Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río

88. Antonio Gómez Márquez

De izquierda a derecha, Remedios, Ana, Carmen y Eduardo Gómez Márquez, de Santa Cruz. Detrás, su hermano Antonio, asesinado junto a su padre Juan José Gómez Gálvez, el 6 de agosto de 1936, por la columna del general Varela en Castro del Río.

El 6 de agosto de 1936, a los pocos días del comienzo de la guerra civil española, una columna militar dirigida por el general José Enrique Varela Iglesias, afín a los sublevados, sacó a varias decenas de presos de la cárcel de Montilla, una localidad donde había triunfado el golpe de Estado el mismo 18 de julio. Entre los reclusos se encontraban 13 vecinos de Santa Cruz, una aldea perteneciente entonces a Montilla y hoy a Córdoba capital. Cuando llegaron a las inmediaciones del pueblo vecino de Castro del Río, los prisioneros fueron fusilados. El lugar preciso de su muerte y enterramiento lo obtuve de manera tardía y fortuita, en una conferencia que impartí en Castro del Río a finales de 2014. Al nombrar el hecho e indicar que de acuerdo con algunos testimonios las víctimas podrían estar inhumadas en la finca de Monterrite, un par de asistentes, Francisco Merino Cañasveras  y Blas Criado, me corrigieron y me indicaron que más bien podría ser Santa Rita. Blas, que trabajaba en los años noventa en la televisión local, me señaló que en ese sitio se encontraron restos humanos, que parecían ser recientes, cuando se excavaron hoyos para la plantación de olivos, y que incluso grabaron imágenes de aquel acontecimiento. Con esta información en la mano, rápidamente me puse en contacto con Remedios Gómez Márquez, a la que conocí cuando aportó su testimonio sobre Santa Cruz para la cuarta edición de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), publicada en 2009. Con ella, y con algunos de sus hijos, había compartido charlas y había coincidido en múltiples ocasiones en Córdoba en actos de carácter histórico.

Remedios Gómez había nacido en la aldea de Santa Cruz. Allí, el 20 de julio de 1936, solo dos días después del golpe de Estado, unos militares detuvieron a su hermano Antonio, de 17 años entonces (aparece en la fotografía de arriba), y a su padre, Juan José Gómez Gálvez, apodado Bandurria, de 46 años, junto a otros 11 vecinos. Todos estuvieron retenidos en el patio del cuartel de la Guardia Civil del vecino pueblo de Espejo, a pleno sol y amarrados de dos en dos, hasta que los trasladaron a Montilla dos días después. El padre y el hermano de Remedios iban en el grupo de presos sacados de esta cárcel y fusilados en Castro del Río por la columna del general Varela el 6 de agosto. La madre de Remedios, Dolores Márquez, como casi toda la población de Santa Cruz, huyó a finales de septiembre de la aldea tras su toma por las fuerzas franquistas del comandante Sagrado. Se refugió en Torredelcampo (Jaén), situado en zona republicana, donde los cuatro niños menores, entre los que se encontraba Remedios, estuvieron a punto de ser enviados a Rusia porque ella enfermó. Cuando regresaron a su domicilio en la posguerra se encontraron con que había sido ocupado por un falangista y que todos los muebles y enseres habían desaparecido, incluidas las bandurrias que el padre tocaba y por las que recibía el apodo. El falangista les cedió una habitación para que se cobijaran, pero siguió ocupando la casa como si fuera de su propiedad hasta que le apeteció. A varias mujeres y a las madres y esposas de los vecinos que habían sido asesinados al comienzo de la contienda, como le sucedió a la madre de Remedios, los falangistas les ordenaban que barrieran la plaza del pueblo para humillarlas públicamente y a algunas les raparon la cabeza y les dieron aceite de ricino. La familia de Remedios pudo sobrevivir pasando muchas calamidades y miserias, y se vio obligada a emigrar a Córdoba capital.

Cuando conocí a Remedios, uno de sus deseos, defendido con una entereza y una dignidad envidiables para su edad, era localizar los restos de su hermano y de su padre para darles digna sepultura, así que le propuse que iniciara los trámites legales para la búsqueda, pues según la información que obtuve en mi conferencia podrían estar enterrados en Santa Rita. En enero de 2015, elaboré un informe histórico, que puede leerse en este enlace, para avalar la solicitud que realizaron ella y los familiares de algunos de estos fusilados de Santa Cruz a la entonces Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, con la intención de que aprobara el inicio de los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la guerra civil. Año y medio después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó que la indagación, localización, exhumación e identificación genética de las posibles víctimas enterradas en la fosa común de Santa Rita sería incluida en las actuaciones que se llevarían a cabo en los próximos meses en 37 localidades andaluzas.

Respecto a las exhumaciones de víctimas de la guerra civil, hemos de recordar que los restos de las víctimas de la represión republicana, con dinero público, fueron sacados de las fosas comunes, identificados e inhumados en cementerios, según establecieron al menos dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y de 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación franquista. Tras estas fechas de la primera posguerra, 33.815 cadáveres (de ellos, 21.423 identificados), la inmensa mayoría de combatientes, se exhumaron y se enterraron con posterioridad en el Valle de los Caídos. No ocurrió igual con las víctimas de la represión franquista. Aunque hubo exhumaciones puntuales de fosas comunes durante la Transición, llevadas a cabo por los familiares de manera privada, hasta el año 2000 no se inició la primera exhumación científica de víctimas republicanas en Priaranza del Bierzo (León), donde se identificaron 13 cadáveres. Desde esa fecha y hasta el año 2018, se abrieron 740 fosas comunes y se recuperaron más de 9.000 cadáveres, gracias sobre todo al impulso de las asociaciones de memoria histórica, según un informe elaborado para el Ministerio de Justicia por un grupo de 11 expertos coordinados por el forense Francisco Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En nuestro país hay contabilizadas 2.382 fosas de víctimas de la represión franquista aún sin excavar que albergarían más de 45.000 cadáveres.

En los últimos años, distintos organismos de la ONU han recordado al gobierno de España que el Derecho Internacional Humanitario recoge que la búsqueda, identificación y entrega a sus familiares de los restos mortales de los fallecidos y desaparecidos en un conflicto armado, sea internacional o una guerra civil, es una obligación de los estados, y también establece el derecho de las familias a saber qué les ocurrió, a rememorarlos y a recuperar sus restos. Estas obligaciones de los gobiernos y los derechos de las familias son de carácter universal y no prescriben con el tiempo. La finalidad es acabar con el dolor y la angustia de los familiares hasta que encuentran el cuerpo de su ser querido, que es la única manera de cerrar las heridas que aún permanecían abiertas.

La intervención arqueológica realizada en la finca Santa Rita de Castro del Río resultó acertada. En junio de 2017 ya se habían localizado en el terreno los restos, en la mayoría de los casos minúsculos, de entre 12 y 14 varones, casi todos menores de veinte años. El informe arqueológico final, difundido por la Junta de Andalucía a principios de enero de 2018, se puede leer en este enlace. Por fortuna, el análisis genético realizado por la Universidad de Granada para lograr la identificación de los cadáveres fue positivo para una de las familias implicadas y para Remedios Gómez, que ha logrado rescatar los restos de su padre, pero no los de su hermano. Los restos de este y de otros muchos fusilados allí posiblemente acabaron metidos en sacos de abono, tras aparecer durante la excavación de los hoyos para la plantación de olivas en la finca en los años noventa del siglo pasado. La Guardia Civil abrió un atestado tras el hallazgo, pero en la actualidad ha sido imposible encontrarlo ni localizar el lugar a donde fueron a parar los sacos con los restos de esas víctimas, a pesar de las gestiones realizadas por personas e instituciones como la propia alcaldía de Castro del Río, en manos de José Luis Caravaca Crespo cuando se realizó la excavación. En aquel momento no era una prioridad para las autoridades públicas (ni estatales, ni autonómicas ni municipales) la búsqueda de los restos de las víctimas de la contienda, así que es muy posible que hayamos perdido el rastro de ellos para siempre.

Aunque el resultado del proceso que estamos analizando haya sido positivo, también resultó muy largo, pues desde que las familias solicitaron oficialmente la búsqueda trascurrieron cuatro años y ocho meses, lo que nos indica la lentitud con la que funciona la maquinaria administrativa autonómica que se encarga del tema, y más teniendo en cuenta que entre los demandantes de estas exhumaciones hay personas de muy avanzada edad. Después de tanto tiempo esperando, el día 19 de octubre de 2019, en una ceremonia familiar y privada a la que fui invitado a asistir en el cementerio de Castro del Río, los arqueólogos encargados de la excavación, Jesús Román Román y Juan Manuel Guijo Mauri, le entregaron a Remedios Gómez una pequeña caja de madera. Contenía minúsculos y escasos restos de su padre, ya que las labores agrícolas en la finca habían desperdigado y destruido los huesos, inhumados por sus verdugos casi a ras de tierra. En aquel momento, su emoción, su nerviosismo y su agradecimiento a todos los que la habíamos ayudado después de tantos años de búsqueda eran patentes. Por fin ella y su familia cerraban una de las tantas heridas abiertas por la represión y por la guerra civil española. El cuerpo de su padre ahora podrá descansar en paz, no donde sus asesinos lo habían arrojado, sino enterrado con dignidad junto a su esposa en el cementerio de San Rafael de Córdoba, la ciudad donde reside la familia.

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Fotografía realizada el 9 de noviembre de 2014 por Rafael González en la que aparezco con Remedios Gómez Márquez.

Listado de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena. La fosa común del cementerio

En Lucena, el golpe militar contra la República se inició en la noche del 18 de julio de 1936 cuando un grupo de guardias civiles mandados por el teniente Luis Castro Samaniego, conocido con el apodo de Teniente Polvorilla, tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las 5 de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Reclutas, emitió el bando de guerra. A partir de ese momento, la población quedó bajo el poder absoluto de los jefes militares, quienes ordenaban o permitían los encarcelamientos, las torturas, el expolio de bienes y los fusilamientos sin que se arbitraran consejos de guerra u otros mecanismos con apariencia legal que justificaran las violencias.

La represión en Lucena comenzó el 18 de julio con las detenciones practicadas por los guardias civiles en el ayuntamiento y en la Casa del Pueblo socialista, y las realizadas con posterioridad en varios domicilios de la población. Los detenidos fueron internados en el cuartel de la Guardia Civil, en la cárcel municipal de la plaza del Coso y en otra pequeña prisión, situada en la calle Quintana, conocida popularmente como La Higuerilla. Durante los días 18 y 19 de julio se encarceló a unas doscientas personas, pero como el número de arrestados no dejaba de aumentar el día 24 las autoridades militares habilitaron como cárceles el convento de San Agustín y el claustro y las escuelas del convento de los Padres Franciscanos, a los que se añadió en el mes de agosto como lugar de presidio la antigua plaza de toros. En total, seis cárceles para una ciudad que en aquel momento rondaba los treinta mil habitantes. Desde estos centros de reclusión, muchos de los detenidos fueron trasladados al cementerio y a otros lugares del término municipal o a Córdoba capital para ser fusilados y enterrados en fosas comunes.

Cuantificar la represión franquista en Lucena es tan dificultoso como en el resto de España, ya que un buen número de víctimas mortales republicanas no ha dejado ningún rastro en la documentación oficial de los libros de defunciones del Registro Civil o de los libros de enterramientos de los cementerios. Desde el primer momento hubo un enorme interés en esconder la represión, algo que siempre han procurado las dictaduras a lo largo de la historia. Por otro lado, el miedo, las dificultades burocráticas y la emigración a otros lugares impidieron que los familiares de los asesinados pudieran inscribirlos en los libros de defunciones del Registro Civil, que son la fuente natural para el estudio de los fallecimientos en una localidad.

Todas las inscripciones de fusilados en el Registro Civil de Lucena se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran las muertes. Durante los tres años de guerra solo se inscribieron cuatro asesinados en el Registro (el primer fusilado lucentino no se anotó hasta el 22 de noviembre de 1937) y hubo bastantes inscripciones a partir de 1980 (un 15,87% del total de inscritos) acogiéndose a la Ley de 18 de septiembre de 1979 sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Todo esto explica que existan personas fusiladas anotadas dos veces en el Registro o a la vez en Córdoba capital y en Lucena.

El Registro Civil de Lucena es poco fiable no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar y la fecha de la muerte, o la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. A la vez, son frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “apareció muerto por herida de arma de fuego a consecuencia de los sucesos del Glorioso Alzamiento Nacional”. Todas estas carencias explican que en el Registro estén inscritas solo 69 víctimas mortales de la represión franquista en Lucena mientras que otras 61 (el 47% del total) nunca se llegaron a anotar. Los nombres de estas últimas se han obtenido a través de testimonios orales y de otra documentación a través de una ardua tarea de investigación histórica.

Las inhumaciones de los asesinados se practicaron de manera irregular en fosas comunes. En el cementerio de Lucena se abrió una gran zanja donde se enterraba a los fusilados, separados por tandas de tierra y cal. A otros los enterraban en el mismo sitio donde los habían asesinado: Alameda de Cuevas, cuesta de los Balandranes, carretera de Cabra, pilar de la Dehesa, Paredes de Uñate, cortijo Angulo, etc. Por ello, en los libros de cementerio solo consta en el periodo de guerra civil el enterramiento de dos fusilados: José Onieva Sánchez (4 de agosto de 1936) y Matías Soria Jiménez (8 de febrero de 1938), este último fusilado tras un consejo de guerra sumarísimo. Frente a la política de las autoridades de borrar las huellas de la represión, los deseos de las familias por recuperar los cuerpos de los asesinados para darles digna sepultura resultaban muy arriesgados durante la contienda. Una familia lucentina nos informó de que intentó rescatar el cadáver de uno de sus miembros pidiendo ayuda a un médico falangista, sin embargo este respondió con amenazas y les advirtió de “que no se les escuchara llorar”.

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Última foto localizada de un fusilado lucentino: Marceliano Izquierdo Izquierdo, secretario del Ayuntamiento.

A partir de agosto de 1936 en Lucena los fusilamientos se cometieron de forma masiva y colectiva, una circunstancia que no recogen los libros de defunciones del Registro Civil. Por ejemplo, el día 5 de agosto asesinaron a cinco jóvenes, que hemos conseguido identificar con nombres y apellidos, en la finca de la Alameda de Cuevas, situada a la izquierda de la antigua carretera en dirección a Monturque. Muchos testimonios orales nos aseguran que en la madrugada del 19 de agosto –quizás como una forma macabra de conmemorar el primer mes de la rebelión militar– asesinaron a veinticinco personas en el cementerio, mientras el Registro solo recoge el nombre de dos. Lo cierto es que, según las informaciones recabadas de las familias, algunos de los inscritos en el Registro en otras fechas habrían muerto en realidad el día 19. Además de la matanza del día 19, no nos faltan testimonios de otras: un testigo presencial contó veintitrés fusilados en la cuesta de Balandranes en un solo día y otro vio cinco fusilados en las paredes del cementerio en la madrugada del día 25 de septiembre (en el Registro Civil solo hay datos de uno). En Córdoba capital también cayeron inmolados al menos 32 lucentinos que fueron enterrados en los dos cementerios de allí. Por ejemplo, en el mes de noviembre de 1936, según los expedientes personales de prisión de los finados que se conservan en el Archivo Histórico Provincial, ocho lucentinos murieron el día 12, cuatro el 13, siete el 14 y dos el 20.

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Monolito inaugurado el 1 de julio de 2005 en cementerio de Lucena en recuerdo de las víctimas de la represión franquista.

