Documentos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez, juez militar de Baena.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabar la guerra civil española, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez, de 39 años, juez militar jefe de los partidos judiciales cordobeses de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. La jefatura del juzgado se estableció en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo. Manuel Cubillo murió en 1973. Entre su legado, dejó una variada documentación oficial y unos escritos, de los que me cedió copia en 2015 su nieto Gabriel Caballero Cubillo. Estos escritos, con una pequeña biografía personal del juez y una breve introducción histórica, los publiqué en mi blog en junio de 2015 y pueden leerse en este enlace.

Ahora le toca el turno a la documentación judicial. En su origen era una enorme caja con cientos de documentos, pero a mis manos solo han llegado 66 hojas fechadas casi en su totalidad en 1939 y 1940. La inmensa mayoría son actas de declaraciones ante la Guardia Civil o ante Manuel Cubillo de detenidos y testigos, aunque también existen algunas listas de reclusos que elevan de manera significativa las cifras de presos aportadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943) y que serán motivo de una próxima entrada en este blog. De la documentación conservada he seleccionado tres historias principales: una denuncia contra siete vecinos, la aplicación de torturas en el cuartel de la Guardia Civil y una poesía escrita por un condenado a muerte.

En Baena, que en 1940 albergaba a 24.830 habitantes, la justicia militar se ejerció de manera muy rigurosa en la posguerra: 44 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, Jaén, Castro del Río y Córdoba; al menos 224 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; otros 20 murieron mientras se encontraban internados en cárceles y batallones de trabajadores; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 180 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión. Hemos de recordar que en la posguerra, a los vencidos se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936. Por tanto, a través de los consejos de guerra, se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella.

El sumario de un consejo de guerra arrancaba con un atestado elaborado por el comandante de puesto de la Guardia Civil. El atestado se iniciaba tras la detención de algún “significado y peligroso marxista” o de “un sujeto revolucionario”, calificativos que por norma aparecían en las actas encabezando las diligencias, justo delante del nombre del encausado. La detención se practicaba en bastantes ocasiones como consecuencia de la denuncia de algún vecino, que a menudo aprovechaba para vengar viejas rencillas y enemistades con otros vecinos, para evitar pagar alguna deuda al denunciado o para castigar a las personas que más se habían destacado en el ámbito político y social durante la II República.

Los informes de la Guardia Civil, la alcaldía y la Falange eran el soporte principal en el que se basaban los tribunales para emitir las sentencias en los consejos de guerra, mientras se ignoraban casi por sistema las declaraciones de los propios inculpados. Estos informes comenzaban con una valoración genérica y peyorativa del encausado y con referencias continuas a su actuación antes del 18 de julio de 1936 (participación en huelgas, sobre todo), insistiendo en su filiación política, sindical e ideológica más que en demostrar los presuntos delitos que hubieran podido cometer (asesinatos, robos, destrucción de propiedades, etc.) durante la guerra, como ocurrió en la historia que expondremos a continuación.

Las denuncias a veces no seguían el cauce reglamentario y se remitían por el denunciante directamente al juez (o a algún conocido del juez) a través de una carta postal que podía ser anónima. Ignoramos si estas informaciones que se cursaban desde el ámbito privado incidían de alguna manera en la maquinaria judicial franquista. Entre los papeles de Manuel Cubillo se conservan varias de esas misivas, como la enviada por Francisco Pallarés Moreno, que tenía 33 años en 1939. Era hijo de Luis Pallarés Delsors, presidente en 1931 de la Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de España y gran empresario oleícola de Cabra con ramificaciones en otras localidades españolas. Un hermano de Francisco, Luis, teniente de complemento, fue uno de lo militares que se sumó a la sublevación militar en Cabra, localidad colindante con Baena, en julio de 1936. El 8 de julio de 1939 Francisco Pallarés le envío una carta a su amigo Domingo Tarifa Aranda, uno de vecinos que en julio de 1936 se había atrincherado en Baena con la Guardia Civil para apoyar el golpe de Estado. En ella le decía lo siguiente:

Mi querido amigo:

Mi Padre me hace envío de una carta que en Madrid y por pura coincidencia ha llegado a sus manos.

Me es grato adjuntársela, pues aunque no cabe duda de que la justicia de Franco habrá sido aplicada al firmante de la misma y a la mayoría de las personas que en ella se relacionan, si por cualquier causa hubieran escapado de ella, ahí va la prueba irrefutable de sus ideas.

Suyo buen amigo que le abraza.

Carta Pallarés

Copia de la carta original enviada por Francisco Pallarés Moreno.

La carta que adjuntaba Francisco Pallarés había sido enviada el 29 de abril de 1932 por el anarquista baenense Juan Misut Cañadilla al periodista y escritor Mauro Bajatierra, también libertario. Este había vivido una temporada en 1930 en el pueblo vecino de Castro del Río, lo que explicaría la relación entre ambos. En la misiva le informaba de “las malas artes que vienen empleando las autoridades y alcaldes con los obreros de Baena”, pues con motivo de la última huelga habían arrestado a “33 compañeros” de los que todavía quedaban seis presos. Juan Misut no aportaba ningún dato sobre esta huelga, ni siquiera la fecha, pero resultó una de las más importantes que vivió Baena durante la II República. Se inició el día 12 de abril y terminó el 18. Fue una huelga general, alentada por los anarquistas, y declarada ilegal por el gobernador civil. Grupos de piquetes recorrieron los cortijos para que los jornaleros se sumaran al paro e impedían salir a trabajar desde el pueblo a los campos. La Guardia Civil detuvo a algunos hombres y cuando intentó trasladarlos a la Prisión Provincial de Córdoba se reprodujeron los enfrentamientos, que causaron dos heridos. Juan Misut le pedía al periodista que hablara con el diputado del Congreso José Antonio Balbontín sobre estos arrestos y le diera publicidad en la prensa. Para ello, le enviaba los nombres de los seis detenidos y los hechos de que se les acusaban, aportándole a la vez lo que él denominaba “pruebas evidentes” que acreditaban su inocencia y los abusos que se habían cometido en su detención.

Aunque, como ya hemos señalado, desconocemos si la carta enviada por Francisco Pallarés incidió de alguna manera en el destino de los seis prisioneros y del remitente, a continuación publicamos los datos que hemos podido descubrir, a través de nuestras investigaciones, de cómo les fue aplicada a ellos o a sus hermanos la “justicia de Franco” en la posguerra:

  • Antonio Rodríguez Bonilla. Sin datos
  • Antonio Bernal Cordero, 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936.
  • José Domingo Ruiz Tapias, condenado a 12 años de cárcel.
  • Rafael Pérez Colomo, sometido a expediente de responsabilidades políticas. Su hermano José, de 23 años, soldado del Ejército republicano, falleció en el frente de Villaharta el 18 de abril de 1937. Su hermano Patricio, preso en el batallón de trabajadores 128 de Navarra. Su hermano Manuel, sometido a consejo de guerra.
  • Vicente Aguilera Pérez. Sin datos. Su hermano José, de 36 años, campesino, ya había sido fusilado el 5 de septiembre de 1936.
  • Antonio Moral Carrillo, de 36 años, condenado a pena de muerte que le fue conmutada. Su hermano Emilio, de 33 años, condenado a 30 años de cárcel.
  • Juan Misut Cañadillas (firmante de la carta). Preso en el campo de concentración de Castuera (Badajoz) al finalizar la guerra civil. Su padre ya había sido fusilado el 28 de julio de 1936. En los años ochenta del siglo pasado vivía en Manzanares (Ciudad Real).

Los juicios que sufrieron los republicanos en la España franquista se realizaban sin garantías para los procesados. Los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno y la instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. Las torturas fueron una trágica realidad en los cuarteles de la Guardia Civil y en las cárceles franquistas, no sólo con la intención de arrancar de los presos las declaraciones que sus verdugos querían, sino también con la finalidad de castigar y humillar a los vencidos, quienes no tenían más remedio que delatar a su vez al primero que se les viniera a la cabeza con tal de acabar con su suplicio. En Baena, se apaleaba sistemáticamente a los presos en el cuartel de la Guardia Civil cuando los trasladaban desde la cárcel para interrogarlos y lo mismo ocurría en el cuartel de la aldea de Albendín, como ya documenté de manera sobrada en mi libro Baena roja y negra.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se conserva un acta que demuestra, según las declaraciones de un testigo, que se maltrataba a los presos con la intención de forzar sus declaraciones, sin importar que estas fueran falsas. El 26 de agosto de 1939, el sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Baena, Manuel Ramón Ramón, acompañado del guardia civil Pío Zarco Castillo, interrogó a Manuel Trujillo Priego “Vizco Trampa”, un albañil de 42 años, sobre su participación en la muerte del propietario Antonio Lara Vallejo, de 56 años. Este fue uno de los ocho asesinatos que se cometieron en las calles de Baena en la zona que estuvo controlada por el Comité, formado en su mayoría por anarquistas, que se había creado en el convento de San Francisco entre el 20 y el 28 de julio de 1936.

En su declaración, Manuel Trujillo manifestó que llegaron a su casa, sobre las seis horas del 28 de julio de 1936, unos muchachos de unos 14 o 15 años, que le dijeron que de parte del Comité fuera con ellos al convento de San Francisco. Allí le ordenaron que acompañara, junto a otros, a Joaquín Rojano Montes “Jiedes” para que detuviera a Antonio Lara Vallejo. Según su declaración, el propósito de Joaquín Rojano era “asesinarlo (…) por una cuenta que entre ellos tenían”, aunque él pudo convencerlo en un principio para que no lo hiciera. Sin embargo, al llegar a lo hondo de la Velilla Baja, esquina con la calle La Loca, Joaquín Rojano le disparó a Antonio Lara un tiro mortal en la nuca. Tras la detonación, se congregó mucha gente y el cadáver fue arrastrado con una soga al corralón de Dª Marina Ariza. Allí, juntó unas hierbas y le prendió fuego al cadáver. Tras la toma de Baena por una columna militar franquista el 28 de julio, Manuel Trujillo se puso de parte de los vencedores e ingresó en un batallón de voluntarios en Córdoba durante tres meses en 1936, hasta que se dio de baja y se dedicó a la albañilería para atender las necesidades de su familia.

Junto al acta de declaración de Manuel Trujillo se recoge también la del testigo José Navarro Triguero, un campesino de 25 años, domiciliado en la calle Matías Amo. La declaración se produce ante el juez Manuel Cubillo, que le pregunta “si se afirma y ratifica en las manifestaciones que el día 26 de los corrientes ha hecho contra Manuel Trujillo Priego que obran en el acta de información que antecede y a la que se he dado integra lectura”. José Navarro respondió que no, “porque es completamente incierto cuanto en ellas afirmó y pide permiso al Sr. Juez para poder exponerle con toda claridad lo ocurrido”. Ante el juez, José Navarro manifestó textualmente, según recoge el acta, lo que sigue:

Por estar detenido fue conducido al Cuartel de la Guardia Civil y al preguntarle el domicilio, le preguntaron si había tenido conocimiento de la muerte de D. Antonio Lara Vallejo, contestando que vive en la misma calle que ocurrió el hecho pero bastante más debajo de donde ocurrió y entonces fue interrogado de si había visto quemar el cadáver y ser cierto que este hecho lo había realizado Manuel Trujillo Priego. Allí estaba presente el Manuel Trujillo Priego al que habían maltratado bastante y como me amenazaron con hacerme lo mismo, ante el temor que me inspiraba contesté que sí a todo lo que me preguntaron con el ánimo de decirle la verdad al señor juez cuando fuera preguntado.

Es lo más cierto que yo no vi a dicho individuo en absoluto ni tengo conocimiento de que haya realizado tales hechos pues solo sé lo que sabe todo el mundo que acompañaba al grupo cuando tuvo lugar el asesinato, pero de rumor público se sabe que el que disparó fue el Giedes, no pudiendo ver nada desde mi casa por que (sic) está bastante lejos del lugar del hecho y juro repetidamente que no vi a Manuel Trujillo Priego en el acto que se le imputa.

Lo que en descargo de mi conciencia tengo que exponer y ahora la justicia que obre como tenga por conveniente.

