Listado de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena. La fosa común del cementerio

En Lucena, el golpe militar contra la República se concretó a las 5 de la mañana del día 19 de julio de 1936, cuando el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Recluta y ejercía de comandante militar, emitió el bando de guerra. La represión comenzó esa madrugada con las detenciones practicadas por la Guardia Civil, dirigida por el teniente Luis Castro Samaniego, en el ayuntamiento y en la Casa del Pueblo, y las realizadas con posterioridad en varios domicilios de la población. Los detenidos quedaron internados en el cuartel de la Guardia Civil, en la cárcel municipal de la plaza del Coso y en otra pequeña prisión, situada en la calle Quintana, conocida popularmente como “La Higuerilla”. Durante los días 18 y 19 de julio se encarceló a unas doscientas personas, pero como el número de arrestados no dejaba de aumentar, el día 24 las autoridades militares habilitaron como cárceles el convento de San Agustín y el claustro y las escuelas del convento de los franciscanos, a los que se añadió en el mes de agosto como lugar de presidio la antigua plaza de toros. En total, seis cárceles para una ciudad que en aquel momento rondaba los treinta mil habitantes. Desde estos centros de reclusión, muchos de los detenidos fueron trasladados al cementerio y a otros lugares del término municipal o a Córdoba capital para ser fusilados y enterrados en fosas comunes.

Cuantificar la represión franquista en Lucena es tan dificultoso como en el resto de España, ya que un buen número de víctimas mortales no ha dejado ningún rastro en la documentación oficial de los libros de defunciones del Registro Civil o de los libros de enterramientos de los cementerios. Ello se debe a que desde el primer momento hubo un enorme interés en esconder la represión, algo que siempre han procurado las dictaduras a lo largo de la historia. Además, el miedo, el desconocimiento, las dificultades burocráticas y la emigración a otros lugares impidieron o dificultaron que los familiares de los asesinados pudieran inscribirlos en el Registro Civil, que es la fuente imprescindible para el estudio de los fallecimientos en una localidad.

Las inscripciones de fusilados en el Registro Civil de Lucena se realizaron fuera del plazo legal, muchos años después de que se produjeran las muertes. Durante los tres años de guerra solo se anotaron cuatro asesinados en el Registro. El primer fusilado lucentino no se asentó hasta el 22 de noviembre de 1937 y hubo bastantes inscripciones a partir de 1980 (un 15,87% del total de inscritos) acogiéndose a la Ley de 18 de septiembre de 1979 sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Todo esto justifica que existan personas fusiladas anotadas dos veces en el Registro o a la vez en Córdoba capital y en Lucena.

El Registro Civil de Lucena es poco fiable en relación al número de fusilados, el lugar y la fecha de su muerte, o su profesión, unos datos que muchas veces se falseaban. A la vez, son frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “apareció muerto por herida de arma de fuego a consecuencia de los sucesos del Glorioso Alzamiento Nacional”. Todas estas carencias explican que en el Registro estén inscritas solo 69 víctimas mortales de la represión franquista en el municipio de Lucena mientras que otras 63 (47,73% del total) nunca se llegaron a anotar. Los nombres de estas últimas se han obtenido a través de testimonios orales y de una ardua tarea de investigación histórica continuada en el tiempo. Por ejemplo, en el mes de marzo de 2021, gracias a los testimonios de dos bisnietas, hemos podido completar el segundo apellido de un vecino fusilado de Las Navas del Selpillar, Antonio Cabezas Córdoba, y añadir un nuevo nombre, Galo Pérez, a las víctimas mortales de Lucena.

Las inhumaciones de los asesinados se practicaron de manera irregular en fosas comunes. En el cementerio de Lucena se abrió una gran zanja donde se enterraba a los fusilados, separados por tandas de tierra y cal. A otros los enterraban en el mismo sitio donde los habían asesinado: Alameda de Cuevas, cuesta de los Balandranes, carretera de Cabra, pilar de la Dehesa, Paredes de Uñate, cortijo Angulo, etc. Por ello, en los libros de cementerio solo consta en el periodo de guerra civil el enterramiento de dos fusilados: José Onieva Sánchez (4 de agosto de 1936) y Matías Soria Jiménez (8 de febrero de 1938), este último fusilado tras un consejo de guerra sumarísimo. Frente a la política de las autoridades de borrar las huellas de la represión, los deseos de las familias por recuperar los cuerpos de los asesinados para darles digna sepultura resultaban muy arriesgados durante la contienda. Una familia lucentina nos informó de que intentó rescatar el cadáver de uno de sus miembros pidiendo ayuda a un médico falangista, sin embargo este respondió con amenazas y les advirtió de “que no se les escuchara llorar”.

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Última foto localizada de un fusilado lucentino: Marceliano Izquierdo Izquierdo, secretario del Ayuntamiento.

A partir de agosto de 1936 en Lucena los fusilamientos se cometieron de forma masiva y colectiva, una circunstancia que no recogen los libros de defunciones del Registro Civil. Por ejemplo, el día 5 de agosto asesinaron a cinco jóvenes, que hemos conseguido identificar con nombres y apellidos, en la finca de la Alameda de Cuevas, situada a la izquierda de la antigua carretera en dirección a Monturque. Muchos testimonios orales nos aseguran que en la madrugada del 19 de agosto –quizás como una forma macabra de conmemorar el primer mes de la rebelión militar– asesinaron a veinticinco personas en el cementerio, mientras el Registro solo recoge el nombre de dos. Lo cierto es que, según las informaciones recabadas de las familias, algunos de los inscritos en el Registro en otras fechas habrían muerto en realidad el día 19. Además de la matanza del día 19, no nos faltan testimonios de otras: un testigo presencial contó veintitrés fusilados en la cuesta de Balandranes en un solo día y otro vio cinco fusilados en las paredes del cementerio en la madrugada del día 25 de septiembre (en el Registro Civil solo hay datos de uno). En Córdoba capital también cayeron inmolados al menos 32 lucentinos que fueron enterrados en los dos cementerios de allí. Por ejemplo, en el mes de noviembre de 1936, según los expedientes personales de prisión de los finados que se conservan en el Archivo Histórico Provincial, ocho lucentinos murieron el día 12, cuatro el 13, siete el 14 y dos el 20.

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Monolito inaugurado el 1 de julio de 2005 en cementerio de Lucena en recuerdo de las víctimas de la represión franquista.

El único vestigio visible que simboliza la represión franquista en el cementerio de Nuestra Señora de Araceli de Lucena es un monolito que se inauguró el 1 de julio de 2005 con los nombres de los 123 fusilados y muertos en las cárceles conocidos hasta ese momento (su número real ha aumentado a 137, 14 más, tras sucesivas indagaciones en estos últimos años). Se construyó con la aportación económica del Ayuntamiento y las ayudas que entonces concedía la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en materia de recuperación de la Memoria Histórica. Aunque debajo del monumento no se encuentran restos humanos, desde entonces ha servido de lugar de memoria y se ha convertido en un espacio donde las familias han podido honrar a sus seres queridos, rezar y llevarles flores. En una sociedad de raíces cristianas como la nuestra, en la que la tradición cultural conlleva que los difuntos se inhumen de manera digna en camposantos e identificados con sus nombres en lápidas, es evidente que este monolito ha reconfortado a los familiares de las víctimas, ha atenuado el dolor de sus heridas y se ha erigido en un símbolo de encuentro y reconciliación.

En enero de 2016, algunos familiares de los asesinados en Lucena durante la Guerra Civil me solicitaron un informe histórico sobre la existencia de una posible fosa común en el cementerio. Según los datos que ellos poseían y las informaciones que yo había aportado con anterioridad en mis publicaciones, había suficientes indicios para considerar que a sus seres queridos los enterraron en algún lugar del camposanto. Las familias adjuntaron mi escrito a la petición que realizaron al mes siguiente a la Dirección General de Memoria Democrática, con la finalidad de que este organismo, dependiente en aquel momento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, activara los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil. Medio año después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó que Lucena se encontraba entre las 37 localidades en las que se iniciaría el proceso de indagación, localización, exhumación e identificación genética (si procedía) de las víctimas, aunque en aquel momento se desconocía si con posterioridad estas fosas se habían exhumado, destruido o reutilizado.

Trabajos de construcción, en el año 1927, de las tumbas individuales que se utilizarían como fosa común en el cementerio de Lucena durante medio siglo. Se puede observar, a la derecha, el abultado montón de huesos extraídos durante las labores de excavación.

El 9 de enero de 2017 comenzaron las labores para localizar los restos de los fusilados en el cementerio de Lucena. El equipo técnico estuvo dirigido por el profesor de la Universidad de Granada Francisco Carrión Méndez, y con él, junto a otros voluntarios, colaboraron de manera altruista durante varias semanas cuatro lucentinos graduados o licenciados en Historia (Miriam Sánchez Santiago, Miguel Ángel Toledano Cantero, José Alberto Delgado Arcos y Víctor García Martínez). Los resultados fueron infructuosos tras ocho semanas de trabajo y la exploración del 54 % del terreno donde se podrían situar las fosas. La falta de localización en aquel momento pudo deberse a que los fusilados se hubieran inhumado, al igual que millares de lucentinos, en algunas de las más de 300 tumbas individuales de ladrillo y hormigón construidas en 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, y que se reutilizaron como fosa común hasta los años setenta del siglo XX. Con una profundidad que en muchas ocasiones supera los cuatro metros, en cada una se apilaban varios cuerpos, unos encima de otros, que cada varios años se exhumaban y se arrojaban al osario. Así se dejaba paso a nuevos enterramientos, ya que en aquellas fechas la mayoría de los lucentinos no tenía recursos económicos para sufragar una tumba propia y era el Ayuntamiento quien asumía ese servicio.

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Labores de excavación en el cementerio de Lucena en diciembre de 2017.

Ante la primera falta de resultados, el 6 de noviembre de 2017 comenzó una nueva búsqueda en el cementerio, dirigida por el mismo equipo del profesor Francisco Carrión, que excavó o sondeó mediante catas el 98% del terreno. Las labores se prolongaron durante el mes de diciembre y culminaron con el hallazgo de los restos de cinco varones, con una edad entre los 35 y los 53 años. Todos sufrieron palizas y torturas antes de ser asesinados, pues presentaban múltiples fracturas en costillas, antebrazos, clavículas o húmeros. Los cuerpos aparecieron en una misma tumba, enterrados en cal viva en tres niveles, uno en el más superficial y dos en cada uno de los niveles restantes. Estos cuatro últimos no murieron fusilados, sino de un solo disparo en la cabeza. Desconocemos en este momento (abril de 2021) si el proceso de identificación genética de los restos hallados ha culminado con éxito, pues a varias familias se les tomaron pruebas de ADN con la intención de confrontarlo con el de los huesos encontrados.

La lista de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena que publicamos a continuación comenzó a elaborarse en 1997 y desde entonces su número y la información que poseemos sobre los fallecidos han aumentado considerablemente, como se puede comprobar a través de los libros que he ido publicando y de los artículos de este blog, donde aparecen historias y fotografías de bastantes de ellos. Si en 1997 hubiéramos decidido no investigar sobre este asunto y seguir el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas de la represión fueron muchas menos de las que en realidad son, con lo que habríamos hecho un flaco favor a la verdad histórica y al derecho que tienen las sociedades a conocer su pasado. Según los datos que poseemos en la actualidad, y que podrían variar en cualquier momento, la represión causó en la localidad de Lucena durante la guerra 98 muertos, a los que hay que sumar 21 en la aldea de Jauja y 11 en la de Las Navas del Selpillar, lo que nos da una cifra total de 130 víctimas para el municipio (hay otras tres dudosas). Además, seis forasteros cayeron fusilados en el término municipal. Por último, en la posguerra murieron en las cárceles al menos otros siete lucentinos por hambre, enfermedades y privaciones. Los nombres de todos ellos aparecen detallados en las páginas de este enlace.

 

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Antonio González Merino (izquierda) y su primo Rafael González Polonio, residentes en la provincia de Barcelona y ambos ya fallecidos, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión en el cementerio de Lucena. La foto se tomó durante la visita que realizaron en mayo de 2010 para depositar flores a los pies del monumento, donde aparecen los nombres de sus padres, los hermanos Juan y Manuel González León, nacidos en Lucena y fallecidos en 1942 y 1941, respectivamente, en el campo de exterminio nazi de Mauthausen (Austria).

Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después

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Juan Zafra Raigón, desaparecido cuando lo detuvieron en Montilla en 1936.

En diciembre de 2015, Miguel Guillén Burguillos me escribió un mensaje de correo electrónico desde Mataró (Barcelona), su ciudad de nacimiento y de residencia. Miguel procede de una familia de emigrantes andaluces afincados en Cataluña en los años sesenta del siglo pasado. Por parte de madre, su abuela Gabriela era originaria de Montilla y su abuelo Antonio de Lucena. Había leído mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), y me pedía ayuda para localizar a uno de los hermanos de su abuela, Juan Zafra Raigón. Lo habían detenido en Montilla, que había quedado en manos de los golpistas desde el 18 de julio de 1936, y desde entonces estaba desaparecido. Por tanto, desconocían si había sido fusilado o había conseguido sobrevivir. La única noticia, confusa y poco creíble, sobre su posible paradero les vino de otro hermano, Antonio, que se exilió en 1939 en Francia y estableció allí su residencia definitiva hasta su muerte. Al intentar recabar información en tiempos de Franco en un consulado español en Francia, le dijeron que los datos que poseían sobre Juan eran confidenciales, así que la familia creyó –aunque sin ningún fundamento que lo avalase– que podría estar refugiado en Suiza.

Desgraciadamente, no pude ayudar a Miguel Guillén en la búsqueda de su tío abuelo por las enormes dificultades que presenta la investigación de este caso. Además, su nombre no está incluido en la lista de los 148 víctimas mortales que tenemos catalogadas hasta el momento de la represión franquista en Montilla ni entre los 438 vecinos –Montilla tenía unos 19.500 habitantes en 1936– que sufrieron internamiento en cárceles u otras formas de represión durante la guerra y la posguerra. En consecuencia, Juan Zafra Raigón continua siendo en este momento una de las muchas decenas de miles de personas desaparecidas, de las que no se tiene constancia de su paradero ni se ha encontrado su cadáver, a consecuencia de la represión franquista durante la contienda civil.

Antonio Burguillos Serrano.

Antonio Burguillos Serrano en una fotografía de la década de 1970.

En la primera conversación telefónica que tuvimos sobre este asunto, Miguel Guillén me contó otra historia. Como su abuelo materno, Antonio, era lucentino, había leído también mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939. En él, a Miguel le había llamado la atención que entre la lista de fusilados en 1936 apareciera Manuel Burguillos Serrano, que se apellidaba igual que su abuelo y cuya fotografía mostraba un enorme parecido físico con él mismo, según apreciaron con sorpresa hasta sus propios padres. Me pidió, por tanto, si podría averiguar si ese hombre podría ser hermano de su abuelo, quien les había contado que tenía un hermano y una hermana en Lucena pero nunca les dio información sobre ellos. Su abuelo se había marchado solo, sin su familia, a trabajar desde Lucena a Montilla con menos de 20 años, a finales de la década de 1920. En 1965, junto a su mujer, Gabriela, y sus hijos, había emigrado a la localidad barcelonesa de  Mataró, donde murió en 1976, con 66 años.

Manuel Burguillos Serrano.

Manuel Burguillos Serrano, concejal en 1931 y vicepresidente del PSOE de Lucena en 1936.

El presunto hermano de Antonio, Manuel Burguillos Serrano, había nacido en Lucena el 11 de marzo de 1905. Tenía una formación autodidacta y era jornalero de profesión, por lo que sufrió las miserables condiciones de vida de los trabajadores del campo andaluz de los años veinte y treinta del siglo pasado. A través de su propia experiencia vital, de su talante generoso con los que aún eran más pobres que él y de las tertulias organizadas en el patio de su casa, al calor de la lectura del periódico El Socialista, tomó conciencia de la necesidad de combatir las injusticias de su tiempo. El salto de Manuel Burguillos al Consistorio local se produjo en las elecciones del 14 de abril de 1931, al resultar elegido concejal en la triunfante candidatura republicana, que obtuvo en Lucena el 64,82% de los votos frente al 35,18% conseguido por los monárquicos. Solo dos días después se proclamaba la II República en toda España. Su labor como concejal socialista en el Ayuntamiento se puede resumir en tres ejes prioritarios: defensa a ultranza de los derechos y de la dignidad de la clase obrera, reivindicación del laicismo y denuncia constante de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que se oponían a las reformas del régimen republicano. El 15 de octubre de 1934 la Corporación Municipal lucentina fue destituida de manera arbitraria por el gobernador civil y Manuel Burguillos dejó de ser concejal. A partir de entonces su actividad política se centró en la agrupación local del PSOE, de la que llegó a ser vicepresidente en 1936.

Foto Manuel Burguillos (Libro familia 2)

Manuel Burguillos, cuando tenía 27 años.

La rebelión militar del 18 de julio 1936, que triunfó en Lucena ese mismo día, tuvo trágicas consecuencias para Manuel Burguillos. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas –en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes– y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes. De los concejales socialistas elegidos en las elecciones de 1931, al menos cuatro serían pronto fusilados: Rafael Lozano Córdoba (de 72 años), Antonio Palomino Luque, José López Antequera y Manuel Burguillos Serrano. El 27 de julio unos falangistas se presentaron en la casa de Manuel Burguillos, en el número 52 de la calle Rute. Al no encontrarlo allí, pues se hallaba trabajando, le dejaron el aviso de que se personase ante la autoridad militar “solo para hacerle unas preguntas”. Cuando regresó, su esposa, consciente del peligro que se cernía sobre él, le propuso la huida hacia Jaén, que se encontraba en zona republicana. Él se negó, alegando que no había cometido ningún delito y que su conciencia estaba tranquila. Se presentó a la citación y quedó detenido en el acto. Su confianza en las buenas intenciones de sus verdugos le traicionó. Estuvo internado en el convento de San Francisco, convertido en prisión, y en la madrugada del 19 de agosto de 1936 lo fusilaron, junto con veinticuatro personas más, en las tapias del cementerio de Lucena. Tenía entonces 31 años. Dejó dos huérfanos, Antonio, de tres años, y Carmen, próxima a cumplir los dos.

Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

En una foto de cuando tenía 23 años, Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

Recabando datos para mi libro sobre Lucena, logré entrevistar en los meses de marzo y abril de 1997 a la viuda de Manuel Burguillos, Luisa Baena Mármol, quien ya había cumplido los 88 años y parecía una mujer muy vivaz. En la conversación definió a su marido, con el que se había casado el 30 de abril de 1932, como un hombre inteligente, bueno y, sobre todo, cariñoso. Se apreciaba que había estado muy enamorada de él y era evidente que se sintió bastante reconfortada e ilusionada aportando sus recuerdos. A pesar del tiempo transcurrido desde la guerra, mantenía una memoria prodigiosa. Aún se emocionaba, hasta llegar a las lágrimas, enumerando los nombres de varios fusilados –entre ellos un primo hermano– y contando que escondió en su propia casa a tres hermanos (Rafael, Miguel y Antonio Sánchez) para evitar su detención en una de las numerosas redadas acontecidas en la calle Rute. Como nota curiosa, he de señalar que en la pared del rellano de la escalera de su antigua vivienda todavía conservaba un cuadro con la imagen de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y del sindicato socialista UGT, que había conseguido ocultar detrás de una lámina de la Virgen durante la guerra y la dictadura de Franco. Condicionada por sus trágicas circunstancias familiares y aconsejada por el cura de la parroquia del Carmen, Luisa se volvió a casar el 27 de noviembre de 1939, tuvo tres hijos más (Luis, Araceli y Ana), perdió el contacto con la familia de su antiguo marido y enviudó de nuevo en 1970. Murió el 8 de noviembre de 1999, dos años después de que yo la entrevistara.

Dos meses antes de que me escribiera Miguel Guillén desde Mataró, conocí a un nieto de Manuel Burguillos Serrano, de igual nombre y primer apellido, porque se me presentó por la calle. Me habló de que estaba interesado en localizar y exhumar los restos de su abuelo –una solicitud que ya ha cursado a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía– y nos intercambiamos los números de teléfono. Esta casualidad permitió que pudiera consultarle las dudas que me planteaba Miguel Guillén. Miguel sabía que los padres de su abuelo se llamaban Araceli y Antonio. Manuel buscó en el libro de familia de su abuelo y los padres se llamaban igual. También preguntó a su tía Carmen, y ella le dijo que mantenía un recuerdo lejano de la existencia de un tío en Montilla. Miguel me envió también una foto de su abuelo Antonio que fue determinante. En cuanto Manuel la vio, descubrió el enorme parecido físico con su padre, Antonio, ya fallecido. El misterio estaba resuelto: Manuel y Antonio Burguillos Serrano eran hermanos. A los pocos días, la curiosidad llevó a Miguel, politólogo de profesión, a realizar otro descubrimiento importante: encontró en el diario ABC una nota mortuoria de Araceli Burguillos Serrano, de 88 años, fallecida el 23 de abril de 1996 en Madrid, el lugar donde su abuelo les había referido que había emigrado su hermana.

La pregunta que surge de inmediato es por qué Antonio Burguillos Serrano nunca hablaba de su hermana ni de su hermano fusilado en Lucena. El origen podría estar en su personalidad callada, hermética y dedicada al trabajo. O puede que ese silencio se debiera al desarraigo familiar, al deseo de olvidar, al miedo, a tratar de evitar que sus hijos pudieran correr la misma suerte que su hermano por “meterse en política” o a cualquier otro motivo desconocido. Tampoco sabemos si ese silencio, en una persona de ideología socialista, fue voluntario o forzado por determinadas circunstancias. Sea como fuere, el olvido y el pasado familiar oculto del abuelo han sido sustituidos ahora por la memoria de uno de sus catorce nietos. Al menos, en este caso, una historia que hunde una parte de sus raíces en el drama represivo de la guerra civil española tiene un final feliz. Esta semana, solo cuatro meses después de que me escribiera, Miguel Guillén Burguillos visita Lucena por primera vez en su vida para conocer el lugar donde nació su abuelo y donde aún viven los descendientes de su tío abuelo, con los que aún no había mantenido ningún contacto, pues yo he servido en todo momento de intermediario con ellos. Esta es la fotografía, de ayer mismo, 6 de abril de 2016, que da fe del esperado encuentro familiar.

Familia Burguillos Lucena

De izquierda a derecha, Manuel Jiménez Burguillos, Miguel Guillén Burguillos y los hermanos Manuel y Carmen Burguillos Castillo.

Ángel Cruz Rueda y la depuración de maestros en Cabra durante la guerra civil

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en la España que quedó en poder de los sublevados se inició con suma rapidez la depuración de la inmensa mayoría de los funcionarios y de los empleados públicos. El 28 de julio, la Junta de Defensa Nacional –organismo militar que asumió el poder en la zona rebelde– autorizó la suspensión inmediata de los funcionarios que no prestaran auxilio a los golpistas y, a finales de agosto, ordenó de manera específica la depuración de los maestros alegando que la escuela debía “contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir”. Estas órdenes se formalizaron con el Decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado –especie de primer gobierno franquista–, que justificaba la depuración de todo el personal docente en el Magisterio debido a que había “estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional”.

Se crearon cuatro comisiones para depurar a los enseñantes: de profesorado universitario, de escuelas de ingeniería y arquitectura, del restante personal (institutos, enseñanzas profesionales, etc.) y de maestros de educación primaria. Al profesorado se le podía denunciar por haber tenido actividad política o sindical, por su conducta privada, profesional o religiosa, o por otros motivos. Las sanciones consistían en traslados forzosos, separación definitiva del cuerpo, suspensión de empleo y sueldo, exclusión del concurso de traslados, jubilación, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Para aumentar el daño a los condenados, los separados del servicio no podrían ejercer tampoco su oficio ni asumir cargos en escuelas, academias particulares o instituciones ajenas al Estado.

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Retrato de Ángel Cruz Rueda, presidente de la Comisión Depuradora provincial del profesorado cordobés de educación primaria. El cuadro se conserva en el Museo del IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Las comisiones depuradores de maestros de educación primaria tenían ámbito provincial y se encargaban de la investigación del profesorado, la instrucción del expediente y la propuesta de sanciones. La Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en Córdoba, constituida a finales de 1936, tenía la sede en el instituto de la capital de la provincia y estaba presidida por el jiennense y licenciado en Derecho Ángel Cruz Rueda, quien se había incorporado en 1926 al instituto Aguilar y Eslava de Cabra como catedrático de Filosofía. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, ejerció de concejal en 1928, consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1929, y en 1930 se convirtió en director del centro y de la rectoría aneja del Real Colegio de la Purísima Concepción, un cargo que mantendría durante la II República. El 7 de septiembre de 1936, por nombramiento de las autoridades militares golpistas, se convirtió también en alcalde de Cabra. Durante la guerra civil ejerció, por tanto, tres funciones paralelas: alcalde (1936-1940), director del instituto (1930-1942) y presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en la provincia (1937-1939). En 1942, cuando tenía 54 años, se trasladó al Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media Lope de Vega, de Madrid, ciudad donde murió en 1961.

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José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, órgano encargado del proceso depurador en la enseñanza.

Las comisiones provinciales de depuración del profesorado trasladaban la propuesta de sanción a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, que era quien formalmente fallaba. El presidente de esta Comisión, que hacía las veces de Ministerio de Educación, era desde octubre de 1936 el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán y Pemartín, quien consideraba que había que castigar a los profesores que habían optado “por lo antinacional, masónico, judío o marxista, o los que fueron causa de la revolución”. Pemán se encargó de desmantelar el sistema educativo republicano, al que consideraba un foco de formación de generaciones anárquicas y antipatriotas. Para Pemán la depuración era una “sagrada misión” de carácter no solo “punitivo”, sino también “preventivo”, en la que no cabían ni “reprobables reservas mentales” ni “sentimentalismos extemporáneos”. La depuración del profesorado tenía como uno de sus objetivos extirpar de las escuelas la enseñanza laica o influenciada por las corrientes pedagógicas progresistas, e instaurar una educación acorde con los preceptos católicos.

En la España franquista se sancionó a un 25% de los maestros –unos 15.000, de los que unos 6.000 fueron separados definitivamente del cuerpo– y a un 38% del profesorado de enseñanza media. Gracias a la abultada información que aportan las 767 páginas del libro de Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la guerra civil, publicado en 2011, hemos podido conocer de manera muy pormenorizada cómo afectó este proceso a la provincia. En Córdoba, de los 814 maestros nacionales en plantilla en julio de 1936, se denunció a 291 (36% del total) y de ellos quedaron sancionados al menos 143. En el caso de los maestros, la Comisión Depuradora requería informes confidenciales –que servían de base para la denuncia pero que el imputado nunca llegaba a conocer– de al menos la alcaldía, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia o vecino de la localidad (en el caso de Cabra fueron dos: Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez).

Los principales denunciantes del profesorado en la provincia de Córdoba fueron las autoridades militares (185 denuncias), sacerdotes (159), vecinos (146) y ayuntamientos (130). De los maestros denunciados en Córdoba, 205 (25%) sufrieron la imputación de cargos por la Comisión Depuradora. En Cabra se imputó a entre un 25-30% de los maestros, aunque solo se sancionó a entre el 11 y el 20% de la plantilla. En cuanto al profesorado de enseñanza secundaria del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, el historiador Manuel Morente señala que, de sus 17 profesores, nueve acabaron denunciados (más del 50% de la plantilla) y tres catedráticos sancionados: Emilio Aranda Toledo (Latín), Higinio Capote Purrúa (Literatura) y el vicedirector Rafael Navarro Martín (Física y Química).

He rescatado del olvido a una familia de tres maestros de Cabra que sufrió la labor represiva de la Comisión Depuradora presidida por Ángel Cruz Rueda gracias a Carmen Menchero de los Ríos, residente en Madrid. Me ha enviado fotos, información y copias de los expedientes de depuración –que se conservan en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares– de su abuela y su tía abuela, las hermanas Carmen y Luisa Morales Durán, naturales de la provincia de Badajoz, y del marido de esta, José Flores Leña, nacido en Cabra. Su abuela Carmen estaba casada con el periodista Antonio de los Ríos Urbano, alcalde socialista de Baena en el primer bienio republicano (1931-1933) y desde el 20 de mayo al 13 de julio de 1936. Luisa se había casado en 1930 con José Flores, viudo y con dos hijos de su anterior matrimonio. La relación familiar era muy intensa, como prueba el hecho de que las dos hermanas estén enterradas juntas en el cementerio de Cabra.

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Antonio de los Ríos Urbano, alcalde de Baena durante la II República y esposo de la maestra Carmen Morales Durán.

Antonio de los Ríos Urbano, marido de la maestra Carmen Morales, dimitió de manera irrevocable de la alcaldía de Baena el 13 de julio de 1936 y se trasladó a vivir con su esposa a Cabra, donde ocho días después le sorprendió el golpe de Estado. Para escapar de la represión desatada por los golpistas, que en Cabra se llevó por delante la vida de un número estimado de 70 personas y en Baena de al menos 365, permaneció oculto como un topo en Cabra y en un cortijo de su cuñado Serapio Salas, esposo de su hermana Francisca. También contó con la protección de su hermano Adolfo, capitán de Infantería, de sus sobrinos Trujillo de los Ríos –que habían respaldado la sublevación militar en Baena desde el mismo 18 de julio de 1936– y de José Luis Pedrajas de los Ríos (este último llegó a ayudar incluso económicamente a la familia). Una pequeña biografía de Antonio de los Ríos, escrita por su nieta antes citada, Carmen Merchero, se puede leer en este enlace.

Ser esposa de Antonio de los Ríos tendría graves consecuencias para Carmen Morales Durán, maestra entonces de la Segunda Escuela Nacional de niñas de Cabra. El 26 de agosto de 1937 la Comisión Depuradora de Instrucción Pública de la Provincia –basándose en los informes preceptivos del alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón, el arcipreste y párroco de la iglesia de Santo Domingo Antonio Povedano Roldán y los padres de familia Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez– propuso a la Comisión de Cultura y Enseñanza que se la sancionara con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por “tener tendencia política izquierdista”, sin aportar ninguna prueba que argumentara esta acusación salvo su condición de esposa de un exalcalde socialista al que nunca se cita por su nombre en el expediente.

Para su descargo, Carmen Morales presentó un escrito en el que declaraba que no había podido votar en 1936 por no estar inscrita en el censo, que no había militado en partidos o sindicatos y que, además, en 1932 había donado una imagen y unos enseres a la parroquia de Santa María de la aldea de Albendín cuando ejerció allí de maestra, lo que se confirmaba con un certificado del sacerdote titular, de nombre Mateo y hermano de su marido. A pesar de todas sus alegaciones, de su buena conducta profesional y de que la maestra se hallaba alejada de cualquier actividad política y sindical, una Orden de 4 de diciembre de 1939 del Ministerio de Educación Nacional la castigó con el “traslado dentro de la provincia, no pudiendo solicitar vacantes en tres años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza”.

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La maestra Carmen Morales Durán.

El 6 de enero de 1940 Carmen Morales recurrió la sanción alegando que al acusarla de “tener tendencias izquierdistas” “abstractamente” y sin “pruebas concretas” se la privaba de cualquier “medio defensivo eficaz”. Aportó también un aval escrito del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que “durante los aciagos años de la nefasta república” la maestra había cumplido con “sus deberes religiosos”, llevaba a sus alumnos a la catequesis, había realizado donativos a la parroquia, solo se relacionaba con personas de derechas y “nada hizo, ni privada ni públicamente, reuniones, manifestaciones, etc., en que se pudieran colegir ideas izquierdistas”. La presentación del recurso nunca llevaba implícita la paralización de la sanción, así que Carmen Morales fue trasladada a La Cardenchosa, una aldea de Fuenteovejuna situada a casi 200 kilómetros de Cabra, donde la acompañó su marido. Casi cuatro años después de presentado el recurso, el 17 de diciembre de 1943, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional acordó rebajar la sanción a “inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza” “por su condición de esposa de un destacado izquierdista”, a pesar de que el Juzgado reconocía su “inhibición política” y su “excelente conducta religiosa particular y oficial”. Carmen falleció en Cabra el 8 de julio de 1973, con 84 años. Su marido, Antonio de los Ríos Urbano, que sufrió el ostracismo social y profesional por su condición de antiguo alcalde socialista, había muerto ya en Baena el 21 de abril de 1947, con tan solo 48 años. La vida de ambos ha sido llevada a una novela titulada Silencio y olvido, de la mano de Paulina Trujillo Tarifa, en 2017.

La hermana de Carmen, Luisa Morales Durán, que tenía 48 años en 1936, trabajaba también de maestra de la Primera Escuela Nacional de niñas de Cabra. En el expediente de depuración de la Comisión de Instrucción Pública, fechado el 13 de septiembre de 1937, se le imputaba, sin aportar ni una sola prueba documental y basándose solo en habladurías, de “simpatizar con los partidos de izquierda, habiendo sonado su nombre como concejal del Frente Popular”. La acusación se basaba en los informes preceptivos que habían emitido el brigada de la Guardia Civil Manuel Vargas Martos, el alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón y los padres Jaime Gálvez y Rafael Osuna Pérez. Sin embargo, todos reconocían que su conducta era “buena”, e incluso Jaime Gálvez la definía como una persona de “ideas religiosas y de derechas de siempre”. El 23 de septiembre de 1937 Luisa Morales presentó un pliego de descargo ante la Comisión Depuradora. Su defensa se basó en señalar que ella y su marido habían votado a la candidatura de derechas en las elecciones de febrero de 1936, que había soportado un sinfín de “penalidades” desde la proclamación de la República y, sobre todo, en recalcar que en su “vida tuvo relación alguna con personas alejadas de la fe católica”. Su escrito iba acompañado de un contundente certificado del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que desde 1931 Luisa pagaba su cuota mensual como miembro de la Acción Parroquial y de Acción Católica de la mujer, era catequista, “frecuentaba los Santos Sacramentos y en todo se manifiesta como persona franca y públicamente de derechas, colaborando a la vez en pro del movimiento salvador de nuestro glorioso Ejército”.

Las alegaciones de Luisa Morales sirvieron de poco, pues en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 27 de diciembre de 1939 aparece sancionada con “suspensión de empleo y sueldo por tres meses, traslado forzoso dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”. Cuatro días más tarde presentó un recurso en el que se quejaba, entre otras cosas, de que después de haber pasado la vida entera “formando generaciones que amen la Patria y adoren a Dios, por una simple calumnia se manchen cerca de treinta años de servicios a la Patria”. Aporta, en su defensa, tres certificados. Uno, de Carolina Ruiz del Portal, delegada local de la Sección Femenina de la Falange de Cabra, en el que se señalaba que era afiliada desde septiembre de 1936 y “que ha cumplido con todo lo que se le ha ordenado con gran espíritu y disciplina”. Otro, del alcalde accidental de Cabra, Antonio Lama Méndez de San Julián, que la definía también como adicta al “Glorioso Movimiento Salvador de España”. Y por último, otro del arcipreste Antonio Povedano en el que abundaba en su “buena conducta moral y religiosa” y en su condición de catequista. La reclamación de la maestra y los informes favorables solo le sirvieron para que el 16 de febrero de 1942 el juez superior de revisiones del Ministerio de Educación Nacional le rebajara la sanción a “traslado dentro de la provincia durante dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

El marido de Luisa Morales, José Flores Leña, estaba asignado a la Segunda Escuela Nacional de niños de Cabra. La Comisión Depuradora de Instrucción Pública de Córdoba le imputó, el 4 de septiembre de 1937, “haber pertenecido al Partido de Izquierda Republicana”. Como ocurrió en el expediente de su esposa y de su cuñada, ningún documento respaldaba la denuncia, y todos señalaban su buena “conducta social y profesional”. La acusación partía fundamentalmente del alcalde, Ángel Cruz Rueda, y del comandante militar, José Sánchez Pavón, aunque tanto el arcipreste Antonio Povedano –que lo identificaba como suscriptor del culto parroquial– como los padres Rafael Osuna Pérez  y Jaime Gálvez añadían también que había sido lector de la prensa de izquierdas.

El día 13 de septiembre de 1937 José Flores remitió un pliego de descargo en el que alegaba su condición de secretario de la Cofradía del Santísimo Sacramento desde el año 1929 y negaba su antigua afiliación a cualquier partido del Frente Popular –la coalición que había ganado las elecciones legislativas el 16 de febrero de 1936–, “ya que ningún cristiano puede convivir con ateos”. Solo reconocía haber militado unos meses en 1932 en el Partido Republicano Radical y nunca en Izquierda Republicana. Para ello, presentó un informe firmado el 15 de septiembre de 1937 por Francisco Rojas López, expresidente de Izquierda Republicana y alcalde de Cabra hasta que fue depuesto por los golpistas en julio de 1936, en el que negaba su militancia en este partido o en cualquier otro del Frente Popular. La Comisión Depuradora decidió entonces solicitar una ampliación de informes a la alcaldía y a la comandante militar. La alcaldía –al igual que el comandante militar Joaquín Zejalbo– indicaba que no podía justificar la militancia de José Flores Leña en Izquierda Republicana porque se destruyeron los ficheros al comienzo de la guerra, pero que era “opinión general del vecindario”, ya que era asiduo lector de dos periódicos republicanos, El Heraldo de Madrid y El liberal. Así que debido a las “simpatías por esta prensa” se le castigó, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de diciembre de 1939, con la “suspensión de empleo y sueldo por seis meses, con traslado dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

1940_DETALLE SANCION LUISA Y JOSE_Azul órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. Año V Número 1043 - 1940 abril 19

En abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese por sanción del maestro  José Flores y su esposa Luisa Morales.