El único vestigio visible que simboliza la represión franquista en el cementerio de Nuestra Señora de Araceli de Lucena es un monolito que se inauguró el 1 de julio de 2005 con los nombres de los 123 fusilados y muertos en las cárceles conocidos hasta ese momento (su número real ha aumentado a 137, 14 más, tras sucesivas indagaciones en estos últimos años). Se construyó con la aportación económica del Ayuntamiento y las ayudas que entonces concedía la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en materia de recuperación de la Memoria Histórica. Aunque debajo del monumento no se encuentran restos humanos, desde entonces ha servido de lugar de memoria y se ha convertido en un espacio donde las familias han podido honrar a sus seres queridos, rezar y llevarles flores. En una sociedad de raíces cristianas como la nuestra, en la que la tradición cultural conlleva que los difuntos se inhumen de manera digna en camposantos e identificados con sus nombres en lápidas, es evidente que este monolito ha reconfortado a los familiares de las víctimas, ha atenuado el dolor de sus heridas y se ha erigido en un símbolo de encuentro y reconciliación.

En enero de 2016, algunos familiares de los asesinados durante la guerra me solicitaron un informe histórico sobre la fosa común del cementerio de Lucena. Según los datos que ellos poseían y las informaciones que yo había aportado con anterioridad en mis libros sobre Lucena, existían suficientes indicios para considerar que a sus seres queridos los enterraron en algún lugar del camposanto. Las familias adjuntaron mi escrito a la petición que realizaron al mes siguiente a la Dirección General de Memoria Democrática, con la finalidad de que este organismo, dependiente en aquel momento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, activara los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la guerra civil. Medio año después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó que Lucena se encontraba entre las 37 localidades en las que se iniciaría el proceso de indagación, localización, exhumación e identificación genética (si procedía) de las víctimas enterradas en alguna fosa común de la guerra civil que aún perdurara en el cementerio, pues en aquel momento se desconocía si con posterioridad estas fosas se exhumaron, se destruyeron o se reutilizaron.

Trabajos de construcción, en el año 1927, de las tumbas individuales que se utilizarían como fosa común en el cementerio de Lucena durante medio siglo. Se puede observar, a la derecha, el abultado montón de huesos extraídos durante las labores de excavación.

El 9 de enero de 2017 comenzaron las labores para localizar los posibles restos de los fusilados en el cementerio de Lucena. El equipo técnico estuvo dirigido por el profesor de la Universidad de Granada Francisco Carrión, y con él, junto a otros voluntarios, colaboraron de manera altruista durante varias semanas cuatro lucentinos graduados o licenciados en Historia (Miriam Sánchez Santiago, Miguel Ángel Toledano Cantero, José Alberto Delgado Arcos y Víctor García Martínez). Los resultados fueron infructuosos tras ocho semanas de trabajo y la exploración del 54 % del terreno donde se podrían situar las fosas. La falta de localización en aquel momento pudo deberse a que los fusilados se hubieran inhumado, al igual que millares de lucentinos, en algunas de las más de 300 tumbas individuales de ladrillo y hormigón construidas en 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, y que se reutilizaron como fosa común hasta los años setenta del siglo XX. Con una profundidad que en muchas ocasiones supera los cuatro metros, en cada una se apilaban varios cuerpos, unos encima de otros, que cada varios años se exhumaban y se arrojaban al osario. Así se dejaba paso a nuevos enterramientos, ya que en aquellas fechas la mayoría de los lucentinos no tenía recursos económicos para sufragar una tumba propia y era el Ayuntamiento quien asumía ese servicio.

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Labores de excavación en el cementerio de Lucena en diciembre de 2017.

Ante la primera falta de resultados, el 6 de noviembre de 2017 comenzó una nueva fase de excavación en el cementerio, dirigida por el mismo equipo del profesor Francisco Carrión, que excavó o sondeó mediante catas el 98 por ciento del terreno. Las labores se prolongaron durante el mes de diciembre y culminaron con la localización de los restos de cinco varones, con una edad entre los 35 y los 53 años. Todos sufrieron palizas y torturas antes de ser asesinados, pues presentaban múltiples fracturas en costillas, antebrazos, clavículas o húmeros. Los cuerpos aparecieron en una misma tumba, enterrados en cal viva en tres niveles, uno en el más superficial y dos en cada uno de los niveles restantes. Estos cuatro últimos no murieron fusilados, sino de un solo disparo en la cabeza. Desconocemos en este momento (marzo de 2021) si el proceso de identificación genética de los restos hallados ha culminado con éxito, pues a varias familias se les tomaron pruebas de ADN con la intención de confrontarlo con el de los huesos encontrados.

La lista de víctimas mortales de la represión franquista en Lucena que publicamos a continuación comenzó a elaborarse en 1997 y desde entonces su número y la información que poseemos sobre los fallecidos han aumentado considerablemente, como se puede comprobar a través de los libros que he ido publicando y de los artículos de este blog, donde aparecen historias y fotografías de bastantes de ellos. Si en 1997 hubiéramos decidido no investigar sobre este asunto y seguir el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas de la represión fueron muchas menos de las que en realidad son, con lo que habríamos hecho un flaco favor a la verdad histórica y al derecho que tienen las sociedades a conocer su pasado. Según los datos que poseemos en la actualidad, y que podrían variar en cualquier momento, la represión causó en la localidad de Lucena durante la guerra 98 muertos, a los que hay que sumar 21 en la aldea de Jauja y 11 en la de Las Navas del Selpillar, lo que nos da una cifra total de 130 víctimas para el municipio (hay otras tres dudosas). Además, seis forasteros cayeron fusilados en el término municipal. Por último, en la posguerra murieron en las cárceles al menos otros siete lucentinos por hambre, enfermedades y privaciones. Los nombres de todos ellos aparecen detallados en las seis páginas de este enlace.

 

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Antonio González Merino (izquierda) y su primo Rafael González Polonio, residentes en la provincia de Barcelona y ambos ya fallecidos, delante del monolito que recuerda a las víctimas de la represión en el cementerio de Lucena. La foto se tomó durante la visita que realizaron en mayo de 2010 para depositar flores a los pies del monumento, donde aparecen los nombres de sus padres, los hermanos Juan y Manuel González León, nacidos en Lucena y fallecidos en 1942 y 1941, respectivamente, en el campo de exterminio nazi de Mauthausen (Austria).

El campo de concentración de prisioneros de guerra de Lucena (1938-1939)

Durante la Guerra Civil y en la primera posguerra, los campos de concentración de prisioneros de guerra se utilizaron en la España franquista para internar, clasificar, reeducar y distribuir hacia otros destinos a los soldados republicanos que caían prisioneros o se entregaban voluntariamente, y también a los civiles y militares que llegaban evadidos desde la zona republicana. Las primeras instrucciones para la actuación con los prisioneros de guerra se emitieron en diciembre de 1936 y a partir de agosto de 1937 se encargaría de esta cuestión la Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros, un organismo que dependía directamente del Cuartel General del Generalísimo, es decir, del propio Francisco Franco.

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Prisioneros del campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) en una fecha indeterminada.

Tras su apresamiento en los frentes de guerra por las tropas franquistas, los mandos y los soldados republicanos eran normalmente conducidos a un campo provisional, donde se les tomaba la filiación y se les interrogaba. De allí, en trasportes que solían ser vagones de carga, sufrían un nuevo traslado a un campo estable para ser clasificados. Si al prisionero se le encontraba alguna responsabilidad política o militar, se le trasladaba a una cárcel y se le sometía a juicio sumarísimo, en el que podía ser condenado a muerte. Si se le consideraba adepto al Movimiento Nacional (porque hubiera sido reclutado a la fuerza o no se encontrara cargo contra él) se le reintegraba en el Ejército franquista o se le dejaba en libertad si no pertenecía a reemplazos movilizados hasta el momento. Si se le consideraba “dudoso”, indiferente o poco afecto al Movimiento Nacional, se mantenía su reclusión en el campo de concentración o se le destinaba a partir de agosto de 1937, sin sentencia judicial previa y como mano de obra forzada y militarizada, a los batallones de trabajadores –reconvertidos a mediados de 1940 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores–, donde era sometido a trabajos forzados en fortificaciones militares y en obras públicas y privadas (pantanos, canales, ferrocarriles, carreteras, minas, puertos, edificios, etc.). Esta modalidad de trabajo esclavo se mantuvo bastantes años, de manera que según cifras oficiales en julio de 1942 aún quedaban 45.457 presos encuadrados en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

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Prisioneros de guerra en Santander (1937).

Los prisioneros de guerra en la España franquista no fueron tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1929 –a pesar de que Franco manifestó a la Cruz Roja que se guiaría por ella– que establecía un trato humanitario para los internos y la prohibición de infligirles sufrimientos, violencias, insultos, etc. Por el contrario, acabaron hacinados en campos de concentración en malas condiciones higiénicas, mal alimentados, obligados a trabajos forzosos, torturados, castigados, y en ocasiones exterminados en asesinatos extrajudiciales. Según las instrucciones emitidas en septiembre de 1937 por la Inspección de los Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra y Batallones de Trabajadores, los presos tenían restringidas las visitas y la correspondencia –que era censurada– y se les prohibía hablar con las fuerzas de vigilancia, recibir paquetes de comida o la lectura de la prensa. Además, dentro del proceso de reeducación política que padecían, estaban obligados a saludar a las autoridades y a la bandera con el brazo alzado al estilo fascista, y a dar vivas a Franco y a España al formar y romper filas o con motivo de cualquier evento. En cuanto a las actividades que desarrollaban, una buena parte del día los prisioneros permanecían de pie y en posición de firmes: para los recuentos, la instrucción, escuchar los discursos y las lecturas de las leyes penales, cantar los himnos patrióticos o para la celebración de la misa de los domingos. La consideración que merecían los prisioneros de guerra republicanos para las autoridades franquistas la reflejó de manera clara el máximo responsable de la Inspección de Campos, Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, en la “Memoria Crítica”, de 1938, con estas palabras: Frente al Ejército Nacional no se alza otro Ejército, sino una horda de asesinos y forajidos, y junto a ellos, y como menos culpables, unos bellacos engañados por una propaganda infame”. 

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Prisioneros desfilando en el campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) en fecha indeterminada.

Conforme las tropas franquistas avanzaban en sus conquistas, el número de prisioneros aumentó con rapidez, sobre todo en 1938. En febrero de 1939, según cifras oficiales, se alcanzaba la cifra de 237.102 internados en los campos. Si nos atenemos a las investigaciones de Carlos Hernández de Miguel, publicadas en 2019 en un libro imprescindible de más de 500 páginas, Los campos de concentración de Franco, en España existieron cerca 296 campos de concentración entre 1936 y 1947 (51 de ellos en Andalucía) por los que pasaron entre 700.000 y un millón de prisioneros. Las víctimas mortales directas serían unas 10.000. Andalucía fue un lugar de internamiento de prisioneros durante toda la guerra, pero en especial desde 1939, pues los campos del norte de España se encontraban desbordados.

El historiador Francisco Navarro López, en su libro Cautivos en Córdoba (1937-1942), publicado a finales de 2018, analiza de manera detallada los 13 campos de concentración de la provincia de Córdoba, bastantes de ellos desconocidos hasta ahora, por los que pasaron 32.283 prisioneros contabilizados y 61.645 estimados. También describe las 28 unidades cordobesas de trabajos forzados en las que hubo 11.386 cautivos, sobre todo recluidos en batallones de trabajadores. En Lucena existió un campo de concentración en el que estuvieron internados, según Francisco Navarro, 967 prisioneros contabilizados y 2.000 estimados, aunque su capacidad era para solo 300.

La andadura del campo de concentración de Lucena comenzó el 12 de julio de 1938, cuando llegaron 194 prisioneros custodiados por fuerzas de la Guardia Civil. Todos procedían del campo de concentración de Córdoba. Durante ese mes hubo 10 bajas entre los presos, de las que seis fueron por ingresos en el hospital militar de Lucena, que se encontraba en la actual residencia de ancianos de San Juan de Dios. Desconocemos si alguno de ellos falleció en este recinto sanitario.

El 1 de octubre de 1938 el campo albergaba ya a 229 presos, y en los días siguientes se sumaron otros 69, de los que 66 procedían del campo de concentración de Córdoba, que funcionaba desde 1937 y que se convirtió en el gran suministrador de internos para el de Lucena. En total, durante este mes de octubre, pasaron por el campo de concentración de Lucena 292 reclusos, entre los que se produjeron 158 bajas que se distribuyeron de la siguiente manera: 59 internos fueron liberados; 77 engrosaron las filas del Ejército franquista en los frentes de guerra (regimiento de Infantería Oviedo, Regimiento Pavía nº 7 y un batallón de Bandera de la Falange); 14 acabaron en el Batallón de Trabajadores 103, sometidos a trabajos forzados en las obras del aeropuerto de Málaga; mientras que dos terminaron ingresados en la Prisión Provincial, otros dos en el campo de concentración de Córdoba y tres pasaron por el Tribunal Médico de la misma ciudad.

En julio de 1939 todavía quedaban 121 presos en el campo de concentración de Lucena, cuando hacía ya tres meses que había finalizado la Guerra Civil. El día 8 de julio el campo dejó de funcionar. Tuvo por tanto una andadura corta, de solo un año. El destino de la mayoría de los prisioneros fue el campo de concentración de Montilla. No obstante, 30 quedaron libres, uno pasó al campo de concentración de Córdoba, otro a la prisión de Córdoba y otro a la de Linares (Jaén).

No sabemos a ciencia cierta el lugar exacto donde se ubicó el campo de concentración de Lucena pero, según hemos podido deducir del testimonio del médico lucentino Juan Luna Delgado –ya fallecido–, creemos que tuvo su sede en las escuelas de San Antonio de Padua del convento de los padres franciscanos, un recinto que había servido de prisión al comienzo de la Guerra Civil y que junio de 1938 albergaba a 320 alumnos según el periódico local Ideales en su edición del día 13. Era un edificio espacioso y con agua corriente, pero aun así no contaba con la infraestructura necesaria (camas, utensilios de cocina, servicios higiénicos, lavandería, etc.) para alojar a tanta población reclusa. Por ello, con la intención de habilitarlo para el alojamiento de los prisioneros de guerra, el Ayuntamiento aprobó en su sesión plenaria del 14 de julio de 1938 una ampliación del presupuesto para obras, construcción de hornillas, elevación de la pared medianera del convento, colocación de pavimentos y otras reformas. El comandante jefe del campo fue Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería retirado y comandante militar de Lucena. De la administración económica se encargó el teniente Rafael García Rey, secretario de la Caja de Recluta de Lucena. El Estado pagaba 1,65 pesetas diarias para la manutención alimenticia de cada uno de los presos.

La documentación relativa 132 campos de concentración y 541 batallones de trabajadores se localiza en los fondos documentales del Tribunal de Cuentas conservados desde 2010 en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. En abril de 2016 el historiador Francisco Navarro López me cedió la lista con los nombres de los 258 presos que pasaron por el campo de Lucena. Sus nombres y apellidos, copiados textualmente, se pueden consultar en este enlace.

Una familia de Lucena se encuentra casi ochenta años después

Juan Zafra Raigón (2)

Juan Zafra Raigón, desaparecido cuando lo detuvieron en Montilla en 1936.

En diciembre de 2015, Miguel Guillén Burguillos me escribió un mensaje de correo electrónico desde Mataró (Barcelona), su ciudad de nacimiento y de residencia. Miguel procede de una familia de emigrantes andaluces afincados en Cataluña en los años sesenta del siglo pasado. Por parte de madre, su abuela Gabriela era originaria de Montilla y su abuelo Antonio de Lucena. Había leído mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), y me pedía ayuda para localizar a uno de los hermanos de su abuela, Juan Zafra Raigón. Lo habían detenido en Montilla, que había quedado en manos de los golpistas desde el 18 de julio de 1936, y desde entonces estaba desaparecido. Por tanto, desconocían si había sido fusilado o había conseguido sobrevivir. La única noticia, confusa y poco creíble, sobre su posible paradero les vino de otro hermano, Antonio, que se exilió en 1939 en Francia y estableció allí su residencia definitiva hasta su muerte. Al intentar recabar información en tiempos de Franco en un consulado español en Francia, le dijeron que los datos que poseían sobre Juan eran confidenciales, así que la familia creyó –aunque sin ningún fundamento que lo avalase– que podría estar refugiado en Suiza.