Esto expresó en ello se afirma y ratifica y leida que le fue no la firma, por lo que estampa su huella dactilar del pulgar derecho, y lo hace S. Sª de que yo el secretario doy fe.

Ignoramos el destino de los dos protagonistas de esta historia, pues a ninguno de ellos los tenemos registrado como presos en la cárcel de Baena, a pesar de que según esta documentación oficial sí lo estuvieron. De Manuel Trujillo Priego se conserva sumario de su consejo de guerra, que no he consultado, en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Se abrieron las diligencias en mayo de 1939 y se cerraron en mayo de 1944, cinco años después, lo que da a entender que fue sentenciado a una pena de varios años de cárcel. A quien acusan del asesinato, Joaquín Rojano Montes “Jiedes”, fue fusilado el 8 de noviembre de 1936 en Baena. Tenía 56 años y era anarquista. De él existe una pequeña ficha en mi libro Baena roja y negra (2ª edición, página 276), en la que se recogen otros testimonios de vecinos que le imputan ser el ejecutor del crimen.

El periódico Redención se fundó en el mismo mes en que acabó la guerra civil: abril de 1939. Era el único periódico de circulación carcelaria, pues los demás estaban prohibidos, por lo que se convirtió en un órgano de propaganda de la “labor patriótica” realizada en las prisiones franquistas y en una herramienta de adoctrinamiento dirigida a presos y familiares. Durante los primeros años de existencia, el semanario publicaba informaciones internacionales, crónicas pronazis y profascistas sobre la II Guerra Mundial­ y colaboraciones periodísticas de los reclusos —a los que se persuadía para que participaran de múltiples formas— en las que se ensalzaba la política penitenciaria del régimen.

Poesía José Peña - copia

Últimos versos de la poesía de José Peña Cabezas.

Entre los papeles de Manuel Cubillo se encuentra una poesía, manuscrita sin fechar por José Peña Cabezas, acompañada de la siguiente nota: “Enterado por nuestro semanario Redención del libro de poesías que va a editar la redacción de dicho semanario, y acogiéndome a las Bases o Reglas, envío estas tres pequeñas composiciones por si tienen cabida en dicho libro, confesando que no soy poeta pero muy amante de la poesía. Perdonen mis faltas”. Es de suponer que si la poesía se hallaba entre los documentos de Manuel Cubillo se debe a que el juzgado paralizó su envío al semanario. José Peña, un campesino anarquista de 35 años, que había sido uno de los directivos del Ateneo Popular de Baena en 1931, permanecía en aquel momento preso en Castro del Río, donde sería fusilado el 10 de abril de 1940. Sus versos tienen escasa relevancia literaria, aunque es obvio que sí tienen valor sentimental e histórico. Nos muestran a una persona religiosa, atormentada y arrepentida de sus ideas, no sabemos si de manera sincera o en un intento de congraciarse con el nuevo Estado franquista para así evitar o aminorar la condena judicial que le podría recaer, algo que no consiguió. Esta es la poesía que intentó publicar:

Mi Confesión y Plegaria

Luchaban noche y día /  mi subsconsciente y consciente

ver cuál de los dos podía / tener razón más potente.

Mas, mi cerebro veía, / que yo era un delincuente,

por la fatal cobardía /  del “qué dirán” de la gente.

Viendo que era un enemigo / mi subconsciente conmigo

¿trucándome? mis sentimientos / pláceme ahora el castigo

a la vez que a Dios bendigo / con mis arrepentimientos.

Mis sentimientos soñaban / que las artes y las flores

con éxtasis admiraban / en los niños sus candores.

(…) papeles seductores / que por mis ojos pasaban

con diferentes colores / poco a poco, me cegaban.

Era joven todavía /cuando esto me ocurría

venciéndome el subconsciente / robándome la alegría,

soporté una elegía / por el ¡decir! de la gente.

Pero tú, mi buen señor, / que sabes de este arcano

porque fuiste el Creador / y del mundo eres el amo.

Perdona a este pecador / que con mi fe de cristiano

implora tu dulce amor / con tu imagen entre sus manos.

Y con tu poder divino / apartarás del camino

esos punzantes abrojos; / que insensibles, los ladinos,

hacen sangrar los destinos / y llorar a almas y ojos.

Aparte de estas tres historias anteriores que hemos seleccionado de la documentación de Manuel Cubillo, existen 14 más, algunas muy breves, que también publicamos a continuación. Se refieren a casos centrados principalmente en Baena, pero también afectan a otras localidades vecinas como Albendín, Luque o Castro del Río. Bastantes quedan fragmentadas e inconclusas, sin saber cuál es su remate. Abarcan una cierta variedad de temas (apropiación de los bienes de los vencidos, denuncias, declaraciones de acusados y testigos, etc.) y se pueden leer en este enlace.

 

Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después

Juan Zafra Raigón (2)

Juan Zafra Raigón, desaparecido cuando lo detuvieron en Montilla en 1936.

En diciembre de 2015, Miguel Guillén Burguillos me escribió un mensaje de correo electrónico desde Mataró (Barcelona), su ciudad de nacimiento y de residencia. Miguel procede de una familia de emigrantes andaluces afincados en Cataluña en los años sesenta del siglo pasado. Por parte de madre, su abuela Gabriela era originaria de Montilla y su abuelo Antonio de Lucena. Había leído mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), y me pedía ayuda para localizar a uno de los hermanos de su abuela, Juan Zafra Raigón. Lo habían detenido en Montilla, que había quedado en manos de los golpistas desde el 18 de julio de 1936, y desde entonces estaba desaparecido. Por tanto, desconocían si había sido fusilado o había conseguido sobrevivir. La única noticia, confusa y poco creíble, sobre su posible paradero les vino de otro hermano, Antonio, que se exilió en 1939 en Francia y estableció allí su residencia definitiva hasta su muerte. Al intentar recabar información en tiempos de Franco en un consulado español en Francia, le dijeron que los datos que poseían sobre Juan eran confidenciales, así que la familia creyó –aunque sin ningún fundamento que lo avalase– que podría estar refugiado en Suiza.

Desagraciadamente, no pude ayudar a Miguel Guillén en la búsqueda de su tío abuelo por las enormes dificultades que presenta la investigación de este caso. Además, su nombre no está incluido en la lista de los 148 víctimas mortales que tenemos catalogadas hasta el momento de la represión franquista en Montilla ni entre los 438 vecinos –Montilla tenía unos 19.500 habitantes en 1936– que sufrieron internamiento en cárceles u otras formas de represión durante la guerra y la posguerra. En consecuencia, Juan Zafra Raigón continua siendo en este momento una de las muchas decenas de miles de personas desaparecidas, de las que no se tiene constancia de su paradero ni se ha encontrado su cadáver, a consecuencia de la represión franquista durante la contienda civil.

Antonio Burguillos Serrano.

Antonio Burguillos Serrano en una fotografía de la década de 1970.

En la primera conversación telefónica que tuvimos sobre este asunto, Miguel Guillén me contó otra historia. Como su abuelo materno, Antonio, era lucentino, había leído también mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939. En él, a Miguel le había llamado la atención que entre la lista de fusilados en 1936 apareciera Manuel Burguillos Serrano, que se apellidaba igual que su abuelo y cuya fotografía mostraba un enorme parecido físico con él mismo, según apreciaron con sorpresa hasta sus propios padres. Me pidió, por tanto, si podría averiguar si ese hombre podría ser hermano de su abuelo, quien les había contado que tenía un hermano y una hermana en Lucena pero nunca les dio información sobre ellos. Su abuelo se había marchado solo, sin su familia, a trabajar desde Lucena a Montilla con menos de 20 años, a finales de la década de 1920. En 1965, junto a su mujer, Gabriela, y sus hijos, había emigrado a la localidad barcelonesa de  Mataró, donde murió en 1976, con 66 años.

Manuel Burguillos Serrano.

Manuel Burguillos Serrano, concejal en 1931 y vicepresidente del PSOE de Lucena en 1936.

El presunto hermano de Antonio, Manuel Burguillos Serrano, había nacido en Lucena el 11 de marzo de 1905. Tenía una formación autodidacta y era jornalero de profesión, por lo que sufrió las miserables condiciones de vida de los trabajadores del campo andaluz de los años veinte y treinta del siglo pasado. A través de su propia experiencia vital, de su talante generoso con los que aún eran más pobres que él y de las tertulias organizadas en el patio de su casa, al calor de la lectura del periódico El Socialista, tomó conciencia de la necesidad de combatir las injusticias de su tiempo. El salto de Manuel Burguillos al Consistorio local se produjo en las elecciones del 14 de abril de 1931, al resultar elegido concejal en la triunfante candidatura republicana, que obtuvo en Lucena el 64,82% de los votos frente al 35,18% conseguido por los monárquicos. Solo dos días después se proclamaba la II República en toda España. Su labor como concejal socialista en el Ayuntamiento se puede resumir en tres ejes prioritarios: defensa a ultranza de los derechos y de la dignidad de la clase obrera, reivindicación del laicismo y denuncia constante de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que se oponían a las reformas del régimen republicano. El 15 de octubre de 1934 la Corporación Municipal lucentina fue destituida de manera arbitraria por el gobernador civil y Manuel Burguillos dejó de ser concejal. A partir de entonces su actividad política se centró en la agrupación local del PSOE, de la que llegó a ser vicepresidente en 1936.

Foto Manuel Burguillos (Libro familia 2)

Manuel Burguillos, cuando tenía 27 años.

La rebelión militar del 18 de julio 1936, que triunfó en Lucena ese mismo día, tuvo trágicas consecuencias para Manuel Burguillos. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas –en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes– y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes. De los concejales socialistas elegidos en las elecciones de 1931, al menos cuatro serían pronto fusilados: Rafael Lozano Córdoba (de 72 años), Antonio Palomino Luque, José López Antequera y Manuel Burguillos Serrano. El 27 de julio unos falangistas se presentaron en la casa de Manuel Burguillos, en el número 52 de la calle Rute. Al no encontrarlo allí, pues se hallaba trabajando, le dejaron el aviso de que se personase ante la autoridad militar “solo para hacerle unas preguntas”. Cuando regresó, su esposa, consciente del peligro que se cernía sobre él, le propuso la huida hacia Jaén, que se encontraba en zona republicana. Él se negó, alegando que no había cometido ningún delito y que su conciencia estaba tranquila. Se presentó a la citación y quedó detenido en el acto. Su confianza en las buenas intenciones de sus verdugos le traicionó. Estuvo internado en el convento de San Francisco, convertido en prisión, y en la madrugada del 19 de agosto de 1936 lo fusilaron, junto con veinticuatro personas más, en las tapias del cementerio de Lucena. Tenía entonces 31 años. Dejó dos huérfanos, Antonio, de tres años, y Carmen, próxima a cumplir los dos.

Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

En una foto de cuando tenía 23 años, Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

Recabando datos para mi libro sobre Lucena, logré entrevistar en los meses de marzo y abril de 1997 a la viuda de Manuel Burguillos, Luisa Baena Mármol, quien ya había cumplido los 88 años y parecía una mujer muy vivaz. En la conversación definió a su marido, con el que se había casado el 30 de abril de 1932, como un hombre inteligente, bueno y, sobre todo, cariñoso. Se apreciaba que había estado muy enamorada de él y era evidente que se sintió bastante reconfortada e ilusionada aportando sus recuerdos. A pesar del tiempo transcurrido desde la guerra, mantenía una memoria prodigiosa. Aún se emocionaba, hasta llegar a las lágrimas, enumerando los nombres de varios fusilados –entre ellos un primo hermano– y contando que escondió en su propia casa a tres hermanos (Rafael, Miguel y Antonio Sánchez) para evitar su detención en una de las numerosas redadas acontecidas en la calle Rute. Como nota curiosa, he de señalar que en la pared del rellano de la escalera de su antigua vivienda todavía conservaba un cuadro con la imagen de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y del sindicato socialista UGT, que había conseguido ocultar detrás de una lámina de la Virgen durante la guerra y la dictadura de Franco. Condicionada por sus trágicas circunstancias familiares y aconsejada por el cura de la parroquia del Carmen, Luisa se volvió a casar el 27 de noviembre de 1939, tuvo tres hijos más (Luis, Araceli y Ana), perdió el contacto con la familia de su antiguo marido y enviudó de nuevo en 1970. Murió el 8 de noviembre de 1999, dos años después de que yo la entrevistara.