El 30 de diciembre de 1939 José Flores recurrió la sanción ante al ministro de Educación Nacional, exponiendo que se daba la “rara circunstancia de que el presidente de la Comisión Depuradora era el alcalde de Cabra, que es un señor que ni conoce el pueblo, ni mucho menos al que suscribe, por no haber tenido contacto alguno por la vida retraída que el primero desarrolla, y esto le ha hecho llevarse por las insidias de primera hora que en todos los sitios existieron”, por lo que “debió, ya que se trataba de la localidad de su residencia, informarse ampliamente y no dejarse llevar por las insidias de algún interesado en desprestigiar precisamente a los que desde los primeros momentos nos prestamos con todo entusiasmo a aportar nuestro esfuerzo a favor de nuestro glorioso Movimiento”. José Flores añadió que su vida política siempre había estado “inspirada en un gran amor a España, se ha desarrollado dentro del orden y como buen católico”, hasta el punto de haber sido concejal durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. El recurso iba acompañado de unos informes, que negaban que hubiera militado en algún partido del Frente Popular y lo presentaban como “adherido a nuestro Glorioso Movimiento”. Los escritos estaban firmados por el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, por el alcalde accidental Antonio Lama y por el jefe de la Falange Manuel Camuñas Ruiz, quien certificó además que era militante falangista desde septiembre de 1936. Otros dos informes, del arcipreste Antonio Povedano y de Antonio Lama Vandelvira, teniente mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento, avalaban su “buena conducta moral y religiosa” y apuntaban que ejercía el cargo de secretario de la hermandad desde 1929.

En principio, el recurso no resultó muy efectivo porque en abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese de José Flores y de su esposa Luisa Morales. Aun así, la petición siguió su curso y en marzo de 1942, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional decidió aminorar la sanción y en su lugar dictar otra de “inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza y pérdida de los haberes que no le hubieran sido satisfechos por razón de este expediente”. José Flores murió en Cabra el 28 de enero de 1954, con 75 años.

Al igual que ocurre con los tres maestros que he citado con anterioridad, la mayor parte de la depuración del magisterio en Cabra y en la provincia de Córdoba se produjo durante los dos años de mandato (1937-1939) como presidente de la Comisión Depuradora de Ángel Cruz Rueda, que resolvió 591 expedientes, el 72 %  de todos los que se incoaron entre 1937 y 1949. A pesar de su papel represivo contra el profesorado cordobés y de su labor y de su ideología antidemocráticas, Ángel Cruz Rueda nomina en la actualidad un Colegio de Educación Infantil y Primaria en Cabra y una calle en Jaén, incumpliendo el apartado 1 del capítulo 15 de la llamada ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, que establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El 25 de febrero de 2016, el periódico Cabra Información publicó una noticia referida al colegio Ángel Cruz Rueda. Señalaba que a principios del curso 2014-2015, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía instó a la comunidad educativa del centro a que «iniciara el procedimiento necesario para cambiar el nombre (…), en cumplimiento de la Ley Democrática de Andalucía y de la ley estatal de Memoria Histórica». Un día antes, el 24 de febrero, la delegada de Educación en Córdoba, Esther Ruiz, había visitado el colegio con motivo de los actos del Día de Andalucía. A preguntas de los medios de comunicación por el cambio de nombre –que aún no se había producido casi año y medio después de que la propia Consejería lo propusiera– respondió que «está en manos de los órganos pertinentes, del Consejo Escolar pertinente y se está estudiando siempre de una manera democrática, que es como trabajamos desde la Junta».

El periódico añadía, en la misma noticia, que esta no era la primera vez que el asunto se abordaba en la localidad, «ya que en enero del año 2000, el Ayuntamiento en pleno bajo la presidencia del entonces alcalde andalucista Manuel Buil, rechazó con los votos del PA, PSOE y PP una moción de Izquierda Unida, presentada por su portavoz entonces Manuel Carnerero, para solicitar del organismo competente el cambio de nombre y adoptar una nueva denominación consensuada en el seno del Consejo Escolar Municipal».

Tras la reciente aprobación, en marzo de 2017, de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se consigna de manera categórica a quién corresponde la eliminación de estas simbologías antidemocráticas, ya sea en edificios de titularidad pública o privada. Así, en el apartado 5 del artículo 32 se establece que «cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación». La institución titular del colegio es la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y era a ella, por tanto, a quien correspondería asumir su responsabilidad legal y actuar de oficio. No fue así, pero la situación dio un vuelco en el año 2018 cuando, a propuesta de algunos padres y madres, el Consejo Escolar del centro decidió por mayoría el cambio de nombre y el BOJA publicó su aprobación. La nueva denominación sería Carmen de Burgos, escritora de la Generación del 98, primera periodista profesional de España y feminista nacida en Almería y fallecida en 1932. En el curso 2019 el colegio hizo efectivo el cambio de nombre.

Enlaces de interés

 

Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez.

Manuel Cubillo Jiménez nació en el año 1900 en el seno de una familia humilde de la localidad cordobesa de Baena. Su padre era herrero, profesión en la que él también trabajó en su juventud. Por las noches, con enorme esfuerzo y autodisciplina, se preparó por libre la carrera de Derecho, unos estudios que había comenzado tardíamente y que terminaría con 29 años. En 1936 ocupaba el cargo de secretario de la Comunidad de Labradores de Baena, desde donde al parecer colaboró en los preparativos del golpe de estado del 18 de julio. En concreto se encargó de conseguir, en los meses previos a la sublevación militar, permisos de armas para derechistas, propietarios agrícolas y guardias jurados que trabajaban a sus órdenes. Así lo indica el teniente Fernando Rivas Gómez, en un artículo titulado La defensa de Baena, publicado en 1972, durante la dictadura franquista, en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, páginas 65-66. Fernando Rivas apunta que “el teniente jefe de la Línea de la Guardia Civil, don Pascual Sánchez Ramírez, recientemente había realizado una campaña para dotar de armas a las personas de orden, procurándoles nombramientos de guardias particulares jurados, a fin de que pudieran poseer armas, tarea en la que le secundó Manuel Cubillo, secretario de la Comunidad de Labradores”.

Sáenz de Buruaga (Nuevo)

El coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga comandaba las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936.

La sublevación de la Guardia Civil de Baena, comandada por el ya citado teniente Pascual Sánchez Ramírez, contó a partir del 18 de julio de 1936 con el apoyo de un nutrido grupo de paisanos que se atrincheraron en al menos catorce puestos de defensa en la parte alta del pueblo. Sus fuerzas sumaban unos 230 hombres, entre los que se encontraba Manuel Cubillo, que ejerció su labor en el cuartel. Durante diez días se enfrentaron a un abultado número de resistentes antifascistas, en su inmensa mayoría obreros afectos a la anarquista CNT, que en respuesta a la sublevación militar se organizaron con rapidez, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban el pueblo, que entonces contaba con algo más de veintiún mil habitantes. El día 28 de julio, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, para apoyar a los golpistas, dio un vuelco a la situación. Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron una carnicería contra la población civil indefensa en las calles, las casas y sobre todo, en el Paseo, donde decenas de hombres fueron asesinados de un tiro en la nuca tras ser obligados a postrarse boca abajo formando filas en el suelo.

La consecuencia inmediata de la matanza que perpetraron las tropas de Sáenz de Buruaga cuando entraron en Baena fue la cruel venganza ocurrida en el convento de San Francisco, donde el Comité que habían creado los republicanos, compuesto en su inmensa mayoría por anarquistas, mantenía presos a bastantes derechistas y, sobre todo, a familiares de los que se habían sublevado y atrincherado con la Guardia Civil. En este asunto de los rehenes apresados en el convento de San Francisco debemos hacer dos precisiones. La primera es que esta práctica la inició la Guardia Civil el día 19 con el apresamiento de familiares de dirigentes anarquistas, y la segunda es que el Comité actuó de la misma manera pero con posterioridad, dos días después, cuando el teniente Pascual Sánchez Ramírez amenazó con asesinar a los rehenes que él mantenía en su poder. El día 27 de julio el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente Pascual Sánchez Ramírez se negó.

Hasta el día 28 de julio, se había respetado la vida de los detenidos en el convento, salvo en el caso de Antonio Galisteo Navarro. Sin embargo, la sangrienta entrada en Baena de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga causó una trágica escalada de violencia. Como respuesta a los asesinatos cometidos por los militares golpistas horas antes en el pueblo, en medio de la confusión que se vivió entonces en el edificio del convento, y después de que huyeran la inmensa mayoría de los miembros del Comité y los cientos de aterrados vecinos que se habían refugiado dentro, se produjo la masacre de los rehenes por un reducido grupo de exaltados, al anochecer del día 28, cuando las fuerzas de Sáenz de Buruaga atacaron el edificio. Según el Registro Civil y la variada documentación sobre el asunto que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Baena, en el convento de San Francisco asesinaron a 73 personas, bastantes de ellas a golpes de hacha, pues los atrincherados carecían de munición. Otras 81, entre las que se contaban 10 heridas, consiguieron sobrevivir. Entre los asesinados se encontraba la mujer de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, y tres de sus hijos: Manuel, de siete años; Marina, de cinco; y Rafael, de tres. Manuel Cubillo tenía entonces 36 años y solo le quedaron vivos dos hijos: Rosalina, de ocho años, a la que el Comité habían permitido salir del convento días antes porque se había fracturado un brazo; y Antonio, de pocos meses, que tampoco se encontraba en el edificio.

16.Los cadáveres de Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento, por orden del gabinete civil de la II División Militar, para sacarles esta fotografía que luego sería publicada con fines propagandísticos.

Los cadáveres de la esposa de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento.

La propaganda franquista puso mucho interés en que los crímenes cometidos en el convento de San Francisco, debido al dramatismo que encerraban, traspasaran las fronteras de la provincia y se conocieran con rapidez en ámbitos más amplios. La primera referencia fotográfica sobre los crímenes de San Francisco apareció en un librito editado en otoño de 1936 con el largo título de Estado Español. Tercer avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del centro y mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado gobierno de Madrid. Una de las fotos de Baena que aparece es la de un ataúd con los restos mortales de Concepción Pérez Baena y dos de sus hijos pequeños. Se tenía tanto interés en que esta última imagen saliera en el libro que el gabinete civil de la Segunda División Orgánica, con sede en Sevilla, llegó al extremo de exhumar expresamente los tres cadáveres, el 28 de diciembre de 1936, a los cinco meses de su enterramiento, para realizarles la fotografía con fines propagandísticos.

Tras la entrada de las tropas de Sáenz de Buruaga, Baena permaneció durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamó “zona nacional”, la parte de España controlada por los militares golpistas. En un primer momento, en esta zona la represión física contra de los republicanos se ejerció a través de la aplicación del bando de guerra, que significaba el fusilamiento sin juicio previo. Al menos 369 baenenses murieron asesinados en el pueblo de esta manera durante los tres años de guerra, casi todos en el verano de 1936.

Tras finalizar la contienda el 1 de abril de 1939, la maquinaria judicial se puso en marcha muy pronto en Baena contra las 2.174 personas mayores de edad que, según el libro de presentados de la “zona roja” que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, habían huido en el verano de 1936 a la zona republicana y ahora regresaban oficialmente como vencidos. Se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías para los procesados y los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la guerra y había soportado ya una atroz represión durante tres años, todavía existieran en 1939, según el historiador Francisco Moreno Gómez, nada menos que 35 juzgados militares, unos 20 en la capital y un mínimo de 15 en los pueblos, y eso sin contar los juzgados de responsabilidades políticas y de persecución de huidos.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabada la guerra, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. A sus órdenes actuaron los oficiales jurídicos habilitados Manuel Criado Valenzuela y Luis Córdoba García, ambos abogados y secretarios respectivos de los ayuntamientos de Castro del Río y Baena. Los tres se repartieron equitativamente el territorio asignado, con una zona de acción propia, aunque la dirección recayó en Manuel Cubillo. La jefatura quedó establecida en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo.

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Manuel Cubillo Jiménez, de pie, el tercero por la derecha.

La elección de estos jueces por la Auditoría de Guerra no fue casual, pues para garantizar que la actuación judicial resultara implacable hubo bastante interés, y no sólo en Baena, en que los jueces militares fueran familiares de personas que habían padecido la represión republicana. Por tanto, uno de los principios generales del Derecho, el que impide ser juez y parte en un asunto, se conculcaba para garantizar que la imparcialidad no existiera y que primara el principio de venganza sobre el de justicia. Manuel Cubillo, como ya hemos señalado, tenía a su mujer y a tres de sus hijos entre los asesinados en el convento de San Francisco, además de al marido de su cuñada Marina, el escribiente del Ayuntamiento Juan Cassani Soler, muerto a los 33 años. Las hermanas de este también habían estado presas en el convento, y una de ellas, Victoria, había perdido allí a su esposo, Agustín Valverde Villarreal, jefe de telégrafos. La relación de Manuel Cubillo con su familia política, golpeada por la represión como él mismo, se acentuaría al casarse con su antes citada cuñada Marina, hermana de su mujer, con la que tuvo cuatro hijos más. Las trágicas circunstancias familiares que habían vivido él y su nueva esposa incidirían en su personalidad, por lo que dedicó todas sus energías a investigar las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Buscar y castigar a los asesinos de sus allegados y de los otros vecinos que cayeron víctimas de la represión izquierdista se convirtieron en un objetivo vital que pudo satisfacer en parte tras su nombramiento como juez militar. La responsabilidad moral y penal por estos crímenes cometidos en Baena la amplió, como podemos ver a través de su actuación judicial, también hacia los republicanos y la República, un régimen al que consideraba causante de la guerra civil.

La justicia militar se ejerció en Baena de manera muy dura e implacable en la posguerra: 44 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, Jaén, Castro del Río y Córdoba; al menos 224 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 180 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión.

En 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, Manuel Cubillo redactó unas páginas que dividió en dos partes. La primera parte comenzaba en junio de 1928, con la descripción pormenorizada de un viaje en tren junto a otros alumnos que iban a examinarse por libre de varias asignaturas a la Facultad de Derecho de Murcia. Entre ellos se encontraban Manuel Piedrahita Ruiz, futuro periodista y uno de los asesinados en el convento de San Francisco el 28 de julio de 1936, y el conquense Luis Rius Zunón, quien en junio de 1936 sería nombrado gobernador civil republicano de Jaén. Desde sus primeros renglones, Manuel Cubillo se nos muestra como un católico devoto, de ideología antirrepublicana y conservadora, admirador de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, orgulloso de haber sacado una carrera universitaria a pesar de sus orígenes humildes y crítico con los prejuicios sociales y las actitudes elitistas de la clase señoritil baenense.

En septiembre de 1929 Manuel Cubillo finalizó sus estudios de Derecho. Tras haber estado destinado en el Ayuntamiento cordobés de Encinas Reales, comenzó a trabajar de secretario en el Ayuntamiento de Doña Mencía –una localidad situada a poco más de una decena de kilómetros de Baena y que no llega a identificar por el nombre en sus escritos–, donde “padeció la proclamación de la República” y durante cinco meses una alcaldía comunista. “Asqueado del cariz que tomaba la política en España”, en una fecha indeterminada pero posterior a septiembre de 1931, decidió dejar su plaza y regresar a Baena para ejercer la abogacía, una profesión en la que “adquirió fe en la justicia y la perdió en los clientes”, ya que muchos de ellos ni le agradecían su trabajo ni se lo pagaban. También, “por espíritu cristiano, por espíritu de clase (…) sirvió a los menesterosos cuando su reclamación era justa” en los jurados mixtos, creados por la República a finales de noviembre de 1931 para tratar de evitar la conflictividad laboral. Estos organismos estaban presididos por un representante de la administración, formados por representantes de obreros y patronos, y se encargaban de regular las condiciones de trabajo y de sancionar las infracciones.

El haber defendido reclamaciones de los trabajadores en los jurados mixtos le supuso “el recelo de las clases pudientes, que por el solo hecho de defender a los obreros ya clasificaban al abogado en el casillero de sus enemigos”. Sin embargo, ese recelo se disipó con prontitud. Aunque desconocemos desde qué fecha concreta, en mayo de 1934 ya trabajaba de secretario de la Hermandad de Labradores de Baena, la entidad que agrupaba a los patronos agrarios y que estaba ligada a las clases altas y a la derecha, aunque Manuel Cubillo nos la presente como un “organismo apolítico”. Prueba de esa estrecha ligazón es que en estos momentos la Hermandad de Labradores la presidía Pedro Luque Garrido, concejal en el Ayuntamiento de la derechista Acción Popular, vicepresidente de este partido en Baena en 1935 y uno de los hombres que se atrincheró con la Guardia Civil en julio de 1936 para apoyar el golpe de estado.

La segunda parte del relato de Manuel Cubillo comienza en 1936, en la antesala de la guerra civil. En breves renglones nos presenta a Baena como un pueblo “envenenado por las doctrinas marxistas”, algo incierto porque en Baena imperaba el ideario anarquista entre la clase obrera desde hacía muchos años. El socialismo y el comunismo, las dos principales tendencias que bebían de las fuentes marxistas, tenían una implantación discreta, a pesar de que ejercía de alcalde del Frente Popular el socialista Antonio de los Ríos Urbano. Aun así, en aquella época era común entre las personas de ideología conservadora calificar como marxista todo pensamiento, partido o sindicato que tuviera relación con la izquierda y con la República, sin distinguir entre unas ideologías y otras.

Manuel Cubillo nos muestra a Baena en 1936 con un clima social enrarecido, en el que “el odio se respiraba por todas partes”, “el rencor crecía” y “la tragedia se presentía”. Sin embargo, no aporta ningún dato concreto que ilustre sus afirmaciones. Es cierto que el clima social en Baena resultó tenso durante el periodo de gobierno del Frente Popular, entre febrero y julio de 1936, y en otros periodos de su historia reciente, pero fue a causa de la injusta situación de los miles de jornaleros del campo, azotados por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Agravaba el panorama una estructura de la propiedad latifundista, ya que existían en el pueblo 27 fincas de más de 250 hectáreas. En un par de meses hubo dos huelgas generales: una entre el 14 y el 19 de abril y la otra entre el 20 y el 22 de junio, convocadas por la anarquista Sociedad de Oficios Varios. Los motivos principales de las huelgas fueron la negociación de las bases de trabajo y el paro, agravado por el exceso de lluvias y porque los patronos contrataban a muchos jornaleros forasteros mientras los del pueblo estaban desempleados, lo que había originado, el 4 de junio, el envío de una carta del alcalde al presidente de la patronal agraria para recordarle la obligación de cumplir la normativa legal vigente, boicoteada por algunos propietarios. Poco después, el 10 de julio una caravana de doscientos labradores acudió en masa ante el gobernador civil Antonio Rodríguez de León, de Unión Republicana, para protestar por las exigencias laborales de los obreros, que estaban entorpeciendo la recolección.