Desgraciadamente, no pude ayudar a Miguel Guillén en la búsqueda de su tío abuelo por las enormes dificultades que presenta la investigación de este caso. Además, su nombre no está incluido en la lista de los 148 víctimas mortales que tenemos catalogadas hasta el momento de la represión franquista en Montilla ni entre los 438 vecinos –Montilla tenía unos 19.500 habitantes en 1936– que sufrieron internamiento en cárceles u otras formas de represión durante la guerra y la posguerra. En consecuencia, Juan Zafra Raigón continua siendo en este momento una de las muchas decenas de miles de personas desaparecidas, de las que no se tiene constancia de su paradero ni se ha encontrado su cadáver, a consecuencia de la represión franquista durante la contienda civil.

Antonio Burguillos Serrano.

Antonio Burguillos Serrano en una fotografía de la década de 1970.

En la primera conversación telefónica que tuvimos sobre este asunto, Miguel Guillén me contó otra historia. Como su abuelo materno, Antonio, era lucentino, había leído también mi libro República, guerra y represión. Lucena 1931-1939. En él, a Miguel le había llamado la atención que entre la lista de fusilados en 1936 apareciera Manuel Burguillos Serrano, que se apellidaba igual que su abuelo y cuya fotografía mostraba un enorme parecido físico con él mismo, según apreciaron con sorpresa hasta sus propios padres. Me pidió, por tanto, si podría averiguar si ese hombre podría ser hermano de su abuelo, quien les había contado que tenía un hermano y una hermana en Lucena pero nunca les dio información sobre ellos. Su abuelo se había marchado solo, sin su familia, a trabajar desde Lucena a Montilla con menos de 20 años, a finales de la década de 1920. En 1965, junto a su mujer, Gabriela, y sus hijos, había emigrado a la localidad barcelonesa de  Mataró, donde murió en 1976, con 66 años.

Manuel Burguillos Serrano.

Manuel Burguillos Serrano, concejal en 1931 y vicepresidente del PSOE de Lucena en 1936.

El presunto hermano de Antonio, Manuel Burguillos Serrano, había nacido en Lucena el 11 de marzo de 1905. Tenía una formación autodidacta y era jornalero de profesión, por lo que sufrió las miserables condiciones de vida de los trabajadores del campo andaluz de los años veinte y treinta del siglo pasado. A través de su propia experiencia vital, de su talante generoso con los que aún eran más pobres que él y de las tertulias organizadas en el patio de su casa, al calor de la lectura del periódico El Socialista, tomó conciencia de la necesidad de combatir las injusticias de su tiempo. El salto de Manuel Burguillos al Consistorio local se produjo en las elecciones del 14 de abril de 1931, al resultar elegido concejal en la triunfante candidatura republicana, que obtuvo en Lucena el 64,82% de los votos frente al 35,18% conseguido por los monárquicos. Solo dos días después se proclamaba la II República en toda España. Su labor como concejal socialista en el Ayuntamiento se puede resumir en tres ejes prioritarios: defensa a ultranza de los derechos y de la dignidad de la clase obrera, reivindicación del laicismo y denuncia constante de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que se oponían a las reformas del régimen republicano. El 15 de octubre de 1934 la Corporación Municipal lucentina fue destituida de manera arbitraria por el gobernador civil y Manuel Burguillos dejó de ser concejal. A partir de entonces su actividad política se centró en la agrupación local del PSOE, de la que llegó a ser vicepresidente en 1936.

Foto Manuel Burguillos (Libro familia 2)

Manuel Burguillos, cuando tenía 27 años.

La rebelión militar del 18 de julio 1936, que triunfó en Lucena ese mismo día, tuvo trágicas consecuencias para Manuel Burguillos. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas –en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes– y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes. De los concejales socialistas elegidos en las elecciones de 1931, al menos cuatro serían pronto fusilados: Rafael Lozano Córdoba (de 72 años), Antonio Palomino Luque, José López Antequera y Manuel Burguillos Serrano. El 27 de julio unos falangistas se presentaron en la casa de Manuel Burguillos, en el número 52 de la calle Rute. Al no encontrarlo allí, pues se hallaba trabajando, le dejaron el aviso de que se personase ante la autoridad militar “solo para hacerle unas preguntas”. Cuando regresó, su esposa, consciente del peligro que se cernía sobre él, le propuso la huida hacia Jaén, que se encontraba en zona republicana. Él se negó, alegando que no había cometido ningún delito y que su conciencia estaba tranquila. Se presentó a la citación y quedó detenido en el acto. Su confianza en las buenas intenciones de sus verdugos le traicionó. Estuvo internado en el convento de San Francisco, convertido en prisión, y en la madrugada del 19 de agosto de 1936 lo fusilaron, junto con veinticuatro personas más, en las tapias del cementerio de Lucena. Tenía entonces 31 años. Dejó dos huérfanos, Antonio, de tres años, y Carmen, próxima a cumplir los dos.

Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

En una foto de cuando tenía 23 años, Luisa Baena Mármol, viuda de Manuel Burguillos Serrano.

Recabando datos para mi libro sobre Lucena, logré entrevistar en los meses de marzo y abril de 1997 a la viuda de Manuel Burguillos, Luisa Baena Mármol, quien ya había cumplido los 88 años y parecía una mujer muy vivaz. En la conversación definió a su marido, con el que se había casado el 30 de abril de 1932, como un hombre inteligente, bueno y, sobre todo, cariñoso. Se apreciaba que había estado muy enamorada de él y era evidente que se sintió bastante reconfortada e ilusionada aportando sus recuerdos. A pesar del tiempo transcurrido desde la guerra, mantenía una memoria prodigiosa. Aún se emocionaba, hasta llegar a las lágrimas, enumerando los nombres de varios fusilados –entre ellos un primo hermano– y contando que escondió en su propia casa a tres hermanos (Rafael, Miguel y Antonio Sánchez) para evitar su detención en una de las numerosas redadas acontecidas en la calle Rute. Como nota curiosa, he de señalar que en la pared del rellano de la escalera de su antigua vivienda todavía conservaba un cuadro con la imagen de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y del sindicato socialista UGT, que había conseguido ocultar detrás de una lámina de la Virgen durante la guerra y la dictadura de Franco. Condicionada por sus trágicas circunstancias familiares y aconsejada por el cura de la parroquia del Carmen, Luisa se volvió a casar el 27 de noviembre de 1939, tuvo tres hijos más (Luis, Araceli y Ana), perdió el contacto con la familia de su antiguo marido y enviudó de nuevo en 1970. Murió el 8 de noviembre de 1999, dos años después de que yo la entrevistara.

Dos meses antes de que me escribiera Miguel Guillén desde Mataró, conocí a un nieto de Manuel Burguillos Serrano, de igual nombre y primer apellido, porque se me presentó por la calle. Me habló de que estaba interesado en localizar y exhumar los restos de su abuelo –una solicitud que ya ha cursado a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía– y nos intercambiamos los números de teléfono. Esta casualidad permitió que pudiera consultarle las dudas que me planteaba Miguel Guillén. Miguel sabía que los padres de su abuelo se llamaban Araceli y Antonio. Manuel buscó en el libro de familia de su abuelo y los padres se llamaban igual. También preguntó a su tía Carmen, y ella le dijo que mantenía un recuerdo lejano de la existencia de un tío en Montilla. Miguel me envió también una foto de su abuelo Antonio que fue determinante. En cuanto Manuel la vio, descubrió el enorme parecido físico con su padre, Antonio, ya fallecido. El misterio estaba resuelto: Manuel y Antonio Burguillos Serrano eran hermanos. A los pocos días, la curiosidad llevó a Miguel, politólogo de profesión, a realizar otro descubrimiento importante: encontró en el diario ABC una nota mortuoria de Araceli Burguillos Serrano, de 88 años, fallecida el 23 de abril de 1996 en Madrid, el lugar donde su abuelo les había referido que había emigrado su hermana.

La pregunta que surge de inmediato es por qué Antonio Burguillos Serrano nunca hablaba de su hermana ni de su hermano fusilado en Lucena. El origen podría estar en su personalidad callada, hermética y dedicada al trabajo. O puede que ese silencio se debiera al desarraigo familiar, al deseo de olvidar, al miedo, a tratar de evitar que sus hijos pudieran correr la misma suerte que su hermano por “meterse en política” o a cualquier otro motivo desconocido. Tampoco sabemos si ese silencio, en una persona de ideología socialista, fue voluntario o forzado por determinadas circunstancias. Sea como fuere, el olvido y el pasado familiar oculto del abuelo han sido sustituidos ahora por la memoria de uno de sus catorce nietos. Al menos, en este caso, una historia que hunde una parte de sus raíces en el drama represivo de la guerra civil española tiene un final feliz. Esta semana, solo cuatro meses después de que me escribiera, Miguel Guillén Burguillos visita Lucena por primera vez en su vida para conocer el lugar donde nació su abuelo y donde aún viven los descendientes de su tío abuelo, con los que aún no había mantenido ningún contacto, pues yo he servido en todo momento de intermediario con ellos. Esta es la fotografía, de ayer mismo, 6 de abril de 2016, que da fe del esperado encuentro familiar.

Familia Burguillos Lucena

De izquierda a derecha, Manuel Jiménez Burguillos, Miguel Guillén Burguillos y los hermanos Manuel y Carmen Burguillos Castillo.

Ángel Cruz Rueda y la depuración de maestros en Cabra durante la guerra civil

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en la España que quedó en poder de los sublevados se inició con suma rapidez la depuración de la inmensa mayoría de los funcionarios y de los empleados públicos. El 28 de julio, la Junta de Defensa Nacional –organismo militar que asumió el poder en la zona rebelde– autorizó la suspensión inmediata de los funcionarios que no prestaran auxilio a los golpistas y, a finales de agosto, ordenó de manera específica la depuración de los maestros alegando que la escuela debía “contribuir no solo a la formación del niño en el aspecto de la cultura general, sino a la españolización de las juventudes del porvenir”. Estas órdenes se formalizaron con el Decreto de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica de Estado –especie de primer gobierno franquista–, que justificaba la depuración de todo el personal docente en el Magisterio debido a que había “estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional”.

Se crearon cuatro comisiones para depurar a los enseñantes: de profesorado universitario, de escuelas de ingeniería y arquitectura, del restante personal (institutos, enseñanzas profesionales, etc.) y de maestros de educación primaria. Al profesorado se le podía denunciar por haber tenido actividad política o sindical, por su conducta privada, profesional o religiosa, o por otros motivos. Las sanciones consistían en traslados forzosos, separación definitiva del cuerpo, suspensión de empleo y sueldo, exclusión del concurso de traslados, jubilación, e inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza. Para aumentar el daño a los condenados, los separados del servicio no podrían ejercer tampoco su oficio ni asumir cargos en escuelas, academias particulares o instituciones ajenas al Estado.

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Retrato de Ángel Cruz Rueda, presidente de la Comisión Depuradora provincial del profesorado cordobés de educación primaria. El cuadro se conserva en el Museo del IES Aguilar y Eslava de Cabra.

Las comisiones depuradores de maestros de educación primaria tenían ámbito provincial y se encargaban de la investigación del profesorado, la instrucción del expediente y la propuesta de sanciones. La Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en Córdoba, constituida a finales de 1936, tenía la sede en el instituto de la capital de la provincia y estaba presidida por el jiennense y licenciado en Derecho Ángel Cruz Rueda, quien se había incorporado en 1926 al instituto Aguilar y Eslava de Cabra como catedrático de Filosofía. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, ejerció de concejal en 1928, consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1929, y en 1930 se convirtió en director del centro y de la rectoría aneja del Real Colegio de la Purísima Concepción, un cargo que mantendría durante la II República. El 7 de septiembre de 1936, por nombramiento de las autoridades militares golpistas, se convirtió también en alcalde de Cabra. Durante la guerra civil ejerció, por tanto, tres funciones paralelas: alcalde (1936-1940), director del instituto (1930-1942) y presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio Nacional en la provincia (1937-1939). En 1942, cuando tenía 54 años, se trasladó al Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media Lope de Vega, de Madrid, ciudad donde murió en 1961.

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José Mª Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, órgano encargado del proceso depurador en la enseñanza.

Las comisiones provinciales de depuración del profesorado trasladaban la propuesta de sanción a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, que era quien formalmente fallaba. El presidente de esta Comisión, que hacía las veces de Ministerio de Educación, era desde octubre de 1936 el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán y Pemartín, quien consideraba que había que castigar a los profesores que habían optado “por lo antinacional, masónico, judío o marxista, o los que fueron causa de la revolución”. Pemán se encargó de desmantelar el sistema educativo republicano, al que consideraba un foco de formación de generaciones anárquicas y antipatriotas. Para Pemán la depuración era una “sagrada misión” de carácter no solo “punitivo”, sino también “preventivo”, en la que no cabían ni “reprobables reservas mentales” ni “sentimentalismos extemporáneos”. La depuración del profesorado tenía como uno de sus objetivos extirpar de las escuelas la enseñanza laica o influenciada por las corrientes pedagógicas progresistas, e instaurar una educación acorde con los preceptos católicos.

En la España franquista se sancionó a un 25% de los maestros –unos 15.000, de los que unos 6.000 fueron separados definitivamente del cuerpo– y a un 38% del profesorado de enseñanza media. Gracias a la abultada información que aportan las 767 páginas del libro de Manuel Morente Díaz, La depuración de la enseñanza pública cordobesa a raíz de la guerra civil, publicado en 2011, hemos podido conocer de manera muy pormenorizada cómo afectó este proceso a la provincia. En Córdoba, de los 814 maestros nacionales en plantilla en julio de 1936, se denunció a 291 (36% del total) y de ellos quedaron sancionados al menos 143. En el caso de los maestros, la Comisión Depuradora requería informes confidenciales –que servían de base para la denuncia pero que el imputado nunca llegaba a conocer– de al menos la alcaldía, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia o vecino de la localidad (en el caso de Cabra fueron dos: Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez).

Los principales denunciantes del profesorado en la provincia de Córdoba fueron las autoridades militares (185 denuncias), sacerdotes (159), vecinos (146) y ayuntamientos (130). De los maestros denunciados en Córdoba, 205 (25%) sufrieron la imputación de cargos por la Comisión Depuradora. En Cabra se imputó a entre un 25-30% de los maestros, aunque solo se sancionó a entre el 11 y el 20% de la plantilla. En cuanto al profesorado de enseñanza secundaria del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, el historiador Manuel Morente señala que, de sus 17 profesores, nueve acabaron denunciados (más del 50% de la plantilla) y tres catedráticos sancionados: Emilio Aranda Toledo (Latín), Higinio Capote Purrúa (Literatura) y el vicedirector Rafael Navarro Martín (Física y Química).

He rescatado del olvido a una familia de tres maestros de Cabra que sufrió la labor represiva de la Comisión Depuradora presidida por Ángel Cruz Rueda gracias a Carmen Menchero de los Ríos, residente en Madrid. Me ha enviado fotos, información y copias de los expedientes de depuración –que se conservan en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares– de su abuela y su tía abuela, las hermanas Carmen y Luisa Morales Durán, naturales de la provincia de Badajoz, y del marido de esta, José Flores Leña, nacido en Cabra. Su abuela Carmen estaba casada con el periodista Antonio de los Ríos Urbano, alcalde socialista de Baena en el primer bienio republicano (1931-1933) y desde el 20 de mayo al 13 de julio de 1936. Luisa se había casado en 1930 con José Flores, viudo y con dos hijos de su anterior matrimonio. La relación familiar era muy intensa, como prueba el hecho de que las dos hermanas estén enterradas juntas en el cementerio de Cabra.