Dos meses antes de que me escribiera Miguel Guillén desde Mataró, conocí a un nieto de Manuel Burguillos Serrano, de igual nombre y primer apellido, porque se me presentó por la calle. Me habló de que estaba interesado en localizar y exhumar los restos de su abuelo –una solicitud que ya ha cursado a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía– y nos intercambiamos los números de teléfono. Esta casualidad permitió que pudiera consultarle las dudas que me planteaba Miguel Guillén. Miguel sabía que los padres de su abuelo se llamaban Araceli y Antonio. Manuel buscó en el libro de familia de su abuelo y los padres se llamaban igual. También preguntó a su tía Carmen, y ella le dijo que mantenía un recuerdo lejano de la existencia de un tío en Montilla. Miguel me envió también una foto de su abuelo Antonio que fue determinante. En cuanto Manuel la vio, descubrió el enorme parecido físico con su padre, Antonio, ya fallecido. El misterio estaba resuelto: Manuel y Antonio Burguillos Serrano eran hermanos. A los pocos días, la curiosidad llevó a Miguel, politólogo de profesión, a realizar otro descubrimiento importante: encontró en el diario ABC una nota mortuoria de Araceli Burguillos Serrano, de 88 años, fallecida el 23 de abril de 1996 en Madrid, el lugar donde su abuelo les había referido que había emigrado su hermana.

La pregunta que surge de inmediato es por qué Antonio Burguillos Serrano nunca hablaba de su hermana ni de su hermano fusilado en Lucena. El origen podría estar en su personalidad callada, hermética y dedicada al trabajo. O puede que ese silencio se debiera al desarraigo familiar, al deseo de olvidar, al miedo, a tratar de evitar que sus hijos pudieran correr la misma suerte que su hermano por “meterse en política” o a cualquier otro motivo desconocido. Tampoco sabemos si ese silencio, en una persona de ideología socialista, fue voluntario o forzado por determinadas circunstancias. Sea como fuere, el olvido y el pasado familiar oculto del abuelo han sido sustituidos ahora por la memoria de uno de sus catorce nietos. Al menos, en este caso, una historia que hunde una parte de sus raíces en el drama represivo de la guerra civil española tiene un final feliz. Esta semana, solo cuatro meses después de que me escribiera, Miguel Guillén Burguillos visita Lucena por primera vez en su vida para conocer el lugar donde nació su abuelo y donde aún viven los descendientes de su tío abuelo, con los que aún no había mantenido ningún contacto, pues yo he servido en todo momento de intermediario con ellos. Esta es la fotografía, de ayer mismo, 6 de abril de 2016, que da fe del esperado encuentro familiar.

Familia Burguillos Lucena

De izquierda a derecha, Manuel Jiménez Burguillos, Miguel Guillén Burguillos y los hermanos Manuel y Carmen Burguillos Castillo.

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

4. Milicianos El Alcaparro

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

5. Juventudes Libertarias

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

9. Yuste Álvarez, Alfonso

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

10. García Crespo, Andrés

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Listado de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil en Rute

En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

En el centro, el albañil Juan Antonio García Algar, de 24 años, uno de los asesinados el 28 de agosto en La Pililla.

El triunfo de la rebelión golpista en Sevilla el 18 de julio de 1936, de la mano del general Queipo de Llano, determinó la suerte de varias capitales del sur de España. En Córdoba, el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por Queipo, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería a las cinco de la tarde. Entre los militares que intervinieron muy activamente a favor de la rebelión en la ciudad en aquella jornada destacaron dos oficiales nacidos en Rute: el teniente de la Guardia Civil Francisco Roldán Écija y su hermano Diego, que era capitán. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos, con la colaboración de miembros de la oligarquía y de los derechistas, tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que se proclamara el bando de guerra, se apresara a las autoridades republicanas y se apoderaran de las Casas del Pueblo y de los edificios municipales. Las llamadas de los militares rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba. En Rute, desde la misma noche del 18 de julio, la Guardia Civil, comandada por el teniente Basilio Osado Labrador y apoyada por un numeroso grupo de derechistas, se apoderó de la localidad, impuso el bando de guerra y desató una feroz represión sin que los republicanos ofrecieran resistencia.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

El juez Salvador Villanueva Porras, de 28 años. Murió asesinado en Lucena el 18 de agosto de 1936.

Los militares sublevados el 18 de julio de 1936 sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles, por lo que idearon una estrategia represiva, programada con antelación, para impedir por medio del terror la reacción de sus opositores. Son bastante conocidos los numerosos documentos que desde antes del golpe de estado circulaban entre los conjurados para la preparación de la insurrección militar. En ellos se incitaba a la utilización de una violencia indiscriminada para eliminar a los contrarios y de camino convencer, o al menos paralizar, a los indecisos. Por ejemplo, el general Emilio Mola Vidal, “director” de la conspiración militar”, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936, dos meses antes del golpe de estado, les advertía de que la acción habría de ser “en extremo violenta” y que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”. En la misma línea, el 30 de junio aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península y los republicanos no habían movido un solo dedo para oponerse a ella, los militares sublevados asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos anticipando el método que iban aplicar para conseguir el triunfo en toda la Península.

El principal obstáculo al que se enfrenta un historiador que desee investigar sobre la guerra civil y la represión franquista es la destrucción y el expolio de los archivos, palpables en varios pueblos del sur de Córdoba. En Rute, como fruto de los sucesivos traslados que ha sufrido el Archivo Histórico Municipal y de la evidente dejadez con que ha sido tratado, parte de la documentación que se conserva se encuentra amontonada en cajas, desordenada y sin catalogar, lo que ha dificultado el estudio de los acontecimientos acaecidos en el pueblo y el verdadero alcance de la represión.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla, tras volver de Cuevas de San Marcos.

Juan Pelagio Rojas Roldán, de 26 años, asesinado el 28 de agosto de 1936 en La Pililla.

Los libros de defunciones del Registro Civil constituyen la fuente primordial para el estudio de la mortalidad durante la guerra. Sin embargo, desde el primer momento hubo un claro interés de las autoridades franquistas en esconder la represión que se había desatado, por lo que a través de los registros civiles es imposible concretar una cifra válida de víctimas republicanas, ya que muchas no se inscribieron o se anotaron falseando la causa de la muerte. Hasta los años ochenta del siglo pasado, ya en el periodo democrático, no consta en las hojas de los libros de defunciones del Registro Civil de Rute que la causa de la muerte de los asesinados es por “disparo de arma de fuego” o por “fusilamiento”. Con anterioridad, el motivo es siempre “desaparecido”, concepto que también encontramos en toda la documentación oficial. “Desaparecido, suponiéndole muerto” escribieron a lápiz en la ficha de recluta del albañil Francisco José Henares Porras que se conserva en el archivo municipal, cuando en realidad lo asesinaron el 28 de agosto de 1936, aunque nunca fue registrado.

Otro obstáculo para la correcta inscripción de los asesinados residía en que la administración judicial quedó en manos de adeptos al nuevo régimen que subordinaban la profesionalidad a la obediencia a los principios del Glorioso Movimiento Nacional, lo que explica carencias fundamentales en los registros. Por otro lado, el impacto de la represión resultó tan enorme que muchas familias no inscribían a sus allegados  por temor a sufrir la misma desgracia, por vergüenza o por desánimo ante las dificultades que se les planteaban, como por ejemplo la obligación de realizar el asiento anotando a los asesinados como fallecidos por muerte natural, a lo que muchas se negaron. Con tantos impedimentos y limitaciones se comprende que en bastantes municipios cordobeses (como ocurre en Rute, donde solo se inscribieron un tercio de los asesinados), figuren anotadas en los libros de defunciones del Registro Civil cifras muy bajas de víctimas de la represión franquista. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, el listado de decenas de miles de desaparecidos ocasionado por los golpistas en España a partir del 18 de julio de 1936.

La caza de los republicanos en Rute resultó fácil, pues la Guardia Civil se había apoderado el día 18 de julio de 1936 de los libros de registro de los afiliados a los partidos políticos y sindicatos, según reconoció el teniente Basilio Osado, comandante militar de Rute desde el inicio de la guerra, en sus informes para los consejos de guerra que se celebraron al final de la contienda. Casi todos los fusilados eran trabajadores (jornaleros del campo, albañiles, zapateros, etc.). Tan rápido actuó el huracán represivo que los 49 asesinados, menos uno, cayeron fusilados en los meses de agosto y septiembre de 1936 en las tapias del cementerio, la finca de La Pililla en las cercanías de Encinas Reales, la carretera de Jauja en Lucena o en las cunetas de cualquier camino.

El barbero Vicente Sánchez Montez, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

El barbero Vicente Sánchez Montes, vocal de la junta directiva del PSOE en 1930. Lo fusilaron en Málaga el 12 de marzo de 1937.

Las cuatro primeras inscripciones de asesinados en el Registro Civil de Rute se realizan el 8 de junio de 1937, como consecuencia del expediente tramitado al amparo del Decreto de 10 de noviembre de 1936 que regula el asiento de los desaparecidos. Los anotados son el secretario de la notaría Juan José Rodríguez Rodríguez, el juez Salvador Villanueva Porras, el albañil Juan Antonio García Algar y el zapatero Antonio Cobos Fernández. En la década de los cuarenta se inscriben tres nuevos fusilados (el primero de ellos en 1945), cuatro en los cincuenta y otros cinco más entre los años 1981-1982, como consecuencia de la Ley de pensiones de guerra de 1979, aunque tres son foráneos (dos de Iznájar y uno de Cuevas de San Marcos). Por tanto, la mayoría de las inscripciones se producen fuera del plazo legal, muchos años después de que se hubieran producido los asesinatos. Todo esto explica que existan muertes registradas en más de una ocasión (como la del guarda forestal Juan Miguel Guerrero Curiel, inscrito el 30 de junio de 1954 y el 26 de mayo de 1981; la del vicesecretario de la agrupación socialista Antonio Porras Moreno, asentado el 22 de julio de 1955 y el 10 de agosto de 1982; o la de Vicente Sánchez Montes, anotado en Rute y en Málaga) y que los datos de los registros civiles no sean fiables a la hora de estudiar destalles históricos importantes de los fusilados, como el lugar y la fecha de su muerte o el oficio que tenían.

Juan José Rodríguez Rodrígez, hermano de Maruja, fusilado el 18 de agosto de 1936

Juan José Rodríguez Rodríguez, secretario de la Agrupación Socialista y empleado de la notaría, fusilado el 18 de agosto de 1936.

En noviembre de 2004 edité mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), que se agotó en solo dos meses, hubo que reimprimirlo en enero de 2005, y volverlo a editar, corregido y ampliado, en mayo de 2007. Si no hubiéramos acometido en aquel momento ese trabajo de investigación sobre Rute, es decir, si hubiéramos aplicado la política del olvido, es probable que nunca nos hubiéramos enterado de que la represión franquista se llevó por delante la vida de 49 vecinos fusilados en 1936, y no solo a los 16 que se inscribieron en los registros civiles, o de que al menos otros cinco murieron en las cárceles de Franco, dos fusilados en posguerra, otros dos en los campos nazis, siete mientras luchaban en la guerrilla o actuaban de enlaces, de que al menos cuarenta padecieron prisión en posguerra y que otros 139 sufrieron expedientes de represión económica. En el estudio de la represión, el tiempo trascurrido, lo mismo que la emigración en los años cincuenta y sesenta de los represaliados y de sus descendientes a las zonas urbanas para escapar del opresivo fascismo rural, no juega a nuestro favor. Dentro de unos pocos años, cuando las personas que aún mantienen memoria de los hechos desaparezcan o no podamos localizarlas porque viven en otros lugares, será imposible reconstruir el verdadero alcance de la represión franquista. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Las listas de víctimas que publico a continuación se basan en mi libro antes citado, con la inclusión de nuevos datos obtenidos por testimonios orales, como el de María Zamora Cobos, desde Elche, sobre su abuelo José María Cobos Caballero, preso en 1950; el de Carmen Cano Rodríguez, desde Gijón, sobre su bisabuelo Rafael Cano Tenllado, fusilado en 1936; el de Rocío Ordóñez Rivera, desde Madrid, sobre su abuelo Jacinto Ordóñez Romero, también fusilado; y desde Sevilla el de la familia de los hermanos Mariano y Luis Gutiérrez Pino, uno fusilado y otro muerto en el frente. Ninguno de estos hombres asesinados aparece inscrito en el Registro Civil como fallecido. En la relación incluimos también los nombres de los soldados republicanos que hemos podido rescatar, y de soldados republicanos y del Ejército franquista que murieron en el frente o a consecuencia de heridas de guerra. El nombre de las víctimas de la represión y de la guerra en Rute se puede consultar en este enlace.

