de donde ocurrió y entonces fue interrogado de si había visto quemar el cadáver y ser cierto que este hecho lo había realizado Manuel Trujillo Priego. Allí estaba presente el Manuel Trujillo Priego al que habían maltratado bastante y como me amenazaron con hacerme lo mismo, ante el temor que me inspiraba contesté que sí a todo lo que me preguntaron con el ánimo de decirle la verdad al señor juez cuando fuera preguntado.

Es lo más cierto que yo no vi a dicho individuo en absoluto ni tengo conocimiento de que haya realizado tales hechos pues solo sé lo que sabe todo el mundo que acompañaba al grupo cuando tuvo lugar el asesinato, pero de rumor público se sabe que el que disparó fue el Giedes, no pudiendo ver nada desde mi casa por que (sic) está bastante lejos del lugar del hecho y juro repetidamente que no vi a Manuel Trujillo Priego en el acto que se le imputa.

Lo que en descargo de mi conciencia tengo que exponer y ahora la justicia que obre como tenga por conveniente.

Esto expresó en ello se afirma y ratifica y leida que le fue no la firma, por lo que estampa su huella dactilar del pulgar derecho, y lo hace S. Sª de que yo el secretario doy fe.

Ignoramos el destino de los dos protagonistas de esta historia, pues a ninguno de ellos los tenemos registrado como presos en la cárcel de Baena, a pesar de que según esta documentación oficial sí lo estuvieron. De Manuel Trujillo Priego se conserva sumario de su consejo de guerra, que no he consultado, en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se abrieron las diligencias en mayo de 1939 y se cerraron en mayo de 1944, cinco años después, lo que da a entender que fue sentenciado a una pena de varios años de cárcel. A quien acusan del asesinato, Joaquín Rojano Montes “Jiedes”, fue fusilado el 8 de noviembre de 1936 en Baena. Tenía 56 años y era anarquista. De él existe una pequeña ficha en mi libro Baena roja y negra (2ª edición, página 276), en la que se recogen otros testimonios de vecinos que le imputan ser el ejecutor del crimen.

El periódico Redención se fundó en el mismo mes en que acabó la guerra civil: abril de 1939. Era el único periódico de circulación carcelaria, pues los demás estaban prohibidos, por lo que se convirtió en un órgano de propaganda de la “labor patriótica” realizada en las prisiones franquistas y en una herramienta de adoctrinamiento dirigida a presos y familiares. Durante los primeros años de existencia, el semanario publicaba informaciones internacionales, crónicas pronazis y profascistas sobre la II Guerra Mundial­ y colaboraciones periodísticas de los reclusos —a los que se persuadía para que participaran de múltiples formas— en las que se ensalzaba la política penitenciaria del régimen.

Poesía José Peña - copia

Últimos versos de la poesía de José Peña Cabezas.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se encuentra una poesía, manuscrita sin fechar por José Peña Cabezas, acompañada de la siguiente nota: “Enterado por nuestro semanario Redención del libro de poesías que va a editar la redacción de dicho semanario, y acogiéndome a las Bases o Reglas, envío estas tres pequeñas composiciones por si tienen cabida en dicho libro, confesando que no soy poeta pero muy amante de la poesía. Perdonen mis faltas”. Es de suponer que si la poesía se hallaba entre los documentos de Manuel Cubillo se debe a que el juzgado paralizó su envío al semanario. José Peña, un campesino anarquista de 35 años, que había sido uno de los directivos del Ateneo Popular de Baena en 1931, permanecía en aquel momento preso en Castro del Río, donde sería fusilado el 10 de abril de 1940. Sus versos tienen escasa relevancia literaria, aunque es obvio que sí tienen valor sentimental e histórico. Nos muestran a una persona religiosa, atormentada y arrepentida de sus ideas, no sabemos si de manera sincera o en un intento de congraciarse con el nuevo Estado franquista para así evitar o aminorar la condena judicial que le podría recaer, algo que no consiguió. Esta es la poesía que intentó publicar:

Mi Confesión y Plegaria

Luchaban noche y día /  mi subsconsciente y consciente

ver cuál de los dos podía / tener razón más potente.

Mas, mi cerebro veía, / que yo era un delincuente,

por la fatal cobardía /  del “qué dirán” de la gente.

Viendo que era un enemigo / mi subconsciente conmigo

¿trucándome? mis sentimientos / pláceme ahora el castigo

a la vez que a Dios bendigo / con mis arrepentimientos.

Mis sentimientos soñaban / que las artes y las flores

con éxtasis admiraban / en los niños sus candores.

(…) papeles seductores / que por mis ojos pasaban

con diferentes colores / poco a poco, me cegaban.

Era joven todavía /cuando esto me ocurría

venciéndome el subconsciente / robándome la alegría,

soporté una elegía / por el ¡decir! de la gente.

Pero tú, mi buen señor, / que sabes de este arcano

porque fuiste el Creador / y del mundo eres el amo.

Perdona a este pecador / que con mi fe de cristiano

implora tu dulce amor / con tu imagen entre sus manos.

Y con tu poder divino / apartarás del camino

esos punzantes abrojos; / que insensibles, los ladinos,

hacen sangrar los destinos / y llorar a almas y ojos.

Aparte de estas tres historias anteriores que hemos seleccionado de la documentación de Manuel Cubillo, existen 14 más, algunas muy breves, que también publicamos a continuación. Se refieren a casos centrados principalmente en Baena, pero también afectan a otras localidades vecinas como Albendín, Luque o Castro del Río. Bastantes quedan fragmentadas e inconclusas, sin saber cuál es su remate. Abarcan una cierta variedad de temas (apropiación de los bienes de los vencidos, denuncias, declaraciones de acusados y testigos, etc.) y se pueden leer en este enlace.

 

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

4. Milicianos El Alcaparro

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

5. Juventudes Libertarias

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

9. Yuste Álvarez, Alfonso

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

10. García Crespo, Andrés

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Listado de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil en Rute

Los militares sublevados el 18 de julio de 1936 sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles, por lo que idearon una estrategia represiva, programada con antelación, para impedir por medio del terror la reacción de sus opositores. Son bastante conocidos los numerosos documentos que desde antes del golpe de Estado circulaban entre los conjurados para la preparación de la insurrección militar. En ellos se incitaba a la utilización de una violencia indiscriminada para eliminar a los contrarios y de camino convencer, o al menos paralizar, a los indecisos. Por ejemplo, el general Emilio Mola Vidal, “director” de la conspiración militar”, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes de la rebelión, les advertía de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, el 30 de junio aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península y los republicanos no habían movido un solo dedo para oponerse a ella, los militares sublevados asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos anticipando el método que iban aplicar para conseguir el triunfo en toda la Península.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El triunfo de la rebelión golpista en Sevilla el 18 de julio de 1936, de la mano del general Queipo de Llano, determinó la suerte de varias capitales del sur de España. En Córdoba, el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por Queipo, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería a las cinco de la tarde. Entre los militares que intervinieron muy activamente a favor de la rebelión en la ciudad en aquella jornada destacaron dos oficiales nacidos en Rute: el teniente de la Guardia Civil Francisco Roldán Écija y su hermano Diego, que era capitán. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos, con la colaboración de miembros de la oligarquía y de los derechistas, tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que se proclamara el bando de guerra, se apresara a las autoridades republicanas y se apoderaran de las Casas del Pueblo y de los edificios municipales. Las llamadas de los militares rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

En Rute, desde la misma noche del 18 de julio, la Guardia Civil, comandada por el teniente Basilio Osado Labrador, fue apoyada por Carlos Galindo Casellas (secretario del Ayuntamiento y teniente de Caballería en la reserva), el teniente de Artillería retirado Adolfo Roldán Moscoso, por miembros del Casino y por la Falange. El teniente impuso el bando de guerra, detuvo a los concejales y dirigentes de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular (la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes en España el 16 de febrero anterior) y clausuró los centros republicanos y obreros. También desató una feroz represión, sin que los republicanos ofrecieran resistencia, que se llevó por delante la vida de al menos 52 vecinos durante los primeros meses de la guerra (la población de Rute se acercaba a los 15.000 habitantes en aquel momento).

Para responder al golpe de Estado, muchos ruteños siguieron la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España o no acudieron por miedo a sus puestos de trabajo. Otros muchos, sobre todo varones jóvenes, ante la ola de detenciones y fusilamientos, comenzaron a huir a la sierra. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados. La inmensa mayoría de los escapados del pueblo se encaminaron hacia la vecina localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, situada a unos 12 kilómetros en zona republicana, mientras otro grupo minoritario, ya avanzada la guerra, se marchó hacia el pueblo jiennense de Alcaudete y se enroló en el Ejército republicano.

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En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

La vida de los que se dirigieron a Cuevas de San Marcos resultó muy azarosa. Los que regresaron a Rute en el mes de agosto de 1936, creyendo en la promesa del teniente Basilio Osado de que no les pasaría nada si volvían, fueron fusilados. Los que se quedaron, al ser tomado Cuevas en el mes de septiembre por los militares sublevados, se vieron obligados a refugiarse en otras localidades de la provincia malagueña –donde trabajaron como campesinos o se alistaron en las milicias– y en la capital. Cuando el día 6 de febrero de 1937 unas 40.000 personas iniciaron una trágica desbandada para evitar las represalias de las tropas franquistas e italianas que atacaron la ciudad de Málaga, los ruteños siguieron el mismo lamentable destino. Por la carretera de la costa que unía Málaga con Almería –situada a más de 200 km.– hubieron de sufrir los despiadados bombardeos de la aviación y de los buques de guerra de las fuerzas sublevadas, que provocaron miles de muertos entre los refugiados. Tras esta odisea, los ruteños huidos a Málaga se desperdigaron por toda la España republicana.

Al finalizar la guerra el primero de abril de 1939, los combatientes republicanos que habían sobrevivido y los refugiados civiles hubieron de emprender la vuelta hacia sus lugares de origen. Aunque la política oficial de la dictadura pregonaba que aquellos que no hubieran cometido crímenes no tenían nada que temer, la realidad a la que se vieron sometidos los vencidos fue muy distinta. Para ellos, la contienda no había acabado. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España.

En lo que se refiere a la represión en Rute en la posguerra, al menos 45 vecinos sufrieron prisión, cinco murieron en cárceles y centros de internamiento (se calcula que unos 16.000 españoles fallecieron en las cárceles en la posguerra), dos fusilados (se contabilizan unos 20.000 fusilados en toda España y 1.102 en la provincia de Córdoba), y siete siendo guerrilleros o acusados de ser enlaces de la guerrilla (3.500 guerrilleros cayeron abatidos en la posguerra, de los que 262 sucumbieron en la provincia de Córdoba). Por último, un ruteño expiró en el campo de concentración nazi austriaco de Mauthausen, donde murieron 4.816 españoles, de los que 238 (más ocho desaparecidos) eran cordobeses. No obstante, otro ruteño, Nicolás Lanzas García, al que también presuponíamos muerto en el holocausto nazi, hemos descubierto muy recientemente que sobrevivió.

El principal obstáculo al que se enfrenta un historiador que desee investigar sobre la guerra civil y la represión franquista es la destrucción y el expolio de los archivos, palpables en varios pueblos del sur de Córdoba. En Rute, como fruto de los sucesivos traslados que ha sufrido el Archivo Histórico Municipal y de la evidente dejadez con que ha sido tratado, parte de la documentación que se conserva se encuentra amontonada en cajas, desordenada y sin catalogar, lo que ha dificultado el estudio de los acontecimientos acaecidos en el pueblo y el verdadero alcance de la represión.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla, tras volver de Cuevas de San Marcos.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla.

Los libros de defunciones del Registro Civil constituyen la fuente primordial para el estudio de la mortalidad durante la guerra. Sin embargo, desde el primer momento hubo un claro interés de las autoridades franquistas en esconder la represión, por lo que a través de los registros civiles es imposible concretar una cifra válida de víctimas republicanas, ya que muchas no se inscribieron o se anotaron falseando la causa de la muerte. Hasta los años ochenta del siglo pasado, ya en el periodo democrático y al amparo de la Ley de pensiones de guerra de 1979, no consta en las hojas de los libros de defunciones del Registro Civil de Rute que la causa de la muerte de los asesinados es por “disparo de arma de fuego” o por “fusilamiento”. Con anterioridad, el motivo es siempre “desaparecido”, concepto que también encontramos en toda la documentación oficial. “Desaparecido, suponiéndole muerto” escribieron a lápiz en la ficha de recluta del albañil Francisco José Henares Porras que se conserva en el Archivo Municipal, cuando en realidad lo asesinaron el 28 de agosto de 1936, aunque nunca fue registrado.

Otro obstáculo para la correcta inscripción de los asesinados residía en que la administración judicial quedó en manos de adeptos al nuevo régimen que subordinaban la profesionalidad a la obediencia a los principios del Glorioso Movimiento Nacional, lo que explica carencias fundamentales en los registros. Por otro lado, el impacto de la represión resultó tan enorme que muchas familias no inscribían a sus allegados  por temor a sufrir la misma desgracia, por vergüenza o por desánimo ante las dificultades que se les planteaban, como por ejemplo la obligación de realizar el asiento anotando a los asesinados como fallecidos por muerte natural, a lo que muchas se negaron. Con tantos impedimentos y limitaciones se comprende que en bastantes municipios cordobeses (como ocurre en Rute, donde solo se inscribieron alrededor de un tercio de los asesinados), figuren anotadas en los libros de defunciones del Registro Civil cifras muy bajas de víctimas de la represión franquista. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, el listado de decenas de miles de desaparecidos ocasionado por los golpistas en España a partir del 18 de julio de 1936.

La caza de los republicanos en Rute resultó fácil, pues la Guardia Civil se había apoderado el día 18 de julio de 1936 de los libros de registro de los afiliados a los partidos políticos y sindicatos, según reconoció el teniente Basilio Osado, comandante militar de Rute desde el inicio de la guerra, en sus informes para los consejos de guerra que se celebraron al final de la contienda. Casi todos los fusilados eran trabajadores (jornaleros del campo, albañiles, zapateros, etc.). Tan rápido actuó el huracán represivo que los 52 asesinados, menos dos, cayeron fusilados en los meses de agosto y septiembre de 1936 en las tapias del cementerio, la finca de La Pililla en las cercanías de Encinas Reales, la carretera de Jauja en Lucena o en las cunetas de cualquier camino.

El barbero Vicente Sánchez Montez, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

El barbero Vicente Sánchez Montes, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

Las cuatro primeras inscripciones de asesinados en el Registro Civil de Rute se realizan el 8 de junio de 1937, como consecuencia del expediente tramitado al amparo del Decreto de 10 de noviembre de 1936 que regula el asiento de los desaparecidos. Los anotados son el secretario de la notaría Juan José Rodríguez Rodríguez, el juez Salvador Villanueva Porras, el albañil Juan Antonio García Algar y el zapatero Antonio Cobos Fernández. En la década de los cuarenta se inscriben tres nuevos fusilados (el primero de ellos en 1945), cuatro en los cincuenta y otros siete más entre los años 1981-1982, como consecuencia de la Ley de pensiones de guerra de 1979, aunque tres son foráneos (dos de Iznájar y uno de Cuevas de San Marcos) y otros ya se habían inscrito con anterioridad, así que se repite su asiento. Por tanto, la mayoría de las inscripciones se producen fuera del plazo legal, muchos años después de que se hubieran producido los asesinatos. Todo esto explica que existan muertes registradas en más de una ocasión (como la del guarda forestal Juan Miguel Guerrero Curiel, inscrito el 30 de junio de 1954 y el 26 de mayo de 1981; la del vicesecretario de la agrupación socialista Antonio Porras Moreno, asentado el 22 de julio de 1955 y el 10 de agosto de 1982; o la de Vicente Sánchez Montes, anotado en Rute y en Málaga) y que los datos de los registros civiles no sean fiables a la hora de estudiar destalles históricos importantes de los fusilados, como el lugar y la fecha de su muerte o el oficio que tenían.