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Antonio de los Ríos Urbano, alcalde de Baena durante la II República y esposo de la maestra Carmen Morales Durán.

Antonio de los Ríos Urbano, marido de la maestra Carmen Morales, dimitió de manera irrevocable de la alcaldía de Baena el 13 de julio de 1936 y se trasladó a vivir con su esposa a Cabra, donde ocho días después le sorprendió el golpe de Estado. Para escapar de la represión desatada por los golpistas, que en Cabra se llevó por delante la vida de un número estimado de 70 personas y en Baena de al menos 365, permaneció oculto como un topo en Cabra y en un cortijo de su cuñado Serapio Salas, esposo de su hermana Francisca. También contó con la protección de su hermano Adolfo, capitán de Infantería, de sus sobrinos Trujillo de los Ríos –que habían respaldado la sublevación militar en Baena desde el mismo 18 de julio de 1936– y de José Luis Pedrajas de los Ríos (este último llegó a ayudar incluso económicamente a la familia). Una pequeña biografía de Antonio de los Ríos, escrita por su nieta antes citada, Carmen Merchero, se puede leer en este enlace.

Ser esposa de Antonio de los Ríos tendría graves consecuencias para Carmen Morales Durán, maestra entonces de la Segunda Escuela Nacional de niñas de Cabra. El 26 de agosto de 1937 la Comisión Depuradora de Instrucción Pública de la Provincia –basándose en los informes preceptivos del alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón, el arcipreste y párroco de la iglesia de Santo Domingo Antonio Povedano Roldán y los padres de familia Rafael Osuna Pérez y Jaime Gálvez– propuso a la Comisión de Cultura y Enseñanza que se la sancionara con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por “tener tendencia política izquierdista”, sin aportar ninguna prueba que argumentara esta acusación salvo su condición de esposa de un exalcalde socialista al que nunca se cita por su nombre en el expediente.

Para su descargo, Carmen Morales presentó un escrito en el que declaraba que no había podido votar en 1936 por no estar inscrita en el censo, que no había militado en partidos o sindicatos y que, además, en 1932 había donado una imagen y unos enseres a la parroquia de Santa María de la aldea de Albendín cuando ejerció allí de maestra, lo que se confirmaba con un certificado del sacerdote titular, de nombre Mateo y hermano de su marido. A pesar de todas sus alegaciones, de su buena conducta profesional y de que la maestra se hallaba alejada de cualquier actividad política y sindical, una Orden de 4 de diciembre de 1939 del Ministerio de Educación Nacional la castigó con el “traslado dentro de la provincia, no pudiendo solicitar vacantes en tres años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza”.

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La maestra Carmen Morales Durán.

El 6 de enero de 1940 Carmen Morales recurrió la sanción alegando que al acusarla de “tener tendencias izquierdistas” “abstractamente” y sin “pruebas concretas” se la privaba de cualquier “medio defensivo eficaz”. Aportó también un aval escrito del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que “durante los aciagos años de la nefasta república” la maestra había cumplido con “sus deberes religiosos”, llevaba a sus alumnos a la catequesis, había realizado donativos a la parroquia, solo se relacionaba con personas de derechas y “nada hizo, ni privada ni públicamente, reuniones, manifestaciones, etc., en que se pudieran colegir ideas izquierdistas”. La presentación del recurso nunca llevaba implícita la paralización de la sanción, así que Carmen Morales fue trasladada a La Cardenchosa, una aldea de Fuenteovejuna situada a casi 200 kilómetros de Cabra, donde la acompañó su marido. Casi cuatro años después de presentado el recurso, el 17 de diciembre de 1943, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional acordó rebajar la sanción a “inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza” “por su condición de esposa de un destacado izquierdista”, a pesar de que el Juzgado reconocía su “inhibición política” y su “excelente conducta religiosa particular y oficial”. Carmen falleció en Cabra el 8 de julio de 1973, con 84 años. Su marido, Antonio de los Ríos Urbano, que sufrió el ostracismo social y profesional por su condición de antiguo alcalde socialista, había muerto ya en Baena el 21 de abril de 1947, con tan solo 48 años. La vida de ambos ha sido llevada a una novela titulada Silencio y olvido, de la mano de Paulina Trujillo Tarifa, en 2017.

La hermana de Carmen, Luisa Morales Durán, que tenía 48 años en 1936, trabajaba también de maestra de la Primera Escuela Nacional de niñas de Cabra. En el expediente de depuración de la Comisión de Instrucción Pública, fechado el 13 de septiembre de 1937, se le imputaba, sin aportar ni una sola prueba documental y basándose solo en habladurías, de “simpatizar con los partidos de izquierda, habiendo sonado su nombre como concejal del Frente Popular”. La acusación se basaba en los informes preceptivos que habían emitido el brigada de la Guardia Civil Manuel Vargas Martos, el alcalde Ángel Cruz Rueda, el comandante militar José Sánchez Pavón y los padres Jaime Gálvez y Rafael Osuna Pérez. Sin embargo, todos reconocían que su conducta era “buena”, e incluso Jaime Gálvez la definía como una persona de “ideas religiosas y de derechas de siempre”. El 23 de septiembre de 1937 Luisa Morales presentó un pliego de descargo ante la Comisión Depuradora. Su defensa se basó en señalar que ella y su marido habían votado a la candidatura de derechas en las elecciones de febrero de 1936, que había soportado un sinfín de “penalidades” desde la proclamación de la República y, sobre todo, en recalcar que en su “vida tuvo relación alguna con personas alejadas de la fe católica”. Su escrito iba acompañado de un contundente certificado del arcipreste Antonio Povedano en el que señalaba que desde 1931 Luisa pagaba su cuota mensual como miembro de la Acción Parroquial y de Acción Católica de la mujer, era catequista, “frecuentaba los Santos Sacramentos y en todo se manifiesta como persona franca y públicamente de derechas, colaborando a la vez en pro del movimiento salvador de nuestro glorioso Ejército”.

Las alegaciones de Luisa Morales sirvieron de poco, pues en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del 27 de diciembre de 1939 aparece sancionada con “suspensión de empleo y sueldo por tres meses, traslado forzoso dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”. Cuatro días más tarde presentó un recurso en el que se quejaba, entre otras cosas, de que después de haber pasado la vida entera “formando generaciones que amen la Patria y adoren a Dios, por una simple calumnia se manchen cerca de treinta años de servicios a la Patria”. Aporta, en su defensa, tres certificados. Uno, de Carolina Ruiz del Portal, delegada local de la Sección Femenina de la Falange de Cabra, en el que se señalaba que era afiliada desde septiembre de 1936 y “que ha cumplido con todo lo que se le ha ordenado con gran espíritu y disciplina”. Otro, del alcalde accidental de Cabra, Antonio Lama Méndez de San Julián, que la definía también como adicta al “Glorioso Movimiento Salvador de España”. Y por último, otro del arcipreste Antonio Povedano en el que abundaba en su “buena conducta moral y religiosa” y en su condición de catequista. La reclamación de la maestra y los informes favorables solo le sirvieron para que el 16 de febrero de 1942 el juez superior de revisiones del Ministerio de Educación Nacional le rebajara la sanción a “traslado dentro de la provincia durante dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

El marido de Luisa Morales, José Flores Leña, estaba asignado a la Segunda Escuela Nacional de niños de Cabra. La Comisión Depuradora de Instrucción Pública de Córdoba le imputó, el 4 de septiembre de 1937, “haber pertenecido al Partido de Izquierda Republicana”. Como ocurrió en el expediente de su esposa y de su cuñada, ningún documento respaldaba la denuncia, y todos señalaban su buena “conducta social y profesional”. La acusación partía fundamentalmente del alcalde, Ángel Cruz Rueda, y del comandante militar, José Sánchez Pavón, aunque tanto el arcipreste Antonio Povedano –que lo identificaba como suscriptor del culto parroquial– como los padres Rafael Osuna Pérez  y Jaime Gálvez añadían también que había sido lector de la prensa de izquierdas.

El día 13 de septiembre de 1937 José Flores remitió un pliego de descargo en el que alegaba su condición de secretario de la Cofradía del Santísimo Sacramento desde el año 1929 y negaba su antigua afiliación a cualquier partido del Frente Popular –la coalición que había ganado las elecciones legislativas el 16 de febrero de 1936–, “ya que ningún cristiano puede convivir con ateos”. Solo reconocía haber militado unos meses en 1932 en el Partido Republicano Radical y nunca en Izquierda Republicana. Para ello, presentó un informe firmado el 15 de septiembre de 1937 por Francisco Rojas López, expresidente de Izquierda Republicana y alcalde de Cabra hasta que fue depuesto por los golpistas en julio de 1936, en el que negaba su militancia en este partido o en cualquier otro del Frente Popular. La Comisión Depuradora decidió entonces solicitar una ampliación de informes a la alcaldía y a la comandante militar. La alcaldía –al igual que el comandante militar Joaquín Zejalbo– indicaba que no podía justificar la militancia de José Flores Leña en Izquierda Republicana porque se destruyeron los ficheros al comienzo de la guerra, pero que era “opinión general del vecindario”, ya que era asiduo lector de dos periódicos republicanos, El Heraldo de Madrid y El liberal. Así que debido a las “simpatías por esta prensa” se le castigó, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de diciembre de 1939, con la “suspensión de empleo y sueldo por seis meses, con traslado dentro de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de tres años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”.

1940_DETALLE SANCION LUISA Y JOSE_Azul órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. Año V Número 1043 - 1940 abril 19

En abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese por sanción del maestro  José Flores y su esposa Luisa Morales.

El 30 de diciembre de 1939 José Flores recurrió la sanción ante al ministro de Educación Nacional, exponiendo que se daba la “rara circunstancia de que el presidente de la Comisión Depuradora era el alcalde de Cabra, que es un señor que ni conoce el pueblo, ni mucho menos al que suscribe, por no haber tenido contacto alguno por la vida retraída que el primero desarrolla, y esto le ha hecho llevarse por las insidias de primera hora que en todos los sitios existieron”, por lo que “debió, ya que se trataba de la localidad de su residencia, informarse ampliamente y no dejarse llevar por las insidias de algún interesado en desprestigiar precisamente a los que desde los primeros momentos nos prestamos con todo entusiasmo a aportar nuestro esfuerzo a favor de nuestro glorioso Movimiento”. José Flores añadió que su vida política siempre había estado “inspirada en un gran amor a España, se ha desarrollado dentro del orden y como buen católico”, hasta el punto de haber sido concejal durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. El recurso iba acompañado de unos informes, que negaban que hubiera militado en algún partido del Frente Popular y lo presentaban como “adherido a nuestro Glorioso Movimiento”. Los escritos estaban firmados por el capitán de la Guardia Civil Francisco López Pastor, por el alcalde accidental Antonio Lama y por el jefe de la Falange Manuel Camuñas Ruiz, quien certificó además que era militante falangista desde septiembre de 1936. Otros dos informes, del arcipreste Antonio Povedano y de Antonio Lama Vandelvira, teniente mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento, avalaban su “buena conducta moral y religiosa” y apuntaban que ejercía el cargo de secretario de la hermandad desde 1929.

En principio, el recurso no resultó muy efectivo porque en abril de 1940 el periódico falangista cordobés Azul publicó el cese de José Flores y de su esposa Luisa Morales. Aun así, la petición siguió su curso y en marzo de 1942, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional decidió aminorar la sanción y en su lugar dictar otra de “inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza y pérdida de los haberes que no le hubieran sido satisfechos por razón de este expediente”. José Flores murió en Cabra el 28 de enero de 1954, con 75 años.

Al igual que ocurre con los tres maestros que he citado con anterioridad, la mayor parte de la depuración del magisterio en Cabra y en la provincia de Córdoba se produjo durante los dos años de mandato (1937-1939) como presidente de la Comisión Depuradora de Ángel Cruz Rueda, que resolvió 591 expedientes, el 72 %  de todos los que se incoaron entre 1937 y 1949. A pesar de su papel represivo contra el profesorado cordobés y de su labor y de su ideología antidemocráticas, Ángel Cruz Rueda nomina en la actualidad un Colegio de Educación Infantil y Primaria en Cabra y una calle en Jaén, incumpliendo el apartado 1 del capítulo 15 de la llamada ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, que establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El 25 de febrero de 2016, el periódico Cabra Información publicó una noticia referida al colegio Ángel Cruz Rueda. Señalaba que a principios del curso 2014-2015, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía instó a la comunidad educativa del centro a que “iniciara el procedimiento necesario para cambiar el nombre (…), en cumplimiento de la Ley Democrática de Andalucía y de la ley estatal de Memoria Histórica”. Un día antes, el 24 de febrero, la delegada de Educación en Córdoba, Esther Ruiz, había visitado el colegio con motivo de los actos del Día de Andalucía. A preguntas de los medios de comunicación por el cambio de nombre –que aún no se había producido casi año y medio después de que la propia Consejería lo propusiera– respondió que “está en manos de los órganos pertinentes, del Consejo Escolar pertinente y se está estudiando siempre de una manera democrática, que es como trabajamos desde la Junta”.

El periódico añadía, en la misma noticia, que esta no era la primera vez que el asunto se abordaba en la localidad, “ya que en enero del año 2000, el Ayuntamiento en pleno bajo la presidencia del entonces alcalde andalucista Manuel Buil, rechazó con los votos del PA, PSOE y PP una moción de Izquierda Unida, presentada por su portavoz entonces Manuel Carnerero, para solicitar del organismo competente el cambio de nombre y adoptar una nueva denominación consensuada en el seno del Consejo Escolar Municipal”.

Tras la reciente aprobación, en marzo de 2017, de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se consigna de manera categórica a quién corresponde la eliminación de estas simbologías antidemocráticas, ya sea en edificios de titularidad pública o privada. Así, en el apartado 5 del artículo 32 se establece que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”. La institución titular del colegio es la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y era a ella, por tanto, a quien correspondería asumir su responsabilidad legal y actuar de oficio. No fue así, pero la situación dio un vuelco en el año 2018 cuando, a propuesta de algunos padres y madres, el Consejo Escolar del centro decidió por mayoría el cambio de nombre y el BOJA publicó su aprobación. La nueva denominación sería Carmen de Burgos, escritora de la Generación del 98, primera periodista profesional de España y feminista nacida en Almería y fallecida en 1932. En el curso 2019 el colegio hizo efectivo el cambio de nombre.

Enlaces de interés

 

El Carnaval en Lucena hasta su prohibición en 1937

Desde el último decenio del siglo XIX los documentos históricos atestiguan la existencia del Carnaval en Lucena. La prensa de la época nos informa de los bandos de la alcaldía, de las actuaciones de las estudiantinas (grupos con instrumentos musicales parecidos a las tunas), de las máscaras por las calles y de los bailes en el Círculo Lucentino y en el Café Suizo. Era una de las fiestas más importantes de la localidad y duraba tres días (no sabemos si empezaba en jueves o viernes) más el Domingo de Piñatas que se celebraba a la semana siguiente. Durante estos días se cocinaba una comida especial, el guiso de Carnaval, cuyo ingrediente principal era un relleno de carne y huevo.

La forma de disfrutar del Carnaval en Lucena dependía de la clase social a la que se pertenecía. Las clases altas y medias se divertían en los bailes de disfraces organizados por sus círculos de recreo mientras las clases populares celebraban el carnaval en las calles y en la Plaza Nueva, donde actuaba la Banda Municipal. La mayoría de la población, de origen humilde y bajo poder adquisitivo, utilizaba para disfrazarse ropas viejas, pañuelos con los que tapaban sus caras y caretas. Las máscaras trataban de llamar la atención de los demás al grito de “a que no me conoces, a que no me conoces”. Por las calles actuaban las ya citadas estudiantinas y las comparsas, con su repertorio cantado, formadas por trabajadores agrícolas y de distintos oficios.