OTRAS FOTOS DE REPRESALIADOS

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Juan José Guerrero Montes “Sermones”, de 35 años, asesinado el 1 de agosto de 1936.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El jornalero Rafael Roldán Arcos (izquierda), de 34 años, fusilado el 1 de agosto de 1936. Su hermano Francisco (derecha) murió al finalizar la contienda en un campo de concentración en Málaga.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El taxista Galo Piedra, fusilado en Alhama de Granada en 1937.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El campesino Francisco Alfonso Muñoz Baena, fusilado en La Pililla el 22 de septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El jornalero Antonio Caballero Trujillo, de 33 años, fusilado en septiembre de 1936.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

El socialista Domingo Pulido Tirado fue asesinado en el mes de septiembre de 1936 junto a su cuñado Antonio Caballero Trujillo.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

Miguel Jurado Romero, tesorero del PSOE y concejal del Frente Popular, fusilado en Lucena.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

El talabartero Juan Crisóstomo Tejero Molina se refugió en la casa de su hermana en Cuevas de San Marcos tras huir de Rute. Lo asesinaron cuando regresó.

Listado de presos en la cárcel de Montilla (1939-1940)

Aunque Montilla ya había conocido una enorme represión tras el triunfo del golpe de Estado en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como la “política de la venganza”: exilio, campos de concentración, batallones de trabajo, torturas, consejos de guerra, cárceles, fusilamientos, depuraciones, responsabilidades políticas… En un auténtico desprecio por la suerte de los vencidos, no hubo reconciliación ni amnistía ni perdón. La dictadura, imbuida de militarismo y fascismo, olvidó el lema de “Si no has cometido crímenes, no tienes nada que temer”, y desde el principio la represión y la violencia fueron fenómenos definidores del franquismo, unos imprescindibles elementos que conformaron la misma estructura política del régimen. Prueba de ello es que había 507.000 prisioneros en los campos de concentración en 1939. En las cárceles permanecían encerrados 270.000 presos en 1940, a los que hay que sumar los 90.000 penados en batallones de trabajadores y los 47.000 de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado a otras localidades o se habían enrolado como combatientes del Ejército republicano. Temerosos, los refugiados regresaban a pie o en cualquier medio de tracción desde los lugares en que se habían refugiado en la contienda. A la incertidumbre y a las penurias del regreso se añadían las últimas experiencias vividas, ya que a menudo los métodos para expulsar a los asilados de las poblaciones de acogimiento resultaban expeditivos. De madrugada echaron a la familia del socialista Juan de la Torre Requena del cuartel donde se había cobijado con otros montillanos durante la guerra en Torreblascopedro (Jaén). Cuando la Guardia Civil ocupó la localidad, simplemente les espetó: “Váyanse, esto es nuestro”. En la misma provincia, a la familia Gómez Márquez la expulsaron del cuartel de Jabalquinto en medio de los cánticos y la euforia de las mujeres derechistas que se arremolinaban en la calle. Tres días tuvieron que aguardar a la intemperie a que apareciera el sucio tren de mercancías que los trasladó a Montilla. Asimismo, la familia Ruz Morales tardó cuatro días en llegar también en un tren de mercancías desde Murcia, alimentándose sólo de azúcar, la única comida que poseían.

49.El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

El escribiente del Ayuntamiento Francisco Hidalgo Luque, capitán del Ejército republicano. Preso en Alicante, Montilla y en el campamento penitenciario de Belchite (Zaragoza).

Los soldados y militares republicanos volvieron a Montilla desde los campos de concentración que se habían habilitado por toda España, enviados por las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados establecidas en las distintas provincias. Otros fueron reclamados por el juzgado local cuando se encontraban internados en los campos de concentración o interceptados por las fuerzas de orden público cuando atravesaban distintas localidades. A algunos los trajeron desde Alicante, en cuyo puerto se habían aglomerado más de 15.000 personas en un último y desesperado intento de escapar de España en unos barcos que nunca llegarían. Una delegación de guardias montillanos se trasladó expresamente a las prisiones de la ciudad levantina para arrastrar hasta Montilla a los comandantes del ejército republicano Juan Córdoba Zafra y Manuel Alcaide Aguilar, al concejal Francisco Merino Delgado y al alcalde Manuel Sánchez Ruiz. También se encontraba allí Francisco Hidalgo Luque, que se había integrado en el grupo de resistentes, capitaneados por Manuel García Espejo, que se había creado en la sierra en los primeros días de la guerra, y luego en la compañía de milicianos, formada por el también montillano Juan Córdoba Zafra, en Bujalance. Tras luchar en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Teruel y Valencia, Francisco Hidalgo acabó en el puerto de Alicante, donde arrojó al mar una maleta con tres millones de pesetas –que custodiaba porque tenía el grado de teniente pagador– para evitar que cayera en manos de los franquistas. Lo internaron en el castillo de Santa Bárbara, sin mantas para protegerse del frío, y sometido a los malos tratos de los guardianes, quienes para aumentar el sufrimiento de los presos ante las bajas temperaturas los rociaban con cubos de agua, hasta que lo trasladaron a la cárcel de Montilla el 28 de julio de 1939.

27.Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Francisco Urbano Baena escapó con sólo 14 años de Montilla al triunfar la sublevación y se alistó en el Ejército republicano. Al acabar la guerra lo internaron en el campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga).

Otros ni siquiera pudieron llegar a Montilla, como Francisco Urbano Baena “El Duende”, que tenía tan sólo 14 años cuando huyó a Espejo con su primo Luis Pérez Baena “Niño Ríos”, de la misma edad. Tras recorrer Castro, Bujalance, Villa del Río y Andújar, Francisco Urbano acabó su periplo en Arjonilla (Jaén). Consiguió alistarse en el Ejército republicano y, al finalizar la guerra, lo detuvieron junto a sus compañeros. Un capitán del Ejército franquista le ordenó que volviera desde Arjonilla a Montilla, y que se presentara ante la Guardia Civil. En el camino de regreso, fue arrestado en Villa del Río y confinado en Córdoba en un vagón de tren que lo trasladó al campo de concentración del cuartel de la Aurora (Málaga), donde había sólo una fuente de agua para que bebieran los seis mil prisioneros que allí se hacinaban. Su familia obtuvo un aval para que lo sacaran del campo, pero al ser menor de edad las autoridades militares decidieron internarlo en un correccional en Burgos. Sin embargo, el padre de Francisco Urbano, que en sus frecuentes visitas había colmado de regalos a un sargento del campo, consiguió que éste hablara con el capitán y que, por fin, lo liberaran.

La mayoría de los refugiados regresaron a Montilla en tren. Apostados en los andenes, guardias municipales, guardias civiles y voluntarios –que no faltaban para este menester– realizaban una primera labor de identificación, registro y humillación de los que llegaban. Personajes como “El Mellao”, “El Bravo”, “El Borrico”, “El Cojo Púa”, “El Regaera”, Paco Enríquez Leña y Mariano Luque Pardo “El Pulga” destacaron en estas labores. Dirigentes izquierdistas y mandos militares republicanos se convirtieron en el objetivo más codiciado y su apresamiento provocaba palabras de euforia de los captores. Desde la estación, como si de un espectáculo público se tratara, los conducían a pie a la sede de la Comandancia en la calle Ancha o al cuartel de la Guardia Civil para ser interrogados.

Rafael Ruiz Luque arribó desde Campo de Criptana (Ciudad Real). En Montilla ya habían fusilado a un hermano y otro había muerto en el frente. Tras recibir la orden de presentarse en Montilla y sufrir múltiples vicisitudes por la falta de medios de transporte, llegó a la estación de Córdoba, donde se encontró con un cuñado suyo requeté, quien le advirtió de que lo esperaban en Montilla para fusilarlo. Cuando entró en la localidad decidió bajarse del vagón por la parte de atrás para que no lo descubrieran. Después se presentó ante la Guardia Civil, en el cuartelillo de la calle Ancha, donde le tomaron declaración. Al manifestar que vivía en El Coto –una zona con fuerte tradición izquierdista–, un guardia comentó a los otros: “Ya sabes lo que tienes que hacer, que hay muchos mascando tierra por menos que ése”. Por suerte, la recomendación no se cumplió.

63.El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

El agricultor socialista Antonio García Hidalgo, soldado del Ejército republicano. Desde los campos de concentración franceses pasó al campo de concentración de Toro (Zamora) y a la cárcel de Montilla.

Todos los que regresaron a Montilla desde la zona republicana debían presentarse ante la Guardia Civil, que elaboraba un breve informe sobre sus antecedentes, conducta y actividades político sociales –antes y después del comienzo de la guerra–. Si después de declarar salían en libertad, recibían la orden tajante de no frecuentar lugares públicos y de no permanecer por la noche en las calles. Otros muchos quedaban detenidos y eran trasladados a la cárcel. Si en un primer momento alguno pasaba desapercibido, bien porque no hubiera sido reconocido o porque se hubiera apeado intencionadamente del vagón antes de llegar, a las pocas horas recibía en su domicilio la ingrata visita del guardia correspondiente que le conminaba a acompañarle. Eso le ocurrió a Antonio García Hidalgo, un joven al que la sublevación le había sorprendido de permiso del servicio militar en Montilla. No volvió a su acuartelamiento, sino que se alistó en las milicias de Espejo, y combatió en Pozoblanco y Alcázar de San Juan. En el exilio, permaneció internado en los campos de concentración del sur de Francia, por lo que decidió regresar a España. Aquí fue encarcelado en el campo de concentración de Toro (Zamora), hasta que la familia le buscó un aval que le permitió volver. En la estación de Montilla consiguió escabullirse y pasar desapercibido, pero al día siguiente lo detuvieron en su domicilio y lo trasladaron a la cárcel.

Desde algún tiempo antes del primero de abril de 1939, la Auditoría de Guerra del Ejército de Operaciones del Sur, los juzgados militares, la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados de distintas localidades (Deusto, Granada, Málaga, etc.) y los campos de concentración de prisioneros de guerra no paraban de solicitar informes “de conducta moral y política” de los cientos de montillanos huidos. En respuesta, las autoridades  redactaban minúsculos certificados, apenas unos renglones, en los que se catalogaba a los encausados con expresiones peyorativas como “conducta moral pésima”, “antecedentes malos”, “conducta política social indeseable”, “socialista de cuidado”, “sinvergüenza”, “provocador de las personas de orden”, “saqueador”, etc. Incluso a Aurelio Casas Córdoba se le imputaba ser “ateo de nacimiento”. Sin embargo, escaseaban las acusaciones concretas, pues a la mayoría de ellos se les solía inculpar genéricamente de haber participado en los sucesos del 18 de julio, de haber integrado las partidas de huidos en la sierra o de haber colaborado en la detención de derechistas.

56.El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

El socialista Rafael García Espejo, preso en Montilla y Córdoba, y desterrado en Málaga.

Muy fácil fue en aquellas circunstancias obtener de los presos los testimonios que sus captores querían. Los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades, por lo que las torturas, las palizas y los malos tratos fueron una práctica normal y generalizada en las prisiones montillanas según nos confirman múltiples testimonios. De acuerdo con el testimonio de su esposa, a Francisco Córdoba Gálvez “Arrobeta” lo golpearon, colgado de los brazos, hasta que perdió el conocimiento. Según las manifestaciones de su hija, a Emilio Montoro Delgado lo torturó un cabo de la Guardia Civil, en las dependencias del juzgado militar, después de obligarle a desvestirse. A Rafael García Espejo, aparte de propinarle continuas palizas, le arrancaron el bigote. A Manuel Ruz Aguilar lo apaleron varias veces atado a una higuera. Antonio Pérez Lao “El Seguro” llegó a la prisión con una pierna rota, pero el estar herido no impidió que recibiera malos tratos. Nada más salir de la cárcel, fue ingresado en un hospital, aunque no consiguió recuperarse y murió en 1943. Su padre había sido fusilado seis años antes.