Respecto a esta conflictividad social en Baena (y en el resto de España), hemos de señalar que no solo se origina por las huelgas y las reivindicaciones laborales de los obreros, sino también y en gran medida por el boicot de la clase patronal –entre la que se incluía la Comunidad de Labradores en la que Manuel Cubillo ejercía de secretario– a las leyes agrarias republicanas y a las bases de trabajo (salarios, comidas, horarios, etc.) establecidas por los jurados mixtos. De ello da buena fe Alfonso Torrico Lomeña, nacido en 1927, que estuvo ligado a la alta administración franquista y fue autor del libro Baena durante durante la Segunda República. Sus Ayuntamientos, publicado en 2008. En las páginas 53 y 54 señala que “el paro obrero, en muchas ocasiones obedecía más que a razones de tipo económico (…) a cuestiones personales de los propietarios contrariados por alguna reclamación o por no votar [el obrero] la candidatura indicada; en definitiva, por motivaciones políticas (.) La iniciativa, en la contratación, siempre estaba en manos del patrono. Al ser la oferta de trabajo abundante, aquel [el patrono] siempre imponía sus condiciones, salvo en época de cosecha abundante”.

De la intransigencia patronal nos informa también uno de los líderes sindicalistas de Baena durante la República, Juan Misut Cañadilla, que remitió en enero de 1983 una detallada carta sobre este asunto al historiador Francisco Moreno Gómez. Este la publicaría íntegra en las páginas 363-365 de su obra 1936: el genocidio franquista en Córdoba, y de ella hemos extraído estos párrafos en los que se muestran la sumisión y la explotación que sufrían los obreros:

Aquellos señores que … se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús … escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas, y preferían pagar cinco mil duros a un abogado antes que un real a los jornaleros (.) Con esta patronal teníamos que luchar para conseguir una pequeña mejora en la situación caótica de los trabajadores del campo. Ellos [los patronos] tenían el poder, la influencia (aún con la República) y el dinero; nosotros solo teníamos dos o tres mil jornaleros a nuestras espaldas, a los que teníamos que frenar, pues la desesperación de no poder dar de comer a sus hijos hace a los hombres fieras” (.) En las pocas veces (dos o tres) que fui en comisión a discutir con la patronal, jamás se puso en el tapete otra cuestión que la salarial; no se hablaba nunca de la comida ni de las horas de trabajo, pues todo iba incluido en el Artículo ‘Usos y costumbres de la localidad’, que no era otra cosa que trabajar a riñón partido de sol a sol, o ampliado por los capataces lameculos, desde que se veía hasta que no se veía.

Manuel Cubillo nos transmite, nada más comenzar la segunda parte de su relato, uno de los grandes mitos históricos del franquismo: que el asesinato de José Calvo Sotelo, al que considera un «proto-mártir», estuvo “organizado por los poderes” y fue el detonante último del enfrentamiento civil. Calvo Sotelo era uno de los líderes de la extrema derecha monárquica y en dos ocasiones, a mediados de junio y el 1 de julio, ya había hecho alarde público del fascismo en las Cortes. En la noche del 12 de julio de 1936 unos pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Tejada, y dos meses antes, otro amigo del teniente, el capitán Carlos Faraudo, había muerto en las mismas circunstancias. Varios compañeros suyos decidieron vengar a las pocas horas su asesinato, así que detuvieron a Calvo Sotelo. Cuando estaba siendo trasladado a la Dirección General de Seguridad uno de los guardias lo mató de repente de dos disparos. Aunque el sucesor político de Calvo Sotelo, el conde de Vallellano, denunció el día 15 de julio en la Diputación Permanente de las Cortes el asesinato de Calvo Sotelo como un “crimen de Estado”, el Gobierno no estuvo implicado en el asunto, ya que el Consejo de Ministros condenó el asesinato, declaró que habría una investigación pública y detuvo a varios guardias de asalto.

Tampoco el asesinato de Calvo Sotelo causó o precipitó la guerra civil. Cuando se produjo, los militares conspiradores llevaban meses preparando la sublevación. De hecho, las famosas instrucciones del general Emilio Mola, el “director” de la conspiración, a los demás conjurados tienen fecha de mayo de 1936 y hacía un mes que estaba contratado el avión británico, el Dragon Rapide, que llegaría a Las Palmas de Gran Canaria el día 14 de julio para transportar a Franco al Protectotado de Marruecos, donde iba a ponerse al frente del Ejército rebelde de África. La fecha del inicio del golpe de Estado quizás esté más relacionada, como ha señalado el historiador Ángel Viñas, con los contratos que los monárquicos españoles, con el probable conocimiento de Calvo Sotelo, firmaron el 1 de julio con la Italia fascista de Mussolini para comprar una enorme cantidad de material bélico (aviones, bombas, ametralladoras, proyectiles, etc.) que serviría para apoyar la campaña bélica que preparaban. Aunque Manuel Cubillo nos hable de que la rebelión militar tenía como fin la defensa de la patria ante el “poder extranjero que subyugaba a España”, son precisamente los golpistas los primeros que estaban aliados desde hacía tiempo con una potencia extranjera para que interviniera en nuestro país –los contactos de la extrema derecha española con la Italia de Mussolini comienzan en 1934–, con lo que acaban pecando de lo que acusaban falsamente a la República.

Manuel Cubillo indica que “no sabía nada del movimiento que se preparaba, pues siempre viví alejado de la política”. Esto contrasta con lo que afirma el teniente Fernando Rivas en el artículo que citamos al principio y con algunas de las amistades que frecuentaba, al menos en Jaén. Durante su visita a la ciudad, dos días antes del golpe de estado, para defender ante el gobernador civil los intereses de unos amigos suyos labradores en Alcaudete, su acompañante era falangista. Y habla también del tropiezo con “un buen amigo”, Carmelo Torres, jefe local de la Falange en la ciudad, que dedicó buena parte de su inmensa fortuna a la divulgación de las doctrinas de José Antonio Primo de Rivera. Carmelo Torres pertenecía, junto al presidente de la Federación Provincial de Labradores y otros falangistas, a la “Junta del Alzamiento” que se había constituido en el mes de junio de manera clandestina en Jaén para apoyar el levantamiento militar, según indica el historiador Luis Miguel Sánchez Tostado..

En sus escritos, Manuel Cubillo aborda también la sublevación de la Guardia Civil en Baena el 18 de julio de 1936, el apoyo que le prestan algunos civiles como él, y los avatares que sufren durante los enfrentamientos. Cita la masacre del convento de San Francisco y la muerte allí de sus familiares, pero no hace referencia a los asesinatos –que él debió presenciar en parte– cometidos con anterioridad por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y la feroz represión que se desata a partir de ese momento en Baena, un fenómeno que se prolongará hasta avanzada la posguerra. En páginas posteriores, tampoco encontramos ninguna alusión a su oficio de juez militar. Ese olvido de las víctimas causadas por los que habían combatido en su mismo bando y también la ocultación de su propio protagonismo en la justicia militar franquista contrasta sobremanera con el párrafo último de sus escritos, que es una llamada imperativa al recuerdo del “proto-mártir D. José Calvo Sotelo y de todos los caídos de la Cruzada”.

Manuel Cubillo indica que no guarda rencor hacia los asesinos de los suyos. Sin embargo, en 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, sí se nos muestra dolorido por el trato que le habían dado los que lucharon junto a él durante la contienda y lamenta que tanto la Comunidad de Labradores como el Estado no le hayan agradecido su “sufrimiento por España”. Ante tanta ingratitud, solo se siente bien pagado por Dios, que lo ha bendecido con una nueva familia y con un “caudal de fe”. De manera pesimista y bastante amarga, concluye que la sangre de sus familiares no ha servido para conseguir la paz social y para que…

los hombres fueran más buenos y las futuras generaciones más felices (…) Las clases pudientes no han aprendido la lección. El egoísmo de unos y el odio de los otros aún están latentes, y la brecha sigue abierta (…) También veo conductas de nuestra parte sembradoras de nuevas discordias, al burlar los preceptos de las leyes sociales protectoras de una clase a la que falta todo, en beneficio de otra clase a la que todo le sobra, y ante este contraste, el dolor del sacrificio me duele más, porque lo peor del sacrificio es que sea estéril.

Los escritos de Manuel Cubillo Jiménez, que murió en 1973, me los ha proporcionado su nieto Gabriel Caballero Cubillo, miembro de la familia que más sufrió la represión republicana en Baena durante la guerra civil (cuatro familiares por parte de la madre y dos por parte del padre murieron asesinados en el convento de San Francisco). Debo agradecerle que me haya aportado también alguna información personal sobre su abuelo y unas fotografías que me ha ayudado a completar estas páginas. Además, me ha entregado una variada documentación judicial que conservaba y que con probabilidad será materia de una nueva entrada de este blog. Los escritos íntegros de Manuel Cubillo Jiménez, con notas al pie redactadas por mí, se pueden leer en este enlace.

Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)

Aunque Montilla ya había conocido una enorme represión tras el triunfo del golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como la “política de la venganza”: exilio, campos de concentración, batallones de trabajo, torturas, consejos de guerra, cárceles, fusilamientos, depuraciones, responsabilidades políticas… En un auténtico desprecio por la suerte de los vencidos, no hubo reconciliación ni amnistía ni perdón. La dictadura, imbuida de militarismo y fascismo, olvidó el lema de “Si no has cometido crímenes, no tienes nada que temer”, y desde el principio la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la misma estructura política del régimen.

En condiciones inhumanas, los que habían perdido la guerra recorrieron en aquellos años cárceles y otros establecimientos penitenciarios. En diciembre de 1939 (la población de España era de 26.014.270 habitantes en 1940) quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos –de los cuales 23.232 eran mujeres– según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, aunque aquí solo incluían a los ya condenados y no a los que estaban a la espera de juicio, a los que se hallaban en prisiones irregulares o habilitadas, a los detenidos a disposición de la policía gubernativa ni a los que mantenía la Dirección General de Seguridad. Unos 115.000 españoles –de ellos, 11.688 mujeres– todavía permanecían entre rejas en abril de 1943 y cerca de 16.000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales, desperdigados por toda España, que empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción en carreteras y pantanos. Entre 1944 y 1948 más de un millón de familias tenía aún a uno de sus miembros en prisión o en libertad condicional

Al acabar la guerra, el 1 de abril de 1939, el más de un millón de refugiados civiles que había en la España republicana debió emprender el regreso a donde residían antes del 18 de julio de 1936. Los combatientes republicanos que habían sobrevivido o no habían huido a Francia volvieron también libres o con salvoconductos desde los campos de concentración que se habían habilitado por toda España, donde se hacinaban más de medio millón de hombres en 1939, tras haber pasado por las Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados establecidas en las distintas provincias. El control sobre los retornados fue estricto desde el primer momento, pues todos debían personarse en las comandancias militares, los ayuntamientos o los cuarteles de la Guardia Civil de sus lugares de origen.

Después de casi tres años de ausencia, los refugiados montillanos regresaban a sus casas a pie, en bestias de carga, en coches de viajeros o en tren. A la incertidumbre y a las penurias del regreso se añadían las últimas experiencias vividas, ya que a menudo los métodos para expulsar a los asilados de las poblaciones de acogimiento resultaban expeditivos. De madrugada echaron a la familia del socialista Juan de la Torre Requena del cuartel donde se había cobijado con otros montillanos durante la guerra en Torreblascopedro (Jaén). Cuando la Guardia Civil ocupó la localidad, simplemente les espetó: “Váyanse, esto es nuestro”. En la misma provincia, a la familia Gómez Márquez la expulsaron del cuartel de Jabalquinto en medio de los cánticos y la euforia de las mujeres derechistas que se arremolinaban en la calle. Tres días tuvieron que aguardar a la intemperie a que apareciera el sucio tren de mercancías que los trasladó a Montilla. Asimismo, la familia Ruz Morales tardó cuatro días en llegar también en un tren de mercancías desde Murcia, alimentándose sólo de azúcar, la única comida que poseían.

49.El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

Aparte de los refugiados y de los soldados republicanos que volvían libres a Montilla, otros vecinos fueron reclamados por el juzgado local cuando se encontraban internados en campos de concentración o en cárceles. A algunos los trajeron desde Alicante, en cuyo puerto se habían aglomerado más de 15.000 personas en un último y desesperado intento de escapar de España en unos barcos que nunca llegarían. Una delegación de guardias montillanos se trasladó expresamente a las prisiones de la ciudad levantina para arrastrar hasta Montilla a los comandantes del Ejército republicano Juan Córdoba Zafra (concejal y secretario local de las JSU) y Manuel Alcaide Aguilar (expresidente de la Casa del Pueblo), al concejal de Izquierda Republicana Francisco Merino Delgado y al alcalde  socialista Manuel Sánchez Ruiz. También se encontraba allí Francisco Hidalgo Luque, que se había integrado en el grupo de resistentes, capitaneados por Manuel García Espejo, que se había creado en la sierra en los primeros días de la guerra, y luego en la compañía de milicianos, formada por el también montillano Juan Córdoba Zafra, en Bujalance. Tras luchar en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Teruel y Valencia, Francisco Hidalgo acabó en el puerto de Alicante, donde arrojó al mar una maleta con tres millones de pesetas –que custodiaba porque tenía el grado de teniente pagador– para evitar que cayera en manos de los franquistas. Lo internaron en el castillo de Santa Bárbara, sin mantas para protegerse del frío, y sometido a los malos tratos de los guardianes, quienes para aumentar el sufrimiento de los presos ante las bajas temperaturas los rociaban con cubos de agua, hasta que lo trasladaron a la cárcel de Montilla el 28 de julio de 1939.

27.Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Francisco Urbano Baena escapó con 14 años de Montilla y se alistó en el Ejército republicano. Estuvo internado en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Otros ni siquiera pudieron llegar a Montilla, como Francisco Urbano Baena “El Duende”, que tenía tan solo 14 años cuando huyó a Espejo con su primo Luis Pérez Baena “Niño Ríos”, de la misma edad. Tras recorrer Castro, Bujalance, Villa del Río y Andújar, Francisco Urbano acabó su periplo en Arjonilla (Jaén). Consiguió alistarse en el Ejército republicano y, al finalizar la guerra, lo detuvieron junto a sus compañeros. Un capitán del Ejército franquista le ordenó que volviera desde Arjonilla a Montilla, y que se presentara ante la Guardia Civil. En el camino de regreso, fue arrestado en Villa del Río y confinado en Córdoba en un vagón de tren que lo trasladó al campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga), donde había sólo una fuente de agua para que bebieran los seis mil prisioneros que allí se hacinaban. Su familia obtuvo un aval para que lo sacaran del campo, pero al ser menor de edad las autoridades militares decidieron internarlo en un correccional en Burgos. Sin embargo, el padre de Francisco Urbano, que en sus frecuentes visitas había colmado de regalos a un sargento del campo, consiguió que este hablara con el capitán y que, por fin, lo liberaran.

Los refugiados, harapientos, llenos de parásitos y derrotados física y moralmente, regresaron a Montilla en tren en su mayoría. Apostados en los andenes, guardias municipales, guardias civiles y voluntarios –que no faltaban para este menester– realizaban una primera labor de identificación, registro y humillación de los que llegaban. Personajes como “El Mellao”, “El Bravo”, “El Borrico”, “El Cojo Púa”, “El Regaera”, Paco Enríquez Leña y Mariano Luque Pardo “El Pulga” destacaron en estas labores. Dirigentes izquierdistas y mandos militares republicanos se convirtieron en el objetivo más codiciado y su apresamiento provocaba palabras de euforia de los captores. Desde la estación, como si de un espectáculo público se tratara, los conducían a pie a la sede de la Comandancia en la calle Ancha o al cuartel de la Guardia Civil para ser interrogados.

Rafael Ruiz Luque arribó desde Campo de Criptana (Ciudad Real). En Montilla ya habían fusilado a un hermano y otro había muerto en el frente. Tras recibir la orden de presentarse en Montilla y sufrir múltiples vicisitudes por la falta de medios de transporte, llegó a la estación de Córdoba, donde se encontró con un cuñado suyo requeté, quien le advirtió de que lo esperaban en Montilla para fusilarlo. Cuando entró en la localidad decidió bajarse del vagón por la parte de atrás para que no lo descubrieran. Después se presentó ante la Guardia Civil, en el cuartelillo de la calle Ancha, donde le tomaron declaración. Al manifestar que vivía en El Coto –una zona con fuerte tradición izquierdista–, un guardia comentó a los otros: “Ya sabes lo que tienes que hacer, que hay muchos mascando tierra por menos que ese”. Por suerte, la recomendación no se cumplió.

63.El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

Antonio García Hidalgo, apresado en Toro (Zamora) y en la cárcel de Montilla.

Si en un primer momento alguno pasaba desapercibido, bien porque no hubiera sido reconocido o porque se hubiera apeado intencionadamente del vagón antes de llegar, a las pocas horas recibía en su domicilio la ingrata visita del guardia correspondiente que le conminaba a acompañarle. Eso le ocurrió al socialista Antonio García Hidalgo, un joven agricultor al que la sublevación le había sorprendido de permiso del servicio militar en Montilla. No volvió a su acuartelamiento, sino que se alistó en las milicias de Espejo, y combatió en Pozoblanco y Alcázar de San Juan. En el exilio, permaneció internado en los campos de concentración del sur de Francia, por lo que decidió regresar a España. Aquí fue encarcelado en el campo de concentración de Toro (Zamora), hasta que la familia le buscó un aval que le permitió volver. En la estación de Montilla consiguió escabullirse y pasar desapercibido, pero al día siguiente lo detuvieron en su domicilio y lo trasladaron a la cárcel. Como había guardias y vecinos delatores por todas partes, era casi imposible que nadie reconociera a los que volvían aunque trataran de ocultarse.

Cuando un refugiado o un antiguo combatiente republicano se presentaba o era llevado detenido al cuartel de la Guardia Civil, el comandante de puesto lo interrogaba y elaboraba un atestado sobre sus antecedentes, conducta y actividades político sociales antes y después del comienzo de la guerra. Tras estas primeras diligencias, el comandante podía decretar la prisión para el acusado y elevaba las actuaciones practicadas al juez de instrucción. El juez instructor solicitaba unos breves informes de los encartados a la Guardia Civil, la Falange y la alcaldía, en los que siempre se realizaban imputaciones muy genéricas, casi idénticas para todos los acusados, independientemente de los delitos que presuntamente hubieran cometido. En estos informes se catalogaba a los encausados con expresiones peyorativas como “conducta moral pésima”, “antecedentes malos”, “conducta política social indeseable”, “socialista de cuidado”, “sinvergüenza”, “provocador de las personas de orden”, “saqueador”, etc. Incluso a Aurelio Casas Córdoba se le llegó a imputar ser “ateo de nacimiento”. Sin embargo, escaseaban las acusaciones concretas, ya que a la mayoría se les solía inculpar de manera genérica por su labor durante la República (participación en huelgas, mítines, militancia y cargos políticos y sindicales), su actuación durante los sucesos del 18 de julio de 1936, su integración en las partidas de huidos en la sierra o sus servicios y graduación en el Ejército republicano. Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados.