El 21 de febrero de 1901, en un artículo firmado por Dr. Minuto y publicado en El Adalid Lucentino, se escribía que en el Carnaval de ese año “nada hemos visto sino variados disfraces, todos sin pizca de ingenio, improvisadas comparsas, y algunos que con sus barbaridades nos daban la lata”. En el primer día de Carnaval, debido a la lluvia, no aparecieron hasta la noche los disfraces y las comparsas, entre ellas una de niñas. A la vez, se celebraron bailes poco concurridos en los “casinillos”. En la tarde del segundo día gran número de máscaras, comparsas, la banda municipal y niños con confetis y serpentinas invadieron las principales calles y la Plaza Nueva, “en la que de cuando en cuando, parecíamos escuchar la clásica serenata con la que festejan en los barrios a los que de nuevo se suicidan casándose en segundas nupcias”. Por la noche, destacó por su concurrencia el baile del Círculo Lucentino, que congregó a la “aristocracia de Lucena”. El tercer día “el número de máscaras [fue] mayor que en el anterior, mucho vino y más borrachos, mayor gasto de confetis y serpentinas”. Ese día, el alcalde prohibió los bailes “en los tabernuchos”, sin embargo el del Círculo Lucentino congregó a igual número de personas que la noche precedente, y “como en los días anteriores, [no hubo] ningún incidente de importancia, pero sí algunos estacazos”.

La crónica más completa y detallada del Carnaval de Lucena publicada antes de la guerra civil la hemos localizado en el semanario La Voz, en su edición del 8 de marzo de 1906. Se titulaba “La cola del Carnaval” e iba firmada por ¿Me conoces?, que era la típica pregunta que, con el “a que no” por delante y con la voz chillona, hacían las máscaras a las personas no disfrazadas que las observaban por las calles. La crónica comenzaba el segundo día de Carnaval, señalando que el tiempo fue “frío, ventoso y desagradable”, “con nutridos chaparrones”, por lo que a las cinco de la tarde se encontraban en la plaza Nueva “refugiadas en los portales de las casas y establecimientos de recreo varios centenares de máscaras contrariadas, mojadas, zurraposas, que renegaban de los aguaceros que les aguaban la fiesta, si bien [este hecho] no les quitó las ganas de bromear…”. A consecuencia de las inclemencias de ese día, los bailes en el Casino Universal y en el Círculo Lucentino no estuvieron tan concurridos como la jornada anterior. En este último, al periodista le llamaron la atención “entre todas las máscaras, dos señoritas disfrazadas de cazadoras con sus escopetitas a la espalda, no faltándoles más para completar su indumentaria que algunos galgos o podencos que las siguieran… También agradaron y distrajeron mucho tres enmascarados con tres cabezas de viejas lugareñas de tipos copiados del natural divinamente, con sus zagiejos [sic] de color, sus rizos a la cara, sus mellas en la dentadura y sus muecas tan naturales como diversas”.

El periódico continuaba su crónica del Carnaval describiendo el Domingo de Piñata de la siguiente manera:

Como el tiempo, a partir del martes mejorase notablemente, cuando llegó el domingo que igual que el sábado fue un día primaveral, se dijeron los devotos de Momo: ¡llegó la nuestra!

Y con efecto, desde la mañana recorrieron las calles la estudiantina “Unión Filarmónica” y la comparsa “Los diablos”, llamando en esta la atención una hermosísima barbiana, que montada en una caballería menor, atraía las miradas de todo hombre, por sus ojos rasgados, bellísimos, su nariz de magnífico corte, su boca, su frente, en fin, una cara dislocante velada por una gasa blanca. Con seguridad, que si la ve el Morki, ese representante de África en Algeciras, le hace proposiciones para que formase parte de su serrallo o de su amo el emperador. A estas horas ya estará aquella hermosa ocupada en sus faenas agrícolas como sus compañeros los demás diablos de la comparsa.

A las cinco de la tarde se veían en la Plaza Nueva, en sus inmediaciones y en todas las calles, más máscaras que el mejor día de Carnaval, y a partir de esa hora hasta la noche, la animación fue en crecendo [sic] así como en aumento fue el tiroteo de huevos que contra el público y contra los de un balcón inmediato sostenían unos jóvenes de ambos sexos a la entrada de la Plaza por la calle de las Torres.

Al anochecer, roncos y roncas, rendidas y rendidos de tanto gritar y bromear, se fueron retirando más o menos serenos ellos y ellas, con ánimos de serenarse y tomar bríos para los bailes. Estos estuvieron sumamente animados tanto en el “Círculo Lucentino” como en el “Universal”, si bien entendemos no debe darse nombre de baile al celebrado en el primero de dichos centros de recreo, pues donde se ven reunidas unas trescientas máscaras perfectamente disfrazadas, bellísimas, hermosas, y sólo bailan dos o tres parejas, no sabemos por qué se ha de dar el nombre de baile a esos espectáculos, en los que no nos explicamos qué hace la juventud masculina al no procurar obsequiar por su prestación para el baile a tantas distinguidas y bellas jóvenes como esas noches a él concurren y de él se marchan hartas de pasear, pero en ayunas de los esencial a esa edad, el baile.

En el Universal, ocurrió lo contrario, o sea, que no solo sobró quien las bailara, sino que vimos lo que desde hace años vemos, que tan poco nos gusta, el baile entre dos hombres, cosa que repetimos, jamás nos agradó y aún menos cuando sobran mujeres a quien bailar. Y basta de sermón.

Cuando a las cuatro de la mañana abandonamos el ruidoso espectáculo, nos decíamos: En verdad que es casi milagroso que, dado el gran consumo que allí se había hecho de bebidas, el disfraz, y el diablo de ellas revueltas con ellos, no ocurran graves lances…

Por su componente transgresor y libertario, poco amigo de los convencionalismos sociales, el Carnaval contó desde sus orígenes con la animadversión de ciertos sectores conservadores e integristas, que lo consideraban una fiesta pecaminosa e indecente, ajena a las tradiciones católicas. Desde esa concepción, la Revista Aracelitana del año 1915 recoge en su crónica local la celebración del Carnaval e invita a las autoridades a que tomen medidas para impedir las inmoralidades que a su juicio se producen. La revista refleja su opinión sobre esta fiesta, con escándalo evidente, de la siguiente manera:

Sin ningún incidente de mayor cuantía, fuera de alguna que otra carrera, con los sustos de rigor, provocada por cualquiera que se sentía valiente después de haber ingerido más que regular cantidad de mosto, transcurrió el Carnaval en Lucena. Nada notable ha podido observarse en comparsas ni en máscaras, que revelara algo de buen gusto e ingenio; las antrosas máscaras de siempre y las comparsas, como en años anteriores, cantando coplas de una indecencia incalificable. También hemos observado que con general escándalo se han exhibido por esas calles, luciendo cínicas desnudeces, ciertos tipos que no sabemos por qué aquí se permite [que] salgan de sus habituales guaridas. Repasando nuestro oficio de periodistas, la prensa de provincias, hemos visto las disposiciones que las autoridades han dictado en estos días para evitar estos abusos que lamentamos aquí donde por una incalificable complacencia disfrutan ciertas gentes de una libertad incompatible con la pública moralidad y con los derechos del honrado vecindario. Y mucho más de extrañas son estas cosas en Lucena, donde las funciones de la autoridad se ejercen por personas cuya honorabilidad y rectitud de intenciones ni siquiera cabe poner en duda por un momento.

El 15 de febrero de 1923 el periódico Patria describía el Carnaval en Lucena con enorme añoranza de la animación que había vivido en los años pasados y lo consideraba una fiesta en decadencia. Señalaba que el primer día, “propio del febrerillo el loco, resultó desagradable en extremo, frío de temperatura y de animación en la fiesta. Una comparsa de Puente Genil, una docena de máscaras, vulgares, y pare V. de contar. Ni una estudiantina, ni música en nuestros paseos, ni bailes en los casinos”. El segundo día, “despejado de nubes”, hubo más animación en la Plaza Nueva y por la noche hubo bailes de máscaras en las sociedades Juventud Monárquica y Círculo Católico. El tercer día, aunque existió más animación debido al buen tiempo, “se notó la falta de esas notas simpáticas del arte propias de este género de festival, la música y las estudiantinas”. Aun así, “las bellezas lucentinas, que lucieron caprichosos disfraces, recorrieron calles y paseos, como bandadas de alocadas avecillas, nota alegre de expansión juvenil, que nos hace olvidar las preocupaciones de la vida”. En cuanto a los bailes, el de la Juventud Monárquica resultó “concurrido, alegre y sin incidentes” y el del Círculo Lucentino se celebró “con la esplendidez, lujo y orden que son característicos de esta culta Sociedad”.

Algunas de las coplas del Carnaval lucentino cantadas por las comparsas con anterioridad a la guerra civil, recogidas por mí hace 25 años de mujeres que habían vivido aquella época y las recordaban aún, eran bastante ingeniosas. Valga de ejemplo la siguiente, referida a la construcción de la torre del Ayuntamiento en 1928 y al reloj que la coronaba:

Una torre edificada en medio de la población, / construida en dos campanas para su repetición. / El reloj que la promedia a estilo capital, / construido en cuatro esferas y “toas iluminás”. / Pero a las doce del día se ve una bola bajar / diciéndole a todo el mundo que ya es hora de almorzar. / Las horas son “pa” nosotros, / las medias “pa” los concejales / y los cuartos para el alcalde.

Otras composiciones, como esta, tenían un contenido más social y crítico:

Esto es una pena, esto es un dolor, / que el que no trabaja se coma el jamón.

Y también había lugar para los repertorios picarescos:

Conozco a una niña modista muy lista / que tiene un novio aviador, / que tenían los dos pasión y amor en su corazón. / Pero un día el novio salía para dar un vuelo en el avión / y la niña dice llorando: “Yo quiero ir volando dentro del avión”. / De pronto la sube, le mete la marcha al motor / ¡Con qué placer y gusto iban los dos! / Y el aparato marchaba y volaba, / pero se incendió el motor / y temiendo el peligro el bicho aterrizó.

La llegada de la II República en 1931, con su nuevo clima de libertades, supuso una época de auge para el Carnaval lucentino. Algunos de los letristas se hicieron muy conocidos, como Bartolo, Aquilino el del Acordeón, el Tío del Tururú y el Regaera, y los libretos (cuadernos de letrillas) de sus comparsas se vendían a una perrilla (la décima parte de una peseta). Sin embargo, el Carnaval del año 1933 se vio empañado por un crimen ocurrido el Domingo de Piñata. Francisco Gómez Pino “La Lombriz”, una persona de pésimos antecedentes –años antes había asesinado a un hombre y tenemos datos de que ya en 1904 había ingresado en prisión (El Adalid Lucentino, 20 de septiembre de 1904)– mató en la calle Ancha, de una cuchillada, a José Pérez Jiménez, Pepe el de La Partera, que iba disfrazado junto con un grupo de amigos. El asesino huyó, pero en la calle Juan Blázquez una pareja de la Guardia Civil que lo perseguía consiguió acorralarlo y, tras un intercambio de disparos, lo hirieron. Al calor del tumulto se concentró una gran cantidad de gente que, encolerizada, intentó rematarlo, por lo que hubo que pedir refuerzos. Al ser trasladado a la Casa de Socorro, Francisco Gómez murió (Ideal, 6 y 13 de marzo de 1933). El entierro fue multitudinario y la indignación general llevó incluso a que el concejal socialista Rafael Lozano Córdoba solicitara que constase en acta el sentimiento de la Corporación municipal por este asesinato y que se le concediese a la familia un donativo de 150 pesetas, lo que se aprobó por unanimidad (Libro de Actas del Ayuntamiento, 6 de marzo de 1933).

El Carnaval siguió celebrándose en Lucena en los tres años siguientes con normalidad, sin que este crimen alterara en lo más mínimo la fiesta, según nos demuestra la documentación histórica. El 26 de febrero de 1934, los libros de actas del Ayuntamiento hablan de “un informe de horas extraordinarias dadas por los Guardias Municipales durante los tres días de Fiesta de Carnaval y Domingo de Piñata”; y el 1 de marzo de 1935 recogen una “autorización para instalar puestos, etc. en la Plaza de la República [actual Plaza Nueva] para las Fiestas de Carnaval”.

En 1936 es la prensa la que nos informa de las celebraciones. El semanario lucentino Ideales, en su número del 24 de febrero, señalaba que “en la mañana de ayer fue publicado un bando de esta alcaldía (…) autorizando los disfraces en esta festividad (…) Anoche se celebró en el Teatro Principal un baile del Círculo Mercantil, que tiene proyectado otro para mañana y un tercero el próximo domingo con piñatas y premios (…) Dos o tres comparsas, tipo de murgas, recorren las calles”. El 29 de febrero este mismo periódico cita los bailes de máscaras “durante los días de Carnaval y ayer domingo de Piñata (…) con bastante animación en el Círculo lucentino y en el Teatro Principal. En el de la tercera noche, se designó un grupo de bellísimas señoritas y de entre ellas se eligió por votación a Antoñita Delgado, que se la designa con el nombre Señorita Círculo Mercantil”.

Ilustración artículo Carnaval (1)

La normalidad con la que se celebraba el Carnaval se rompió con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El 5 de enero de 1937, en plena guerra civil, una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado prohibió el Carnaval en la España franquista, dentro de la cual se encontraba Lucena. El objetivo era borrar de la vida pública y social todas las tradiciones y manifestaciones festivas que se alejaban de las convicciones patrióticas conservadoras y de la devoción religiosa, como ocurría con los carnavales, que cada febrero habían contado con el rechazo pastoral eclesiástico y que no volverían a celebrarse en Lucena hasta 1986, casi cincuenta años después. El periódico católico lucentino Ideales, en su edición del 28 de febrero de 1938, aplaudía la prohibición de las fiestas de Carnaval, a las que acusaba de impías, malas, demoníacas y criminales, de la siguiente manera:

… Ahora, cuando vaya nuestro recuerdo a los años pasados, después de transcurridos los dos de la Cruzada sin la mancha ominosa de la fiesta impía, podremos darnos cuenta más cabal de la magnitud de la ofensa a Dios que suponía aquella semana dedicada con delectación a cometer toda clase de pecado. Ahora, juzgado aquello con la serena frialdad que surge de comparar estos tiempos de penitencia con los otros de maldad (…). Porque como la hemos conocido los que ahora vivimos, era un verdadero aquelarre demoníaco (…). Todas las manifestaciones del crimen contra Dios, contra la Religión y aun contra el prójimo, parecía como si se concitasen para una labor común (…) [cuando] cantemos los himnos de la resurrección y la victoria, vayan acompañados del propósito firme de ayudar a Franco para que, con la gracia de Dios, terminen todos los Carnavales de España.

Foto carnaval

Los asistentes a un baile de carnaval, aún cubiertos de papelillos, posan en las escaleras del Casino de Lucena en ¿1931? Las personas que hemos podido identificar son las siguientes: 1. Araceli Torres Pino 2. Nati o Lourdes Moreno Lara 3. ¿Pura Moreno Lara? (esposa de Abundio Aragón) 4. ¿Eduarda Álvarez? 5. Antonio Mora Escudero 6. Araceli Mora Escudero 7. Carmen Torres Torres 8. Teresa Gómez Ramírez (esposa de Rafael Moreno Lara, farmacéutico) 9. Antoñita Mora 10. Araceli Moreno Lara (casada con Agustín Pérez Arroyo, farmacéutico) 11. Abundio Aragón 12. Miguel Gómez Ramírez 13. Perico Chacón 14. Elvira Chacón 15. Nati o Lourdes Moreno Lara (esposa de Francisco de Mora Escudero) 16. Felipe Moreno Lara (casado con Antoñita Mora) 17. Antonia Ruiz de Castroviejo (esposa de Antonio Cabrera) 18. Antonio Cabrera Valdelomar 19. Pepe de Mora Jiménez (bodeguero) 20. Pedro Mora Romero (bodeguero) 21. ¿Pura Mora?