Juan José Rodríguez Rodrígez, hermano de Maruja, fusilado el 18 de agosto de 1936

Juan José Rodríguez Rodríguez, secretario de la Agrupación Socialista y empleado de la notaría, fusilado el 18 de agosto de 1936.

En noviembre de 2004 edité mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), que se agotó en solo dos meses, hubo que reimprimirlo en enero de 2005, y volverlo a editar, corregido y ampliado, en mayo de 2007, y en este momento se encuentra agotado de nuevo. Si no hubiéramos acometido en aquel momento ese trabajo de investigación sobre Rute, es decir, si hubiéramos aplicado la política del olvido, es probable que nunca nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de que la represión franquista se llevó por delante la vida de al menos 52 vecinos fusilados en 1936, y no solo a los 18 que se inscribieron en los registros civiles. En el estudio de la represión, el tiempo trascurrido, lo mismo que la emigración en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado de los represaliados y de sus descendientes a las zonas urbanas no juega a nuestro favor. Dentro de unos pocos años, cuando las personas que aún mantienen memoria de los hechos desaparezcan o no podamos localizarlas porque viven en otros lugares, será imposible reconstruir el verdadero alcance de la represión franquista. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Las listas de víctimas que publico a continuación se basan en mi libro sobre Rute antes citado, con la inclusión de nuevos datos obtenidos de distintas fuentes y por testimonios orales, como el de María Zamora Cobos, desde Elche, sobre su abuelo José María Cobos Caballero, preso en 1950; el de Carmen Cano Rodríguez, desde Gijón, sobre su bisabuelo Rafael Cano Tenllado, fusilado en 1936; el de Rocío Ordóñez Rivera, desde Madrid, sobre su abuelo Jacinto Ordóñez Romero, también fusilado; desde Sevilla, el de la familia de los hermanos Mariano y Luis Gutiérrez Pino, uno fusilado y otro muerto en el frente, y una hermana, Araceli, presa también; y el de Isidoro Herrero, desde Rute, sobre sus tíos Antonio y Francisco Herrero Guerrero, uno fusilado en Málaga y otro exiliado en Francia. En la relación incluimos también los nombres de los 45 presos en posguerra y de 139 vecinos sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes. Por último, añadimos la identidad de los soldados republicanos que hemos podido rescatar, y de soldados del Ejército republicano y del franquista que murieron en el frente o a consecuencia de heridas de guerra. El nombre de las víctimas de la represión y de la guerra en Rute se puede consultar en estos enlaces:

 

FOTOS DE REPRESALIADOS RUTEÑOS

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)

Aunque Montilla ya había conocido una enorme represión tras el triunfo del golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como la “política de la venganza”: exilio, campos de concentración, batallones de trabajo, torturas, consejos de guerra, cárceles, fusilamientos, depuraciones, responsabilidades políticas… En un auténtico desprecio por la suerte de los vencidos, no hubo reconciliación ni amnistía ni perdón. La dictadura, imbuida de militarismo y fascismo, olvidó el lema de “Si no has cometido crímenes, no tienes nada que temer”, y desde el principio la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la misma estructura política del régimen.

En condiciones inhumanas, los que habían perdido la guerra recorrieron en aquellos años cárceles y otros establecimientos penitenciarios. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos –de los cuales 23.232 eran mujeres– según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles –de ellos, 11.688 mujeres– todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España, que empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción en carreteras y pantanos. Entre 1944 y 1948 más de un millón de familias tenía aún a uno de sus miembros en prisión o en libertad condicional

Al acabar la guerra, el 1 de abril de 1939, el más de un millón de refugiados civiles que había en la España republicana debió emprender el regreso a donde residían antes del 18 de julio de 1936. Los combatientes republicanos que habían sobrevivido o no habían huido a Francia volvieron también libres o con salvoconductos desde los campos de concentración que se habían habilitado por toda España, donde se hacinaban más de medio millón de hombres en 1939, tras haber pasado por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias. El control sobre los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen.

Después de casi tres años de ausencia, los refugiados montillanos regresaban a sus casas a pie, en bestias de carga, en coches de viajeros o en tren. A la incertidumbre y a las penurias del regreso se añadían las últimas experiencias vividas, ya que a menudo los métodos para expulsar a los asilados de las poblaciones de acogimiento resultaban expeditivos. De madrugada echaron a la familia del socialista Juan de la Torre Requena del cuartel donde se había cobijado con otros montillanos durante la guerra en Torreblascopedro (Jaén). Cuando la Guardia Civil ocupó la localidad, simplemente les espetó: “Váyanse, esto es nuestro”. En la misma provincia, a la familia Gómez Márquez la expulsaron del cuartel de Jabalquinto en medio de los cánticos y la euforia de las mujeres derechistas que se arremolinaban en la calle. Tres días tuvieron que aguardar a la intemperie a que apareciera el sucio tren de mercancías que los trasladó a Montilla. Asimismo, la familia Ruz Morales tardó cuatro días en llegar también en un tren de mercancías desde Murcia, alimentándose sólo de azúcar, la única comida que poseían.

49.El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

Aparte de los refugiados y de los soldados republicanos que volvían libres a Montilla, otros vecinos fueron reclamados por el juzgado local cuando se encontraban internados en campos de concentración o en cárceles. A algunos los trajeron desde Alicante, en cuyo puerto se habían aglomerado más de 15.000 personas en un último y desesperado intento de escapar de España en unos barcos que nunca llegarían. Una delegación de guardias montillanos se trasladó expresamente a las prisiones de la ciudad levantina para arrastrar hasta Montilla a los comandantes del Ejército republicano Juan Córdoba Zafra (concejal y secretario local de las JSU) y Manuel Alcaide Aguilar (expresidente de la Casa del Pueblo), al concejal de Izquierda Republicana Francisco Merino Delgado y al alcalde  socialista Manuel Sánchez Ruiz. También se encontraba allí Francisco Hidalgo Luque, que se había integrado en el grupo de resistentes, capitaneados por Manuel García Espejo, que se había creado en la sierra en los primeros días de la guerra, y luego en la compañía de milicianos, formada por el también montillano Juan Córdoba Zafra, en Bujalance. Tras luchar en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Teruel y Valencia, Francisco Hidalgo acabó en el puerto de Alicante, donde arrojó al mar una maleta con tres millones de pesetas –que custodiaba porque tenía el grado de teniente pagador– para evitar que cayera en manos de los franquistas. Lo internaron en el castillo de Santa Bárbara, sin mantas para protegerse del frío, y sometido a los malos tratos de los guardianes, quienes para aumentar el sufrimiento de los presos ante las bajas temperaturas los rociaban con cubos de agua, hasta que lo trasladaron a la cárcel de Montilla el 28 de julio de 1939.

27.Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Francisco Urbano Baena escapó con 14 años de Montilla y se alistó en el Ejército republicano. Estuvo internado en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Otros ni siquiera pudieron llegar a Montilla, como Francisco Urbano Baena “El Duende”, que tenía tan solo 14 años cuando huyó a Espejo con su primo Luis Pérez Baena “Niño Ríos”, de la misma edad. Tras recorrer Castro, Bujalance, Villa del Río y Andújar, Francisco Urbano acabó su periplo en Arjonilla (Jaén). Consiguió alistarse en el Ejército republicano y, al finalizar la guerra, lo detuvieron junto a sus compañeros. Un capitán del Ejército franquista le ordenó que volviera desde Arjonilla a Montilla, y que se presentara ante la Guardia Civil. En el camino de regreso, fue arrestado en Villa del Río y confinado en Córdoba en un vagón de tren que lo trasladó al campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga), donde había sólo una fuente de agua para que bebieran los seis mil prisioneros que allí se hacinaban. Su familia obtuvo un aval para que lo sacaran del campo, pero al ser menor de edad las autoridades militares decidieron internarlo en un correccional en Burgos. Sin embargo, el padre de Francisco Urbano, que en sus frecuentes visitas había colmado de regalos a un sargento del campo, consiguió que este hablara con el capitán y que, por fin, lo liberaran.

Los refugiados, harapientos, llenos de parásitos y derrotados física y moralmente, regresaron a Montilla en tren en su mayoría. Apostados en los andenes, guardias municipales, guardias civiles y voluntarios –que no faltaban para este menester– realizaban una primera labor de identificación, registro y humillación de los que llegaban. Personajes como “El Mellao”, “El Bravo”, “El Borrico”, “El Cojo Púa”, “El Regaera”, Paco Enríquez Leña y Mariano Luque Pardo “El Pulga” destacaron en estas labores. Dirigentes izquierdistas y mandos militares republicanos se convirtieron en el objetivo más codiciado y su apresamiento provocaba palabras de euforia de los captores. Desde la estación, como si de un espectáculo público se tratara, los conducían a pie a la sede de la Comandancia en la calle Ancha o al cuartel de la Guardia Civil para ser interrogados.

Rafael Ruiz Luque arribó desde Campo de Criptana (Ciudad Real). En Montilla ya habían fusilado a un hermano y otro había muerto en el frente. Tras recibir la orden de presentarse en Montilla y sufrir múltiples vicisitudes por la falta de medios de transporte, llegó a la estación de Córdoba, donde se encontró con un cuñado suyo requeté, quien le advirtió de que lo esperaban en Montilla para fusilarlo. Cuando entró en la localidad decidió bajarse del vagón por la parte de atrás para que no lo descubrieran. Después se presentó ante la Guardia Civil, en el cuartelillo de la calle Ancha, donde le tomaron declaración. Al manifestar que vivía en El Coto –una zona con fuerte tradición izquierdista–, un guardia comentó a los otros: “Ya sabes lo que tienes que hacer, que hay muchos mascando tierra por menos que ese”. Por suerte, la recomendación no se cumplió.

63.El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

Antonio García Hidalgo, apresado en Toro (Zamora) y en la cárcel de Montilla.

Si en un primer momento alguno pasaba desapercibido, bien porque no hubiera sido reconocido o porque se hubiera apeado intencionadamente del vagón antes de llegar, a las pocas horas recibía en su domicilio la ingrata visita del guardia correspondiente que le conminaba a acompañarle. Eso le ocurrió al socialista Antonio García Hidalgo, un joven agricultor al que la sublevación le había sorprendido de permiso del servicio militar en Montilla. No volvió a su acuartelamiento, sino que se alistó en las milicias de Espejo, y combatió en Pozoblanco y Alcázar de San Juan. En el exilio, permaneció internado en los campos de concentración del sur de Francia, por lo que decidió regresar a España. Aquí fue encarcelado en el campo de concentración de Toro (Zamora), hasta que la familia le buscó un aval que le permitió volver. En la estación de Montilla consiguió escabullirse y pasar desapercibido, pero al día siguiente lo detuvieron en su domicilio y lo trasladaron a la cárcel. Como había guardias y vecinos delatores por todas partes, era casi imposible que nadie reconociera a los que volvían aunque trataran de ocultarse.

Cuando un refugiado o un antiguo combatiente republicano se presentaba o era llevado detenido al cuartel de la Guardia Civil, el comandante de puesto lo interrogaba y elaboraba un atestado sobre sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra. Tras estas primeras diligencias, el comandante podía decretar la prisión para el acusado y elevaba las actuaciones practicadas al juez de instrucción. El juez instructor solicitaba unos breves informes de los encartados a la Guardia Civil, la Falange y la alcaldía, en los que siempre se realizaban imputaciones muy genéricas, casi idénticas para todos los acusados, independientemente de los delitos que presuntamente hubieran cometido. En estos informes se catalogaba a los encausados con expresiones peyorativas como “conducta moral pésima”, “antecedentes malos”, “conducta política social indeseable”, “socialista de cuidado”, “sinvergüenza”, “provocador de las personas de orden”, “saqueador”, etc. Incluso a Aurelio Casas Córdoba se le llegó a imputar ser “ateo de nacimiento”. Sin embargo, escaseaban las acusaciones concretas, ya que a la mayoría se les solía inculpar de manera genérica por su labor durante la República (participación en huelgas, mítines, militancia y cargos políticos y sindicales), su actuación durante los sucesos del 18 de julio de 1936, su integración en las partidas de huidos en la sierra o sus servicios y graduación en el Ejército republicano. Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados.

El juez instructor continuaba el sumario tomando declaración a los testigos y denunciantes (si existían), que acudían a testificar por iniciativa propia o porque eran propuestos por la alcaldía y la Guardia Civil. Con estas nuevas actuaciones elaboraba un auto de procesamiento que se basaba en el atestado de la Guardia Civil y en los informes que le habían proporcionado esta y la alcaldía. En esta fase de la instrucción, solía ratificar la prisión para el imputado y le comunicaba el derecho a elegir abogado defensor –una figura que se limitaba casi siempre en los juicios a pedir el grado de pena inferior al que había solicitado el fiscal–, aunque el recluso solía escoger siempre al que le tocara en turno. Tras el auto de procesamiento, el juez realizaba nuevas declaraciones indagatorias a los testigos y al encartado, y a continuación elaboraba un auto resumen en el que incluía las diligencias practicadas hasta el momento.

Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por un tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Montilla expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba cuando terminaba su actuación. Los juicios, en muchas ocasiones eran colectivos, sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que demuestra que no había un objetivo probatorio y que, por supuesto, no existía una justicia personalizada. Las vistas se celebraban en el salón de plenos del ayuntamiento montillano, donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las posibles víctimas como de los acusados, para que el escarmiento fuera lo más ejemplar posible.

56.El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

Muy fácil fue en aquellas circunstancias obtener de los presos los testimonios que sus captores querían. Los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades, por lo que las torturas, las palizas y los malos tratos fueron una práctica normal y generalizada en las prisiones montillanas según nos confirman múltiples testimonios. De acuerdo con el testimonio de su esposa, a Francisco Córdoba Gálvez “Arrobeta” lo golpearon, colgado de los brazos, hasta que perdió el conocimiento. Según las manifestaciones de su hija, a Emilio Montoro Delgado lo torturó un cabo de la Guardia Civil, en las dependencias del juzgado militar, después de obligarlo a desvestirse. A Rafael García Espejo, aparte de propinarle continuas palizas, le arrancaron el bigote. A Manuel Ruz Aguilar lo apaleron varias veces atado a una higuera. Antonio Pérez Lao “El Seguro” llegó a la prisión con una pierna rota, pero el estar herido no impidió que recibiera malos tratos. Nada más salir de la cárcel, fue ingresado en un hospital, aunque no consiguió recuperarse y murió en 1943. Su padre había sido fusilado seis años antes.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. En aquel momento existían cárceles en el depósito municipal, en el actual juzgado (dirigida por Mariano Varo Espejo) y un campo de concentración para prisioneros de guerra (soldados republicanos apresados por las tropas franquistas) en las escuelas del convento de San Luis, que en abril de 1939 albergaba a 412 hombres. Durante todo su periodo de funcionamiento entre 1938 y octubre de 1939, por el campo de concentración de Montilla pasaron 2.120 prisioneros contabilizados, todos forasteros, aunque el número estimado de los internados dentro de sus muros en ese periodo es de unos 6.000, según datos extraídos del libro Cautivos en Córdoba (1938-1942), del historiador aguilarense Francisco Navarro López, publicado en 2018.