Los juicios se celebraban en el salón de plenos del ayuntamiento, para que el escarmiento resultara lo más público y ejemplar posible. Invocando una clara “justicia al revés”, aquellos que se habían sublevado sin atender a las leyes civiles y al código militar procesaban por rebeldes a los que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana. Los consejos de guerra montillanos se convirtieron en una venganza para castigar a quienes más se habían destacado en la lucha social y política durante la República, a los que habían desertado de sus unidades militares para integrarse en las filas republicanas o habían alcanzado alguna graduación en el Ejército durante la contienda. La acusación se basaba fundamentalmente en declaraciones de propietarios agrícolas o en informes elaborados por la Falange, la Guardia Civil y el Ayuntamiento que insistían en los antecedentes políticos del reo y en sus “ideas extremistas” y que muchas veces eran hasta incapaces de determinar la filiación política del encausado. No solían aportar testimonios de testigos directos o fiables de los hechos que se imputaban, pero eso no evitó que bastantes procesados acabaran condenados a pena de muerte.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. Para albergar al gran número de presos se habilitó durante la guerra una nueva prisión en las escuelas del convento de San Luis, donde en 1939 había internados 646 reclusos, de los que 239 eran de Montilla. Completaba a las que ya existían en el depósito municipal y en el actual juzgado, ésta última dirigida por Mariano Varo Espejo. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernán Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas.

53.Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

Rafael Córdoba Gálvez (sentado). Preso en Montilla y en un batallón de trabajadores en Algeciras, Valle de los Caídos y A Coruña.

El hacinamiento en la prisión del convento de San Luis era tal que un importante número de detenidos debía dormir a la intemperie en el patio de prisión, por donde corrían las ratas. Los presos se alimentaban de lo que las familias les facilitaban. Aquéllos que no poseían la fortuna de tener cerca a sus allegados se veían obligados a vivir de la caridad de sus compañeros de presidio o a esperar que cada cierto tiempo les llegaran los envíos de comida desde sus domicilios en los pueblos de alrededor. Las familias de los reclusos, que con frecuencia vivían de la caridad y de la mendicidad, y que a menudo estaban encabezadas por mujeres con hijos y ancianos a su cargo, debían añadir a la esforzada lucha por su subsistencia diaria la manutención de sus padres, hijos y hermanos encarcelados, en un periodo de racionamiento, carestía y estraperlo. Los familiares que residían fuera de Montilla tenían que realizar largas caminatas, a pie o en bestias de carga, con los pocos avituallamientos que podían conseguir para evitar que sus allegados murieran de hambre en los calabozos. Igual calvario debían soportar los parientes de los montillanos recluidos en otros lugares. Por ejemplo, el secretario de las Juventudes Socialistas, Juan Córdoba Zafra, detenido en Alicante, le rogaba a su familia en junio de 1936 que cada semana le enviara un paquete de comida por ferrocarril, además de un paquete con un kilo de cuartillas de papel, dos lápices, algunas novelas, sellos y dinero. Cuando lo trasladaron a la cárcel de Montilla, las peticiones en sus cartas incluían también productos de higiene.

El trasporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. Cinco pesetas de la época valía un billete del tren (al que llamaban “El Corto”) que realizaba el recorrido entre la estación de Montilla y la de Córdoba, lo que suponía un gasto extraordinario para unas personas ya de por sí depauperadas. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas (seis de ellos montillanos) debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente.

A continuación publicamos los nombres de los 646 presos que sufrieron cárcel en Montilla, de los que 239 eran montillanos y 407 forasteros: Fernán Núñez (150 presos), Doña Mencía (62), Iznájar (36), Luque (24), Priego de Córdoba (16), Nueva Carteya (16), Zuheros (15), Cabra (14), Carcabuey (12), Lucena (12), Rute (9), Valenzuela (8), Fuente Tójar (7), Almedinilla (7), y otras localidades (19). Añadimos también una lista con otros 200 nombres de montillanos represaliados en la posguerra (presos en campos de concentración, cárceles, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, depurados, exiliados, sometidos a expedientes de responsabilidades políticas y un elevado número de huidos de los que distintos juzgados solicitaban informes). Los enlaces son los siguientes:

Nota: para elaborar la información de esta entrada del blog he usado los testimonios orales, recogidos en el año 2001, de los montillanos José de la Torre León, José Ruz Morales, Antonio Hidalgo Salido, Francisco Urbano Baena, Rafael Ruiz Luque, Rafael García Hidalgo, Rosario García Espinosa, José Ruz Morales, Jesús Aguilar Hidalgo y Jacinto Pérez Delgado (este último, en Sant Joan Despí, Barcelona).

OTRAS FOTOGRAFÍAS

20.Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

Joaquín Sánchez Poces escapó de una redada en la que cayeron sus tres primos hermanos, de iguales apellidos. Preso en la posguerra, consiguió salvar su vida.

32.Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

Miguel García Ruiz combatió como soldado en la defensa antiaérea republicana. Al acabar la guerra estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Rentería (Guipúzcoa) y Lesaca (Navarra).

33.Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

Antonio García Ruiz, militante de las JSU, quedó inútil de una mano por herida de guerra. Estuvo preso en Montilla y en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Toledo. Lo sometieron a continuas torturas en el cuartel de Montilla, por lo que decidió poner fin a su vida arrojándose a las vías del tren.

34.José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

José García Ruiz, presidente de las JSU y de la Sociedad Obrera La Parra Productiva. Ascendió a comandante de la 92 Brigada del Ejército republicano. Tras padecer años de cárcel, acabó desterrado en Benaguacil (Valencia).

60.El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

El campesino socialista José Gómez Lucena, teniente del Ejército republicano, preso en Montilla en la posguerra.

75.José Gómez Márquez, primero por la derecha en ambas fotos, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

José Gómez Márquez, primero por la derecha, preso en un batallón disciplinario de soldados trabajadores en Cherta (Tarragona).

55.El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

El comunista Rafael García Águila (agachado, segundo por la izquierda) en la prisión central de Burgos (3 de julio de 1943). Acabó desterrado en Málaga.

43.Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Familia Gómez Márquez. Antonio (de pie, primero por la derecha) murió en el frente de Teruel. Francisco (de pie, segundo por la derecha), teniente del Ejército republicano, pereció en la cárcel de Córdoba en 1941. José (segundo por la izquierda) falleció a consecuencia de una enfermedad contraída en un batallón de trabajadores. Miguel (centro de la fotografía) cayó preso en una redada anticomunista en 1961 y sufrió dos años de cárcel.

Víctimas mortales de la represión en Montilla durante la guerra civil y la posguerra

El triunfo de la sublevación militar del general Queipo de Llano en Sevilla el 18 de julio de 1936 condicionó de forma decisiva los sangrientos acontecimientos posteriores en la provincia cordobesa. A las dos y media de la tarde Queipo telefoneó al también conspirador coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, jefe del cuartel de Artillería de Córdoba, para que iniciara la rebelión. A las tres, Cascajo le comunicó al gobernador civil republicano Rodríguez de León el alzamiento militar de Queipo y le advirtió de sus propias intenciones de proclamar el estado de guerra y de asumir el mando del gobierno cordobés. A las cinco, el coronel Cascajo ya leía el bando de guerra en el patio del cuartel de Artillería en medio de la euforia de los derechistas y terratenientes armados que allí se habían congregado, entre ellos el carlista José Mª de Alvear y Abaurrea –hijo mayor del montillano conde de la Cortina, Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina–, quien se convertiría en vocal de la nueva Comisión Gestora de la Diputación.

En Montilla, el 18 de julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos cordobeses donde triunfó con rapidez la sublevación militar. Tras recibir desde la capital órdenes de sumarse a la rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, se hizo aquel mismo día con el control de la localidad. La violencia usada en los primeros momentos por los sublevados, la nula resistencia ofrecida por los republicanos en las horas siguientes y la huida de miles de personas hacia la localidad vecina de Espejo permitirían a los guardias civiles y a los derechistas armados controlar a los casi veinte mil habitantes de la localidad sin demasiados problemas. A las 9 de la mañana del 19 de julio, el gobernador militar rebelde telegrafiaba desde Córdoba al capitán de la Guardia Civil para que se incautase del Ayuntamiento y declarara el estado de guerra. En cumplimiento de esta orden, José Cubero Blanco, sargento del regimiento de Infantería de Cádiz número 33, de permiso de verano en Montilla, se encargó en la misma mañana de la alcaldía. Al día siguiente, se emitió el bando de guerra.

36.Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

Francisco García Carrasco, escribiente del Ayuntamiento, secretario de la Sociedad Obrera La Parra Productiva y de la Casa del Pueblo. Fue fusilado el 31 de julio de 1936.

A partir de ese momento la Comandancia Militar de Montilla, principal órgano de donde emanaban las órdenes represivas, permaneció bajo la jefatura de oficiales que con anterioridad ya habían demostrado su valía en el uso de la fuerza, lo que garantizó que la localidad fuera gobernada con mano de hierro en los años de la contienda. El día 1 de septiembre de 1936, el general Queipo de Llano nombró comandante militar al capitán de Infantería retirado Mariano Requena Cordón, quien ya había sido designado el 8 de octubre de 1934 delegado de Orden Público de la localidad por el comandante militar de la provincia Ciriaco Cascajo –principal artífice de la rebelión del 18 de julio en Córdoba–. En octubre de 1936, cuando Mariano Requena se incorporó al ejército, lo sustituyó el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, quien también había dirigido la represión en Montilla tras los sucesos de octubre de 1934 y había abanderado la insurrección golpista en Cabra en 1936. Luis Canis Matute, el capitán que se había sublevado y había emitido el bando de guerra en Montilla, volvió a ser la máxima autoridad militar en agosto de 1937, hasta que fue relevado al año siguiente por el también capitán de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego. Este tenía, asimismo, la experiencia de haber dirigido la rebelión y la represión en Lucena, donde era conocido con el apodo de “Teniente Polvorilla”. La sede de la comandancia se instaló en septiembre de 1936 en la calle Teniente Gracia, en una casa donada por Juan Luque Cabello. Con posterioridad se trasladó a la calle San Francisco Solano.

La “dialéctica de los puños y de las pistolas” de la que había hablado José Antonio Primo de Rivera, en lo que se considera el acto de fundación de Falange Española en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933, tuvo una ocasión de oro para aplicarse en la Montilla que vivió bajo el yugo del bando de guerra. Mientras la sangre corría, no hubo ni juicios ni consejos de guerra ni ninguna argucia legal que intentase justificar la masacre. El bando de guerra permitió el “terror caliente” de las detenciones masivas, las torturas sistemáticas y las ejecuciones irregulares en las tapias del cementerio, en los caminos y en los campos. Cayeron víctimas de la matanza socialistas y afiliados a los gremios de la Casa del Pueblo, militantes de las JSU, comunistas, cargos políticos y sindicales, funcionarios desafectos, espiritistas, personas que se habían significado en la defensa de los derechos de los trabajadores y en las reclamaciones laborales o que habían sido concejales. Pero también se exterminó a personas apolíticas o que tuvieron la mala suerte de verse envueltas, por simples circunstancias de la vida, en el rápido torbellino de la muerte que atrapó a la población. Tan urgente resultó el vendaval represivo que la inmensa mayoría de las víctimas cayó en los tres primeros meses de la contienda. A partir de octubre de 1936 sólo conocemos el fusilamiento de cuatro personas, dos de ellas en Córdoba.

37.José Gama Rodríguez, primer presidente de las Juventudes Socialistas cuando se fundaron en 1927. Vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

José Gama Rodríguez, vocal de la junta directiva de la Casa del Pueblo y vigilante del mercado de abastos, fue fusilado el 31 de julio de 1936 en El Lechinar.