El juez instructor continuaba el sumario tomando declaración a los testigos y denunciantes (si existían), que acudían a testificar por iniciativa propia o porque eran propuestos por la alcaldía y la Guardia Civil. Con estas nuevas actuaciones elaboraba un auto de procesamiento que se basaba en el atestado de la Guardia Civil y en los informes que le habían proporcionado esta y la alcaldía. En esta fase de la instrucción, solía ratificar la prisión para el imputado y le comunicaba el derecho a elegir abogado defensor –una figura que se limitaba casi siempre en los juicios a pedir el grado de pena inferior al que había solicitado el fiscal–, aunque el recluso solía escoger siempre al que le tocara en turno. Tras el auto de procesamiento, el juez realizaba nuevas declaraciones indagatorias a los testigos y al encartado, y a continuación elaboraba un auto resumen en el que incluía las diligencias practicadas hasta el momento.

Todo quedaba listo entonces para que se celebrara la vista de la causa por un tribunal, compuesto por militares sin formación jurídica (presidente, tres vocales, relator, ponente, fiscal y defensor), que llegaba a Montilla expresamente cuando ya se habían acumulado bastantes sumarios y que se volvía a Córdoba cuando terminaba su actuación. Los juicios, en muchas ocasiones eran colectivos, sin que el tribunal tuviera tiempo material de analizar con detenimiento las causas, lo que demuestra que no había un objetivo probatorio y que, por supuesto, no existía una justicia personalizada. Las vistas se celebraban en el salón de plenos del ayuntamiento montillano, donde se permitía la presencia de público, tanto de familiares de las posibles víctimas como de los acusados, para que el escarmiento fuera lo más ejemplar posible.

56.El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

Muy fácil fue en aquellas circunstancias obtener de los presos los testimonios que sus captores querían. Los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades, por lo que las torturas, las palizas y los malos tratos fueron una práctica normal y generalizada en las prisiones montillanas según nos confirman múltiples testimonios. De acuerdo con el testimonio de su esposa, a Francisco Córdoba Gálvez “Arrobeta” lo golpearon, colgado de los brazos, hasta que perdió el conocimiento. Según las manifestaciones de su hija, a Emilio Montoro Delgado lo torturó un cabo de la Guardia Civil, en las dependencias del juzgado militar, después de obligarlo a desvestirse. A Rafael García Espejo, aparte de propinarle continuas palizas, le arrancaron el bigote. A Manuel Ruz Aguilar lo apaleron varias veces atado a una higuera. Antonio Pérez Lao “El Seguro” llegó a la prisión con una pierna rota, pero el estar herido no impidió que recibiera malos tratos. Nada más salir de la cárcel, fue ingresado en un hospital, aunque no consiguió recuperarse y murió en 1943. Su padre había sido fusilado seis años antes.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. En aquel momento existían cárceles en el depósito municipal, en el actual juzgado (dirigida por Mariano Varo Espejo) y un campo de concentración para prisioneros de guerra (soldados republicanos apresados por las tropas franquistas) en las escuelas del convento de San Luis, que en abril de 1939 albergaba a 412 hombres. Durante todo su periodo de funcionamiento entre 1938 y octubre de 1939, por el campo de concentración de Montilla pasaron 2.120 prisioneros contabilizados, todos forasteros, aunque el número estimado de los internados dentro de sus muros en ese periodo es de unos 6.000, según datos extraídos del libro Cautivos en Córdoba (1938-1942), del historiador aguilarense Francisco Navarro López, publicado en 2018.

Junto a los prisioneros de guerra, en San Luis se internó a partir de 1939 a otros 661 reclusos por razones políticas, de los que 254 eran de Montilla (15 acabarían fusilados) y el resto de localidades del sur de Córdoba. Estos últimos arribaron en tres grandes remesas. En la primera, el 1 de octubre de 1939, llegaron 150 reclusos de la cárcel de Fernán Núñez. En la segunda, el 4 de mayo de 1940, vinieron 161 prisioneros de tres cárceles: Cabra (vecinos de Doña Mencía, Nueva Carteya, Cabra y Zuheros), Lucena (vecinos de Priego de Córdoba) y Priego de Córdoba (vecinos de Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar). En la tercera y última remesa, el 24 de julio de 1940, les tocó el turno a otros 77 presos de la cárcel de Lucena (vecinos de Iznájar, Luque, Lucena, Rute y Valenzuela). De otras localidades ingresaron 19 internos en distintas fechas. Por tanto, no menos de 661 presos políticos pasaron de manera “oficial” por Montilla entre abril de 1939 y octubre de 1940. Sin embargo, esta es una cifra mínima, pues hubo muchos montillanos que sufrieron cautividad en el pueblo y nunca llegaron a ser inscritos en las fichas de prisión.

53.Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

La cárcel de las escuelas de San Luis tenía graves problemas de salubridad e higiene. El hacinamiento conllevaba que un importante número de detenidos durmiera a la intemperie en el patio de prisión, por donde corrían las ratas. Los presos se alimentaban en buena medida de lo que las familias les facilitaban. Aquellos que no poseían la fortuna de tener cerca a sus allegados se veían obligados a vivir de la caridad de sus compañeros de presidio o a esperar que cada cierto tiempo les llegaran los envíos de comida desde sus domicilios en los pueblos de alrededor. Las familias de los reclusos, que con frecuencia vivían de la caridad y de la mendicidad, y que a menudo estaban encabezadas por mujeres con hijos y ancianos a su cargo, debían añadir a la esforzada lucha por su subsistencia diaria la manutención de sus padres, hijos y hermanos encarcelados, en un periodo de racionamiento, carestía y estraperlo. Los familiares que residían fuera de Montilla tenían que realizar largas caminatas, a pie o en bestias de carga, con los pocos avituallamientos que podían conseguir para evitar que sus allegados murieran de hambre en los calabozos. Igual calvario debían soportar los parientes de los montillanos recluidos en otros lugares. Por ejemplo, el secretario de las Juventudes Socialistas, Juan Córdoba Zafra, detenido en Alicante, le rogaba a su familia en junio de 1936 que cada semana le enviara un paquete de comida por ferrocarril, además de un paquete con un kilo de cuartillas de papel, dos lápices, algunas novelas, sellos y dinero. Cuando lo trasladaron a la cárcel de Montilla, las peticiones en sus cartas incluían también productos de higiene

Desde la cárcel de Montilla salieron en 1940 dos grandes expediciones de presos a otros lugares de internamiento. La primera expedición, el 21 de mayo, tenía como destino un batallón de trabajadores en Rota, donde los reclusos debían trabajar en obras civiles o fortificaciones militares. La segunda expedición, el 25 de septiembre, de reclusos condenados a treinta años de cárcel, recaló en la prisión gaditana de El Puerto de Santa María. Poco después, entre el 17 y el 19 de octubre de 1940, se efectuó el trasporte de todos los presos en Montilla a Córdoba capital, al igual que ocurrió con los detenidos en otras cárceles de la provincia. Todos estos reclusos llegaron a la prisión habilitada, situada en la carretera de Los Pedroches, que se había construido con rapidez para reforzar a la Prisión Provincial ubicada en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Cuando entraron los presos la nueva prisión no estaba terminada, las ventanas carecían de cristales, las naves y las galerías se hallaban expuestas al viento y los servicios higiénicos no eran suficientes para los tres mil reclusos iniciales, que alcanzarían los cuatro mil al poco tiempo, según datos aportados por el historiador Francisco Moreno Gómez.

El traslado de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. Cinco pesetas de la época valía un billete del tren (al que llamaban el Corto) que realizaba el recorrido entre la estación de Montilla y la de Córdoba, lo que suponía un gasto extraordinario para unas personas ya de por sí depauperadas. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (seis de ellas montillanas) debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente.

A continuación publicamos los nombres de los 646 presos que sufrieron cárcel en Montilla. De ellos, 239 eran montillanos. Otros 407 procedían de los siguientes pueblos cordobeses: Fernán Núñez (150 presos), Doña Mencía (62), Iznájar (36), Luque (24), Priego de Córdoba (16), Nueva Carteya (16), Zuheros (15), Cabra (14), Carcabuey (12), Lucena (12), Rute (9), Valenzuela (8), Fuente Tójar (7), Almedinilla (7), y otras localidades (19). Añadimos también una lista con otros 203 nombres de montillanos represaliados en la posguerra (presos en campos de concentración, cárceles, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, depurados, exiliados, sometidos a expedientes de responsabilidades políticas y un elevado número de huidos de los que distintos juzgados solicitaban informes). Los enlaces son los siguientes:

Nota: para elaborar la información de esta entrada del blog he usado, entre otras fuentes históricas, los testimonios orales, recogidos en el año 2001, de los montillanos José de la Torre León, José Ruz Morales, Antonio Hidalgo Salido, Francisco Urbano Baena, Rafael Ruiz Luque, Rafael García Hidalgo, Rosario García Espinosa, José Ruz Morales, Jesús Aguilar Hidalgo y Jacinto Pérez Delgado (este último, en Sant Joan Despí, Barcelona).

FOTOGRAFÍAS DE REPRESALIADOS MONTILLANOS

20.Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

32.Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

Miguel García Ruiz, soldado en la defensa antiaérea republicana. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

33.Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

34.José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

60.El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

75.José Gómez Márquez, primero por la derecha en ambas fotos, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

José Gómez Márquez, primero por la derecha, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

55.El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

43.Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del Ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Listado de víctimas de la represión franquista en Iznájar

En la madrugada de 19 de julio de 1936 triunfó en la localidad cordobesa de Iznájar la sublevación militar, capitaneada por el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, comandante de puesto de la Guardia Civil, quien se incautó del Ayuntamiento y clausuró el Centro Obrero. A principios de agosto ejerció como comandante militar Carlos Galindo Casellas, secretario del Ayuntamiento de Rute y teniente de Caballería retirado. Las detenciones y los fusilamientos se iniciaron con rapidez, lo que causó una masiva huida de vecinos hacia la zona republicana. El historiador Francisco Moreno Gómez, en su obra La guerra civil en Córdoba 1936-1939 (página 117), publicada en el año 1985, indicaba que los fusilados por la represión franquista en Iznájar anotados en los libros de defunciones del Registro Civil, algunos de ellos bajo el concepto de “desaparecidos”, fueron 28 (25 en el pueblo y tres en Córdoba). Sin embargo, estimaba que el número de asesinados durante la guerra civil llegó a los 50, ya que muchos quedaron sin inscribir en el Registro, y citaba el caso de Manuel Escamilla Caballero, de la aldea del Barrio de San José, fusilado en Córdoba el 15 de febrero de 1937.

Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Fotografías en la lápida del cementerio de Iznájar de Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Cuando en mayo de 2007 publiqué la segunda edición de mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute 1936-1950, incluí algunos datos relativos a Iznájar, debido a que ambos municipios son colindantes y a que falangistas y guardias civiles de Rute habían colaborado en tareas represivas en Iznájar. Me serví de la ayuda de dos testimonios importantísimos. Uno de ellos fue el de Antonio Montilla Cordón, quien me escribió desde Calafell (Tarragona) en octubre de 2005 para contarme la historia de El Remolino, donde él nació. Antonio Montilla, un niño de 11 años en 1936, había sido testigo durante la guerra civil de la represión desatada en esa aldea por los falangistas y la Guardia Civil de Rute e Iznájar. El Remolino era en 1936 una de las 22 pedanías del municipio de Iznájar y tenía en aquel tiempo unos 300 habitantes. El testimonio de Antonio Montilla poseía un enorme valor ya que, tras la construcción del pantano de Iznájar en los años sesenta, El Remolino quedó inundado y todos sus habitantes se vieron forzados a emigrar, por lo que él temía que la historia oral de lo ocurrido en la aldea se perdiera para siempre. Por fortuna, el testimonio de Antonio Montilla tuvo una amplia difusión y fue publicado en libros y revistas como Cuadernos para el Diálogo. El texto del número de la revista se puede leer en este enlace.

Alfonso Rabasco Ortega

Alfonso Rabasco Ortega, de la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado en fecha indeterminada.

Sabemos muy poco de la represión desencadenada durante la guerra civil en Iznájar y en sus aldeas, por lo que la prodigiosa memoria de Antonio Montilla es de una gran importancia histórica. En El Remolino, como en muchos lugares de España, en 1936 no hubo una guerra en sentido estricto, sino que lo que en verdad se desató fue una cruel represión que no se podía justificar con el argumento de una violencia previa de los republicanos, pues en la aldea no se cometió ninguna tropelía en contra de nadie. No se puede afirmar que hubo guerra cuando a un lado estaban las fuerzas militares y paramilitares golpistas (guardias civiles y falangistas) que realizaban incursiones en las que de forma indiscriminada quemaban, violaban y mataban, y en el otro lado, como víctima, una población civil indefensa. En definitiva, lo ocurrido en El Remolino más que un hecho bélico es un típico ejemplo de barbarie colonial, de una represión ciega movida por la crueldad y el desprecio a la vida, con la aplicación de una violencia extrema y de castigos ejemplares.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Un año después de que Antonio Montilla Cordón aportara su testimonio, el historiador Francisco Espinosa Maestre me envió una copia de un sumario de un consejo de guerra localizado por el también historiador José María García Márquez en el archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa nº 327, legajo 162, expediente 6.590). Se trataba del juicio sumarísimo contra el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (conocido con el apodo de Periquillo el de la Carolina) a los que se acusaba de haber infringido el bando de declaración del estado de guerra en El Remolino el 31 de agosto de 1936. El documento tenía una importancia enorme. Por un lado, corroboraba documentalmente, y si cabe de manera más trágica aún, ciertos pasajes del testimonio de Antonio Montilla Cordón. Por otro lado, nos encontramos ante uno de los pocos casos en los que la justicia inició una actuación por los excesos cometidos por los derechistas, un hecho excepcional que resultó posible porque el denunciante era el jefe de la Falange de Iznájar, despechado por el asesinato de su tío (Antonio Conde Lucena), aunque esta circunstancia del parentesco la omitió en su denuncia. Al final, el proceso judicial es una muestra contundente de la actuación irregular y partidista de la maquinaria judicial franquista cuando un acusado afín a su ideología se veía involucrado en algún delito y, también, es un claro ejemplo de cómo las actuaciones judiciales amparaban la represión en contra de los republicanos. El análisis que realicé en su momento de este consejo de guerra también salió publicado en la revista Cuadernos para el Diálogo, y es posible consultarlo en este enlace.

Antonio Rabasco Ortega, de la la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Antonio Rabasco Ortega, de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Los datos aportados en el año 2005 por Antonio Montilla Cordón permitieron revisar al alza la cifra de 50 fusilados en Iznájar que el historiador Francisco Moreno Gómez había estimado como fiable veinte años antes. De los 13 asesinados que nombra Antonio Montilla en su testimonio, todos con nombres y apellidos, solo tres (Francisco Aguilera, Diego Rey y Diego Ayora) están inscritos en los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente legal para el estudio histórico de los fallecimientos. Una situación similar encontramos en Las Huertas de la Granja, otra pedanía de Iznájar sepultada hoy por las aguas del pantano. Gracias al testimonio de Domingo Rabasco Molina, recogido por mí en 2004, sabemos que allí se fusiló a siete personas, aunque solo dos aparecen en el Registro Civil (Antonio Rabasco Ortega, inscrito doblemente en los registros civiles de Iznájar y de Rute; y Rafael Cano Tenllado, en el de Iznájar). En total, en estas dos aldeas ya sumamos 20 asesinados, de los que nada más que cinco están anotados en el Registro Civil, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas.

Un porcentaje altísimo de víctimas mortales de la violencia franquista, como podemos ver en Iznájar y en otras muchas localidades, nunca se llegaron a inscribir en los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad. Toda dictadura, de izquierdas o de derechas, siempre ha intentado borrar las huellas de su violencia, y en esto el franquismo no fue una excepción. Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Cripta del cementerio con los restos de siete fusilados en 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres al cementerio se realizó en 1979.

Cripta con los restos de siete fusilados en 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres desde Encinas Reales al cementerio de Iznájar se realizó en 1979.

Iznájar fue un municipio pionero en la exhumación de los restos de los asesinados por los golpistas durante la guerra civil, lo que a su vez también nos ha facilitado el recuento del número de víctimas en el municipio. Durante el mandato del alcalde andalucista Manuel Llamas Sanjuán, en la temprana fecha del 23 de agosto de 1979 fueron trasladados a las 7,30 horas de la tarde, desde la Venta al cementerio de la localidad, los restos de siete iznajeños que habían sido fusilados el 13 de septiembre de 1936 en el pueblo cercano de Encinas Reales. Aunque hubo tres que no se pudo identificar, los nombres de los otros cuatro (Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero) aparecen en la cripta en la que están sepultados, junto a sus fotos y a la inscripción “asesinados por su condición de demócratas”. Ninguno de estos asesinados está inscrito en los libros de defunciones del Registro Civil, ni en Iznájar ni en Encinas Reales, el lugar donde les quitaron la vida.

Lápida2

Nicho con los restos de cuatro asesinados el 27 de septiembre de 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres desde los cerrillos de Ventorros de Balerma al cementerio de Iznájar se produjo en 1980.

El 15 de agosto de 1980 se produjo un nuevo traslado de cadáveres de otros cuatro asesinados (Francisco González Caballero, hermano del alcalde republicano; Juan Rubio Hoyo; Juan Aguilera Puerto y Vicente González Ortiz, de 21 años) desde los cerrillos de Ventorros de Balerma, donde los habían fusilado el 27 de septiembre de 1936, al cementerio de Iznájar. De ellos, solo el último está asentado en el Registro Civil. Con los datos que poseemos, ya hemos superado la cifra de 50 asesinados que estimaba el historiador Francisco Moreno Gómez en 1985. Ahora mismo tenemos una relación nominal de 75 víctimas de la represión franquista durante la guerra en el municipio de Iznájar (en posguerra hay otras siete mas una en el campo nazi de Mauthausen), de las que 47 (más de un 62%) no están inscritas en el Registro Civil. Y estos datos se han alcanzado cuando solo se han recogido dos testimonios orales y únicamente se han cuantificado de manera detallada los asesinados en dos aldeas (faltan otras 20 por investigar detenidamente). Por desgracia, la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal referida a los años de guerra y posguerra, que nos podría servir de ayuda en nuestra labor de búsqueda de información sobre este tema, es escasa y está aún sin catalogar en parte, así que solo hemos podido extraer de ella datos muy concretos.