Junto a los prisioneros de guerra, en San Luis se internó a partir de 1939 a otros 661 reclusos por razones políticas, de los que 254 eran de Montilla (15 acabarían fusilados) y el resto de localidades del sur de Córdoba. Estos últimos arribaron en tres grandes remesas. En la primera, el 1 de octubre de 1939, llegaron 150 reclusos de la cárcel de Fernán Núñez. En la segunda, el 4 de mayo de 1940, vinieron 161 prisioneros de tres cárceles: Cabra (vecinos de Doña Mencía, Nueva Carteya, Cabra y Zuheros), Lucena (vecinos de Priego de Córdoba) y Priego de Córdoba (vecinos de Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar). En la tercera y última remesa, el 24 de julio de 1940, les tocó el turno a otros 77 presos de la cárcel de Lucena (vecinos de Iznájar, Luque, Lucena, Rute y Valenzuela). De otras localidades ingresaron 19 internos en distintas fechas. Por tanto, no menos de 661 presos políticos pasaron de manera “oficial” por Montilla entre abril de 1939 y octubre de 1940. Sin embargo, esta es una cifra mínima, pues hubo muchos montillanos que sufrieron cautividad en el pueblo y nunca llegaron a ser inscritos en las fichas de prisión.

53.Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

La cárcel de las escuelas de San Luis tenía graves problemas de salubridad e higiene. El hacinamiento conllevaba que un importante número de detenidos durmiera a la intemperie en el patio de prisión, por donde corrían las ratas. Los presos se alimentaban en buena medida de lo que las familias les facilitaban. Aquellos que no poseían la fortuna de tener cerca a sus allegados se veían obligados a vivir de la caridad de sus compañeros de presidio o a esperar que cada cierto tiempo les llegaran los envíos de comida desde sus domicilios en los pueblos de alrededor. Las familias de los reclusos, que con frecuencia vivían de la caridad y de la mendicidad, y que a menudo estaban encabezadas por mujeres con hijos y ancianos a su cargo, debían añadir a la esforzada lucha por su subsistencia diaria la manutención de sus padres, hijos y hermanos encarcelados, en un periodo de racionamiento, carestía y estraperlo. Los familiares que residían fuera de Montilla tenían que realizar largas caminatas, a pie o en bestias de carga, con los pocos avituallamientos que podían conseguir para evitar que sus allegados murieran de hambre en los calabozos. Igual calvario debían soportar los parientes de los montillanos recluidos en otros lugares. Por ejemplo, el secretario de las Juventudes Socialistas, Juan Córdoba Zafra, detenido en Alicante, le rogaba a su familia en junio de 1936 que cada semana le enviara un paquete de comida por ferrocarril, además de un paquete con un kilo de cuartillas de papel, dos lápices, algunas novelas, sellos y dinero. Cuando lo trasladaron a la cárcel de Montilla, las peticiones en sus cartas incluían también productos de higiene

Desde la cárcel de Montilla salieron en 1940 dos grandes expediciones de presos a otros lugares de internamiento. La primera expedición, el 21 de mayo, tenía como destino un batallón de trabajadores en Rota, donde los reclusos debían trabajar en obras civiles o fortificaciones militares. La segunda expedición, el 25 de septiembre, de reclusos condenados a treinta años de cárcel, recaló en la prisión gaditana de El Puerto de Santa María. Poco después, entre el 17 y el 19 de octubre de 1940, se efectuó el trasporte de todos los presos en Montilla a Córdoba capital, al igual que ocurrió con los detenidos en otras cárceles de la provincia. Todos estos reclusos llegaron a la prisión habilitada, situada en la carretera de Los Pedroches, que se había construido con rapidez para reforzar a la Prisión Provincial ubicada en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Cuando entraron los presos la nueva prisión no estaba terminada, las ventanas carecían de cristales, las naves y las galerías se hallaban expuestas al viento y los servicios higiénicos no eran suficientes para los tres mil reclusos iniciales, que alcanzarían los cuatro mil al poco tiempo, según datos aportados por el historiador Francisco Moreno Gómez.

El traslado de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. Cinco pesetas de la época valía un billete del tren (al que llamaban el Corto) que realizaba el recorrido entre la estación de Montilla y la de Córdoba, lo que suponía un gasto extraordinario para unas personas ya de por sí depauperadas. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (seis de ellas montillanas) debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente.

A continuación publicamos los nombres de los 646 presos que sufrieron cárcel en Montilla. De ellos, 239 eran montillanos. Otros 407 procedían de los siguientes pueblos cordobeses: Fernán Núñez (150 presos), Doña Mencía (62), Iznájar (36), Luque (24), Priego de Córdoba (16), Nueva Carteya (16), Zuheros (15), Cabra (14), Carcabuey (12), Lucena (12), Rute (9), Valenzuela (8), Fuente Tójar (7), Almedinilla (7), y otras localidades (19). Añadimos también una lista con otros 203 nombres de montillanos represaliados en la posguerra (presos en campos de concentración, cárceles, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, depurados, exiliados, sometidos a expedientes de responsabilidades políticas y un elevado número de huidos de los que distintos juzgados solicitaban informes). Los enlaces son los siguientes:

Nota: para elaborar la información de esta entrada del blog he usado, entre otras fuentes históricas, los testimonios orales, recogidos en el año 2001, de los montillanos José de la Torre León, José Ruz Morales, Antonio Hidalgo Salido, Francisco Urbano Baena, Rafael Ruiz Luque, Rafael García Hidalgo, Rosario García Espinosa, José Ruz Morales, Jesús Aguilar Hidalgo y Jacinto Pérez Delgado (este último, en Sant Joan Despí, Barcelona).

FOTOGRAFÍAS DE REPRESALIADOS MONTILLANOS

20.Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

32.Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

Miguel García Ruiz, soldado en la defensa antiaérea republicana. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

33.Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

34.José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

60.El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

75.José Gómez Márquez, primero por la derecha en ambas fotos, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

José Gómez Márquez, primero por la derecha, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

55.El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

43.Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del Ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Víctimas mortales de la represión en Montilla durante la guerra civil y la posguerra

El triunfo de la sublevación militar del general Queipo de Llano en Sevilla el 18 de julio de 1936 condicionó de forma decisiva los sangrientos acontecimientos posteriores en la provincia cordobesa. A las dos y media de la tarde Queipo telefoneó al también conspirador coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, jefe del cuartel de Artillería de Córdoba, para que iniciara la rebelión. A las tres, Cascajo le comunicó al gobernador civil republicano Rodríguez de León el alzamiento militar de Queipo y le advirtió de sus propias intenciones de proclamar el estado de guerra y de asumir el mando del gobierno cordobés. A las cinco, el coronel Cascajo ya leía el bando de guerra en el patio del cuartel de Artillería en medio de la euforia de los derechistas y terratenientes armados que allí se habían congregado. Entre ellos se encontraba el carlista José Mª de Alvear y Abaurrea –hijo mayor del montillano conde de la Cortina, Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina–, quien se convertiría pronto en vocal de la nueva Comisión Gestora de la Diputación.

En Montilla, el 18 de julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos cordobeses donde triunfó con rapidez la sublevación militar. Tras recibir desde la capital órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, se hizo aquel mismo día con el control de la localidad. La violencia usada en los primeros momentos por los sublevados, la nula resistencia ofrecida por los republicanos en las horas siguientes y la huida de miles de personas hacia la localidad vecina de Espejo permitirían a los guardias civiles y a los derechistas armados controlar a los casi veinte mil habitantes de la localidad sin demasiados problemas. A las 9 de la mañana del 19 de julio, el gobernador militar rebelde telegrafiaba desde Córdoba al capitán de la Guardia Civil para que se incautase del Ayuntamiento y declarara el estado de guerra. En cumplimiento de esta orden, José Cubero Blanco, sargento del regimiento de Infantería de Cádiz número 33, de permiso de verano en Montilla, se encargó en la misma mañana de la alcaldía. Al día siguiente, se emitió el bando de guerra.

36.Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad Obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

A partir de ese momento la Comandancia Militar de Montilla, principal órgano de donde emanaban las órdenes represivas, permaneció bajo la jefatura de oficiales que con anterioridad ya habían demostrado su valía en el uso de la fuerza, lo que garantizó que la localidad fuera gobernada con mano de hierro en los años de la contienda. El día 1 de septiembre de 1936, el general Queipo de Llano nombró comandante militar al capitán de Infantería retirado Mariano Requena Cordón, quien ya había sido designado el 8 de octubre de 1934 delegado de Orden Público de la localidad por el comandante militar de la provincia Ciriaco Cascajo –principal artífice de la rebelión del 18 de julio en Córdoba–. En octubre de 1936, cuando Mariano Requena se incorporó al ejército, lo sustituyó el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, quien también había dirigido la represión en Montilla tras los sucesos de octubre de 1934 y había abanderado la insurrección golpista en Cabra en 1936. Luis Canis Matute, el capitán que se había sublevado y había emitido el bando de guerra en Montilla, volvió a ser la máxima autoridad militar en agosto de 1937, hasta que fue relevado al año siguiente por el también capitán de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego. Este tenía, asimismo, la experiencia de haber dirigido la rebelión y la represión en Lucena, donde era conocido con el apodo de «Teniente Polvorilla. La sede de la comandancia se instaló en septiembre de 1936 en la calle Teniente Gracia, en una casa donada por Juan Luque Cabello. Con posterioridad se trasladó a la calle San Francisco Solano.

La “dialéctica de los puños y de las pistolas” de la que había hablado José Antonio Primo de Rivera, en lo que se considera el acto de fundación de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933, tuvo una ocasión de oro para aplicarse en la Montilla que vivió bajo el yugo del bando de guerra. Mientras la sangre corría, no hubo ni juicios ni consejos de guerra ni ninguna argucia legal que intentase justificar la masacre. El bando de guerra permitió las detenciones masivas, las torturas sistemáticas y las ejecuciones irregulares en las tapias del cementerio, en los caminos y en los campos. Cayeron víctimas de la matanza socialistas y afiliados a los gremios de la Casa del Pueblo, militantes de las JSU, comunistas, cargos políticos y sindicales, funcionarios desafectos, espiritistas, personas que se habían significado en la defensa de los derechos de los trabajadores y en las reclamaciones laborales o que habían sido concejales. Pero también se exterminó a personas apolíticas o que tuvieron la mala suerte de verse envueltas, por simples circunstancias de la vida, en el rápido torbellino de la muerte que atrapó a la población. Tan urgente resultó el vendaval represivo que la inmensa mayoría de las víctimas cayó en los tres primeros meses de la contienda. A partir de octubre de 1936 sólo conocemos el fusilamiento de cuatro personas, dos de ellas en Córdoba.

37.José Gama Rodríguez, primer presidente de las Juventudes Socialistas cuando se fundaron en 1927. Vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

José Gama Rodríguez, vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

Los militares implicados en la conspiración tenían muy claro que la violencia iba a ser una de sus principales armas para asegurarse el éxito del golpe de estado. En los documentos que circulaban entre ellos desde meses antes de la rebelión se incitaba a la utilización de una represión indiscriminada para eliminar a los posibles opositores. El general Emilio Mola Vidal, director de la trama castrense, en una “instrucción reservada” enviada a los demás insurrectos el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes del golpe de estado, ya les advertía de que la acción tendría que ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”, y el 30 de junio decía, textualmente, que debían “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. En consecuencia, la violencia fue una táctica ejercida por los sublevados desde el primer el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península y los republicanos no habían movido ni un solo dedo para oponerse a ella, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban aplicar durante los tres años siguientes.

Voceros de la sangre y de “echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanismo, filantropía y demás tópicos masónicos” –como había dicho el gobernador de Burgos y coronel golpista Marcelino Gavilán– no faltarían entre los mandos militares sublevados en aquellos primeros días de la guerra. El general Franco en su bando de guerra del 18 de julio exigía “inexcusablemente que los castigos sean ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Nueve días después, el 27 de julio, en una entrevista, cuando el periodista Jay Allen le advirtió de que para conseguir sus objetivos tendría que “matar a media España”, él respondió que los lograría al “precio” que fuera. Mientras tanto, en el sur, el general Queipo de Llano, en su alocución radiada del 26 de agosto, proclamó que quedarían borradas las palabras “perdón” y “amnistía”. El joven montillano José Cobos Jiménez, delegado de prensa y propaganda del sindicato falangista universitario, reflejaría también esta cultura de la muerte, influida por la luz de la fusilería, con estas palabras: “Falange no puede vivir de la tolerancia, su función primera ha de ser la imposición, de despertar inquietudes. No caben en ella las habilidades cautelosas ni las retiradas prudentes. Su táctica es ir a buscar el peligro, pelear y morir; ofrendar víctimas y hacerlas, porque sólo la sangre fecunda las grandes ideas” (revista Yugo, 30 de septiembre de 1937).

16.Un patrono denunció al ferroviario socialista José Algaba Rodríguez. Murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

El ferroviario socialista José Algaba Rodríguez murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

En Montilla, a la represión desatada por los golpistas locales se añadió la de distintas columnas militares que, a su paso por la localidad, se otorgaban el privilegio de colaborar en la necesaria labor de limpieza de los “elementos marxistas” y de los “rojos”. Debido a su posición estratégica en la campiña, Montilla se convirtió en un continuo ir y venir de tropas españolas y extranjeras en su labor de conquista de los pueblos de alrededor. Sólo en los primeros días de la guerra pasaron, entre otras, las columnas de Sáenz de Buruaga (28 de julio a Baena y 22 de septiembre a Espejo), la del comandante de Infantería Rafael Corrales Romero y del capitán de corbeta Ramón de Carranza (1 de agosto a Puente Genil), la del comandante del Tercio Pedro Pimentel Zayas (5 de agosto)  y la del general Varela (6 de agosto a Castro del Río y 11 de agosto a Antequera). Aparte de las columnas militares que llegaron del exterior, el teniente de la Guardia Civil Cristóbal Recuerda Jiménez –que había abanderado la sublevación en el vecino pueblo de Fernán Núñez– realizó también algunas incursiones represivas en tierras montillanas durante el verano de 1936.