Los militares implicados en la conspiración tenían muy claro que la violencia iba a ser una de sus principales armas para asegurarse el éxito del golpe de estado. En los documentos que circulaban entre ellos desde meses antes de la rebelión se incitaba a la utilización de una represión indiscriminada para eliminar a los posibles opositores. El general Emilio Mola Vidal, director de la trama castrense, en una “instrucción reservada” enviada a los demás insurrectos el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes del golpe de estado, ya les advertía de que la acción tendría que ser “en extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”, y el 30 de junio decía, textualmente, que debían “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. En consecuencia, la violencia fue una táctica ejercida por los sublevados desde el primer el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península, los militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban aplicar durante los tres años siguientes.

Voceros de la sangre y de “echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanismo, filantropía y demás tópicos masónicos” –como había dicho el gobernador de Burgos y coronel golpista Marcelino Gavilán– no faltarían entre los mandos militares sublevados en aquellos primeros días de la guerra. El general Franco en su bando de guerra del 18 de julio exigía “inexcusablemente que los castigos sean ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días más tarde, en una entrevista periodística respondió que estaba dispuesto a conseguir sus objetivos “al precio que sea”, aunque tuviera que fusilar a media España. Mientras, en el sur, el general Queipo de Llano, en su alocución radiada del 26 de agosto, proclamó que quedarían borradas las palabras “perdón” y “amnistía”. El joven montillano José Cobos Jiménez, delegado de prensa y propaganda del sindicato falangista universitario, reflejaría también esta cultura de la muerte, influida por la luz de la fusilería, con estas palabras: “Falange no puede vivir de la tolerancia, su función primera ha de ser la imposición, de despertar inquietudes. No caben en ella las habilidades cautelosas ni las retiradas prudentes. Su táctica es ir a buscar el peligro, pelear y morir; ofrendar víctimas y hacerlas, porque sólo la sangre fecunda las grandes ideas” (revista Yugo, 30 de septiembre de 1937).

16.Un patrono denunció al ferroviario socialista José Algaba Rodríguez. Murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

Un patrono denunció al ferroviario socialista José Algaba Rodríguez. Murió fusilado en las tapias del cementerio de Puente Genil el 24 de agosto de 1936.

En Montilla, a la represión desatada por los golpistas locales se añadió la de distintas columnas militares que, a su paso por la localidad, se otorgaban el privilegio de colaborar en la necesaria labor de limpieza de los “elementos marxistas” y de los “rojos”. Debido a su posición estratégica en la campiña, Montilla se convirtió en un continuo ir y venir de tropas españolas y extranjeras en su labor de conquista de los pueblos de alrededor. Sólo en los primeros días de la guerra pasaron, entre otras, las columnas de Sáenz de Buruaga (28 de julio a Baena y 22 de septiembre a Espejo), la del comandante de Infantería Rafael Corrales Romero y del capitán de corbeta Ramón de Carranza (1 de agosto a Puente Genil), la del comandante del Tercio Pedro Pimentel Zayas (5 de agosto)  y la del general Varela (6 de agosto a Castro del Río y 11 de agosto a Antequera). Aparte de las columnas militares que llegaron del exterior, el teniente de la Guardia Civil Cristóbal Recuerda Jiménez –que había abanderado la sublevación en el vecino pueblo de Fernán Núñez– realizó también algunas incursiones represivas en tierras montillanas durante el verano de 1936.

Sin embargo, a pesar de la oleada de fusilamientos que sufrió la población montillana, de forma oficial las autoridades mantuvieron una ignorancia continua y calculada sobre la represión mortal que ellas mismas estimulaban, ejercían y protegían. Cuando Francisca López Luque inició los trámites para la inscripción de la muerte de su marido Francisco Jordano Panadero en el Registro Civil, el juzgado pidió un informe a la alcaldía. El jefe de Policía, Rafael Sotelo Tejada, contestó en un escrito que “fue encontrado muerto en este término municipal y en la fecha indicada tal vez al tener un encuentro con la fuerza pública”. Similar respuesta encontró Josefa González Vega cuando, en julio de 1937, promovió la inscripción de la defunción de su esposo, el también fusilado Antonio Arcos Real. De nuevo Rafael Sotelo volvió a emitir un informe, el 10 de julio, en el que se reconocía que el 8 de septiembre de 1936 “salió en compañía de otros para la capital, por orden de la autoridad militar, ignorándose lo que haya ocurrido después y el lugar donde se encuentra”. La misma negación de la barbarie represiva se mantuvo durante la posguerra. En julio de 1941, en un informe que emitió la alcaldía sobre Luis León Espejo para el juzgado de responsabilidades políticas, al referirse a su hijo Juan León Arroyo, se decía que “se desconoce su paradero”, cuando en realidad había sido fusilado.

18.El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado en las tapias del cementerio el 8 de septiembre de 1936.

El sastre Pedro Armenta Vargas (sentado, primero por la derecha), tesorero y bibliotecario de la sociedad espiritista Amor y Progreso, fusilado en las tapias del cementerio el 8 de septiembre de 1936.

El tema de los desaparecidos nos conduce a la cuestión de las cifras, de la cuantificación de la represión. Difícil, por no decir imposible, es establecer una relación aproximada de las víctimas de la represión golpista, pues si los “rojos” no valían nada vivos, menos contaban después de muertos. Todas las inhumaciones fueron ilegales, ya que en los libros del cementerio de Montilla no aparece inscrito como enterrado ni uno solo de los ejecutados durante la guerra. Tampoco los libros de los registros civiles, fuentes naturales para el estudio de las defunciones, son unos documentos fiables a la hora de concretar el número total de asesinados, ya que la administración judicial se dejó en manos de leales al nuevo régimen, lo que explica muchas carencias legales. Por otro lado, el impacto sicológico de la represión fue tan brutal que muchas familias no inscribían a sus deudos “rojos” por el temor a padecer la misma desgracia. El miedo y la dictadura pervivieron durante muchos años, de manera que la inscripción no se materializaba si los familiares no lo intentaban o renunciaban ante las dificultades, el desconocimiento, la incultura o porque emigraban de la localidad, lo que explica que en bastantes pueblos de Córdoba solo conste en el Registro un tercio de las víctimas de la represión.

Durante los tres años de guerra se inscribieron en el Registro Civil de Montilla solo 19 fusilados (seis en 1936, ocho en 1937, uno en 1938 y cuatro en 1939). Pero, que sepamos, todos los fusilamientos (menos cuatro) se produjeron entre los meses de julio y septiembre de 1936. Por tanto, la inmensa mayoría de las inscripciones se realizaron fuera de plazo, en la década de los cuarenta y cincuenta, muchos años después de que se produjeran los fallecimientos. Incluso tras la Ley de Amnistía de octubre de 1977 se anotaron dos nuevos nombres, el de Manuel Párraga Osuna (en abril de 1981) y el de un vecino  de Castro del Río, José Víctor Parrado Rodríguez (en diciembre de 1981), de 35 años, fusilado a las siete de la mañana del 16 de octubre.

Los registros tampoco son fiables a la hora de estudiar detalles históricos o personales importantes de los fusilados, como el lugar de la defunción, la fecha o su oficio, que en muchas ocasiones se falseaba (a los funcionarios nunca se les registraba con su profesión). Por ejemplo, de los cinco inscritos como fusilados en la entonces aldea montillana de Santa Cruz, sólo uno consta con la fecha exacta del fallecimiento. Además, siempre se utilizaba un eufemismo para ocultar la verdadera causa de la muerte. En los abatidos por los disparos de la Guardia Civil en la madrugada del 19 de julio aparece como causa “hemorragia interna”. En los demás se escribe “por disparo de arma de fuego” o “en un encuentro con la fuerza pública con motivo del glorioso movimiento salvador de España”, aunque en los inscritos a finales de los años cuarenta ya aparece la expresión “por aplicación del bando de guerra”.

17.El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936 en la vereda de Los Limones.

El ferroviario anarquista José Santiago Jiménez, fusilado el 6 de agosto de 1936 en la vereda de Los Limones.

Hemos localizado en la correspondencia de la alcaldía algunos documentos que hacen referencia a la magnitud del reinado del terror, auque son poco clarificadores. Según comunicó el alcalde al gobernador –en un informe elaborado con la ayuda del cura, el médico y el maestro más antiguo de la localidad– el 9 de enero de 1937 existían “como consecuencia de los actuales acontecimientos 70 viudas pobres, 89 ancianos impedidos para el trabajo y 65 mujeres abandonadas por sus maridos con 200 hijos”. El 17 de agosto el alcalde volvía a informar de que el Comedor de Caridad, las Conferencias de San Vicente de Paul y el Ropero de Nuestra Señora del Rosario socorrían diariamente a 50 mujeres y 205 niños de “rojos”. El primer documento, en el que se habla de 70 viudas pobres, podría ser indicativo de por dónde iban las cifras en aquel momento, sin embargo hay que tener en cuenta que un buen número de fusilados eran jóvenes solteros por lo que el número de víctimas podría ser muy superior.

Juan Zafra Raigón

Juan Zafra Raigón, desaparecido en el verano de 1936.

Es bastante complicado determinar el número total de víctimas de la represión fascista en Montilla. El 25 de septiembre de 1936, el periódico El Socialista ya hablaba de 120 fusilados para esas fechas. El historiador Francisco Moreno Gómez en su libro La Guerra Civil en Córdoba estableció, en 1985, un balance global estimado de 150 muertos. Seis años después, en 1991, el escritor local Julián Ramírez Pino, subjefe de los balillas –rama infantil de la Falange– al comienzo de la contienda, no creía que el volumen de muertos superara los 60. Según mis investigaciones, la cifra mínima de asesinados identificados en Montilla durante la guerra fue de 118 personas. De ellas, sólo 78 constan en el Registro Civil, frente a 40 que no se han inscrito (más de un tercio del total), lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos provinciales y locales, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas. Por ello, el número de víctimas que nosotros aportamos, el de 118, con nombres y apellidos, no reflejaría el verdadero alcance de la represión, debido a todas las argumentaciones que ya hemos expuesto con anterioridad. Tras la publicación de la última edición de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), en el año 2009, he podido añadir algunos nombres al grupo de asesinados montillanos, como los de Salvador Gómez Ponferrada y José Gázquez Quiles, cuya identidad he logrado recuperar gracias al testimonio de sus nietos Auxi Gómez (residente en Pozuelo de Alarcón) y Jesús Gázquez (residente en Almería). También se ha sumado  el nombre de Juan Zafra Raigón, desaparecido en el verano de 1936, a través del testimonio aportado desde Mataró (Barcelona) de su sobrino nieto Miguel Guillén Burguillos.

40.El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

El escribiente Juan Caubera Espejo, militante de las JSU. Fue fusilado el 22 de octubre de 1936 en un olivar de La Rambla.

En su reciente obra, editada a finales de 2008, 1936: el genocidio franquista en Córdoba, Francisco Moreno Gómez, sitúa la cifra total de asesinados en 200 personas, una estimación que creemos que se acerca más a la realidad. Hay que tener en cuenta que existen periodos en los que en el Registro sólo se inscribe un muerto por día, lo que reflejaría un número elevado de fusilamientos, pues las “sacas” siempre solían ser colectivas. Además, las carencias del Registro Civil son muy evidentes en cuanto al número de víctimas anotadas. De los 12 fusilados de la aldea de Santa Cruz sólo se anotan cinco; de la saca en la que perecieron cinco personas el 11 de agosto sólo aparece Antonio Rodas Castro “El Cuqui”; de la del 31 de julio, en la que murieron 13 personas (tres de ellas de Espejo) sólo encontramos a tres, etc. El Registro no recoge tampoco la magnitud de la masacre de entre 20 y 50 presos ejecutada por el general Varela en Castro del Río el día 6 de agosto, ni los dos fusilamientos colectivos de montillanos en la cuesta del Espino (uno de 12 personas, realizado entre el 18 y el 26 de julio de 1936, y otro de 12 el 5 de agosto), cuyos cadáveres fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Montemayor. Por desgracia, es muy probable que nunca consigamos identificar tantas víctimas desconocidas y que su número engrose, ya de manera definitiva, la cifra de decenas de miles de desaparecidos de la represión franquista en España.