En el año 2014 el iznajeño Diego Ortiz Pacheco publicó un libro titulado El Pueblo habló. Pinceladas históricas en el que recoge muchos datos sobre Iznájar. Varios se refieren al año 1936 y se centran en la represión sufrida en el municipio tomando como fuente de información los testimonios orales aportados por varios vecinos desde los años noventa del siglo pasado. También incluye una magnífica fotografía, que es la que reproducimos en el lateral, en la que se puede ver el multitudinario funeral celebrado en memoria de los siete vecinos, ya citados con anterioridad, que fueron fusilados en Encinas Reales en septiembre de 1936 y enterrados en el cementerio de Iznájar el 23 de agosto de 1979 tras ser exhumados. Anotamos a continuación un resumen de la información sobre fusilamientos que aporta en su libro Diego Ortiz Pacheco porque nos da una idea de la magnitud de la violencia en los primeros meses de la contienda:

-Aldea Fuente del Conde: seis fusilados a mediados de septiembre.

-Carretera Iznájar-Loja: dos fusilados en agosto.

-Chaparral Alto: un hombre fusilado y enterrado en un majano en agosto.

-Cortijo de Los Chinarrales, detrás de la casa Calderón: fusilados Currito y Modesto en agosto.

-Aldea Arroyo de la Gata: varios asesinados en la finca Ventura.

-Aldea Juncares: en un lugar conocido como la Leva, en la sierra de las Ventanas, cinco fusilados en agosto.

-Aldea El Higueral; 14 personas muertas en el tiroteo de la toma del pueblo (20 de agosto) y dos fusilados.

-Aldea Cierzos y Cabreras: en la huerta de los Álamos, camino en dirección a Monte de las Monjas, fusilaron un hombre de apellido Tirado y apodado Cañas (¿podría ser Saturnino Tirado Luque?). En la cañada los Pozos fusilaron a un hombre apodado el Mono. A los hermanos Andrés y Felix Aguilera Arévalo los fusilaron en la Llaná. Todos los crímenes fueron en agosto.

-Aldea Arroyo Cerezo: seis personas obligadas a cavar su propia fosa y fusiladas en el puente de la Fraila; otras dos más allá de la cañada del cortijo Valenzuela (uno era de la aldea del Adelantado y se apellidaba Guerrero, el otro era de la aldea de Fuente del Conde). Los asesinatos se realizaron a mediados de agosto.

-Iznájar: Un hombre apodado el Brinzulo tiroteó y mató a Juan López, de apodo Chamol, residente en la aldea de Cierzos y Cabreras, al confundirlo con un “fascista” en la cuesta Marcelino en el mes de agosto.

-Aldea de El Remolino: en el mes de septiembre fusilaron a un hombre de apellido Guerrero en El Romeral; dos hermanos de apellido Aguilera en Las Lobas; cuatro (dos hermanos, Juan Harina y uno apodado Reyes) en la vertiente del cerro La Trujilla; a los hermanos Juan y Antonio Hinojosa Sánchez y a varios jóvenes más en el Camal, donde fueron obligados a cavar su tumba; a Diego Ayora en Encinas Reales (en el Registro Civil se anota su muerte en Córdoba).

-Iznájar: el 13 de septiembre, asesinados en Encinas Reales Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo, Fernando Osuna Caballero y cuatro más (posiblemente el ya citado Diego Ayora, de El Remolino, y otros tres jóvenes de Fuente del Conde). Otro consiguió huir y sobrevivir a una ráfaga de balas. El 23 de agosto de 1979 se les exhumó y enterró en el cementerio de Iznájar, como ya hemos contado con anterioridad.

-Ventorros de Balerma: fusilados en las canteras de al lado de la fuente La Teja los jóvenes iznajeños Francisco González Caballero, Vicente González Ortiz, Juan Aguilera Puerto, Juan Rubio Hoyo y cuatro más. Sus cuerpos fueron exhumados y trasladados a Iznájar el 15 de agosto de 1980, según ya hemos señalado.

 

Jacinto Sánchez Campillo, de 33 años, muerto en la Prisión Provincial de Córdoba el 13 de mayo de 1942.

Mientras los republicanos fusilados permanecían enterrados y ocultos en fosas comunes y en cunetas y descampados, la identificación y enterramiento digno de las víctimas ocasionadas por la represión republicana se convirtió en una prioridad para el franquismo tras la guerra civil. Con dinero público se estableció una política de Estado para que las víctimas mortales de la represión republicana fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron al menos dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de la Gobernación (esta última, sobre «inhumaciones y exhumaciones de cadáveres de asesinados por los rojos»). Aunque en Iznájar, como hemos visto, fue posible en los años ochenta del siglo XX que también los republicanos tuvieran ese derecho, hoy en día abordar esta cuestión suele causar enconadas controversias políticas. Sirva de ejemplo el debate ocurrido en el pleno municipal de Iznájar el 13 de enero de 2012, que se puede leer a partir de la página 13 de este enlace, sobre la propuesta de reprobación de un concejal por unas presuntas declaraciones vertidas sobre la búsqueda de «huesos» de los desaparecidos.

Teniendo en cuenta mis investigaciones y la bibliografía publicada hasta el momento, he elaborado una lista de 11 páginas con el nombre o el apodo de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Iznájar y sus aldeas (que albergaban un censo de 12.345 habitantes en 1940). Incluye, entre otros, a 75 fusilados en guerra, tres fusilados en posguerra, cuatro muertos en posguerra en las cárceles, una lista de presos, los nombres de combatientes republicanos fallecidos y desaparecidos en los frentes, 240 vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas, etc., junto a una tabla comparativa del número de víctimas mortales de la represión franquista y republicana en Iznájar, Córdoba, Andalucía y España. La relación completa de víctimas de Iznájar se puede leer en este enlace.

Antonio Montilla y Antonio González

De izquierda a derecha, Carmen Aragón Carrasquilla (de Lucena), su esposo Antonio González Merino (de Montilla, su padre y su tío murieron en el campo nazi de Mauthausen en 1941), Arcángel Bedmar (autor de este blog), una desconocida y Antonio Montilla Cordón (autor de las memorias de El Remolino a las que se hacen referencia en este artículo). La foto se realizó el 4 de noviembre de 2006 en Cornellá (Barcelona), durante mi intervención en la presentación del libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat, en el que los dos hombres salen como protagonistas. Todos los que aparecen en la foto, salvo el autor del blog, han fallecido.

Información complementaria

Nuevas historias de la represión franquista en Lucena

El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.

El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.

Cualquier estudio que intente reconstruir lo que sucedió en Lucena en los años de la República, la guerra civil y la primera posguerra se encontrará con una dificultad insalvable: todos los documentos relativos a este periodo que deberían conservarse en el Archivo Histórico Municipal se quemaron de manera intencionada, por los propios funcionarios, en los años setenta del siglo pasado. Solo se salvaron los libros de actas de los plenos. Este hecho sorprende a cualquier investigador, ya que si el franquismo lucentino no tenía nada que ocultar ni de lo que sentirse responsable, no se entiende que pusiera tanto interés en destruir las huellas de su pasado, esas que le hubieran permitido responder de todas sus actuaciones ante la historia. Al faltar la documentación municipal, las principales vías de información sobre la represión, desde el triunfo en la localidad del golpe de estado el mismo 18 de julio de 1936, se encuentran en los nuevos libros que se van editando, en los fondos del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla –donde se conservan los expedientes de consejos de guerra de los republicanos que fueron juzgados–, y en los testimonios de testigos, víctimas y familiares de los represaliados. Utilizando estas fuentes, voy a publicar algunas de las informaciones más interesantes que me han llegado en los últimos tiempos, y que completan  los datos que en su día aporté en mi libro, publicado en 2010, República, guerra y represión. Lucena 1931-1939

Al terminar la Guerra Civil, España se convirtió en una inmensa cárcel para los republicanos. A finales de 1939 había 270.719 personas en las cárceles, según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia, sin contar a los 137.000 internados en los batallones de trabajadores y en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, a los reclusos de las prisiones habilitadas ni a los presos gubernativos de la Dirección General de Seguridad. La situación en las cárceles era aterradora, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias, de manera que los presos sin familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos y medicinas estaban casi abocados a la muerte. Sin embargo, esta ayuda familiar se vio muy dificultada porque el franquismo reglamentó como una forma más de castigo el que los reclusos cumplieran sus condenas lejos de sus lugares de origen. A este exterminio masivo de presos que se desencadenó en la posguerra el historiador Francisco Moreno Gómez lo ha llamado “Auschwitz español”. Por ejemplo, en 1941, solo en la prisión de Córdoba, sin contar a los fusilados, murieron por hambre y enfermedades 502 presos de los entre 3.500 o 4.000 que albergaba.

Existen aún pocos estudios globales que aborden las cifras de la mortalidad causada en la primera posguerra por las inhumanas condiciones carcelarias y por la política penitenciaria del franquismo. Por ello, hasta el momento solo conocíamos la identidad de seis lucentinos que perecieron entre 1939 y 1942 en la prisión de Córdoba (Agustín Góngora Serrano, Francisco Mayorgas Hurtado, José González Román, Pedro Muñoz Burgos e Isidoro Valle Jiménez) y en la de Lucena (Rafael Ortega Olmo). Gracias al libro del historiador José María García Márquez, Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963), hemos descubierto los nombres de otros dos lucentinos que murieron en los centros de internamiento franquistas. Uno de ellos fue Juan Muñoz Cabeza, de 29 años, soltero, hijo de Juan y Josefa, que falleció en el campo de concentración de Las Arenas (en La Algaba, Sevilla) el 28 de abril de 1942. Según el historiador José Mª García Márquez, en Las Arenas hubo 278 recluidos, de los que murieron 144, más de la mitad, entre 1941 y 1942, lo que nos da una idea de la extrema dureza de este recinto penitenciario. Este campo se habilitó oficialmente para mendigos, que solían ser personas reducidas al hambre por la guerra, la represión, el destierro, el paro u otras circunstancias familiares o personales. El otro fallecido fue el jornalero Gregorio Cortés Sánchez, de 56 años, que murió en la Prisión Provincial de Sevilla el 12 de abril de 1941, un año en el que perecieron también por hambre, enfermedades y privaciones otros 378 internos de esta cárcel.

Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).

Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).

Hemos podido localizar el sumario del fallecido Gregorio Cortés Sánchez en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 124, expediente 2.291), lo que nos ha permitido rastrear las circunstancias que le llevaron a prisión. Había estado encarcelado entre el 29 de julio y el 14 de noviembre de 1936 en represalia por la huida de Lucena a la zona republicana de un hijo –Felipe Cortés Cabello, militante del sindicato socialista UGT, que desapareció en el frente de guerra–. De nuevo, fue detenido el 23 de septiembre de 1937 por el cabo comandante de puesto de la Guardia Civil de Zambra, Antonio Muñoz Jiménez, y el guardia José Reina Cervera, tras una denuncia de Juan José Sánchez Redondo, vecino de Los Llanos de Don Juan. Este lo acusó de haber afirmado que el general jefe del Ejército de Sur, Gonzalo Queipo de Llano, era “un granuja” y que “estábamos todos engañados con ese Gonzalo de Sevilla y que en Lucena había quien estaba esperando el triunfo de los socialistas, que había quien tenía banderas preparadas para salir ese día a la calle a ponerlas, puesto que a los socialistas los tienen reconocidos veintisiete naciones extranjeras”. Aquel mismo día se hizo cargo del detenido Manuel Vargas Martín, alférez jefe de línea de la Guardia Civil de Lucena, que lo internó en la cárcel. El 13 de diciembre de 1937 se decidió su pase a la Prisión Provincial de Córdoba. El juicio se celebró el 22 de enero de 1938. El abogado defensor había solicitado la absolución, sin embargo el tribunal, presidido por el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo, aceptó la petición del fiscal, José Ramón de la Lastra y Hoces, que había considerado los hechos como un delito de “auxilio a la rebelión” y había pedido 12 años y un día de reclusión para el procesado. En 1939, mientras Gregorio Cortés se encontraba en la prisión de Sevilla, falleció su esposa, Josefa Campos León. En enero de 1940 se le conmutó la pena por seis años y un día, pero murió por miocardistis antes de ser liberado.

Cuando fue interrogado por la Guardia Civil el 23 de septiembre de 1937, Gregorio Cortés Sánchez manifestó que había comentado lo de los socialistas y las banderas porque se lo había escuchado referir tres días antes en una conversación al turronero Pedro Antonio Hinojosa Cuenca, de 27 años. Este fue citado a declarar al día siguiente y lo negó. Alegó que él solo había afirmado que la Sociedad de Naciones “estaba de parte nuestra, por lo que ganaríamos, que esto lo dijo queriendo decir que ganaría Franco, y que si otra cosa entendió el Gregorio Cortés lo interpretaría mal”. A pesar de sus aclaraciones, Pedro Antonio Hinojosa fue encarcelado hasta el 9 de octubre, fecha en la que quedó en libertad provisional, pero con la obligación de presentarse cada diez días en el juzgado. Mientras se instruía la causa judicial que se le abrió, falleció el 8 de febrero de 1938 por miocarditis, la misma enfermedad que llevaría a la tumba en la cárcel a Gregorio Cortés.

Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.

Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.

La represión provocó que muchas personas, por distintos motivos (destierro, dificultades para encontrar trabajo, acoso social, etc.), no volvieran a sus localidades de origen al cumplir su condena en las cárceles, lo que conllevó que se convirtieran en desconocidas en la tierra que las vio nacer. Eso le ocurrió al lucentino Miguel Berjillos Gálvez. Supe de su existencia a través de Ismael Algarrada, residente en Torre del Mar y ya fellecido. Me informó de que había una calle dedicada a él en Vélez-Málaga y me remitió a un artículo sobre su trayectoria vital, escrito por Antonio Jiménez, publicado en el Diario La Axarquía el 30 de noviembre de 2012. Miguel Berjillos era de ideología comunista y había estado recluido en la prisión de Málaga en la posguerra. En la cárcel conoció a una veleña, Carmela Díaz, una voluntaria que asistía a los presos sin familia en el lugar y con la que acabaría casándose. Miguel Berjillos rápidamente se integró en Vélez, donde se convirtió hasta su muerte en 1976 en una persona comprometida socialmente y en un incansable animador cultural en los campos pictórico, radiofónico y literario. Escribió tres libros: El Romancero de Vélez-Málaga, El alma de la Cueva de Nerja y La vida de Juan Breva.

A la derecha, Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.

A la derecha, el concejal de Izquierda Republicana Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.

Al pie del artículo del Diario La Axarquía aparecía un comentario de su nieto, Juan Manuel Muñoz Berjillos. Aunque solo se publicaba su nombre, conseguí localizarlo en julio de 2014 en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Gracias a él y a su madre, Araceli, pude obtener datos y fotos no solo de su abuelo, sino de otros miembros de su familia significados políticamente, algunos de los cuales ya constaban en mi libro de Lucena. Araceli fue la única hija que tuvo Miguel Berjillos, fruto de su primer matrimonio con la lucentina Aurora Salazar Mency, que murió en 1938. Araceli tenía entonces tres años, así que una tía se hizo cargo de su crianza. A Miguel le sorprendió el golpe de Estado realizando el servicio militar en la zona que quedó en poder de los sublevados, así que luchó durante la contienda en el bando franquista. En la posguerra lo detuvieron por sus actividades políticas, sin que sepamos la fecha y el lugar exacto (es posible que en Rute), pues no hemos podido localizar su expediente del consejo de guerra. Estuvo encarcelado durante unos tres años en la prisión de El Dueso (en Santoña, Cantabria) y luego en la de Málaga. Al salir, se estableció ya definitivamente en Vélez.

Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.

Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.

El testimonio de Araceli Berjillos ha permitido también obtener algún dato más de sus tíos y de su abuelo, todos zapateros de profesión. Algunos aparecen en mi libro, pero con el apellido Berjillos escrito con “g”, que al parecer es la grafía correcta. A un hermano de Miguel, Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, que había portado en alguna ocasión las banderas de los gremios republicanos en las manifestaciones, lo fusilaron en Córdoba el 11 de noviembre de 1936, convirtiéndose así en una del más de centenar de víctimas mortales por la represión franquista en el municipio de Lucena en los tres años de guerra. Otro hermano, Francisco, había sido vocal de la Junta Directiva del Centro de Obreros Republicanos en 1933. En febrero de 1936, como consecuencia de las elecciones que dieron el triunfo en Lucena y en España a la candidatura del Frente Popular, se convirtió en  concejal por Izquierda Republicana. Tras el golpe de estado lo torturaron en el cuartel de la Guardia Civil (actual hotel Santo Domingo) delante de su padre, Francisco, al que habían encarcelado.

Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.

Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.

En mayo de 2014, desde Madrid, Eusebio Aguilera Díaz me escribió para decirme que el nombre de su abuelo Pedro Díaz Algar, un jornalero de 40 años, estaba equivocado en mi libro de Lucena, pues yo lo había identificado como Francisco. El error se produjo porque de los 11 fusilados que hubo en Las Navas del Selpillar solo cuatro están inscritos en el Registro Civil como difuntos. Los datos de los otros siete, entre los que se encuentra su abuelo, pude rescatarlos gracias a testimonios orales, una fuente de información que puede presentar lagunas en cuanto a recuerdos de personas o hechos. Si hace más de 15 años yo hubiera seguido el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas mortales de la represión franquista en Las Navas del Selpillar fueron cuatro y no 11, que es el número verdadero de asesinados.

En su escrito, Eusebio Aguilera se refiere a la posible exhumación de los restos de su abuelo –enterrado en un lugar desconocido como otros miles de republicanos asesinados–, ya que ese es uno de los anhelos de su madre. Es un deseo comprensible en una sociedad como la nuestra, donde el duelo por la muerte de un ser querido va acompañado de unos ritos entre los que se encuentra el entierro del cadáver en el cementerio en una tumba identificada. El franquismo era consciente de ello, por lo que no escatimó dinero público y estableció una política de Estado para que las víctimas mortales de la represión republicana fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación.

Me he permitido reproducir parte de la carta de Eusebio Aguilera. Está escrita en el mismo tono, sosegado y pacífico, de las muchas misivas que recibimos los historiadores que nos dedicamos al estudio de la represión. En sus palabras no hay lugar para la revancha ni para reabrir las heridas del pasado, sino todo lo contrario. La única intención es curar y cerrar las heridas de las personas que, como su madre, todavía las tienen abiertas:

Mi llegada hasta usted es como consecuencia de que mi madre, ya muy mayor, es la última de los hijos vivos de mi abuelo, y lleva ya tiempo pidiéndome que intente buscar a su padre con el objetivo de enterrarle con su familia.

Soy consciente y así intento hacerla ver, que es tarea difícil, si bien y cuando le estuve leyendo algunos de los párrafos de su libro, de los hechos que ocurrieron en Las Navas del Selpillar, se puso a llorar, pues dichas historias son con las que había nacido.