Sin embargo, a pesar de la oleada de fusilamientos que sufrió la población montillana, de forma oficial las autoridades mantuvieron una ignorancia continua y calculada sobre la represión mortal que ellas mismas estimulaban, ejercían y protegían, imponiendo el silencio o las falsedades. Cuando Francisca López Luque inició los trámites para la inscripción de la muerte de su marido Francisco Jordano Panadero en el Registro Civil, el juzgado pidió un informe a la alcaldía. El jefe de Policía, Rafael Sotelo Tejada, contestó en un escrito que “fue encontrado muerto en este término municipal y en la fecha indicada tal vez al tener un encuentro con la fuerza pública”. Similar respuesta encontró Josefa González Vega cuando, en julio de 1937, promovió la inscripción de la defunción de su esposo, el también fusilado Antonio Arcos Real. De nuevo Rafael Sotelo volvió a emitir un informe, el 10 de julio, en el que se reconocía que el 8 de septiembre de 1936 “salió en compañía de otros para la capital, por orden de la autoridad militar, ignorándose lo que haya ocurrido después y el lugar donde se encuentra”. La misma negación de la barbarie represiva se mantuvo durante la posguerra. En julio de 1941, en un informe que emitió la alcaldía sobre Luis León Espejo para el juzgado de responsabilidades políticas, al referirse a su hijo Juan León Arroyo, se decía que “se desconoce su paradero”, cuando en realidad había sido fusilado.

18.El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado en las tapias del cementerio el 8 de septiembre de 1936.

El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado el 8 de septiembre de 1936.

El tema de los desaparecidos nos conduce a la cuestión de las cifras, de la cuantificación de la represión. Difícil, por no decir imposible, es establecer una relación aproximada de las víctimas de la represión golpista. Todas las inhumaciones fueron ilegales, ya que en los libros del cementerio de Montilla no aparece inscrito como enterrado ni uno solo de los ejecutados durante la guerra. Tampoco los libros de los registros civiles, fuentes naturales para el estudio de las defunciones, son unos documentos fiables a la hora de concretar el número total de asesinados, ya que la administración judicial se dejó en manos de leales al nuevo régimen, lo que explica muchas carencias legales. Por otro lado, el impacto psicológico de la represión fue tan brutal que muchas familias no inscribían a sus allegados por el temor a padecer la misma desgracia. El miedo y la dictadura pervivieron durante muchos años, de manera que la inscripción no se materializaba si los familiares no lo intentaban o renunciaban ante las dificultades, el desconocimiento, la incultura o porque emigraban de la localidad, lo que explica que en bastantes pueblos de Córdoba solo conste en el Registro una parte mínima de las víctimas de la represión.

Durante los tres años de guerra se inscribieron en el Registro Civil de Montilla solo 19 fusilados (seis en 1936, ocho en 1937, uno en 1938 y cuatro en 1939). Pero, que sepamos, todos los fusilamientos (menos cuatro) se produjeron entre los meses de julio y septiembre de 1936. Por tanto, la inmensa mayoría de las inscripciones se realizaron fuera de plazo legal, en la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, muchos años después de que se produjeran los fallecimientos. Incluso tras la Ley de pensiones de guerra para viudas, de 18 de septiembre de 1979, se anotaron dos nuevos nombres, el de Manuel Párraga Osuna (en abril de 1981) y el de un vecino  de Castro del Río, José Víctor Parrado Rodríguez (en diciembre de 1981), de 35 años, fusilado a las siete de la mañana del 16 de octubre de 1936.

Los registros tampoco son fiables a la hora de estudiar detalles históricos o personales importantes de los fusilados, como el lugar de la defunción, la fecha o su oficio, que en muchas ocasiones se falseaba (a los funcionarios nunca se les registraba con su profesión). Por ejemplo, de los cinco inscritos como fusilados en la entonces aldea montillana de Santa Cruz, sólo uno consta con la fecha exacta del fallecimiento. Además, siempre se utilizaba un eufemismo para ocultar la verdadera causa de la muerte. En los abatidos por los disparos de la Guardia Civil en la madrugada del 19 de julio de 1936 aparece como causa “hemorragia interna”. En los demás se escribe “por disparo de arma de fuego” o “en un encuentro con la fuerza pública con motivo del glorioso movimiento salvador de España”, aunque en los inscritos a finales de los años cuarenta ya aparece la expresión “por aplicación del bando de guerra”, es decir, por fusilamiento sin juicio previo.

17.El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936 en la vereda de Los Limones.

El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936.

Hemos localizado en la correspondencia de la alcaldía algunos documentos que hacen referencia a la magnitud del reinado del terror, aunque son poco clarificadores. Según comunicó el alcalde de Montilla al gobernador –en un informe elaborado con la ayuda del cura, el médico y el maestro más antiguo de la localidad– el 9 de enero de 1937 existían “como consecuencia de los actuales acontecimientos 70 viudas pobres, 89 ancianos impedidos para el trabajo y 65 mujeres abandonadas por sus maridos con 200 hijos”. El 17 de agosto el alcalde volvía a informar de que el Comedor de Caridad, las Conferencias de San Vicente de Paul y el Ropero de Nuestra Señora del Rosario socorrían diariamente a 50 mujeres y 205 niños de «rojos». El primer documento, en el que se habla de 70 viudas pobres, podría ser indicativo de por dónde iban las cifras en aquel momento, sin embargo hay que tener en cuenta que un buen número de fusilados eran jóvenes solteros por lo que el número de víctimas podría ser muy superior.

Juan Zafra Raigón

Juan Zafra Raigón, desaparecido en el verano de 1936.

Es bastante complicado determinar el número total de víctimas de la represión franquista en Montilla. El 25 de septiembre de 1936, el periódico El Socialista ya hablaba de 120 fusilados para esas fechas. El historiador Francisco Moreno Gómez estableció, en 1985, un balance global estimado de 150 asesinados. Seis años después, en 1991, el escritor local Julián Ramírez Pino, subjefe de los balillas –rama infantil de la Falange– al comienzo de la contienda, no creía que el volumen de muertos superara los 60. Según nuestras investigaciones, la cifra mínima de asesinados identificados de Montilla (domiciliados en la localidad) durante la guerra fue de 101 y en la entonces aldea montillana de Santa Cruz de 15, lo que suma un total de 116. De ellos, solo 76 (65,52%) constan en el Registro Civil, frente a 40 (34,48%) que no se han inscrito, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos provinciales y locales, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas. Por ello, el número de víctimas que nosotros aportamos, el de 116, con nombres y apellidos, sería una cifra mínima debido a todas las argumentaciones que ya hemos expuesto con anterioridad.

40.El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

En su obra editada a finales de 2008, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Francisco Moreno Gómez, sitúa la cifra total de asesinados en 200 personas, una estimación que podría acercarse a la realidad. Hay que tener en cuenta que existen periodos en los que en el Registro Civil solo se inscribe un muerto por día, lo que reflejaría un número elevado de fusilamientos, pues las “sacas” siempre solían ser colectivas. Además, las carencias del Registro Civil son muy evidentes en cuanto al número de víctimas anotadas. De los quince fusilados de la aldea de Santa Cruz solo se anotan cinco; de la saca en la que perecieron cinco personas el 11 de agosto únicamente aparece Antonio Rodas Castro “El Cuqui”; de la del 31 de julio, en la que murieron trece personas (tres de ellas de Espejo) solo encontramos a tres, etc. El Registro no recoge tampoco la magnitud de la masacre de entre veinte y cincuenta presos ejecutada por el general Varela en un olivar de Castro del Río el día 6 de agosto, ni los dos fusilamientos colectivos de montillanos en la cuesta del Espino (uno de doce personas, realizado entre el 18 y el 26 de julio de 1936, y otro de doce el 5 de agosto), cuyos cadáveres fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Montemayor. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, la cifra de decenas de miles de desaparecidos de la represión franquista en España.

En mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1943), cuya última edición es de 2019, pude rescatar la historia, a través de recuerdos y documentos familiares, de bastantes montillanos represaliados. Tras su publicación, aún sigo recibiendo testimonios que nos describen de manera pormenorizada las circunstancias que envolvieron la muerte de muchas personas. Uno de ellos me llegó a través una carta enviada por Antonio Salas Tejada de sobre su bisabuela Carmen Mesa Carmona, fusilada con 54 años el 12 de agosto de 1936, de la que he entresacado estas interesantes palabras de manera casi textual:

Mi bisabuela Carmen no tenía militancia política y ni siquiera tenía participación en la vida política y social de Montilla. El motivo de su detención, al parecer, fue el hecho de que su hijo (mi abuelo materno), Antonio Tejada Mesa, funcionario de la sección municipal de arbitrios del Ayuntamiento, después del 18 de julio, no se presentó en el Ayuntamiento a trabajar, por lo que lo incluyeron en una lista de personas a represaliar. Mi bisabuela Carmen residía junto a su marido y sus hijos, como aparceros, en una finca en la Sierra de Montilla. A principios de agosto, decidió ir a Montilla a por provisiones. Al entrar en el pueblo por la fuente de Santa María, un tal El Mellao, armado con escopeta y apostado en ese lugar, con otras personas (no identificadas), con las órdenes de controlar a quienes entraban o salían de Montilla, la identificó como la madre de Antonio Tejada Mesa, empleado del Ayuntamiento “fugado”, y la detuvo.

La noticia de la detención llegó a la familia al final del día. Todos permanecieron en la finca que tenían en aparcería a la espera de noticias. Carmen estuvo cuatro días detenida y una hermana suya, que vivía en el pueblo, se encargaba de llevarle cada día la comida hasta que, al cuarto día de cautiverio, un individuo le dijo “que se llevase la comida de vuelta, que ya no hacía falta”. No se sabe dónde fue asesinada, quiénes la mataron ni donde está enterrada, aunque la familia siempre dio por hecho que fue fusilada en las tapias del cementerio, por guardias civiles y enterrada en una fosa común en el mismo lugar de su ejecución.

Al día siguiente, el mayor de los hijos de Carmen, Antonio, tomó la decisión de marchar por la noche a la vecina localidad de Espejo con su mujer, sus hijos, su padre y sus hermanos y hermanas pequeños. Antonio padecía una enfermedad de los vasos sanguíneos y desde finales de los años 20 estaba siendo tratado por el doctor Gregorio Marañón, en Madrid. Consiguió un informe médico-militar declarando su inutilidad para el ejército, lo cual le permitió no ser movilizado y, por tanto, seguir al lado de su familia durante los tres años que duró la guerra y anduvieron como refugiados por distintos lugares de la provincia de Jaén hasta abril de 1939, momento en el que tuvieron que regresar a Montilla. Para poder regresar con su familia a Montilla tuvo que conseguir un salvoconducto del jefe de la Falange de la localidad. Al llegar a Montilla, no tenía trabajo, había perdido su condición de funcionario municipal, las propiedades de la familia habían pasado a otras manos, el dinero que tenían ahorrado ya no era válido… Pero esto ya es otra historia. Antonio Tejada Mesa y su familia salieron adelante, pero, a pesar de toda su lucha, murió a los 86 años sin saber dónde estaba enterrada su madre.

Aunque Montilla ya había conocido los rigores de la “cultura política de la sangre” –tomo la expresión de Alberto Reig Tapia– que se había impuesto en la población tras el triunfo del golpe en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado a otras localidades o se habían enrolado como combatientes en el Ejército republicano. “La justicia se cumplirá. No os quepa duda [de] que se cumplirá. Y será inexorable”, advertía el periódico montillano Patria, en la fecha temprana del 17 de octubre de 1937. Anticipándose al fin de la guerra, la publicación falangista ya amenazaba del destino que les esperaba a los que volvían. Inexorable, contundente y vengativa fue, en verdad, la justicia militar que se aplicó en Montilla.

Según nuestras investigaciones –a través de los libros de defunciones del Registro Civil, las fichas de la prisión y las fuentes orales y bibliográficas– 15 vecinos (13 en la localidad y dos en Córdoba) murieron fusilados tras la guerra. Otros dos montillanos, pero residentes en Palma del Río y Alcalá la Real (Jaén), fueron también pasados por las armas. Asimismo, otros nueve forasteros (de Fernán Núñez, Castro del Río, Nueva Carteya y Doña Mencía) cayeron inmolados en las tapias del cementerio. Algunas personas nos han informado de que se realizó en la localidad alguna ejecución extrajudicial, sin embargo no hemos podido confirmar este extremo. Las cifras que aportamos corroboran plenamente las investigaciones sobre la represión en la posguerra publicadas por Francisco Moreno Gómez, el único historiador que ha realizado un estudio conjunto de los fusilamientos dentro de la provincia de Córdoba.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades franquistas, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. Para albergar al gran número de presos se habilitó durante la guerra una nueva prisión en las escuelas del convento de San Luis, donde en 1939 había internados 646 reclusos, de los que 239 eran de Montilla. Completaba a las que ya existían en el depósito municipal y en el actual juzgado, ésta última dirigida por Mariano Varo Espejo. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernán Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas.

44.Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

El trasporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Según el Registro Civil de Córdoba, estudiado por Francisco Moreno Gómez, seis montillanos murieron en estas prisiones. A estos hay que sumar otros ocho montillanos exiliados en Francia que acabaron apresados por los nazis y exterminados en el campo austriaco de Mauthausen. Dos de ellos, los hermanos Juan y Manuel González León, tienen dedicada una antigua entrada en este blog que puede leerse en este enlace.

Los nombres de las víctimas de la represión en Montilla, junto a los de los soldados fallecidos en los frentes y los de los vecinos muertos en los bombardeos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

13.Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Entre 1919 y 1920 estuvo preso por su participación en las huelgas de campesinos. Vocal obrero suplente en el grupo de Agricultura y Alimentación del Instituto de Reformas Sociales (1920-1924). Concejal (1915-1923) y alcalde (1931-1934) de Montilla. Fue uno de los creadores de la poderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (rama agraria de la UGT), en la que representó a Andalucía. Vocal de la Junta y del Instituto de Reforma Agraria (1931-1933). Diputado por la provincia de Córdoba (1931-1933), en las Cortes participó en las comisiones de Fomento-Obras Públicas y Agricultura. Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Diputado a Cortes por la provincia de Córdoba (1931-1933). Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

14. Rafael Baena Cruz

Rafael Baena Cruz, fusilado en fecha indeterminada del verano de 1936.

15.El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

José Ruiz Lucena, fusilado el 14 de agosto de 1936.

23.El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

38.En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa anticlerical. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

42.Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fusilado el 16 de mayo de 1940.

Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fue fusilado el 16 de mayo de 1940.

48.José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

68.El jefe de milicias Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Líder de la resistencia antifascista en los primeros días de la guerra, alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

66.Manuel Sánchez Ruiz durante la Republica fue secretario de las Juventudes Socialistas de Montilla y de la poderosa sociedad local campesina La Parra Productiva ––creada en 1913 y adscrita a la socialista Unión General de Trabajadores–, secretario provincial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (la sección agraria de la UGT) y alcalde del Frente Popular. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

66. Manuel Sánchez Ruiz, alcalde del Frente Popular en 1936. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

En el centro, Francisco Solano Portero Márquez, con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

Francisco Solano Portero Márquez con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

88.De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz, que se refugiaron con su madre en Torredelcampo (Jaén) durante la guerra. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

Manuel Castillo Almedina (original) - copia

Manuel Castillo Almedina (derecha), de 21 años, fusilado el 16 de octubre de 1936. Su padre, José Andrés, había sido fusilado en agosto.

29. Juventudes Socialistas

Con la bandera de las Juventudes Socialistas al fondo, aparecen Francisco García Carrasco (de pie, primero por la izquierda), fusilado el 31 de julio de 1936; delante de él, el diputado a Cortes entre 1931-1933 Francisco Zafra Contreras, fusilado el 28 de julio de 1936; y Juan González León (de pie, tercero por la izquierda). asesinado en el campo nazi de Mauthausen el 11 de enero de 1942.