La represión franquista en Fernán Núñez en la posguerra (1939-1943)

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

4. Milicianos El Alcaparro

Milicianos de Fernán Núñez en el frente de Córdoba, en 1936.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

5. Juventudes Libertarias

Miembros de las Juventudes Libertarias. De pie, de izquierda a derecha: Antonio Álvarez Eslava “Patirri”, Juan Toledano Hidalgo y Antonio Castillo Frías (cabo de la 88 Brigada). Agachados, de izquierda a derecha, Juan Montilla Jiménez (sargento de la 88 Brigada) y Francisco Molero Luna (con el periódico Solidaridad Obrera en las manos). Los dos últimos murieron en el frente.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

9. Yuste Álvarez, Alfonso

Alfonso Yuste Álvarez, delegado en el Congreso Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas, celebrado en Pozoblanco el 24 de septiembre de 1936, y comisario político de su compañía durante la guerra civil. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

10. García Crespo, Andrés

Andrés García Crespo, soldado de la 88 Brigada, condenado a 12 años de cárcel, preso en un batallón de trabajadores en Punta Calea (Vizcaya).

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943), cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final, publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.

Víctimas mortales de la represión en Fernán Núñez durante la guerra civil

El golpe de estado del 18 de julio de 1936 se materializó en Córdoba a las cinco de la tarde, cuando el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo las instrucciones transmitidas por el general Queipo de Llano desde Sevilla, leyó el bando de guerra en el cuartel de Artillería, en medio de la euforia de los terratenientes y derechistas armados que allí se habían congregado para apoyar la insurrección. Entre ellos se encontraban el propietario fernannuñense Juan Cañadas Laguna y el ingeniero madrileño Carlos Inzenga Caramanzana –administrador del duque de Fernán Núñez–, que se convertiría en jefe local de la Falange cordobesa aquel mismo año. Durante la tarde y la noche los militares rebeldes controlaron el gobierno civil, el ayuntamiento y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde llamarían a la rebelión a todos los pueblos de la provincia.

2. Romero Romero, Antonio

Antonio Romero Romero, alcalde de Izquierda Republicana, fusilado el 25 de julio de 1936.

Fernán Núñez, con 11.086 habitantes, era entonces una localidad de la campiña cordobesa con una sólida tradición sindical y uno de los feudos del anarquismo en la provincia. Además, en las elecciones del 16 de febrero de 1936 la candidatura del Frente Popular (Unión Republicana, Izquierda Republicana, PSOE, PCE, etc.) había obtenido una arrolladora victoria, con 3.001 votos, frente a 700 de las derechas. En el pueblo la sublevación militar la encabezó el teniente de la Guardia Civil Cristóbal Recuerda Jiménez, quien en la madrugada del día 19 de julio proclamó el bando de guerra, detuvo al alcalde Antonio Romero Romero (de Izquierda Republicana), clausuró el centro obrero y encarceló a algunos anarquistas, entre ellos al secretario de las Juventudes Libertarias, Antonio Ariza Luna. Las fuerzas opositoras al golpe de estado –entre los que predominaban los anarquistas y en menor medida militantes de Izquierda Republicana y socialistas– respondieron con rapidez, se lanzaron a la búsqueda frenética de armas y consiguieron algunas escopetas de caza y varias pistolas. El día 19 por la mañana, el teniente Cristóbal Recuerda y sus hombres salieron a patrullar, apoyados por escasos derechistas, aunque serían recibidos por disparos en la calle San Sebastián. Debido a sus escasos efectivos, los guardias civiles, después de matar a un hombre que se encontraba guardando un melonar en la carretera Córdoba-Málaga, se vieron impotentes para controlar el pueblo y se recluyeron en el cuartel, situado al lado del palacio ducal, donde también se encontraba la prisión del municipio. Ni siquiera pudieron impedir que, a través de un agujero realizado en la parte de atrás de esta cárcel, un grupo mandado por el comunista Francisco Yuste Cuesta consiguiera rescatar el día 22 a las personas que el teniente Cristóbal Recuerda había apresado en la madrugada del 19.

Para coordinar la respuesta al golpe militar, en Fernán Núñez se creó un Comité formado en su mayoría por anarquistas. El día 23 de julio comenzaron los registros, detenciones y requisas de los bienes de varios derechistas. A algunos los liberaron tras arrebatarles las armas o interrogarlos, pero a otros los recluyeron en una habitación junto al surtidor de gasolina, situado en la carretera de Córdoba. El día 24 los trasladaron a las escuelas de Vilches, en el centro del pueblo, para evitar que pudieran ser liberados si las fuerzas sublevadas de otras localidades intentaban algún ataque. Se realizaron asimismo actos anticlericales, y hubo incendios en la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, la iglesia de la Caridad y la ermita de la Veracruz.

Los guardias civiles permanecían imbatibles en el cuartel desde el 19 de julio, aislados del exterior. Con la finalidad de rendirlos, les disparaban desde las casas y balcones de los alrededores y les cortaron el suministro de víveres, agua, luz y teléfono. A la vez, el Comité esperaba los refuerzos de una columna de mineros, milicianos y guardias de Asalto que desde Jaén había acudido para apoyar a los republicanos de varias localidades cordobesas y que el día 21 había entrado en Espejo. Como la Guardia Civil seguía atrincherada, a las nueve de la mañana del día 24 de julio el Comité envió al cuartel de emisarias a Dorotea García Cuesta y María Antonia Jiménez Alcaide para intentar la rendición de los sitiados a cambio de perdonarles la vida y dejarlos marchar, pero la propuesta no fructificó.

1. Aguilar Galindo, Manuel

El comandante de Artillería Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo, jefe de las tropas golpistas que tomaron Fernán Núñez en la mañana del día 25 de julio de 1936.

Cuando los militares golpistas controlaron la situación en Córdoba, iniciaron una campaña para asegurarse el dominio de algunos pueblos cercanos. Por ello, al mando del comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo, en la madrugada del día 25 de julio de 1936 salió desde la capital una columna de coches y camiones con el objetivo de apoderarse de Fernán Núñez. Estaba integrada por legionarios, soldados de Artillería, guardias de Asalto, algunos propietarios agrícolas fernannuñenses y miembros de las juventudes falangistas y de Acción Popular. Iban equipados con ametralladoras, fusiles, morteros y bombas de mano. A la entrada del pueblo se encontraron con dos árboles cruzados en la carretera y una barricada, desde donde los recibieron a tiros. Entre los defensores de la localidad –según los testimonios orales– caerían abatidos al menos cuatro hombres: el anarquista Sebastián Medina Lesmes, un joven libertario en la calle San José, el militante de Izquierda Republicana Juan Pedro Crespo Jaraba en la calle Córdoba y el cenetista Juan Pedro Zamorano Gómez, que fue alcanzado por los disparos de los militares en la calle San Marcos y moriría al día siguiente en la casa del médico Antonio Luna Toledano. La columna golpista consiguió penetrar en Fernán Núñez entre las siete y las ocho de la mañana y liberar del cerco a los guardias civiles. Como respuesta, en plena desbandada de miles de personas hacia los campos y en una situación desesperada y caótica, los guardianes que custodiaban a los presos de derechas internados en las escuelas de Vilches se tomaron la justicia por su mano y mataron a trece de ellos con disparos de escopeta. En total, la represión republicana causó en Fernán Núñez 16 asesinados de derechas –restando a los foráneos, 11 en las escuelas de Vilches y cinco en los cortijos de los alrededores–.

Grupo de campesinos de Fernán Núñez, detenido por las fuerzas militares golpistas el día 25, mientras esperan la ejecución en la carretera de Córdoba. La foto fue publicada por el periódico La Voz como tomada en Baena.

Grupo de campesinos de Fernán Núñez, detenidos por las fuerzas militares golpistas el día 25 de julio, mientras esperan la ejecución en la carretera de Córdoba. La foto fue publicada por el periódico La Voz como tomada en Baena.

Como hemos señalado, el comandante Manuel Aguilar-Galindo –uno de los principales artífices de la sublevación del 18 de julio en Córdoba capital– acaudillaba las tropas militares rebeldes que entraron en Fernán Núñez, en las que se integraban efectivos de la Legión, un cuerpo que aplicó estrategias de guerra colonial por los pueblos que iban cayendo en sus manos, con asesinatos indiscriminados, violaciones y rapiñas. Tres días antes, Aguilar-Galindo ya había dejado muy claro cuáles eran sus métodos cuando una columna a sus órdenes se introdujo en el también pueblo cordobés de Pedro Abad. Allí fusiló y quemó con gasolina a 14 vecinos en represalia porque habían muerto 12 presos de derechas cuando sus guardianes los habían acribillado antes de la huida. En Fernán Núñez, la actuación del comandante resultó más desmesurada, de manera que la localidad soportó el triste destino de sufrir el primer fusilamiento masivo de toda la provincia de Córdoba durante la guerra civil, al que a los pocos días seguirían otros episodios fúnebres, con cientos de asesinatos, como los perpetrados por la columna sublevada del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga en Baena el 28 de julio y la del comandante Antonio Castejón en Puente Genil el 1 de agosto.

Tras la toma de Fernán Núñez por las fuerzas militares golpistas, el coste humano de la represión resultó enorme. Al menos 53 personas, con nombres y apellidos, cayeron acribilladas el día 25 de julio, día de Santiago, en la cuneta de la carretera; y por lo menos otras 73 fueron enviadas a la tumba durante el resto del año 1936. Los nombres de los 126 asesinados, junto a un relato histórico de los hechos y de las circunstancias de la muerte de algunos de ellos, aparece en el capítulo tercero de mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez, cuya última edición es del año 2009. Tras la publicación de esta entrada del blog, gracias al testimonio de su nieta Inmaculada Alcaide, en septiembre de 2016 he podido añadir un nombre más a la lista de asesinados en Fernán Núñez, el de su abuela Juana María Requena Zafra. Se negó a huir del pueblo, como habían hecho sus hermanos, de ideología izquierdista, pues consideraba que “no había hecho nada malo”. Fueron a por ella por la noche, cuando ya tenía a sus cuatro hijos acostados. La familia solo sabe que la fusilaron en un cruce de caminos. Los hijos fueron separados y resguardados por los vecinos hasta que el padre regresó al domicilio, pues estaba trabajando de jornalero en un cortijo.

Marina Pintor

El 11 de enero de 2009, cuando la entrevisté, Marina sostiene la foto de su padre, Antonio Pintor Marín, fusilado el 16 de agosto de 1936. Nadie imaginaba que tres años después podría recuperar sus restos de una fosa común y darles una sepultura digna en el cementerio de Fernán Núñez.

Fernán Núñez ha sido de los pocos pueblos de Córdoba que recientemente ha podido extraer de las fosas comunes y enterrar dignamente a algunos de sus vecinos asesinados durante la guerra civil. En septiembre de 2012, los cadáveres de cinco fernannuñenses se exhumaron de la fosa común del cementerio del cercano pueblo de Aguilar de la Frontera, adonde habían sido trasladados y fusilados el 16 de agosto de 1936. Los cuerpos recuperados corresponden a Antonio Pintor Marín (presidente de la agrupación local del PSOE), Teodomiro Villalba Velasco, Alfonsa Galán Luna, Fernando Valle Luque y su esposa María Antonia Jiménez Alcaide, embarazada de cinco meses. La labor de exhumación la realizó AREMEHISA, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

Esta misma asociación ha iniciado a finales de agosto de 2015 los trabajos para la localización de los restos de otros ocho vecinos de Fernán Núñez. Todos eran miembros de una familia apodada Los Carboneros y trabajaban en el cortijo de Villafranquilla, que tenían arrendado. En la masacre colectiva cayeron asesinados, el 16 de septiembre de 1936, Manuel Torres Herrera, Manuel Galindo Moriana, Manuel Torres Romero, Juan Antonio Marín Sojo, Antonio Marín Lomares “Marcelino”, José Rodríguez Gil y su hijo José Rodríguez, pero solo tres de ellos aparecen inscritos en el Registro Civil como fallecidos. Sobrevivieron al fusilamiento Manuel Torres Romero (al que descubrieron y remataron) y Antonio Marín Torres, quien con una herida en la cara se hizo el muerto entre los cadáveres y consiguió llegar a Fernán Núñez para esconderse. Sus cuerpos, al parecer, reposan en la fosa común del cementerio de Guadalcázar, donde en este momento se están realizando las labores de búsqueda.

 

Información adicional

 

Fotos de víctimas mortales de la represión franquista

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José Frías Collado, de Izquierda Republicana, fusilado el 25 de julio de 1936. En la fotografía aparece con su mujer y su hijo Julián Frías Pozo.

El camarero Benjamín Ansio Rídez, de 17 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El camarero Benjamín Ansio Rídez, de 17 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El vaquero Gonzalo Ansio Rídez, de 19 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El vaquero Gonzalo Ansio Rídez, de 19 años, asesinado el 25 de julio de 1936.

El corredor de fincas Gonzalo Ansio Crespo, de 57 años, fusilado en Córdoba el 28 de octubre de 1936.

El corredor de fincas Gonzalo Ansio Crespo (padre de los dos anteriores), de 57 años, fusilado en Córdoba el 28 de octubre de 1936.

El matrimonio Fernando Valle Luque, de 42 años, y Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilados el 16 de agosto de 1936 en las proximidades de Aguilar de la Frontera.

Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilada junto a su marido (foto de abajo) el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

El matrimonio Fernando Valle Luque, de 42 años, y Mª Antonia Jiménez Alcaide “La Fina”, de 41 años, embarazada de 5 meses, fusilados el 16 de agosto de 1936 en las proximidades de Aguilar de la Frontera.

Fernando Valle Luque, de 42 años, fusilado junto a su esposa (foto de arriba) el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

El chófer Antonio Pintor Marín, de 43 años, presidente de la agrupación local del PSOE, fusilado el 16 de agosto de 1936 en Las Salinas (Aguilar de la Frontera).

El chófer Antonio Pintor Marín, de 43 años, presidente de la agrupación local del PSOE, fusilado el 16 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera.

6. González Carmona, Francisco

El anarquista Francisco González Carmona, fusilado el 3 de septiembre de 1936

Antonio Bascón Sillero, natural de Montalbán, de 51 años, asesinado el 1 de octubre de 1936 en la carretera de Córdoba (está inscrito en el Registro Civil de Fernán Núñez).

Antonio Bascón Sillero, natural de Montalbán, de 51 años, asesinado el 1 de octubre de 1936 en la carretera de Córdoba (está inscrito en el Registro Civil de Fernán Núñez).

Juan Gómez Eslava, de 35 años, encargado del cortijo El Viento, fue fusilado el 16 de octubre de 1936 en el cementerio de San Rafael de Córdoba.

Juan Gómez Eslava, de 35 años, encargado del cortijo El Viento, fue fusilado el 16 de octubre de 1936 en el cementerio de San Rafael de Córdoba.

El agricultor Luis Raya Luque, de 41 años, asesinado el 14 de agosto de 1936 en la cuesta de los Visos.

El agricultor Luis Raya Luque, de 41 años, fusilado el 14 de agosto de 1936 en la cuesta de los Visos.

Antonio Cañero Yuste, fusilado el 30 de julio de 1936.

 

Fotos de víctimas mortales de la represión republicana 

Justo Moreno Luque, coadjutor de Montemayor, asesinado en las escuelas de Vilches.

Justo Moreno Luque, de 53 años, coadjutor de la parroquia de Montemayor, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936.

Rafael Reyes Moreno, sacerdote de la parroquia de Santa Marina, asesinado en las escuelas de Vilches.

Rafael Reyes Moreno, de 48 años, sacerdote de la parroquia de Santa Marina, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936.

Severiano Bajo García

Severiano Bajo García, administrador del duque de Frías y empleado, asesinado en las escuelas de Vilches el 25 de julio de 1936 (foto cedida por la familia).

