El teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego “Teniente Polvorilla”, uno de los puntales más sólidos del golpe de Estado en Lucena el 18 de julio de 1936.
Cualquier estudio que intente reconstruir lo que sucedió en Lucena en los años de la República, la guerra civil y la primera posguerra se encontrará con una dificultad insalvable: todos los documentos relativos a este periodo que deberían conservarse en el Archivo Histórico Municipal se quemaron de manera intencionada, por los propios funcionarios, en los años setenta del siglo pasado. Solo se salvaron los libros de actas de los plenos. Este hecho sorprende a cualquier investigador, ya que si el franquismo lucentino no tenía nada que ocultar ni de lo que sentirse responsable, no se entiende que pusiera tanto interés en destruir las huellas de su pasado, esas que le hubieran permitido responder de todas sus actuaciones ante la historia. Al faltar la documentación municipal, las principales vías de información sobre la represión, desde el triunfo en la localidad del golpe de estado el mismo 18 de julio de 1936, se encuentran en los nuevos libros que se van editando, en los fondos del Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla –donde se conservan los expedientes de consejos de guerra de los republicanos que fueron juzgados–, y en los testimonios de testigos, víctimas y familiares de los represaliados. Utilizando estas fuentes, voy a publicar algunas de las informaciones más interesantes que me han llegado en los últimos tiempos, y que completan los datos que en su día aporté en mi libro, publicado en 2010, República, guerra y represión. Lucena 1931-1939.
Al terminar la Guerra Civil, España se convirtió en una inmensa cárcel para los republicanos. A finales de 1939 había 270.719 personas en las cárceles, según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia, sin contar a los 137.000 internados en los batallones de trabajadores y en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, a los reclusos de las prisiones habilitadas ni a los presos gubernativos de la Dirección General de Seguridad. La situación en las cárceles era aterradora, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias, de manera que los presos sin familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos y medicinas estaban casi abocados a la muerte. Sin embargo, esta ayuda familiar se vio muy dificultada porque el franquismo reglamentó como una forma más de castigo el que los reclusos cumplieran sus condenas lejos de sus lugares de origen. A este exterminio masivo de presos que se desencadenó en la posguerra el historiador Francisco Moreno Gómez lo ha llamado “Auschwitz español”. Por ejemplo, en 1941, solo en la prisión de Córdoba, sin contar a los fusilados, murieron por hambre y enfermedades 502 presos de los entre 3.500 o 4.000 que albergaba.
Existen aún pocos estudios globales que aborden las cifras de la mortalidad causada en la primera posguerra por las inhumanas condiciones carcelarias y por la política penitenciaria del franquismo. Por ello, hasta el momento solo conocíamos la identidad de seis lucentinos que perecieron entre 1939 y 1942 en la prisión de Córdoba (Agustín Góngora Serrano, Francisco Mayorgas Hurtado, José González Román, Pedro Muñoz Burgos e Isidoro Valle Jiménez) y en la de Lucena (Rafael Ortega Olmo). Gracias al libro del historiador José María García Márquez, Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963), hemos descubierto los nombres de otros dos lucentinos que murieron en los centros de internamiento franquistas. Uno de ellos fue Juan Muñoz Cabeza, de 29 años, soltero, hijo de Juan y Josefa, que falleció en el campo de concentración de Las Arenas (en La Algaba, Sevilla) el 28 de abril de 1942. Según el historiador José Mª García Márquez, en Las Arenas hubo 278 recluidos, de los que murieron 144, más de la mitad, entre 1941 y 1942, lo que nos da una idea de la extrema dureza de este recinto penitenciario. Este campo se habilitó oficialmente para mendigos, que solían ser personas reducidas al hambre por la guerra, la represión, el destierro, el paro u otras circunstancias familiares o personales. El otro fallecido fue el jornalero Gregorio Cortés Sánchez, de 56 años, que murió en la Prisión Provincial de Sevilla el 12 de abril de 1941, un año en el que perecieron también por hambre, enfermedades y privaciones otros 378 internos de esta cárcel.
Desfile de falangistas por la calle Las Torres el 1 de septiembre de 1936. Encabeza la comitiva marcial el brigada Antonio Zurita Botí. (Foto: Archivo Serrano. Hemeroteca Municipal de Sevilla).