Nuevas historias de la represión franquista en Lucena

El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.

El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.

Cualquier estudio que intente reconstruir lo que sucedió en Lucena en los años de la República, la guerra civil y la primera posguerra se encontrará con una dificultad insalvable: todos los documentos relativos a este periodo que deberían conservarse en el Archivo Histórico Municipal se quemaron de manera intencionada, por los propios funcionarios, en los años setenta del siglo pasado. Solo se salvaron los libros de actas de los plenos. Este hecho sorprende a cualquier investigador, ya que si el franquismo lucentino no tenía nada que ocultar ni de lo que sentirse responsable, no se entiende que pusiera tanto interés en destruir las huellas de su pasado, esas que le hubieran permitido responder de todas sus actuaciones ante la historia. Al faltar la documentación municipal, las principales vías de información sobre la represión, desde el triunfo en la localidad del golpe de estado el mismo 18 de julio de 1936, se encuentran en los nuevos libros que se van editando, en los fondos del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla –donde se conservan los expedientes de consejos de guerra de los republicanos que fueron juzgados–, y en los testimonios de testigos, víctimas y familiares de los represaliados. Utilizando estas fuentes, voy a publicar algunas de las informaciones más interesantes que me han llegado en los últimos tiempos, y que completan  los datos que en su día aporté en mi libro, publicado en 2010, República, guerra y represión. Lucena 1931-1939

Al terminar la Guerra Civil, España se convirtió en una inmensa cárcel para los republicanos. A finales de 1939 había 270.719 personas en las cárceles, según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia, sin contar a los 137.000 internados en los batallones de trabajadores y en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, a los reclusos de las prisiones habilitadas ni a los presos gubernativos de la Dirección General de Seguridad. La situación en las cárceles era aterradora, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias, de manera que los presos sin familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos y medicinas estaban casi abocados a la muerte. Sin embargo, esta ayuda familiar se vio muy dificultada porque el franquismo reglamentó como una forma más de castigo el que los reclusos cumplieran sus condenas lejos de sus lugares de origen. A este exterminio masivo de presos que se desencadenó en la posguerra el historiador Francisco Moreno Gómez lo ha llamado “Auschwitz español”. Por ejemplo, en 1941, solo en la prisión de Córdoba, sin contar a los fusilados, murieron por hambre y enfermedades 502 presos de los entre 3.500 o 4.000 que albergaba.

Existen aún pocos estudios globales que aborden las cifras de la mortalidad causada en la primera posguerra por las inhumanas condiciones carcelarias y por la política penitenciaria del franquismo. Por ello, hasta el momento solo conocíamos la identidad de seis lucentinos que perecieron entre 1939 y 1942 en la prisión de Córdoba (Agustín Góngora Serrano, Francisco Mayorgas Hurtado, José González Román, Pedro Muñoz Burgos e Isidoro Valle Jiménez) y en la de Lucena (Rafael Ortega Olmo). Gracias al libro del historiador José María García Márquez, Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963), hemos descubierto los nombres de otros dos lucentinos que murieron en los centros de internamiento franquistas. Uno de ellos fue Juan Muñoz Cabeza, de 29 años, soltero, hijo de Juan y Josefa, que falleció en el campo de concentración de Las Arenas (en La Algaba, Sevilla) el 28 de abril de 1942. Según el historiador José Mª García Márquez, en Las Arenas hubo 278 recluidos, de los que murieron 144, más de la mitad, entre 1941 y 1942, lo que nos da una idea de la extrema dureza de este recinto penitenciario. Este campo se habilitó oficialmente para mendigos, que solían ser personas reducidas al hambre por la guerra, la represión, el destierro, el paro u otras circunstancias familiares o personales. El otro fallecido fue el jornalero Gregorio Cortés Sánchez, de 56 años, que murió en la Prisión Provincial de Sevilla el 12 de abril de 1941, un año en el que perecieron también por hambre, enfermedades y privaciones otros 378 internos de esta cárcel.

Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).

Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).

Hemos podido localizar el sumario del fallecido Gregorio Cortés Sánchez en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 124, expediente 2.291), lo que nos ha permitido rastrear las circunstancias que le llevaron a prisión. Había estado encarcelado entre el 29 de julio y el 14 de noviembre de 1936 en represalia por la huida de Lucena a la zona republicana de un hijo –Felipe Cortés Cabello, militante del sindicato socialista UGT, que desapareció en el frente de guerra–. De nuevo, fue detenido el 23 de septiembre de 1937 por el cabo comandante de puesto de la Guardia Civil de Zambra, Antonio Muñoz Jiménez, y el guardia José Reina Cervera, tras una denuncia de Juan José Sánchez Redondo, vecino de Los Llanos de Don Juan. Este lo acusó de haber afirmado que el general jefe del Ejército de Sur, Gonzalo Queipo de Llano, era “un granuja” y que “estábamos todos engañados con ese Gonzalo de Sevilla y que en Lucena había quien estaba esperando el triunfo de los socialistas, que había quien tenía banderas preparadas para salir ese día a la calle a ponerlas, puesto que a los socialistas los tienen reconocidos veintisiete naciones extranjeras”. Aquel mismo día se hizo cargo del detenido Manuel Vargas Martín, alférez jefe de línea de la Guardia Civil de Lucena, que lo internó en la cárcel. El 13 de diciembre de 1937 se decidió su pase a la Prisión Provincial de Córdoba. El juicio se celebró el 22 de enero de 1938. El abogado defensor había solicitado la absolución, sin embargo el tribunal, presidido por el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo, aceptó la petición del fiscal, José Ramón de la Lastra y Hoces, que había considerado los hechos como un delito de “auxilio a la rebelión” y había pedido 12 años y un día de reclusión para el procesado. En 1939, mientras Gregorio Cortés se encontraba en la prisión de Sevilla, falleció su esposa, Josefa Campos León. En enero de 1940 se le conmutó la pena por seis años y un día, pero murió por miocardistis antes de ser liberado.

Cuando fue interrogado por la Guardia Civil el 23 de septiembre de 1937, Gregorio Cortés Sánchez manifestó que había comentado lo de los socialistas y las banderas porque se lo había escuchado referir tres días antes en una conversación al turronero Pedro Antonio Hinojosa Cuenca, de 27 años. Este fue citado a declarar al día siguiente y lo negó. Alegó que él solo había afirmado que la Sociedad de Naciones “estaba de parte nuestra, por lo que ganaríamos, que esto lo dijo queriendo decir que ganaría Franco, y que si otra cosa entendió el Gregorio Cortés lo interpretaría mal”. A pesar de sus aclaraciones, Pedro Antonio Hinojosa fue encarcelado hasta el 9 de octubre, fecha en la que quedó en libertad provisional, pero con la obligación de presentarse cada diez días en el juzgado. Mientras se instruía la causa judicial que se le abrió, falleció el 8 de febrero de 1938 por miocarditis, la misma enfermedad que llevaría a la tumba en la cárcel a Gregorio Cortés.

Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.

Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.

La represión provocó que muchas personas, por distintos motivos (destierro, dificultades para encontrar trabajo, acoso social, etc.), no volvieran a sus localidades de origen al cumplir su condena en las cárceles, lo que conllevó que se convirtieran en desconocidas en la tierra que las vio nacer. Eso le ocurrió al lucentino Miguel Berjillos Gálvez. Supe de su existencia a través de Ismael Algarrada, residente en Torre del Mar y ya fellecido. Me informó de que había una calle dedicada a él en Vélez-Málaga y me remitió a un artículo sobre su trayectoria vital, escrito por Antonio Jiménez, publicado en el Diario La Axarquía el 30 de noviembre de 2012. Miguel Berjillos era de ideología comunista y había estado recluido en la prisión de Málaga en la posguerra. En la cárcel conoció a una veleña, Carmela Díaz, una voluntaria que asistía a los presos sin familia en el lugar y con la que acabaría casándose. Miguel Berjillos rápidamente se integró en Vélez, donde se convirtió hasta su muerte en 1976 en una persona comprometida socialmente y en un incansable animador cultural en los campos pictórico, radiofónico y literario. Escribió tres libros: El Romancero de Vélez-Málaga, El alma de la Cueva de Nerja y La vida de Juan Breva.

A la derecha, Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.

A la derecha, el concejal de Izquierda Republicana Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.

Al pie del artículo del Diario La Axarquía aparecía un comentario de su nieto, Juan Manuel Muñoz Berjillos. Aunque solo se publicaba su nombre, conseguí localizarlo en julio de 2014 en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Gracias a él y a su madre, Araceli, pude obtener datos y fotos no solo de su abuelo, sino de otros miembros de su familia significados políticamente, algunos de los cuales ya constaban en mi libro de Lucena. Araceli fue la única hija que tuvo Miguel Berjillos, fruto de su primer matrimonio con la lucentina Aurora Salazar Mency, que murió en 1938. Araceli tenía entonces tres años, así que una tía se hizo cargo de su crianza. A Miguel le sorprendió el golpe de Estado realizando el servicio militar en la zona que quedó en poder de los sublevados, así que luchó durante la contienda en el bando franquista. En la posguerra lo detuvieron por sus actividades políticas, sin que sepamos la fecha y el lugar exacto (es posible que en Rute), pues no hemos podido localizar su expediente del consejo de guerra. Estuvo encarcelado durante unos tres años en la prisión de El Dueso (en Santoña, Cantabria) y luego en la de Málaga. Al salir, se estableció ya definitivamente en Vélez.

Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.

Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.

El testimonio de Araceli Berjillos ha permitido también obtener algún dato más de sus tíos y de su abuelo, todos zapateros de profesión. Algunos aparecen en mi libro, pero con el apellido Berjillos escrito con “g”, que al parecer es la grafía correcta. A un hermano de Miguel, Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, que había portado en alguna ocasión las banderas de los gremios republicanos en las manifestaciones, lo fusilaron en Córdoba el 11 de noviembre de 1936, convirtiéndose así en una del más de centenar de víctimas mortales por la represión franquista en el municipio de Lucena en los tres años de guerra. Otro hermano, Francisco, había sido vocal de la Junta Directiva del Centro de Obreros Republicanos en 1933. En febrero de 1936, como consecuencia de las elecciones que dieron el triunfo en Lucena y en España a la candidatura del Frente Popular, se convirtió en  concejal por Izquierda Republicana. Tras el golpe de estado lo torturaron en el cuartel de la Guardia Civil (actual hotel Santo Domingo) delante de su padre, Francisco, al que habían encarcelado.

Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.

Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.

En mayo de 2014, desde Madrid, Eusebio Aguilera Díaz me escribió para decirme que el nombre de su abuelo Pedro Díaz Algar, un jornalero de 40 años, estaba equivocado en mi libro de Lucena, pues yo lo había identificado como Francisco. El error se produjo porque de los 11 fusilados que hubo en Las Navas del Selpillar solo cuatro están inscritos en el Registro Civil como difuntos. Los datos de los otros siete, entre los que se encuentra su abuelo, pude rescatarlos gracias a testimonios orales, una fuente de información que puede presentar lagunas en cuanto a recuerdos de personas o hechos. Si hace más de 15 años yo hubiera seguido el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas mortales de la represión franquista en Las Navas del Selpillar fueron cuatro y no 11, que es el número verdadero de asesinados.

En su escrito, Eusebio Aguilera se refiere a la posible exhumación de los restos de su abuelo –enterrado en un lugar desconocido como otros miles de republicanos asesinados–, ya que ese es uno de los anhelos de su madre. Es un deseo comprensible en una sociedad como la nuestra, donde el duelo por la muerte de un ser querido va acompañado de unos ritos entre los que se encuentra el entierro del cadáver en el cementerio en una tumba identificada. El franquismo era consciente de ello, por lo que no escatimó dinero público y estableció una política de Estado para que las víctimas mortales de la represión republicana fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación.

Me he permitido reproducir parte de la carta de Eusebio Aguilera. Está escrita en el mismo tono, sosegado y pacífico, de las muchas misivas que recibimos los historiadores que nos dedicamos al estudio de la represión. En sus palabras no hay lugar para la revancha ni para reabrir las heridas del pasado, sino todo lo contrario. La única intención es curar y cerrar las heridas de las personas que, como su madre, todavía las tienen abiertas:

Mi llegada hasta usted es como consecuencia de que mi madre, ya muy mayor, es la última de los hijos vivos de mi abuelo, y lleva ya tiempo pidiéndome que intente buscar a su padre con el objetivo de enterrarle con su familia.

Soy consciente y así intento hacerla ver, que es tarea difícil, si bien y cuando le estuve leyendo algunos de los párrafos de su libro, de los hechos que ocurrieron en Las Navas del Selpillar, se puso a llorar, pues dichas historias son con las que había nacido.

  Efectivamente, mi abuelo reclamó unas jornadas que había dado, y ese fue todo su delito, y la única explicación que le dieron a mi abuela, cuando durante varios días estuvo llevándole la comida y ropa limpia, es que “tu marido donde está ya no le hace falta nada…”, y eso es cuanto sabemos de su desaparición.

   Por la lectura de su libro se podría interpretar que están en alguna fosa común del cementerio de Lucena ¿Ese punto se podría confirmar? ¿Y si es así, en algún momento se ha barajado la posibilidad de entre los familiares de todos esos desaparecidos solicitar al Juzgado la exhumación de los cuerpos?

   Mi madre, la pobre, nos dice y nos repite que si pudiera sacar a su padre de donde estuviera sería lo más grande que podría hacer. Y francamente me siento obligado a intentar al menos hacer algo… pues como le digo con la lectura de su libro en lo concerniente a lo ocurrido en Las Navas se le puso el vello de punta, ya que algunas de esas historias son las que le contaba su madre y viejos del lugar de lo que allí pasó.

En cuanto a la contabilización de las víctimas mortales de la represión franquista en Lucena, hemos conocido por testimonios orales que Antonio Ortiz Ortega «El Seco Pesero» podría ser el nombre de una nueva víctima. De otras dos personas no hemos conseguido establecer a ciencia cierta que fueran fusiladas: Antonio Santaella Cañete y un varón de apellidos Muñoz Cabeza. De este último, gracias al testimonio de su sobrina nieta Lorena Raya Vicente, aportado en marzo de 2016 desde Castellón, conocemos su desaparición, pero no si fue a consecuencia de un hecho de guerra o de la represión, aunque esta última posibilidad es la más probable. A pesar de la coincidencia de apellidos, hemos comprobado que Muñoz Cabeza no es el lucentino que falleció en 1942 en el campo de concentración de La Algaba, del que hablamos al principio de esta entrada del blog. Lorena nos ha facilitado también el nombre del primer marido de su abuela, Miguel Pino Salcedo, que murió en el frente de batalla mientras luchaba a favor de la República.