  Efectivamente, mi abuelo reclamó unas jornadas que había dado, y ese fue todo su delito, y la única explicación que le dieron a mi abuela, cuando durante varios días estuvo llevándole la comida y ropa limpia, es que “tu marido donde está ya no le hace falta nada…”, y eso es cuanto sabemos de su desaparición.

   Por la lectura de su libro se podría interpretar que están en alguna fosa común del cementerio de Lucena ¿Ese punto se podría confirmar? ¿Y si es así, en algún momento se ha barajado la posibilidad de entre los familiares de todos esos desaparecidos solicitar al Juzgado la exhumación de los cuerpos?

   Mi madre, la pobre, nos dice y nos repite que si pudiera sacar a su padre de donde estuviera sería lo más grande que podría hacer. Y francamente me siento obligado a intentar al menos hacer algo… pues como le digo con la lectura de su libro en lo concerniente a lo ocurrido en Las Navas se le puso el vello de punta, ya que algunas de esas historias son las que le contaba su madre y viejos del lugar de lo que allí pasó.

En cuanto a la contabilización de las víctimas mortales de la represión franquista en Lucena, hemos conocido por testimonios orales que Antonio Ortiz Ortega «El Seco Pesero» podría ser el nombre de una nueva víctima. De otras dos personas no hemos conseguido establecer a ciencia cierta que fueran fusiladas: Antonio Santaella Cañete y un varón de apellidos Muñoz Cabeza. De este último, gracias al testimonio de su sobrina nieta Lorena Raya Vicente, aportado en marzo de 2016 desde Castellón, conocemos su desaparición, pero no si fue a consecuencia de un hecho de guerra o de la represión, aunque esta última posibilidad es la más probable. A pesar de la coincidencia de apellidos, hemos comprobado que Muñoz Cabeza no es el lucentino que falleció en 1942 en el campo de concentración de La Algaba, del que hablamos al principio de esta entrada del blog. Lorena nos ha facilitado también el nombre del primer marido de su abuela, Miguel Pino Salcedo, que murió en el frente de batalla mientras luchaba a favor de la República.

El último testimonio que hemos recibido respecto a la represión, el 2 de septiembre de 2020, ha sido el de la nieta de Martín Burgos Villa, de 33 años, fusilado el 18 de agosto de 1936 en el cementerio. La familia afirma que la causa del fusilamiento es su oposición a que su hermana mantuviera relaciones con un derechista que la había pretendido. En venganza, este lo denunció por comunista y lo detuvieron mientras trabajaba en el campo. Como el camión en el que solían llevar a los presos para fusilar pasaba por la calle donde ellos residían, su esposa, Araceli Muñoz Soria, lo acechaba cada noche y pudo verlo por última vez mientras él le tiraba besos en el aire. A ella la pelaron, le dieron aceite de ricino, la pasearon media desnuda por Lucena atada a un carro y le dieron una paliza que le provocó un aborto, pues estaba embarazada de seis meses. Para sobrevivir, se dedicó a lavar la ropa de los soldados y sobre todo al estraperlo, hasta que emigró a Córdoba capital.

Listado de víctimas de la represión franquista en Nueva Carteya

La fuente imprescindible para adentrase en el conocimiento de la represión en Nueva Carteya durante la guerra civil es el historiador Francisco Moreno Gómez, en especial su libro 1936: el genocidio franquista en Córdoba. Gracias a él sabemos que Nueva Carteya fue una de las dos localidades de la campiña cordobesa, junto a Bujalance, donde la Guardia Civil no secundó el golpe de Estado, lo que motivó que el pueblo sufriera la incursión en poco más de un mes de tres columnas militares afectas a los militares sublevados con la intención de tomarlo.

El capitán dela Guardia Civil Francisco López Pastor mandaba la columna que el día 28 de agosto tomó Nueva Carteya.

El capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor mandaba la columna que el día 29 de agosto de 1936 tomó Nueva Carteya.

El 18 de julio de 1936 el alcalde en funciones era el socialista Juan Caballero. Para evitar que los derechistas locales pudieran apoyar el golpe de Estado, se detuvo a 37 de ellos y se les recluyó en la iglesia. El atardecer del día 20, entró una columna de militares y guardias civiles mandada por el teniente Machuca Báez, de la guardia de Asalto, que liberó a los presos y causó la primera víctima mortal entre la población. A la mañana siguiente, al retirarse hacia Córdoba, la columna arrastró consigo a las personas de derechas que quisieron acompañarla y a los guardias civiles del pueblo. Nueva Carteya siguió en manos republicanas, pero el 28 de julio pasó la columna militar del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, con moros de Regulares y legionarios, que iba camino de Baena (donde aquella misma tarde cometería una de las masacres más importantes de la guerra civil en la provincia) y mató en las calles y las casas a una docena de personas. Aunque comenzó la huida de muchos vecinos hacia localidades más seguras, el pueblo continuó bajo dominio republicano hasta el 29 de agosto, cuando lo tomaron, ya de manera definitiva, falangistas y guardias civiles de Cabra, al mando de los capitanes Ramón Escofet Espinosa y Francisco López Pastor.

La represión de los militares golpistas durante la guerra civil y la posguerra, según nuestras investigaciones, segó la vida de al menos 67 personas. De ellas, solo 31 aparecen inscritas en los libros de defunciones del Registro Civil de Nueva Carteya y Córdoba. La identidad del resto se pudo conseguir en 1985 a través del testimonio de Antonio Gómez Herencia (13 nombres más), otras informaciones orales y a los expedientes de la Prisión Provincial conservados en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, lo que ha permitido que hoy tengamos una idea aproximada (y mínima) del número de fusilados. Sin esa labor pionera de búsqueda y recopilación que llevó a cabo Francisco Moreno y a la que hemos acometido en la actualidad (frente a los partidarios del olvido y de no “remover el pasado”) es muy posible que esos datos se hubieran perdido para siempre, por lo que dentro de unos años cualquier historiador que se hubiera adentrado en la investigación de este tema llegaría a conclusiones erróneas y creería que las víctimas mortales de la represión franquista en Nueva Carteya fueron muchas menos de los reales.

No hay que olvidar que la propia administración judicial franquista llegó a silenciar los fusilamientos, y catalogaba a los asesinados como desaparecidos a los que por muchos motivos no interesaba registrar o se inscribían falseando la causa de la muerte u otros datos personales. Al no existir casi nunca consejos de guerra antes de los fusilamientos, pues esta práctica judicial no se generalizó hasta abril de 1937, tampoco hubo registro oficial de ejecuciones, ya que en teoría estas no se realizaban. De hecho, que sepamos, el único vecino que fue sometido a juicio durante la guerra fue el sargento comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Nueva Carteya, Fabián Rodríguez de la Calle, fusilado en Córdoba el 11 de diciembre de 1936 por no haber secundado el golpe militar. De este sargento se puede leer un magnífico artículo publicado por Antonio Merino Morales en la revista de feria de Nueva Carteya de 2014. Al igual que el sargento Fabián Rodríguez de la Calle, otros muchos vecinos de Nueva Carteya caerían fusilados por la Guardia Civil en Córdoba a finales del otoño de 1936 (por ejemplo, 11 el día 9 de diciembre y 17 el día 11) tras ser trasladados a la prisión de la capital.

El impacto de la represión resultó tan brutal que muchas familias no inscribían a sus seres queridos en el Registro por vergüenza o por temor a correr su misma suerte, de manera que nunca se producía el asiento si los familiares no lo intentaban, renunciaban a hacerlo ante las dificultades o emigraban de la localidad. En resumen, un porcentaje elevado de fusilados por los franquistas durante la guerra civil habría quedado sin registrar en muchos pueblos de Andalucía, y la gran mayoría de los que se inscribieron en los Registros Civiles se anotaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que hubieran sido asesinados. Con estos presupuestos, es evidente que nunca llegaremos a conocer el verdadero alcance numérico de la represión causada por los militares sublevados en Nueva Carteya. Sí sabemos que víctimas mortales de la represión republicana no hubo ninguna en la localidad.

Teniendo en cuenta la bibliografía publicada hasta el momento, hemos elaborado una lista con el nombre o el apodo de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Nueva Carteya. Incluye los nombres de 63 fusilados durante la guerra, dos fusilados en posguerra, un fallecido en prisión en posguerra, un muerto en el campo nazi de Mauthausen, 31 presos en la posguerra y 86 vecinos sujetos a  expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. También añadimos los nombres de 18 combatientes republicanos muertos, desaparecidos e incapacitados en los frentes de guerra. El listado de todas estas víctimas se puede consultar en este enlace.

Por otro lado, adjuntamos otra lista con los nombres de 22 soldados del Ejército franquista fallecidos en los frentes de guerra, que se pueden visualizar en este enlace.

Fuentes sobre la guerra civil en Nueva Carteya:

  • Antonio Barragán Moriana, Control social y responsabilidades políticas, Córdoba (1936-1945), El Páramo, Córdoba, 2009, págs. 167-169, 170, 272, etc. En este libro aparece la relación de vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas.
  • José Luis Cervero, Los rojos de la Guardia Civil. Su lealtad a la República les costó la vida, La esfera de los libros, 2006, págs. 115-117. En este libro se narra el consejo de guerra llevado a cabo contra el sargento comandante del puesto de Nueva Carteya, Fabián Rodríguez de la Llave, que fue condenado a muerte y fusilado el 11 de diciembre de 1936 en el cuartel del Marrubial de Córdoba.
  • Joaquín Gil Honduvilla, Militares y sublevación. Córdoba y provincia 1936, Muñoz Moya Editores, Brenes, 2012, págs. 164-165.
  • Francisco Moreno Gómez, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Crítica, Barcelona, 2008, páginas 207-212.
  • Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la Guerra Civil, El Páramo, Córdoba, 2011. En las págs. 54-56 encontramos una pequeña historia de los tres maestros nacionales de Nueva Carteya fusilados en Córdoba: José González Cantillo, José Pérez Arenas y José Gómez Cárdenas.
  •  –Blog Disipar Tinieblas

Información (y poema) adicional

En julio de 2017, Antonio Aguilar, residente en Terrassa (Barcelona), que lleva años en contacto conmigo para esclarecer la muerte de su abuelo Antonio Caballero Cordón, vecino de Nueva Carteya y fusilado en Córdoba en diciembre de 1936, me envió este poema dedicado a su memoria. Su madre, ya fallecida, se realizó con 93 años la prueba de ADN a través del Programa de Identificación Genética de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura, coordinado por la Generalitat de Cataluña, con la intención de poder identificar el cadáver en el caso de que se iniciaran las exhumaciones de las fosas comunes de los cementerios de Córdoba.

Manuel Hernández González, cabo de la Guardia Civil en Albendín en 1936

Nota previa: esta entrada del blog, revisada y ampliada, se ha publicado en formato libro en noviembre de 2014. El texto se puede leer en este enlace.

La rebelión contra la República comenzó en Córdoba sobre las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División, recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas de los rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

El teniente Pascual Sánchez Ramírez en la foto aparece con el grado de coronel).

El teniente Pascual Sánchez Ramírez (en la foto aparece con el grado de coronel).

En Baena, en la trama golpista jugó un papel decisivo el teniente Pascual Sánchez Ramírez, quien había servido en Marruecos y desde el Tercio de la Legión se había reintegrado en la Guardia Civil con el grado de teniente. El perfil de Pascual Sánchez se correspondía con el de otros muchos militares que apoyaron el golpe de Estado, del que eran vivos ejemplos los generales Francisco Franco, Emilio Mola o Juan Yagüe, o el coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga, quien mandaría las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936, ya comenzada la guerra civil. Se les llamó “africanistas” porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del Ejército español, estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos italiano y alemán: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

La sublevación se inició en Baena en la tarde noche del sábado 18 de julio, cuando se organizaron patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el ayuntamiento, el edificio de la telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un auténtico ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. El día 28 de julio los sublevados estaban próximos a sucumbir. La entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos, que intentarían de nuevo la conquista del pueblo el 5 de agosto, cuando el general Miaja ordenó un ataque a Baena. No obstante, la orden de retirada recibida por los republicanos el mismo día 6 por la mañana permitió que Baena quedara ya durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

Baena tenía una aldea, Albendín, en la que existía un cuartel con seis guardias y un cabo comandante de puesto, Manuel Hernández González. Este, al producirse el golpe de Estado, en apariencia cumplió con las órdenes que le trasmitía su superior, el teniente Pascual Sánchez Ramírez, de manera que para apoyar la sublevación el 19 de julio por la noche se trasladó a Baena, donde permaneció concentrado junto a los guardias de Albendín. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 23 de agosto el teniente Pascual Sánchez arrestó al cabo dentro del propio cuartel y envió al día siguiente una denuncia contra él a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, según se recoge en el sumario de su consejo de guerra que se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa 259/36, legajo 243, expediente 4.051).

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

En el escrito de denuncia, el teniente Pascual Sánchez indicaba que por “confidencias fidedignas que me merecen todo crédito de elemento civil y además por propia observación” había detectado que la conducta del cabo Manuel Hernández no correspondía “a un Cuerpo de su categoría y que viste un uniforme de un Cuerpo tan fiel y noble como el nuestro (…) y que en los distintos servicios que le fueron encomendados no desplegaba la actividad y el valor que en las circunstancias presentes se requieren”. Señalaba que el día 5 de agosto, cuando el general Miaja atacó Baena, en el edificio de la Sub-brigada Sanitaria Manuel Hernández aconsejó a los defensores que no disparasen con el fin de pasar desapercibidos, “con lo que mostró cobardía o sentimiento a [sic] herir al enemigo, con el que parece que simpatiza”. El teniente lo acusaba también de decir “que no se deben acatar más órdenes que las que emanen del gobierno legalmente constituido en Madrid”, de escuchar las noticias transmitidas por Unión Radio Madrid (en manos de los republicanos) y de ver “con desagrado” que sus subordinados escucharan las emisiones de Radio Sevilla o Córdoba (controladas por los militares sublevados) y leyeran ABC, Guión y “otros periódicos de significación derechista”. Por último, el teniente apuntaba que tanto Manuel Hernández como su esposa habían proferido frases como “aún no se sabe de quién será el triunfo, la bola anda en el tejado, la Unión Radio Madrid es la que dice la verdad” y otras por el estilo que “aminoran la moral de militares y civiles” y quitan “la fe ciega que en el triunfo de nuestra causa todos tenemos puesta”. Por estos motivos, al considerarlo “como individuo peligroso en esta plaza”, había decidido detenerlo y ponerlo a disposición del jefe de la Comandancia de Córdoba, quien trasladó la denuncia al teniente Manuel Cañas Montes para que recabara información de los hechos.

Fachada del cuartel de Albendín en 1940. Delante aparece el guardia Francisco Moreno Torres, su mujer y 10 de sus hijos (foto cedida por uno de ellos, Francisco Moreno Cubero).

Tras tomar declaración a varios testigos, guardias civiles y paisanos, el teniente Manuel Cañas Montes elaboró un acta en la que confirmaba las acusaciones que había vertido el teniente Pascual Sánchez contra el cabo Manuel Hernández, y añadía otras, como que sus amistades eran de izquierdas, que el día 19 de julio había respondido a los guardias que habían ido a trasmitirle que impusiera el estado de guerra en Albendín que “a lo que habían ido allí era a revolucionar el pueblo y que el movimiento era una rebelión contra el Gobierno constituido”, que había dejado alojada a su familia en Albendín con una familia de “significación extremista” en vez de trasladarla a Baena, y que había avisado a los directivos del Centro Obrero de Albendín para que huyeran antes de ser detenidos. Por todo ello, calificaba a él y a su esposa como “simpatizantes con el Frente Popular” –la coalición de republicanos e izquierdistas que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936– y estimaba que “era peligrosa su permanencia en el cuerpo” de la Guardia Civil. En vista del informe, el comandante de Artillería y juez instructor de la causa, Juan Anguita Vega, el 12 de septiembre se ratificó en la culpabilidad del cabo y decidió su procesamiento, lo que fue aprobado por el auditor de guerra de la II División Militar. Sobre las acusaciones que se vertían sobre él, el cabo Manuel Hernández concluyó que eran “inciertas y que las atribuye a una venganza colectiva del puesto que él mandaba por haber desde el primer momento en que se hizo cargo del mismo obligado a todo el personal a sus órdenes a cumplir fielmente sus diversos cometidos dentro de la estricta ordenanza que él era el primero en cumplir”, y que creía no “haber tenido tibieza en el servicio por cuanto se le ha instruido un expediente de recompensa por la defensa del Ayuntamiento durante el primer asedio”.

La vista del consejo de guerra se celebró en Córdoba el 10 de mayo de 1937, a las 10 de la mañana, en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial. El fiscal, Antonio Díaz Rodríguez, solicitó para Manuel Hernández la pena de muerte por “adhesión a la rebelión” mientras el defensor resaltó su hoja de servicios y pidió la absolución. Manuel Hernández rogó al tribunal, presidido por el teniente de Caballería Antonio Gómez Romero, que “meditase antes de dictar sentencia para no incurrir en error judicial dado lo irreparable de la pena solicitada”. Fue condenado a cadena perpetua, lo que suponía su expulsión de las filas de la Guardia Civil. Padeció cárcel durante casi seis años, hasta el 30 de mayo de 1942, cuando una revisión de la condena le permitió salir en libertad condicional.

El cabo Manuel Hernández fue víctima de lo que se ha denominado “justicia al revés”, que significaba que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. No obstante, se convirtió en un privilegiado al ser procesado, ya que durante 1936 y los comienzos de 1937 cualquier oposición al “Glorioso Movimiento Nacional” o cualquier infracción del bando de guerra se castigaban con el fusilamiento sin proceso judicial previo. En aquellas fechas, pocas víctimas pasaron por consejos de guerra –aunque estos juicios solían ser farsas sin garantías jurídicas para los acusados–, salvo los militares que no habían secundado el golpe de Estado o personas muy significadas.

Manuel Hernández se encontraba preso en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Córdoba desde el día siguiente a su detención en Baena, el 23 de agosto de 1936. Comienza entonces a escribir unas cuartillas, “cual náufrago que en los postreros momentos de su vida deposita en el interior de una botella los angustiosos gritos de sus últimas llamadas”. En junio de 1942, al ser liberado, las mecanografía “sin quitar ni poner nada” de lo que había escrito con anterioridad. Las denomina Páginas Confidenciales y ocupan 23 folios. Al empezar a redactarlas en los calabozos, se lamenta de las numerosas dificultades que se interponían para hacerlo: lo “aventurado que es ‘decir lo que siente sin sentir lo que se dice’ en ciertos sitios”, el “estado depauperado” de su organismo, “el embotamiento mental del espiritualmente arrinconado entre tanta gente”, la carencia del “consuelo de un pecho amigo que recoja las quejas de su oprimido corazón”, o algo tan simple como la falta de libros y de una mesita para apoyarse al escribir. Según manifiesta en el preámbulo, el principal objetivo de sus páginas, que dedica a sus hijos como un “espiritual legado”, “es que me ‘sobrevivan’ y lleguen a manos de los míos si sucumbo antes de encontrarme entre ellos”.