Hemos podido localizar el sumario del fallecido Gregorio Cortés Sánchez en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (legajo 124, expediente 2.291), lo que nos ha permitido rastrear las circunstancias que le llevaron a prisión. Había estado encarcelado entre el 29 de julio y el 14 de noviembre de 1936 en represalia por la huida de Lucena a la zona republicana de un hijo –Felipe Cortés Cabello, militante del sindicato socialista UGT, que desapareció en el frente de guerra–. De nuevo, fue detenido el 23 de septiembre de 1937 por el cabo comandante de puesto de la Guardia Civil de Zambra, Antonio Muñoz Jiménez, y el guardia José Reina Cervera, tras una denuncia de Juan José Sánchez Redondo, vecino de Los Llanos de Don Juan. Este lo acusó de haber afirmado que el general jefe del Ejército de Sur, Gonzalo Queipo de Llano, era “un granuja” y que “estábamos todos engañados con ese Gonzalo de Sevilla y que en Lucena había quien estaba esperando el triunfo de los socialistas, que había quien tenía banderas preparadas para salir ese día a la calle a ponerlas, puesto que a los socialistas los tienen reconocidos veintisiete naciones extranjeras”. Aquel mismo día se hizo cargo del detenido Manuel Vargas Martín, alférez jefe de línea de la Guardia Civil de Lucena, que lo internó en la cárcel. El 13 de diciembre de 1937 se decidió su pase a la Prisión Provincial de Córdoba. El juicio se celebró el 22 de enero de 1938. El abogado defensor había solicitado la absolución, sin embargo el tribunal, presidido por el coronel de la Guardia Civil Evaristo Peñalver Romo, aceptó la petición del fiscal, José Ramón de la Lastra y Hoces, que había considerado los hechos como un delito de “auxilio a la rebelión” y había pedido 12 años y un día de reclusión para el procesado. En 1939, mientras Gregorio Cortés se encontraba en la prisión de Sevilla, falleció su esposa, Josefa Campos León. En enero de 1940 se le conmutó la pena por seis años y un día, pero murió por miocardistis antes de ser liberado.
Cuando fue interrogado por la Guardia Civil el 23 de septiembre de 1937, Gregorio Cortés Sánchez manifestó que había comentado lo de los socialistas y las banderas porque se lo había escuchado referir tres días antes en una conversación al turronero Pedro Antonio Hinojosa Cuenca, de 27 años. Este fue citado a declarar al día siguiente y lo negó. Alegó que él solo había afirmado que la Sociedad de Naciones “estaba de parte nuestra, por lo que ganaríamos, que esto lo dijo queriendo decir que ganaría Franco, y que si otra cosa entendió el Gregorio Cortés lo interpretaría mal”. A pesar de sus aclaraciones, Pedro Antonio Hinojosa fue encarcelado hasta el 9 de octubre, fecha en la que quedó en libertad provisional, pero con la obligación de presentarse cada diez días en el juzgado. Mientras se instruía la causa judicial que se le abrió, falleció el 8 de febrero de 1938 por miocarditis, la misma enfermedad que llevaría a la tumba en la cárcel a Gregorio Cortés.
Miguel Berjillos Gálvez junto a su primera mujer, Aurora Salazar Mency, y su hija Araceli.
La represión provocó que muchas personas, por distintos motivos (destierro, dificultades para encontrar trabajo, acoso social, etc.), no volvieran a sus localidades de origen al cumplir su condena en las cárceles, lo que conllevó que se convirtieran en desconocidas en la tierra que las vio nacer. Eso le ocurrió al lucentino Miguel Berjillos Gálvez. Supe de su existencia a través de Ismael Algarrada, residente en Torre del Mar y ya fellecido. Me informó de que había una calle dedicada a él en Vélez-Málaga y me remitió a un artículo sobre su trayectoria vital, escrito por Antonio Jiménez, publicado en el Diario La Axarquía el 30 de noviembre de 2012. Miguel Berjillos era de ideología comunista y había estado recluido en la prisión de Málaga en la posguerra. En la cárcel conoció a una veleña, Carmela Díaz, una voluntaria que asistía a los presos sin familia en el lugar y con la que acabaría casándose. Miguel Berjillos rápidamente se integró en Vélez, donde se convirtió hasta su muerte en 1976 en una persona comprometida socialmente y en un incansable animador cultural en los campos pictórico, radiofónico y literario. Escribió tres libros: El Romancero de Vélez-Málaga, El alma de la Cueva de Nerja y La vida de Juan Breva.