El último testimonio que hemos recibido respecto a la represión, el 2 de septiembre de 2020, ha sido el de la nieta de Martín Burgos Villa, de 33 años, fusilado el 18 de agosto de 1936 en el cementerio. La familia afirma que la causa del fusilamiento es su oposición a que su hermana mantuviera relaciones con un derechista que la había pretendido. En venganza, este lo denunció por comunista y lo detuvieron mientras trabajaba en el campo. Como el camión en el que solían llevar a los presos para fusilar pasaba por la calle donde ellos residían, su esposa, Araceli Muñoz Soria, lo acechaba cada noche y pudo verlo por última vez mientras él le tiraba besos en el aire. A ella la pelaron, le dieron aceite de ricino, la pasearon media desnuda por Lucena atada a un carro y le dieron una paliza que le provocó un aborto, pues estaba embarazada de seis meses. Para sobrevivir, se dedicó a lavar la ropa de los soldados y sobre todo al estraperlo, hasta que emigró a Córdoba capital.

Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil en Albendín en 1936

Nota previa: esta entrada del blog, revisada y ampliada, se ha publicado en formato libro en noviembre de 2014. El texto se puede leer en este enlace.

La rebelión contra la República comenzó en Córdoba sobre las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División, recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas de los rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

El teniente Pascual Sánchez Ramírez en la foto aparece con el grado de coronel).

El teniente Pascual Sánchez Ramírez (en la foto aparece con el grado de coronel).

En Baena, en la trama golpista jugó un papel decisivo el teniente Pascual Sánchez Ramírez, quien había servido en Marruecos y desde el Tercio de la Legión se había reintegrado en la Guardia Civil con el grado de teniente. El perfil de Pascual Sánchez se correspondía con el de otros muchos militares que apoyaron el golpe de Estado, del que eran vivos ejemplos los generales Francisco Franco, Emilio Mola o Juan Yagüe, o el coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga, quien mandaría las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936, ya comenzada la guerra civil. Se les llamó “africanistas” porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del Ejército español, estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos italiano y alemán: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

La sublevación se inició en Baena en la tarde noche del sábado 18 de julio, cuando se organizaron patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el ayuntamiento, el edificio de la telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un auténtico ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. El día 28 de julio los sublevados estaban próximos a sucumbir. La entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos, que intentarían de nuevo la conquista del pueblo el 5 de agosto, cuando el general Miaja ordenó un ataque a Baena. No obstante, la orden de retirada recibida por los republicanos el mismo día 6 por la mañana permitió que Baena quedara ya durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

Baena tenía una aldea, Albendín, en la que existía un cuartel con seis guardias y un cabo comandante de puesto, Manuel Hernández González. Este, al producirse el golpe de Estado, en apariencia cumplió con las órdenes que le trasmitía su superior, el teniente Pascual Sánchez Ramírez, de manera que para apoyar la sublevación el 19 de julio por la noche se trasladó a Baena, donde permaneció concentrado junto a los guardias de Albendín. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 23 de agosto el teniente Pascual Sánchez arrestó al cabo dentro del propio cuartel y envió al día siguiente una denuncia contra él a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, según se recoge en el sumario de su consejo de guerra que se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa 259/36, legajo 243, expediente 4.051).

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

En el escrito de denuncia, el teniente Pascual Sánchez indicaba que por “confidencias fidedignas que me merecen todo crédito de elemento civil y además por propia observación” había detectado que la conducta del cabo Manuel Hernández no correspondía “a un Cuerpo de su categoría y que viste un uniforme de un Cuerpo tan fiel y noble como el nuestro (…) y que en los distintos servicios que le fueron encomendados no desplegaba la actividad y el valor que en las circunstancias presentes se requieren”. Señalaba que el día 5 de agosto, cuando el general Miaja atacó Baena, en el edificio de la Sub-brigada Sanitaria Manuel Hernández aconsejó a los defensores que no disparasen con el fin de pasar desapercibidos, “con lo que mostró cobardía o sentimiento a [sic] herir al enemigo, con el que parece que simpatiza”. El teniente lo acusaba también de decir “que no se deben acatar más órdenes que las que emanen del gobierno legalmente constituido en Madrid”, de escuchar las noticias transmitidas por Unión Radio Madrid (en manos de los republicanos) y de ver “con desagrado” que sus subordinados escucharan las emisiones de Radio Sevilla o Córdoba (controladas por los militares sublevados) y leyeran ABC, Guión y “otros periódicos de significación derechista”. Por último, el teniente apuntaba que tanto Manuel Hernández como su esposa habían proferido frases como “aún no se sabe de quién será el triunfo, la bola anda en el tejado, la Unión Radio Madrid es la que dice la verdad” y otras por el estilo que “aminoran la moral de militares y civiles” y quitan “la fe ciega que en el triunfo de nuestra causa todos tenemos puesta”. Por estos motivos, al considerarlo “como individuo peligroso en esta plaza”, había decidido detenerlo y ponerlo a disposición del jefe de la Comandancia de Córdoba, quien trasladó la denuncia al teniente Manuel Cañas Montes para que recabara información de los hechos.

Fachada del cuartel de Albendín en 1940. Delante aparece el guardia Francisco Moreno Torres, su mujer y 10 de sus hijos (foto cedida por uno de ellos, Francisco Moreno Cubero).

Tras tomar declaración a varios testigos, guardias civiles y paisanos, el teniente Manuel Cañas Montes elaboró un acta en la que confirmaba las acusaciones que había vertido el teniente Pascual Sánchez contra el cabo Manuel Hernández, y añadía otras, como que sus amistades eran de izquierdas, que el día 19 de julio había respondido a los guardias que habían ido a trasmitirle que impusiera el estado de guerra en Albendín que “a lo que habían ido allí era a revolucionar el pueblo y que el movimiento era una rebelión contra el Gobierno constituido”, que había dejado alojada a su familia en Albendín con una familia de “significación extremista” en vez de trasladarla a Baena, y que había avisado a los directivos del Centro Obrero de Albendín para que huyeran antes de ser detenidos. Por todo ello, calificaba a él y a su esposa como “simpatizantes con el Frente Popular” –la coalición de republicanos e izquierdistas que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936– y estimaba que “era peligrosa su permanencia en el cuerpo” de la Guardia Civil. En vista del informe, el comandante de Artillería y juez instructor de la causa, Juan Anguita Vega, el 12 de septiembre se ratificó en la culpabilidad del cabo y decidió su procesamiento, lo que fue aprobado por el auditor de guerra de la II División Militar. Sobre las acusaciones que se vertían sobre él, el cabo Manuel Hernández concluyó que eran “inciertas y que las atribuye a una venganza colectiva del puesto que él mandaba por haber desde el primer momento en que se hizo cargo del mismo obligado a todo el personal a sus órdenes a cumplir fielmente sus diversos cometidos dentro de la estricta ordenanza que él era el primero en cumplir”, y que creía no “haber tenido tibieza en el servicio por cuanto se le ha instruido un expediente de recompensa por la defensa del Ayuntamiento durante el primer asedio”.

La vista del consejo de guerra se celebró en Córdoba el 10 de mayo de 1937, a las 10 de la mañana, en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial. El fiscal, Antonio Díaz Rodríguez, solicitó para Manuel Hernández la pena de muerte por “adhesión a la rebelión” mientras el defensor resaltó su hoja de servicios y pidió la absolución. Manuel Hernández rogó al tribunal, presidido por el teniente de Caballería Antonio Gómez Romero, que “meditase antes de dictar sentencia para no incurrir en error judicial dado lo irreparable de la pena solicitada”. Fue condenado a cadena perpetua, lo que suponía su expulsión de las filas de la Guardia Civil. Padeció cárcel durante casi seis años, hasta el 30 de mayo de 1942, cuando una revisión de la condena le permitió salir en libertad condicional.

El cabo Manuel Hernández fue víctima de lo que se ha denominado “justicia al revés”, que significaba que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. No obstante, se convirtió en un privilegiado al ser procesado, ya que durante 1936 y los comienzos de 1937 cualquier oposición al “Glorioso Movimiento Nacional” o cualquier infracción del bando de guerra se castigaban con el fusilamiento sin proceso judicial previo. En aquellas fechas, pocas víctimas pasaron por consejos de guerra –aunque estos juicios solían ser farsas sin garantías jurídicas para los acusados–, salvo los militares que no habían secundado el golpe de Estado o personas muy significadas.

Manuel Hernández se encontraba preso en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Córdoba desde el día siguiente a su detención en Baena, el 23 de agosto de 1936. Comienza entonces a escribir unas cuartillas, “cual náufrago que en los postreros momentos de su vida deposita en el interior de una botella los angustiosos gritos de sus últimas llamadas”. En junio de 1942, al ser liberado, las mecanografía “sin quitar ni poner nada” de lo que había escrito con anterioridad. Las denomina Páginas Confidenciales y ocupan 23 folios. Al empezar a redactarlas en los calabozos, se lamenta de las numerosas dificultades que se interponían para hacerlo: lo “aventurado que es ‘decir lo que siente sin sentir lo que se dice’ en ciertos sitios”, el “estado depauperado” de su organismo, “el embotamiento mental del espiritualmente arrinconado entre tanta gente”, la carencia del “consuelo de un pecho amigo que recoja las quejas de su oprimido corazón”, o algo tan simple como la falta de libros y de una mesita para apoyarse al escribir. Según manifiesta en el preámbulo, el principal objetivo de sus páginas, que dedica a sus hijos como un “espiritual legado”, “es que me ‘sobrevivan’ y lleguen a manos de los míos si sucumbo antes de encontrarme entre ellos”.

La gran mayoría de sus páginas son reflexiones políticas, sociales y filosóficas –a veces muy enrevesadas y de carácter genérico–, y algunas poesías dedicadas a sus hijos (Guadalupe, Pilar, Maruja, Manolo y Pepín), no obstante también hay espacio para lamentarse de lo que él denomina “mi calvario”. Así, la noche de su detención en Baena la rememora, como una tragedia personal y familiar, de la siguiente manera: “Aquella noche de triste recordación, el edificio que levantara mi laboriosidad en el servicio, mis desvelos en el estudio, mi probidad en la conducta, y tantos años de esperanzas en lo que constituía el brillante porvenir de mi modesta carrera, se derrumbó en un segundo; y bajo los catastróficos escombros de mi desdichada suerte, vi aplastada también la suerte de los míos”.

El 19 de junio de 1937, Manuel Hernández dejó de pertenecer a la que él llama con afecto “institución querida”, al ser expulsado de la Guardia Civil por la sentencia del consejo de guerra. Al día siguiente lo sacaron de los calabozos del cuartel y tuvo que cambiar “un uniforme honroso y honrado durante 19 años, por el traje de paisano” –en la guerra y la posguerra los presos no usaban uniforme carcelario–, con el que fue ingresado en la Prisión Provincial de Córdoba aquella misma mañana. Permaneció allí solo seis días, hasta que el día 27 entró en la Prisión Central de El Puerto de Santa María. El traslado se explica porque el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de sus domicilio (lo que se llamó «turismo penitenciario»). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquellos años de miseria y escasez.

Manuel Hernández dedica los dos últimos folios mecanografiados de sus Páginas Confidenciales  a su recorrido penitenciario. Este apartado es el más interesante desde el punto de vista histórico, ya que hay referencias a sus padecimientos en las cárceles franquistas. A partir de este momento desaparecen sus inquietudes intelectuales, se encuentra derrotado física y moralmente, y solo escribe frases escuetas. Las necesidades primarias se imponen y la única obsesión, ante tanta hambre, es la comida. Su estancia en la prisión de El Puerto de Santa María, primero en el periodo de cuarentena en las celdas y luego su internamiento en las brigadas, la describe así:

Admirable período de observación en celda el de esta prisión. No sabe uno si es un hombre, o si se ha vuelto una fiera. Lo que sí sabe con certeza es que se halla enjaulado y que por entre los barrotes de la jaula le será entregado el plato con una ración de rancho tan ligero y exento de grasas que le evitará las molestias de una indigestión. Durante los veinte o treinta días que viene a constituir este periodo, no se puede hablar, echarse de día sobre el petate, leer, escribir –como no sea una tarjeta semanal–, pasear, ni fumar. Dormir, en los meses de verano, puede hacerse cuando empieza a clarear el día, que es cuando las chinches emprenden la retirada –paredes arriba–  después de haberle chupado a uno la sangre toda la noche. Después la salida de celda y el pase a brigadas, o sea grandes dormitorios con numeración correlativa, y la vida de patio, o lo que es lo mismo, que se sale al toque de diana de la brigada y no se vuelve a entrar en ella hasta el toque de retreta.

El 9 de agosto de 1938, junto a una numerosa expedición de quinientos presos, Manuel Hernández fue conducido la prisión de El Dueso, en Santoña (Cantabria), adonde llegó el día 11 y permaneció más de tres años. Aquí su situación empeoró de manera considerable, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Hemos de tener en cuenta que en España el número de presos en 1940 alcanzó los 270.719, según las cifras aportadas por el propio Ministerio de Justicia. Para los internos en las cárceles, el hambre era una constante, con dietas hipocalóricas y menús basados en berzas forrajeras. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban casi abocados a la muerte.

En 1941 las cifras de mortalidad de los reclusos se dispararon hasta cotas nunca conocidas en la historia penitenciaria española. Es lo que el historiador Francisco Moreno Gómez ha llamado “Auschwitz franquista”. En la cárcel de Córdoba, de los 3.500 o 4.000 presos existentes ese año, fallecieron 502 por tifus y hambre. En la de El Dueso, en un solo día, el 9 de enero de 1941, hubo 53 muertos de hambre, según el historiador Eutimio Martín, y los fallecimientos aquí eran diarios. Con ese panorama tan dantesco, Manuel Hernández se encontraba con el cuerpo “agotado (…) por las privaciones excesivamente prolongadas y acosado por la miseria, triste, infinitamente triste”. Junto al hambre, el frío se convirtió en otro de sus sufrimientos. Era obligatorio que los grandes ventanales de la prisión, colocados a la altura de alrededor de un metro del suelo de las salas, estuvieran abiertos de par en par día y noche durante todo el año, incluso en época de inclemencias meteorológicas, lo que causaba enfriamientos y enfermedades pulmonares que muchas veces acaban con la vida de los reclusos. Los fallecidos por enfermedades y hambre eran enterrados en un cementerio visible desde el penal, situado en la playa aneja de Berria, en el que Manuel Hernández fija su mirada en reiteradas ocasiones. Los años 1941 y 1942 hacen mella no solo en su cuerpo, sino en su estado de ánimo, cada vez más abatido y fúnebre, según podemos extraer de su relato:

El año 1941 va tocando a su ocaso. He pasado otra Nochebuena más en este Penal del Dueso. Mala para mí porque ni el paquete con algún extraordinario familiar ha llegado a tiempo.

La “brigada” en que estoy tiene un ventanal muy amplio con vistas al mar. Este mar Cantábrico de furioso oleaje, que parece tener como fin único avanzar sobre la playa, para arrastrar hacia el abismo el pequeño cementerio donde yacen los que deben su liberación a la muerte. La avitaminosis que a pasos agigantados va depauperando y restando fuerzas a mi organismo me hace temer un fin desastroso entre esta gente ingrata que no me quiere bien, y a la cual aborrezco con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Y yo que lo creía incapaz de odiar!

Año de 1942. Día de Reyes, la noche que le sigue y el imborrable recuerdo de que hace dos años el simple hecho de acercarme a la ventana para satisfacer ineludible necesidad y el fusil disparado por el brutal automatismo de un centinela me hubieran costado la vida, al no detener y desviar la bala mi Ángel tutelar en forma de barrote de la ventana citada.