La gran mayoría de sus páginas son reflexiones políticas, sociales y filosóficas –a veces muy enrevesadas y de carácter genérico–, y algunas poesías dedicadas a sus hijos (Guadalupe, Pilar, Maruja, Manolo y Pepín), no obstante también hay espacio para lamentarse de lo que él denomina “mi calvario”. Así, la noche de su detención en Baena la rememora, como una tragedia personal y familiar, de la siguiente manera: “Aquella noche de triste recordación, el edificio que levantara mi laboriosidad en el servicio, mis desvelos en el estudio, mi probidad en la conducta, y tantos años de esperanzas en lo que constituía el brillante porvenir de mi modesta carrera, se derrumbó en un segundo; y bajo los catastróficos escombros de mi desdichada suerte, vi aplastada también la suerte de los míos”.

El 19 de junio de 1937, Manuel Hernández dejó de pertenecer a la que él llama con afecto “institución querida”, al ser expulsado de la Guardia Civil por la sentencia del consejo de guerra. Al día siguiente lo sacaron de los calabozos del cuartel y tuvo que cambiar “un uniforme honroso y honrado durante 19 años, por el traje de paisano” –en la guerra y la posguerra los presos no usaban uniforme carcelario–, con el que fue ingresado en la Prisión Provincial de Córdoba aquella misma mañana. Permaneció allí solo seis días, hasta que el día 27 entró en la Prisión Central de El Puerto de Santa María. El traslado se explica porque el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de sus domicilio (lo que se llamó «turismo penitenciario»). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquellos años de miseria y escasez.

Manuel Hernández dedica los dos últimos folios mecanografiados de sus Páginas Confidenciales  a su recorrido penitenciario. Este apartado es el más interesante desde el punto de vista histórico, ya que hay referencias a sus padecimientos en las cárceles franquistas. A partir de este momento desaparecen sus inquietudes intelectuales, se encuentra derrotado física y moralmente, y solo escribe frases escuetas. Las necesidades primarias se imponen y la única obsesión, ante tanta hambre, es la comida. Su estancia en la prisión de El Puerto de Santa María, primero en el periodo de cuarentena en las celdas y luego su internamiento en las brigadas, la describe así:

Admirable período de observación en celda el de esta prisión. No sabe uno si es un hombre, o si se ha vuelto una fiera. Lo que sí sabe con certeza es que se halla enjaulado y que por entre los barrotes de la jaula le será entregado el plato con una ración de rancho tan ligero y exento de grasas que le evitará las molestias de una indigestión. Durante los veinte o treinta días que viene a constituir este periodo, no se puede hablar, echarse de día sobre el petate, leer, escribir –como no sea una tarjeta semanal–, pasear, ni fumar. Dormir, en los meses de verano, puede hacerse cuando empieza a clarear el día, que es cuando las chinches emprenden la retirada –paredes arriba–  después de haberle chupado a uno la sangre toda la noche. Después la salida de celda y el pase a brigadas, o sea grandes dormitorios con numeración correlativa, y la vida de patio, o lo que es lo mismo, que se sale al toque de diana de la brigada y no se vuelve a entrar en ella hasta el toque de retreta.

El 9 de agosto de 1938, junto a una numerosa expedición de quinientos presos, Manuel Hernández fue conducido la prisión de El Dueso, en Santoña (Cantabria), adonde llegó el día 11 y permaneció más de tres años. Aquí su situación empeoró de manera considerable, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Hemos de tener en cuenta que en España el número de presos en 1940 alcanzó los 270.719, según las cifras aportadas por el propio Ministerio de Justicia. Para los internos en las cárceles, el hambre era una constante, con dietas hipocalóricas y menús basados en berzas forrajeras. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban casi abocados a la muerte.

En 1941 las cifras de mortalidad de los reclusos se dispararon hasta cotas nunca conocidas en la historia penitenciaria española. Es lo que el historiador Francisco Moreno Gómez ha llamado “Auschwitz franquista”. En la cárcel de Córdoba, de los 3.500 o 4.000 presos existentes ese año, fallecieron 502 por tifus y hambre. En la de El Dueso, en un solo día, el 9 de enero de 1941, hubo 53 muertos de hambre, según el historiador Eutimio Martín, y los fallecimientos aquí eran diarios. Con ese panorama tan dantesco, Manuel Hernández se encontraba con el cuerpo “agotado (…) por las privaciones excesivamente prolongadas y acosado por la miseria, triste, infinitamente triste”. Junto al hambre, el frío se convirtió en otro de sus sufrimientos. Era obligatorio que los grandes ventanales de la prisión, colocados a la altura de alrededor de un metro del suelo de las salas, estuvieran abiertos de par en par día y noche durante todo el año, incluso en época de inclemencias meteorológicas, lo que causaba enfriamientos y enfermedades pulmonares que muchas veces acaban con la vida de los reclusos. Los fallecidos por enfermedades y hambre eran enterrados en un cementerio visible desde el penal, situado en la playa aneja de Berria, en el que Manuel Hernández fija su mirada en reiteradas ocasiones. Los años 1941 y 1942 hacen mella no solo en su cuerpo, sino en su estado de ánimo, cada vez más abatido y fúnebre, según podemos extraer de su relato:

El año 1941 va tocando a su ocaso. He pasado otra Nochebuena más en este Penal del Dueso. Mala para mí porque ni el paquete con algún extraordinario familiar ha llegado a tiempo.

La “brigada” en que estoy tiene un ventanal muy amplio con vistas al mar. Este mar Cantábrico de furioso oleaje, que parece tener como fin único avanzar sobre la playa, para arrastrar hacia el abismo el pequeño cementerio donde yacen los que deben su liberación a la muerte. La avitaminosis que a pasos agigantados va depauperando y restando fuerzas a mi organismo me hace temer un fin desastroso entre esta gente ingrata que no me quiere bien, y a la cual aborrezco con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Y yo que lo creía incapaz de odiar!

Año de 1942. Día de Reyes, la noche que le sigue y el imborrable recuerdo de que hace dos años el simple hecho de acercarme a la ventana para satisfacer ineludible necesidad y el fusil disparado por el brutal automatismo de un centinela me hubieran costado la vida, al no detener y desviar la bala mi Ángel tutelar en forma de barrote de la ventana citada.

Quiero marchar de aquí. Quiero marchar de aquí, aunque sea sin perder la bochornosa calidad de preso en conducción, porque tengo frío, mucho frío, en esta isla apartada y neblinosa; y miedo de morir para ser enterrado en ese camposanto que las aguas de este enfurecido mar salpican, donde no puede uno tener ni la postrera ilusión de que su tumba florezca un día bajo las lágrimas de un ser querido (.) Por eso he solicitado –sin fuerzas apenas para sostenerme en pie– trabajar… en cualquier oficio, como ayudante de fragua, donde quiera que se me destine.

Manuel Hernández vio una salida a su penosa situación en el sistema de redención de penas por el trabajo, que las autoridades franquistas habían comenzado a aplicar en enero de 1939. Consistía en la explotación laboral del preso a cambio de un pequeño sueldo y de la rebaja del tiempo de prisión por día trabajado. Una de las modalidades de trabajos forzados eran las colonias penitenciarias militarizadas, y consiguió que lo destinaran a la 5ª Agrupación, que emplearía a 1.250 reclusos a partir de enero de 1942 en la reconstrucción de la academia de Infantería de Toledo. El 19 de enero salió, con varios más, en un viaje con diversas etapas hacia la Prisión Habilitada de Toledo, adonde llegó el día 30. El 2 de febrero recibió una “sorpresa inenarrable”: su condena se había revisado y se había reducido a 12 años, por lo que se empezó a formalizar el expediente de libertad condicional. El franquismo ya había iniciado en enero de 1940, con la creación de las Comisiones de Examen de Penas, un proceso de excarcelaciones, de concesiones de libertad vigilada y de indultos, debido entre otros motivos a la necesidad de mano de obra libre para la reconstrucción del país, a los importantes gastos que suponía el abultado número de presos y a la amenaza de colapso administrativo del organigrama judicial y penitenciario. El anuncio de que podría salir en libertad condicional, tras tantos años de presidio y padecimientos, llenó de inquietud e incredulidad a Manuel Hernández:

 ¿Será cierto? ¿No se tratará de una confusión de nombres? –me pregunto durante diez días seguidos–. Pasan días y más días, comiendo poco; y noches y más noches, durmiendo menos, unidos a la febril impaciencia de tales casos y a mi extrema debilidad, que me hacen temer que cuando la ansiada libertad llegue pueda ser tarde (…) Mi cuerpo se consume en la prisión, pero mi alma ya no está en ella. Vaga de aquí para allá, haciendo miles de proyectos con la erección de castillos que la ilusión crea y un recuento de posibilidades destruye, alternativamente.

La libertad le llegó el día 30 de mayo de 1942, cuatro meses después de que se la anunciaran. Antes de salir de la prisión escribió un par de párrafos de despedida, entre los que se encuentra este, en el que se define como un hombre con la conciencia limpia y como un patriota:

 No sé si terminará pronto mi vida; pero sí sé que cuando esto ocurra será fuera de esos antros ominosos en que ingratas convivencias contribuyeron a consumirla. Ni cuando antes entré, ni cuando ahora salgo, tenía ni tengo peso alguno en mi conciencia. Patriota era, y patriota soy (…) No llevo el corazón cargado de odios que lo empequeñecen, pero sí del más absoluto desprecio, tanto para los que han cercenado con su visible mala fe muy cerca de seis años del calendario de mi vida, como para los que durante el mismo tiempo hallaron gozo en mis amarguras.

 

Manuel Hernández, su mujer y sus hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar,Pilar (monja) y Guadalupe.

Manuel Hernández, su mujer y sus cinco hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar, Pilar (monja) y Guadalupe.

A primeros de junio de 1942, Manuel Hernández ya pudo reencontrase con su familia en el pueblo cordobés de Almodóvar del Río, adonde su mujer, oriunda de allí, se había trasladado con sus cinco hijos para buscar el amparo de sus padres. Según el testimonio, recogido en mayo de 2014, de su ya fallecida nuera, Ana Rodríguez Martínez, durante un tiempo padeció frecuentes cólicos, pues su organismo, golpeado por la falta de alimentos, soportaba mal una dieta normalizada. Para ganarse la vida, se dedicó a dar clases particulares (aunque era autodidacta, poseía una cultura muy elevada para la época), trabajó de escribiente en una empresa y se colocó como empleado de vías y obras de RENFE, en la estación sevillana de Los Rosales, situada en el municipio de Tocina. Su personalidad se volvió más introvertida, aunque siguió siendo muy cariñoso con los suyos, noble y ordenado. Se refugió en la lectura, en su afición a la música clásica y en sus retiros al campo. Murió en Almodóvar del Río el 7 de octubre de 1969, a los 75 años. Con la llegada de la democracia, su viuda, Pilar Muñoz Navas, solicitó en diciembre de 1977 al capitán general de la II Región Militar que le aplicaran a su esposo los beneficios de la Ley de Amnistía promulgada en octubre, lo que le fue concedido el 17 de enero del año siguiente.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en julio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en junio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

Aparte de las 23 páginas que Manuel Hernández redactó en la cárcel durante sus casi seis años de cautiverio, escribió otras 24 a los pocos días de que lo liberaran, en junio de 1942. Fueron un enorme desahogo vital porque, a pesar de que se encontraba muy débil por las penalidades y el hambre, quería contar, cuanto antes y ya sin censura carcelaria, lo que él realmente había vivido desde su llegada a Albendín en enero de 1935 hasta que salió de la cárcel en mayo de 1942. Estas páginas, que también tituló Páginas Confidenciales, tienen un valor histórico extraordinario, pues aportan fechas, personajes y datos recogidos por un testigo presencial que conservaba una memoria muy precisa y cercana a los hechos. En estas nuevas páginas, Manuel Hernández se nos muestra con unos fuertes principios morales, fiel a la República y conocedor de que la sublevación del 18 de julio era un movimiento ilegal. Como miembro de las fuerzas de orden público y servidor de la ley, sabía que las autoridades militares regionales o provinciales legalmente no podían declarar el estado de guerra, pues eso iba en contra del artículo 42 de la Constitución de 1931 y del capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933, que otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Por eso, no duda en calificar al golpe de Estado como “movimiento subversivo” y a sus seguidores como “rebeldes”. Era consciente, además, de que aunque la sublevación militar se producía con el pretexto de que había que evitar una supuesta revolución, lo que en realidad haría sería desencadenarla y romper la convivencia, y en eso no se equivocó.

Entre las informaciones más interesantes que aporta Manuel Hernández en estas nuevas Páginas Confidenciales se encuentran las relativas a la represión, aunque por desgracia no son las más detalladas. Las “instrucciones reservadas” previas que el “director” de la conspiración militar, el general Emilio Mola Vidal, había dado por escrito dos meses antes de la sublevación para que la acción golpista fuera en “extremo violencia” y para que se aplicaran “castigos ejemplares” encontrarían un amplio eco en Baena. Hasta ahora, en cuanto a crímenes masivos cometidos por los militares rebeldes conocíamos solo la matanza del día 28 de julio de 1936 en el Paseo, tras la entrada de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga, cuando se asesinó con un tiro en la nuca a decenas de vecinos obligados a permanecer boca abajo en el suelo de la plaza. Pero según el testimonio de Manuel Hernández hubo otra masacre similar, que ignorábamos, en la mañana del día siguiente, en el mismo sitio y con los mismos parámetros, contra muchos de los que habían estado apresados en el edificio del ayuntamiento.

Como testigo de los hechos, pues casi llegó a participar en un fusilamiento, Manuel Hernández nos habla de que el cuartel de la Guardia Civil de Baena se convirtió en un “centro policíaco” donde se apresaba, se torturaba y se decidía sobre la vida y la muerte, sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos de los que iban a ser asesinados. En los primeros meses de la guerra, los comandantes de puesto de la Guardia Civil, como el teniente Pascual Sánchez Ramírez, disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas y poseían la máxima autoridad en materia de orden público, sin tener que dar cuentas a nadie. Y en Baena no faltaron verdugos voluntarios entre militares, fuerzas de orden público y paisanos para colaborar en estas tareas. Con estos precedentes no es de extrañar, por tanto, y según mis investigaciones, que el número documentado de víctimas mortales de la represión franquista en Baena durante los tres años de guerra sea de 369 (una cifra mínima sujeta a futuras revisiones) en un pueblo que en aquella época tenía algo más de 23.000 habitantes, frente a las 99 vidas que segó la represión republicana. Por el momento, Baena, con al menos 447 muertos, es el cuarto municipio de la provincia de Córdoba en víctimas mortales causadas por el franquismo en guerra y posguerra, tras Córdoba capital, Puente Genil y Fuenteobejuna.

José María Herenas Guerrero, alcalde padáneo de Albendín, salvado por Manuel Hernández.

Mientras unos se dedicaban a matar, Manuel Hernández se jugó la vida por salvar a otros, como al alcalde pedáneo (José María Herenas Guerrero) y a la decena de directivos del Centro Obrero de Albendín, un pueblo a cuyos habitantes califica de “honrados, laboriosos y pacíficos” y a los que llena de elogios cada vez que los nombra. Es evidente que su inteligente actuación en la localidad y sus calculadas maniobras ante sus mandos superiores evitaron que Albendín sufriera la represión de los golpistas y se viera inmerso en un baño de sangre como el que padeció Baena en el trágico verano de 1936. La conducta humanitaria de Manuel Hernández en aquellos días estuvo movida por unos principios morales y políticos acentuados. Políticamente sabemos que era una persona de ideología republicana, lector del diario Ahora, un periódico que mantenía una línea de tono centrista moderado con la que comulgaba. De los valores morales que profesaba, cada cual puede sacar sus propias conclusiones tras leer sus Páginas Confidenciales.

Los escritos de Manuel Hernández, al igual que un par de fotos en las que aparece, me las facilitó en abril de 2014 su bisnieto, José Manuel Hernández Morales, que fue alumno mío en segundo de bachillerato y fue quien por primera vez me habló sobre su bisabuelo. Como de las páginas que escribió Manuel Hernández en la cárcel ya hemos dado cumplida referencia con anterioridad, a continuación solo reproducimos íntegras las que redactó al ser liberado en junio de 1942. Llevan notas al pie, elaboradas por mí, para ayudar a entender o explicar determinadas informaciones, muchas de ellas ya conocidas porque aparecen publicadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). Las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández González, en formato PDF, se pueden leer en este enlace.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

  • El guardia civil que salvó a sus vecinos de Albendín de una muerte segura, artículo publicado por El Plural el 30 de enero de 2015.
  • Reseña del libro sobre Manuel Hernández González, redactada por Rafael Pimentel Luque, publicada en la revista oficial Guardia Civil, nº 860, diciembre de 2015.
  • Tras la publicación en formato libro de las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández, la obra se ha presentado, con la colaboración de los respectivos Ayuntamientos, en Albendín (28 de diciembre de 2014), Baena (23 de febrero de 2015) y Almodóvar del Río (25 de febrero de 2015).
  • Con motivo de la presentación del libro en Almodóvar del Río elaboré, a partir de la bibliografía existente, un listado de víctimas de la represión en este municipio que puede consultarse en este enlace.
El autor, con la familia de Manuel Hernández González y el concejal de Cultura, en Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro sobre que recoge sus Páginas Confidenciales.

El autor (cuarto por la izquierda), con la familia de Manuel Hernández González (su nuera, Ana Rodríguez Martínez, ya fallecida, aparece al lado del autor) y el concejal de Cultura, Antonio Cobos (quinto por la derecha), en Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro que recoge sus Páginas Confidenciales.

Jornadas sobre políticas públicas de memoria democrática en Andalucía

DSC06980El 30 de noviembre de 2013 varios historiadores andaluces recibimos un reconocimiento por parte de la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. El acto se celebró en la facultad de Ingeniería de Sevilla en el marco de las Jornadas sobre políticas públicas de memoria democrática en Andalucía. El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, agradeció a los homenajeados que hubieran utilizado “su voluntad, su razón su pasión y su inteligencia” para construir un “relato veraz, riguroso, comprometido con los derechos de las víctimas”. A los historiadores, representantes de todas las provincias andaluzas y especialistas en el estudio de la guerra civil y la represión, nos entregaron una placa  “en reconocimiento al compromiso con la historia y la memoria democrática del pueblo andaluz”. Con motivo del homenaje, el Diario Jaén me realizó una entrevista el 29 de noviembre y publicó una noticia el día 2 de diciembre.