 

 

La toma de Baena por la columna del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE (Hugh Thomas, La guerra civil española, libro 7, ediciones Urbión, 1979, pág 69.

El coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, jefe de la columna del Ejército sublevado que conquistó Baena el 28 de julio de 1936. Foto: EFE 

El artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Sin embargo, desde el día 17 de julio de 1936 muchos militares españoles se saltaron la legalidad vigente, su propio juramento de fidelidad a la República, impusieron el bando de guerra e iniciaron una sublevación que desembocaría en una guerra civil. Uno de esos militares fue el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que abanderó la rebelión militar en Tetuán. Allí recibió al general Franco cuando llegó en el avión Dragon Rapide para encabezar las tropas alzadas del ejército de África. Los generales rebeldes confiaban en el ejército de África porque contaba con unos 40.000 hombres, estaba bien adiestrado, disponía de material bélico moderno y se podía incorporar de inmediato a la lucha. Además, una buena parte de sus filas no estaban compuestas por reclutas, sino por regulares, es decir, por mercenarios moros. Las mejores tropas de este ejército estaban constituidas por legionarios, formados en las tácticas represivas y violentas de la guerra colonial, que impondrían el terror por doquier. Esta violencia indiscriminada se aplicó por el ejército rebelde desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península, los militares sublevados fusilaron a 225 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a usar para conseguir el triunfo en toda España. El grueso del transporte de estas tropas desde Marruecos a la Península lo realizaron 20 aviones “Junker 52” enviados por Hitler, en lo que se convirtió en el primer puente aéreo masivo de la historia.

La primera zona de España a donde arribaron las tropas africanas fue Andalucía, donde colaboraron en la ocupación para la causa rebelde de extensas zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. A los pocos días de iniciada la guerra, el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga ya estaba actuando en Córdoba. El día 26 de julio, las tropas a su mando tomaron el pueblo de Villafranca, donde ocasionaron medio centenar de muertos entre la población civil, según el historiador Francisco Moreno Gómez. El día 28 le tocó el turno a Baena, una localidad de poco más de 23.000 habitantes, donde 230 derechistas y guardias civiles se habían sublevado el día 18 capitaneados por el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez. Resistían atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo frente al acoso de los que se oponían a la acción golpista, mayoritariamente anarquistas.

El conocido periodista Ernesto Sáenz de Buruaga escribió un artículo en El Mundo el día 11 de julio de 2015 en el que criticaba la medida de la alcaldía de Madrid de eliminar del callejero los nombres que tuvieran reminiscencias franquistas. En ese artículo dice textualmente lo siguiente:

“los militares Sáenz de Buruaga fueron honestos, leales, patriotas, buena gente y combatían en el bando de los que ganaron la guerra civil. Me siento orgulloso de mis antepasados y si tuvieran una calle me parecería un acierto. Y me sentiría ofendido si se la quitan…”.

Entre los parientes del periodista se encuentra el ya citado Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, que comandaba las tropas que el 28 de julio de 1936 conquistaron Baena por medio de una serie de acciones que hoy se catalogarían como crímenes de guerra (por ejemplo, el pillaje, el apresamiento de rehenes, el asesinato y los malos tratos a la población). Esta toma del pueblo por las tropas de Sáenz de Buruaga la narro en el capítulo II de mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943), cuya segunda edición ha visto la luz en 2013.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

Cadáveres de vecinos asesinados por las fuerzas de la columna de Sáenz de Buruaga en una de las calles de Baena. La propaganda franquista difundió la foto asegurando que los muertos eran de derechas. Fuente: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española, vol. 7, pág. 472.

.Al calor del artículo de Ernesto Sáenz de Buruaga, el periódico digital andaluces.es ha elaborado una noticia, publicada el día 19 de julio de 2015 y reproducida por publico.es, en la que narra la toma de BaenaUtiliza como fuentes, además de las investigaciones del historiador Paul Preston, extractos de mi libro de Baena y una entrevista que me realizó la periodista María Serrano el día 17 de julio. La noticia tuvo una repercusión enorme, pues durante varias horas del día se convirtió en la más leída del periódico. Su impacto en las redes sociales también ha sido mayúsculo, ya que al día siguiente de ser publicada en el facebook de Diario Público ya sumaba 259 comentarios y había sido compartida 1.390 veces.

En el artículo de andaluces.es considero que aparecen ciertas  imprecisiones, propias del lenguaje periodístico, y datos que pueden parecer en cierto modo confusos o demasiado resumidos y superficiales, así que para aclarar este tema, y quede constancia escrita, de manera documentada y basada en fuentes históricas, de lo que ocurrió en la toma de Baena por las tropas de Sáenz de Buruaga, reproduzco a continuación íntegro el capítulo II de mi libro ya citado de Baena roja y negra, que se puede leer en este enlace.

Por su hazaña en Baena el 28 de julio de 1936, Eduardo Sáenz de Buruaga fue nombrado hijo adoptivo del pueblo y recibió la Medalla de Oro de la Ciudad. El día 26 de noviembre de 2015 se presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Baena para revocar estas distinciones honoríficas junto a otras recibidas por el general Francisco Franco y el teniente de la Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez, quien abanderó la sublevación en Baena el 18 de julio de 1936. La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de los cuatro concejales de IU y ocho socialistas. Otros cuatro concejales del PSOE se han abstenido (el partido ha dado libertad de voto en este asunto), al igual que el único de Ciudadanos, y el PP ha votado en contra. La noticia ha tenido una amplia repercusión en la prensa, como podemos ver en los siguientes enlaces:

  • Baena Digital
  • Diario Córdoba
  • Luis Moreno Castro. Capítulos de mi memoria (I). Artículo publicado el 5 de julio de 2017 en Baena Digital por el alcalde socialista de Baena durante el periodo 1996-2011, en el que explica de manera detallada su acción de gobierno en temas referidos a la memoria histórica. Hay también una referencia a esta moción de eliminación de las distinciones honoríficas.

 

ALGUNOS DE LOS ASESINADOS POR LA COLUMNA DE SÁENZ DE BURUAGA

Francisco Pérez de las Morenas, fusilado en el Paseo el 28 de julio de 1936

Francisco Pérez de las Morenas, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El campesino José Ramírez Melendo, de 54 años, asesinado en el Paseo el 28 de julio de 1936.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, fusilado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

El capataz Rafael Moraga Albanil, de 32 años, asesinado el 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Lara Díaz, empleado de banca, asesinado el día 28 de julio de 1936 en el Paseo.

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

José Priego Polo, de 52 años, asesinado en su cortijo por las fuerzas de Sáenz de Buruaga el 28 de julio de 1936

. Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón

Manuela Morales Medianero, una de las cinco mujeres acribilladas por las fuerzas de Sáenz de Buruaga, el 28 de julio de 1936, mientras lavaban ropa en El Pilancón.

Escritos de Manuel Cubillo Jiménez, juez de Baena en la posguerra

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez

En el centro, Manuel Cubillo Jiménez.

Manuel Cubillo Jiménez nació en el año 1900 en el seno de una familia humilde de la localidad cordobesa de Baena. Su padre era herrero, profesión en la que él también trabajó en su juventud. Por las noches, con enorme esfuerzo y autodisciplina, se preparó por libre la carrera de Derecho, unos estudios que había comenzado tardíamente y que terminaría con 29 años. En 1936 ocupaba el cargo de secretario de la Comunidad de Labradores de Baena, desde donde al parecer colaboró en los preparativos del golpe de estado del 18 de julio. En concreto se encargó de conseguir, en los meses previos a la sublevación militar, permisos de armas para derechistas, propietarios agrícolas y guardias jurados que trabajaban a sus órdenes. Así lo indica el teniente Fernando Rivas Gómez, en un artículo titulado La defensa de Baena, publicado en 1972, durante la dictadura franquista, en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, páginas 65-66. Fernando Rivas apunta que “el teniente jefe de la Línea de la Guardia Civil, don Pascual Sánchez Ramírez, recientemente había realizado una campaña para dotar de armas a las personas de orden, procurándoles nombramientos de guardias particulares jurados, a fin de que pudieran poseer armas, tarea en la que le secundó Manuel Cubillo, secretario de la Comunidad de Labradores”.

Sáenz de Buruaga (Nuevo)

El coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga comandaba las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936.

La sublevación de la Guardia Civil de Baena, comandada por el ya citado teniente Pascual Sánchez Ramírez, contó a partir del 18 de julio de 1936 con el apoyo de un nutrido grupo de paisanos que se atrincheraron en al menos catorce puestos de defensa en la parte alta del pueblo. Sus fuerzas sumaban unos 230 hombres, entre los que se encontraba Manuel Cubillo, que ejerció su labor en el cuartel. Durante diez días se enfrentaron a un abultado número de resistentes antifascistas, en su inmensa mayoría obreros afectos a la anarquista CNT, que en respuesta a la sublevación militar se organizaron con rapidez, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban el pueblo, que entonces contaba con algo más de veintiún mil habitantes. El día 28 de julio, la entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, para apoyar a los golpistas, dio un vuelco a la situación. Aunque los franquistas llamaron a su bando “nacional”, en la vanguardia de las tropas que penetraron en Baena no iban nacionales españoles, sino legionarios y moros mercenarios marroquíes que desataron una carnicería contra la población civil indefensa en las calles, las casas y sobre todo, en el Paseo, donde decenas de hombres fueron asesinados de un tiro en la nuca tras ser obligados a postrarse boca abajo formando filas en el suelo.

La consecuencia inmediata de la matanza que perpetraron las tropas de Sáenz de Buruaga cuando entraron en Baena fue la cruel venganza ocurrida en el convento de San Francisco, donde el Comité que habían creado los republicanos, compuesto en su inmensa mayoría por anarquistas, mantenía presos a bastantes derechistas y, sobre todo, a familiares de los que se habían sublevado y atrincherado con la Guardia Civil. En este asunto de los rehenes apresados en el convento de San Francisco debemos hacer dos precisiones. La primera es que esta práctica la inició la Guardia Civil el día 19 con el apresamiento de familiares de dirigentes anarquistas, y la segunda es que el Comité actuó de la misma manera pero con posterioridad, dos días después, cuando el teniente Pascual Sánchez Ramírez amenazó con asesinar a los rehenes que él mantenía en su poder. El día 27 de julio el Comité intentó un canje de prisioneros, pero el teniente Pascual Sánchez Ramírez se negó.

Hasta el día 28 de julio, se había respetado la vida de los detenidos en el convento, salvo en el caso de Antonio Galisteo Navarro. Sin embargo, la sangrienta entrada en Baena de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga causó una trágica escalada de violencia. Como respuesta a los asesinatos cometidos por los militares golpistas horas antes en el pueblo, en medio de la confusión que se vivió entonces en el edificio del convento, y después de que huyeran la inmensa mayoría de los miembros del Comité y los cientos de aterrados vecinos que se habían refugiado dentro, se produjo la masacre de los rehenes por un reducido grupo de exaltados, al anochecer del día 28, cuando las fuerzas de Sáenz de Buruaga atacaron el edificio. Según el Registro Civil y la variada documentación sobre el asunto que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Baena, en el convento de San Francisco asesinaron a 73 personas, bastantes de ellas a golpes de hacha, pues los atrincherados carecían de munición. Otras 81, entre las que se contaban 10 heridas, consiguieron sobrevivir. Entre los asesinados se encontraba la mujer de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, y tres de sus hijos: Manuel, de siete años; Marina, de cinco; y Rafael, de tres. Manuel Cubillo tenía entonces 36 años y solo le quedaron vivos dos hijos: Rosalina, de ocho años, a la que el Comité habían permitido salir del convento días antes porque se había fracturado un brazo; y Antonio, de pocos meses, que tampoco se encontraba en el edificio.

16.Los cadáveres de Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento, por orden del gabinete civil de la II División Militar, para sacarles esta fotografía que luego sería publicada con fines propagandísticos.

Los cadáveres de la esposa de Manuel Cubillo, Concepción Pérez Baena, de 27 años, y dos de sus hijos pequeños, asesinados en el convento de San Francisco, fueron exhumados a los 5 meses de su enterramiento.

La propaganda franquista puso mucho interés en que los crímenes cometidos en el convento de San Francisco, debido al dramatismo que encerraban, traspasaran las fronteras de la provincia y se conocieran con rapidez en ámbitos más amplios. La primera referencia fotográfica sobre los crímenes de San Francisco apareció en un librito editado en otoño de 1936 con el largo título de Estado Español. Tercer avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del centro y mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado gobierno de Madrid. Una de las fotos de Baena que aparece es la de un ataúd con los restos mortales de Concepción Pérez Baena y dos de sus hijos pequeños. Se tenía tanto interés en que esta última imagen saliera en el libro que el gabinete civil de la Segunda División Orgánica, con sede en Sevilla, llegó al extremo de exhumar expresamente los tres cadáveres, el 28 de diciembre de 1936, a los cinco meses de su enterramiento, para realizarles la fotografía con fines propagandísticos.

Tras la entrada de las tropas de Sáenz de Buruaga, Baena permaneció durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamó “zona nacional”, la parte de España controlada por los militares golpistas. En un primer momento, en esta zona la represión física contra de los republicanos se ejerció a través de la aplicación del bando de guerra, que significaba el fusilamiento sin juicio previo. Al menos 369 baenenses murieron asesinados en el pueblo de esta manera durante los tres años de guerra, casi todos en el verano de 1936.

Tras finalizar la contienda el 1 de abril de 1939, la maquinaria judicial se puso en marcha muy pronto en Baena contra las 2.174 personas mayores de edad que, según el libro de presentados de la “zona roja” que se conserva entre los documentos de la Falange en el Archivo Histórico Municipal, habían huido en el verano de 1936 a la zona republicana y ahora regresaban oficialmente como vencidos. Se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés” que significaba que los que se habían rebelado contra la República juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. Los juicios se realizaban sin garantías para los procesados y los tribunales no eran independientes pues estaban formados por militares que nombraba el Gobierno. La instrucción sumarial se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados defensores. Mientras, los acusados permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas. De la intensidad del entramado represivo judicial puede dar idea el hecho de que en Córdoba, una provincia que había permanecido casi en su totalidad en manos franquistas durante toda la guerra y había soportado ya una atroz represión durante tres años, todavía existieran en 1939, según el historiador Francisco Moreno Gómez, nada menos que 35 juzgados militares, unos 20 en la capital y un mínimo de 15 en los pueblos, y eso sin contar los juzgados de responsabilidades políticas y de persecución de huidos.

El 20 de abril de 1939, veinte días después de acabada la guerra, el auditor de guerra del Ejército de Operaciones del Sur, con sede en Sevilla, nombró al abogado Manuel Cubillo Jiménez juez militar jefe de los partidos judiciales de Baena, Castro del Río, Cabra, Priego y Rute. A sus órdenes actuaron los oficiales jurídicos habilitados Manuel Criado Valenzuela y Luis Córdoba García, ambos abogados y secretarios respectivos de los ayuntamientos de Castro del Río y Baena. Los tres se repartieron equitativamente el territorio asignado, con una zona de acción propia, aunque la dirección recayó en Manuel Cubillo. La jefatura quedó establecida en Baena y para ello el Ayuntamiento hubo de habilitar un local con muebles, un retrato del Generalísimo Franco y un crucifijo.

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Manuel Cubillo Jiménez, de pie, el tercero por la derecha.