Quiero marchar de aquí. Quiero marchar de aquí, aunque sea sin perder la bochornosa calidad de preso en conducción, porque tengo frío, mucho frío, en esta isla apartada y neblinosa; y miedo de morir para ser enterrado en ese camposanto que las aguas de este enfurecido mar salpican, donde no puede uno tener ni la postrera ilusión de que su tumba florezca un día bajo las lágrimas de un ser querido (.) Por eso he solicitado –sin fuerzas apenas para sostenerme en pie– trabajar… en cualquier oficio, como ayudante de fragua, donde quiera que se me destine.

Manuel Hernández vio una salida a su penosa situación en el sistema de redención de penas por el trabajo, que las autoridades franquistas habían comenzado a aplicar en enero de 1939. Consistía en la explotación laboral del preso a cambio de un pequeño sueldo y de la rebaja del tiempo de prisión por día trabajado. Una de las modalidades de trabajos forzados eran las colonias penitenciarias militarizadas, y consiguió que lo destinaran a la 5ª Agrupación, que emplearía a 1.250 reclusos a partir de enero de 1942 en la reconstrucción de la academia de Infantería de Toledo. El 19 de enero salió, con varios más, en un viaje con diversas etapas hacia la Prisión Habilitada de Toledo, adonde llegó el día 30. El 2 de febrero recibió una “sorpresa inenarrable”: su condena se había revisado y se había reducido a 12 años, por lo que se empezó a formalizar el expediente de libertad condicional. El franquismo ya había iniciado en enero de 1940, con la creación de las Comisiones de Examen de Penas, un proceso de excarcelaciones, de concesiones de libertad vigilada y de indultos, debido entre otros motivos a la necesidad de mano de obra libre para la reconstrucción del país, a los importantes gastos que suponía el abultado número de presos y a la amenaza de colapso administrativo del organigrama judicial y penitenciario. El anuncio de que podría salir en libertad condicional, tras tantos años de presidio y padecimientos, llenó de inquietud e incredulidad a Manuel Hernández:

 ¿Será cierto? ¿No se tratará de una confusión de nombres? –me pregunto durante diez días seguidos–. Pasan días y más días, comiendo poco; y noches y más noches, durmiendo menos, unidos a la febril impaciencia de tales casos y a mi extrema debilidad, que me hacen temer que cuando la ansiada libertad llegue pueda ser tarde (…) Mi cuerpo se consume en la prisión, pero mi alma ya no está en ella. Vaga de aquí para allá, haciendo miles de proyectos con la erección de castillos que la ilusión crea y un recuento de posibilidades destruye, alternativamente.

La libertad le llegó el día 30 de mayo de 1942, cuatro meses después de que se la anunciaran. Antes de salir de la prisión escribió un par de párrafos de despedida, entre los que se encuentra este, en el que se define como un hombre con la conciencia limpia y como un patriota:

 No sé si terminará pronto mi vida; pero sí sé que cuando esto ocurra será fuera de esos antros ominosos en que ingratas convivencias contribuyeron a consumirla. Ni cuando antes entré, ni cuando ahora salgo, tenía ni tengo peso alguno en mi conciencia. Patriota era, y patriota soy (…) No llevo el corazón cargado de odios que lo empequeñecen, pero sí del más absoluto desprecio, tanto para los que han cercenado con su visible mala fe muy cerca de seis años del calendario de mi vida, como para los que durante el mismo tiempo hallaron gozo en mis amarguras.

 

Manuel Hernández, su mujer y sus hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar,Pilar (monja) y Guadalupe.

Manuel Hernández, su mujer y sus cinco hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar, Pilar (monja) y Guadalupe.

A primeros de junio de 1942, Manuel Hernández ya pudo reencontrase con su familia en el pueblo cordobés de Almodóvar del Río, adonde su mujer, oriunda de allí, se había trasladado con sus cinco hijos para buscar el amparo de sus padres. Según el testimonio, recogido en mayo de 2014, de su ya fallecida nuera, Ana Rodríguez Martínez, durante un tiempo padeció frecuentes cólicos, pues su organismo, golpeado por la falta de alimentos, soportaba mal una dieta normalizada. Para ganarse la vida, se dedicó a dar clases particulares (aunque era autodidacta, poseía una cultura muy elevada para la época), trabajó de escribiente en una empresa y se colocó como empleado de vías y obras de RENFE, en la estación sevillana de Los Rosales, situada en el municipio de Tocina. Su personalidad se volvió más introvertida, aunque siguió siendo muy cariñoso con los suyos, noble y ordenado. Se refugió en la lectura, en su afición a la música clásica y en sus retiros al campo. Murió en Almodóvar del Río el 7 de octubre de 1969, a los 75 años. Con la llegada de la democracia, su viuda, Pilar Muñoz Navas, solicitó en diciembre de 1977 al capitán general de la II Región Militar que le aplicaran a su esposo los beneficios de la Ley de Amnistía promulgada en octubre, lo que le fue concedido el 17 de enero del año siguiente.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en julio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en junio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

Aparte de las 23 páginas que Manuel Hernández redactó en la cárcel durante sus casi seis años de cautiverio, escribió otras 24 a los pocos días de que lo liberaran, en junio de 1942. Fueron un enorme desahogo vital porque, a pesar de que se encontraba muy débil por las penalidades y el hambre, quería contar, cuanto antes y ya sin censura carcelaria, lo que él realmente había vivido desde su llegada a Albendín en enero de 1935 hasta que salió de la cárcel en mayo de 1942. Estas páginas, que también tituló Páginas Confidenciales, tienen un valor histórico extraordinario, pues aportan fechas, personajes y datos recogidos por un testigo presencial que conservaba una memoria muy precisa y cercana a los hechos. En estas nuevas páginas, Manuel Hernández se nos muestra con unos fuertes principios morales, fiel a la República y conocedor de que la sublevación del 18 de julio era un movimiento ilegal. Como miembro de las fuerzas de orden público y servidor de la ley, sabía que las autoridades militares regionales o provinciales legalmente no podían declarar el estado de guerra, pues eso iba en contra del artículo 42 de la Constitución de 1931 y del capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933, que otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Por eso, no duda en calificar al golpe de Estado como “movimiento subversivo” y a sus seguidores como “rebeldes”. Era consciente, además, de que aunque la sublevación militar se producía con el pretexto de que había que evitar una supuesta revolución, lo que en realidad haría sería desencadenarla y romper la convivencia, y en eso no se equivocó.

Entre las informaciones más interesantes que aporta Manuel Hernández en estas nuevas Páginas Confidenciales se encuentran las relativas a la represión, aunque por desgracia no son las más detalladas. Las “instrucciones reservadas” previas que el “director” de la conspiración militar, el general Emilio Mola Vidal, había dado por escrito dos meses antes de la sublevación para que la acción golpista fuera en “extremo violencia” y para que se aplicaran “castigos ejemplares” encontrarían un amplio eco en Baena. Hasta ahora, en cuanto a crímenes masivos cometidos por los militares rebeldes conocíamos solo la matanza del día 28 de julio de 1936 en el Paseo, tras la entrada de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga, cuando se asesinó con un tiro en la nuca a decenas de vecinos obligados a permanecer boca abajo en el suelo de la plaza. Pero según el testimonio de Manuel Hernández hubo otra masacre similar, que ignorábamos, en la mañana del día siguiente, en el mismo sitio y con los mismos parámetros, contra muchos de los que habían estado apresados en el edificio del ayuntamiento.

Como testigo de los hechos, pues casi llegó a participar en un fusilamiento, Manuel Hernández nos habla de que el cuartel de la Guardia Civil de Baena se convirtió en un “centro policíaco” donde se apresaba, se torturaba y se decidía sobre la vida y la muerte, sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos de los que iban a ser asesinados. En los primeros meses de la guerra, los comandantes de puesto de la Guardia Civil, como el teniente Pascual Sánchez Ramírez, disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas y poseían la máxima autoridad en materia de orden público, sin tener que dar cuentas a nadie. Y en Baena no faltaron verdugos voluntarios entre militares, fuerzas de orden público y paisanos para colaborar en estas tareas. Con estos precedentes no es de extrañar, por tanto, y según mis investigaciones, que el número documentado de víctimas mortales de la represión franquista en Baena durante los tres años de guerra sea de 369 (una cifra mínima sujeta a futuras revisiones) en un pueblo que en aquella época tenía algo más de 23.000 habitantes, frente a las 99 vidas que segó la represión republicana. Por el momento, Baena, con al menos 447 muertos, es el cuarto municipio de la provincia de Córdoba en víctimas mortales causadas por el franquismo en guerra y posguerra, tras Córdoba capital, Puente Genil y Fuenteobejuna.

José María Herenas Guerrero, alcalde padáneo de Albendín, salvado por Manuel Hernández.

Mientras unos se dedicaban a matar, Manuel Hernández se jugó la vida por salvar a otros, como al alcalde pedáneo (José María Herenas Guerrero) y a la decena de directivos del Centro Obrero de Albendín, un pueblo a cuyos habitantes califica de “honrados, laboriosos y pacíficos” y a los que llena de elogios cada vez que los nombra. Es evidente que su inteligente actuación en la localidad y sus calculadas maniobras ante sus mandos superiores evitaron que Albendín sufriera la represión de los golpistas y se viera inmerso en un baño de sangre como el que padeció Baena en el trágico verano de 1936. La conducta humanitaria de Manuel Hernández en aquellos días estuvo movida por unos principios morales y políticos acentuados. Políticamente sabemos que era una persona de ideología republicana, lector del diario Ahora, un periódico que mantenía una línea de tono centrista moderado con la que comulgaba. De los valores morales que profesaba, cada cual puede sacar sus propias conclusiones tras leer sus Páginas Confidenciales.

Los escritos de Manuel Hernández, al igual que un par de fotos en las que aparece, me las facilitó en abril de 2014 su bisnieto, José Manuel Hernández Morales, que fue alumno mío en segundo de bachillerato y fue quien por primera vez me habló sobre su bisabuelo. Como de las páginas que escribió Manuel Hernández en la cárcel ya hemos dado cumplida referencia con anterioridad, a continuación solo reproducimos íntegras las que redactó al ser liberado en junio de 1942. Llevan notas al pie, elaboradas por mí, para ayudar a entender o explicar determinadas informaciones, muchas de ellas ya conocidas porque aparecen publicadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). Las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández González, en formato PDF, se pueden leer en este enlace.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

  • El guardia civil que salvó a sus vecinos de Albendín de una muerte segura, artículo publicado por El Plural el 30 de enero de 2015.
  • Reseña del libro sobre Manuel Hernández González, redactada por Rafael Pimentel Luque, publicada en la revista oficial Guardia Civil, nº 860, diciembre de 2015.
  • Tras la publicación en formato libro de las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández, la obra se ha presentado, con la colaboración de los respectivos Ayuntamientos, en Albendín (28 de diciembre de 2014), Baena (23 de febrero de 2015) y Almodóvar del Río (25 de febrero de 2015).
  • Con motivo de la presentación del libro en Almodóvar del Río elaboré, a partir de la bibliografía existente, un listado de víctimas de la represión en este municipio que puede consultarse en este enlace.
El autor, con la familia de Manuel Hernández González y el concejal de Cultura, en Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro sobre que recoge sus Páginas Confidenciales.

El autor (cuarto por la izquierda), con la familia de Manuel Hernández González (su nuera, Ana Rodríguez Martínez, ya fallecida, aparece al lado del autor) y el concejal de Cultura, Antonio Cobos (quinto por la derecha), en Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro que recoge sus Páginas Confidenciales.

Miguel Aceituno Jiménez: cartas, de Jaén a Rute, de un condenado a muerte en 1939

Miguel Aceituno Jiménez

Miguel Aceituno Jiménez

El jiennense Miguel Aceituno Jiménez trabajaba como tipógrafo y militaba en las Juventudes Socialistas Unificadas. Al estallar la guerra, se alistó como voluntario en las milicias republicanas y el 26 de mayo de 1937 fue nombrado comisario de guerra del 2º Batallón de la 74 Brigada, según el Diario Oficial del Ministerio de Defensa. Su padre, Miguel Aceituno Tapia, jefe de personal de la Delegación de Hacienda de Jaén, se suicidó arrojándose por la ventana cuando recibió, debido a un error burocrático, la noticia del fallecimiento de su hijo en el frente. En las milicias entabló amistad con dos ruteños emigrados a Madrid: el capitán Avelino Ruiz Tenllado y el teniente Justo Rodríguez Rodríguez, esposo y novio, respectivamente, de las hermanas Dolores y Manuela Reyes Marín, quienes también eran de Rute y residían en la capital desde el año 1931. Miguel Aceituno contrajo matrimonio civil el 23 de agosto de 1937 con una hermana de su amigo Justo, María (a la que llamaba Maruja), de 22 años. Como él estaba en el frente, Maruja se estableció en Jaén, y a finales de año se mudó a una casa alquilada en la viña de Berenguer, en Andújar, donde convivía con las hermanas Reyes Marín.

Durante los años 1938 y 1939 Miguel Aceituno estuvo destinado en Valencia, y allí le sorprendió el fin de la guerra como comisario político del partido comunista. En vez de regresar a Jaén, se dirigió con su mujer a Rute. Sólo llevaba dos días en el pueblo cuando lo denunció el falangista Agustinito “El Mellizo”, hermanastro de su amigo Avelino Ruiz Tenllado, pero tuvo la fortuna de que otro hermano de Avelino, Manolo, lo avisara la noche anterior, por lo que pudo huir con tiempo hacia el domicilio de su madre en Jaén, evitando así caer en las manos del teniente de la Guardia Civil Basilio Osado Labrador, comandante de puesto desde el verano de 1936, cuando la represión franquista segó la vida de al menos 47 vecinos. Miguel nunca más volvió a ver a su esposa. En Jaén se presentó ante la autoridad militar, que decretó su ingreso en la prisión del convento de Santa Úrsula, donde también estaban internados su hermano Luis, oficial del ejército republicano, y su amigo Eloy Aldiga (vicesecretario de la Agrupación Socialista de Rute en 1930). Tras sufrir crueles torturas en la cárcel, lo sometieron a consejo de guerra el 17 de junio de 1939. El fiscal solicitó la pena de muerte, que fue aceptada por el tribunal del Juzgado Militar nº 4. Su hermana Rosario intentó conseguir el indulto por mediación del general José Antonio Martín Prats, para el que había trabajado de criada, aunque sin éxito. Desde el convento de Santa Úrsula, Miguel Aceituno fue trasladado a la prisión provincial y de allí lo sacaron para fusilarlo a las 11 de la noche del 15 de noviembre de 1939. Tenía 24 años. Según testimonio de la familia, después de su ejecución se recibió la notificación de su indulto.

Sentados, Mª Antonia Rodríguez Ruiz y su esposo Leoncio Rodríguez Mangas. De pie, sus hijos María (Maruja) y Raimundo. En el centro, el pequeño Miguelín, hijo de María y de Miguel Aceituno Jiménez.

Sentados, Mª Antonia Rodríguez Ruiz y su esposo Leoncio Rodríguez Mangas, alcalde socialista del Frente Popular en Rute. De pie, sus hijos María (Maruja) y Raimundo. En el centro, el pequeño Miguelín, hijo de María y de Miguel Aceituno Jiménez. La foto está realizada en la posguerra.