Aunque Montilla ya había conocido los rigores de la “cultura política de la sangre” –tomo la expresión de Alberto Reig Tapia– que se había impuesto en la población tras el triunfo del golpe en la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando finalizó la guerra comenzaría un nuevo calvario para los derrotados. En Montilla, la venganza se cebó en las miles de personas que al triunfar la rebelión en la madrugada del 19 de julio habían escapado a otras localidades o se habían enrolado como combatientes en el Ejército republicano. “La justicia se cumplirá. No os quepa duda [de] que se cumplirá. Y será inexorable”, advertía el periódico montillano Patria, en la fecha temprana del 17 de octubre de 1937. Anticipándose al fin de la guerra, la publicación falangista ya amenazaba del destino que les esperaba a los que volvían. Inexorable, contundente y vengativa fue, en verdad, la justicia militar que se aplicó en Montilla. Según nuestras investigaciones –a través de los libros de defunciones del Registro Civil, las fichas de la prisión y las fuentes orales y bibliográficas– 15 vecinos (13 en la localidad y dos en Córdoba) murieron fusilados tras la guerra. Otros dos montillanos, pero residentes en Palma del Río y Alcalá la Real (Jaén), fueron también pasados por las armas. Asimismo, otros nueve forasteros (de Fernán Núñez, Castro del Río, Nueva Carteya y Doña Mencía) cayeron inmolados en las tapias del cementerio. Algunas personas nos han informado de que se realizó en la localidad alguna ejecución extrajudicial, sin embargo no hemos podido confirmar este extremo. Las cifras que aportamos corroboran plenamente las investigaciones sobre la represión en la posguerra publicadas por Francisco Moreno Gómez, el único historiador que ha realizado un estudio conjunto de los fusilamientos dentro de la provincia de Córdoba.

Con el eficaz y sistemático proceso represivo puesto en marcha por las autoridades franquistas, la capacidad carcelaria de Montilla se desbordó por completo. Para albergar al gran número de presos se habilitó durante la guerra una nueva prisión en las escuelas del convento de San Luis, donde en 1939 había internados 646 reclusos, de los que 239 eran de Montilla. Completaba a las que ya existían en el depósito municipal y en el actual juzgado, ésta última dirigida por Mariano Varo Espejo. Con graves carencias de higiene y salubridad, en las cárceles se amontonaban hombres de bastantes pueblos de la provincia, pues todos los reclusos de las cárceles de Lucena, Cabra, Fernán Núñez y Priego habían sido trasladados a Montilla en distintas fechas.

44.Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

Francisco Gómez Márquez, militante de las JSU y teniente del Ejército republicano, muerto en la cárcel de Córdoba el 9 de agosto de 1941.

El trasporte de todos los detenidos en la prisión de Montilla a Córdoba capital entre el 17 y el 19 de octubre de 1940 aumentó todavía más el sufrimiento y los trastornos a sus familiares. A pesar de que los parientes de los reclusos continuaron con los envíos de comida a las dos cárceles de la capital, la mortalidad entre los internos fue extrema, pues sólo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente. Según el Registro Civil de Córdoba, estudiado por Francisco Moreno Gómez, seis montillanos murieron en estas prisiones. A estos hay que sumar otros nueve montillanos exiliados en Francia que acabaron apresados por los nazis y exterminados en el campo austriaco de Mauthausen. Dos de ellos, los hermanos Juan y Manuel González León, tienen dedicada una antigua entrada en este blog que puede leerse en este enlace.

Los nombres de las víctimas de la represión en Montilla, junto a los de los soldados fallecidos en los frentes y los de los vecinos muertos en los bombardeos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

FOTOGRAFÍAS DE OTRAS VÍCTIMAS

13.Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Entre 1919 y 1920 estuvo preso por su participación en las huelgas de campesinos. Vocal obrero suplente en el grupo de Agricultura y Alimentación del Instituto de Reformas Sociales (1920-1924). Concejal (1915-1923) y alcalde (1931-1934) de Montilla. Fue uno de los creadores de la poderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (rama agraria de la UGT), en la que representó a Andalucía. Vocal de la Junta y del Instituto de Reforma Agraria (1931-1933). Diputado por la provincia de Córdoba (1931-1933), en las Cortes participó en las comisiones de Fomento-Obras Públicas y Agricultura. Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

Francisco Zafra Contreras, fundador de la agrupación socialista de Montilla en 1909 y de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La Parra Productiva en 1913. Diputado a Cortes por la provincia de Córdoba (1931-1933). Murió fusilado en la plaza de Baena el 28 de julio de 1936.

14. Rafael Baena Cruz

Rafael Baena Cruz, fusilado en fecha indeterminada del verano de 1936.

15.El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

El aperador Francisco López Jiménez, fusilado el 24 de octubre de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

Alfonso Sánchez Poces, militante de las JSU, fusilado el 23 de julio de 1936.

José Ruiz Lucena, fusilado el 14 de agosto de 1936.

23.El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

El comunista de la aldea de Santa Cruz Manuel Jordano López, una de las numerosas víctimas de la columna del general Varela, en la noche del 6 de agosto de 1936, en un olivar de Castro del Río.

38.En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa anticlerical. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

En el centro, “El Sisia”, vendedor de prensa. Desconocemos su nombre y apellidos, aunque sabemos que fue fusilado.

42.Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fusilado el 16 de mayo de 1940.

Juan Córdoba Zafra, bibliotecario de la Casa del Pueblo, secretario de las Juventudes Socialistas y concejal del Frente Popular. Ascendió a comandante del Ejército republicano. Fue fusilado el 16 de mayo de 1940.

48.José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

José de la Torre Requena, joven dirigente de los comunistas montillanos. Lo fusilaron el 18 de mayo de 1940.

68.El jefe de milicias Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Líder de la resistencia antifascista en los primeros días de la guerra, alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

Manuel García Espejo, secretario de las Juventudes Socialistas en 1934 y contador de la Casa del Pueblo en 1935. Alcanzó el grado de capitán del Ejército republicano. Fue fusilado el 18 de agosto de 1940.

66.Manuel Sánchez Ruiz durante la Republica fue secretario de las Juventudes Socialistas de Montilla y de la poderosa sociedad local campesina La Parra Productiva ––creada en 1913 y adscrita a la socialista Unión General de Trabajadores–, secretario provincial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (la sección agraria de la UGT) y alcalde del Frente Popular. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

66. Manuel Sánchez Ruiz, alcalde del Frente Popular en 1936. En Valencia, durante la guerra, ejerció de vicepresidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Atrapado en Alicante, murió fusilado en Córdoba el 1 de mayo de 1941.

En el centro, Francisco Solano Portero Márquez, con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

Francisco Solano Portero Márquez con su mujer y sus hijos. Murió junto a su hijo Paco (situado en el centro de la fila de arriba) en un bombardeo de la aviación sublevada en Castro del Río.

88.De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz, que se refugiaron con su madre en Torredelcampo (Jaén) durante la guerra. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

De abajo arriba, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José “Bandurria”, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

29. Juventudes Socialistas

Con la bandera de las Juventudes Socialistas al fondo, aparecen Francisco García Carrasco (de pie, primero por la izquierda), fusilado el 31 de julio de 1936; delante de él, el diputado a Cortes entre 1931-1933 Francisco Zafra Contreras, fusilado el 28 de julio de 1936; y Juan González León (de pie, tercero por la izquierda). asesinado en el campo nazi de Mauthausen el 11 de enero de 1942.

Listado de víctimas de la represión franquista en Iznájar

En la madrugada de 19 de julio de 1936 triunfó en la localidad cordobesa de Iznájar la sublevación militar, capitaneada por el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, comandante de puesto de la Guardia Civil, quien se incautó del Ayuntamiento y clausuró el Centro Obrero. A principios de agosto ejerció como comandante militar Carlos Galindo Casellas, secretario del Ayuntamiento de Rute y teniente de Caballería retirado. Las detenciones y los fusilamientos se iniciaron con rapidez, lo que causó una masiva huida de vecinos hacia la zona republicana. El historiador Francisco Moreno Gómez, en su obra La guerra civil en Córdoba 1936-1939 (página 117), publicada en el año 1985, indicaba que los fusilados por la represión franquista en Iznájar anotados en los libros de defunciones del Registro Civil, algunos de ellos bajo el concepto de “desaparecidos”, fueron 28 (25 en el pueblo y tres en Córdoba). Sin embargo, estimaba que el número de asesinados durante la guerra civil llegó a los 50, ya que muchos quedaron sin inscribir en el Registro, y citaba el caso de Manuel Escamilla Caballero, de la aldea del Barrio de San José, fusilado en Córdoba el 15 de febrero de 1937.

Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Fotografías en la lápida del cementerio de Iznájar de Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero, fusilados el 13 de septiembre de 1936.

Cuando en mayo de 2007 publiqué la segunda edición de mi libro Desaparecidos. La represión franquista en Rute 1936-1950, incluí algunos datos relativos a Iznájar, debido a que ambos municipios son colindantes y a que falangistas y guardias civiles de Rute habían colaborado en tareas represivas en Iznájar. Me serví de la ayuda de dos testimonios importantísimos. Uno de ellos fue el de Antonio Montilla Cordón, quien me escribió desde Calafell (Tarragona) en octubre de 2005 para contarme la historia de El Remolino, donde él nació. Antonio Montilla, un niño de 11 años en 1936, había sido testigo durante la guerra civil de la represión desatada en esa aldea por los falangistas y la Guardia Civil de Rute e Iznájar. El Remolino era en 1936 una de las 22 pedanías del municipio de Iznájar y tenía en aquel tiempo unos 300 habitantes. El testimonio de Antonio Montilla poseía un enorme valor ya que, tras la construcción del pantano de Iznájar en los años sesenta, El Remolino quedó inundado y todos sus habitantes se vieron forzados a emigrar, por lo que él temía que la historia oral de lo ocurrido en la aldea se perdiera para siempre. Por fortuna, el testimonio de Antonio Montilla tuvo una amplia difusión y fue publicado en libros y revistas como Cuadernos para el Diálogo. El texto del número de la revista se puede leer en este enlace.

Alfonso Rabasco Ortega

Alfonso Rabasco Ortega, de la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado en fecha indeterminada.

Sabemos muy poco de la represión desencadenada durante la guerra civil en Iznájar y en sus aldeas, por lo que la prodigiosa memoria de Antonio Montilla es de una gran importancia histórica. En El Remolino, como en muchos lugares de España, en 1936 no hubo una guerra en sentido estricto, sino que lo que en verdad se desató fue una cruel represión que no se podía justificar con el argumento de una violencia previa de los republicanos, pues en la aldea no se cometió ninguna tropelía en contra de nadie. No se puede afirmar que hubo guerra cuando a un lado estaban las fuerzas militares y paramilitares golpistas (guardias civiles y falangistas) que realizaban incursiones en las que de forma indiscriminada quemaban, violaban y mataban, y en el otro lado, como víctima, una población civil indefensa. En definitiva, lo ocurrido en El Remolino más que un hecho bélico es un típico ejemplo de barbarie colonial, de una represión ciega movida por la crueldad y el desprecio a la vida, con la aplicación de una violencia extrema y de castigos ejemplares.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Francisco Ruiz Caballero, de Las Huertas de la Granja, fusilado junto a su hermano Felipe en fecha indeterminada.

Un año después de que Antonio Montilla Cordón aportara su testimonio, el historiador Francisco Espinosa Maestre me envió una copia de un sumario de un consejo de guerra localizado por el también historiador José María García Márquez en el archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa nº 327, legajo 162, expediente 6.590). Se trataba del juicio sumarísimo contra el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (conocido con el apodo de Periquillo el de la Carolina) a los que se acusaba de haber infringido el bando de declaración del estado de guerra en El Remolino el 31 de agosto de 1936. El documento tenía una importancia enorme. Por un lado, corroboraba documentalmente, y si cabe de manera más trágica aún, ciertos pasajes del testimonio de Antonio Montilla Cordón. Por otro lado, nos encontramos ante uno de los pocos casos en los que la justicia inició una actuación por los excesos cometidos por los derechistas, un hecho excepcional que resultó posible porque el denunciante era el jefe de la Falange de Iznájar, despechado por el asesinato de su tío (Antonio Conde Lucena), aunque esta circunstancia del parentesco la omitió en su denuncia. Al final, el proceso judicial es una muestra contundente de la actuación irregular y partidista de la maquinaria judicial franquista cuando un acusado afín a su ideología se veía involucrado en algún delito y, también, es un claro ejemplo de cómo las actuaciones judiciales amparaban la represión en contra de los republicanos. El análisis que realicé en su momento de este consejo de guerra también salió publicado en la revista Cuadernos para el Diálogo, y es posible consultarlo en este enlace.