A la derecha, el concejal de Izquierda Republicana Francisco Bergillos Gálvez, torturado en 1936. A su lado, sus hermanos Miguel y Carmen.
Al pie del artículo del Diario La Axarquía aparecía un comentario de su nieto, Juan Manuel Muñoz Berjillos. Aunque solo se publicaba su nombre, conseguí localizarlo en julio de 2014 en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Gracias a él y a su madre, Araceli, pude obtener datos y fotos no solo de su abuelo, sino de otros miembros de su familia significados políticamente, algunos de los cuales ya constaban en mi libro de Lucena. Araceli fue la única hija que tuvo Miguel Berjillos, fruto de su primer matrimonio con la lucentina Aurora Salazar Mency, que murió en 1938. Araceli tenía entonces tres años, así que una tía se hizo cargo de su crianza. A Miguel le sorprendió el golpe de Estado realizando el servicio militar en la zona que quedó en poder de los sublevados, así que luchó durante la contienda en el bando franquista. En la posguerra lo detuvieron por sus actividades políticas, sin que sepamos la fecha y el lugar exacto (es posible que en Rute), pues no hemos podido localizar su expediente del consejo de guerra. Estuvo encarcelado durante unos tres años en la prisión de El Dueso (en Santoña, Cantabria) y luego en la de Málaga. Al salir, se estableció ya definitivamente en Vélez.
Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, fusilado el 11 de noviembre de 1936.
El testimonio de Araceli Berjillos ha permitido también obtener algún dato más de sus tíos y de su abuelo, todos zapateros de profesión. Algunos aparecen en mi libro, pero con el apellido Berjillos escrito con “g”, que al parecer es la grafía correcta. A un hermano de Miguel, Antonio Bergillos Gálvez, de 19 años, que había portado en alguna ocasión las banderas de los gremios republicanos en las manifestaciones, lo fusilaron en Córdoba el 11 de noviembre de 1936, convirtiéndose así en una del más de centenar de víctimas mortales por la represión franquista en el municipio de Lucena en los tres años de guerra. Otro hermano, Francisco, había sido vocal de la Junta Directiva del Centro de Obreros Republicanos en 1933. En febrero de 1936, como consecuencia de las elecciones que dieron el triunfo en Lucena y en España a la candidatura del Frente Popular, se convirtió en concejal por Izquierda Republicana. Tras el golpe de estado lo torturaron en el cuartel de la Guardia Civil (actual hotel Santo Domingo) delante de su padre, Francisco, al que habían encarcelado.
Francisco Bergillos (padre de Miguel, Francisco y Antonio) fue encarcelado en 1936.
En mayo de 2014, desde Madrid, Eusebio Aguilera Díaz me escribió para decirme que el nombre de su abuelo Pedro Díaz Algar, un jornalero de 40 años, estaba equivocado en mi libro de Lucena, pues yo lo había identificado como Francisco. El error se produjo porque de los 11 fusilados que hubo en Las Navas del Selpillar solo cuatro están inscritos en el Registro Civil como difuntos. Los datos de los otros siete, entre los que se encuentra su abuelo, pude rescatarlos gracias a testimonios orales, una fuente de información que puede presentar lagunas en cuanto a recuerdos de personas o hechos. Si hace más de 15 años yo hubiera seguido el consejo de los defensores del olvido y de no remover el pasado, hoy todavía seguiríamos creyendo (y también lo creería cualquier historiador que en el futuro investigara estos hechos, ya sin el aporte de la memoria de los que los vivieron) que las víctimas mortales de la represión franquista en Las Navas del Selpillar fueron cuatro y no 11, que es el número verdadero de asesinados.
En su escrito, Eusebio Aguilera se refiere a la posible exhumación de los restos de su abuelo –enterrado en un lugar desconocido como otros miles de republicanos asesinados–, ya que ese es uno de los anhelos de su madre. Es un deseo comprensible en una sociedad como la nuestra, donde el duelo por la muerte de un ser querido va acompañado de unos ritos entre los que se encuentra el entierro del cadáver en el cementerio en una tumba identificada. El franquismo era consciente de ello, por lo que no escatimó dinero público y estableció una política de Estado para que las víctimas mortales de la represión republicana fueran sacadas de las fosas comunes, identificadas e inhumadas en cementerios, según establecieron dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación.