Mientras Miguel Aceituno estuvo preso su esposa Maruja sufrió su calvario particular, aunque ella nunca se lo contó ni la censura se lo hubiera permitido. En Rute, le impusieron de castigo asistir a misa los domingos y limpiar todas las mañanas las letrinas del cuartel. Como se negaba, cada día el teniente Basilio Osado y una pareja de guardias civiles la traían desde su casa, siempre por el camino más concurrido, para que la viera la gente del pueblo. Llegó a oponer tal resistencia que incluso tenían dificultades hasta para trasladarla a rastras por lo que, de escarmiento, al día siguiente le daban aceite de ricino para que «expulsara el comunismo del cuerpo». Cuando llevaba tres años y dos meses soportando estas vejaciones, Maruja enfermó de tuberculosis. Entonces, presentó un certificado médico del doctor Alfonso Trujillo, fechado el 3 de julio de 1942, con el que consiguió que la dispensaran de realizar la limpieza en el cuartel, pero hubo de seguir cantando el Cara al sol todas las tardes y asistir a misa de 12 los domingos. Maruja trabajó de peluquera y bordadora; y nunca se volvió a casar. Murió en 1999 en Madrid, a donde había emigrado desde Rute en 1961.

Juan José Rodríguez Rodrígez, hermano de Maruja, fusilado el 18 de agosto de 1936

Juan José Rodríguez Rodríguez, hermano de Maruja, fusilado el 18 de agosto de 1936.

Miguel Aceituno dejó huérfano a su único hijo, Miguelín, quien me cedió una copia de la correspondencia escrita por su padre desde la cárcel cuando él apenas tenía 1 año de edad. Las 14 cartas abarcan desde el 14 de abril de 1939 –octavo aniversario de la proclamación de la II República española– al 11 de noviembre del mismo año, 4 días antes de que lo fusilaran. Todas van destinadas a su esposa Maruja, menos una que remite a su suegro (aunque se dirige a él como padre), Leoncio Rodríguez Mangas, quien había sido alcalde socialista del Frente Popular en Rute desde el 23 de marzo de 1936 hasta el golpe de Estado. Un hijo suyo, Juan José Rodríguez Rodríguez, secretario del PSOE local, había sido fusilado el 18 de agosto de 1936 por unos falangistas.

La colección de cartas de Miguel Aceituno aparece publicada en mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), 2ª edición, Ayuntamiento de Rute, 2007, páginas 143-165. En su correspondencia, Miguel Aceituno mostraba en principio una cierta confianza en la promesa de Franco de que quien no tuviera las manos manchadas de sangre no tendría nada que temer. Poco a poco asumió con resignación y con amargura, pero también con entereza y en ocasiones triste ironía, que la realidad se dirigía por otros derroteros. A continuación se reproducen, por orden cronológico, algunos párrafos de esas cartas:

-Ayer he hecho mi declaración ante el Sr. Juez y me comunicaron el auto de procesamiento. Los informes recogidos por ahí sobre mí parece ser que son muy buenos. Sólo me acusan de haberme marchado voluntario a las milicias, de haber pertenecido a las JSU antes del movimiento y por el cargo que he tenido en el Ejército rojo. Pero como es natural no pueden acusarme de haber cometido el menor delito común o cosa parecida. Así que como ya te he dicho otras veces espero con la mayor tranquilidad que se celebre el juicio, que ya espero no tarde mucho (…). Así que tú tampoco tienes por qué apurarte, sino al contrario debes alegrarte pues muy pronto se aclarará mi situación y todo quedará mejor de lo que os figuráis. Claro que con esto no quiero decirte que te hagas ilusiones insensatas y creas que dentro de unos días voy a estar en la calle. Nada más lejos de mi ánimo que quererte comunicar alegrías infundadas que cuando se desvanecen amargan más que las peores penas. Pero sí debe quedarte la satisfacción de que se pondrá en claro la conducta honrada y humana que por mi parte he observado siempre, y con la cual siempre podremos presentarnos con la frente alta en todos sitios y con todos los regímenes. Así que recobra tu tranquilidad, y en lo posible tu alegría, y ten la seguridad de que nada me puede ocurrir y que aunque me condenen a más o menos años, llegará el día en que nos podamos reunir para siempre, cosa que ansío y que constituye toda mi ilusión y me felicidad. (5 de junio de 1939)

-…Mi madre de una forma o de otra se las arregla para que nada me falte. No puedes figurarte hasta donde llega su sacrificio, pues su vida entera sólo la dedica a mí y a cuanto pueda necesitar. A pesar de su entereza la pobre sufre tanto que está desconocida y parece como si le hubieran echado encima 20 años. Lo único que sentiría sería no poder pagarle sus inmensos desvelos (…) En cuanto al retrato de nuestro Miguelín (…) La abuela dice que es mi retrato de cuando pequeño y sé que lo tiene horas enteras entre las manos y llora mucho ante él. (…) Sé que personas muy influyentes, militares y civiles de Jaén, se están interesando por mí; pero también debo decirte que hay otros que quieren hacerme daño, y entre este estira y afloja me encuentro yo, impasible, esperando ver quién puede más, si Caín o Abel, aunque todos y yo también esperamos que Abel (aunque sólo sea por una vez en la historia) venza a Caín. (29 de agosto de 1939)

-Yo quisiera que te convencieras de que no se trata de llorar estos momentos, ni mucho menos. El que llora sus penas es porque se arrepiente de sus obras. Y tú sabes demasiado que ni tú ni yo tenemos de qué arrepentirnos, pues ningún hecho delictivo hemos cometido. Por lo tanto, al no tener de qué arrepentirnos no (tenemos) por qué derramar una lágrima de arrepentimiento. No hemos atentado contra nuestra Religión ni contra nuestra patria. Sino al contrario, nunca, nosotros dos, ni en los periodos más difíciles del régimen rojo hemos olvidado los deberes que nos enseñaron nuestros padres. Por esto, aunque hoy pasamos por una situación difícil, a pesar de todo, en lo que respecta a mí, las autoridades no han podido menos que reconocer esto, y en este reconocimiento que todos han hecho de las cosas cifro mis esperanzas de que no ocurrirá nada irreparable, y si por desgracia ocurre me iré tranquilo de no haber hecho nada de que tenga que arrepentirme. Así que como te digo antes no hay por qué lagrimear, ni por qué mostrarnos llorosos ante nadie. Aceptemos las cosas tal como se presentan, confiemos en Dios, en nuestra honradez y en la justicia pero mantengámonos siempre serenos y tranquilos. Borra las lágrimas de tus ojos y que no vuelvan a aparecer. (2 de octubre de 1939)

-(…) Supongo que habrás leído en la prensa que con motivo del “Día del Caudillo” han sido concedidos muchos indultos y que se rebajará la pena impuesta a los que no sean responsables de delitos de sangre, y como yo no estoy mezclado en absoluto en esa clase de delitos, sino que sólo tengo los cargos que he tenido en la guerra, esto es un factor más que me favorece. Así que tiene que venir muy mal el asunto para que no se arregle lo mejor posible. Aunque sin hacerme muchas ilusiones que a lo mejor la realidad derrumba, creo que gracias a la generosidad de Franco en su día podemos tener algunas esperanzas y creer que no ocurrirá nada irreparable. Pero, como otras veces te he dicho hay que hacerse el ánimo a todo, y si vienen las cosas mal a aguantarse y soportar la mala suerte. (4 de octubre de 1939)

-Aunque no hace muchos años que me conoces, tú sabes que a mí siempre me ha considerado la gente como una persona muy buena; y aun mis mayores adversarios políticos (que son los únicos que he tenido) han dicho de mi siempre: “Sí, tiene ideas un poco izquierdosas, pero es muy buena persona”. Y así siempre, desde muy pequeño. Claro, tanto decirme siempre la misma canción termina uno por aburrirse, y no gustarle tanta bonanza, pues termina uno por parecer tonto de parecer tan bueno. Así que cuando algunas veces (muy pocas) le decían a uno pillo o pícaro, o algo así por el estilo, no puedes figurarte lo ancho que me ponía y cuánto me agradaba. Pero figúrate cuán agradable sería mi sorpresa cuando un día se me encara un señor y me dice “V. es un revolucionario terrible, V. es una mala persona” etc. etc. Créeme que sentí interiormente una sensación satisfactoria y me dije: “Por fin, por fin he encontrado a alguien que me tome en serio, y creo que la verdad soy muy malo”. Miré a aquel señor, esbozando una leve sonrisa, como diciéndole “Muchas gracias, acaba V. de hacerme un hombre, pues hasta ahora sólo he sido un buen chico”. Y como la felicidad en la tierra dura muy poco, el señor, como comprendiéndome, y no queriendo que mi satisfacción durara mucho termina por decirme: “No se ría, me he informado y sé que usted no es nada de eso que le he dicho, pero es necesario que siga siendo tan buena persona como hasta ahora y…” etc. etc. Figúrate cual sería mi desilusión al ver que ni aun ahora que he sido condenado a la última pena he podido ser considerado como un mal individuo, pues hasta en mi expediente era “es persona de buenos antecedentes y conducta, pero de ideas izquierdistas muy acusadas”. Así que mis viejas ilusiones hasta última hora han fracasado. Está visto que tendré que morir siendo bueno, y esta es mi mayor desgracia. (20 de octubre de 1939)

-Acabo de recibir la tuya del 22 por la que veo te agrada escriba en plan humorístico, pero no creas que ello es debido a que sepa nada sobre mi negocio, sino que es que por lo regular aquí estamos siempre de buen humor. Sobre todo ahora que todos los domingos nos habla el padre cura y nos dice que a pesar de todos nuestros pecados es muy probable que la justicia humana nos perdone, pero que si no fuera así, de todos modos Dios nos perdonará y subiremos al cielo. Así que aunque hay un refrán que dice que la confianza mata al hombre, nosotros estamos confiados y tranquilos, pues de cualquier forma estamos seguros de que por lo menos en la otra vida seremos felices. (29 de octubre de 1939)

-El asunto está muy próximo a resolverse y creo que será bien resuelto dentro de lo que cabe. (11 de noviembre de 1939, 4 días antes de que lo fusilaran).

Miguel Aceituno Rodríguez (en el centro, con una carpeta en la mano), en la inauguración de un monumento a las víctimas de la represión franquista en Rute (18 de julio de 2006).

Miguel Aceituno Rodríguez (situado en el centro, con una carpeta en la mano), en la inauguración del monumento a las víctimas de la represión franquista en Rute (18 de julio de 2006).

Cuando me entregó la correspondencia, Miguel Aceituno Rodríguez me advirtió que no encontraba la última carta que había redactado su padre. El 2 de mayo de este año me escribió para enviármela. Lleva fecha de 11 de noviembre de 1939, cuatro días antes de que lo fusilaran. Ese día Miguel Aceituno Jiménez mandó al menos dos cartas. Una, que ya conocíamos, a su mujer, Maruja. La otra, inédita hasta el momento, va dirigida a su suegro Leoncio Rodríguez, y en ella habla con gran entereza de su “traslado”, que es la manera eufemística de llamar a su muerte. Publicamos aquí parte del mensaje que me envió Miguel Aceituno Rodríguez junto a la carta, la transcripción de la misma y una copia en formato original.

Extracto del mensaje de Miguel Aceituno Rodríguez:

No sé si te acuerdas de que te decía que en las cartas de mi padre faltaba una, quizá la más importante, la que envió a mi abuelo cuatro días antes de ser fusilado. Esa carta por fin ha aparecido. Cuando la he leído de nuevo es tal como yo la recordaba. Pensaba que ya estaba curado de todo lo que he vivido, sin embargo esta carta me ha removido todos los recuerdos de mi madre. Sé que ella no la conoció hasta unos años más tarde, pero si a mí 75 años después me invade esta tristeza, pienso en lo que sería para ella.

La carta en sí es algo impresionante: la aceptación que hace de su injusto destino, así mismo el encargo que hace a mi abuelo para que a mi madre le haga la vida más fácil y que encuentre la felicidad que se merece, que él no pudo darle. En ese momento tenía 24 años.

Por algunas de las cartas sabrás que mi madre no pudo ir a verle en los seis meses que estuvo en la cárcel. El teniente Basilio Osado no se lo permitió y la amenazó con meterla en la cárcel si salía de Rute. Mi padre siempre le contestaba a su deseo de ir que de ninguna manera fuera a verle porque cuando se marchara sería muy duro para él. Los dos se mentían mutuamente. Mi madre no podía ir a verle, sin embargo le decía que lo haría para animarle. Ella nunca le contó el calvario de condena que tenía de ir al cuartel todos los días a limpiar las letrinas y mi padre no quería que le visitara porque desde los primeros interrogatorios que sufrió quedo desfigurado y posiblemente no llegaría ni a reconocerlo.

Esto de mi padre lo he sabido cuando al cabo de los años encontré a su familia. Me contaron que en la prisión también estaba su hermano Luis, hecho que yo sabía, y este era quien les informaba de lo que allí pasaba y los escarnios a que sometían a mi padre. El ensañamiento con él fue tal que un día su hermano se cruzó en un pasillo de la cárcel con cuatro guardianes que llevaban a un preso sin conocimiento y ensangrentado y no conoció a  su hermano. Cuando comentó en el patio lo que había visto y le dijeron que era su hermano, salió corriendo a la enfermería pero no lo dejaron entrar.

Transcripción de la última carta de Miguel Aceituno Jiménez:

P.P. [Prisión Provincial] Jaén 11-11-39

Mi querido padre Leoncio: Como ya digo a Maruja mi mayor deseo es que el recibir esta se encuentren bien todos Vdes., yo sigo bien por aquí.

Le dirijo estas líneas para decirles que de un día a otro estoy esperando se solucione mi asunto. Seguramente que para cuando deba contestar a la suya próxima ya estará arreglado. Y la realidad es que no tengo gran confianza en que se arregle bien. Caso de que sea así, de que se arregle lo mejor posible, se lo comunicaré en cuanto lo sepa y de lo contrario me iré donde ya han trasladado a la mayoría de mis amigos y compañeros.

Ya sé que no tengo que decirles que miren por Maruja y nuestro hijo, pues Vdes. lo harán sin que yo tenga que pedírselo, y por eso me voy completamente tranquilo. Procuren darle a mi Miguelín una educación adecuada, conforme a la situación y criterio de Vdes. Y si algún día Maruja quiere formar un nuevo hogar digno de ella, no se lo estorben, sino al contrario, ayúdenle en ello. Por lo demás estén tranquilos, pues hasta el último minuto sabré ser lo que he sido siempre; crean que en verdad todo esto no me afecta gran cosa.

No digan a Maruja nada de esto hasta que sepan con certeza que me han trasladado.

Reciban todos Vdes. Muchos abrazos de su hijo que no puede olvidarlos nunca.

Miguel.

Carta en formato original:

ULTIMA CARTA DE MI PADRE

Documentación de interés:

Carta escrita en enero de 2007 por Miguel Aceituno Rodríguez a su abuelo Leoncio Rodríguez Mangas, alcalde socialista del Frente Popular en Rute, con motivo del cincuenta aniversario de su fallecimiento. Se puede leer en este enlace.