Antonio Rabasco Ortega, de la la aldea de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Antonio Rabasco Ortega, de Las Huertas de la Granja, fusilado el 4 de septiembre de 1936.

Los datos aportados en el año 2005 por Antonio Montilla Cordón permitieron revisar al alza la cifra de 50 fusilados en Iznájar que el historiador Francisco Moreno Gómez había estimado como fiable veinte años antes. De los 13 asesinados que nombra Antonio Montilla en su testimonio, todos con nombres y apellidos, solo tres (Francisco Aguilera, Diego Rey y Diego Ayora) están inscritos en los libros de defunciones del Registro Civil, que es la fuente legal para el estudio histórico de los fallecimientos. Una situación similar encontramos en Las Huertas de la Granja, otra pedanía de Iznájar sepultada hoy por las aguas del pantano. Gracias al testimonio de Domingo Rabasco Molina, recogido por mí en 2004, sabemos que allí se fusiló a siete personas, aunque solo dos aparecen en el Registro Civil (Antonio Rabasco Ortega, inscrito doblemente en los registros civiles de Iznájar y de Rute; y Rafael Cano Tenllado, en el de Iznájar). En total, en estas dos aldeas ya sumamos 20 asesinados, de los que nada más que cinco están anotados en el Registro Civil, lo que nos indica que sin testimonios orales es imposible cuantificar la verdadera historia de la represión franquista y que prescindir de ellos, como por desgracia han hecho algunos estudios históricos, siempre nos llevará a cifras insuficientes y equivocadas.

Un porcentaje altísimo de víctimas mortales de la violencia franquista, como podemos ver en Iznájar y en otras muchas localidades, nunca se llegaron a inscribir en los registros civiles debido a las trabas burocráticas, al miedo de las familias o a que estas emigraban de la localidad. Toda dictadura, de izquierdas o de derechas, siempre ha intentado borrar las huellas de su violencia, y en esto el franquismo no fue una excepción. Por tanto, el día en que no podamos contar con los recuerdos y los testimonios de los testigos de los hechos perderemos siempre la posibilidad de conocer las cifras verdaderas de la represión que trajo consigo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los partidarios de “no remover el pasado”, en consecuencia, deberían reflexionar sobre el enorme daño que causa al conocimiento histórico el “olvido” de las cuestiones relativas a la investigación de la violencia durante la guerra civil y la posguerra.

Cripta del cementerio con los restos de siete fusilados en 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres al cementerio se realizó en 1979.

Cripta con los restos de siete fusilados en 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres desde Encinas Reales al cementerio de Iznájar se realizó en 1979.

Iznájar fue un municipio pionero en la exhumación de los restos de los asesinados por los golpistas durante la guerra civil, lo que a su vez también nos ha facilitado el recuento del número de víctimas en el municipio. Durante el mandato del alcalde andalucista Manuel Llamas Sanjuán, en la temprana fecha del 23 de agosto de 1979 fueron trasladados a las 7,30 horas de la tarde, desde la Venta al cementerio de la localidad, los restos de siete iznajeños que habían sido fusilados el 13 de septiembre de 1936 en el pueblo cercano de Encinas Reales. Aunque hubo tres que no se pudo identificar, los nombres de los otros cuatro (Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo y Fernando Osuna Caballero) aparecen en la cripta en la que están sepultados, junto a sus fotos y a la inscripción “asesinados por su condición de demócratas”. Ninguno de estos asesinados está inscrito en los libros de defunciones del Registro Civil, ni en Iznájar ni en Encinas Reales, el lugar donde les quitaron la vida.

Lápida2

Nicho con los restos de cuatro asesinados el 27 de septiembre de 1936. La exhumación y el traslado de los cadáveres desde los cerrillos de Ventorros de Balerma al cementerio de Iznájar se produjo en 1980.

El 15 de agosto de 1980 se produjo un nuevo traslado de cadáveres de otros cuatro asesinados (Francisco González Caballero, hermano del alcalde republicano; Juan Rubio Hoyo; Juan Aguilera Puerto y Vicente González Ortiz, de 21 años) desde los cerrillos de Ventorros de Balerma, donde los habían fusilado el 27 de septiembre de 1936, al cementerio de Iznájar. De ellos, solo el último está asentado en el Registro Civil. Con los datos que poseemos, ya hemos superado la cifra de 50 asesinados que estimaba el historiador Francisco Moreno Gómez en 1985. Ahora mismo tenemos una relación nominal de 75 víctimas de la represión franquista durante la guerra en el municipio de Iznájar (en posguerra hay otras siete mas una en el campo nazi de Mauthausen), de las que 47 (más de un 62%) no están inscritas en el Registro Civil. Y estos datos se han alcanzado cuando solo se han recogido dos testimonios orales y únicamente se han cuantificado de manera detallada los asesinados en dos aldeas (faltan otras 20 por investigar detenidamente). Por desgracia, la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal referida a los años de guerra y posguerra, que nos podría servir de ayuda en nuestra labor de búsqueda de información sobre este tema, es escasa y está aún sin catalogar en parte, así que solo hemos podido extraer de ella datos muy concretos.

En el año 2014 el iznajeño Diego Ortiz Pacheco publicó un libro titulado El Pueblo habló. Pinceladas históricas en el que recoge muchos datos sobre Iznájar. Varios se refieren al año 1936 y se centran en la represión sufrida en el municipio tomando como fuente de información los testimonios orales aportados por varios vecinos desde los años noventa del siglo pasado. También incluye una magnífica fotografía, que es la que reproducimos en el lateral, en la que se puede ver el multitudinario funeral celebrado en memoria de los siete vecinos, ya citados con anterioridad, que fueron fusilados en Encinas Reales en septiembre de 1936 y enterrados en el cementerio de Iznájar el 23 de agosto de 1979 tras ser exhumados. Anotamos a continuación un resumen de la información sobre fusilamientos que aporta en su libro Diego Ortiz Pacheco porque nos da una idea de la magnitud de la violencia en los primeros meses de la contienda:

-Aldea Fuente del Conde: seis fusilados a mediados de septiembre.

-Carretera Iznájar-Loja: dos fusilados en agosto.

-Chaparral Alto: un hombre fusilado y enterrado en un majano en agosto.

-Cortijo de Los Chinarrales, detrás de la casa Calderón: fusilados Currito y Modesto en agosto.

-Aldea Arroyo de la Gata: varios asesinados en la finca Ventura.

-Aldea Juncares: en un lugar conocido como la Leva, en la sierra de las Ventanas, cinco fusilados en agosto.

-Aldea El Higueral; 14 personas muertas en el tiroteo de la toma del pueblo (20 de agosto) y dos fusilados.

-Aldea Cierzos y Cabreras: en la huerta de los Álamos, camino en dirección a Monte de las Monjas, fusilaron un hombre de apellido Tirado y apodado Cañas (¿podría ser Saturnino Tirado Luque?). En la cañada los Pozos fusilaron a un hombre apodado el Mono. A los hermanos Andrés y Felix Aguilera Arévalo los fusilaron en la Llaná. Todos los crímenes fueron en agosto.

-Aldea Arroyo Cerezo: seis personas obligadas a cavar su propia fosa y fusiladas en el puente de la Fraila; otras dos más allá de la cañada del cortijo Valenzuela (uno era de la aldea del Adelantado y se apellidaba Guerrero, el otro era de la aldea de Fuente del Conde). Los asesinatos se realizaron a mediados de agosto.

-Iznájar: Un hombre apodado el Brinzulo tiroteó y mató a Juan López, de apodo Chamol, residente en la aldea de Cierzos y Cabreras, al confundirlo con un “fascista” en la cuesta Marcelino en el mes de agosto.

-Aldea de El Remolino: en el mes de septiembre fusilaron a un hombre de apellido Guerrero en El Romeral; dos hermanos de apellido Aguilera en Las Lobas; cuatro (dos hermanos, Juan Harina y uno apodado Reyes) en la vertiente del cerro La Trujilla; a los hermanos Juan y Antonio Hinojosa Sánchez y a varios jóvenes más en el Camal, donde fueron obligados a cavar su tumba; a Diego Ayora en Encinas Reales (en el Registro Civil se anota su muerte en Córdoba).

-Iznájar: el 13 de septiembre, asesinados en Encinas Reales Adolfo Torrubia Cruz, Antonio Granados Ginés, Antonio Llamas Hidalgo, Fernando Osuna Caballero y cuatro más (posiblemente el ya citado Diego Ayora, de El Remolino, y otros tres jóvenes de Fuente del Conde). Otro consiguió huir y sobrevivir a una ráfaga de balas. El 23 de agosto de 1979 se les exhumó y enterró en el cementerio de Iznájar, como ya hemos contado con anterioridad.

-Ventorros de Balerma: fusilados en las canteras de al lado de la fuente La Teja los jóvenes iznajeños Francisco González Caballero, Vicente González Ortiz, Juan Aguilera Puerto, Juan Rubio Hoyo y cuatro más. Sus cuerpos fueron exhumados y trasladados a Iznájar el 15 de agosto de 1980, según ya hemos señalado.

 

Jacinto Sánchez Campillo, de 33 años, muerto en la Prisión Provincial de Córdoba el 13 de mayo de 1942.

Mientras los republicanos fusilados permanecían enterrados y ocultos en fosas comunes y en cunetas y descampados, la identificación y enterramiento digno de las víctimas ocasionadas por la represión republicana se convirtió en una prioridad para el franquismo tras la guerra civil. Con dinero público se estableció una política de Estado para que las víctimas mortales de la represión republicana fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron al menos dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de la Gobernación (esta última, sobre “inhumaciones y exhumaciones de cadáveres de asesinados por los rojos”). Aunque en Iznájar, como hemos visto, fue posible en los años ochenta del siglo XX que también los republicanos tuvieran ese derecho, hoy en día abordar esta cuestión suele causar enconadas controversias políticas. Sirva de ejemplo el debate ocurrido en el pleno municipal de Iznájar el 13 de enero de 2012, que se puede leer a partir de la página 13 de este enlace, sobre la propuesta de reprobación de un concejal por unas presuntas declaraciones vertidas sobre la búsqueda de “huesos” de los desaparecidos.

Teniendo en cuenta mis investigaciones y la bibliografía publicada hasta el momento, he elaborado una lista de 11 páginas con el nombre o el apodo de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Iznájar y sus aldeas (que albergaban un censo de 12.345 habitantes en 1940). Incluye, entre otros, a 75 fusilados en guerra, tres fusilados en posguerra, cuatro muertos en posguerra en las cárceles, una lista de presos, los nombres de combatientes republicanos fallecidos y desaparecidos en los frentes, 240 vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas, etc., junto a una tabla comparativa del número de víctimas mortales de la represión franquista y republicana en Iznájar, Córdoba, Andalucía y España. La relación completa de víctimas de Iznájar se puede leer en este enlace.

Antonio Montilla y Antonio González

De izquierda a derecha, Carmen Aragón Carrasquilla (fallecida, de Lucena), su esposo Antonio González Merino (fallecido, de Montilla, su padre y su tío murieron en el campo nazi de Mauthausen en 1941), Arcángel Bedmar (autor de este blog), Juana Aguilera Pacheco (fallecida) y su esposo Antonio Montilla Cordón (autor de las memorias de El Remolino a las que se hacen referencia en este artículo). La foto se realizó el 4 de noviembre de 2006 en Cornellá (Barcelona), durante mi intervención en la presentación del libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat, en el que los dos hombres aparecen como protagonistas.

Información complementaria