La elección de estos jueces por la Auditoría de Guerra no fue casual, pues para garantizar que la actuación judicial resultara implacable hubo bastante interés, y no sólo en Baena, en que los jueces militares fueran familiares de personas que habían padecido la represión republicana. Por tanto, uno de los principios generales del Derecho, el que impide ser juez y parte en un asunto, se conculcaba para garantizar que la imparcialidad no existiera y que primara el principio de venganza sobre el de justicia. Manuel Cubillo, como ya hemos señalado, tenía a su mujer y a tres de sus hijos entre los asesinados en el convento de San Francisco, además de al marido de su cuñada Marina, el escribiente del Ayuntamiento Juan Cassani Soler, muerto a los 33 años. Las hermanas de este también habían estado presas en el convento, y una de ellas, Victoria, había perdido allí a su esposo, Agustín Valverde Villarreal, jefe de telégrafos. La relación de Manuel Cubillo con su familia política, golpeada por la represión como él mismo, se acentuaría al casarse con su antes citada cuñada Marina, hermana de su mujer, con la que tuvo cuatro hijos más. Las trágicas circunstancias familiares que habían vivido él y su nueva esposa incidirían en su personalidad, por lo que dedicó todas sus energías a investigar las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Buscar y castigar a los asesinos de sus allegados y de los otros vecinos que cayeron víctimas de la represión izquierdista se convirtieron en un objetivo vital que pudo satisfacer en parte tras su nombramiento como juez militar. La responsabilidad moral y penal por estos crímenes cometidos en Baena la amplió, como podemos ver a través de su actuación judicial, también hacia los republicanos y la República, un régimen al que consideraba causante de la guerra civil.

La justicia militar se ejerció en Baena de manera muy dura e implacable en la posguerra: 44 vecinos acabaron fusilados tras ser condenados en consejos de guerra celebrados en el pueblo, Jaén, Castro del Río y Córdoba; al menos 224 sufrieron cárcel en Baena o en otras localidades; 199 acabaron sometidos a expedientes de responsabilidades políticas o de incautación de bienes; y se abrieron 180 informes policiales individuales, un procedimiento que se realizaba a petición de los juzgados militares cuando el implicado solía encontrarse en prisión.

En 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, Manuel Cubillo redactó unas páginas que dividió en dos partes. La primera parte comenzaba en junio de 1928, con la descripción pormenorizada de un viaje en tren junto a otros alumnos que iban a examinarse por libre de varias asignaturas a la Facultad de Derecho de Murcia. Entre ellos se encontraban Manuel Piedrahita Ruiz, futuro periodista y uno de los asesinados en el convento de San Francisco el 28 de julio de 1936, y el conquense Luis Rius Zunón, quien en junio de 1936 sería nombrado gobernador civil republicano de Jaén. Desde sus primeros renglones, Manuel Cubillo se nos muestra como un católico devoto, de ideología antirrepublicana y conservadora, admirador de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, orgulloso de haber sacado una carrera universitaria a pesar de sus orígenes humildes y crítico con los prejuicios sociales y las actitudes elitistas de la clase señoritil baenense.

En septiembre de 1929 Manuel Cubillo finalizó sus estudios de Derecho. Tras haber estado destinado en el Ayuntamiento cordobés de Encinas Reales, comenzó a trabajar de secretario en el Ayuntamiento de Doña Mencía –una localidad situada a poco más de una decena de kilómetros de Baena y que no llega a identificar por el nombre en sus escritos–, donde “padeció la proclamación de la República” y durante cinco meses una alcaldía comunista. “Asqueado del cariz que tomaba la política en España”, en una fecha indeterminada pero posterior a septiembre de 1931, decidió dejar su plaza y regresar a Baena para ejercer la abogacía, una profesión en la que “adquirió fe en la justicia y la perdió en los clientes”, ya que muchos de ellos ni le agradecían su trabajo ni se lo pagaban. También, “por espíritu cristiano, por espíritu de clase (…) sirvió a los menesterosos cuando su reclamación era justa” en los jurados mixtos, creados por la República a finales de noviembre de 1931 para tratar de evitar la conflictividad laboral. Estos organismos estaban presididos por un representante de la administración, formados por representantes de obreros y patronos, y se encargaban de regular las condiciones de trabajo y de sancionar las infracciones.

El haber defendido reclamaciones de los trabajadores en los jurados mixtos le supuso “el recelo de las clases pudientes, que por el solo hecho de defender a los obreros ya clasificaban al abogado en el casillero de sus enemigos”. Sin embargo, ese recelo se disipó con prontitud. Aunque desconocemos desde qué fecha concreta, en mayo de 1934 ya trabajaba de secretario de la Hermandad de Labradores de Baena, la entidad que agrupaba a los patronos agrarios y que estaba ligada a las clases altas y a la derecha, aunque Manuel Cubillo nos la presente como un “organismo apolítico”. Prueba de esa estrecha ligazón es que en estos momentos la Hermandad de Labradores la presidía Pedro Luque Garrido, concejal en el Ayuntamiento de la derechista Acción Popular, vicepresidente de este partido en Baena en 1935 y uno de los hombres que se atrincheró con la Guardia Civil en julio de 1936 para apoyar el golpe de estado.

La segunda parte del relato de Manuel Cubillo comienza en 1936, en la antesala de la guerra civil. En breves renglones nos presenta a Baena como un pueblo “envenenado por las doctrinas marxistas”, algo incierto porque en Baena imperaba el ideario anarquista entre la clase obrera desde hacía muchos años. El socialismo y el comunismo, las dos principales tendencias que bebían de las fuentes marxistas, tenían una implantación discreta, a pesar de que ejercía de alcalde del Frente Popular el socialista Antonio de los Ríos Urbano. Aun así, en aquella época era común entre las personas de ideología conservadora calificar como marxista todo pensamiento, partido o sindicato que tuviera relación con la izquierda y con la República, sin distinguir entre unas ideologías y otras.

Manuel Cubillo nos muestra a Baena en 1936 con un clima social enrarecido, en el que “el odio se respiraba por todas partes”, “el rencor crecía” y “la tragedia se presentía”. Sin embargo, no aporta ningún dato concreto que ilustre sus afirmaciones. Es cierto que el clima social en Baena resultó tenso durante el periodo de gobierno del Frente Popular, entre febrero y julio de 1936, y en otros periodos de su historia reciente, pero fue a causa de la injusta situación de los miles de jornaleros del campo, azotados por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Agravaba el panorama una estructura de la propiedad latifundista, ya que existían en el pueblo 27 fincas de más de 250 hectáreas. En un par de meses hubo dos huelgas generales: una entre el 14 y el 19 de abril y la otra entre el 20 y el 22 de junio, convocadas por la anarquista Sociedad de Oficios Varios. Los motivos principales de las huelgas fueron la negociación de las bases de trabajo y el paro, agravado por el exceso de lluvias y porque los patronos contrataban a muchos jornaleros forasteros mientras los del pueblo estaban desempleados, lo que había originado, el 4 de junio, el envío de una carta del alcalde al presidente de la patronal agraria para recordarle la obligación de cumplir la normativa legal vigente, boicoteada por algunos propietarios. Poco después, el 10 de julio una caravana de doscientos labradores acudió en masa ante el gobernador civil Antonio Rodríguez de León, de Unión Republicana, para protestar por las exigencias laborales de los obreros, que estaban entorpeciendo la recolección.

Respecto a esta conflictividad social en Baena (y en el resto de España), hemos de señalar que no solo se origina por las huelgas y las reivindicaciones laborales de los obreros, sino también y en gran medida por el boicot de la clase patronal –entre la que se incluía la Comunidad de Labradores en la que Manuel Cubillo ejercía de secretario– a las leyes agrarias republicanas y a las bases de trabajo (salarios, comidas, horarios, etc.) establecidas por los jurados mixtos. De ello da buena fe Alfonso Torrico Lomeña, nacido en 1927, que estuvo ligado a la alta administración franquista y fue autor del libro Baena durante durante la Segunda República. Sus Ayuntamientos, publicado en 2008. En las páginas 53 y 54 señala que “el paro obrero, en muchas ocasiones obedecía más que a razones de tipo económico (…) a cuestiones personales de los propietarios contrariados por alguna reclamación o por no votar [el obrero] la candidatura indicada; en definitiva, por motivaciones políticas (.) La iniciativa, en la contratación, siempre estaba en manos del patrono. Al ser la oferta de trabajo abundante, aquel [el patrono] siempre imponía sus condiciones, salvo en época de cosecha abundante”.

De la intransigencia patronal nos informa también uno de los líderes sindicalistas de Baena durante la República, Juan Misut Cañadilla, que remitió en enero de 1983 una detallada carta sobre este asunto al historiador Francisco Moreno Gómez. Este la publicaría íntegra en las páginas 363-365 de su obra 1936: el genocidio franquista en Córdoba, y de ella hemos extraído estos párrafos en los que se muestran la sumisión y la explotación que sufrían los obreros:

Aquellos señores que … se gastaban ochenta mil duros en comprarle un manto a la Virgen o una cruz a Jesús … escatimaban a los obreros hasta el aceite de las comidas, y preferían pagar cinco mil duros a un abogado antes que un real a los jornaleros (.) Con esta patronal teníamos que luchar para conseguir una pequeña mejora en la situación caótica de los trabajadores del campo. Ellos [los patronos] tenían el poder, la influencia (aún con la República) y el dinero; nosotros solo teníamos dos o tres mil jornaleros a nuestras espaldas, a los que teníamos que frenar, pues la desesperación de no poder dar de comer a sus hijos hace a los hombres fieras” (.) En las pocas veces (dos o tres) que fui en comisión a discutir con la patronal, jamás se puso en el tapete otra cuestión que la salarial; no se hablaba nunca de la comida ni de las horas de trabajo, pues todo iba incluido en el Artículo ‘Usos y costumbres de la localidad’, que no era otra cosa que trabajar a riñón partido de sol a sol, o ampliado por los capataces lameculos, desde que se veía hasta que no se veía.

Manuel Cubillo nos transmite, nada más comenzar la segunda parte de su relato, uno de los grandes mitos históricos del franquismo: que el asesinato de José Calvo Sotelo, al que considera un “proto-mártir”, estuvo “organizado por los poderes” y fue el detonante último del enfrentamiento civil. Calvo Sotelo era uno de los líderes de la extrema derecha monárquica y en dos ocasiones, a mediados de junio y el 1 de julio, ya había hecho alarde público del fascismo en las Cortes. En la noche del 12 de julio de 1936 unos pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Tejada, y dos meses antes, otro amigo del teniente, el capitán Carlos Faraudo, había muerto en las mismas circunstancias. Varios compañeros suyos decidieron vengar a las pocas horas su asesinato, así que detuvieron a Calvo Sotelo. Cuando estaba siendo trasladado a la Dirección General de Seguridad uno de los guardias lo mató de repente de dos disparos. Aunque el sucesor político de Calvo Sotelo, el conde de Vallellano, denunció el día 15 de julio en la Diputación Permanente de las Cortes el asesinato de Calvo Sotelo como un “crimen de Estado”, el Gobierno no estuvo implicado en el asunto, ya que el Consejo de Ministros condenó el asesinato, declaró que habría una investigación pública y detuvo a varios guardias de asalto.

Tampoco el asesinato de Calvo Sotelo causó o precipitó la guerra civil. Cuando se produjo, los militares conspiradores llevaban meses preparando la sublevación. De hecho, las famosas instrucciones del general Emilio Mola, el “director” de la conspiración, a los demás conjurados tienen fecha de mayo de 1936 y hacía un mes que estaba contratado el avión británico, el Dragon Rapide, que llegaría a Las Palmas de Gran Canaria el día 14 de julio para transportar a Franco al Protectotado de Marruecos, donde iba a ponerse al frente del Ejército rebelde de África. La fecha del inicio del golpe de Estado quizás esté más relacionada, como ha señalado el historiador Ángel Viñas, con los contratos que los monárquicos españoles, con el probable conocimiento de Calvo Sotelo, firmaron el 1 de julio con la Italia fascista de Mussolini para comprar una enorme cantidad de material bélico (aviones, bombas, ametralladoras, proyectiles, etc.) que serviría para apoyar la campaña bélica que preparaban. Aunque Manuel Cubillo nos hable de que la rebelión militar tenía como fin la defensa de la patria ante el “poder extranjero que subyugaba a España”, son precisamente los golpistas los primeros que estaban aliados desde hacía tiempo con una potencia extranjera para que interviniera en nuestro país –los contactos de la extrema derecha española con la Italia de Mussolini comienzan en 1934–, con lo que acaban pecando de lo que acusaban falsamente a la República.

Manuel Cubillo indica que “no sabía nada del movimiento que se preparaba, pues siempre viví alejado de la política”. Esto contrasta con lo que afirma el teniente Fernando Rivas en el artículo que citamos al principio y con algunas de las amistades que frecuentaba, al menos en Jaén. Durante su visita a la ciudad, dos días antes del golpe de estado, para defender ante el gobernador civil los intereses de unos amigos suyos labradores en Alcaudete, su acompañante era falangista. Y habla también del tropiezo con “un buen amigo”, Carmelo Torres, jefe local de la Falange en la ciudad, que dedicó buena parte de su inmensa fortuna a la divulgación de las doctrinas de José Antonio Primo de Rivera. Carmelo Torres pertenecía, junto al presidente de la Federación Provincial de Labradores y otros falangistas, a la “Junta del Alzamiento” que se había constituido en el mes de junio de manera clandestina en Jaén para apoyar el levantamiento militar, según indica el historiador Luis Miguel Sánchez Tostado..

En sus escritos, Manuel Cubillo aborda también la sublevación de la Guardia Civil en Baena el 18 de julio de 1936, el apoyo que le prestan algunos civiles como él, y los avatares que sufren durante los enfrentamientos. Cita la masacre del convento de San Francisco y la muerte allí de sus familiares, pero no hace referencia a los asesinatos –que él debió presenciar en parte– cometidos con anterioridad por las tropas del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y la feroz represión que se desata a partir de ese momento en Baena, un fenómeno que se prolongará hasta avanzada la posguerra. En páginas posteriores, tampoco encontramos ninguna alusión a su oficio de juez militar. Ese olvido de las víctimas causadas por los que habían combatido en su mismo bando y también la ocultación de su propio protagonismo en la justicia militar franquista contrasta sobremanera con el párrafo último de sus escritos, que es una llamada imperativa al recuerdo del “proto-mártir D. José Calvo Sotelo y de todos los caídos de la Cruzada”.

Manuel Cubillo indica que no guarda rencor hacia los asesinos de los suyos. Sin embargo, en 1956, veinte años después del comienzo de la guerra civil, sí se nos muestra dolorido por el trato que le habían dado los que lucharon junto a él durante la contienda y lamenta que tanto la Comunidad de Labradores como el Estado no le hayan agradecido su “sufrimiento por España”. Ante tanta ingratitud, solo se siente bien pagado por Dios, que lo ha bendecido con una nueva familia y con un “caudal de fe”. De manera pesimista y bastante amarga, concluye que la sangre de sus familiares no ha servido para conseguir la paz social y para que…

los hombres fueran más buenos y las futuras generaciones más felices (…) Las clases pudientes no han aprendido la lección. El egoísmo de unos y el odio de los otros aún están latentes, y la brecha sigue abierta (…) También veo conductas de nuestra parte sembradoras de nuevas discordias, al burlar los preceptos de las leyes sociales protectoras de una clase a la que falta todo, en beneficio de otra clase a la que todo le sobra, y ante este contraste, el dolor del sacrificio me duele más, porque lo peor del sacrificio es que sea estéril.

Los escritos de Manuel Cubillo Jiménez, que murió en 1973, me los ha proporcionado su nieto Gabriel Caballero Cubillo, miembro de la familia que más sufrió la represión republicana en Baena durante la guerra civil (cuatro familiares por parte de la madre y dos por parte del padre murieron asesinados en el convento de San Francisco). Debo agradecerle que me haya aportado también alguna información personal sobre su abuelo y unas fotografías que me ha ayudado a completar estas páginas. Además, me ha entregado una variada documentación judicial que conservaba y que con probabilidad será materia de una nueva entrada de este blog. Los escritos íntegros de Manuel Cubillo Jiménez, con notas al pie redactadas por mí, se pueden leer en este enlace.