Me he permitido reproducir parte de la carta de Eusebio Aguilera. Está escrita en el mismo tono, sosegado y pacífico, de las muchas misivas que recibimos los historiadores que nos dedicamos al estudio de la represión. En sus palabras no hay lugar para la revancha ni para reabrir las heridas del pasado, sino todo lo contrario. La única intención es curar y cerrar las heridas de las personas que, como su madre, todavía las tienen abiertas:
Mi llegada hasta usted es como consecuencia de que mi madre, ya muy mayor, es la última de los hijos vivos de mi abuelo, y lleva ya tiempo pidiéndome que intente buscar a su padre con el objetivo de enterrarle con su familia.
Soy consciente y así intento hacerla ver, que es tarea difícil, si bien y cuando le estuve leyendo algunos de los párrafos de su libro, de los hechos que ocurrieron en Las Navas del Selpillar, se puso a llorar, pues dichas historias son con las que había nacido.
Efectivamente, mi abuelo reclamó unas jornadas que había dado, y ese fue todo su delito, y la única explicación que le dieron a mi abuela, cuando durante varios días estuvo llevándole la comida y ropa limpia, es que “tu marido donde está ya no le hace falta nada…”, y eso es cuanto sabemos de su desaparición.
Por la lectura de su libro se podría interpretar que están en alguna fosa común del cementerio de Lucena ¿Ese punto se podría confirmar? ¿Y si es así, en algún momento se ha barajado la posibilidad de entre los familiares de todos esos desaparecidos solicitar al Juzgado la exhumación de los cuerpos?
Mi madre, la pobre, nos dice y nos repite que si pudiera sacar a su padre de donde estuviera sería lo más grande que podría hacer. Y francamente me siento obligado a intentar al menos hacer algo… pues como le digo con la lectura de su libro en lo concerniente a lo ocurrido en Las Navas se le puso el vello de punta, ya que algunas de esas historias son las que le contaba su madre y viejos del lugar de lo que allí pasó.
En cuanto a la contabilización de las víctimas mortales de la represión franquista en Lucena, hemos conocido por testimonios orales que Antonio Ortiz Ortega «El Seco Pesero» podría ser el nombre de una nueva víctima. De otras dos personas no hemos conseguido establecer a ciencia cierta que fueran fusiladas: Antonio Santaella Cañete y un varón de apellidos Muñoz Cabeza. De este último, gracias al testimonio de su sobrina nieta Lorena Raya Vicente, aportado en marzo de 2016 desde Castellón, conocemos su desaparición, pero no si fue a consecuencia de un hecho de guerra o de la represión, aunque esta última posibilidad es la más probable. A pesar de la coincidencia de apellidos, hemos comprobado que Muñoz Cabeza no es el lucentino que falleció en 1942 en el campo de concentración de La Algaba, del que hablamos al principio de esta entrada del blog. Lorena nos ha facilitado también el nombre del primer marido de su abuela, Miguel Pino Salcedo, que murió en el frente de batalla mientras luchaba a favor de la República.
El último testimonio que hemos recibido respecto a la represión, el 2 de septiembre de 2020, ha sido el de la nieta de Martín Burgos Villa, de 33 años, fusilado el 18 de agosto de 1936 en el cementerio. La familia afirma que la causa del fusilamiento es su oposición a que su hermana mantuviera relaciones con un derechista que la había pretendido. En venganza, este lo denunció por comunista y lo detuvieron mientras trabajaba en el campo. Como el camión en el que solían llevar a los presos para fusilar pasaba por la calle donde ellos residían, su esposa, Araceli Muñoz Soria, lo acechaba cada noche y pudo verlo por última vez mientras él le tiraba besos en el aire. A ella la pelaron, le dieron aceite de ricino, la pasearon media desnuda por Lucena atada a un carro y le dieron una paliza que le provocó un aborto, pues estaba embarazada de seis meses. Para sobrevivir, se dedicó a lavar la ropa de los soldados y sobre todo al estraperlo, hasta que emigró a Córdoba capital.
Blog de Arcángel Bedmar 